EDICIÓN 33 - SEPTIEMBRE 1992

Las fuentes oficiales hablan de 450 a 500 mil indígenas en Colombia, pertenecientes a cerca de 81 etnias diferentes, con 64 distintas lenguas habladas, pertenecientes a 14 familias lingüísticas. El grupo más numeroso son los paeces, cerca de cien mil, que habitan en el suroccidente del país, en los dos flancos de la cordillera Central, en el departamento del Cauca, donde la mayoría de la población cultiva en las tierras reconocidas legalmente como resguardos indígenas. Precisamente en el Cauca, entre paeces, guambianos y yanaconas, surgió en 1972 la primera organización reivindicativa indígena contemporánea, el Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRIC). Tierra y Cultura, fue su lema.

Siguen en número los guajiros o wayú, sociedad de pastores trashumantes con unos 73 mil individuos que ocupan, cada vez con menor movilidad, las tierras semidesérticas de la península de la Guajira. A diferencia de los paeces, cuyo sistema de parentesco se orienta por la rama del padre, los wayú son una sociedad matrilineal, que define el sistema de descendencia, herencia, propiedad y residencia. Otros grupos demográficamente importantes son los emberaes, habitantes de las selvas húmedas del occidente del país y de algunas áreas aledañas de cordillera; cultivan de manera itinerante las vegas de los ríos, por grupos de parientes, reconocidos tanto por línea materna como paterna.

Los paeces, los wayú, los emberaes y los indígenas nariñenses representan el 56% de la población indígena colombiana, mientras el resto se divide en 77 grupos distintos. Con menor número de habitantes pero con gran variedad de grupos étnicos se encuentran los pobladores de la Amazonía, que si bien comparten entre sí numerosos aspectos culturales, se diferencian en la lengua y por su relación con la sociedad nacional. Los indígenas amazónicos se estiman en 50 mil habitantes, con cerca de 50 grupos étnicos y diez familias lingüísticas. La gran variedad lingüística que concentra la zona es sin duda excepcional.

Otros grupos menos densos en población, pero igualmente complejos en cuanto a formas culturales y adaptación ambiental, habitan rincones diversos del territorio colombiano, desde la Sierra Nevada de Santa Marta, con los kogui, los arhuacos o ika y los arsarios, hasta los cunas, en la frontera con Panamá, o los baríes en la de Venezuela. Algo más del 50% de la población indígena habita en la región andina, la costa caribe y los valles interandinos, y un 25% reside en zonas selváticas.

La población indígena representa el 1.5% del total nacional y es culturalmente diversificada y relativamente dispersa en diferentes ámbitos geográficos. Esta variedad existió ya en el momento de la conquista española, y los cientos de años de contacto e imposición de hábitos y comportamientos la han modificado, pero no borrado. Cada grupo es, en la actualidad, un grupo contemporáneo, con relaciones profundas, a menudo conflictivas, con la sociedad nacional.

Durante los ciento ochenta años de vida republicana, las políticas del Estado hacia las poblaciones indígenas han tenido diferentes expresiones, tanto en su orientación general como en sus prácticas. Pueden precisarse tres grandes períodos en la política oficial indigenista: uno, fugaz, producto de las guerras de independencia, en el cual se reconocieron formalmente ciertos derechos indios; le siguió un largo lapso, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, caracterizado por una agresiva política contra las tierras comunales indígenas, principalmente las de la región andina; y un tercer período, que se inicia en los años sesenta, en que surgen movimientos campesinos a los que se unen movimientos indígenas.

Durante este último período, la modernización del Estado colombiano y el ordenamiento económico y administrativo plantearon una situación paradójica para los pueblos indígenas. Por una parte, un nuevo tipo de ideología fue ganando espacio entre los gobernantes. Desde esta ideología se combatía el atraso económico y social de las zonas rurales del país y se identificaba a las capas dominantes, los terratenientes, como causantes de una situación de pobreza, carencia de tierras y sometimiento. Los terratenientes y las relaciones de servidumbre perdieron terreno político. La política agraria desde 1961 se dirigió a crear nuevas condiciones en el campo, a través de una ley de reforma agraria y de un nuevo instituto, el Incora, para ponerla en marcha. A pesar de la precariedad de la política agraria para reestructurar la propiedad territorial y modificar su concentración, la ideología de la modernización cobró fuerza y con ella se hizo posible que en algunos sectores oficiales se abrieran reivindicaciones indígenas sobre legalización territorial.

Durante los años setenta y con base en la ley 135 de 1961 (ley de Reforma Agraria), se inició el reconocimiento legal de tierras a grupos indígenas, cada día más activos en sus reclamos. Hasta 1961 sobrevivían del antiguo régimen colonial de tierras, en forma de resguardos de indios, 81 resguardos, sobre un área de 400 mil hectáreas y una población estimada de 157 mil personas. Casi todas ellas se situaban en el suroccidente andino. Luego, principalmente en la década del 70, los reiterados reclamos de tierra de poblaciones indígenas y los conflictos tanto en las áreas periféricas sujetas a un proceso de colonización como en las mismas zonas andinas, llamaron la atención sobre la necesidad de dotación y legalización de tierras a indígenas.

En desarrollo de la ley de Reforma Agraria, se adoptó como forma de asignación de nuevas tierras a indígenas en zonas marginales, especialmente en la llanura amazónica, la figura jurídica de las reservas. Parecía una medida intermedia entre el resguardo como propiedad de un grupo social y la carencia de reconocimiento legal. Bajo esta figura se crearon 158 unidades territoriales entre 1965 y 1986, sobre un área de 12 millones y medio de hectáreas, para 128 mil personas. Pese a la magnitud de los terrenos reconocidos como reservas indígenas, casi su totalidad se encuentra fuera de la frontera agrícola, en su mayoría en la región amazónica, y provienen jurídicamente del régimen de baldíos a cargo de la Nación.

En el Cauca, por ejemplo, con una gran concentración de la propiedad territorial y la presencia de poderosos propietarios, la dotación de tierras no tuvo el mismo éxito. Si bien los indígenas obtuvieron importantes avances, especialmente al final de la década del 70, la tierra en buena parte se obtuvo a través de acciones colectivas de recuperación. No tardó en generarse una tensión social que adoptó expresiones violentas y cobró numerosas víctimas entre dirigentes indígenas, especialmente entre 1975 y 1985. Para mencionar sólo un caso, entre el medio centenar registrado, en 1984 fue asesinado por pistoleros el sacerdote católico Alvaro Ulcué, activista del movimiento indígena y uno de los pocos sacerdotes indios. Por su parte, algunos indígenas optaron por formar su propio grupo armado, con el nombre del antiguo dirigente caucano Quintín Lame. Así, la dotación jurídica de tierras sólo es parcialmente efectiva en zonas periféricas, pues en las regiones de mayor población indígena es aún escasa.

Desde 1980 hasta hoy se puede observar una consolidación progresiva, dentro de la política estatal indigenista, de una ideología de aceptación de derechos especiales para los pueblos indígenas, en particular en materia de dotación de tierras, educación y programas de atención en salud. Esta orientación general, sin embargo, tiene distintos tipos de énfasis y formas de realización en las instituciones oficiales mismas. Dentro de los reconocimientos territoriales de los últimos cinco años, algunos se presentaron como un medio de proteger la Amazonía, pero podemos mencionar al menos dos grandes problemas: la negación de la plena capacidad de decisión indígena sobre estos territorios y la carencia de soluciones para la colonización de campesinos sin tierra.

En la actualidad, algunos pueblos indígenas se encuentran en situación de pauperización. Otros soportan los efectos de la tensión y violencia generada por la presencia de grupos armados cerca o dentro de sus territorios. De todas formas, se ha avanzado en el reconocimiento de derechos particulares. Este reconocimiento se caracteriza (frente a otros históricamente ya sancionados como la legalización colonial) por la aceptación de la existencia de formas específicas socio-culturales, si bien se supone su articulación y sumisión a un conjunto nacional.

Frente a la contradicción sustancial entre dinámica cultural indígena y no indígena es aún poco lo que las políticas oficiales indigenistas han logrado. Sin embargo, lo importante ha sido ganar terreno en dos elementos políticos fundamentales: por una parte, en legitimar la posibilidad de la existencia de la diversidad cultural dentro del Estado nacional y, por otra, el reconocimiento, si bien aún demasiado general, de territorios indígenas.

Con base en esos dos elementos políticos, en las recientes discusiones de reforma de la Constitución, los mismos indígenas y un grupo de expertos en el tema lograron el reconocimiento de la Nación colombiana como pluricultural y multiétnica, y la adopción de normas que consagran derechos particulares de los indígenas. Como hito histórico. Lorenzo Muelas Hurtado y Francisco Rojas Birry obtuvieron dos escaños entre los setenta reformadores de la Constitución, en una votación popular nacional en la que no tuvieron ningún tipo de prerrogativa. Posteriormente llegaron al parlamento los senadores Anatolio Quirá Guauña y Gabriel Muyuy Jacanamejoy y el representante José Narciso Jamioy Muchavisoy. Esto, sin embargo, es apenas un paso en un largo camino; algunas normas sobre circunscripción política y administrativa, territorialidades y enseñanza bilingüe quedaron en la nueva Constitución sujetas a volverse realidad mediante leyes particulares, todavía sin concretarse.