EDICION 165
SEPTIEMBRE DE 2003

EL TRATADO URRUTIA-THOMSON
DIFICULTADES DE POLITICA INTERNA Y EXTERIOR RETRASARON SIETE AÑOS SU RATIFICACION
Por: TERESA MORALES DE GOMEZ

Tomado de: Revista Credencial Historia.
(Bogotá - Colombia). Edición 165
SEPTIEMBRE de 2003

En 1909 se estudiaron dos proyectos de tratado para arreglar las relaciones entre los tres países (tratados Cortés-Root y Cortés­Arosemena) pero fueron rechazados por los colombianos.  

En marzo de 1913, Wilson acreditó en Colombia a Thadeus A. Thomson, quién mandó una nota en la que decía que el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos deseaban que todo lo que hubiera alterado la amistad entre los dos países se borrara y olvidara.

Pero, atención: la frase del sincere regret había desaparecido.

En cambio:

1. Aceptaban lo atinente a una reparación moral.
2. Pagarían 25 millones de dólares, pero no darían anualidades posteriores.
3. Admitirían la ley granadina de 1855 como base de la frontera panameña.
4. Concederían el paso libre y franco para la marina de guerra colombiana, no así para la mercante, que se equipararía a la de las demás naciones.

El presidente Carlos E. Restrepo convocó al Congreso para que se discutiera una ley que, por necesaria, no era menos dolorosa. El Tratado fue ley de la República el 9 de julio de 1914: había nacido el tratado Urrutia-Thomson, pero aún tenía que ser discutido por el Senado norteamericano. Si era ratificado, volvería a Colombia; pero no lo fue; en cambio fue modificado. Y la discusión de esas modificaciones trastornó el asunto hasta 1921.

En 1918 se había logrado un entendimiento con los senadores republicanos, así que el Departamento de Estado decidió enviar a Colombia al ministro Hoffman Philip, quien traería en su valija las modificaciones que los Estados Unidos pretendían hacer al tratado. Las modificaciones eran doce. En ellas el principal escollo era la supresión del Artículo I, el del sincere regret y la aclaración del Artículo IV, que regulaba el paso por el canal de las tropas, buques y pertrechos de guerra colombianos. Respecto de la primera, el gobierno colombiano, consciente de que esto implicaba una acusación al partido republicano, justificó su aceptación diciendo que había frases y hechos que suplían con creces el término rechazado. En cuanto al Artículo IV , después de muchas discusiones, Colombia aceptó que esta cláusula se refería a la exención de impuestos que la cláusula primitiva estipulaba a favor de las tropas, buques y pertrechos de guerra en caso de conflicto entre Colombia y otra nación, y no a suprimir o restringir sus derechos.

Por fin, en las sesiones del verano de 1919, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos dio un informe favorable a la ratificación y publicó un folleto con texto y todo. Ya en ese momento Roosevelt había muerto; sus amigos, los senadores republicanos, eran libres para opinar.

El 3 de febrero de 1919, es decir un mes antes de la clausura del Congreso norteamericano, El Espectador de Bogotá publicó un mapa del país, levantado por la Caryb Sindicated Limited, una compañía petrolera. En él se mostraban los más ricos yacimientos de petróleo, se analizaba el hecho de que los petroleros hubieran podido controlar más de 341.000 hectáreas y adquirirlas sin que nadie protestara. El periódico señalaba que se habían apoderado del 90 % de la riqueza petrolera.

El escándalo fue mayúsculo. Todos los gremios protestaron y se urgió al gobierno para que tomara medidas que impidieran este nuevo depojo. Cuatro meses más tarde el ejecutivo expidió el decreto 1255 bis que reglamentaba la explotación de hidrocarburos y que causó una conmoción internacional. Se decía erróneamente que el gobierno había nacionalizado el subsuelo y por ende los petróleos. Falso. Ellos ya estaban nacionalizados. Pero era la manera de crear un escándalo y eliminar la legitima intervención del Estado.

Inmediatamente se dio la voz de alarma entre los petroleros norteamericanos que, ni cortos ni perezosos, escribieron a la Comisión de Relaciones del Senado norteamericano. El senador Cabot Lodge, que odiaba a Colombia, dijo el 7 de agosto de 1919: "Pido al Senado que devuelva el tratado con Colombia al Comité de Relaciones Exteriores por haberse dictado un decreto semejante al de México, el cual entraña, si se hace efectivo, la confiscación de las propiedades privadas del petróleo".

En noviembre, el doctor Eduardo Rodríguez Piñeres demandó el decreto por encontrarlo inconstitucional. Al llevarse a cabo la votación en la Corte se produjo un empate, pues había cuatro magistrados que sostenían la propiedad privada del subsuelo y cuatro la tesis contraria. El doctor Gonzalo Pérez vacilaba entre ambas. La Corte, mediante Acuerdo del 21 de noviembre decidió la cuestión afirmando que compete al Congreso resolver las cuestiones relativas a minas y petróleos por medio de leyes, y que no es posible para el ejecutivo regularlas por medio de decretos. Esta sentencia fue comunicada al ministro Philip el 22 de noviembre, con el encargo de que la hiciiera llegar al Departamento de Estado para asegurarles que Colombia respetaba los derechos de ciudadanos extranjeros adquiridos con justa causa. Pero habría aún otro grave problema.

La crisis de 1920-1921, que afectó a todo el mundo, en Colombia tuvo caracteres dramáticos: además de la disminución de las importaciones, el alza del dólar y la caída de los precios del café, se había encendido una tremenda crisis política por la cercanía de las elecciones presidenciales y la división del partido de gobierno. No se pagaba a los empleados públicos, al ejército, ni a la polícía. Tampoco a los jueces o a los maestros. No se podían sostener las cárceles ni los lazaretos. El gobierno no podía pagar sus deudas, ni afrontar el manejo de los recientes problemas sindicales. Y en medio de esta hecatombe, los colombianos antitratadistas se oponían a la llegada de los 25 millones de la indemnización.

¿Por qué razón? Porque los 25 millones no vendrían solos y sin consecuencias. Su llegada traería el despegue económico del país, que podría ordenar sus finanzas, emprender obras públicas de mucha urgencia e impulsar comunicaciones e industrias. Por lo tanto, el gobierno que los recibiera podría sacar al país de la ineficiencia y el atraso. Por razones políticas, el Congreso negaba sistemáticamente cualquier medida que se propusiera para aliviar la situación, pues la oposición quería precipitar una crisis política que llevara las cosas a tal extremo que el gobierno se desplomara. El encargado de negocios norteamericano escribió a su país: "Una vez que el tratado sea aceptado por una administración conservadora, le dará tanto prestigio que inutilizará cualquier esfuerzo liberal para obtener la mayoría".

Se formó una coalición de los liberales y una fracción de los conservadores para tumbar al gobierno. Los liberales, para acceder al poder, y los conservadores, para cerrarle el camino a Ospina. Se diseñaron varias estrategias para lograr sus propósitos: la primera era acusar a algunos ministros; estas acusaciones estaban destinadas a desacreditar al gobierno, precipitar la renuncia del gabinete y lograr el retiro del presidente. Pero hacía falta algo más efectivo. La coalición pensó en dos nuevas acciones: una consistía en acusar al presidente de indignidad: se le haría un debate y se le obligaría a renunciar. La segunda, de la autoría de un grupo de parlamentarios liberales protratadistas, consistía en proponer al presidente un convenio por el cual accedería a retirarse del poder a cambio de ciertas condiciones que se decidirían conjuntamente. Como coexistían distintos pareceres sobre el tratado, la política y las candidaturas, había un cruce de intereses verdaderamente enmarañado: todos eran adversarios.

El 26 de octubre el representante Laureano Gómez acusó al presidente Marco Fidel Suárez de vender sus sueldos y pedir dinero prestado. Inmediatamente se nombró la comisión que habría de acusarlo. Al otro día Suárez subió al estrado para defenderse diciendo que no creía que hubiera actuado de una manera incorrecta. Bajó del estrado en medio de la rechifla de las barras que gritaban: "¡No se vaya, oiga a Laureano!" Años después, en 1925, Gómez dijo en una sesión de la Cámara que "el día que se vió entrar a este recinto al presidente inculpado todos sus amigos esperaban que viniera a hundirme, a anonadarme, a traer la prueba palmaria de que los hechos era falsos y mis acusaciones temerarias. Pero dicho señor vino a confesar uno por uno, a reconocer que eran ciertos hasta en sus más mínimos detalles los actos que yo había puesto en conocimiento de la Cámara". Pero después dijo algo muy importante: "El señor Suárez, quien, si yo hubiera propuesto (como lo pensaba aquella noche) la sesión permanente, habría salido al día siguiente de la Presidencia y no habría sido presidente el general Holguín, sino el general Berrío. Pero, ironías de la política…"

Suárez había comprendido que su presencia en el poder constituía un obstáculo para la aprobación de las modifiaciones al tratado, y al estar convencido de la necesidad de reanudar las relaciones con los Estados Unidos, prefirió abandonar la Presidencia. Pero como la acusación y el retiro están muy cercanos en el tiempo, quedó la impresión de que la acusación fue la causa y el retiro el efecto. Noción falsa, que el representante Gómez no rectificó. Siete días después, Suárez recibió la visita de los personajes que habían diseñado la segunda estrategia y que traía consigo la solución al problema del tratado. Se proponía que el presidente se retirara del poder (no que renunciara) a cambio de ciertas condiciones que debían ser aceptadas por los coalicionistas:

1. Se hará elección de designados para ejercer el poder ejecutivo y ella recaerá en personas que se señalarán de cuerdo con la opinión del presidente.
2. El gobierno decretará una prórroga del Congreso para que se ocupe de los asuntos que él recomiende.
3. Una vez hecha la elección de designados, no habrá inconveniente para que el actual jefe del poder ejecutivo se separe dejando encargado al designado.
4. La Cámara pondrá todo su empeño para que el proyecto de ley sobre el tratado con los Estados Unidos sea considerado y resuelto definitivamente en las actuales sesiones, en el menor tiempo posible.

Se nombró primer designado al general Jorge Holguín, quien después de muchas discusiones con los coalicionistas les informó que daría tres ministerios a los ospinistas, dos a los antiospinistas y tres a los liberales. Pero la coalición no logró ponerse de acuerdo, el tiempo pasaba, el general Holguín perdió la paciencia y nombró un gabinete a su gusto. Al llegar el general Herrera a Bogotá, Holguín logró que levantara la prohibición a los liberales de participar en el gobierno y se pudo nombrar a Enrique Olaya Herrera como canciller con el encargo específico de defender el tratado.

Las discusiones en el Senado norteamericano se iniciaron el 11 de abril de 1921. Con la lectura de los discursos se puede apreciar la mudanza de criterio de varios senadores. Lodge, enemigo acérrimo del tratado en 1917, ahora no lo era tanto. Antes le preocupaba la cláusula del Sincere regret, pero como ya la había hecho desaparecer, ahora podía pensar en otra cosa.En petróleo, por ejemplo. Ciertos senadores se quejaban del desembolso y decían que era una forma de declararse culpables. Otros decían que votaban porque había alusiones a ciertas futuras ventajas. Los demás allá creían que se debía mejorar su imagen o que hacía falta proteger el canal. Por fin, el 29 de abril, el secretario de Estado Charles Hughes pudo enviar una copia de la resolución por la cual el Senado daba su Advise and consent a la ratificación del Tratado Urrutia­Thomson.

En Colombia, los debates contra el gobierno se iniciaron en la Cámara simultaneamente con las discusiones sobre el tratado; pero ahora frente a su defensa estaba Enrique Olaya Herrera, que era un gran parlamentario. El problema capital consistía en la acusación de que había un pacto secreto con los Estados Unidos por medio del cual Colombia se comprometía a hacer nuevas y valiosas concesiones que atentaban contra la integridad de la República. Si los antitratadistas lograban presentar una prueba real de la existencia de tal convenio, podrían derrotar o aplazar indefinidamente la aprobación del tratado; pero tales pruebas nunca pudieron ser exhibidas. Así que el 22 de diciembre de 1921 la Cámara de Representantes aprobó el tratado con sus modificaciones.

Casi veinte años habían pasado desde el día del despojo de Panamá. El tratado del 6 de abril de 1914 había ido y venido. Sus palabras se habían analizado y examinado con extrema atención. Había sido enarbolado como bandera de la política local y como estandarte de una nación cuya dignidad había sido atropellada. Se había usado como arma y como escudo. Y no siempre por las manos más puras. Pero se intuye que después de tantos tropiezos y accidentes, su más fervoroso partidario, Marco Fidel Suárez, autor de sus primeros artículos y que había batallado tanto para llevarlo a buen término, descansaba tranquilo al ver que sus esfuerzos no habían sido en vano.