“… al general Uribe se le asesinó por ser el jefe del liberalismo, y los matadores lo hicieron halagados por el lucro.” Marco Tulio Anzola Samper (Asesinato del general Uribe Uribe. ¿Quiénes son? Bogotá, 1917)

El juicio público contra los asesinos materiales de Rafael Uribe Uribe comenzó en mayo de 1918. Venía precedido de una gran tensión por las denuncias escalofriantes hechas en el libro Asesinato del general Uribe Uribe. ¿Quiénes son?, de Marco Tulio Anzola Samper, publicado en noviembre del año anterior y en el que ese abogado y antiguo funcionario de obras públicas había estado trabajando desde diciembre de 1914 por encargo del hermano y del yerno del general Uribe Uribe --Julián Uribe Uribe y el periodista Carlos Adolfo Urueta-- insatisfechos con la forma como se estaba llevando por parte del Gobierno la instrucción del sumario y por el extraño empecinamiento del Director de la Policía y del Fiscal de la causa en no tomarles declaración a los testigos que pudieran conducir la investigación por un camino distinto al que señalaba a Leovigildo Galarza y a Jesús Carvajal como autores solitarios, únicos y exclusivos del crimen cometido el 15 de octubre de 1914 contra el Jefe del Partido Liberal.

Nombres al canto
Si bien los partidarios de esa teoría de la impremeditación trataron de desacreditar por todos los medios posibles el libro de Anzola Samper, al que catalogaron de novelón fruto de una imaginación enfermiza, ¿Quiénes son? Constituye una de las obras investigativas de carácter científico más serias y meritorias que se hayan escrito en Colombia, en la que no tiene cabida un ápice de elemento especulativo. Anzola Samper no sólo se leyó varias veces el expediente, de más de tres mil folios, sino que interrogó a cuanta persona podía tener alguna vinculación o relación con los asesinos y hubiera presenciado el crimen o escuchado de él antes y después del 15 de octubre.

Marco Tulio Anzola Samper. El Diario Nacional, Biblioteca Nacional de Colombia

General Salomón Correal, director de la policía. El Diario Nacional, Biblioteca Nacional de Colombia

Pedro León Acosta. El 10 de febrero, Biblioteca Nacional de Colombia

General Melesio Gómez R.. El Diario Nacional, Biblioteca Nacional de Colombia

Francisco Sánchez, testigo, reveló que había otro plan para matar a Uribe Uribe, caso de que fallaran Galarza y Carvajal. El Diario Nacional, Biblioteca Nacional de Colombia

Julio C. Garzón, Juez 2o. Superior. El Diario Nacional

Carlos Melguizo, defensor de Leovigildo Galarza

El general Hachuela
Las irregularidades de la instrucción comenzaron desde el momento en que Salomón Correal sacó de en medio al Inspector 1o., a quien le correspondía adelantar la instrucción, y nombró, por supuesto mandato del presidente Concha, al Jefe de Investigaciones de la Policía, general Lubín Bonilla, a quien a su vez destituyó a los dos días y contra quien inició una persecución implacable debido a que Bonilla no quiso someterse a las disposiciones indicadas por Correal para el manejo de la Instrucción, y denunció que el máximo jerarca de la Policía estaba implicado en el asesinato del general Uribe Uribe. (véanse recuadros)
Anzola Samper resume así las actuaciones del general Correal en el proceso:
“Era tiempo de que la conciencia pública diera una muestra de lo que se piensa con respecto al señor Correal, cuya participación en el crimen del general Uribe la indica el calificativo popular que consagró su nombre con el distintivo de General Hachuela. La voz del pueblo es la voz de Dios, que dicen los latinos. Agréguese a esa intuición la síntesis de los cargos que gravitan contra Correal y se encontrará justificada. La lógica y el sentido común buscarán el por qué de todos los actos ejecutados por ese hombre mucho tiempo antes y después de la consumación del crimen. Los oficiales de su mando concurren a paseos y piquetes con los criminales; un agente de policía asiste a las reuniones [anteriores al crimen] habidas en la carpintería de los chacales [Galarza y Carvajal]; los guardaespaldas [de Salomón Correal] observan impasibles la perpetración del crimen; los Hernández que capturan como particulares a los asesinos son los mismos que habían celebrado conferencias en el despacho de la Dirección [de la Policía] con el padre Berenstein, el diabólico Rasputín de la Policía Nacional; Correal deja sin vigilancia la cuadra donde se comete el delito; el mismo le usurpa la jurisdicción en el conocimiento del proceso al Inspector 1o. Municipal, y para tal atropello inventa una orden del Presidente de la República, que resulta transmitida antes del asesinato; con su conocimiento, como Jefe de la investigación, se cambian los vestidos de los asesinos inmediatamente después de cometido el delito; sus empleados les facilitan a los reos los medios de fuga; el procura que los asesinos se puedan entender libremente, reuniéndolos en un mismo sitio o colocándolos en los calabozos que se prestan a tal efecto; el hace una seña de silencio, poniéndose un dedo en la boca, cuando Lubín Bonilla los interroga sobre los cómplices del crimen; el destituye a Bonilla porque éste sospecha su responsabilidad en el delito; el designa funcionarios de su confianza; el hace caso omiso del memorándum del doctor Julián Uribe [hermano de Rafael] contra Pedro León Acosta, los Hernández y otros; el rehusa la famosa declaración de Alfredo García; con su autorización se pone en libertad a un compañero de los asesinos, el que asiste a las reuniones habidas la víspera del crimen; el impide la averiguación por otro presunto responsable denunciado por los conocidos detectives [Eduardo de] Toro [Pereira] y [Aníbal] López; él finge vigilar la vivienda de Galarza mientras en presencia de la policía un hombre saca algo que hace exclamar a la concubina de aquél [María Arrubla]: “Ahora sí estoy tranquila”; él busca entre los papeles que se le cogen a los asesinos los que más le convengan; el consiente que la memoria del General Uribe sea vilmente vilipendiada en las pláticas políticas dictadas por el padre Berenstein y hace que concurran a ellas todos los miembros de la Policía; el mantiene en el panóptico a Francisco Pedraza como conductor secreto de las comunicaciones de Galarza y Carvajal, y él visita a los criminales en altas horas de la noche con sus hombres de confianza. ¿Se requiere un cuadro de mayor luz siniestra proyectada en las sombras del crimen? Que venga entonces la prueba directa de la señorita Adela Garavito (véase recuadro). Ella cierra ese enorme círculo que recorre de etapa en etapa la responsabilidad de Salomón Correal”.

Un juicio que prueba lo que se desea probar
Para quienes habían leído en La Patria avances del libro de Anzola Samper, y para el propio Anzola Samper, fue una sorpresa mayúscula el nombramiento de acusador particular por parte de la familia de Rafael Uribe Uribe. Ese nombramiento recayó en el doctor Pedro Alejo Rodríguez, hijo del fiscal Alejandro Rodríguez Forero. “Es incuestionable –dice Anzola Samper—que quien lea este libro se convencerá de que el Fiscal Rodríguez Forero obró con malicia en su vista, pues las conclusiones a que llegó son contrarias a la verdad. Galarza y Carvajal no fueron los únicos autores de la muerte del general Uribe. Fueron cómplices de todos los que hemos señalado en estas páginas. De aquí que consideremos que la más extraordinaria culminación de este proceso haya sido el nombramiento de acusador particular, en el hijo del Fiscal, señor Pedro Alejo Rodríguez, obtenido por modo de asalto a la buena fe y sencillez de la ilustre familia del general Uribe”.
Tanto el Fiscal Rodríguez Forero, como su hijo el acusador particular, hicieron correr la versión de que el nombramiento de Pedro Alejo Rodríguez era una muestra clara de que la familia del general Uribe Uribe desaprobaba las investigaciones de Anzola Samper y rechazaba las conclusiones a que este había llegado en su libro; pero ni Julián Uribe Uribe ni Carlos Adolfo Urueta estuvieron de acuerdo con la designación de Pedro Alejo Rodríguez, y más adelante, cuando el juicio estaba candente, Julián Uribe Uribe destituyó a Pedro Alejo Rodríguez y nombró en su lugar a Marco Tulio Anzola Samper. Sin embargo el juez del caso le rehusó a al hermano de la víctima el derecho de nombrar acusador particular. Ya antes el juez, doctor Garzón, había intentado meter preso a Anzola Samper y le había prohibido asistir a las sesiones.
Al comenzar el juicio en el histórico salón de grados (Museo Colonial), Pedro Alejo Rodríguez, de acuerdo con su padre, declaró que allí no se iba a juzgar a nadie distinto a Leovigildo Galarza y a Jesús Carvajal y pidió que no se permitiera intervenir a Marco Tulio Anzola Samper, quien había ofrecido llevar cincuenta y seis testigos que aportarían “detalles inéditos” sobre el asesinato de Rafael Uribe, por ser improcedente. Aunque el intento de acallar a Anzola Samper fue acogido por el juzgado, provocó tal indignación en el público y en la prensa que fue preciso admitir el ingreso de Anzola Samper y recibir las declaraciones de los testigos llamados por él, entre las cuales causaron inmensa sensación las insospechables de la señorita Adela Garavito y del agente Epifanio Prieto, que comprometían de manera directa en el crimen al general Salomón Correal. Ello provocó una tempestad mediática y los principales diarios, con excepción de El Nuevo Tiempo –cuyo redactor judicial era hijo del general Salomón Correal—pidieron la destitución del Director de la Policía; pero el Presidente Concha, en lugar de destituirlo, le reiteró su confianza, y luego, apoyado por la Compañía de Jesús, le pidió al Presidente electo, Marco Fidel Suárez, que conservara al general Salomón Correal como Director Nacional de la Policía. Don Marco, apenas asumió el mando, el 7 de agosto de 1918, lo primero que hizo fue destituir a Correal y nombró en su lugar al general Roberto Urdaneta.
Durante el proceso Leovigildo Galarza declaró que el y Jesús Carvajal eran los únicos responsables del crimen. Carvajal no aceptó ni negó el dicho de su compañero. El 19 de junio el jurado los encontró culpables del asesinato del general Rafael Uribe Uribe y el 25 de junio de 1918 se les dictó sentencia y fueron condenados a veinte años de presidio, privación de los derechos políticos, y a pagar ochenta mil pesos oro y los gastos procesales. De este modo quedaba probada la teoría del general Correal, y de los fiscales Montalvo y Rodríguez Forero, de la impremeditación del crimen, que había sido una ocurrencia repentina de los obreros Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal, quienes, la noche anterior al asesinato, de buenas a primeras se pusieron de acuerdo para “castigar” al general Uribe Uribe por creerlo el culpable de habérseles negado un empleo en el Ministerio de Obras públicas.
“No se necesita –dice Anzola Samper—poner en tormento la imaginación para comprender que Galarza y Carvajal, dos infelices obreros, ni tenían medios ni inteligencia para tramar un crimen… Para dos obreros de tan baja extracción y de tan rudimentaria mentalidad el cambio de régimen que podría implicar la preponderancia del general Uribe en nada mejoraría sus condiciones de vida si el atentado lo hicieran por su propia cuenta. De ahí la indispensable conclusión, que está arraigada en el alma del pueblo colombiano, de que Galarza y Carvajal no son sino meros instrumentos de un crimen del cual fueron autores otros individuos suficientemente poderosos y bien poseídos de la trascendencia de la muerte del general Uribe, hombre de genio, inevitablemente destinado a realizar la bella necesidad de gobernar el país con las ideas liberales”.

Pedro Alejo Rodríguez. El Diario Nacional. Biblioteca Nacional de Colombia

Testigo Ana Rosa Beltrán. El Diario Nacional, BibliotecaNacional de Colombia

Los jurados, Pablo lorenzana, Pedro Gómez Correa y Manuel Rueda. El Diario Nacional