EDICION 162
JUNIO DE 2003

LA REVOCATORIA DEL CONGRESO DE 1991
La Transición se salvo con un "CONGRESITO" de 36 miembros
Por: CAMILO CALDERON

Tomado de: Revista Credencial Historia.
(Bogotá - Colombia). Edición 162
JUNIO de 2003

La revocatoria del Congreso de 1991 no se originó en una decisión presidencial ni en un decreto de estado de sitio, como sí lo habían sido los cierres del Congreso en 1905 y 1949. Tuvo su causa indirecta en una papeleta electoral, y fue implementada mediante una " recomendación" política.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Ya en la tarde del 25 de agosto de 1989, a una semana del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, los estudiantes marcharon por las calles del centro de Bogotá para rechazar la violencia terrorista, con el lema "Por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa". Organizados en el movimiento Todavía podemos salvar a Colombia, estudiantes de derecho de prestigiosas universidades de la capital lograron que en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 1990 se incluyera una papeleta en que los electores pudieran responder sí o no a la convocatoria de una asamblea para reformar la Constitución Política (ver "El plebiscito de la séptima papeleta", Credencial Historia Nº 159, marzo 2003).

César Gaviria Trujillo. Óleo de Juan Antonio Roda, 1994. 113.5 x 86 cm. Casa de Nariño, Bog

Más de dos millones de votos recontados informalmente crearon un hecho de opinión que el gobierno no pudo ignorar. Así que el presidente Virgilio Barco, por decreto ley 927 del 3 de mayo de 1990, ordenó a la Registraduría contabilizar los votos que en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo se emitieran a favor de la convocatoria. En un fallo histórico, la Corte Suprema declaró exequible el decreto, y la papeleta obtuvo respuesta afirmativa de cinco de los seis millones de ciudadanos que se acercaron a las urnas. César Gaviria, 17 días después de su posesión presidencial, firmó el famoso decreto 1926 del 24 de agosto de 1990 convocando a elecciones para la Asamblea Constituyente el 9 de diciembre siguiente. El 10 de octubre la Corte Suprema anunció la exequibilidad, y fue aún más lejos, al eliminar toda restricción de los temas que podría tocar la Constituyente, salvo los tratados internacionales y el período de quienes habían sido elegidos en 1990.

De esta manera, el pueblo pudo elegir a los 70 delegados de la Asamblea, aunque con solo 3´710.567 votos y una abstención del 75 %. El liberalismo consiguió 25 miembros, 19 en M-19, 11 Salvación Nacional de Alvaro Gómez, 9 el partido Social Conservador; y los indígenas, la Unión Patriótica y los evangélicos, 2 delegados cada grupo. El presidente Gaviria le daría voz sin voto a cuatro delegados más: 2 del EPL, 1 del partido revolucionario de los trabajadores y 1 del Quintín Lame, recientemente desmovilizados.

  "Marte" (El hundimiento del Congreso).
   Collage de Gustavo Zalamea,
   "El Tiempo", junio 9 de 1991.

LA REVOCATORIA

El 5 de febrero de 1991 se instaló la Constituyente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. "Las profundas transformaciones de nuestro país —dijo Gaviria— han creado una brecha entre la realidad y las instituciones, entre el desarrollo socioeconómico y el desarrollo político, entre la sociedad civil y el Estado. La reforma debe cerrar esta brecha". Las tres fuerzas mayoritarias de la Asamblea eligieron una presidencia colegiada de tres miembros: Horario Serpa Uribe, Alvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolff, y a continuación iniciaron las sesiones en la sede del Centro de Convenciones Jiménez de Quesada, con oficinas para los asesores en el Hotel Tequendama.

Pronto se hizo evidente que uno de los temas más álgidos del debate sería el de la revocatoria del mandato de los congresistas elegidos en 1990. Se sentía una necesidad imperiosa de renovación política, se temía que el Congreso neutralizara las reformas al legislar sobre ellas y al reglamentarlas y así mismo resultaba contradictorio que a pesar del cambio constitucional, que se anunciaba fundamental, el país siguiera sujeto a un parlamento elegido antes de los cambios y de la creación de nuevas instituciones. Se temía también una actitud "revanchista" de los congresistas, cuyo nivel de aprecio en la opinión pública era cada vez más escaso. Como dijera el secretario presidencial Miguel Silva, "el planteamiento de las fuerzas no liberales era muy simple: sí se quería reformar a fondo, era fundamental revocar el mandato del Congreso y llamar a nuevas elecciones bajo el nuevo ordenamiento constitucional".

La reacción de los parlamentarios, que sólo habían ejercido un año del período para el cual habían sido elegidos, no se hizo esperar. La Junta Interparlamentaria hizo publicar grandes avisos de prensa insinuando que la disolución de la cámara equivaldría a dar un golpe de estado, y en una sesión extraordinaria convocada el 11 de abril, en época de receso, el vicepresidente del senado, Carlos Martínez Simahan, llegó a decir: "Este Congreso no lo puede disolver la mano indultada de Navarro".

Sin embargo, hubo que encontrar una fórmula para definir el tipo de documento que se iba a firmar. Como apuntó el redactor político de El Tiempo Carlos Obregón, "no se podía titular el documento como un acuerdo, porque estaba el antecedente del Acuerdo de la Casa de Nariño que tumbó el Consejo de Estado durante el gobierno Barco, al encontrar que se trataba de un acto administrativo no ajustado a la Constitución". Después de hacer malabares jurídicos, se consideró que la mejor alternativa era dejar el texto como una "recomendación". Uno de los gestores del documento le explicó al periodista: "Las recomendaciones políticas no son motivo de demanda. Por lo demás, al ser aprobado por la plenaria de la Asamblea, se convierte en norma constitucional transitoria que libra al acuerdo de cualquier demanda".

Así se llegó a la disolución del Congreso, que el ex presidente López Michelsen consideró inevitable, a pesar de que al principio él no estaba de acuerdo, preocupado por conservar las mayorías liberales, que en el Congreso clausurado representaban un 59 %, mientras que en la Asamblea apenas habían llegado al 35.7 %, sobre todo teniendo en cuenta que a las nuevas elecciones parlamentarias de octubre todos los constituyentes, es decir, los jefes políticos más visibles de cada colectividad, quedarían inhabilitados, así como todos los funcionarios públicos que no se hubiesen retirado de sus cargos con un año de anterioridad y los miembros del alto gobierno que no renunciaran antes del 14 de junio (se pensaba que el entonces ministro de Desarrollo Ernesto Samper podría encabezar una lista liberal). Tal era el precio que había que pagar por la revocatoria.

En cuanto el vacío de control político que se presentaría una vez sancionada la reforma y hasta tanto pudiera reunirse el nuevo Congreso, se acordó que la Asamblea eligiese una Comisión integrada por 18 miembros, que podrían ser o no delegatarios de la misma. Decía textualmente el documento de revocatoria: "La función de la comisión será rendir concepto previo no obligatorio sobre los decretos que el Presidente de la República vaya a dictar, en ejercicio de las precisas facultades que le confiera la Asamblea, para adoptar las disposiciones transitorias estrictamente necesarias para suplir las que no hubiere adoptado directamente la Asamblea, para la puesta en marcha de la reforma, las concernientes al régimen electoral que sean indispensables para efectuar los comicios del 6 de octubre de 1991, por no existir norma legal o constitucional pertinente, y las necesarias para la marcha de la administración pública". Con ello se dio el "puntillazo" final al Congreso.

EL CONGRESITO

La Asamblea aprobó plenariamente la "recomendación" de revocatoria y plasmó los siete primeros artículos transitorios de la Constitución, en los cuales se convocó expresamente a elecciones parlamentarias el 6 de octubre (finalmente, las elecciones se llevaron a cabo el 27 de octubre), fijó las inhabilidades para los delegatarios y los funcionarios de la rama ejecutiva, y creó la Comisión Especial, aumentando a 36 el número de sus miembros, la mitad de los cuales podrían ser designados entre los constituyentes.

Como se sabe, la nueva Constitución Política Nacional de Colombia fue proclamada solemnemente en el Salón Elíptico del Capitolio el jueves 4 de julio de 1991. El presidente Gaviria describió la Carta como "Generosa en materia de derechos; amplia, participativa y democrática en cuanto a lo político; fuerte y sólida en lo que se refiere a la justicia; sana y responsable en lo económico; revolucionaria en lo social".

Ese mismo día, 4 de julio, la Asamblea Constituyente había elegido a los 36 miembros de la Comisión Especial que reemplazaría al Congreso, y que fue instalada por el presidente Gaviria en el Salón Boyacá del Capitolio, el lunes 15 de julio; el presidente del revocado Congreso, Aurelio Iragorri, adujo dificultades de "orden administrativo y logístico" para dar albergue a la Comisión en el edificio del Parlamento.

Entre los delegatarios figuraban personalidades como Carlos Lemos Simmonds, Diego Uribe Vargas, Hernando Agudelo Villa, Antonio José Cancino, Rodrigo Llorente, Carlos Alonso Lucio, Hernán Vallejo y Francisco Rojas Birry. En su primera sesión, la Comisión (que todos llamaban "congresito"), a imitación de la Constituyente, se dio una presidencia colegiada de tres miembros: Carlos Lemos por el liberalismo, Luis Guillermo Nieto Roa por Salvación Nacional y Armando Novoa por la AD M-19. Al decretar su propio reglamento, se definió como "Comisión Especial, con funciones legislativas y de control", y sesionó en dos períodos, entre el 15 de julio y el 4 de octubre y entre el 1º de noviembre y el 1º de diciembre de 1991. Así, pudo superarse durante la transición, no solo la propia revocatoria del Congreso, sino también el control político al ejecutivo.