UNA DE LAS actividades que más han despertado pasiones a través del período republicano son los juegos de azar. Para comprender el indiscutible arraigo de esta práctica en la vida cotidiana, se hace indispensable remontarnos a los detalles de su desarrollo histórico en donde se puede develar todo un trasfondo social, económico y moral.
Desde el momento mismo en que arribaron a tierras americanas, los españoles traían consigo una inocultable inclinación por estos juegos. Personas provenientes de los más diversos sectores sociales y étnicos asimilaron y difundieron de una manera extraordinaria estas destrezas en el nuevo territorio. En campos y ciudades, en la intimidad de las casas o en mesas autorizadas de juego, en tiendas y chicherías, se dio rienda suelta a esta afición que se hacía más notoria en los concurridos días de mercado o en el marco de las celebraciones religiosas y en las fiestas en honor al poder monárquico.
El desborde y proliferación de estas diversiones y el hecho de estar asociadas a la vagancia, la ruina económica y el desorden, fueron factores que obligaron a los gobernantes a establecer rigurosos correctivos que iban desde rondas nocturnas hasta topes en las apuestas. Los castigos incluían multas, cárcel, trabajos forzados e incluso el destierro. Los dados eran prohibidos en tanto que los naipes eran objeto de ciertas restricciones aunque no por eso ambos elementos dejaron de ser preferidos por la facilidad para portarlos personalmente.
En los archivos coloniales se puede rastrear un sinnúmero de expedientes alusivos a las medidas disciplinarias. Comerciantes, labradores, mineros, artesanos, esclavos, ociosos y otras gentes del común, conformaban la extensa lista de habituales apasionados a estos entretenimientos. Pero resulta verdaderamente curioso observar cómo algunos funcionarios, militares y hasta religiosos flaquearon también ante el atractivo del placer lúdico, pese a los estrictos controles que regían las investiduras y fueros de sus oficios.

La afición entre militares y religiosos

Históricamente, la institucionalidad eclesiástica y la militar se han caracterizado por la disciplina y la estructura jerárquica. Por principio, sus miembros debían dar muestras de aplicado comportamiento y solvencia moral. En cierto sentido, eran un referente de buen ejemplo para la sociedad. Por eso, era motivo de escándalo y marcada censura cuando algunos de ellos incurrían en juegos de suerte proscritos debiendo por esa circunstancia someterse no solo a las sanciones estipuladas por el gobierno virreinal sino también a las contempladas al interior de sus respectivos estamentos.

Como bien se sabe, la Iglesia ejerció una acentuada influencia en la sociedad colonial. Sus máximas jerarquías debieron fijar rigurosos controles a estas inclinaciones profanas con la implementación de penas materiales y hasta castigos divinos. El primer sínodo de Santa Fe convocado en 1556 bajo el arzobispado de fray Juan de los Barrios, instó al estamento clerical a no practicar en público o en secreto juegos de dados y naipes. A futuro, no podrían propiciar estas actividades en sus casas ni prestar dinero para tal efecto, o de lo contrario, debían restituir el monto apostado so pena de seis pesos por la primera vez y doce por la segunda. Por último, se les extendió un vehemente llamado para que abandonaran esas banales diversiones, y en cambio, buscaran una mejor alternativa de gastar sus rentas y emplear su tiempo en “obras virtuosas y buenos ejercicios”1 .

En la constitución sinodal expedida medio siglo después por el prelado Bartolomé Lobo Guerrero nuevamente se les advirtió a los clérigos del impedimento que tenían para dedicarse a los dados aún cuando fuere por mero goce, y si participaban de otro juego, la apuesta no podría superar los dos pesos. A los que fueran sorprendidos jugando en pulperías o tiendas abiertas estarían sujetos a pena de excomunión mayor2.
En Popayán también se delató el desorden entre los eclesiásticos y las constantes indecencias en que se veían inmiscuidos, señalándose incluso algunos “vencidos por el vicio”. Al parecer, aquí las medidas disciplinarias no habían surtido efecto. Estas circunstancias persuadieron al obispo provincial a recalcar a los integrantes de su institución las restricciones de permanecer en sitios públicos entretenidos en juegos ilícitos so pena de prisión por cuatro días y dos libras de cera para el Santísimo Sacramento3.

En la segunda década del siglo XVIII don Nicolás de Vergara y Azcárate, provisor del arzobispado de Santa Fe, halló que algunos ministros de la iglesia catedral no concurrían con puntualidad al desempeño de sus devotos quehaceres por andar disipados en los juegos de truco. Ante esto, amonestó a los truqueros para que no volvieran a admitir personas de esas dignidades en sus mesas so pena de hacerse acreedores a una multa de doce pesos4.

Los controles pretendían abarcar todos los rincones en los que se desenvolvían rutinariamente los miembros de la clerecía. Dentro de las instrucciones dictadas en 1731 por el obispo de Cartagena, se impuso la mácula de la excomunión a quienes acomodaran las sacristías como escenarios para naipes u otros envites. Dos décadas más tarde y a varias millas de allí, el cabildo de la villa de Honda hizo público su inconformismo por el controvertible comportamiento del párroco Agustín Escobar de vagar por otros curatos “…solo destinado en el juego que es su mala propensión”5.

En unas pesquisas llevadas a cabo en Santa Fe, fueron señalados los eclesiásticos Jaime Navarro y Juan de San Martín de andar sumidos en los dados y naipes llegando a embolsarse este último la abultada suma de más de 4.000 pesos. Al ordenarse la reclusión y multas respectivas, solo pudieron ubicar a Navarro puesto que San Martín optó hábilmente por extraer de su casa los bienes de valor para después refugiarse en el convento de Santo Domingo de donde se evadió sin que se supiera su paradero6.

Integrantes de la institución militar también se vieron entrometidos en líos. En la villa de Mompós el alcalde sorprendió en 1782 a más de seis personas en juegos ilegales. Dentro de los detenidos estaban Pedro Cárdenas y Gabino Viloria, dos milicianos a quienes de inmediato se les aplicó los rigores de la Pragmática Real de 1771 a lo que se interpusieron las intenciones del Comandante de Armas de querer también juzgarlos pero a través de los mecanismos previstos por la corte militar7.
En una de sus habituales rondas, el sargento mayor de la plaza de Cartagena pasó en la noche del 2 de octubre del año 1817 por un billar y halló entretenidos en el juego de barajas a un capitán, un teniente, tres subtenientes de marina y otro de artillería, a quienes se les decomisó veintisiete pesos de apuestas. Por su misma calidad de servidores, se les aplicó con mucha más severidad las normas y fue así como se les impuso prisiones y gravosas multas, a la vez que se notificó a sus superiores para garantizar el fiel cumplimiento de estas penas8.

Funcionarios tahúres

La actitud de los funcionarios ante este asunto fue en algunas ocasiones muy ambivalente por cuanto se batieron entre el control y la trasgresión. Así las cosas, era muy poca la autoridad moral que les quedaba para fiscalizar los abusos cuando ellos mismos se encargaban de violar la regla. Desde muy temprano, en la metrópoli se recibieron quejas que precipitaron la inmediata adopción de correctivos tendientes a conjurar la desparpajada simpatía de estos servidores por los juegos de azar. El ámbito coloquial de aquella época contribuía para delatar fácilmente a los infractores
Desde las primeras épocas se vieron enredados desde presidentes hasta los más bajos cargos a escala local. El mismo conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada fue acusado de jugar naipes públicamente en momentos en que adelantaba una misión oficial en Cartagena9.

Una cédula real promulgada en 1594 censuró categóricamente la conducta de los oidores que, debiendo corregir excesos en los juegos, los cometían y consentían en sus propias casas. En consecuencia, se les previno para que en lo sucesivo no toleraran estas actividades so pena de ser relevados de sus oficios. A esta disposición se le sumó la del 10 de abril de 1609 que nuevamente reprobó los múltiples delitos, ofensas a Dios, muertes, pérdida de haciendas y otros excesos ligados a los juegos que tenían lugar en los domicilios de los gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y otras justicias. Así entonces, se pidió castigar “con particular ejemplo y demostración” a los patrocinadores de esas juntas ilícitas10. Lo estricto de las normas contra los funcionarios era en parte por el inminente peligro de que recurrieran a recursos del erario para saldar sus deudas personales.

Algunos integrantes de la Real Audiencia cayeron en el mismo vicio que debían erradicar. A uno de ellos, Diego de Baños Sotomayor, se le imputaba haber tenido en 1660 tablaje de juego público en su casa sacando a menudo barajas nuevas que le reportaban un beneficio superior a 2.000 pesos. A solicitud de él acudían varios tahúres que tenían pleitos pendientes con el máximo tribunal a quienes además les prestaba dinero. Muchos perdieron allí sus fondos, siendo motivo de gran escándalo11.

No era extraño ver cómo los perseguidores terminaron de perseguidos. Hacia 1627 el oidor Antonio de Obando, el mismo que años antes aparecía combatiendo los abusos relacionados con el juego, se vio enfrascado en una cuantiosa deuda de 1.348 pesos causada por sucesivas partidas de naipes durante los días de pascua y otros feriados. Esta vez el demandante era el depositario general de bienes de difuntos, a quien el mismo Obando había castigado. El apreciable caudal hacía parte de una obligación mayor de 3.408 pesos a la cual el oidor le fue abonando en dinero y en barras de oro y plata12.
En 1675 fueron el oidor Juan Larrea y el fiscal Fernando Prado los protagonistas de nuevos escándalos tras convertir sus domicilios en garitas de dados y naipes. Ambos se aferraron premeditadamente a estos juegos para “desplumar” a los litigantes que se atrevían a perder sus patrimonios con tal de salir airosos en sus pleitos. Para tal efecto, contaban con el apoyo de un afamado tahúr limeño que apostaba en nombre de los dos, imponiéndose en sucesivas partidas y esquilmando a muchos. Para mayor descaro y asombro, los magistrados se valieron de su autoridad para obligar a la Real Audiencia a pagar de preferencia las deudas contraídas.

Otro oidor, don Antonio de Pallares, acrecentó el descrédito. A fin de sanear una deuda de más de 120.000 pesos que trajo consigo al momento de posesionarse, no tardó mucho tiempo en instalar mesas de naipes en su casa aliándose con Larrea y el fiscal Prado para continuar sacando provecho de sus cargos en desmedro de la proba gestión de justicia. Se llegó a tal extremo que los tahúres con líos pendientes se refugiaban en la morada de aquellos ministros con tal de no ser aprehendidos por otros jueces imparciales. Al final, su colega Mateo Mata tuvo el coraje de denunciar estos hechos bochornosos ante el Consejo de Indias. Sin embargo, Pallares no tuvo empacho en refutar todas las imputaciones creando no poca confusión entre las altas instancias ibéricas13.

Incluso la máxima auoridad española en este territorio sucumbió también ante la tentación. Don Diego de Villalba, presidente del Nuevo Reino, fue cuestionado por haber colocado tres mesas de juego en palacio. Allí le prestaba dinero a sus contendores pero a la postre era él quien se alzaba con las ganancias. Muchos acudían voluntariamente a estos encuentros aunque unos cuantos lo hacían intimidados por el llamamiento perentorio del alto funcionario, cuya notable investidura y poder presionaba a los perdedores a deshacerse de todos sus bienes con tal de no quedarle mal en cuentas pendientes. Para estos juegos se gastaron 7.216 barajas, de las cuales obtuvo Villalba 4.536 al valor de cuatro reales cada una lesionando al estanquero quien las había adquirido en remate público y las ofrecía a ocho reales. Hasta los mismos criados del presidente las revendían a menor costo.
Le desagradaba mucho que los asiduos jugadores dejaran de visitar su casa para ir a otras de la capital. Por ello, expidió un auto en el cual erradicaba terminantemente los juegos pero su vigencia se hizo extensiva solo hasta el momento en que volvieron a colmarse de nuevo las mesas de palacio. Dentro de las personalidades que vieron socavado su peculio figuraron el oidor Diego de la Puerta quien murió en la completa inopia y el deán Juan Bernal. Villalba no fue el único implicado. También a uno de sus sucesores, Dionisio Pérez, se le acusó de mantener en su casa juego de naipes por cuyos cargos el Consejo de Indias lo sometió al pago de 500 pesos.

En los niveles inferiores de la administración fue más abrumador el número de denuncias, con el inconveniente de que las penas impuestas fueron casi siempre insignificantes además de la usual confabulación entre los mismos empleados para desconocer sus pecados.
En desarrollo de un bando impuesto en 1761 por el virrey Mesía de la Zerda, se adelantaron diligencias en la capital señalándose la casa del antioqueño Francisco Quijano en la calle del Chorro como sitio de preferencia en torno al cual se aglutinaban vecinos y funcionarios jugadores entre quienes se identificaron a un tal Victorino, ensayador de la casa de la moneda, don Juan de Chávez, segundo director de la casa de la moneda y don Joseph Groot, fiel ejecutor de la ciudad “y otras personas que por su estado se omitió sus nombres”.

Periódicamente estas jornadas llegaban hasta el amanecer en las que se renovaba el entusiasmo por los dados, la “ropilla” y el “cacho” sorteándose objetos de valor como un reloj, una joya de diamante avaluada en 150 pesos y crecidas cantidades de plata pesada. Las apuestas eran exorbitantes pues se supo que Groot derrochó no menos de 2.000 pesos y Chávez ganó 1.000. Un negro esclavo de Quijano servía de portero para impedir la entrada de “mirones” aunque al final decidieron trasladar las mesas prevenidos de la postura avizora de las autoridades.
Los implicados fueron condenados a prisión en sus casas o en cárceles cercanas para que no faltaran en sus empleos y para no perjudicar la atención al público. Asimismo, se determinó el embargo de sus bienes y parte de sus salarios aunque muchos reconocieron no tener con qué responder. Por ser reincidente, Groot fue objeto de una ejemplar penitencia al ser condenado a la fuerte suma de 600 pesos y destierro a veinte leguas por cinco años advirtiéndosele además que, si seguía obstinado en su afición, sería enviado a uno de los presidios de África14.

Cansado ya de ver cómo las innumerables cédulas emitidas para contener el vicio del juego no habían logrado la enmienda deseada, el Rey decidió en 1768 levantar cualquier prerrogativa oficial, militar o eclesiástica que se pudiera reclamar. Por ende, cualquier funcionario sin importar su rango o distinción quedaba en adelante supeditado al fuero de la justicia ordinaria y a las penas contenidas en la ley15. Con esto se pretendía alcanzar una recta administración de justicia que englobara a todos uniformemente. Pese a esto, las evidencias muestran que esta medida no logró amilanar las ansias por el juego.
Los pobladores mismos también se mostraban atentos para exigir transparencia e idoneidad en las personas responsables de regir sus destinos. Hacia 1776, un grupo vecinos objetó la reelección de Antonio Orjuela como alcalde de Coloya. La principal causa era que este mandatario local había fomentado juegos prohibidos por cuyas incidencias ya se le había investigado y multado. En consecuencia, los peticionarios propusieron una lista de postulantes que llenaban los requisitos necesarios para suplir el cargo al tiempo que exhortaron al cabildo de Tocaima examinar cuidadosamente las calidades morales de los próximos gobernantes16.

Una vez entrada la era republicana, se puede hablar de un progresivo relajamiento y de un mayor margen de tolerancia frente a este tipo de diversiones, tanto de la sociedad como de las mismas autoridades. Lo anterior obedece al hecho de que en estos tiempos más recientes se acentuó la línea que separaba al ámbito público del privado de manera que ahora funcionarios, religiosos y militares podían efectuar sus partidas dentro de la esfera de lo privado sin tantas prevenciones pero siempre y cuando no se afectara el normal ejercicio de sus funciones. Este ha sido apenas un breve recuento histórico de la propensión de nuestros antepasados por los juegos de azar, una irrefrenable pasión que aseguraría con creces su perdurabilidad con el paso de las generaciones.