Nueva francia y nueva granada frente al contrabando:
reflexiones sobre el comercio ilícito en el contexto colonial
muriel laurent
introducción
En este artículo se
presentan unas reflexiones sobre el fenómeno del contrabando a partir de los casos de dos
colonias del continente americano, la Nueva Francia
y la Nueva Granada, en los siglos XVII y XVIII. El
propósito de este trabajo consiste en destacar los rasgos comunes del comercio ilícito
en dos colonias que presentan por lo demás unas diferencias notables. De hecho, el
contrabando se desarrolla en ambas colonias americanas, que si bien pertenecen a dos
potencias europeas distintas, comparten la lógica mercantilista de sus metrópolis, la
dimensión necesariamente atlántica de su comercio y la competencia comercial inglesa.
No es un secreto para
los estudiosos del mundo colonial que el contrabando es una dimensión importante, si no
fundamental, de la vida económica, y de allí, de la vida entera de este periodo. Esta
actividad comercial ilícita debe ser considerada como un verdadero fenómeno
socio-histórico en la medida en que es difundido tanto en América colonial (Louisiana
francesa y río Mississippi
; Caribe español, francés e inglés
; Río de la Plata y Buenos Aires
; Océano Pacífico
), así como en el resto del espacio colonial
. Incluso el Asiento de Negros, que permite a los ingleses
realizar el tráfico de esclavos como una excepción a la regla mercantilista, sirve para
esconder contrabando
.
En este
sentido, centrarse en los casos de la Nueva Francia y la Nueva Granada puede sorprender al
lector tanto por la falta de evidencia de un paralelismo claro entre estos dos casos, como
por el hecho de que, siendo generalizado el comercio ilícito en el periodo colonial y
compartiendo las características generales mencionadas en el primer párrafo, no tendría
por qué no haber padecido del mismo mal. Por estas mismas dos razones, una comparación
entre estas dos colonias cobra sentido en la medida en que podemos señalar una serie de
elementos que las acercan, ya sea porque son comunes efectivamente a la vivencia colonial
y vale la pena subrayarlos por darse en contextos imperiales distintos
, ya sea sobre todo porque son específicos de
estos dos casos, como lo iremos notando en el transcurso de la presentación.
Las similitudes
generales que aporta el contexto colonial para explicar el contrabando no deben ocultar
las evidentes diferencias entre las dos colonias estudiadas, diferencias que se aprecian
en cuanto: a) al tamaño, en kilómetros cuadrados y en población, de las posesiones de
ultramar de Francia y España, b) a la ubicación geográfico-estratégica de las colonias
estudiadas, una en el norte del continente americano y la otra en el sur, c) a las
materias primas explotables en cada colonia, d) a la duración de los regímenes
coloniales (un siglo y medio para el régimen francés en Canadá, tres siglos en el caso
del imperio español). De entrada, es fácil comprender que la Nueva Granada contaba con
muchas ventajas comparativas para que se desarrollase en su territorio el
contrabando en una escala mayor a la de la Nueva Francia, donde esta actividad estaba más
localizada. Las dimensiones y las implicaciones del comercio ilícito son distintas, es
decir, mayores en la Nueva Granada, pero la dinámica y la lógica subyacentes son
similares en ambas partes.
Por lo tanto, las
diferencias, una vez ubicadas y valoradas, no impiden de ninguna manera una mirada en
busca del fenómeno del contrabando en las dos colonias para encontrar ciertos rasgos
compartidos. Entre estos, se pueden mencionar, desde ahora, algunos elementos de la
geografía física (como territorios extensos, costas atlánticas y ríos que irrigan el
territorio y comunican con el interior) y la geografía humana (presencia de poblaciones
autóctonas en los territorios colonizados), el establecimiento de un aparato
político-administrativo mediante funcionarios públicos representantes de la autoridad
imperial, y el desarrollo de la actividad de los comerciantes de la metrópoli en los
centros urbanos y los puertos coloniales.
Concretamente, este
artículo detalla cinco rasgos que comparten la Nueva Francia y la Nueva Granada en cuanto
a la existencia del contrabando y permiten inclusive explicar su persistencia durante todo
el periodo colonial. Primero, la necesidad socio-económica que subyace a la aparición y
al mantenimiento del contrabando. Segundo, las medidas tomadas por las autoridades para
reprimir la actividad ilegal. Tercero, el papel de los comerciantes y su autonomía
relativa frente a la autoridad. Cuarto, el tema de la rentabilidad y del consecuente
enriquecimiento, atravesado por la corrupción y el funcionamiento de las redes sociales
en los asuntos oficiales. Quinto, la presencia indígena en los territorios conquistados,
su convivencia con las autoridades y su relación con el comercio.
Para cada uno de estos
puntos, presentaremos la situación en las dos colonias con el fin de contar con los
elementos necesarios para establecer el paralelismo entre ambos casos. Una vez realizada
esta presentación comparativa, podremos determinar el grado de coincidencia entre las dos
situaciones y precisar también los aspectos que se deben a la ilegalidad en general, al
contrabando en el contexto imperial y mercantilista o a los rasgos específicos de la
Nueva Francia y la Nueva Granada.
1. el contrabando
como necesidad socio-económica
De manera general, la
ilegalidad se define como la contravención a las normas que establecen lo que es legal y
aceptado en una sociedad dada. El campo comercial no escapa a esta realidad: el irrespeto
de las leyes del comercio se convierte en actividad y es conocido bajo la denominación de
contrabando. En este sentido, la legislación producida por la autoridad es el marco de
referencia para establecer si una acción es legal o si, al contrario, se sale de la
legalidad. La ilegalidad es entonces producto del choque entre las reglas de juego
elaboradas por los que detentan el poder y las dinámicas políticas, económicas o
sociales del grupo humano sobre las cuales se aplican estas reglas. Entender lo que motiva
este desencuentro entre la norma y la realidad es uno de los intereses del estudio que se
emprende a continuación para el caso del comercio ilícito durante el periodo colonial.
En el contexto colonial,
el contrabando es una práctica comercial íntimamente ligada al mercantilismo. El sistema
mercantilista se fundamenta en el establecimiento de un monopolio comercial que prevé que
el intercambio sólo puede efectuarse dentro de unos límites estrechos: la colonia provee
a la metrópoli en materias primas y la metrópoli suministra a su colonia mercancías
manufacturadas. El Estado imperial pretende determinar, medir, orientar y controlar la
vida económica colonial, y a la vez proteger los productos metropolitanos. En
consecuencia, una colonia que comercia con el extranjero está realizando una actividad
que atenta contra los intereses de la metrópoli, es decir, una práctica desleal porque
propicia el enriquecimiento de las potencias rivales. En últimas, el comercio con
extranjeros o comercio extranjero, del cual hace parte el comercio intercolonial, es por
definición una práctica ilegal, un contrabando
.
Adicionalmente, el
sistema colonial es una imposición hecha desde un centro imperial, tanto a la población
nativa como a la población agente de la colonización. En consecuencia, suelen producirse
tensiones de tipo económico y político entre el Imperio y la Colonia, así como un
divorcio de intereses entre gobernadores y gobernados. Cuando los intereses son
contradictorios y, más todavía, si la periferia colonial se ve aislada del circuito
comercial al que pertenece, dicha periferia busca alternativas de existencia, como la de
vincularse con otros centros. En este caso, la dependencia política y administrativa
sigue siendo con la metrópoli, pero la dependencia económica es, de hecho y de forma
ilícita, con otras potencias. El necesario abastecimiento se efectúa así por medio del
comercio con los extranjeros, quienes no desaprovechan esta invitación a posicionarse en
esos mercados, permitiendo de esta manera la persistencia del contrabando.
El contrabando es
entonces un comercio prohibido y perseguido porque es contrario al interés público, tal
y como viene definido por el Imperio, es un fraude cometido contra el tesoro porque
contraviene las reglamentaciones de interdicción de exportación o importación de
mercancías, o porque no se pagan los aranceles exigidos sobre exportación o importación
. De manera general, para que se desarrolle, deben
obviamente coexistir tres condicionantes básicas: a) un grupo humano establecido en un
medio geográfico propicio, b) la presencia de por lo menos un bien abundante e
intercambiable que tenga demanda en el exterior, conjugada con una escasez de otros
productos necesarios, y c) otro grupo humano dispuesto a participar en el intercambio,
ofreciendo los productos escasos y llevándose la oferta. Los dos grupos logran, gracias
al intercambio, la satisfacción recíproca de sus necesidades de consumo
. Si la legislación impide el intercambio, pero sufre de
una limitación para ser cumplida, la ilegalidad se desarrolla inevitablemente.
En este sentido, lejos
de ser una actividad marginal y restringida al sector fiscal, el comercio ilícito, para
las colonias americanas, es un fenómeno fundamental de la vida económica y social. Es
una reacción racional a la situación de prohibición y carencia. A
continuación, se detalla la dinámica que caracteriza cada una de las dos colonias
estudiadas al respecto.
a) la nueva francia
La economía de
la Nueva Francia se centra en la exportación de pieles de castor, cuyo monopolio recae en
manos de sucesivas compañías francesas, que las llevan a la metrópoli para la
fabricación de sombreros. La reglamentación prohibitiva impide los intercambios
comerciales con la colonia inglesa vecina. Pero los precios a la venta de pieles son más
interesantes en los mercados de Nueva Inglaterra, donde están establecidos comerciantes
ingleses y holandeses, siendo éstos últimos también sujetos de la Corona británica.
Además, en Nueva York y Albany se encuentran mercancías de mejor calidad y más
diversificadas que en Montreal y Quebec
. Por lo tanto, no demora en establecerse, a
partir de 1660, un comercio ilícito importante entre Montreal y Albany, siguiendo la vía
natural ofrecida por el río Richelieu, el Lago Champlain y el río Hudson. Se llevan
pieles de castor y de otros animales (de oso, por ejemplo) y se traen telas inglesas,
vajilla en plata y en porcelana, utensilios de cocina, productos de lujo, como chocolate y
azúcar blanca, y contados esclavos
.
Si bien Francia
intenta nivelar sus manufacturas con las inglesas en cuanto a precios y calidad, nunca
logra recuperar su atraso en el plano industrial y comercial. Por un lado, la mayor
competitividad de las mercancías inglesas y, por otro, la sobreproducción de castor
entre 1670 y 1710, así como la consecuente coyuntura desfavorable sobre el mercado
francés con los bajos precios de compra por la compañía autorizada, hacen provechoso el
contrabando a pesar de las distancias y peligros. Las pieles salen de Nueva Francia hacia
Europa a través de los comerciantes ingleses y holandeses establecidos en Albany y Nueva
York. Además, el comercio ilegal con los ingleses permite obtener mercancías
manufacturadas indispensables pero no disponibles mediante el comercio legal y directo con
la metrópoli.
El contrabando
se realiza en tres zonas de la colonia francesa: hacia el Oeste, donde se cazan los
castores y se consiguen las pieles (actividad de los coureurs de bois
y de los autóctonos); en
los centros urbanos donde se intercambian (intermediarios y comerciantes); y, finalmente,
al sur de Montreal, por donde se transportan estas mercancías hacia la Nueva Inglaterra
(comerciantes e intermediarios autóctonos)
. Este contrabando permanece activo durante todo
el régimen francés: se calcula que entre el 10 y el 50% de todas las pieles exportadas
desde la colonia lo son ilegalmente, lo que le otorga al contrabando una importancia
económica muy significativa
. De este manera, el contrabando, de marginal en
la primera mitad del siglo XVII, pasa luego a ser una forma de comercio muy bien
implantada.
Para las
autoridades francesas, este comercio ilícito pone en peligro la viabilidad económica de
la colonia, normalmente protegida por la existencia del monopolio. La rivalidad entre las
metrópolis conlleva a que el imperio francés considere como nefastos los contactos
estrechos y no oficiales con los ingleses, y buscan, por lo tanto, limitarlos al máximo.
Por su lado, las autoridades inglesas estiman que los sujetos de la Corona británica que
comercian con los franceses financian al enemigo; sin embargo, sus comerciantes y, en
últimas, el Imperio, reciben ventajas económicas al realizarlo.
b) la nueva granada
En la colonia
neogranadina, la economía se fundamenta, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, en
la extracción de metales preciosos, sustentada en la mano de obra esclava traída del
África. Para el abastecimiento en productos necesarios a la sociedad colonial y para el
transporte del oro y de la plata hacia España, el sistema mercantilista imperante otorga
a los españoles el monopolio del comercio entre Cádiz y los puertos habilitados en
América. Sin embrago, desde muy temprano, el comercio legal español da muestras de no
poder cumplir con el propósito de suministrar en cantidad y calidad las necesidades de la
Nueva Granada. Son pocos e irregulares los barcos españoles que llegan a los puertos
cartagenero y samario. La cercanía de colonias inglesas como Jamaica, y holandesas como
Curazao, así como los desarrollados y frecuentes intercambios entre el Caribe y el norte
de Europa, hace muy llamativa la posibilidad de disponer de las manufacturas europeas de
mejores calidades y precios, y, al mismo tiempo, garantiza una salida segura y rentable
para las producciones locales
.
El comercio
ilícito no tarda, por lo tanto, en desarrollarse en las costas caribeñas de la Nueva
Granada. Este contrabando regular complementa las precarias importaciones españolas. Los
extranjeros, ingleses y holandeses, no dudan en posicionarse en este mercado utilizando
para ello sus bases caribeñas. Los precios ofrecidos por los extranjeros no tienen punto
de comparación con los manejados por los españoles. Las deficiencias comerciales de
España se ven así balanceadas por la fortaleza de los comerciantes de las potencias
rivales, para el mayor provecho de la colonia. El tratado de Utrecht, en 1713, que
reafirma los principios del mercantilismo, no aporta mayores modificaciones a este
panorama
.
Este comercio con los
extranjeros es obviamente una trasgresión de las leyes comerciales y fiscales españolas
y un ataque contra la soberanía de España sobre su colonia. Como se sabe, desde la
perspectiva española, la justificación del monopolio es económica y moral: por un lado,
se fomenta así la economía de la metrópoli y se protegen sus manufacturas y sus
comerciantes, y por otra parte, se contribuye, con los ingresos al tesoro por vía del
pago de los derechos de aduana, a fortalecer el Imperio español frente a sus rivales
europeos; de lo contrario, se favorecería al enemigo, lo cual resulta inmoral. La teoría
de la corona española es difícilmente sostenible en la realidad colonial de la Nueva
Granada.
En su
investigación, Lance Raymond Grahn
distingue tres regiones de la costa donde la
dinámica frente al contrabando es particular: Cartagena, Santa Marta y Riohacha.
Cartagena es el mayor puerto autorizado y el más importante canal de comercio exterior de
la Nueva Granada. También es una plaza militar que cuenta con la presencia de soldados y
de numerosos representantes de las autoridades españolas. Al lado de los intercambios
legales realizados por los españoles, el contrabando se desarrolla en esta ciudad como
una actividad comercial esencial para la vida de la provincia y para toda la colonia. Se
comercia todo tipo de mercancías: esclavos, telas, especias, vinos, aceite, harinas,
manufacturas como espejos, cuchillas, tijeras, etc., que se intercambian por metales
preciosos. Estos intercambios afectan seriamente el comercio legal
: las importantes ferias
oficiales de Portobelo y Cartagena suelen fracasar porque la población tiene acceso todo
el año a cualquier tipo de mercancías gracias al comercio con los extranjeros.
En Santa Marta,
la dinámica es un tanto diferente. A pesar de ser un puerto autorizado, casi no arriban
barcos españoles y la presencia oficial es reducida. El contrabando se practica para
contrarrestar esta falta de interés legal. La distancia entre los objetivos imperiales y
las necesidades locales caracteriza la economía política de la zona y crea una tendencia
al comercio ilícito, en manos de ingleses y holandeses. En Riohacha y la península de la
Guajira, los asuntos comerciales están casi completamente en manos de la ilegalidad. La
negligencia española es aguda: poca población española, escasísimos barcos para
abastecer la provincia, y, por lo tanto, pocas mercancías españolas disponibles. Por su
parte, el contexto geográfico y topográfico es favorable al desarrollo del comercio como
principal actividad económica: la península goza de una ubicación estratégica en el
Caribe y la región es tan árida que la agricultura es poco desarrollada. De manera
general, las relaciones entre los grupos locales y el gobierno central son conflictivas.
La presencia de
extranjeros, y por lo tanto del contrabando, en las costas de Riohacha es tolerada por las
autoridades en el siglo XVI para suplir la necesidad de esclavos en la explotación de los
ostrales y la consecución de las perlas. Paralelamente, se desarrolla la cría de ganado
en el sur de la Guajira y, para finales del siglo XVII, se realiza un extenso contrabando
de perlas así como de ganado y cueros hacia las colonias extranjeras, en el cual están
involucrados tanto los riohacheros como los guajiros y que se siente hasta Valledupar.
También se exportan metales preciosos, cacao y algodón. Los holandeses e ingleses traen
mercancías europeas manufacturadas para toda la zona. A estas transacciones económicas
ya bien establecidas, se añade en el siglo XVIII el contrabando de una tercera
producción de la península: el palo de tinte. Es tan interesante este producto para la
coloración de las telas en Europa que se da una presencia directa de ingleses y
holandeses en la zona, sin que la corona logre controlar el negocio
.
Según Grahn,
en cada región de la costa el contrabando se da de una forma específica y el resultado
es el desarrollo de varias economías informales, con estrategias particulares en función
de las condiciones locales. Existen diferencias en las mercancías características de
cada región: mientras Cartagena se centra en las exportaciones ilegales de oro y plata,
las otras dos regiones desarrollan intercambios basados en otros productos de la tierra,
como el ganado, los cueros, la sal y el palo de tinte. Para Alfonso Múnera, gracias a
este dinamismo, que permite el aprovechamiento de productos locales y el abastecimiento de
todo el país, se logra una mayor vinculación de la costa con el mercado caribeño y
atlántico
.
Hacia el oeste,
el contrabando es igualmente crónico en la boca del río Sinú, donde se realizan
importaciones y exportaciones de todo tipo de mercancías, así como en el Golfo Urabá y
por el río Atrato para vincular las zonas mineras del Chocó y Antioquia con el Caribe
. En estas costas
occidentales neogranadinas, los controles oficiales son supremamente reducidos debido a la
inexistencia de puertos autorizados y la consecuente ausencia permanente de personal
español.
c)
mercantilismo y contrabando
En pocas palabras, tanto
en la Nueva Francia como en la Nueva Granada, la aparición y el desarrollo del
contrabando es una manera más directa de responder a las necesidades de consumo y
abastecimiento de las colonias, frente a la incapacidad de la metrópoli en suministrar
las mercancías indispensables al mercado colonial. El tráfico ilícito surge como
complemento necesario del comercio legal monopolizado. La competencia ejercida por las
manufacturas inglesas y la presencia de comerciantes ingleses y holandeses permite el
fortalecimiento de un comercio considerado como ilícito. Aun en un marco mercantilista,
se pudo crear un comercio intercolonial, tanto entre la Nueva Francia y la Nueva
Inglaterra, donde están establecidos comerciantes holandeses e ingleses, sujetos
británicos, como entre la Nueva Granada y Jamaica, colonia inglesa, y Curazao, colonia
holandesa. Esto hace clara la competencia que se da entre las potencias coloniales
europeas, la cual penetra fuertemente la esfera comercial.
Este comercio con
extranjeros cumple funciones vitales para la Nueva Francia y la Nueva Granada, no sólo
para abastecer en mercancías elaboradas, sino como salida para las materias primas
producidas en las dos colonias, a precios interesantes. La articulación internacional de
mayor amplitud se da por medio del contrabando, ya que más allá de intercolonial, el
comercio termina siendo atlántico, y permite vincular mejor las colonias con los mercados
europeos, pasando por alto las restricciones impuestas por un mercantilismo insostenible
por las metrópolis. Se ha subrayado la función socio-económica que cumple el
contrabando para la vida colonial, así como los conflictos de intereses entre las
colonias y sus metrópolis: existe un choque irreconciliable entre las esperanzas
imperiales puestas en las colonias y las realidades americanas, sus dinámicas económica,
política, social y cultural.
Así las cosas, en el
periodo de mercantilismo como doctrina económica y de absolutismo como expresión
política, el desarrollo del contrabando es la consecuencia de la conjunción de dos
realidades: las prohibiciones de comerciar y las trabas administrativas y arancelarias
aplicadas a las exportaciones y importaciones, por un lado, y la incapacidad del comercio
legal de la metrópoli en satisfacer las necesidades de su colonia, por el otro. El
contrabando aparece entonces como la única forma de dar socialmente satisfacción a una
carencia.
2. la
represión del contrabando por parte de las autoridades coloniales
Obviamente, tanto la
Corona francesa como la Corona española reaccionan frente a esta irrupción de la
ilegalidad con el doble propósito de evitar el desvío de los ingresos, tan necesarios
para las cajas oficiales, y de hacer respetar su política mercantilista y su autoridad en
sus colonias. Como se muestra a continuación, las medidas adoptadas se enfrentan a
problemas de la misma naturaleza en ambas partes.
En la Nueva
Francia, las instancias administrativas multiplican las ordenanzas para prohibir el
comercio extranjero: estas medidas van desde solicitar a los habitantes del campo no
dedicarse al comercio ni abandonar sus lugares de vivienda, hasta controlar los
cargamentos de las embarcaciones fluviales y fiscalizar los almacenes de los comerciantes
en las ciudades y de las misiones jesuitas de La Prairie y Sault Saint Louis
. Entre 1718 y 1723, se
practican interrogatorios a los comerciantes franceses de estas misiones para conocer el
motivo de sus ausencias prolongadas
. Se aplican multas elevadas a los franceses
involucrados en la distribución de mercancías inglesas en el territorio de la Nueva
Francia, se realizan decomisos, se abren juicios, se establecen tropas en los alrededores
de Montreal para vigilar las rutas y se queman las mercancías extranjeras encontradas
.
Esta lucha es
costosa para las autoridades francesas y los resultados son tan reducidos que no compensan
los gastos realizados. Como agravante, los puestos de aduana autorizados para controlar el
comercio extra colonial no se encuentran sobre la frontera entre la Nueva Inglaterra y la
Nueva Francia, sino en Quebec, más allá de Montreal, sobre el río San Lorenzo. Siendo
por definición prohibido el comercio con los vecinos ingleses, no se contempla remediar
esta situación estableciendo una aduana. Para vigilar esta frontera, sólo hay guardas
móviles al sur de Montreal, pero el número de soldados disponibles para las tareas de
control y represión es insuficiente
.
Por su parte,
los españoles implementan igualmente varias tácticas para controlar el comercio en la
Nueva Granada. Una de ellas es la prohibición de la navegación por el río Atrato, a
partir de 1698, para evitar los riesgos de contrabando, pero la falta de vigilancia no
detiene la extracción ilegal de oro y plata de Antioquia y del Chocó, así como tampoco
pone fin a la introducción de esclavos, aguardientes, ropas y otros géneros
. Otras disposiciones
reales para luchar contra el contrabando, como equipar naves guardacostas, aumentar las
guardias fijas y móviles, y cambiar frecuentemente los soldados de lugar para que no
cayeran en hábitos ilícitos, no surten efecto por la falta de recursos económicos para
implementarlas y por la corrupción rampante de los mismos funcionarios encargados de la
vigilancia
. De hecho, las medidas tienen costos elevados,
sea en dinero para los sueldos y la compra de armas, sea en personal (no hay
disponibilidad de soldados para estas labores). Además, los contrabandistas están bien
armados, incluso mejor que los soldados.
La creación
del Virreinato, en dos ocasiones en la primera mitad del siglo XVIII, tampoco cumple las
esperanzas de reorganización del sistema político-administrativo y estratégico, así
como de saneamiento de la Real Hacienda, que hubieran ayudado a extirpar el contrabando
. A partir de 1778, con
el reglamento de comercio libre, se facilita el comercio con España, pero sigue prohibido
el intercambio con extranjeros
. Varias otras ideas se quedan a nivel de
propuestas, como el cierre del puerto de Riohacha, que impediría por completo el arribo
de barcos españoles, o como la ubicación de una autoridad en Riohacha en vez de
continuar con la dependencia de la jurisdicción de Santa Marta. Por sus defectos, estas
medidas planteadas en las décadas de 1730 y 1740, respectivamente, nunca se adoptan
.
Por múltiples razones
entonces, las tácticas imaginadas por los españoles pueden quizás complicar la
realización del contrabando pero no eliminarlo de raíz. Irónicamente, los ingresos al
tesoro provenientes de la venta de los productos capturados y de las multas sobre los
mismos son más altos que los derechos de aduana que se perciben legalmente. Los decomisos
constituyen una mínima parte del comercio ilícito, pero se constituyen en una fuente
sustancial (más del cincuenta por ciento) de los ingresos para las tres provincias de la
costa
.
Como se ha visto, las
autoridades centrales de las dos colonias son completamente incapaces de ponerle freno al
contrabando por medio de medidas represivas. La repetición de decretos encaminados a
luchar contra el contrabando indica la dificultad en hacer respetar los reglamentos en la
materia. Lo anterior se debe a múltiples razones, pero fundamentalmente al hecho de que
imponen restricciones sin contar con los recursos necesarios para implementarlas. De
hecho, las administraciones imperiales se ven afectadas por las economías poco
desarrolladas que generan escasos recursos fiscales, insuficientes a todas luces para
cubrir el control de extensos territorios que, además, no cuentan con de buenas
comunicaciones.
Es sabido que una
política represiva que carece, por un motivo u otro, de medios para ser aplicada a
cabalidad termina deslegitimándose en lugar de ser acatada. Se evidencia además el
carácter superficial de las medidas tomadas para reprimir el contrabando, puesto que se
atacan, sin mucha convicción y sin medios efectivos, sus dimensiones visibles en vez de
enfrentar sus causas profundas.
3. la relativa
autonomía del sector comerciante
El Estado colonial, a
pesar de sus intenciones, no tiene un control total sobre las actividades de los
comerciantes, su organización y su evolución. Existe cierta autonomía del sector
comerciante frente a la esfera pública: tiene la capacidad de ampliar su margen de
acción, afianzando su peso en los asuntos económicos y políticos de la colonia. Llega a
desarrollar su actividad por fuera del alcance de la ley, en beneficio propio e igualmente
en provecho de los mercados locales. De hecho, esta relativa autonomía del sector privado
frente al poder colonial y a las orientaciones que éste pretende dar a la esfera
económica le permite impulsar la economía local colonial, chocando así con los
intereses del centro, que pretende monopolizar las finanzas, el comercio y la actividad
manufacturera. La periferia colonial, rural y arcaica, quiere desarrollarse, y como no
encuentra un camino para su comercio dentro de los marcos de la legalidad, se embarca en
la ilegalidad.
Los comerciantes
franceses de Montreal y de las misiones jesuitas son dinámicos a la hora de desarrollar
su actividad con mayor provecho, obviando las reglas impuestas por las autoridades
francesas. Buscan formas para realizar intercambios con la vecina Nueva Inglaterra
recurriendo a intermediarios autóctonos y a la corrupción de funcionarios públicos. De
esta forma, aprovechan los mejores precios para sus pieles y la mayor cantidad de
artículos en Albany y Nueva York, lo que da un gran un dinamismo a la economía local.
Por razones de seguridad, a partir del siglo XVIII, los comerciantes franceses suelen
buscar intermediarios para evitar una visibilidad que podría llamar la atención de los
representantes franceses.
El margen de
maniobra de las autoridades francesas es mínimo, pues están confrontadas a una necesidad
económica, política y estratégica con los comerciantes de Montreal. De hecho, éstos
financian la conquista de los territorios hacia el oeste, respondiendo así a una voluntad
imperial que busca fortalecerse frente a la corona británica. Si las autoridades reprimen
con demasiada energía el comercio ilícito fomentado por los negociantes de Montreal,
corren el riesgo de perder la fuente de financiación de la expansión al Oeste. No
alienarse los comerciantes exige, por parte de las autoridades, adaptarse a sus
actividades y, en consecuencia, manejar cierta tolerancia frente a los intercambios
teóricamente prohibidos
.
En los puertos
de la Nueva Granada, los comerciantes juegan un papel igualmente importante para
contrarrestar la escasez de mercancías extranjeras. Hemos visto cómo participan en la
consecución ilegal de esclavos y manufacturas europeas, utilizando su fachada comercial
autorizada. En los puertos secundarios, los comerciantes locales juegan un papel
fundamental en el aprovechamiento de los productos locales, como es el caso en Riohacha y
sus alrededores, con los negocios de perlas, ganado, sal y palo de tinte, que hacen con
los extranjeros. En su caso, la reducida presencia española ayuda a llevar sus
actividades por fuera de las reglamentaciones imperiales. La vitalidad de la costa y, en
menor medida, del interior de la colonia, debe mucho al contrabando y a la osadía de los
comerciantes
.
En Cartagena,
los comerciantes importantes suelen ser españoles, a pesar de lo cual no tienen reparos
en dedicarse tanto al comercio lícito como al ilícito. Gozan de un prestigio grande, ya
que tienen capital, piel blanca, conocimientos y están bien relacionados. La venalidad de
los cargos públicos permite que los comerciantes adquirieran prestigio comprándolos. Se
considera como una inversión que se recupera después mediante el uso del poder y el
enriquecimiento. Por otro lado, como el comercio no es una actividad estrictamente
profesional, muchos funcionarios se dedican a los negocios comerciales, desde el
presidente de la Audiencia, los gobernadores y oidores, hasta los simples jueces y
funcionarios menores. A éstos, se les acusa frecuentemente de buscar lucro en el comercio
e inclusive en el contrabando. De esta manera, el vínculo entre el ejercicio de una
autoridad y la actividad comercial es muy evidente
.
De todos modos,
los grandes comerciantes establecidos en Cartagena tienen que ser cuidadosos para no
llamar demasiado la atención sobre sus actividades. Recurren a registros falsos para
cubrir las entradas extranjeras detrás de las españolas, o reciben, con la complicidad
de los altos oficiales, cajas selladas para evitar los controles. Hay decomisos, pero no
de forma tal que los oficiales y la elite fueran molestados: suelen efectuarse en las
casas de los que tienen mercancías de contrabando, en general pertenecientes a los
estratos sociales menos favorecidos
. Notemos, en este punto, el paralelo que se puede
hacer entre la Nueva Granada y la Nueva Francia en cuanto a la necesidad de hacer
invisibles al máximo sus actividades para no llamar la atención innecesariamente y
evitar así los controles legales.
Existe tal vez una diferencia entre el grupo de
comerciantes en cada una de las dos colonias: los franceses parecen gozar de una mayor
autonomía frente a los oficiales por dos motivos. Primero, porque tienen un argumento
político a su favor y, segundo, en la medida en que la venalidad de los cargos públicos
no es tan difundida como entre los españoles, donde la elite está conformada por
personas que desempeñan actividades tanto públicas como privadas. Sin embargo, los
comerciantes establecidos en la Nueva Granada aparecen actuando con una relativa
autonomía a pesar de sus vínculos con la Corona, entrando de lleno en la lógica de la
oferta y la demanda.
4. enriquecimiento
privado y funcionamiento de redes
La rentabilidad del
negocio ilegal no debe ser subestimada porque de ella se desprende una capacidad de
corromper que crea solidaridades muy fuertes entre los grupos de interés involucrados, en
primera medida en los niveles más altos del negocio. Cualquier persona privada que se
involucra puede obtener ganancias: los comerciantes, en primer lugar, pero igualmente los
administradores y los oficiales de cualquier nivel. Casi toda la población, masculina, e
incluso femenina, ricos y pobres, participa de una forma u otra, a un nivel u otro de la
cadena: ya sea organizando los intercambios ilícitos o invirtiendo en ellos, ya sea
cerrando los ojos ante soborno, desembarcando las mercancías o comprando los productos de
contrabando. El tesoro público se ve perjudicado pero, en cambio, a nivel privado o
individual, se generan unas ventajas evidentes. Está claro también que los mayores
beneficios van a la elite, que se fortalece aún más por esta vía.
En la Nueva
Francia, es indudable la rentabilidad del comercio intercolonial ilícito para los
comerciantes franceses de Montreal y los demás participantes. De hecho, la red de
personas involucradas en este contrabando es muy extensa. En primer lugar se encuentran
los comerciantes, grandes o pequeños, que son los principales organizadores y
beneficiarios del comercio clandestino. Los de Montreal organizan y financian el
contrabando, pero en los resguardos se establecen tiendas que recurren a la ilegalidad
comercial, como es el caso de las tres hermanas Desauniers entre 1727 y 1752
. Adicionalmente, la red
comprende múltiples simpatizantes, entre los cuales se aprecian las poblaciones
campesinas establecidas al Oeste de la Isla de Montreal y al Sur, así como ciertos
miembros de instituciones religiosas, como los misionarios de La Prairie
.
Los cómplices ayudan,
contra remuneración, a esconder las mercancías, así como a traspasar la legislación.
Hay ciertos funcionarios y soldados involucrados, en la medida en que cierran los ojos y
se dejan corromper. Siendo el contrabando una actividad lucrativa, el riesgo de
corrupción es grande y muy atractivo para los funcionarios públicos encargados de la
represión del comercio ilícito. Se dan casos de miembros de los órganos ejecutivos e
igualmente judiciales involucrados. Los vínculos de sangre, así como económicos y
comerciales que ligan los contrabandistas y sus cómplices, son densos, creando una
solidaridad de interés muy grande entre ellos.
En la ciudad de
Cartagena, todos los sectores sociales presentes participan en el comercio ilícito: los
miembros de la burocracia española, los militares, el clero, los mercantes españoles y
extranjeros, los pobres. Todos ellos salen ganando y la corrupción es muy elevada. La
complicidad oficial va del gobernador de la provincia para abajo. La elite española
organiza el comercio ilícito e invierte en él. Los malos e irregulares pagos incentivan
a los militares y a los funcionarios oficiales para dejarse sobornar. El contrabando
permite ganancias tan elevadas que la ilegalidad se vuelve una manera de vivir en esta
ciudad, gracias a los ejemplos que los mismos españoles ofrecen al resto de la
población. Para el siglo XVIII, los comerciantes han pasado a ser la clase dirigente de
Cartagena, ya que ocupan los puestos políticos de la ciudad
.
La corrupción
oficial es igualmente importante en Santa Marta: la elite y las autoridades, supuestamente
encargadas de combatirlo, están involucradas en el negocio ilícito. Las ventajas
individuales que reciben el gobernador y los lugartenientes por la complicidad aportada
hacen muy poco eficientes los intentos de controlar el contrabando. Además, para
reducirlo, los oficiales no toman en consideración las deficiencias estructurales
internas ni las necesidades prácticas de la colonia, sino que centran sus preocupaciones
en la presencia inglesa y consideraciones geopolíticas. Por lo tanto, sus reacciones est
á
n
encaminadas a aumentar la fuerza militar para la protección del puerto y la ubicación de
los delincuentes. Así logran realizar algunas capturas de mercancías de contrabando.
Pero los fuertes están muy mal dotados y muy poco adecuados, con personal limitado y
armas deficientes. Los intentos son reales pero sin capacidad administrativa y sin medios.
El problema fiscal es crónico, puesto que las entradas al tesoro por aranceles son
supremamente reducidas. La informalidad económica es una forma de vida en la región de
Santa Marta. Es muy arraigada en la cultura y demasiado necesaria para el bienestar
económico de la mayoría de la población y de los oficiales civiles y militares, para
que pueda pretender eliminarse
. De manera general, para los mencionados
historiadores estudiosos del tema, la corrupción es característica de la vida costeña.
A pesar de la
clara necesidad para el tesoro público, se realiza una desviación de la política
oficial, tanto para cubrir necesidades públicas como para suplir los intereses privados.
De hecho, en ciertas ocasiones, como en los años 1780, se tolera el comercio de
municiones y trigo con los extranjeros, escondiéndose detrás de licencias falsas, de
manera a contar con ayuda armamentista y alimenticia para los esfuerzos militares
. Las necesidades de
corto plazo importan más que las visiones de largo plazo.
En cuanto al
contrabando por enriquecimiento individual, se ha visto que la asociación, o connivencia,
entre comerciantes contrabandistas y autoridades locales es tan elevada que la tolerancia
ha pasado a ser completamente arraigada. Además, se cuenta, gracias a los sobornos, con
el consentimiento de los funcionarios públicos, cuando no es con su participación
directa, sobre todo en el caso de los gobernadores y altos oficiales. La complicidad se da
también entre los criollos, negros e indígenas, que pueden recibir ganancias
interesantes. Se necesita cierta discreción para llevar a cabo las actividades ilícitas,
pero esto está asegurado por redes de solidaridad muy eficaces.
El contrabando es así
un fenómeno central en la vida económica y social del Caribe neogranadino: es un
instrumento de supervivencia para las capas populares y, para las elites, un medio para
aumentar su riqueza. El contrabando es llevado a cabo por miembros de casi todas los
estratos sociales, pero es organizado y orientado principalmente por los grupos sociales
pudientes, que pueden invertir, controlar y pagar los bienes. De hecho, el contrabando
está detrás del origen de grandes fortunas y del desarrollo de las ciudades, conformando
además una forma de vida y un conjunto de valores alrededor del interés. La sociedad
funciona alrededor de los códigos de la ilegalidad, ya que las prácticas y mentalidades
transgresoras de las leyes impuestas por la Corona, y la ausencia de controles
institucionales eficaces son notables.
Tanto en la Nueva
Francia como en la Nueva Granada, la ilegalidad es un recurso comúnmente utilizado por su
rentabilidad, por la venalidad de los cargos públicos, por las limitaciones comerciales
promovidas por el mercantilismo y por la gestión patrimonial de los asuntos políticos y
económicos. Todos estos elementos participan del uso generalizado de las redes sociales e
influencias personales en el manejo de lo que consideramos hoy en día como la esfera
pública en la cual estas conductas ya no son toleradas.
5. la convivencia con
los autóctonos
La presencia de
poblaciones autóctonas y las necesarias consecuencias que trae la convivencia en un mismo
territorio complican aún más el panorama para las pretensiones de las autoridades
imperiales. Las autoridades francesas tienen que privilegiar las alianzas con los
amerindios para no debilitarse frente al potente e interesado vecino inglés, aun
tolerando su reclamo por comerciar libremente. En la Nueva Granada, el rechazo de los
indígenas a someterse a las reglamentaciones y la dificultad en conquistarlos en ambos
extremos de la costa, es paralelo a su dedicación a lo que es considerado, desde la
perspectiva española, como contrabando.
En la Nueva Francia, los
amerindios están presentes en las tres etapas del negocio prohibido: la caza de castores
en el Oeste y el Norte por fuera de los contratos con la compañía autorizada (por su
conocimiento del medio y de las técnicas de caza), la venta de las pieles a los
comerciantes de Montreal, y el paso de la frontera con la Nueva Inglaterra al sur de
Montreal para llevar las pieles a Nueva York o Albany (y la vuelta con mercancías
inglesas).
La parte más
crítica del comercio ilícito consiste obviamente en el paso del límite territorial
entre la Nueva Francia y la Nueva Inglaterra. Los autóctonos domiciliados, es decir, los
que viven en los resguardos cercanos a Montreal, se encuentran a la base de estos viajes
de intercambios de mercancías
, en particular los iroqueses de las misiones
jesuitas de La Prairie y Sault Saint Louis
. Esta participación se explica, en primer
término, por su dominio de las rutas, pero con el tiempo aparecen otros factores. De
hecho, por las presiones de las autoridades, los comerciantes franceses sueltan poco a
poco esta actividad a los domiciliados, quienes, para 1740, predominan en los viajes.
A partir de
1720, las autoridades francesas establecen un nuevo procedimiento para tratar de controlar
el contrabando: se trata de otorgar permisos, que incluyen datos sobre el género y el
número de pieles transportadas, a los domiciliados para realizar sus viajes hacia Albany.
Se prevé la realización de controles por los soldados franceses, para verificar las
mercancías transportadas tanto hacia Albany como de vuelta. Los permisos de viaje pueden
verse rechazados por las autoridades si el intercambio se considera demasiado amplio en
ciertas épocas o si el viajero ha incumplido su compromiso en algún momento. El nuevo
acuerdo permite a los autóctonos pasar por alto las reglamentaciones francesas, pero
deben comprometerse a no trabajar más para los comerciantes franceses. En el plano
práctico, parece que esta nueva política fracasa. Principalmente por la dificultad en
establecer de hecho el control sobre el terreno, por falta de personal y por no
arriesgarse a molestar a los autóctonos con verificaciones constantes. Tanto es así que
los decomisos suelen realizarse para las mercancías de los franceses e ingleses, y en
cambio, en la mayoría de los decomisos hechos a los autóctonos, se les devuelven sus
productos
.
Frente a las
críticas de las autoridades, los consejos autóctonos argumentan que los comerciantes
franceses son, en muchos casos, quienes incentivan a los jóvenes autóctonos a dedicarse
a los viajes, tanto para conseguir las pieles hacia el oeste como para comerciarlas en el
sur, en lugar de los propios franceses, más sujetos a las leyes de la Corona, que poco a
poco y por este motivo van reemplazando
. Lo que es fundamental es realizar el contrabando
de manera discreta y no ostentosa. Ese fue uno de los elementos que motivaron a evitar que
los mismos franceses fueran los que realizaran directamente los intercambios con la Nueva
Inglaterra. Dejando la mayoría de los viajes en manos de los autóctonos se elimina uno
de los aspectos más flagrantes y disminuye la visibilidad del contrabando, de manera a
que pueda perdurar.
Por razones
jurídicas y políticas, los intermediarios autóctonos gozan de una menor persecución
por las autoridades que los propios franceses. Los reclamos de los domiciliados para la
obtención de la libertad de comercio han llevado a la creación de dos tradiciones
legales paralelas que los exime de las limitaciones que sufren los franceses. Las acciones
emprendidas contra los autóctonos pueden implicar crisis en las relaciones
franco-amerindias, lo cual se debe evitar para no perder aliados contra los ingleses. En
efecto, la alianza franco-amerindia es una necesidad diplomática para los franceses en
perpetua tensión con sus vecinos
.
El intercambio
comercial con los ingleses es un elemento permanente de la vida económica de los
resguardos en la segunda mitad del siglo XVII. Los autóctonos pasan, en el siglo XVIII, a
ser no sólo intermediarios, sino que crean su propia red comercial al Oeste de la Isla de
Montreal. Tienen un interés particular en realizar estos viajes, ya que sólo en la
colonia inglesa consiguen las mercancías de su uso, especialmente una tela roja llamada écarlatine.
Afianzados en el negocio, aprovechan directamente los contactos con los ingleses para
abastecerse y en los resguardos para vender la mercancía, recurriendo eventualmente a las
acciones violentas cuando las autoridades tratan de intervenir
. Los autóctonos sacan
ventaja por estar ubicados en el punto de encuentro de dos sistemas competitivos
.
Para los administradores franceses esta situación es
problemática, principalmente por el perjuicio al Tesoro público, pero no se pueden
atrever a complicar sus relaciones con sus aliados autóctonos. Para Francia, en lucha
contra las colonias inglesas, el peso de la alianza con los amerindios se torna más
importante que la cuestión del contrabando. La Nueva Francia necesita más de sus aliados
autóctonos que ellos de la asistencia francesa. Los amerindios consideran que no son
sumisos a las leyes francesas, que no existe para ellos la frontera entre Nueva Francia y
Nueva Inglaterra y que sus intercambios comerciales deben poder seguir sin trabas. Los
autóctonos gozan de una situación privilegiada en el sistema legal de la Nueva Francia
.
En resumidas
cuentas, el modus vivendi tolerado por los administradores franceses tiene varias
ventajas: el contrabando contribuye a la rentabilidad del comercio de pieles y, sobre
todo, al mantenimiento de la red de alianzas entre franceses y naciones amerindias (que en
parte se basa en el comercio). La amenaza, real o no, de retiro de apoyo militar de los
aliados amerindios a la Corona francesa es un elemento político importante para entender
la tolerancia que se le hace al paso de la frontera intercolonial, en contra de principios
del mercantilismo y de los intereses de las sucesivas compañías y de la metrópoli
.
La doctrina del
mercantilismo y la política de protección de los productos metropolitanos tienen que
ceder frente a la realidad de la coalición franco-amerindia. Los amerindios reclaman la
libertad de comercio y la no sumisión a las leyes del Estado colonial francés. Esta
incapacidad a someter los domiciliados a las leyes y reglamentos relativos a comercio,
conduce, durante la segunda parte del siglo XVIII, a que las autoridades no sólo
reconozcan de facto sino también de jure el derecho de los Amerindios de
llevar las pieles a los ingleses
. El régimen francés no logra asimilar los autóctonos y
volverlos ciudadanos franceses para que aceptasen las leyes comerciales y fiscales de la
metrópoli. En consecuencia, los autóctonos no se consideran sujetos, sino aliados, y son
considerados como tales por las autoridades francesas
.
En la Nueva Granada, las
relaciones con los indígenas son de naturaleza distinta y tienen otras implicaciones. En
la costa caribe, los españoles no han logrado someter a las poblaciones locales que
siguen siendo rebeldes a la colonización a pesar de los intentos imperiales. A diferencia
de los autóctonos neofranceses, no son ni sujetos ni aliados y no se les reconoce ningún
derecho a establecer vínculos comerciales distintos a los que prevé el sistema
mercantilista. En este sentido, realizar lo que los conquistadores consideran como
contrabando se convierte en una forma adicional de resistencia.
Como vimos, la
ilegalidad es el elemento central de la economía regional de la península guajira, la
cual está en manos de los comerciantes locales pero también de los indígenas que
habitan la zona. La insumisión de los guajiros se ha visto fortalecida por el contacto
que mantienen con los extranjeros. Holandeses e ingleses los proveen en armas y pólvora
que serán utilizadas para resistir a la presencia española. Los barcos que fondean por
las costas guajiras están interesados en intercambiar sus mercancías por productos de la
tierra, como es el caso en la época del auge del palo de tinte en el siglo XVIII. Los
guajiros no participan directamente en el negocio, pero alejan los funcionarios españoles
de la zona. Para los comerciantes de Riohacha, así como para los indígenas, es más
lucrativo relacionarse con los extranjeros e impedir la instalación de estancos reales
sobre este producto
.
Al interior de la provincia de Santa Marta, la presencia de
indígenas Chimila es un agravante para la problemática situación de abastecimiento que
conoce la región. De hecho, los Chimilas realizan frecuentes ataques que contribuyen a la
estagnación de la producción local de víveres y dificultan el paso del comercio lícito
hacia el centro político de la colonia. Las importaciones de productos indispensables
desde Jamaica se desarrolla para suplir el complicado abastecimiento interno. Los
españoles tratan de someter a esos indígenas, no por ser contrabandistas, sino para
asentar su control sobre la región y facilitar los intercambios legales, pero no lo
logran sino a finales del siglo XVIII
.
En el Darién,
los indios Cunas, que también mantienen relaciones muy tensas con los españoles, gozan,
al contrario, de excelentes contactos con los franceses y holandeses, con los cuales
intercambian cacao por géneros europeos, sobrepasando las reglas comerciales establecidas
por España
.
Las acciones de
pacificación de los indígenas del territorio neogranadino tienen para los españoles un
alto componente de carácter comercial, pero para armar las expediciones el tesoro carece
de los ingresos que podría recibir si el comercio legal generase mayores entradas. Por
esta razón, se desarrolla una relativa tolerancia, como en 1780, cuando se lleva a cabo
una expedición de este tipo
.
En las dos colonias, los
autóctonos influyen de manera evidente en las dinámicas de comercio. Para ellos, ni la
distinción que pretenden imponer las coronas entre los colonizadores y los otros
europeos, ni el establecimiento de una frontera que limite sus movimientos son relevantes.
La idea de limitar sus intercambios comerciales por razones ajenas a sus intereses no les
compete y reivindican su autonomía, ya sea mediante la negociación de su libertad
comercial en el caso francés, ya sea mediante la resistencia a la colonización en todos
sus aspectos en el caso español. De cualquier manera, es una obligación para las
autoridades coloniales tomar en cuenta estas exigencias, a pesar de que van en contravía
de los mandados absolutistas y mercantilistas. El hecho de que en la colonia francesa los
autóctonos mantengan un vínculo menos beligerante con las autoridades produce una
tensión entre normatividad y realidad mucho más limitada que en el caso de la Nueva
Granada, en donde la oposición entre españoles e indígenas influye en la ausencia de
las autoridades en varias regiones del territorio.
conclusiones
Se ha visto, a largo del
trabajo, lo que le incumbe a la política mercantilista y monopolística de los imperios
en el desarrollo del contrabando. La proximidad de colonias inglesas (y holandesas en
menor medida) y el dinamismo comercial de su metrópoli golpean fuertemente a las demás
potencias en clara desventaja económica. Se han vislumbrado los otros motivos
complementarios entre sí que han permitido el afianzamiento de esta actividad ilícita y
que van mucho mas allá del contexto político y económico, haciendo de una mera
práctica comercial ilegal un amplio fenómeno socio-histórico. Entre ellos, se pueden
subrayar las necesidades sociales de subsistencia y consumo, la autonomía del sector
comerciante, la rentabilidad atractiva, la lógica individual de enriquecimiento, el
funcionamiento de las relaciones sociales, la venalidad de los oficios, la resistencia por
parte de los comerciantes y de los autóctonos a las reglas de comercio impuestas y la
dinámica propia de los indígenas.
Estos elementos sacan a
la luz el ambiente de ilegalidad que se fue creando y afianzando y que, a su vez, entra a
cuestionar la legitimidad de las autoridades imperiales, desadaptadas frente a las
vivencias y lógicas locales. Este ambiente de corrupción, venalidad, frustración de las
leyes establecidas y cuestionamiento del orden tradicional, hace evidente el desencuentro
entre la normatividad y la realidad. Semejante desencuentro es, a la larga, insostenible,
a menos de que haya un acuerdo tácito, logrado por el interés mutuo, como parece haber
sido el caso para las dos colonias que hemos estudiado y que comparten una serie de
factores en cuanto al fenómeno del contrabando.
Efectivamente,
la tolerancia de las autoridades frente a este fenómeno ilícito tiene múltiples
explicaciones y el pragmatismo es la política que prevalece, inclusive si no se pueden
negar ciertos intentos de crear instituciones supuestamente más adaptadas para enfrentar
el contrabando. Son estas características las que explican su persistencia a través de
los siglos durante el periodo colonial. Varios motivos explican la indulgencia de las
autoridades, en particular el estado regular de los intercambios legales y del tesoro
imperial, las estrategias políticas de control territorial o las lógicas sociales y
culturales
.
En el caso de la Nueva
Francia, se conservan las apariencias del mercantilismo en un régimen de ficción legal
que convierte el contrabando en un fenómeno estructural durante todo el régimen
francés. En la Nueva Granada, el contrabando puede igualmente ser considerado como
estructural en la medida en que está totalmente ligado a las reglas de juego
establecidas: mientras se mantienen las características descritas, no puede desaparecer
el contrabando. En últimas, el comercio ilícito es consubstancial al contexto político,
económico, social y cultural de las dos colonias estudiadas, que a diferencia de otras y
a pesar de pertenecer a imperios distintos, comparten muchas similitudes en cuanto al
fenómeno descrito.
Entre las similitudes
que son igualmente compartidas por otras colonias, principalmente españolas, encontramos
los cuatro primeros puntos trabajados en este artículo, con aspectos particularmente
cercanos, relacionados por ejemplo con la dinámica que anima a los comerciantes. Lo
interesante es notar que no sólo el mundo colonial hispánico presenta estos rasgos, sino
que son compartidos por otras metrópolis porque son típicos de la ilegalidad y
particularmente del contexto mercantilista e imperial. La dimensión específicamente
compartida por la Nueva Francia y la Nueva Granada es aquella que tiene que ver con la
presencia indígena en los territorios conquistados: si bien el manejo que cada autoridad
le da al tema es distinto, es evidente el peso que tiene esta realidad sobre la existencia
del contrabando en ambas partes.
Lo que pone fin
al contrabando en la Nueva Francia es la desaparición de la misma en 1760, cuando esos
territorios pasan a hacer parte del imperio inglés y quedan, en adelante, integrados en
un solo mercado. El contrabando reaparece de forma muy coyuntural cuando el gobierno
canadiense aumenta los impuestos sobre los cigarrillos. Al contrario, con el fin del
dominio español en la Nueva Granada, la independencia y la instalación de un sistema
republicano, el contrabando no desaparece del territorio colombiano, lo que confirma que
sus motores no están determinados únicamente por las características del periodo
colonial, a pesar de su alta propensión a la ilegalidad comercial
.
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