EDICIÓN 32 - AGOSTO 1992

El gobierno del presidente Andrés Díaz Venero de Leiva marcó un hito en la vida política e institucional del Nuevo Reino, no sólo porque con él se introduce una nueva forma de gobierno, sino porque su gestión administrativa sobresale en medidas destinadas a afirmar la presencia de la Corona y la prevalencia de sus intereses frente al grupo de encomenderos. Venero de Leiva había nacido en El Castillo, lugar cercano al puerto de Laredo, sobre el mar Cantábrico. En 1548 se desempeñaba como convictor mayor y catedrático de Vísperas y Cánones en el Colegio Santacruz de Valladolid. De allí fue llamado a ocupar el cargo de fiscal y oidor del Consejo de Contaduría de Castilla, en 1554; saldría de España en marzo de 1563 y se posesionaría como presidente del Nuevo Reino en Santafé, a principios de 1564.

Sus primeras actuaciones estuvieron dirigidas a reorganizar la Real Audiencia y a tratar de mejorar el funcionamiento de la justicia. Empezó por buscar la armonía entre los oidores, hasta entonces enfrascados en rencillas y rencores de vieja data. Les pidió cuentas de todas las condenas y gastos de justicias realizados en los últimos siete años; por el desorden y la desinformación que aquello evidenció, ordenó a los oficiales el registro futuro de tales datos. Y atrajo las mayores simpatías al imponer a la Audiencia un mayor ritmo de trabajo para despachar los negocios represados, algunos por las pasiones entre los oidores y otros por la insistencia de los litigantes en acudir a las recusaciones. El efecto de esa medida fue sintetizado, en abril de 1565, por el alcalde mayor Juan Penagos en los siguientes términos: "Puso ánimo a los que por temor no osaban pedirla (la justicia) y frenó a los que con favores pretendían lo ajeno". Por mandato de la Corona, Venero hizo el juicio de residencia al oidor Melchor Pérez de Arteaga y a la totalidad de funcionarios menores de la Audiencia, es decir, relatores, escribanos de cámara, receptores, procuradores y porteros, sobre los que pesaban varias acusaciones; al oidor lo halló culpable de excesos en sus funciones como visitador en Cartagena. En el curso de su administración, el presidente debió enfrentar sonados casos judiciales como el del soldado Francisco Bolívar, condenado a muerte por diversas crueldades con los indios; y el asesinato de Jorge Voto por los hijos del capitán y conquistador Pedro Bravo de Rivera, Pedro y Hernán, quienes contaron con la instigación de Inés Manrique, más conocida como Inés de Hinojosa. Venero calificó tal crimen como "el delito más atroz que se ha cometido en Indias"; viajó a Tunja a sustanciar la causa y pronunció la sentencia que cuenta el cronista Juan Rodríguez Freyle: "Al don Pedro confiscó los bienes; la encomienda de Chivata, que era suya, la puso en la Corona, como lo está hoy. Degollaron al don Pedro; a su hermano Hernán Bravo ahorcaron en la esquina de la calle de Jorge Voto; y a la doña Inés la ahorcaron de un árbol que tenía junto a su puerta, el cual vive hasta hoy, aunque seco..."

Desde el comienzo de su mandato Venero de Leiva advirtió que se hacía caso omiso de varias disposiciones reales y que algunas ni siquiera habían sido publicadas. Se violaban las Leyes Nuevas de 1542 cuando los gobernadores otorgaban nuevos permisos de conquista, pese a que esto era una función de la Real Audiencia. El presidente atribuía tales desafueros a la inexperiencia de los gobernadores, a que no eran hombres de letras, a su condición y a la lejanía de la Audiencia. Por ello envió como visitadores al oidor Juan López de Cepeda a Cartagena y Santa Marta, y al fiscal Diego García de Valverde a la Gobernación de Popayán. Al control sobre los gobernadores, el presidente agregó su oposición a que se desarrollaran empresas expedicionarias; entre las que no autorizó figuran las de Diego de Ospina a la región de Antioquia y la de Diego de Vargas, que ansiaba hallar el codiciado Dorado en los Llanos orientales. Con esas medidas la administración de Venero de Leiva (1564-1575) abrió un paréntesis al proceso de expansión de la conquista; consideraba necesario frenar los atropellos de los conquistadores, tanto sobre las comunidades de donde extraían los indios que arrastraban a las expediciones de pillaje, como el que realizaban en los pueblos que conquistaban. Además, era indispensable organizar el espacio que se había conquistado y sentar las bases para desarrollar tareas de colonización. Resultado de tales inquietudes colonizadoras fue la fundación de la Villa de Leiva, solicitada por varios labradores que habían llegado recientemente de España. La fundación, autorizada por el presidente el 29 de abril de 1572, salió de las pautas de erección de ciudades al contar con el establecimiento de una capa de labradores que le disputaba la mano de obra indígena a los encomenderos de Tunja; muy tempranamente nacería rivalidad entre las dos ciudades, pues los comerciantes preferían a aquélla por la calidad y abundancia de cosechas de trigo.

Venero de Leiva se preocupó por mejorar la situación del indígena sometido a toda clase de vejámenes por parte del grupo de encomenderos, que hacían caso omiso de las disposiciones proteccionistas de la Corona. Lo primero que hizo fue recordar las normas vigentes sobre el tratamiento que se debía dar a los indios y las penas por la venta pública o secreta de encomiendas. Luego mandó a los oidores a realizar "visitas de la tierra" para averiguar, entre otros asuntos, las relaciones de los indígenas con encomenderos y particulares, lo mismo que para conocer o modificar las tasas del tributo. Diego de Villafañe estuvo en los pueblos del distrito de Santafé en 1564, Angulo de Castejón recorrió Cartago y Anserma en 1568, Juan de Hinojosa visitó Popayán en 1569, García Valverde fue a Pasto en 1570 y López de Cepeda a Tunja y Vélez en 1572. El presidente y los oidores abolieron algunos servicios personales de los indios, es decir, los que éstos prestaban a los encomenderos sin que existiese retribución en salarios; la prohibición abarcaba el empleo de indios en el pastoreo, el servicio doméstico y el aprovisionamiento de combustibles y forrajes. Aunque intentaron modificar las prestaciones personales en la agricultura, esto no prosperó por la presión de los encomenderos. En relación con el trabajo en las minas, confesaba Venero de Leiva que no había osado ejecutar al pie de la letra las cédulas reales "porque era destruir todo el Reino", pues no "existía otro metal ni moneda con que los hombres contraten sino el oro", no habría quinto real y los indios no tendrían con qué pagar el tributo. Frente al decaimiento cuantitativo de la población indígena, el presidente aconsejaba al rey, en agosto de 1564, que se introdujeran "negros a precios moderados" para que "las minas y riqueza de estas tierras se saquen [...] en abundancia y con más facilidad, de manera que redunde en bien de todos universalmente y en aumento de vuestro real patrimonio". Los esclavos que se llevaron a las minas no alcanzaron a sustituir la mano de obra indígena y el presidente optó en septiembre de 1570 por reglamentar la labor de indios en la minería.

Dispuso que este trabajo tuviese carácter voluntario, y que los indios que quisieran emplearse como jornaleros deberían recibir seis granos de oro diarios, más la comida y las herramientas necesarias; fijó la jornada laboral en siete horas, "desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, dejándoles en este tiempo comer y beber como lo tienen de costumbre"; después de las cuatro se les tenía que enseñar la doctrina cristiana, lo mismo que en "los días de fiesta de guardar"; prohibió que los indios fueran ocupados en labores distintas y su traslado a climas diferentes a "los que son nacidos y criados"; autorizó a los encomenderos alquilar a sus indios, pero en una proporción que no excediese la décima parte de los tributarios de la encomienda; y ordenó que en cada "asiento de minas" debía existir un alcalde y "un defensor de naturales".

La persistencia de los indígenas en seguir adorando a sus antiguos dioses y las quejas de los encomenderos sobre la escasez de sacerdotes hicieron que Venero de Leiva gestionara la venida de 40 religiosos de San Francisco y Santo Domingo. Por la misma época y contando con el apoyo del arzobispo Fray Juan de los Barrios, se construyeron más de 40 iglesias y se fundaron escuelas y misiones con clases de gramática, artes y teología. El presidente también tomó determinaciones sobre comercio. Entre 1564 y 1565 atendió las quejas de los mercaderes en contra de los encomenderos deudores y dispuso que los primeros pudieran embargar todos los bienes de los segundos, incluso los tributos que les pagaban los indios, lo mismo que las armas y los caballos pertenecientes a "caballeros veteranos", como se autocalificaban los deudores. En 1566 el presidente puso en vigencia el principio según el cual el monopolio del tráfico comercial pertenecía a la Corona; a la medida se opusieron los cabildos de algunas ciudades, como Vélez o Tocaima, que contaban en su jurisdicción con puertos sobre el río Magdalena, de los que habían derivado ingresos fiscales.

Venero de Leiva estuvo casado con María de Ondegardo y Zarate, de cuya unión tuvo nueve hijos. Es posible que ella hubiese colaborado marginalmente en la administración. Rodríguez Freyle comenta: "Le ayudaba mucho a las obras de caridad, porque nadie salió de su presencia desconsolado". No obstante, los cargos más graves que se hicieron al presidente en su juicio de residencia tuvieron relación con la codicia de su esposa. Al parecer, doña María intrigaba ante la Audiencia para favorecer en los pleitos a quienes le hacían llegar regalos; le sirvieron como intermediarios su criada Teresa Herrera, el tesorero Pedro Fernández del Busto y Fray Francisco de Olea. Entre los beneficiados por sus "favores" figuraron personajes sobresalientes como el oidor López de Cepeda y el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada; del primero existen indicios de haber evitado un llamamiento a juicio por la muerte a palos de un vecino de Santafé, gracias a algunas esmeraldas que obsequió a doña María. De otro enredo en que también estuvieron de por medio varias esmeraldas de las recién descubiertas minas de Muzo, se formó un voluminoso expediente judicial en 1574. En este año, ante el juez de residencia Francisco de Briceño, un vecino de Muzo denunciaba a la esposa del presidente por no haberle pagado más de 50 "engastes y canutos", y tres piedras grandes avaluadas en $1.500 pesos "de buen oro", que fueron guardadas por la acusada diciendo que "una era muy buena para Su Majestad, la otra para el Consejo de Indias, y la otra para Ruy Gómez de Silva". Luego de varias declaraciones se reconoció la inocencia del mandatario y de su esposa, debido al desistimiento del denunciante Alonso Ramírez Gaseo. Su memorial decía: "Me desisto y aparto para no pedir ahora ni en ningún tiempo al dicho Dr. Venero y sus bienes cosa alguna en razón de lo susodicho del cual apartamiento juro a Dios y a esta Cruz en forma que no lo hago por temor de que no será hecha vuestra justicia, sino por causas justas que a ello mueven y por entender que en lo contenido en la demanda no tengo justicia". Venero de Leiva regresó a España a fines de 1574 y fue nombrado miembro del Consejo de Indias. Murió en Madrid el 1 de julio de 1578.