EDICIÓN 28 - ABRIL 1992

Entre los signos de la contradicción política, fiscal y religiosa, se realiza la instauración de la instrucción pública en la formación de la República, atizada en su primera década por las divergencias ideológicas y desavenencias de sus fundadores Santander y Bolívar.

Cuando, el 11 de septiembre de 1819, Bolívar establece en Bogotá el gobierno provisional de las Provincias Libres de la Nueva Granada y designa a Santander como vicepresidente, poco ha quedado en pie del movimiento ilustrado de la Expedición Botánica, admirado por Humboldt y otros viajeros por la América Meridional. Ya ha fallecido Mutis: buen número de sus colaboradores han sido pasados por las armas, otros recluidos en las mazmorras españolas, trasladados los herbarios de la Flora neogranadina a Madrid, derruido el observatorio astronómico. Pocos letrados sobreviven entre las tropas del ejército libertador o amparados en el apático ambiente patriota de los centros urbanos coloniales. Apenas si subsisten por la inercia y el aislamiento algunos seminarios y escuelas parroquiales. Los dos colegios de Bogotá y el de Popayán fueron convertidos en cuarteles realistas y en cárceles de reos patriotas.

Para el nuevo gobierno se trata de establecer la instrucción pública como "primera base del edificio social y sin la cual la República no es más que un vano nombre", al decir de Santander. Fortalecer nuevas lealtades de los ciudadanos al Estado en formación; implantar nuevos valores civiles sobre las arruinadas instituciones educativas y políticas del régimen colonial. Porque la instrucción pública, dice Santander, "prepara la felicidad de los pueblos que, cuando más ilustrados, conocen mejor sus derechos y se hacen más dignos de su libertad".

Preocupado por la vagancia de los huérfanos de la guerra en calles y parajes de Bogotá, Bolívar les destina por decreto uno de los edificios de los 12 conventos y 31 templos de la capital, el convento abandonado de los capuchinos. Aunque no se conoce que hubiese podido funcionar según su deseo, sí dio la fórmula para establecer entre 1822 y 1827 los primeros veinte planteles de educación media, destinando los bienes, rentas y edificios de conventos de órdenes religiosas asentadas en los centros urbanos del territorio virreinal desde el siglo XVI.

Entre 1819 y 1821, por decreto, Bolívar y Santander van avanzando en el dominio y control de la educación, promoviendo ideales (utópicos para el momento) de ofrecer educación a todos los niveles en forma gratuita, igualitaria y unificada. Han optado por la orientación regalista y el control del Estado sobre la instrucción pública, un proceso que incluye los colegios seminarios. Santander elabora un croquis de las condiciones materiales que muestran las provincias de la Nueva Granada en cuanto equipamiento religioso. Chocó, Casanare y Santa Marta no cuentan con una tradición académica que permita "por ahora" instalar casas de educación. El Congreso constituyente de la República legitima los procedimientos de supresión de conventos y transferencia de bienes y edificios a los planteles de educación media.

Las leyes de instrucción pública expedidas por el Congreso de 1821 dieron fundamento a las medidas de Santander. Se trata de una estrategia cautelosa de implantación, más que de una revolución que derrumbe "el edificio gótico" de la educación colonial. Santander no se lanza a una regeneración radical, para no agitar profundamente el alma popular, como diría Rafael Uribe Uribe. Eran profundas y arraigadas las lealtades religiosas locales y omnímoda la presencia de la Iglesia en el territorio. Al control de los bienes conventuales seguirá la penetración ideológica, con la difusión de obras y autores señalados como contrarios a la ortodoxia católica romana. Querella que se avivará por medio siglo más, desde pulpitos y hojas impresas. El gobierno es ya "el único y exclusivo protector de las casas de educación". Trabajo parsimonioso quizás, expresión de las desigualdades entre las provincias y de la diligencia o desidia de los gobiernos de provincia. El sentido realista de las condiciones necesarias para fundar las casas de educación se encuentra en el mensaje de Santander al Congreso de 1823, cuando explica por qué no se ha decretado el establecimiento del plantel en la antigua capital de la República, Santo Tomás de Angostura: "El ejecutivo jamás piensa que se debe engañar a los pueblos con palabras y papeles, sino que poco a poco y del modo que lo permitan las circunstancias, se le debe ir haciendo tocar palpablemente los bienes de su independencia y libertad. Cuantos colegios y casas de educación he decretado, han tenido por apoyo los informes de las respectivas autoridades, el convencimiento de que se ha podido plantear inmediatamente". Esta fue su política fundacional de casas de educación, antes y después. No es el número el rasero de efectividad, sino las condiciones que se reúnen en su establecimiento lo que se debe subrayar.

Un esquema básico identifica los decretos de creación de colegios y casas de educación en las dos administraciones de Santander (1819-1827 y 1832-1837) y luego en la del presidente José Ignacio de Márquez (1837-1841). Control por el gobierno de la dirección del plantel mediante la designación de rector, vicerrector, pasante de estudios y capellán. Escuela por el método de enseñanza mutua o lancasteriana para el nivel infantil. Un plan provisional de estudios prestado de los colegios de la capital, y también el régimen interno. Cátedras de gramática castellana alternando con el latín y nociones de retórica y filosofía e instrucción política constitucional y de derechos de gentes. Delegación en los gobiernos políticos e intendentes de los departamentos la organización de los planteles. Designación de catedráticos por oposición. Para algunos colegios se establecen cátedras de minerología, medicina y algunas disciplinas prácticas, pero el plan de estudios sigue siendo altamente especulativo. La escasez de letrados hace que se seleccione entre el clero patriota a los rectores y directivos y se autorice a ocupar cátedras a seculares y religiosos, impartiendo también docencia los rectores con remuneración, mientras se fortalece la educación. A los congresos legislativos de 1823 a 1826 se pide la adopción del proyecto de código de la enseñanza pública. La ley se expide en 1826 y Santander la reglamenta por decreto minuciosamente, utópico y marcadamente reglamentarista, para muchos analistas. Apenas avanzado el siglo actual pudieron irse materializando muchas de sus medidas. Pero el código da pie al establecimiento de las universidades centrales de Quito, Caracas y Bogotá, la de Boyacá en Tunja y la del Cauca en Popayán.

Los avances de escolares y colegiales sirven de elemento propagandístico de las bondades de la instrucción pública y del proyecto educativo del gobierno: exámenes públicos cada cuatro meses y luego anuales, con asistencia de las autoridades locales, y aun vicepresidente y sus colaboradores en la capital. En la "Gaceta de Colombia" se hace registro social de los actos públicos. Por las reseñas, vemos que queda mucho de especulación y de la orientación religiosa y escolástica colonial. Aunque se introducen temas como la legitimidad del Estado y las relaciones Iglesia-Estado, la argumentación va desplazando poco a poco a los artificios del silogismo.

La autorización de Santander a algunos colegios de impartir docencia en español, rompe el monopolio tricentenario del latín como lengua académica. Las rentas y bienes de los colegios, administrados por los rectores, se adicionan con los aportes de vecinos, los cuales trata el régimen de fomentar con la institucionalización o restablecimiento de fundaciones como la de don Pedro Pinillos en Mompox y con los aportes de becarios que deben pagar por la alimentación como internos (entre 60 y 120 pesos mensuales, según la región). La instrucción política se alterna con la religiosa. Así se difunden los catecismos políticos con la estructura de preguntas y respuestas, aliado de catecismos religiosos de Astete y Fleury. El ritmo de estudios se sincroniza con el año litúrgico y más de 79 "Fiestas de guardar". Sólo en la década del 30 se reducirán, por decisión papal y del congreso, los días de fiesta religiosa.

Haciendo frente a la escasez de catedráticos y letrados se suceden en la dirección de rectorías y cátedras los ex alumnos de los colegios de la capital y se produce migración desde provincia a los colegios en funcionamiento. Desde 1823 se han ampliado las importaciones de libros y acrecentado el número y variedad de cátedras. Pero desde 1826 se enrarece el ambiente político con las corrientes disolventes del proyecto integracionista del Libertador. El alzamiento en 1826 en Valencia distancia a Bolívar y Santander y agudiza el progreso de sus desavenencias. La instrucción pública será puesta en la picota.

Ante el fracaso de la Convención de Ocaña, Bolívar asume el poder absoluto, suprime la vicepresidencia y designa a Santander como embajador ante los Estados Unidos. Se identifica como factor de perturbación en la conjuración contra su vida, la influencia de los autores que se estudian en colegios y universidades colombianos. El Libertador Presidente expide en 1828 y 1829 decretos de contrarreforma que suspenden el código de 1826, suprimiendo las cátedras de ciencias políticas, restableciendo los conventos no ocupados por colegios, fijando el período de los rectores en tres años y restableciendo el latín como exigencia para cursar cátedras en las facultades superiores. Entre 1828 y 1832 desaparece del escenario político Santander, exiliado en Europa, muere el Libertador y se disuelve la República, separándose del control político de Bogotá los colegios provinciales de Ecuador y Venezuela.

Retorna Santander al mando constitucional de la Nueva Granada en 1832, cuando se hace notoria la deserción estudiantil en los colegios y el estancamiento en las universidades, producto de las mutaciones del lustro anterior. No emprende nuevas aventuras fundacionales. Busca restablecer las instituciones culturales y las casas de educación. De ahí que se avance en la reforma de planes de estudios, ampliación de cátedras y formulación de un nuevo código que supere la fragmentación reglamentarista de la legislación educativa, que ayudó a producir en la pasada administración. Restaura la Academia Nacional de Artes y Ciencias y dota de una cátedra de física experimental al Museo Nacional. Favorece el progreso de colegios con iniciativas, que adoptara el Congreso hacia 1835. La ley de reforma del plan general de instrucción pública restablece "en toda su fuerza y vigor" el plan de enseñanza de 1826. Reglamenta las cátedras y contenidos de los planes de estudios de medicina, jurisprudencia y teología y autoriza a los estudiantes de estas disciplinas para que "según su talento y aplicación puedan matricularse en diferentes clases y ganar dos o más cursos a un tiempo".

Otras medidas innovadoras para ampliar la oferta educativa de los colegios, son la validación de cursos adelantados en colegios de provincia para optar a títulos universitarios y la apertura de nuevos cursos por iniciativa privada, que el poder ejecutivo legitimará. La bondad académica de estas medidas será cuestionada posteriormente en las memorias del ejecutivo al Congreso, y en 1843 se adoptará un nuevo código de instrucción pública. Santander apoya las iniciativas de las provincias y de los letrados locales. Con fondos reunidos por vecinos de Pamplona se reorganiza y se da estatus de colegio público al antiguo colegio seminario que Santander fundara con el obispo de Mérida en su primera administración. No logra, sin embargo, dar estabilidad al colegio de San Simón, de Ibagué, donde los vecinos han insistido durante diez años que se clausure y se abran escuelas públicas.

La inclinación del letrado Santander por el mundo editorial se plasma en iniciativas de ley orientadas a fomentar el desarrollo del medio impreso. Los talleres impresores que funcionaban en número de 14 hacia 1820, se triplican en 1840. Por iniciativa privada o de juntas de vecinos se dota de una imprenta a la Universidad del Cauca y se instalan imprentas en Quibdó, Cali, Pasto, Medellín, Rionegro y Popayán. Se introduce la litografía y se abre en la Casa de Moneda la primera escuela de grabado. Se concede privilegio a una empresa de fabricación de papel, de corta vida, que alcanza a imprimir periódicos y obras de autores nacionales. Le corresponderá sancionar una ley que protege a los editores y a las obras de autores nacionales, traducciones y documentos oficiales. Otra ley complementaria impone a los editores e impresores la obligación de depositar en la Biblioteca Nacional todo texto que se imprima en el país, salvo tarjetas y carteles.

Las casas de educación que se fundan al término de su mandato y en el de Márquez serán fruto de los esfuerzos de las comunidades locales. Se incrementa la importación de materiales, instrumentos, libros y otros elementos de enseñanza. La aventura que comenzó con la intervención de conventos se cerrará con la presencia del ex presidente Santander en el Congreso, desde 1838 hasta su muerte en 1841. Elegido diputado por Pamplona, le corresponderá revisar el proyecto de transferencia de bienes del convento de los dominicos en Chiquinquirá a los colegios de Vélez y Boyacá. Algunos de los colegios fundados por el Hombre de las Leyes, que hoy denominamos "Santanderinos", alcanzaron el rango de universidades, como el Colegio de Antioquia, el de Cartagena de Colombia o como la Universidad Central, restablecida en 1867. Otros volvieron a su condición de colegios de secundaria, sin poder recuperar su carácter universitario.