REVISTA COLOMBIA INTERNACIONAL

( número 49/50)
Esta es una publicación del Departamento de Ciencia Política - Facultad de Ciencias sociales
Universidad de Los Andes

Eric LAIR ^*

y los apologistas del terror (...).

Michael Ignatieff, El honor del guerrero

Hace varios años que Colombia experimenta fenómenos de violencia de singular complejidad, al ritmo de más de 22.000 muertes por año ¹ .   La violencia ha afectado tanto al colombiano común, como a las principales estructuras del país. Sin embargo, Colombia no es la "zona de caos" descrita por observadores sensacionalistas ² . Es claro que el país se ha debilitado por la violencia endémica, la deficiencia del sistema judicial y una crisis económica sin precedente desde los años 1930. Pero el Estado no se ha derrumbado, y Colombia puede preciarse de regirse por principios o valores democráticos, tal como lo demuestra la importante participación popular en las elecciones presidenciales de 1998 pese al intento de boicot de las guerrillas y a las amenazas de los paramilitares.

Es en este contexto donde hay que situar la extensión del conflicto armado interno entre las guerrillas, los grupos paramilitares y las fuerzas estatales. Desde finales de los años 1970, el conflicto armado que aquí nos interesa se ha intensificado hasta dominar ampliamente el panorama general de la violencia en el país.

También la visión de los colombianos sobre el conflicto ha cambiado: hace 20 años no se lo percibía como una amenaza para la estabilidad del país; hoy, los más alarmistas consideran que las guerrillas están a punto de apropiarse de la capital, Santafé de Bogotá, y que sólo una intervención militar de los Estados Unidos podría evitarlo; otros, la mayoría, ponen sus esperanzas en las negociaciones de paz iniciadas en 1998 entre la administración del actual presidente, Andrés Pastrana, y la guerrilla (Pécaut, 1999) para salir de la crisis.

Señal de estos cambios es la evolución de la terminología del conflicto. En dos décadas se ha pasado de un estado de beligerancia interno poco reconocido, a una situación en la que las nociones de "guerra" y "guerra civil" se han hecho corrientes.

Pero esta evolución no siempre ha implicado una reflexión acerca de las características y dinámicas de la guerra. Así, la noción de "guerra civil" ha sido aceptada cada vez más, sin que se genere un debate de fondo sobre su aplicación al caso colombiano. Por otro lado, es sorprendente el escaso número de estudios que versan sobre las lógicas de acción de los actores en guerra. La literatura al respecto privilegia teorías explicativas en términos de "cultura de la violencia" y "debilidad del Estado" minimizando el rol de los grupos armados, que sin embargo hacen evolucionar las modalidades de guerra y le imprimen a ésta una temporalidad particular.

La ausencia de estudio sobre los protagonistas armados refleja dos tendencias: el poco interés prestado a la sociología de los actores en conflicto y a sus estrategias y la falta de instrumentos teóricos que permitan aprehender violencias esencialmente infraestatales. Las preguntas de algunos analistas sobre nuestra capacidad para pensar los problemas estratégicos en el mundo de posguerra fría (David, 1997), se pueden retomar para el conflicto colombiano, cuyo carácter fluctuante obliga a buscar sin cesar nuevas redes y herramientas de lectura.

Intentaremos comprender las lógicas de guerra de los grupos en conflicto, proponiendo un análisis estratégico que responda a dos preguntas: ¿cómo caracterizar este conflicto interno, percibido como una fuente de inestabilidad a escala del continente americano?; ¿Cuáles son las dinámicas y recursos de la guerra que hacen de Colombia un país con uno de los conflictos internos más antiguos en el mundo, al lado de Myanmar (ex Birmania), de Sri Lanka, de Sudán e incluso de Angola?

1-De vuelta sobre la evolución del conflicto: la ruptura estratégica de los años 1980

Antes de abordar el conflicto armado, recordemos que la sociedad colombiana está cruzada por un conjunto de violencias cambiantes que han causado la muerte de unas 250.000 personas durante los 90. La circularidad de las distintas dimensiones de la violencia -ya sea que estén ligadas al conflicto armado, al tráfico de drogas, a la delincuencia común, a tensiones intrafamiliares o a riñas y ajuste de cuentas-, diluye las fronteras entre la violencia política y social.

Las guerrillas, primeros actores del conflicto

Las principales guerrillas ³ aún activas nacieron en los años 1960 tras la guerra civil (época de la Violencia) entre los conservadores y los liberales ⁴ . Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-1964) ligadas originalmente al Partido Comunista Colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN-1965) inspirado en la revolución cubana, constituyen hoy las dos grandes fuerzas guerrilleras. El Ejército Popular de Liberación (EPL-1963) de inclinación maoísta perteneció a esa primera generación de guerrillas antes de deponer las armas en 1991. Movimientos surgidos posteriormente, como el M.19 (1973) y el grupo armado indígena Quintín Lame (1983), se incorporaron igualmente a la vida civil a principios de los 90 (Peñaranda y Guerrero, 1999).

Los años 1978-79 marcaron la renovación de la actividad de las guerrillas tras años de crisis internas y apatía de la lucha armada. Siguiendo al M.19, las guerrillas intensificaron sus operaciones militares y de propaganda. Frente al engrandecimiento del M.19 especialmente entre las clases medias e intelectuales, las guerrillas entablaron una especie de competencia donde cada una aspiraba a ser la legítima depositaria de la oposición armada en un sistema político tradicionalmente marcado por el bipartidismo entre conservadores y liberales.

Esta concurrencia armada ha abierto un ciclo de violencias en el que las guerrillas han perdido rápidamente el control a medida que los participantes se han multiplicado. Han evadido la represión del ejército y han entrado a interactuar con grupos delincuenciales. Igualmente han estimulado el aumento de una violencia cotidiana atomizada, en especial en zonas de colonización reciente como en las áreas de cultivo de droga (diferencias familiares, violencias relacionadas con la prostitución y el alcohol, etc.).

En el curso de estos años hubo una complejización de la confrontación armada que refleja lo que se puede llamar una "ruptura estratégica" (Revue Stratégique, 1997).

En primer lugar, se dio una ruptura en la postura estratégica general (fines, representaciones, iniciativas, medios y matriz socio-espacial) de las guerrillas. Desde sus conferencias respectivas en 1982-83, las FARC y el ELN adoptaron estrategias político-militares particularmente ofensivas: decidieron desdoblar sus frentes de guerra, diseminarse geográficamente siguiendo una lógica centrífuga, diversificar sus fuentes de financiamiento e irrumpir en la vida de los municipios con la intención de propiciar las condiciones para una insurrección popular.

Esta ofensiva estratégica coincidió con un trastorno en la economía de guerra. El desarrollo del comercio de la droga y más ampliamente la movilización de una serie de recursos económicos (minas de oro, esmeralda y carbón, extorsión a las compañías petroleras y a las poblaciones, etc.) hacen comprensible la intensificación de los combates que se ha venido observando desde entonces. Como nunca antes, las guerrillas y por lo tanto otros actores coercitivos, han podido aumentar sus efectivos, la calidad de su armamento, su influencia y la envergadura de la confrontación en el tiempo y el espacio. De esta manera, ha habido en todos sus planes un salto cualitativo y cuantitativo de la guerra.

Finalmente, la intervención de la guerrilla en la escena nacional ha traído consigo la aparición de diferentes grupos armados tales como las milicias urbanas y los paramilitares, quienes a partir de este momento serán también actores principales del conflicto.

Crecimiento y relación de fuerzas de los grupos armados

Algunas cifras esbozan una idea del crecimiento de las guerrillas: las FARC pasaron de tener 32 frentes y 3500 soldados en 1986, a tener más de 60 frentes y 7500 combatientes en 1995; por su parte, el ELN paso de tener 11 frentes a 32 y 3200 soldados de 800 anteriormente. Hoy se estima que los efectivos de las FARC alcanzan por lo menos 15.000 guerrilleros y los del ELN unos 5000.

Esta dispersión no acarreó una atomización incontrolada de los frentes. La relativa rareza de los combates hasta principios de la década de 1990, la personalidad de los jefes de los grupos de guerra, la disciplina y el centralismo de las facciones son, de hecho, elementos que explican la cohesión de las guerrillas después de años de existencia. Sin embargo esta estabilidad no debe ocultar la voluntad de independencia. En el seno del ELN está notablemente más arraigada en el poderoso Frente Domingo Laín, el cual se separó anteriormente de la organización reintegrándose hace poco, y en la disidencia del Ejército Revolucionario Popular (ERP-1996). En las filas de las FARC, si las disensiones son menos marcadas, la dispersión de los frentes postula importantes problemas de control logístico y militar para el Secretariado General ya que la nueva generación de jefes militares que emerge está al parecer más inclinada hacia las acciones armadas que hacia la línea política de los históricos líderes guerrilleros.

Por su parte, los paramilitares, cuyos efectivos oscilan entre 8000 y 10 000 hombres, se originaron en su forma actual a mediados de la década de 1980 como reacción a las acciones guerrilleras. En su origen, se vieron beneficiados por el apoyo de oficiales de las Fuerzas Militares colombianas. Sin embargo, en la actualidad tal apoyo no es tan evidente. Las alianzas entre paramilitares y las fuerzas estatales son ante todo fruto de iniciativas personales (Human Rights Watch). A diferencia de la experiencia llevada a cabo en Guatemala por ejemplo para luchar contra las guerrillas (Schirmer, 1998), en Colombia no hay una política estatal a favor de los paramilitares. Estos últimos reciben suministros ocultos de diversos sectores sociales y principalmente de los grandes terratenientes. Igualmente hacen acuerdos oportunistas con los narcotraficantes, cuando no son financiados por estos últimos.

Los grupos paramilitares no son tan unidos como aparentan serlo. Reunidos bajo la bandera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), defienden intereses principalmente locales. Sus frentes regionales se solidarizan en la lucha contra un enemigo común: la guerrilla. Forzando un poco los hechos, se podría decir que ellos han sido los mayores opositores al crecimiento guerrillero (Bejarano, 1997). Desde los años 1990, los paramilitares disputan el control de varias localidades con presencia guerrillera, acrecentándose la bipolarización del conflicto en el que el ejército regular colombiano no tiene por ahora un papel muy activo.

El ejército frecuentemente se queda acantonado en sus campamentos, a falta de una estrategia política y militar claramente definida, y de dominio del territorio. Reducido a una posición de espera, el ejército colombiano da a veces la impresión de alegrarse de las ofensivas paramilitares y de estar en medio de un sistema de delegación implícita de la fuerza a éstas organizaciones militares privadas. Al mismo tiempo el ejército constituye el principal objetivo militar para la subversión, tal como lo demuestran las operaciones de las FARC desde 1996 (ataque a la base militar de las Delicias) contra diferentes blancos militares en todas las cuales se tomaron prisioneros.

Para salir de este círculo pernicioso de "falta de disponibilidad operacional y de manejo de los espacios nacionales- derrotas- pérdida de legitimidad", bajo la presidencia de Andrés Pastrana se ha propuesto una reforma militar. A pesar de que aún es muy precario medir sus efectos, puede decirse que el énfasis de la reforma parece estar en la creación de unidades flexibles (como la Fuerza de Despliegue Rápido) y en el uso de modernas tecnologías aéreas provenientes de los Estados Unidos. Tales equipos han hecho posible la multiplicación de las acciones contra la guerrilla iniciadas desde el verano de 1999. Acciones éstas que han ocasionado importantes pérdidas entre las guerrillas.

2- Las lógicas de dominio socio-espacial de los actores armados.

La violencia generada por el conjunto de protagonistas armados puede ser redefinida a la luz de la estrategia en secuencias de acción donde se definen objetivos y se movilizan diferentes recursos. Aunque sea difícil a veces decir con certeza cuáles son los objetivos y los medios de estos protagonistas, la acción estratégica se constituye en un tríptico: territorio, riquezas económicas, poblaciones.

La malla territorial de los protagonistas armados

Como consecuencia de la expansión geográfica de las guerrillas y organizaciones paramilitares, la privatización de los territorios ha tomado proporciones considerables. Algunos de ellos están marcados por uno de los protagonistas armados, a la manera de los territorios de la droga, controlados desde hace bastante tiempo por las guerrillas (sobre todo las FARC). En esas zonas, localizadas al sur y sureste del país (Putumayo, Caquetá y Guaviare), las guerrillas dictan las condiciones de su "cohabitación" con otros protagonistas, como los narcotraficantes y todas las poblaciones que han tomado a su cargo (González, Ramírez, Valencia y Barbosa; 1998).

La malla socio-espacial asegurada por los actores armados es aún más precaria debido a que el territorio es teatro de una lucha entre varias organizaciones armadas que no legan a controlarla ni homogeneizarla de manera estable.

Estos espacios multipolares representan la forma más común de privatizar el territorio. Ya no se lleva la cuenta de los pueblos, los corredores de comunicación y las zonas con un fuerte potencial económico que pasan de manos de un actor a otro sucesivamente.

La región del Urabá al noroeste del país, que vive al ritmo de (re)conquistas territoriales de guerrillas, paramilitares y el ejército nacional, ilustra esta rotación (Aldana, Atehortúa y Correa, 1998). La intensidad de los combates en esta zona tiene una gran relación con su importancia estratégica (Ramírez T., 1997). De hecho, Urabá es una muestra regional de lo que buscan las organizaciones armadas con el establecimiento de un poder local. El interés por estas tierras descansa sobre una ambivalencia geoestratégica: constituyen un espacio cerrado y una zona de refugio (las FARC instalaron campamentos de descanso a lo largo de la frontera panameña) por no tener vínculos con Panamá y un déficit de vías de comunicación; esta zona ofrece igualmente un espacio abierto con doble acceso al océano pacífico y al mar caribe. Por esto, tanto los traficantes de droga como los paramilitares y las guerrillas han hecho de Urabá una cancha rotativa de sus actividades económicas (tráfico de armas, de drogas, etc.). Estos atributos económicos que por otra parte son reforzados por la presencia de grandes zonas bananeras y ganaderas.

Recursos económicos, lo que está en juego en la guerra

Con este ejemplo local, abordamos uno de los aspectos fundamentales de la guerra: los recursos económicos cuya captación es fundamental para las estrategias de los protagonistas. Como lo ilustra el narcotráfico, estos recursos son lo que está en juego en la guerra.

Colombia es un país privilegiado por sus riquezas económicas. Es en parte por esto que el conflicto ha sido tan intenso y prolongado en el tiempo. Los actores armados del conflicto colombiano han encontrado localmente los medios para su reproducción y expansión, sin depender de ninguna ayuda externa significativa en la época del enfrentamiento "este-oeste".

Los grupos armados han desarrollado una economía de guerra ⁵ articulada en recursos que ligan lo local a lo internacional. Sin embargo éstos no controlan las rutas de comercialización de las drogas. Su control se ejerce en las zonas de producción de "materias primas" (cultivos de coca, adormidera y marihuana, zonas mineras, etc.), en algunos laboratorios de procesamiento de la droga y sobre los corredores de comunicación por los que se transporta contrabando, armas y droga.

Pero la economía de la guerra no se limita a la territorialización de los diferentes grupos armados en zonas de riqueza potencial. También tiene dimensiones menos territoriales o de-territorilizadas. La extorsión y los secuestros, en los que Colombia lleva el récord mundial, constituyen dos grandes fuentes de financiamiento donde la base territorial no es necesariamente primordial para la estrategia.

Dentro de las zonas que los paramilitares y guerrillas controlan, se practica la extorsión a las poblaciones. Y lo hacen de una manera aún más aleatoria, en zonas no tan controladas donde llevan a cabo operaciones "golpe" o hacen secuestros "relámpago" amenazando así a la mayoría del territorio colombiano según una lógica tous azimuts.

En otras palabras, en una época en que se habla del fin de los territorios, los actores del conflicto colombiano muestran que la referencia al territorio es bastante compleja. A pesar de sus prácticas no territoriales, estos actores obedecen lógicas de apertura-cierre. Desarrollan economías locales que defienden fieramente contra incursiones extrañas sin que se hunda el modelo poco viable de una economía de guerra cerrada, avanzado por las teorías "foquistas", ya que han sabido combinarlo con recursos abiertos al exterior.

El control de las poblaciones

Finalmente, también las poblaciones están en el centro de los diseños estratégicos de los protagonistas armados que buscan antes que todo controlarlas. Este control procura a los beligerantes diversas ventajas. Desde un punto de vista económico, es un medio para asegurarse mano de obra para actividades múltiples, legales o no. Les permite beneficiarse de un apoyo material indispensable para sostener un esfuerzo prolongado de guerra, que resulta costoso. Desde una perspectiva socio-política, facilita, sobre todo a las guerrillas, la creación o cooptación de movimientos contestatarios campesinos con el fin de exhibir sus capacidades de movilización popular (estrategias de demostración de fuerza que se manifiestan por ejemplo en las marchas campesinas en protesta contra la política estatal de erradicación de los cultivos de coca) en operaciones tan espectaculares como breves.

De otra parte, el control de las poblaciones le asegura a los actores armados cierto peso, esta vez menos efímero, en la vida municipal. Al cercarlos e inmiscuirse en la gestión política local del país, se afirman como poderes de facto. Se apoyan en esta gestión local para abrirse espacios de negociación con el poder central e intentar obtener cierta legitimidad nacional (continuum entre lo local y lo nacional) que les es esquiva por el volumen de secuestros y la ausencia de sentido de su lucha a ojos de la población.

En efecto, es poco lo que se reconocen las poblaciones que se oponen en un enfrentamiento armado. Éste toma el aspecto de un conflicto de intereses privados a gran escala, entre grupos armados que quieren involucrar a la población civil en sus combates. En general, los colombianos están cercados y controlados contra su voluntad por los grupos armados siguiendo modos coercitivos sobre los que se volverá a tratar.

Todo aquel que no coopera se hace sospechoso a priori. Los grupos beligerantes le imprimen una dinámica local amigo-enemigo al conflicto con el fin de evidenciar los referentes sociales y homogeneizar los territorios según sus intereses (esta lógica es particularmente visible en las zonas de gran disputa entre los paramilitares y la guerrilla, a saber en: Urabá, Norte de Santander, el sur de Bolívar y ahora el Putumayo).

Estos fenómenos de clasificación forzada hacen muy difícil la neutralidad para poblaciones que no tienen más alternativas que rebelarse contra el orden impuesto, escaparse cuando el país cuenta con más de un millón y medio de desplazados internos o someterse a un protagonista armado. En este último caso, las poblaciones se encuentran atadas a pactos cuyos términos recuerdan en ciertos aspectos los enunciados por Thomas Hobbes: renuncian por coacción a libertades (defensa personal, derecho a la libre expresión, etc.) y se adhieren a las normas de las guerrillas o los paramilitares a cambio de la garantía de un entorno relativamente seguro. Así se crean lealtades instrumentales mas no ideológicas ni afectivas, que se hacen y deshacen según las conquistas y pérdidas de territorio.

Como se habrá comprendido, esta guerra está marcado por una gran fluidez en la evolución de la geografía militar y de las relaciones de fuerzas entre los actores armados e incluso en la gestión local de dominación de poblaciones. Ahora es posible preguntarse cómo caracterizar el conflicto desde una perspectiva más militar. ¿La situación vivida por Colombia se parece a otras, o es tan específica que constituye un conflicto atípico de la pos-guerra fría?

Un conflicto eminentemente rural

Análisis recientes subrayan que los centros de gravedad de la guerras internas en el mundo se desplazan hacia las ciudades (Jean y Rufin, 1996). Esta tendencia ha sido observada en el conflicto libanés y se ha confirmado en guerras interestatales (Irak-Irán en especial) y conflictos armados internos (Angola a fines de los años 1980, Liberia o Sierra Leona en la década siguiente, etc.).

Las razones de la creciente urbanización de las guerras internas son numerosas. Piénsese simplemente en la importancia de las zonas urbanas en términos de comunicación, aprovisionamiento y concentración de riquezas. El éxodo rural de las poblaciones favorece igualmente la convergencia de los grupos armados hacia las ciudades. Su control se ha hecho esencial con miras a estrategias de control de la población. En un nivel más simbólico, la intervención en una gran ciudad permite a los actores armados exhibir su poder y sus capacidades de disturbio. En fin, las ciudades son lugares de la modernidad, puntos de encuentro e interacción entre grupos armados de todo tipo y poblaciones: reúnen en su espacio a hombres y mujeres armados, especialmente jóvenes, buscando socialización, reconocimiento de su estatus de combatientes y bienes de consumo.

En contravía con esta inclinación general, la guerra en Colombia conserva rasgos fundamentalmente rurales. La capital y las principales ciudades del país no son el escenario de confrontaciones armadas prolongadas ni abiertas entre las guerrillas, los paramilitares y el ejército regular.

Por supuesto, los dos primeros no están totalmente ausentes de estos espacios. Prueba de ello es el posible sentimiento que tienen los colombianos de una guerra inminente en zonas urbanas, teniendo en cuenta la crecida presencia de los actores armados en éstas. Ese sentimiento se ve reforzado por las esporádicas operaciones espectaculares (atentados, emboscadas, etc.) de las guerrillas en el medio urbano, tanto como por la influencia más o menos directa de las mismas, ejercida por medio de milicias o grupos delincuentes en los barrios periféricos de Bogotá o de capitales regionales como Cali o Medellín. Además, ciudades de menor importancia, como Barrancabermeja, pueden estar más directamente afectadas por los efectos del combate a causa de su importancia estratégica para la economía (industria petrolera).

Sin embargo, por el momento las guerrillas están ocupadas en acumular fuerzas en los espacios rurales. Aún no han transitado hacia una lógica de enfrentamiento sistemático en el medio urbano.

Más aún, ¿tendrán siquiera la voluntad de hacerlo? A partir de su declaración de estrategias, se puede pensar que la invasión de la capital les abriría la vía a la toma del poder. No obstante, el estudio de sus estrategias cotidianas invita a una mayor prudencia. Las guerrillas han estado largamente implicadas en el establecimiento y la defensa de poderes locales. Más que una clara intención de tomarse el poder a nivel nacional, son estos micro-poderes los que permiten comprender la trayectoria de sus estrategias.

Atacar las grandes ciudades implicaría el riesgo de una escalada del conflicto en la cual la incertidumbre podría poner en peligro redes de influencia local construidas con grandes esfuerzos. Además, ¿tendrían los medios para controlar a largo plazo las grandes ciudades? La pregunta se hace en un momento en el que su falta de apoyo entre las poblaciones cansadas de sus exacciones hace cada vez más lejanas las posibilidades de una insurrección general.

En efecto, las poblaciones son el blanco y la inversión de la mayoría de las acciones armadas. La inversión, porque los protagonistas buscan ante todo controlarlas por los motivos ya expuestos. Asistimos a una guerra por "poblaciones interpuestas" en la cual las confrontaciones directas son la excepción. Por supuesto, la emergencia del fenómeno paramilitar y las acciones emprendidas contra el ejército por la guerrilla sobre todo a partir de la mitad parte de los años 90, han llevado a intensificar los combates directos, pero todavía escasean las grandes y costosas campañas militares (Echandía, 1999).

Allí radica una de las principales particularidades del conflicto armado colombiano desde el punto de vista militar si uno compara con otros conflictos internos en el mundo.

En efecto, si es cierto como lo afirma la "violentóloga" Mary Kaldor (1999:100) que más del 80% de las víctimas de los conflictos hoy en día son poblaciones civiles (incluyendo a Colombia), el caso colombiano se singulariza por la escasez de grandes operaciones militares en las cuales se enfrentan directamente los grupos armados. Hasta ahora, lo que prevalece son ataques contra la población civil como ya lo mencionamos y fases de ataque/defensa muy puntuales entre los actores en conflicto.

Ilustremos este último aspecto con los recientes ataques de las FARC a las fuerzas estatales. Desde la toma de la base militar en las Delicias en 1996, las FARC se han lanzado en una serie de operaciones ofensivas sin precedentes. La repetición de los combates en el tiempo desde entonces da la impresión de que el país conoce una intensificación creciente de la guerra. Si esta percepción refleja cierta realidad militar, debe ser matizada.

A diferencia de lo que se puede observar en otros conflictos internos en África por ejemplo (Angola y Sierra Leona) en donde existen grandes campañas de confrontación militar directa entre los protagonistas armados tanto en medio urbano como en el campo, en Colombia el tiempo de los combates es mucho más corto a nivel táctico

Lo que privilegian los actores armados colombianos son las operaciones "relámpago": concentran sus fuerzas en un lugar y en un momento determinado. Luego se retiran para evitar la prolongación de las confrontaciones y tener muchas bajas en sus filas. Así que en Colombia la guerra entre grupos en conflicto parece a veces "suspendida" en el tiempo e interrumpida por fases de calma en el uso de la fuerza.

Hay que hacer aquí una diferencia fundamental con la guerra que se libra contra la población, la cual sí es constante. A lo largo de las décadas de los 80 y 90, la presión y las exacciones armadas contra los civiles han venido intensificándose. No sólo la guerra ha invadido varios espacios civiles sino también las relaciones sociales en lo cotidiano y los "espacios mentales" de la gente que viven en un estado de guerra y miedo casi permanentes.

A pesar de esto último, no significa siempre que la violencia contra los civiles sean constantes. Los grupos armados colombianos parecen haber medido el miedo, los traumas y el poder de control y de inhibición social que generan ciertas acciones violentas aunque no sean obligatoriamente repetidas en el tiempo.

Por ejemplo proceder a ejecuciones en público o incursionar de noche los hogares familiares (incursión en la intimidad de las familias) para asesinar personas, crea grandes sentimientos de miedo y traumas que hacen de la violencia (vivida, temida o pensada) un elemento de la vida cotidiana.

Estos dos ejemplos de violencia son actos generadores de terror. Es él, el que difunde entre la gente los estados de guerra y de miedo más allá de los actos de violencia física como tal. El terror parece ser un poder multiplicador de violencia mezclando de forma inextricable las dimensiones físicas, mentales y simbólicas de ésta.

Uno se podría preguntar entonces, ¿cómo se expande el terror y llega a tener tantos efectos sobre los individuos y el tejido social? Para resumir, el terror se apoya en el miedo y en los traumas de cada cual, en sus relaciones sociales, en los testigos de la violencia y en el papel del rumor para volverse un fenómeno colectivo. Pasa así a veces muy rápido de la simple esfera individual a lo colectivo para convertirse en un fenómeno "societal" característico de los espacios en guerra.

El uso del terror juega un papel primordial en las estrategias de control socio-espacial de los actores en conflicto que lo instrumentalizan como recurso de guerra para expandirse geográfica y socialmente en detrimento del enemigo. A causa de su efecto intimidante, el terror paraliza y fragmenta el tejido social allí donde se implementa. Restringe la solidaridad y sume al país en un clima de desconfianza generalizada. Ante todo, permite cortar, a los ojos de los actores armados, los impulsos de resistencia de las poblaciones a la imposición de su orden.

El terror acude a prácticas de teatralización de la violencia (exhibición de cuerpos mutilados ejecuciones públicas individuales o colectivas, etc.) y a amenazas menos visibles pero igualmente efectivas por el poder de disuasión o sumisión que ejerce sobre los civiles (Lair, 1999: 64-76).

Finalmente, por tomar como blanco principal a la población civil en sus acciones violentas el conflicto colombiano no entra en la visión que podríamos llamar "clásica" de las guerras civiles. En su visión "clásica" tal cual como aparece a la luz de las guerras civiles española (1936-39) y libanesa (1975-92), la guerra civil tiene como blanco a las poblaciones pero éstas participan masiva y voluntariamente en los combates. En las guerras civiles clásicas, las poblaciones se involucran en el conflicto por motivos políticos, ideológicos, culturales, etc. que no aparecen como referentes estructurantes a nivel nacional en el caso colombiano. Por eso, la guerra no "hace sentido" para la mayoría de los Colombianos que se sienten ajenos a las dinámicas y a los intereses en juego en el conflicto armado.

La lealtad dada bajo coerción, revestida de paroxismo por el terror, es precaria y no permite identificar una división estable de la población en campos distintos por motivos ideológicos por ejemplo como fue el caso en los dos conflictos anteriormente citados.

Por estas razones, en vez de hablar de "guerra civil" para caracterizar la situación conflictiva colombiana tomaremos la expresión "guerra contra los civiles", cada vez más utilizada para describir situaciones de conflicto interno en África, que parece la más adecuada y cercana a la realidad de la guerra en este país.

La rareza de los combates directos de gran magnitud, demuestra que los protagonistas armados no buscan – o no pueden alcanzar – una victoria militar decisiva y brutal. Más bien debilitan al enemigo en una dinámica cercana a la guerra de "desgaste" (Tse-Tung, 1967) usando el terror contra la población civil y disminuyendo sus recursos, su libertad de acción y su control de espacios sociales progresivamente, por medio de operaciones militares puntuales, amenazas, conquistas de territorio y poblaciones, etc. Esto explica la larga duración de la guerra, costosa y diversificada en términos de movilización de recursos.

Los protagonistas del enfrentamiento armado libran una guerra con la modalidad "estratégica indirecta", en el sentido del general Beaufre (1998) donde el elemento militar y la confrontación armada directa sólo constituyen unos de los aspectos de una lucha más vasta que se juega también en los planos político y económico.

El elemento militar está limitado también por el hecho de que ningún protagonista se quiere extenuar demasiado pronto en combates cara a cara, arriesgándose a quedar en una situación estratégica desfavorable. Todos privilegian el principio de "economía de fuerzas", con el fin de poder alistar y concentrar sus tropas en el momento que lo consideren oportuno.

De ahí la impresión de un desarrollo del conflicto en ritmos desfasados: la guerra contra las poblaciones es intensa y constante, mientras las confrontaciones directas entre los grupos armados son altamente discontinuas. De cualquier manera la "economía de fuerzas" le permite a los actores del conflicto mantener sus capacidades de acción estratégica (recursos materiales, libertad de maniobra y control socio-espacial) prevenirse contra los azares de una guerra percibida por cada uno como larga e incierta.

Para no concluir...

Finalmente cabe preguntarse sobre el futuro de Colombia. La existencia de riquezas económicas a disposición de los actores armados, los odios y deseos de venganza que se arraigan a medida que el conflicto se extiende, presagian su prolongación.

Las líneas estratégicas generales, de guerra o de paz, de los actores, condicionarán también la evolución del conflicto. Las guerrillas y los paramilitares no son simples bandidos armados, a pesar de participar en actividades económicas que parecen limitar su horizonte de acción. Tienen también argumentos políticos que defender (reforma agraria, cambios constitucionales, etc.), y sobre todo se han convertido en poderes de hecho locales, cuya influencia en la vida política del país no es posible ignorar. Mezclan lo político y lo militar sin que sea fácil ver una clara relación de subordinación del segundo al primero como lo preconizó el estratega prusiano militar Karl Von Clausewitz analizando las guerras estatales en los siglos XVIII y XIX en Europa (Clausewitz, 1999).

Es entonces toda una visión de la guerra heredada de este estratega, cuya influencia ha sido enorme en la literatura militar y la comprensión de los conflictos armados, que se ve cuestionada por el conflicto colombiano.

Pero esto no debe impulsar a ceder a la tentación de ver a Colombia en manos de bandidos generadores de caos. Los actores del conflicto crean un orden local que a veces no tiene sentido para la población o los analistas, pero invita a reflexionar con mayor profundidad sobre la relación entre los civiles, el Estado, los protagonistas armados y el territorio.

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