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Oficial militar de la Colonia. Album del
Obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón, ca. 1791. Biblioteca del Palacio Real, Madrid.
Facsímil en la Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá.
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Infante español en 1808. Archivo
Palafox, Zaragoza. ....................
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La primera
expedición colombina se organizó a costa de la Corona, con indudable carácter militar.
Entre Colón y los Reyes Católicos se acordaron las Capitulaciones de Santafé para
establecer su mutua relación. El descubridor recibía los cargos de almirante, virrey y
gobernador. Más tarde, además, el de capital general de la Armada. Las gentes que lo
acompañaban tenían el carácter de soldados, lo que siguió configurando una constante
en los procesos de descubrimiento y conquista.
La ocupación del espacio americano quedó desde sus inicios sometida a
la dirección del Estado, pero la realización, que por lo general implicaba el empleo de
la fuerza armada, se confiaba a particulares que actuaban a nombre de los reyes y, más
tarde, bajo su dirección. Sobre estas bases se organizó durante el siglo XVI la
conquista indiana. Felipe II regularizaría el sistema por medio de sus Ordenanzas
Reales para Nuevos Descubrimientos, Poblaciones y Pacificaciones, de 1573.
Durante todo el siglo XVI se llevaron a cabo numerosas capitulaciones
entre la Corona y particulares, en las que se concedían a estos determinados poderes,
variables para cada caso, convirtiéndose el capitulante en funcionario, por lo general
con carácter civil y militar: gobernador, adelantado y capitán general. Esta investidura
estaba condicionada, sin embargo, a la realización de la empresa o, cuando menos, a su
iniciación en el Nuevo Mundo. Dentro de este perfil militar la capitulación determinaba
la región donde debía de actuarse, muchas veces con la imprecisión propia del
desconocimiento geográfico del lugar de referencia, las facultades que se concedían al
caudillo y el número de personas que había de llevar consigo y que él se comprometía a
reunir.
Del asiento entre capitán y soldado nacía una relación no
exclusivamente militar, como tampoco lo era la hueste que se organizaba, pero sí era este
su acento preponderante. Tenía un carácter aleatorio: el soldado se comprometía a
contribuír con su vida y su servicio militar al logro de la empresa incierta. Si esta
fracasaba, no obtenía beneficio alguno. Si triunfaba, eran posibles la gloria, la
riqueza, la prestancia representada en oficios, encomiendas, tierras, participación en el
botín o repartimientos de indios. Esto último explica las protestas que surgieron cuando
la Corona prohibió esta institución o la privó de su contenido provechoso y carácter
hereditario.
Se deduce, pues, que la capitulación tenía ciertos rasgos medievales,
ya superados o en vía de superación en la Península, lo que produjo en breve el choque
por sus características de privilegio y particularismo, entre las prerrogativas de la
Corona y las aspiraciones del estado llano de los colonizadores.
Resulta visible que los ejércitos surgidos de las capitulaciones
produjeran el dominio de las Indias. No obstante, terminada en cada caso la empresa, los
improvisados guerreros se transformaban en propietarios, agricultores o encomenderos, para
gozar del fruto de sus esfuerzos y asentarse en las fundaciones de villas y ciudades que
iban apareciendo en toda América. Esta metamorfosis se logró merced a la nueva
institución de la encomienda.
Al establecerse la Real Audiencia en el Nuevo Reino de Granada,
subsistió el sistema militar basado en las responsabilidades castrenses de los
encomenderos, entregándose el manejo de las materias militares al conjunto de los
oidores, lo que produjo una serie de dificultades que sólo fueron superadas cuando se
concedió al primer Presidente efectivo, Andrés Díaz Venero de Leiva, la facultad de
gobernar el Nuevo Reino de Granada sin intervención de los oidores, lo que constituía el
otorgamiento de la plenitud de las responsabilidades tanto gubernativas como militares.
El que un togado manejara las materias militares entró en crisis a
principios del siglo XVII, cuando, tras el fallecimiento del presidente Francisco de
Sande, el rey Felipe III determinó que fuera remplazado por un "caballero de capa y
espada". La decisión del monarca implicó un fuerte enfrentamiento con el Consejo de
Indias, que era partidario de que continuara al frente de los destinos del Nuevo Reino un
abogado, tal vez por no considerar el alarmante incremento de ataques de corsarios y
filibusteros en el Caribe, la guerra que libraban los indígenas del mismo nombre, los
obstáculos que Carares y Yariguíes colocaban a la navegación, las luchas de los
Panches, Paeces y muy especialmente los Pijaos, que causaban una interferencia con la
Audiencia de Quito.
En 1604, Felipe III decidió adjudicar los títulos de presidente, gobernador y
capitán general a don Juan de Borja, señalando en el primero de ellos que, hasta nueva
orden, se concederían estos oficios a caballeros de capa y espada que reunieran las
condiciones requeridas. Así fue a todo lo largo del siglo XVII, en que el territorio de
la Nueva Granada (con la única excepción de Dionisio Pérez Manrique, que a pesar de ser
aragonés llegó a la presidencia del Nuevo Reino en virtud de complicadas maniobras en
las Cortes de Aragón, en las que Felipe IV tuvo que ceder a la presión de sus vasallos
de esta zona) fue gobernado por militares.
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Arcabucero, atambor y pífano, del
arma de infantería, 1560. Archivo Palafox, Zaragoza.
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El siglo
XVIII vio el nacimiento de una gran potencia naval, Inglaterra, y la necesidad de España
de continuar la estrategia defensiva de siglos anteriores. Era la poseedora del territorio
y debía defenderlo. Lo primero que perdió España fueron las Antillas Menores, tras lo
cual caerían las Guayanas en manos de ingleses, franceses y holandeses, reduciendo el
espacio caribeño español. Para contrarrestar todas estas amenazas, la Corona optó por
un sistema de puertos fortificados que mantuviesen un polígono protector y un conjunto de
bases para sus naves de guerra y de transporte.
Dentro de ese polígono, Cartagena de Indias vino a convertirse en el
baluarte más poderoso del sistema defensivo español. Contribuían a ello las defensables
características de su bahía, clausurada en Bocagrande y custodiada por castillos
fuertemente artillados en Bocachica, aparte de la gruesa cadena de hierro con que se
cerraba la estrecha abertura de ingreso hacia el puerto amurallado, cuyo sistema de
bastiones y castillos, perfeccionado con los siglos, se tornó prácticamente
invulnerable, como vino a demostrarlo la defensa ante la poderosa escuadra del almirante
Sir Edward Vernon.
Los cambios introducidos por el advenimiento de los Borbones
beneficiaron al Nuevo Reino de Granada, que fue elevado a la jerarquía de virreinato por
diversas razones, entre las cuales las de orden militar tuvieron especial importancia, en
particular el victorioso asalto del barón de Pointis, en 1697, que probó la
vulnerabilidad de Cartagena. A este primer virreinato, que duró apenas seis años
(17181724), siguió uno segundo a partir de 1739, cuando se sabía que Inglaterra
intentaría tomar de nuevo la principal plaza fuerte de España en el Caribe: Vernon fue
derrotado en una lucha que tuvo como su héroe más afamado a Blas de Lezo, que en ese
momento contaba con nuevas disposiciones legales (Reglamento para la guarnición de la
Plaza de Cartagena de Indias, Castillos y Fuertes de su jurisdicción, y las Ordenanzas
sobre deserción, de aplicación en todos los reinos de América) y fuerzas terrestres en
número de 6.600 hombres a las que había que sumar la artillería y las naves de guerra
ubicadas en la bahía.
Todos los reyes del siglo XVIII se preocuparon por la creación y perfeccionamiento de
un ejército de tipo defensivo: se suponía que la amenaza para España vendría siempre
por el mar y en contra de Cartagena. Sin embargo, los sucesos de la rebelión de los
Comuneros, debida en parte al intento de aplicación de una nueva política de
organización administrativa y fiscal, demostró a España que las circunstancias habían
cambiado y que se hacía necesario implementar en la capital del virreinato, así como en
Quito, Guayaquil y Panamá, una estructura militar que hasta entonces no se había
concebido como necesaria. Esta tarea correspondió al único virrey no militar de
la serie iniciada con Sebastián de Eslava, al arzobispo Caballero y Góngora, quien la
describió de la siguiente manera: "En el pasado, cuando la guarda de las provincias
del interior, la administración de justicia y la autoridad de los ministros del Rey
descansaba en la fidelidad del pueblo, las fuerzas militares se concentraron en las
provincias marítimas. Pero una vez la inestimable inocencia original se perdió, el
gobierno necesitó y los vasallos leales desearon el establecimiento de cuerpos militares
para perpetuar el orden y la tranquilidad." Evidentemente, las cosas habían
cambiado, y muchos de quienes iban a ser más tarde los creadores de un orden nuevo,
militaron inicialmente en los ejércitos que España hubo de crear para tratar de defender
sus enormes territorios americanos.
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