Triunfo del voto positivo en el plebiscito.
Portada de Cromos, diciembre 2 de. 1957.

El proceso constituyente de 1991 se fundamentó en la idea de que la salida democrática a la profunda crisis de Colombia como Nación y sociedad debería partir de una reforma sustancial del sistema político, estancado en el pasado. Siendo el ejercicio electoral el escenario privilegiado de expresión ciudadana y definición del ejercicio del poder político, la nueva Constitución le introdujo varios cambios, entre ellos: la circunscripción nacional, la doble vuelta, la vicepresidencia, la separación de los comicios regionales de los nacionales y el voto programático.

En realidad, la Constituyente empezó reformando el sistema electoral aun antes de haber nacido formalmente. La trágica campaña presidencial de 1990 había sido el punto culminante del agotamiento del sistema político, aun regido por los parámetros generales del Frente Nacional, y había puesto en tela de juicio la legitimidad de la democracia colombiana. En consecuencia, el acuerdo político que definió las reglas de los comicios del 9 de diciembre de 1990 para elegir los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, introdujo varias novedades, primer paso en la construcción de una nueva legitimidad. El uso del tarjetón en reemplazo de las antiguas papeletas buscó darle mayor transparencia al ejercicio del sufragio, reduciendo el vicio común de compra de votos. La financiación estatal parcial de las campañas se introdujo como forma de apoyar el surgimiento de nuevas agrupaciones políticas que no contaban con el respaldo de los sectores adinerados. La circunscripción nacional se diseñó como mecanismo para romper los pequeños feudos regionales del clientelismo bipartidista, y abrirle paso a las minorías y a las propuestas de carácter nacional.

Estos nuevos mecanismos fueron sólo parcialmente exitosos en la erradicación de las viejas prácticas. Sin embargo, en reconocimiento de sus bondades, fueron incorporados a la Constitución de 1991.

Más importante aun, esa relativamente tímida primera experiencia marcó lo que serían los dos grandes ejes de la más amplia reforma electoral del 91: abrir el bipartidismo hacia el multipartidismo para que el sistema político fuera más representativo de la diversidad nacional; y acabar con el clientelismo para establecer un nuevo vínculo entre el ciudadano votante y el sistema político que elige. Aunque los comicios de octubre de 1991 y marzo de 1992 fueron técnicamente realizados bajo las nuevas reglas de la Constitución, la falta de reglamentación y el carácter especial de esas coyunturas políticas hace que sea a las jornadas electorales de 1994 a las que les corresponde el privilegio histórico de poner en marcha la nueva dinámica de participación y empezar a definir las futuras costumbres electorales de los colombianos.

Claramente, la reforma a fondo del Congreso fue una de las principales metas de la nueva Constitución. Así, revocó el mandato a la totalidad de los congresistas, fijó los lineamientos para un nuevo Congreso, estableció una reducción drástica de los privilegios personales, le entregó mayores funciones legislativas, y lo dotó de nuevas herramientas de control político sobre el poder ejecutivo, todo con el fin de retomarle al Parlamento el papel que debe cumplir en toda democracia como máxima instancia de la expresión ciudadana. Las reformas al sistema electoral buscaron, entonces, darle un origen y una composición diferente al Congreso. De esta manera, en las elecciones parlamentarias del 13 de marzo del año en curso, los colombianos que acudan a las urnas encontrarán varias novedades más. En el Senado habrá una circunscripción especial para elegir dos senadores indígenas, aparte de los cien que saldrán de la circunscripción nacional. En la Cámara de Representantes habrá también una circunscripción especial para elegir dos representantes indígenas, dos de las comunidades negras y uno de las minorías políticas, en adición a los elegidos por cada departamento.

Así, el Congreso elegido este año será el más diverso de la historia. Por último, aunque la Constitución prevé la inclusión de los colombianos residentes en el exterior dentro de la circunscripción especial de la Cámara, la indecisión del Congreso en la reglamentación de ese aspecto terminó dejándolos por fuera.

Así como ha habido avances democráticos, también ha habido reticencias a desarrollar plenamente los espacios abiertos por la Constitución. Tal es el caso, por ejemplo, de la consulta abierta de los ciudadanos como mecanismo para seleccionar a los candidatos de los partidos o movimientos a cargos de elección popular. Esta práctica nació, como otras del nuevo esquema electoral, antes de la Constitución de 1991. En efecto, en 1989, el acuerdo por el cual el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán se reintegró al partido liberal, estableció la consulta como fórmula de selección del candidato presidencial. De esta manera se eligió a César Gavina en 1990. El éxito de esta experiencia inicial popularizó la figura, y en octubre de 1991 el partido liberal en Bogotá, y la Alianza Democrática M-19 en Barranquilla, escogieron sus candidatos a las respectivas alcaldías por medio de la consulta, saliendo elegidos en marzo de 1992. No obstante, la experiencia desde entonces ha sido bastante pobre. La AD M-19, a nivel presidencial, no tuvo un número plural de aspirantes, lo que hizo innecesaria la consulta; en el Senado, su compromiso de utilizarla en la elaboración de una lista única fracasó por la ausencia de una estructura orgánica y la falta de voluntad política de la dirigencia; para la Cámara, sólo será utilizada en algunas circunscripciones. Por su parte, sˇ bien el jefe de la Nueva Fuerza Democrática siempre se mostró a favor de la consulta, tanto él como los diferentes sectores conservadores que apoyan su candidatura presidencial la descartaron y optaron por una forma reencauchada de la vieja convención. Los cinco precandidatos conservadores inconformes hicieron de la consulta su bandera central, pero al final tampoco pudieron hacerla. Aunque la Unión Patriótica introdujo la consulta como mecanismo interno, su poco peso en la política nacional actual le resta significado. Finalmente, el liberalismo, que resultó ser el único partido importante en utilizar la consulta para seleccionar candidato presidencial (el mismo día de las elecciones para Congreso), lo hará sin el entusiasmo de 1990, dado el efecto anticlimático del aparente predominio de uno de los precandidatos sobre los otros. así las cosas, en materia de consultas, es poco lo que el país avanzará en el 94.

Primer tarjetón utilizado para las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990.
Archivo Registraduría Nacional del Estado Civil, Bogotá.

Mientras los colombianos asimilemos tanto cambio -proceso- que tardará años, es probable que para octubre el país empiece a mostrar síntomas de agotamiento electoral, lo que a su vez podría reflejarse en un aumento del abstencionismo. Afortunadamente, dado que la Constitución prolongó los períodos de los niveles regionales de dos a tres años, la acumulación de tantas elecciones en un año sólo sucederá cada doce años. Es decir, la próxima jornada maratónica será en el 2006.

El nivel de abstención será un importante termómetro, a lo largo del ano, del grado de efectividad de la reforma electoral de la nueva Constitución en su empeño de transformar la democracia colombiana. Cuanto mayor sea la participación ciudadana, será más probable que el país esté realmente iniciando un largo pero importante proceso de redefínición de su estructura política. Sin embargo, la abstención no es el único indicador. El lugar que ocupe el tema del desarrollo constitucional en los debates electorales de 1994 determinará, de otra parte, el arraigo o no que tiene el ideario reformista de la Constitución. La capacidad de los partidos políticos para organizarse democráticamente como transmisores de los múltiples intereses de la población es fundamental para que se consolide plenamente la potencialidad democratizante de nuestra joven nueva Carta Magna. Pero no sólo de elecciones viven las democracias: el mismo espíritu de la Constitución obliga a que su verdadero éxito eventualmente se palpe más en los escenarios no electorales de participación ciudadana, como los cabildos abiertos, los plebiscitos, las acciones populares, los consejos de planeación, las juntas ciudadanas de los servicios públicos y otro sinnúmero de mecanismos del accionar comunitario consagrados en la Constitución, pero aun intocados.