El siglo XX constituyó uno de los más dinámicos en los procesos de modernización en el continente latinoamericano en lo referente al campo de la formación superior, lapso en el cual se presentaron algunas tendencias comunes en el proceso de estructuración de un sistema de educación superior tales como la expansión, la diversificación y la fragmentación como características predominantes a lo largo del siglo.

En Colombia, las reformas llevadas a cabo durante la primera mitad del siglo XX tuvieron como objetivo la modernización de la educación y la consolidación de un sistema educativo en consonancia con un proyecto político que procuraba el fortalecimiento del Estado nación. Para comienzos del siglo existían en el país ocho universidades a saber: el Colegio Mayor del Rosario -–institución privada y de carácter tomista fundada durante la colonia--, la Universidad Nacional -–entidad pública fundada en 1867–-, al igual que otras tres universidades oficiales de índole regional creadas a principios del siglo XIX: la Universidad de Antioquia, la Universidad del Cauca y la Universidad de Cartagena. Como instituciones privadas, existían además tres de carácter liberal: el Externado Nacional de Derecho, creado en 1886, clausurado en 1895 y reabierto en 1918, la Universidad Republicana (1895) y la Universidad Libre (1913).

Durante el período de los gobiernos liberales (1930-1946) las políticas de principios de siglo lograron mayor cristalización en cuanto al propósito de llevar a cabo una reforma educativa de carácter nacional. Teniendo como base un modelo que daba prioridad al concepto de universidad estatal y de carácter laico, la ley 68 de 1935 reformó la Universidad Nacional y dejó claro el espíritu que alimentó la reforma y los derroteros que tomó la educación superior durante la primera mitad del siglo. Esta ley unificó las diferentes unidades académicas que funcionaban de manera aislada desde finales del XIX y dispuso la creación de una Ciudad Universitaria, teniendo como perspectiva la formación de una elite intelectual con criterios modernos. Se llevó a cabo una estructuración por facultades y escuelas con criterios disciplinares, al tiempo que se crearon institutos anexos de investigación, se renovaron los contenidos académicos de acuerdo a los saberes modernos de la época y se sentaron las bases para la regulación del estatuto del profesor universitario. La importancia de la Universidad Nacional fue significativa: en el año de 1946 llegó a tener 3.673 estudiantes, cifra equivalente al 50 % de los estudiantes universitarios en el país.

El fortalecimiento de la Universidad Nacional y su orientación liberal, condujo a la reapertura en Bogotá, en 1931, de la Pontificia Universidad Javeriana –cerrada en 1767 por la expulsión de los jesuitas- y a la creación en 1936 de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, con apoyo del clero diocesano. Como universidades independientes y de carácter laico continuaron funcionando en Bogotá el Externado de Derecho y la Universidad Libre. Hacia finales de los años cuarenta surgieron universidades públicas en distintas zonas del país, tales como la Universidad del Atlántico, la Universidad de Caldas y la Universidad del Valle.

Simultáneamente, se inició un proceso de diversificación y reglamentación de las profesiones, al tiempo que fueron creadas otras, como odontología, farmacia, veterinaria, psicología, arquitectura, estadística y ciencias económicas. A pesar del nacimiento de nuevas carreras, de los 5.113 estudiantes universitarios matriculados en 1943, el 80 % se inclinaba hacia las carreras clásicas como medicina, derecho e ingeniería. En el año de 1948 fue creada la Universidad de los Andes, institución privada dirigida a la formación de elites con una orientación laica y tecnocrática, constituyéndose como un referente importante en este ámbito.

A partir de la segunda mitad del siglo XX se presentaron transformaciones estructurales de diverso orden; el acentuamiento de los procesos de modernización económica, social y política, así como una creciente urbanización, condujeron a una mayor demanda educativa y a la necesidad de replantear la formación superior de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología. En 1968 se creó el Icfes con el objetivo de ejercer la vigilancia y control sobre este nivel educativo. En este período, unas de las características del sector fue el crecimiento anárquico y el lento desplazamiento de las instituciones oficiales hacia las privadas, así como nuevos procesos de diversificación profesional y de estratificación social que se acentuaron mucho más a partir de la década de 1970. Las décadas del 60 y 70 significaron el fortalecimiento de las disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y humanas incluyendo la educación, lo que permitió la consolidación de grupos de intelectuales que proporcionaron nuevos enfoques para el análisis de lo social, hecho que estuvo acompañado de la expansión de la participación femenina en el sector. En estas décadas el movimiento estudiantil presenta su mayor auge luchando contra el modelo de universidad que se impone en el período con base en las teorías del capital humano desde un enfoque tecnocrático y empresarial.

Para el año 2000, las políticas estatales redefinieron los niveles de educación superior delimitando en el pregrado la existencia de la formación técnica profesional, la formación tecnológica y la universitaria, y en el posgrado la formación según niveles de profundización denominados especialización, maestría y doctorado. Esta educación se impartía en un total de 291 establecimientos, 32.6 % públicos y 67.4 % privados. Por su parte, la expansión de la matrícula creció entre 1981 y 2000 en un 281.5 %, registrando en este último año un total de 491.793 estudiantes.

Las últimas décadas del siglo XX marcaron la crisis del sector debido a las transformaciones económicas y los cambios en la esfera laboral, los desarrollos científicos y los avances tecnológicos en el campo de la información y las comunicaciones. Al tiempo que se cuestionó la calidad de la educación impartida en las instituciones de educación superior, se detectó la escasa uniformidad en el tipo de establecimientos existentes, fruto del crecimiento anárquico de las décadas anteriores, aspectos que empezaron a ser reglamentados por el Ministerio de Educación Nacional. Estas modificaciones estuvieron favorecidas por el contexto de la Constitución de 1991 y presionadas por la apertura económica y la hegemonía de los modelos neoliberales. Como parte de este proceso se puso en marcha un sistema de acreditación académica de las instituciones ante las instancias gubernamentales y ante la opinión pública, para lo cual se creó la Comisión Nacional de Acreditación. Igualmente, se inició la regulación y control de los establecimientos, llegándose al cierre de los que no llenen los requisitos establecidos por las políticas públicas.

Si bien no se puede negar la bondad de buena parte de estas políticas, al mismo tiempo es preciso señalar que ellas se apoyan sobre un terreno frágil debido a la acentuación de las políticas neoliberales, lo cual ha influido de manera negativa en el recorte presupuestal de la universidad pública y en el cuestionamiento del proyecto social y político que la valoraba como un espacio que permitía el acceso a la educación a todos los sectores de la sociedad, al tiempo que defendía su autonomía frente a credos políticos, religiosos y a intereses particulares, concibiéndola en este sentido como la conciencia crítica de la sociedad.