Mariano Ospina Rodríguez, único presidente de los colombianos elegido por sufragio universal durante el siglo XIX. Fotografía anónima. Colección J.J. Herrera, Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá.

Colombia ha sido desde su nacimiento un país electorero por excelencia. Ha dejado de hacer elecciones sólo por breves intervalos, de los cuales fue el último y más largo el receso impuesto por el general Gustavo Rojas Pinilla en los años 50. El significado de los constantes certámenes electorales, claro está, ha sido y es un tema controvertido. ¿Han sido las elecciones una prueba más de la vocación nacional por la democracia o simplemente una farsa oligárquica? ¿Han sido limpias y libres o más bien manipuladas? ¿Limpias o no, las elecciones han dado al país mejores o peores gobernantes que los que habrían surgido de otro proceso de selección (por ejemplo, golpes militares)? Estos no son interrogantes que puedan recibir una respuesta definitiva en un breve artículo; pero sí se han planteado desde los comienzos mismos de la vida nacional, ya en tiempos de la Gran Colombia.

En la historia del país se han sucedido varios modelos básicos de conducta electoral. El primero de ellos, que adoptó el Congreso de Cúcuta para la Gran Colombia y siguió vigente hasta la Constitución de 1853, fue el sistema de elecciones indirectas por sufragio limitado. Gozaban del derecho de votar sólo los hombres que poseyeran una cantidad mínima de renta o propiedad, o que en su defecto ejercieran algún oficio por su propia cuenta; además se estipulaba el requisito de alfabetismo, pero de modo teórico, ya que se aplazaba su implementación práctica. Por añadidura, el sufragante habilitado no votaba por su candidato predilecto sino por unos «electores» que se reunirían en asamblea para hacer la selección definitiva (voto indirecto).

Lamentablemente, sólo existen datos aislados sobre el número de votantes primarios, pues sólo se registraba sistemáticamente la votación de «electores». Sin embargo, la cantidad de varones adultos con derecho al sufragio puede estimarse (de manera muy burda) alrededor del 10%. No se trataba así, ni de lejos, de un sufragio democrático; pero resultaba bastante más democrático que el existente por los mismos años en Inglaterra o Francia. Además, el mecanismo de elecciones indirectas estaba muy difundido: a fin de cuentas, todavía se emplea para elegir presidente de los Estados Unidos.

Una primera apertura democrática, al menos para los varones, se dio por mandato de la Constitución de 1853, que habilitó a todo hombre adulto para elegir y multiplicó los cargos oficiales que se llenaban por elección popular (incluso las magistraturas de la Alta Corte y la Procuraduría General) y estipuló que todas las elecciones se harían de manera directa, sin la intermediación de asambleas electorales. Más notable todavía fue lo sucedido en la provincia de Vélez, cuya Constitución provincial hasta otorgó en 1855 el voto a las mujeres, antes que ello sucediera en cualquier otra parte del mundo. Desgraciadamente, al parecer las mujeres no llegaron a ejercer el derecho, porque casi en seguida la disposición fue anulada por la Corte Suprema en Bogotá, como reñida con la Constitución Nacional.

El sufragio universal de varones se conservó bajo la subsiguiente Constitución de 1858, de corte cuasifederal, pero en la época del federalismo pleno (1863-85) hubo una descentralización total del sistema electoral, que permitió a los Estados soberanos organizar las elecciones de la manera que más les gustara; y mientras algunos reafirmaron el sufragio democrático, por lo menos en lo que al hombre se refería, otros volvieron a restringirlo. Por la Constitución de 1886, tal como la diseñaron en un principio Núñez y Caro, se restableció a nivel nacional un sufragio indirecto y con requisitos económicos o de alfabetismo, como en los primeros tiempos, aunque sólo para las elecciones de presidente y congresistas. Así continuaron las cosas hasta ya entrado el siglo veinte, cuando se acogió nuevamente desde 1910 el voto directo, y cuando el sufragio se universalizó definitivamente en 1936 para los hombres, y en 1954 para las mujeres.

Hasta aquí, obviamente, hemos hablado de la legislación electoral y no de las elecciones mismas. Fueron éstas en primer lugar muy frecuentes, en especial desde la adopción de la Constitución de 1853 hasta el fin de la época federal, tanto por la cantidad de puestos oficiales electivos a nivel nacional, regional o municipal, como porque los comicios para diferentes puestos se llevaban a cabo en fechas distintas. Bajo la Constitución de 1863, hasta la reforma de 1876, incluso las elecciones para presidente de la Unión se practicaban en fechas diferentes de un Estado a otro. No es exagerado, por lo tanto, decir que durante varias décadas la Nación vivía una campaña electoral casi permanente.

Semejante electoralismo acaparó inevitablemente mucha parte del tiempo de la clase política, además de servirle de entretenimiento. Para el ciudadano raso, habría significado más zozobra que diversión, pero en todo caso era cada vez más difícil asumir una actitud de mera indiferencia frente al fenómeno. Incluso antes de la ampliación del sufragio, los líderes nacionales y los gamonales locales tenían motivos suficientes para tratar de multiplicar el número de sus adeptos, porque una buena clientela servía no solamente para votar, sino para otros menesteres en las luchas políticas (por ejemplo, para intimidar a los contrarios). La propaganda electoral hablada y escrita, los mitines y la agitación se remontaron realmente a la época de la Gran Colombia: el mismo vicepresidente Santander, querellado con Bolívar, adoptaba el vestido y el lenguaje populares mientras asistía a reuniones en favor de su propia lista de candidatos para la Convención de Ocaña de 1828. Ya hacia mediados del siglo, los tragos y los asados, el patrocinio de peleas de gallos u otras diversiones y la oferta de toda clase de «auxilios regionales» se habían convertido en rasgos tan folclóricos como funcionales de la vida electoral colombiana.

Otros rasgos eran el fraude y la violencia. Es de presumir que el soborno y la intimidación de votantes eran más fácilmente practicables hasta los años 1840 por cuanto la gente votaba de viva voz. Pero la introducción posterior del voto secreto mediante papeleta doblada no fue ninguna panacea. Las modalidades del fraude abarcaban desde irregularidades en el registro electoral (inscripción de personas no aptas para votar o rechazo arbitrario de quienes sí reunían las condiciones) hasta el depósito de boletas falsas y abusos de escrutinio. Estos últimos podían practicarse por el jurado electoral municipal o por una de las instancias superiores, desde la Asamblea Provincial hasta el Congreso Nacional, a los que competía la aprobación de lo hecho a nivel subalterno. (Como quien decía «el que escruta elige»). La violencia en sentido estricto consistía principalmente en el uso de medidas de fuerza para que los opositores no concurriesen a las urnas. Por lo menos en el siglo pasado, no se asesinaba a candidatos presidenciales, aunque no faltaban agresiones entre fogosos partidarios. Y como era natural, la misma posibilidad de fraude o violencia oficiales servía a veces como elemento disuasivo para los grupos opositores, que se abstenían de participar, fuera para no perder el tiempo o para no exponerse a peligros graves.

En la literatura costumbrista, además de la propiamente política, abundan ejemplos concretos de las prácticas incorrectas en materia electoral; a medida que pasaban los años, más arraigado resultaba el cinismo popular a este respecto.

Igual que en épocas más recientes, sin embargo, el comportamiento de los políticos y politiqueros en general no era tan vicioso como solía creerse, y no debemos exagerar la importancia real de los abusos electorales que sí hubo. Llama la atención, por ejemplo, el hecho mismo de que antes de mediados de siglo sólo dos candidatos presidenciales. Simón Bolívar (1825) y Francisco de Paula Santander (1832), lograran reunir una mayoría absoluta de los votos, de lo que se desprende obviamente la ausencia de una imposición oficial masiva y sistemática. En los demás casos tuvo el Congreso que hacer la selección final entre los candidatos más votados, y llama nuevamente la atención el hecho de que en dos ocasiones (José Ignacio de Márquez en 1837 y José Hilario López en 1849) el escogido no fue precisamente el que favorecía el presidente saliente.

Otra mayoría absoluta y hasta abrumadora se apuntó en 1852 el general José María Obando, gracias a la abstención del recién establecido partido conservador. Habiéndose lanzando a una guerra civil que acababa de perder, el conservatismo prefirió no arriesgarse a una segura derrota electoral y más bien dejar que los liberales peleasen entre sí, como efectivamente sucedió. Cuatro años más tarde, participaron no sólo liberales y conservadores (ahora como partido de gobierno), sino el improvisado partido nacional de Tomás Cipriano de Mosquera, quien a la sazón se encontraba a medio camino en su peregrinaje de un partido a otro. Se trata de la primera elección específicamente presidencial bajo el sistema de sufragio universal de varones -también la última hasta la reforma de 1936- y por esto ha sido estudiada de manera bastante detallada. Ganó Mariano Ospina Rodríguez, el candidato conservador, pero su margen de ventaja - una simple mayoría de votos -no tiene nada de sospechoso. Esto no quiere decir que no hubiera irregularidades: ciertos pueblos boyacenses emitieron más votos a favor de Ospina de lo que tenían en habitantes habilitados, y al otro extremo, en la provincia de Sabanilla, actual departamento del Atlántico, desde siempre baluarte liberal, al pobre de Ospina le escrutaron sólo dos votos. Así, pues, los fraudes conservadores tendían a anular el efecto de los fraudes liberales y al fin y al cabo se dio expresión adecuada a la soberana voluntad popular. La elección de Ospina es notable también por la tasa de participación aparente del electorado, de alrededor del 40% de los varones adultos. Aunque la cifra se corrija para eliminar a unos cuantos boyacenses imaginarios y hacer otros pequeños ajustes, la cifra es sorprendentemente alta no sólo para Colombia -un país de índole básicamente rural y de pésimas comunicaciones- sino para el mundo entero en aquellos años, y refleja bien a las claras la capacidad de movilización de los gamonales colombianos. Los resultados dejan ver también la tendencia muy colombiana de homogeneización partidista de pueblos y veredas, ya que en las columnas se ven circunscripciones electorales de votación unánime o casi unánime liberal y conservadora, las cuales cien años más tarde seguirían dando pruebas del mismo comportamiento electoral.

Una etapa igualmente activa pero quizás menos seria de historia electoral se abre con el regreso de los liberales al poder nacional por la revolución de 1859-62. Durante la vida de la Constitución de 1863 que aquellos implantaron, todos los presidentes de la Unión fueron liberales, a pesar de que el conservatismo, apoyado por el clero, se había constituido sin lugar a dudas en la fuerza mayoritaria del país. Por los métodos consabidos de fraude y violencia les era prohibido a los conservadores el acceso al poder ejecutivo nacional, de modo que tuvieron que contentarse con el control de su propio baluarte estatal de Antioquia (y durante algunos años Tolima), más una cantidad variable de puestos menores. Bastante diciente es el hecho de que ningún candidato conservador a la presidencia durante el lapso de 1863 a 1883 obtuvo más del 5% de los votos de Boyacá, donde muchas veces ni siquiera los conservadores hacían el intento de cosechar votos. Mas no eran los godos víctimas exclusivas de la manipulación electoral, ya que los bandos enfrentados de liberales no dejaban de hacerse trampas entre sí. Uno de los casos más notorios fue la votación para presidente nacional en el Estado de Bolívar, en 1875, cuando se computaron más de 44.000 votos - cifra que sobrepasaba holgadamente la población adulta varonil- a favor de Rafael Núñez y sólo 7 a favor de Aquileo Parra, quien al final ganó la presidencia, porque bajo la Constitución vigente lo que importaba no era la votación popular (fraudulenta o no) sino el número de Estados soberanos que daban su apoyo a un candidato. Aun teniendo en cuenta que Núñez era de origen bolivarense, es difícil creer que no hubiera en todo el Estado más de siete partidarios del candidato ungido por la administración nacional saliente.

A partir de 1886, disminuyó un poco la manipulación electoral, ya que los conservadores, actuando bajo lema propio o en asocio con liberales nuñistas en otro partido llamado nacional, no tenían necesidad de tantos trucos para ganar. Así y todo, no resultaron satisfechos con los puestos que les garantizaban sus mayorías naturales y sometieron al liberalismo a una exclusión del poder aun más extrema que la que habían sufrido ellos durante la etapa anterior: hasta finales de siglo, sólo dos liberales pudieron llegar al Congreso Nacional (Rafael Uribe Uribe y Luis A. Robles). Tampoco faltaron trampas de los conservadores entre sí, exactamente como antes entre los liberales. La maniobra más escandalosa fue la del cacique electoral de Guajira, en la elección presidencial de 1904, quien hizo que los miembros de la asamblea electoral de su distrito firmaran boletas en blanco para poder negociarlas después a favor del mejor postor. Al final, él puso el nombre de Rafael Reyes, quien obtuvo de esta manera el estrecho margen de su victoria. Se trata, por supuesto, de otro fraude benéfico y aun democrático, ya que Reyes realmente era el candidato más popular.

Con todas sus fallas evidentes, las elecciones desempeñaron un papel fundamental en Colombia a lo largo del siglo pasado. Un solo presidente -el general Mosquera en 1861- llegó al solio de Bolívar por una verdadera guerra civil, y muy pocos por alguna especie de golpe cívico-militar -como el general Santos Acosta al ser depuesto Mosquera en 1867-, así que la manera normal de acceder al poder nacional siempre fue por un proceso electoral. Más o menos lo mismo puede decirse de los gobernadores de provincia o presidentes de Estados soberanos mientras sus puestos fueron legalmente de elección popular, aunque algo más numerosas resultaron en efecto las caídas violentas de presidentes estatales bajo la Constitución de 1863. Es verdad que los cambios de partido gobernante por medio de las elecciones fueron casi tan infrecuentes como las revoluciones exitosas y que nunca tuvieron lugar sin alguna división previa dentro del oficialismo, siendo el caso más nítido la transición de 1849, de un régimen conservador que había lanzado a dos candidatos rivales al gobierno liberal de José Hilario López. Mas incluso cuando no había sino rotación de gobernantes pertenecientes a un mismo partido, se efectuaba mediante elecciones que eran muchas veces reñidas y con verdaderos cambios de política oficial por resultado. El ejemplo más claro de esto último fue el ascenso al poder de Rafael Núñez, en lucha electoral de liberales independientes contra radicales, aun antes de que la Revolución de 1885 le diera el pretexto para anular la Constitución del 63 y llevar a cabo su "Regeneración" plena.

En los procesos electorales del siglo pasado, como en los del siglo actual, no podría decirse que los sufragantes comunes y comentes hayan tenido una conciencia clara de por qué votaban, ni que las decisiones políticas que dependían del veredicto de las urnas siempre tuvieran que ver con las necesidades inmediatas del pueblo. Así y todo, la experiencia colombiana se distingue en el panorama latinoamericano y mundial, no por sus vicios y limitaciones, que no eran de ningún modo excepcionales, sino por la cantidad misma de elecciones habidas, que se convirtieron para bien o para mal en un rasgo característico de la nacionalidad. Aun más característico, históricamente, que la famosa violencia de que tanto se habla.