las divisiones político administrativas del virreinato de la nueva granada a finales del período colonial *

marta herrera ángel** 

introducción

Es usual que las descripciones generales del “virreinato de Santafé” indiquen los territorios que éste comprendía. [1] Es probable que con tales delimitaciones, al igual que con las elaboradas en estudios de otras épocas, se buscara proporcionar puntos de referencia básicos, para enmarcar otras observaciones sobre instituciones o entidades que interesaban más a los autores de tales descripciones. Sin embargo, al tratar de utilizarlas como fuentes de información para entender cuál era el territorio del virreinato y cómo se subdividía, llama la atención su relativa inconsistencia. Este fenómeno se aprecia incluso en los diversos nombres que el territorio recibió desde el siglo XVI, generando una confusión que se mantuvo vigente en el siglo XVIII: Nuevo Reino de Granada y Tierra Firme, [2] virreinato de Santafé de Bogotá [3] o Nueva Granada, “para simplificar”. [4]

En términos muy generales, las descripciones elaboradas en la década del 80 del siglo XVIII indican que el virreinato comprendía los territorios que estaban bajo la jurisdicción de las Audiencias de Santafé y Quito, [5] es decir, los territorios que antes de la orden de creación del virreinato en 1717 comprendían esas dos Audiencias y la de Panamá. [6] Sin embargo, en algunos de sus contornos esta aparente nitidez de los límites jurisdiccionales se desdibuja, cuando los autores entran a precisarla:

Esta población se extiende más de 500 leguas, desde Cartagena, o Costa Rica, hasta llegar a los confines del Virreinato en Jaén de los Bracamoros por lo largo; y tomada a lo ancho sólo tiene hacia el occidente sus límites en el Mar del Sur, y hacia el oriente y parte del sur se ignoran, por atravesarse los páramos que van a los Llanos de San Martín, Alto Orinoco y río Negro y los que siguen por los Andaquíes hasta el río Marañón, y por Quito hasta la línea divisoria con Portugal, y por Jaen de los Bracamoros y Mainas con los indios gentiles, y los Corregimientos de Piura y Chachapoyas, pertenecientes á Lima. ^[7]

Lo antes transcrito permite observar la existencia de áreas escasamente conocidas y sobre las cuales el Estado colonial tuvo poco control. [8] Pero también hubo partes cuya denominación fue adquiriendo con el tiempo diferentes significados. Caldas, para evitar confusiones, precisó que el virreinato, al cual denominaría Nueva Granada, comprendía “el Nuevo Reino, la Tierra Firme y la Provincia de Quito.” [9] Oviedo aclaró el sentido original de la denominación “Nuevo Reino de Granada” en tiempos de Quesada, pero adoptó la extrapolación del nombre a los territorios adyacentes. [10] En últimas, las denominaciones y las delimitaciones jurisdiccionales reflejaban el mayor o menor control político y económico del Estado colonial sobre las diversas zonas del territorio y las transformaciones que sufrió esa territorialidad a lo largo de la colonia. De la misma forma, se debe tener en cuenta que el ordenamiento administrativo de un territorio proporciona la estructura a partir de la cual se organiza y controla a la población. [11]

Es este último aspecto, el de las estructuras del ordenamiento administrativo interno del virreinato de la Nueva Granada y su funcionalidad en el ámbito económico, social y político, el que se considera importante desarrollar en futuras investigaciones. En este trabajo se busca avanzar en la comprensión de la forma como se subdividía administrativamente el territorio del virreinato y el tipo de asentamientos alrededor de los cuales se organizaba su población, a fin de contar con elementos que en el futuro permitan alcanzar una visión más profunda y articulada de sus divisiones político–administrativas y del ordenamiento espacial de su población. Se trabajarán fundamentalmente los conceptos de provincia y su relación con el de gobierno, así como algunas de las subdivisiones administrativas menores tales como las ciudades y las villas y, en especial, los pueblos de indios, las parroquias y los sitios.

I. las provincias neogranadinas

En los escritos del siglo XVIII sobre el territorio neogranadino es usual encontrar el concepto de provincia. [12] Al analizar los casos de México y el Perú, Lockhart y Schwartz optan por tomar como unidad de análisis a la provincia por constituirse ésta en "...the smallest self-contained unit intelligible on its own terms." [13] Para el efecto estos autores llaman la atención sobre la continuidad existente entre las provincias instauradas por los europeos y el ordenamiento territorial prehispánico, especialmente en los territorios ocupados por grupos sedentarios organizados en imperios. [14] Este fenómeno también fue señalado por Gibson y ha sido ampliado y explicado para la región de Tacamachalco-Quecholac, en México Central por Licate. [15]

La continuidad antes mencionada se ha presentado a manera de hipótesis en el caso de la provincia de Santafé en la Nueva Granada, [16] pero para otras provincias neogranadinas el planteamiento de tal continuidad presenta mayores dificultades. Este es el caso, por ejemplo, de la provincia de Santa Marta. Antonio Julián afirmó, sustentándose en la obra de Piedrahita, que toda la provincia de Santa Marta y también la de Cartagena estaba controlada bajo la protección de los indígenas Tairona y que por esta razón los primeros títulos de gobernador de Santa Marta incluyeron a la provincia de Cartagena. [17] Esta explicación, si bien resulta interesante y apoyaría la idea de una cierta continuidad entre el ordenamiento territorial prehispánico y el colonial, no ha sido confirmada. En general, la documentación de las primeras décadas del siglo XVI no menciona los criterios que se utilizaron para configurar el territorio de la provincia de Santa Marta. [18]

Por su parte Nicolás de la Rosa afirmó que:

            Los indios todos (de la provincia de Santa Marta) por lo general se llamaron Caribes, por el horroroso y abominable vicio de comer carne humana,...pero en particular tuvieron sus apelativos distintos las parcialidades, y algunos de ellos dados por los mismos españoles que los conquistaron a proporción de sus costumbres,... [19]

Posteriormente el autor menciona los apelativos de varios grupos: “Chimilas, Alcoholados, Aurohuacos, Guajiros, Cocinas, Tupes, Acanayutos, Pampanillas, Orejones, Motilones y Pintados”. [20] El planteamiento de de la Rosa podría sugerir la existencia de cierto elemento común entre los indígenas de la provincia de Santa Marta, pero es demasiado vago y lo único que deja en claro es que se trataba de grupos étnicos distintos, tal como lo plantean los estudios históricos y etnohistóricos contemporáneos. [21] Adicionalmente, tanto la documentación, como la evidencia arqueológica establecen que el río Magdalena, al menos entre Tenerife y Tamalameque, no tenía el carácter de línea divisoria que se le dio luego de la conquista. [22] Antes de la invasión europea los Malebúes ubicados entre Tenerife y Tamalameque ocupaban una y otra banda del río y había una estrecha relación entre ellos. Es decir, que en este caso no hubo continuidad entre las divisiones jurisdiccionales coloniales y las prehispánicas. [23]

Como se puede apreciar a partir de los anteriores señalamientos, la continuidad entre el territorio prehispánico y el colonial resulta difícil de establecer en provincias como Santa Marta o Cartagena. [24] Varios grupos étnicos quedaron agrupados en una provincia, sin que se pueda establecer que tal integración tuviera sus raíces en el ordenamiento territorial prehispánico. [25] Sin embargo, esta explicación fue la que dio en el siglo XVIII el Administrador Principal Comisionado para el establecimiento de la Renta de Correos en el virreinato de Santafé y el Perú, Josef Antonio de Pando, a la costumbre que se tenía de denominar provincias a las unidades administrativas menores:

            Aunque es constumbre en estos Paises el dar nombre y titulo de Prov(inci)a a cada Gov(ier)no, Corregimiento, ò Partido en que se Subdividen unos, y otros, no ha parecido conveniente seguir aqui esta bulgar acepcion que solo tuvo Su origen desde el tiempo de la Gentilidad en que diferentes naciones de Yndios los havitaban, y reconocian Señor particular en cada Pueblo, con todas las  circunstancias anexas a la Soberania, y Suprema autoridad, independientes los unos de los // otros;... [26]

Pero además Pando procede a continuación a explicar el concepto de provincia que aplicó en su informe:

            ...se han conciderado con este titulo (de provincia), y preeminencia aquellos territorios, que aunq(u)e dependentes en juridico, y contensioso de dos unicas Audiencias que son las de S(an)ta Fee y Quito para la recta Adm(inistració)n de Justicia en nombre del Soberano conponen por su qualidad extencion de Terreno, y de los otros contenidos en ellos a quines se deriva, una parte principal del Govierno politico, y Militar,... "[27]

Es decir, que según el Administrador de la Renta de Correos una provincia se constituía en una unidad de gobierno político, militar (y de otras características que no resultan muy claras), dependiente en lo jurídico y contencioso de la Audiencia. Esta aclaración resulta de gran interés e importancia ya que ayuda a precisar los criterios administrativos de la época; sin embargo, debe ser considerada con precaución ya que no concuerda del todo con los parámetros aplicados por otros administradores. Al comparar las demarcaciones jurisdiccionales del Nuevo Reino presentadas por Pando aproximadamente en 1770, con las de Francisco Silvestre fechadas en 1789, [28] se observan diferencias que si bien pueden originarse en cambios administrativos, también obedecen a la aplicación de criterios distintos. En buena parte, esta diferencia en la utilización de los conceptos se basa en que Silvestre siguió la costumbre de dar el “título de provincia a cada gobierno, (o) corregimiento,...”, tal como lo indicó Pando en uno de sus apartes transcrito anteriormente. En general, para Silvestre las divisiones básicas del virreinato eran los gobiernos y los corregimientos (de provincia) y no las provincias, término que utilizó indistintamente para referirse tanto a lo que Pando denominaría provincias, como a subdivisiones de las mismas. Así, por ejemplo, señaló que dentro de la jurisdicción de Popayán estaban las provincias de Iscuandé, Raposo, Barbacoas y Pasto [29] pero, de la misma manera se refirió a las provincias de Popayán, Mariquita y Cartagena, [30] divisiones administrativas a las que, como se ha visto, Pando aplicaría tal calificativo.

Otro tanto sucede con las notas relativas al plano geográfico del virreinato de Santafé firmadas por Moreno y Escandón en 1770 y con los datos del censo de 1778. [31] Moreno y Escandón dividió el territorio en “Gobiernos Militares y Plazas de Armas”, “Gobiernos Políticos del Distrito de la Audiencia de Santa Fe de Provisión Real” y “Gobiernos de Provisión de los Señores Virreyes” [32] y los censos de 1778 en 31 “provincias” o “provincias o distritos del reino”, [33] muchas más de las 14 provincias existentes según Pando.

Estas diferencias de criterio presentan dos puntos de interés para los efectos de este escrito. El primero tiene que ver con la posibilidad de comparar y complementar la información que proporcionan estos diferentes informes, ya que, por ejemplo, mientras los censos y el informe de Silvestre resultan muy útiles para mirar los datos de población del virreinato, el de Moreno y Escandón y, en especial, el de Pando, resultan de gran importancia para estudiar sus divisiones político administrativas. Sobre el particular conviene señalar que en principio tal posibilidad en general es viable, ya que lo que sucede es que, según el criterio del administrador que presentaba el informe, ciertas unidades administrativas se agrupaban o no bajo una unidad mayor. Esto se puede apreciar en el siguiente cuadro, en el que se comparan las divisiones político–administrativas del virreinato de la Nueva Granada utilizadas por Silvestre y por Pando, tomando como punto de referencia el informe de este último, que suministra una información más discriminada y sistemática de las diferentes unidades administrativas:

De cualquier forma aunque la posibilidad de comparar un tipo de información con otra pueda ser viable, como se desprende del anterior cuadro, la existencia de diferencias de criterio en la forma de agrupar territorios por parte de los distintos administradores coloniales, hace necesario trabajar la información cuantitativa con sumo cuidado. Para el efecto se requiere contar con un conocimiento más profundo de las divisiones político–administrativas, lo que invita no sólo a clarificar confusiones, sino también a entender sus implicaciones económicas, sociales y políticas. Sobre este problema se han adelantado estudios que son de utilidad; [34] sin embargo, aún existen vacíos por llenar. Es importante, por ejemplo, pasar del plano de la conceptualización legal de las instituciones y de las divisiones político administrativas, que presentan una visión global y abstracta del ordenamiento político, al plano de lo concreto, en el que se entienda su razón de ser. Conviene mirar cada provincia y estudiar sus instituciones y su territorialidad en función a los intereses económicos y sociales de la época. Se trata de un objetivo a largo plazo, que implica analizar no sólo estas grandes unidades, sino también la forma como al interior de las mismas se organizaba la población, esto es, el tipo de asentamientos que en ellas se encontraban. Este último problema resulta fundamental, ya que se presentaban diferencias significativas entre los asentamientos destinados a los indios, con los que debían albergar a los “blancos” o a los mestizos. Tales diferencias no se restringían al plano de lo legal, sino que afectaban la vida cotidiana de sus moradores. [35]

Para obtener alguna claridad respecto a las divisiones administrativas y al tipo de asentamientos que predominaban en su interior resultó de gran utilidad el informe del Administrador de Correos, Josef Antonio de Pando, escrito hacia 1770. [36] Se trata del más completo de los informes generales encontrados hasta el momento que, en forma sistemática, indica los asentamientos existentes en cada jurisdicción, su tipo y nombre. [37] Por esta razón, a pesar de que como sucede con la mayoría de informes coloniales, sus datos presentan algunas diferencias con los de otros informes, resulta de gran utilidad para formarse una idea global sobre las pautas de poblamiento en el Virreinato de Santafé y la Capitanía General de Venezuela [38] a finales del período colonial (véase mapa No. 2 de las provincias neogranadinas).

II.        tipos de asentamientos: proporciones

En la parte sexta de su informe Pando elaboró el listado de las provincias del Nuevo Reino en el que incluyó sus divisiones mayores, a las que denominó jurisdicciones y corregimientos. En cada una de ellas indicó el nombre y tipo de poblaciones que la integraban: ciudad, villa, pueblo de indios, pueblo de misiones, misiones, parroquia, sitio, hacienda, mineral, real de minas, asiento de minas, aduana, venta, puerto, isla, presidio, caserío, rancherío, anejo y valle. Si bien, como el mismo Pando lo indica su listado no incluye:

            ...otras muchas Poblaciones menores, Doctrinas, Haciendas, Bugios, Cortijos, Ventas, y Rancherías donde hay en cada parte diferentes Casas esparcidas a lo largo de los Rios, Quebradas y Minerales, que por no tener razon cierta de sus nombres, ni de las Provincias, o Jurisdicciones a que corresponden.… [39]

es muy útil como punto de referencia para formarse una idea del tipo de asentamientos predominantes en el virreinato y de su distribución en las diferentes provincias, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

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