Abril de 1939: El presidente Alfonso López Pumarejo (en el círculo) y sus ministros clausuran las sesiones del Congreso, después de nueve meses de debate sobre las reformas. Darío Echandía, Alberto Lleras y Gabriel Turbay, entre otros estuvieron presentes.

EL triunfo liberal de 1930, que llevó al poder un partido ávido de mundo y de influencia, planteó en forma rápida la necesidad de una reforma constitucional. El liberalismo se sentía identificado con las corrientes renovadoras que habían triunfado en otras regiones del mundo, como la revolución mexicana, la república española o incluso el New Deal de Franklin D. Roosevelt. La Constitución de 1886 aparecía como una carta teocrática, apta para una república rural, atrasada y tradicionalista. La crisis económica de 1929 y los graves conflictos rurales y obreros de la década del veinte parecían exigir nuevos instrumentos legales. El liberalismo planteaba, como respuesta a los desafíos, un programa de Estado intervencionista, capaz de orientar la vida económica y de colocarse como árbitro en los conflictos entre las distintas clases sociales.
El gobierno de Alfonso López, elegido en 1934 sin oposición conservadora, asumió en forma inmediata el propósito de reformar la Carta, y desde septiembre presentó al Congreso diversos proyectos en esta dirección. Los primeros debates, sin embargo, se produjeron por el desacuerdo sobre el modo de hacer la reforma y sobre sus alcances. Algunos liberales preferían convocar una Asamblea Constituyente, y la mayoría de ellos era partidaria de escribir una Carta completamente nueva, que presentara en forma coherente una nueva visión del Estado, en vez de hacer reformas concretas y limitadas a las normas de 1886.
El gobierno terminó imponiendo su criterio, de modo que finalmente se decidió que sería el Congreso el que asumiría la tarea y que se trataría de una reforma parcial. La tarea se inició en serio en la legislatura de 1935, conformada exclusivamente por miembros del partido liberal. En efecto, el conservatismo había decretado la abstención electoral desde 1934 y practicaba una oposición radical.
Las propuestas presentadas por el gobierno incluían nuevas formulaciones del derecho de propiedad, un replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y una serie de medidas modernizadoras en el campo social y político. El país se dividió alrededor de estos temas: un grupo de izquierda dentro del liberalismo, encabezado por Gerardo Molina y José Vicente Combariza (José Mar), propuso una Constitución que acogiera las aspiraciones de sectores sindicales y amigos del socialismo; entre tanto, los conservadores comenzaron a denunciar las propuestas como parte de un proyecto liberal, masónico y socialista para destruir la religión y las bases del orden político. El gobierno mantuvo una posición moderada, tratando de subrayar la perspectiva liberal y no socialista de su proyecto, y el carácter modernizador pero no antireligioso de sus propuestas. Esto no fue fácil, y el joven ministro de Gobierno Alberto Lleras Camargo, así como el ministro de Educación Darío Echandía, tuvieron que enfrentar una situación muchas veces explosiva.
La Iglesia estuvo entre los grupos más opuestos a algunas de las medidas aprobadas en el Congreso. Cuando, a comienzos de 1936, la Cámara, después de suprimir el artículo que daba reconocimiento explícito al carácter mayoritario de la religión católica, decidió hablar de "orden moral" en vez de "moral cristiana", la jerarquía expidió una declaración desafiante contra "la obra demoledora" del régimen liberal, que pretendía establecer la libertad de cultos y de conciencia, junto con otras medidas igualmente inaceptables. La Iglesia anunciaba que si se aprobaba la Constitución, "ni nosotros, ni nuestro clero, ni nuestro fieles, permaneceremos inermes y pasivos". En forma simultánea el Directorio Nacional Conservador invitó a sus seguidores a la desobediencia contra una Constitución y unas leyes injustas.
 

El presidente López se dirige al Congreso, abril de 1936.

Alfonso López Pumarejo, gran promotor de la reforma constitucional de 1936. Oleo de Luis Felipe Uscátequi, 1939, Museo Nacional.

A pesar de todo, la Constitución fue aprobada, aunque después de modificar muchas de las medidas que tropezaron con mayor oposición. Se dio gran significación a la declaración de la propiedad como "una función social que impone obligaciones", así como las modificaciones en el régimen de expropiaciones. En la práctica, no fueron muchos los efectos de estas normas, pues sus aspectos más novedosos nunca se desarrollaron. De mayor significación fue el reconocimiento del papel del Estado en la orientación y "racionalización" de la economía, así como los avances sociales y políticos aprobados: el reconocimiento del derecho de huelga y del derecho de las mujeres a ocupar empleos en la administración; el establecimiento del sufragio universal, sin restricciones de riqueza o alfabetismo y la incorporación de la libertad de conciencia en la Constitución. No fue una revolución, pues no era esto lo que querían sus principales promotores, Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras y Darío Echandía: lo que buscaban era adecuar el liberalismo a un país en desarrollo, y si no lo lograron del todo fue porque su mismo partido resultó demasiado tímido.
Más de 30 años después otro presidente liberal, Carlos Lleras Restrepo, promovió una reforma constitucional que en algunos aspectos era tan ambiciosa como la de López. La Carta había sido ya alterada: en 1944 y 45 el mismo López había promovido algunas reformas más limitadas, y en 1957 el pueblo colombiano había creado, mediante plebiscito, un sistema de gobierno compartido entre liberales y conservadores.
 

Firma del Acto Legislativo reformatorio de la Constitución, el 6 de agosto de 1936, en el Palacio de la Carrera: Carlos M. Pérez, presidente de la Cámara, Eduardo Santos, presidente del Senado, Alfonso López Pumarejo, Pedro Alejo Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

A diferencia del 36, cuando se partió de la idea de que lo urgente era adecuar la Constitución a la realidad social del país, ahora el eje estuvo en la necesidad de fortalecer el Estado para convertirlo en un organismo más eficiente y moderno, menos sujeto a los intereses casi profesionales de los políticos y más atento a las demandas de los sectores productivos del país. El contexto político era, en muchos aspectos, distinto. En vez de un partido de gobierno hegemónico, el presidente contaba con un apoyo mixto de liberales y conservadores, pero una parte importante del Congreso pertenecía a la oposición. En el liberalismo, Alfonso López Michelsen acaudillaba el Movimiento Revolucionario Liberal; en el conservatismo el grupo laureanista se oponía al gobierno y, para acabar de ajustar, se había formado un grupo partidario del general Gustavo Rojas Pinilla.
 

El escaso apoyo del Congreso marcó desde el comienzo el ritmo de avance de los proyectos de reforma. Lleras había propuesto en varias ocasiones su realización, pero prácticamente en forma simultánea con la presentación de las propuestas del gobierno, el MRL presentó un detallado proyecto, elaborado en buena parte por López y por Indalecio Liévano Aguirre. A la larga, el gobierno, bloqueado por la oposición del Congreso, solo pudo lograr la aprobación de la reforma en 1968, acogiendo buena parte de las propuestas del MRL y haciendo toda clase de concesiones a los parlamentarios, fuera de las presiones de toda índole que tuvo que ejercer el presidente.
El problema surgía ante todo de que Lleras pretendía fortalecer el ejecutivo, para darle mayor control de la inversión pública y hacer más eficiente su actuación. Esto debilitaba en muchos aspectos el papel del Congreso, cuyo tamaño quería además reducir. Para la aprobación en primer debate, en 1967, el presidente renunció en forma espectacular, y luego tuvo que conceder a los congresistas un alza de dietas para que votaran favorablemente. La aprobación definitiva se hizo luego de que el gobierno estableciera los auxilios parlamentarios, y aceptara que varias de sus ideas no se realizaran. El número de parlamentarios no disminuyó, ni se logró avanzar en el proceso de desmonte del Frente Nacional. Para lograr el apoyo de los conservadores orientados por Mariano Ospina Pérez se prolongó el Frente Nacional hasta 1978 y se estableció la obligación de dar al segundo partido una participación "equitativa y adecuada" en el gobierno. El acercamiento con el MRL culminó con la unión liberal y el ingreso de López al gobierno, primero como gobernador del Cesar y luego como ministro de Relaciones Exteriores.

 

Firma (le la reforma en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, el 12 de diciembre de 1968.	Manifestación de respaldo a Lleras Restrepo, el martes 11 de junio de 1968, luego que el presidente renunciara para presionar la aprobación de su reforma constitucional por parte del Congreso.

La reforma que finalmente fue aprobada cumplía, a pesar de todo, con las intenciones del presidente: el Congreso perdió la iniciativa en el gasto público, los institutos descentralizados quedaron bajo un control del ejecutivo, y se extendió el período de los representantes a cuatro años. López logró crear la figura de la "emergencia económica" y una declaración de principios en relación con la intervención del Estado, al vincularla a una política de ingresos y salarios y de pleno empleo, y al determinar que el objetivo principal del desarrollo económico es la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y "de las clases proletarias en particular". Las doctrinas económicas de Keynes alcanzaban así un rango constitucional.
Tampoco esta reforma logró sus objetivos. La modernización del Estado se hizo a costa de consolidar los vicios del clientelismo y de un proceso de creciente corrupción y pérdida de importancia del Congreso y de los políticos profesionales. La prolongación del Frente Nacional condujo a acentuar el congelamiento político que se había producido en el país y que López Michelsen tanto había denunciado. Colombia empezó a generar esa paradoja de un Estado eficiente y capaz en muchos aspectos económicos y administrativos, pero impotente en los temas que tradicionalmente se han asignado al Estado: garantizar los derechos básicos de los ciudadanos mediante un sistema adecuado de justicia y un orden político que tenga la aceptación de la mayoría de los ciudadanos.
Las dos reformas comentadas, realizadas mediante el procedimiento de la aprobación por el Congreso en dos legislaturas distintas, fueron impulsadas por dos presidentes decididos y con una amplia visión. La primera contó con el apoyo de un partido liberal lleno de energía; la de 1968 se hizo contra un Congreso que no se preocupó sino por conservar sus prebendas. Por ello la primera, aunque más audaz, logró una coherencia que contribuyó a su aceptación por la sociedad. La segunda tuvo mucho de colcha de retazos, a pesar de sus logros indiscutibles, y pronto condujo a la sensación de que la Constitución había dejado de servirle a Colombia.