EDICIÓN 32 - AGOSTO 1992

A medida que el dominio de España en América se ensanchaba fueron creándose las Reales Audiencias de Indias, dotadas fundamentalmente de funciones judiciales. La del Nuevo Reino de Granada se instala solemnemente el 7 de abril de 1550, segregándose de la Audiencia de Santo Domingo, la primera Audiencia colonial, establecida en 1511. Desde su fundación, la de Santafé ostenta el título de Real Audiencia y Cancillería, lo cual significaba que podía hacer uso del Sello Real depositado en la persona del Canciller; en virtud de esa situación, que la diferenciaba de las Audiencias de Panamá, Caracas y Quito, podía otorgar Reales Provisiones, es decir, órdenes que se expedían colocando en el encabezamiento el nombre del monarca reinante y eran suscritas por el presidente.

En el Nuevo Reino la figura del presidente surge a partir del mandato del rey Felipe II, quien por medio de la cédula del 17 de septiembre de 1562, designa al primer presidente gobernador y capitán general, el doctor Andrés Díaz Venero de Leiva, que tomó posesión de su cargo a comienzos del año de 1564. Aunque desde su instalación la Audiencia de Santafé tenía un carácter de audiencia gobernadora, por ejercer el superior gobierno, se buscaba fortalecer su autoridad y ampliar el ámbito de sus funciones prerrogativas. La Audiencia continuó con sus funciones judiciales de primera instancia en los denominados casos de Corte y de apelación contra las sentencias pronunciadas por las justicias menores. Pero con la introducción de la presidencia las funciones gubernativas se reparten entre las que asume el presidente y las que se ejercen por los oidores en corporación.

Como cabeza de la Audiencia, el presidente quedó con la potestad de designar a los jueces de los diferentes pleitos conocidos por la misma; con la responsabilidad de informar a los soberanos respecto al gobierno de la Audiencia y sobre los oficios que quedaban vacantes y fueran de provisión real. Era de su potestad el nombramiento en ínterin de funcionarios de las ciudades y distritos de su jurisdicción, siempre y cuando los empleos fuesen vendibles; también podía designar en ínterin a los gobernadores dependientes de la Audiencia. Se le encargó velar "por el mantenimiento del orden y buena gobernación de las ciudades de sus distritos"; cuidar de la Real Hacienda y vigilar el funcionamiento de las encomiendas, para lo cual debía llevar un libro de encomenderos y encomendados. En cuanto a las funciones gubernativas de la Audiencia, ejercidas corporativamente, anota el profesor Haring: "La Audiencia, actuando como Consejo de Estado, deliberaba con el presidente en ciertos días de la semana sobre asuntos de la administración política. Estas sesiones administrativas se llamaban Acuerdos y las resoluciones adoptadas Autos Acordados. Cuando se trataba de los asuntos de la hacienda pública se unían a los oidores los oficiales reales. Con el desarrollo del Acuerdo la Audiencia colonial llegó a adquirir poderes legislativos y administrativos, los cuales le dieron, en su distrito particular, poderes análogos en cierto modo a los del Consejo de Castilla en España".

El rey designaba al presidente de una terna presentada por el Consejo de Indias. Para obtener la nominación era importante que el candidato dispusiera de influencias en la Corte; también de una hoja de servicios a la Corona y en ocasiones de dinero suficiente para realizar con anticipación donativos y préstamos al tesoro real. Los favores en dinero tendieron a constituirse en un factor definitivo sobre todo desde finales del siglo XVII, no obstante la oposición del Consejo de Indias que consideraba que la venta de este empleo era la fuente del desgreño y la corrupción administrativa en el Nuevo Reino. En 1693, en uno de los intentos por acabar con dicha práctica, ese organismo recogió los títulos de presidentes o de cargos judiciales vendidos con anterioridad, y entre ellos cayó el de Francisco de Garrachátegui, quien había aspirado durante los últimos diez años a la presidencia del Nuevo Reino. En 1690, Garrachátegui estuvo a la expectativa en Cartagena, esperando que la suspensión del presidente Gil de Cabrera y Davales le abriera las puertas para su posesión en Santafé.

Pese a la intervención del dinero en la elección de presidente, la historiografía académica los ha diferenciado, en razón de sus calidades y extracción social, en "presidentes letrados" y "presidentes de capa y espada". Los primeros serían los gobernantes del período 1564-1605, que tuvieron formación en derecho y pertenecieron a familias burguesas o de menor linaje. Los segundos, los mandatarios de 1605 a 1717 y 1724 a 1740, fueron seleccionados dentro de los círculos nobles de la península, característica que obedeció a una política continental de la Corona de contrarrestar el poderío de los criollos en sus colonias mediante la colocación de gobernantes nobles. La preocupación de la monarquía española frente al acoso de las potencias europeas y el acecho de los piratas sobre las costas del Caribe, se hizo también presente en la provisión de los cargos, con la designación, desde finales del siglo XVII, de presidentes con carrera militar en el ejército o en la marina. En el mismo período hubo tres altos dignatarios religiosos al frente del gobierno; dos de ellos tomaron posesión de la presidencia en momentos de corrupción y crisis del poder civil. Cuando un nuevo mandatario llegaba a Santafé, era recibido a la entrada de la ciudad. Se posesionaba, jurando ante la Audiencia en pleno, el arzobispo, los cabildos eclesiástico y secular, y el notablato de la ciudad. El acontecimiento se celebraba con tres días de festejos que incluían cabalgatas y corridas de toros.

La Corona controlaba a los presidentes y a otros funcionarios mediante las visitas y los juicios de residencia. Para realizar la visita se comisionaba a un juez visitador, luego de que las autoridades españolas tuvieran conocimiento de quejas o denuncias contra el mandatario; es decir que el visitador podía despacharse en cualquier momento. El juicio de residencia lo practicaba el mandatario entrante respecto de los actos del saliente, al finalizar el período de gobierno. En ambos eventos judiciales podía suceder que el investigador encontrara méritos suficientes para dictar un primer auto, conminando al mandatario a retirarse de la capital con el objeto de garantizar el normal desenvolvimiento del juicio; lo corriente fue el destierro a la Villa de Leiva o a Cartagena; paralelamente se embargaban sus bienes. Instruido el proceso, se enviaba al Consejo de Indias para que impusiera las sanciones, generalmente más pecuniarias que restrictivas de la libertad. Varios de los presidentes del Nuevo Reino de Granada resultaron sentenciados por incurrir en conductas como la apropiación de recursos del real erario, el cobro de dinero a cambio del nombramiento en cargos públicos, el favorecimiento con gajes y empleos a parientes y amigos, o el adulterio y concubinato.

El gobierno de los presidentes alcanza a cubrir parte del siglo XVIII; fue interrumpido por la creación del Virreinato de la Nueva Granada, en virtud de la real cédula del 27 de mayo de 1717. Entre ese año y 1724, gobernaron los virreyes Antonio de la Pedrosa y Guerrero y Jorge Villalonga; luego fue restablecido el régimen presidencial por mandato de una nueva cédula fechada en noviembre 5 de 1723. Se argumentó en ese entonces que la creación del Virreinato no había incrementado los caudales reales ni terminado con el fraude y el desorden; además se analizaba que era más oneroso el sostenimiento del virrey, por los gastos en sueldos y el sostenimiento de su casa, familia y el empleo de guardias. No obstante tales afirmaciones, la presidencia quedaría definitivamente derogada en 1739, cuando se volvió a implantar la fórmula política virreinal.

En las páginas siguientes se presenta un elenco de los presidentes del Nuevo Reino. No se incluyó a los oidores-decanos, es decir, los oidores más antiguos que en su oportunidad sustituyeron al presidente en caso de muerte o suspensión. En esa situación de presidentes interinos estuvieron oidores-decanos como Francisco Guillen Chaparro, 1585-1595; Lesmes de Espinosa Saravia, 1628-1630; Francisco de Leyva, 1664-1666; Sebastián de Velasco, 1685-1686 y José Merlo de la Fuente, 1690-1693. Tampoco aparecen los presidentes nombrados por cédula real, pero que finalmente no se posesionaron, entre ellos Gedeón de Hinojosa, Nicolás de las Infantas, Francisco Garrachátegui, Baltasar Carlos de Vivero y Cristóbal Vélez Ladrón de Guevara. Al relacionar las fechas de gobierno de los presidentes y de los oidores-decanos, resultan espacios temporales, en los que las tareas gubernativas fueron al parecer asumidas por la Real Audiencia en su conjunto.