REVISTA COLOMBIA INTERNACIONAL

( número 49/50)
Esta es una publicación del Departamento de Ciencia Política - Facultad de Ciencias sociales
Universidad de Los Andes

Los países de la cordillera andina, especialmente Colombia, constituyen en la actualidad el principal eje de la asistencia estadounidense a la seguridad en el hemisferio occidental. Cuatro países - Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú- representaron el 90% de la financiación militar y policiva y el 50% de los entrenados estadounidenses en 1999.

La asistencia a estos países, los cuales constituyen la fuente de la mayoría de la heroína y virtualmente la totalidad de la cocaína que ingresa a los Estados Unidos, continuará multiplicándose a lo largo del 2001. De hecho, Colombia y sus vecinos están recibiendo el mayor paquete de ayuda que se haya entregado a América Latina en la historia, cerca de US$1.3 billones solicitados por la administración Clinton en enero del 2000 y con aprobados por el congreso en julio 13 del mismo año.

El paquete de ayuda del 2000 - 2001
El paquete introduce US$729.3 millones a la región en asistencia militar y policiva a la región durante el año 2000 - 2001, ayuda que se suma a los programas existentes que se estiman, han costado un total de más de U$$500 millones durante estos dos años ¹ .

La mayor parte del paquete la constituyen US$860 millones suministrados a Colombia; de esta suma, unas tres cuartas partes están destinadas a los organismos de seguridad de este país. De hecho, con frecuencia se le llama "Plan Colombia", apropiándose del nombre del plan del gobierno colombiano al cual el paquete intenta apoyar. El plan colombiano, desarrollado con un fuerte insumo estadounidense, propone emplear $7.5 billones provenientes de ayuda extranjera y fondos domésticos para solucionar los problemas entrelazados del narcotráfico, la guerra civil, la negligencia estatal, la crisis económica y la debilidad del estado de derecho (Gobierno de Colombia, 1999).

Esta nueva ayuda se suma a los $330 millones, asignados a través de programas planeados previamente (principalmente fondos provenientes del presupuesto antinarcóticos del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos) para Colombia en el 2000 y el 2001, casi todos destinados a la ayuda militar y policiva (White House, 2000a).

Según el Reporte Anual de Entrenamiento Militar Extranjero, Estados Unidos planeó entrenar 5.086 miembros de la policía y el ejercito colombianos durante el 2000, más del doble de los 2476 entrenados en 1999 (Department of State and Defense Department, 2000). Entre los países no miembros de la OTAN, solamente Corea del Sur tendrá una cifra superior de personal entrenado por los Estados Unidos.

GRÁFICO 1 Distribución del Paquete de Ayuda Estadounidense a Colombia

Batallones, helicópteros y la presión sobre el sur
La ayuda militar – que suma US$416.9 millones - será usada para "presionar sobre el sur de Colombia" (el llamado "Push into Souther Colombia"). Esta operación del ejercito colombiano requerirá tres nuevos batallones para establecer condiciones de seguridad propicias para las acciones antinarcóticos de la policía en el sur de los departamentos de Putumayo y Caquetá, una región cocalera dominada por grupos guerrilleros y paramilitares.

Estos tres batallones, cada uno de 900 miembros, están recibiendo helicópteros, apoyo logístico, de inteligencia, entrenamiento y otras ayudas de Estados Unidos. Estarán acuartelados en la base de Tres Esquinas, en la frontera entre los departamentos de Putumayo y Caquetá, al sur de Colombia. El primero de estos batallones fue conformado en abril de 1999, aunque ya había comenzado a recibir entrenamiento unos pocos meses antes, y está acuartelado en Tres Esquinas desde diciembre de 1999 (The White House, 2000b; Biden, 2000; Sheridan, 2000a ; United States Southern Command, 2000a ; McCaffrey, 2000a, 2000b, 2000c ; Wilhelm, 2000 ; Department of Defense, 2000a). Una vez que el paquete se convirtió en ley en julio del 2000, el segundo batallón empezó a recibir entrenamiento de las fuerzas especiales estadounidenses en la base del ejército colombiano de Larandia, Caquetá. El segundo batallón se "graduó" en diciembre de 2000, y el tercero será entrenado a partir de enero de 2001 (White House, 2000b; Sheridan, 2000).

El paquete de ayuda les dá a estos batallones más de dieciséis helicópteros Blackhawk UH-60 con un costo de $208 millones (dos Blackhawks adicionales serán destinados para la Policía Nacional con un costo de US$26 millones). Las unidades recibirán más de treinta helicópteros Huey UH-1, helicópteros usados en Vietnam y mejorados con la más poderosa configuración "Super Huey"; la Policía Nacional de Colombia recibirá otros doce Super Hueys. Los batallones también utilizarán los 33 viejos hueys UH-1N, 18 de los cuales fueron otorgados en noviembre de 1999 y los 15 restantes serán entregados en enero del 2001 (The White House, 2000b; Beers, 2000a).

El "empuje hacia el sur de Colombia" comenzará en enero del 2001. Con los batallones garantizando las condiciones de seguridad, los aviones fumigadores empezarán a fumigar con glifosato, un herbicida soluble en agua, en aquellas partes del Putumayo con una alta concentración de cultivos de coca (más de tres hectáreas). En diciembre de 2000, el gobierno colombiano comenzó a introducir los pactos de asistencia para el desarrollo alternativo con pequeños cultivadores en el Putumayo. Bajo estos pactos, los campesinos recibirán asistencia económica y técnica si acceden a erradicar sus cultivos de coca en doce meses. Después de ese plazo, los cultivos de los pequeños productores que no se acojan al pacto, serán fumigados por vía aérea (Beers, 2000a, 2000b).

Aunque la estrategia del batallón antinarcóticos empezó en abril de 1999 - como resultado de una reunión sostenida en diciembre de 1998 entre el Pentágono y el Ministro de Defensa Colombiano - el Congreso no tuvo la oportunidad de aprobar el paquete de ayuda hasta el 2000, cuando la estrategia ya estaba desarrollándose. El entrenamiento del primer batallón y el suministro de equipos no letales fue financiado a través de la "Sección 1004" de Ayuda para la Lucha Antidrogas del Departamento de Defensa, que no requiere un reporte al Congreso. La ayuda posterior incluyó en septiembre de 1999 un drawdown ² de armas y equipos, y los helicópteros UH-1 en noviembre de 1999 como un "préstamo sin costo" de Estados Unidos. Ninguna transferencia de esta índole está sujeta a la aprobación legislativa o a algún debate; la ley solamente requiere que el Congreso sea notificado. Para el momento en que el Congreso empezó a indagar sobre los recursos para los batallones antinarcóticos, la primera unidad ya había terminado su entrenamiento y había sido equipado.

La fumigación y la ayuda a la Policía
El paquete de ayuda suministra US$115.6 millones a la Policía Nacional de Colombia (PNC), la cual ha sido la gran receptora de la ayuda estadounidense. La ayuda a la PNC apoya una gran variedad de ítems, desde la modernización de los helicópteros y la concesión de nueve nuevas avionetas para fumigación, hasta entrenamiento y suministro de municiones. El ítem más grande lo constituyen dos nuevos helicópteros blackhawk UH-60, valorados en US$26 millones. Otras fuerzas policiales, como la Policía Judicial y la Policía de Aduanas, recibirán unos US$7.5 millones adicionales (Department of State, 2000a; Military Construction Appropriations Bill, 2000; House-Senate Conference Committee Report, 2000; The White House 2000a, 2000b).

La PNC, particularmente su unidad antinarcóticos compuesta por 2.300 hombres, continuará recibiendo por lo menos US$80 millones cada año en asistencia a través de los canales regulares, como el Programa para el Control Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado (INC por sus siglas en inglés) (The White House, 2000b). Esta ayuda financia la erradicación de los cultivos ilícitos, labores de interdicción, investigación y otras actividades antinarcóticos.

Los aviones y los helicópteros de ayuda estadounidense están destinados a la fumigación con glifosato sobre los cultivos de coca y amapola en varias áreas del país. El Servicio Aéreo de la PNC, apoyado por los Estados Unidos con más de sesenta helicópteros y aeroplanos, se concentra en la erradicación de la amapola, mientras que Dyncorp, un contratista privado estadounidense, se centra en la fumigación de los cultivos de coca.

Mientras que el debate continúa en torno a los efectos ambientales y de salud del glifosato, resulta claro que varios años de fumigación intensiva no han afectado la disponibilidad de drogas en los Estados Unidos. "Aunque que los datos indican que el programa de fumigación ha tenido el efecto de mover los cultivos de una región a otra", anota el Inspector General del Departamento de Estado en el reporte del año 2000, "no es claro si el programa actual ha disminuido el suministro de drogas proveniente de Colombia"(The White House, 2000b).

Inteligencia
Un objetivo principal de la ayuda es mejorar la capacidad de recolección de inteligencia del ejército colombiano. Un punto importante de dicho objetivo es el Police-military Joint Intelligence Center (COJIC), creado con US$4.9 millones, en Tres Esquinas. Este centro busca incrementar la cantidad de información disponible en materia de droga y otras actividades en el sur de Colombia de la cual dispone el ejercito, e incrementar el intercambio de la misma entre las ramas de las fuerzas armadas de Colombia que no tienen una tradición de cooperación cercana (United States Southern Command, 2000a; Wilhelm, 1999, 2000).

Una parte del paquete de ayuda beneficiará a las agencias estadounidenses de inteligencia que operan en Colombia. US$30 millones de fondos provenientes del Departamento de Defensa serán empleados para adquirir la compra de un nuevo avión de reconocimiento (Airborne Reconnaissance Low – ARL), aeronave similar al avión de detección (Signal-detecting plane) que se estrelló en julio de 1999 cerca a la frontera entre los departamentos de Nariño y Putumayo (Committe on Armed Services, 2000; United States Senate, 2000).

Otros US$55.3 millones financiarán un Programa Clasificado de Inteligencia, sobre el cual este artículo no puede ofrecer mucha información. Este programa está financiado a través del presupuesto del Departamento de Defensa "realmente para razones de administración". Según el informe del Director del Comando Sur de Estados Unidos Gen. Charles Wilhelm (desde entonces jubilado) al Comité del Congreso en Marzo del 2000, "este programa está enfocado en las actividades de dos de nuestras agencias y comunidad de inteligencia" (Committee on Armed Services, 2000). Durante el debate en la Cámara de Representantes sobre la ayuda, el republicano Tim Roemer (D-Indiana) expresó públicamente su desacuerdo con este programa. En esta declaración habló vagamente de dicho programa para no violar su juramento de confidencialidad como miembro del Comité de Supervisión de Inteligencia de la Cámara de Representante: "Esta propuesta de ley contiene fondos clasificados solicitados por la administración para programas y actividades de inteligencia. Como miembro del Comité Permanente de Inteligencia, yo apoyo en términos generales esta financiación. Sin embargo, hay una actividad particular financiada por esta propuesta que no puedo apoyar" (Roemer, 2000).

Interdicción Aérea, Fluvial y Terrestre
US$102.3 millones en el paquete de ayuda para el 2000-2001 financiarán las operaciones de las fuerzas armadas de interdicción aérea, fluvial y terrestre, así como para entrenamiento militar en derechos humanos y reformas a la justicia militar. La asistencia para la interdicción aérea incluye la modernización de los aviones OV-10 y A-37 de la Fuerza Aérea, la modernización de los radares, y el mejoramiento de las pistas de aterrizaje ubicadas en Tres Esquinas, Marandúa, Larandia y Apiay (Department of State, 2000). Junto con el Programa Antinarcóticos Fluvial, "Sección 1003" del Departamento de Estado, el paquete de ayuda financiará motores fuera de borda, municiones y demás asistencia a los nuevos "elementos de combate fluvial", unidades pequeñas dentro de la nueva brigada fluvial de la fuerza naval colombiana, ubicada en Puerto Leguizamo, Putumayo (United States Southern Command, 2000a).

El paquete de ayuda incluye US$13 millones para construir un radar terrestre (ground-based radar GBR), en Tres Esquinas para monitorear las actividades aéreas del narcotráfico. En la actualidad, existen tres bases terrestres (GBRs): en Leticia; Marandúa y en San José del Guaviare. Otros dos radares, que forman parte de la Red de Radares de la Cuenca del Caribe de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, están ubicados en Riohacha y en la isla de San Andrés (Slocombe, 1999; Military Construction Appropriations Bill, 2000 ; House-senate Conference Committee Report, 2000 ; White House, 2000a).

Inquietudes generadas por el nuevo paquete de ayuda
La estrategia de los batallones y el enfoque en torno al ejercito colombiano son elementos que representan un cambio fundamental en la naturaleza la ayuda estadounidense hacia Colombia. Antes de 1999, la Policía Nacional de Colombia recibía la mayoría de la asistencia estadounidense. Sin embargo, luego de años de fumigación aérea sobre los cultivos de coca, estos cultivos se reubicaron en el sur, en particular en el departamento del Putumayo en la zona fronteriza de Colombia con Ecuador. Funcionarios estadounidenses y colombianos consideran que Putumayo, departamento controlado por las FARC, es demasiado peligroso para la continuación de una estrategia que estuvo centrada en la policía a lo largo de los años noventa. En marzo del 2000, se afirmó en el International Narcotics Control Strategy Report del Departamento de Estado que la fumigación aérea, no se adentraba más allá de 30 kilómetros dentro del departamento (Department of State, 2000b).

"Nuestros programas han sido diseñados primordialmente para aumentar las capacidades de la Policía Nacional de Colombia", explicó el Secretario de Estado Adjunto Thomas Pickering en noviembre de 2000. "Pero dada la amenaza militar que existe con respecto a sus operaciones, deberemos encontrar el modo de incrementar la capacidad de las Fuerzas Armadas Colombianas" (Department of State, 2000c).

La lucha antinarcóticos, la contrainsurgencia y la posibilidad de éxito
El objetivo de los nuevos batallones antinarcóticos del ejército colombiano, según un informe de la Casa Blanca de octubre del 2000, es "establecer las condiciones de seguridad necesarias" para implementar programas antinarcóticos como el de fumigación y desarrollo alternativo en Putumayo (The White House, 2000b). Es razonable esperar que el "establecimiento de condiciones de seguridad" pueda implicar las primeras confrontaciones armadas entre las unidades militares que recibieron la ayuda estadounidense y la guerrilla de las Farc.

Los funcionarios estadounidenses han asegurado que, aunque el "empuje hacia el sur de Colombia" probablemente requerirá que los nuevos batallones antidrogas confronten a las guerrillas, los Estados Unidos mantendrán la distancia del conflicto civil colombiano. "Como parte de la política de esta administración, no vamos a apoyar los esfuerzos colombianos contrainsurgentes", afirma el informe de la Casa Blanca de octubre del 2000 (The White House, 2000b). En varias declaraciones suministradas de las audiencias del congreso durante la primavera del 2000, el Secretario de Defensa Asistente para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad, Brian Sheridan afirmó que el Pentágono no "cruzaría la línea" hacia una misión antiguerrilla :

Sé que muchos están preocupados porque este paquete de ayuda representa un paso "sobre la línea", una intromisión en el campo de la contrainsurgencia en el nombre de la lucha antinarcóticos. No es así. El Departamento no ha cruzado, ni cruzará, dicha línea. Aunque el tiempo no me permite profundizar todas las restricciones, contreñimientos y revisiones que implica la aprobación del envío del personal militar estadounidense en la misión antidrogas, en Colombia y en otra parte, basta con decir que son comprensivos (Sheridan, 2000a, 2000b, 2000c, 2000d, 2000e).

No obstante lo anterior, es probable la resistencia de los grupos armados. En noviembre del 2000, oficiales estadounidenses y colombianos decidieron postergar el inicio del "empuje hacia el sur de Colombia" de diciembre del 2000 a enero del 2001, lo cual contribuyó a la preocupación de que las condiciones de seguridad en Putumayo fueran peores a las que los planes habían anticipado. "La presencia de unidades armadas de las guerrillas y los paramilitares probablemente hará más difícil el inicio de algunos proyectos piloto", advirtió el Secretario de Estado Adjunto Pickerig en noviembre. "El gobierno (colombiano) fue entusiasta al considerar que no habría oposición armada. Nosotros, en nuestros juicios en Estados Unidos, estabamos menos convencidos, infortunadamente. Digo infortunadamente porque no nos ayuda el que nosotros estuviéramos en lo cierto y ellos resultaran equivocados (Department of State, 2000c).

Los críticos como el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, el republicano Benjamin Gilman (R- New York) advirtieron que los batallones financiados por Estados Unidos podrían resultar ineficientes al enfrentar la resistencia de la guerrilla:

Como muestran los recientes eventos en la región cocalera del Putumayo al sur de Colombia, es evidente que el ejercito colombiano es incapaz de controlar cualquier parte de este territorio guerrillero e infestado de cultivos de coca, ni ahora ni en el futuro. Ciertamente, tres nuevos batallones con entrenamiento estadounidense antinarcóticos del ejercito colombiano por sí solos no cambiarán este imbalance en el campo de batalla ... Uno puede fácilmente predecir que el inicio de cualquier operación de erradicación de cultivos con el apoyo militar será continuamente postergada, o serán reducidas en su alcance a fin de mostrar pequeñas vitrinas de interdicción o de erradicación manual (sin ninguna erradicación aérea real contra los cultivos de tamaño industrial de la coca (Gilman, 2000).

Parámetros, planificación y claridad en torno a las metas
Varios miembros del congreso han cuestionado lo que perciben como una ausencia de objetivos claros y medibles para la nueva asistencia hacia Colombia y sus vecinos. Los parámetros sólidos para determinar el éxito del programa aún no han sido determinados. "Nada en el material que he visto describe específicamente las metas de la administración, que se espera obtener después de cierto tiempo y a que costo", dijo el Senador Patrick Leahy (D-Vermont) en febrero del 2000 (Leahy, 2000). Para Octubre, la Casa Blanca solo pudo informar que "los objetivos específicos y cuantificables están siendo actualmente negociados con el gobierno de Colombia. La administración mantendrá informado al Congreso sobre el resultado de estas discusiones" (The White House, 2000b).

Según el GAO, el gobierno colombiano es el mayor responsable de la falta de claridad sobre las metas.

A comienzos del 2000, funcionarios del Departamento de Estado solicitaron información al gobierno colombiano sobre los planes que demostraran, paso a paso, como las agencias colombianas combatirían los cultivos ilícitos en el sur de Colombia, como establecerían formas alternativas de sostenimiento, y como fortalecerían la presencia del gobierno en el zona. Sin embargo, según los funcionarios estatales, el producto colombiano, entregado en junio del 2000, esencialmente reformulaba las amplias metas del Plan Colombia sin detallar como podría alcanzarlas. En respuesta, un grupo estadounidense de trabajo interagencias fue a Colombia en Julio del 2000 para ayudar a los colombianos en la elaboración del plan de implementación requerido. En septiembre del 2000, el gobierno colombiano expuso su plan de acción, el cual respondió a algunas de las anteriores preocupaciones (General Accounting Office, 2000).

 

Condiciones en materia de Derechos Humanos y la implementación de la Ley Leahy
La ley que dio lugar a la ayuda condicionó la asistencia militar a los organismos de seguridad colombiana al sostenimiento de los derechos humanos, aunque las condiciones fueron debilitadas por una cláusula de escape.

Una vez que el proyecto de se aprobó (en julio 13 del 2000), y nuevamente a comienzos del nuevo año fiscal del 2001 (en octubre del 2000), nuevas ayudas no se podrían "comprometer" (desembolsar para su gasto) hasta que el Secretario de Estado certificara al Congreso el cumplimiento de las siguientes condiciones:

• La expedición de una orden escrita del presidente de Colombia pidiendo que todo el personal del ejercito colombiano que enfrente cargos creíbles de violaciones a los derechos humanos sea juzgado en cortes civiles
• La destitución por parte del Comandante General de las Fuerzas Armadas de Colombia, de todo el personal militar que enfrente cargos creíbles por violaciones a los derechos humanos o por asistir a grupos paramilitares
• La plena cooperación de las fuerzas armadas colombianas en las investigaciones y procesamientos que adelanten cortes civiles contra el personal militar que enfrente cargos creíbles de violaciones a los derechos humanos
• El procesamiento de los líderes y miembros paramilitares por parte del gobierno colombiano a través de sus juzgados civiles, al igual que de cualquier miembro de las fuerzas armadas que haya ayudado o sea cómplice de los grupos paramilitares
• La adopción del gobierno colombiano de una estrategia para eliminar toda la producción de coca y amapola para el año 2005. Esta estrategia debe incluir programas de desarrollo alternativo, erradicación manual, fumigación aérea con herbicidas, microherbicidas ambientalmente seguros (fungicidas que ataquen los cultivos de droga), y la destrucción de los laboratorios productores de narcóticos
• El establecimiento de un Cuerpo Investigativo de Jueces por parte de las fuerzas armadas de Colombia al interior de sus brigadas de campo para investigar la mala conducta entre el personal militar

La ley del paquete de ayuda permite que estas condiciones sean desechadas por completo para ser aprobada si el presidente determina que el "interés en seguridad nacional" así lo demanda. Esta autoridad de "waiver" se ejerció para todas, menos para la primera condición, en una decisión presidencial de agosto 23 de 2000, y es probable que una decisión similar aparezca mientras se escribe este artículo (The White House, 2000c).

Las condiciones en materia de derechos humanos se suman a la "Ley Leahy", que consiste en una ley que suspende la asistencia a las unidades de los militares extranjeros cuyos miembros hayan cometido violaciones a los derechos humanos impunemente. La edición de Just the Facts en 1999, reporta que la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Marina de Colombia recibieron la ayuda bajo la Ley Leahy, así como cinco brigadas del ejército y los nuevos batallones antinarcóticos. En septiembre del 2000, el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó los reportes según los cuales la asistencia a dos de esas brigadas del ejercito - la No. 12 con base en Florencia, Caquetá; y la 24, con base en Santa Ana, a las afueras de Puerto Asís, Putumayo- había sido suspendida siguiendo a la Ley Leahy (Brownsfield, 2000).

Según un informe del GAO en octubre, por un período del 2000, el Departamento de Estado de los Estados Unidos tuvo que postergar el entrenamiento del segundo batallón antinarcóticos "hasta que un oficial sospechoso de violaciones fuera removido de la unidad, aunque el gobierno de Colombia lo hubiera absuelto de esos cargos" (GAO, 2000).

La presencia de militares estadounidenses y el "tope de tropas"
La financiación contenida en la ayuda no se puede utilizar para asignar a personal del ejercito estadounidense o a contratistas civiles para trabajar en Colombia si su asignación puede causar la presencia en Colombia de más de 500 tropas o 300 contratistas al mismo tiempo. Esta "tope de tropas" se puede exceder por noventa días si el personal militar estadounidense está envuelto en hostilidades, o si su inminente envolvimiento en hostilidades "es indicado claramente por las circunstancias" (Military Constructions Appropriations Bill, 2001).

El tope obedece primordialmente a las preocupaciones en torno a la "protección de las fuerzas" - la garantía de la seguridad del personal estadounidense en caso de un medio ambiente hostil en el sur de Colombia- así como las preocupaciones sobre las implicaciones políticas ocasionadas por la proximidad de Estados Unidos con el conflicto colombiano.

El personal militar estadounidense está en Colombia y en otros países de la región, con el fin de desarrollar misiones de entrenamiento, recolección de inteligencia, y asistencia técnica. En 1999, el General Wilhelm informó al Comité del Congreso, "Nuestro promedio mensual de fuerzas de tropa era solamente de 209" (Committee on Armed Services, 2000). Probablemente este número sea mayor al final del 2000 y lo será al inicio del 2001, dado el contínuo esfuerzo de entrenamiento de los batallones antinarcóticos y la implementación de otras iniciativas preventivas del paquete de ayuda. De 119 entrenamientos antinarcóticos planeados para el hemisferio en el 2000, noventa tomaron lugar en los países de la región andina. "En adición", según la Declaración de Postura del Comando Sur en el 2000, "siete de nuestros diecinueve Equipos de Análisis Táctico (TATs por sus siglas en inglés) están ubicados en cinco países de la región andina, y más de cien Equipos de Planeación y Asistencia Conjuntos (Joint Planning and Assitence Teams - JPATs) se desplazan a la región anualmente, con el fin de suministrar entrenamiento antinarcóticos y asesoría para los organismos de seguridad de los países receptores (United States Southern Command, 2000a).

Funcionarios de los Estados Unidos afirman que existen reglas estrictas para proteger al personal militar estadounidense de la violencia en Colombia. "Hemos prohibido expresamente a todos nuestros entrenadores involucrarse o permanecer cerca de unidades del ejercito colombiano u otras fuerzas de seguridad, involucrados en operaciones de campo" afirmó el Gen. Wilhelm en marzo del 2000. Wilhelm dijo además que la base en Larandia, Caquetá, donde se realiza la mayoría del entrenamiento antinarcóticos, "jamás ha sido atacada por las FARC u otro grupo insurgente" (United States Southern Command, 2000a).

Contratistas
De hecho, puede que la presencia de militares estadounidenses no aumente drásticamente con el paquete de ayuda, dado que los contratistas civiles que trabajan para corporaciones estadounidenses privadas están realizando una buena parte de las tareas de cooperación con los organismos de seguridad colombianos financiados por la ayuda estadounidense. En adición a los pilotos y mecánicos de los aeroplanos fumigadores de Dyncorp mencionados anteriormente, los contratistas están entrenando personal colombiano, ayudando a reformar las fuerzas militares y hasta piloteando los helicópteros que transportan los batallones antinarcóticos. La magnitud de este "outsourcing"- incluyendo los nombres de las corporaciones involucradas y el rango de los papeles que éstas desempeñan - no es clara, ya que la ley no requiere que los Departamentos de Estado o de Defensa informen públicamente de este fenómeno (relativamente) nuevo.

Los pilotos contratistas de Dyncorp, uno de los ejemplos más visibles de esta tendencia, vuelan aproximadamente 23 helicópteros y aeroplanos del Departamento de Estado. Dyncorp mantiene 44 operarios permanentes y 65 temporales en Colombia - incluyendo los pilotos, mecánicos y el equipo de soporte (Inspector General Department of State, 2000). El General Accounting Office (GAO) del Congreso de Estados Unidos informó que los costos directos de apoyo a las actividades de Dyncorp en Colombia ascendieron de US$6.6 millones en 1996 a US$36.8 millones en 1999 (GAO, 2000). Los pilotos de fumigación vuelan sobre el territorio donde las FARC ocasionalmente disparan a las avionetas con armas pequeñas. Tres pilotos contratistas han muerto en dos accidentes aéreos: el primer accidente ocasionado por una falla del piloto en 1997 y el segundo en 1998, cuyas causas aún no han sido esclarecidas (Inspector-General Department of State, 2000).

Otro ejemplo frecuentemente citado es el contrato por varios años con Military Professional Resources International (MPRI), una compañía con base en Virginia constituida principalmente por oficiales retirados del ejército de los Estados Unidos. El Departamento de Defensa contrató al MPRI para llevar a cabo una evaluación completa de las fuerzas armadas colombianas, ofreciendo recomendaciones comprehensivas para convertirlo en una institución más efectiva. El gen. Wilhelm explicó el contrato del MPRI a el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes:

Hemos contratado los servicios del Military Professional Resources (MPRI). Seleccionada cuidadosamente y con una amplia experiencia, los analistas del MPRI evaluarán los requirimientos de los organismos de seguridad colombianos más allá de los batallones antinarcóticos y sus organizaciones de apoyo. El contrato que el equipo de (El Subsecretario de Defensa, Bryan) Sheridan ha desarrollado y negociado con MPRI los obliga a desarrollar un concepto operacional para las fuerzas armadas, al mismo tiempo que a desarrollar una estructura de fuerza para implementar ese concepto, y elaborar la doctrina requerida para entrenar y equipar las fuerzas (Committee on Armed Forces Services, 2000).

"El contrato con el MPRI costó US$3 millones", afirmó el funcionario del Pentágono Brian Sheridan en la misma audiencia, explicando la decisión de emplear al contratista.

Qué estamos haciendo con MPRI que no pueda hacer el Comando Sur o alguien más? En teoría, nada. Si el Gen. Wilhelm tuviera una disponibilidad ilimitada de personal, estaría en condiciones de enviar 15 personas permanentes para trabajar en el Ministerio de Defensa Colombiano para ayudarlos a organizar una nueva estructura, enviar equipos de seis hombres de forma temporal para ayudar en áreas problemáticas y ayudarlos a reformar el ejercito colombiano. Pero cuando se considera la realidad del personal del grupo del Comando Sur de Estados Unidos en Colombia, sabemos que no tenemos el personal disponible para hacer esto (Committee on Armed Services, 2000).

Los críticos están preocupados por que, como no son representantes oficiales del gobierno de los Estados Unidos en Colombia, los contratistas no están sujetos a la misma rendición de cuentas del personal militar uniformado. Como resultado, existe preocupación por que los contratistas pueden llegar a desempeñar papeles que vayan más allá de la estricta misión antidrogas, y tal vez puedan realizar tareas y operar en zonas que - debido a la preocupación sobre las potenciales bajas estadounidenses- serían prohibidas para los funcionarios del gobierno regular o los militares oficiales. Sin embargo, estas preocupaciones basadas necesariamente en especulaciones, son causadas debido a la falta de transparencia que rodea las actividades de los contratistas.

Problemas con la entrega de la asistencia
Aunque ha estado activo en Tres Esquinas desde diciembre de 1999, el primer batallón antinarcóticos del ejercito colombiano ha estado limitado por más de un año debido a la carencia de pilotos entrenados para volar los dieciocho helicópteros Huey UH-1 recibidos a finales de 1999. A comienzos del 2000, un contratista estadounidenses entrenó 24 pilotos civiles contratados y 28 copilotos del ejercito colombiano, el plan original era tener los aviones listos para ser usados en mayo del 2000 (GAO, 2000).

El GAO informó, sin embargo, que el Departamento de Estado "no incluyó los fondos necesarios para procurar remodelar y apoyar" los Hueys en su presupuesto, y se vio obligado a esperar la aprobación el paquete de ayuda del "Plan Colombia" en el congreso, lo que no ocurrió hasta julio. "Debido a la carencia de fondos", declara el GAO, "diecisiete de los veinticuatro pilotos contratistas entrenados para volar los dieciocho UH-1Ns fueron despedidos a principios de mayo del 2000. En agosto del 2000, el Departamento de Estado reprogramó US$2.2. billones del programa antinarcóticos de Estados Unidos en México para contratar y entrenar personal adicional (GAO, 2000). En octubre del 2000, la Casa Blanca informó que "en la actualidad hay 47 oficiales del ejercito colombiano en varias etapas del entrenamiento para pilotos en los Estados Unidos y Colombia", aunque el primer batallón seguía restringido a operaciones en tierra debido a la carencia de pilotos (The White House, 2000b).

También se espera que los siguientes batallones se activen mucho antes que sus helicópteros. Mientras que el segundo batallón finalizó su entrenamiento en diciembre del 2000 y el tercero estará listo en abril del 2001, las unidades estarán limitadas a los viejos Huey al menos hasta la mitad del 2001, momento para el que se espera la llegada de los primeros Blackhawks y "Super Hueys" (The White House, 2000b). De hecho, oficiales de los Estados Unidos originalmente presagiaron que los primeros Blackhawk no llegarían hasta finales del 2002; sin embargo enfrentados por la dura crítica del congreso, anunciaron una revisión del cronograma de entrega en octubre del 2000 (Beers, 2000a).

Miembros del congreso y auditores han cuestionado otros aspectos de la ayuda estadounidense realizada en el pasado a Colombia. Entre 1996 y 1999, por ejemplo, el Departamento de Estado anunció cuatro drawdowns de armas por un total de US$148 millones; sin embargo, para septiembre 1 del 2000, el GAO encontró que el Departamento de Defensa solamente había entregado unos US$58.5 millones (GAO, 2000). Adicionalmente, una auditoria del Departamento del Estado citado por el GAO encontró que "la policía (colombiana) no pudo explicar el uso de 469.000 de los 2.76 millones de galones de combustible suministrados para la lucha antinarcóticos en 1999. Los auditores concluyeron que el combustible pudo haber sido mal empleado (GAO, 2000).

Efectos colaterales del conflicto (spillover)
Los vecinos colombianos y otros observadores están preocupados ya que la "presión sobre el sur de Colombia" puede enviar violencia, refugiados y cultivos ilícitos a través de las fronteras de Colombia hacia Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. El paquete de ayuda estadounidense incluye US$180 millones para los vecinos de Colombia, principalmente Bolivia, Ecuador y Perú. De este dinero, un poco más de la mitad -US$93 millones- financiarán programas de desarrollo de cultivos alternativos que alejen a los cultivadores de droga del comercio de narcóticos. El resto, se dedicará a la asistencia militar y policiva (Department of State, 2000a; Military Constructions Appropriations Bill, 2000; House Senate Conference Committee Report, 2000; The White House, 2000a, 2000b).

El Secretario de Estado Adjunto Pickering reconoció el riesgo del desbordamiento del conflicto en noviembre, indicando que los incrementos en la ayuda posteriores al 2000, se centrarían en la región y no solo en Colombia:

Es claro que en la medida en que incrementamos nuestros esfuerzos en Colombia, existe una tendencia a encontrar nuevas áreas, ya sea en Colombia o fuera de ella, hacia las cuales se mueven los cultivadores y productores de cocaína y heroína. Es por esto que ahora estamos pensando con más claridad sobr un programa regional.... como el núcleo de nuestros esfuerzos para apoyar la región andina en el próximo año (Department of State, 2000c).

Ecuador
El paquete de ayuda representa aproximadamente el doble de los programas existentes en Ecuador a través de la contribución de US$20 millones: US$12 millones para labores de interdicción de drogas y US$8 millones para programas de desarrollo alternativo. Los US$12 millones para los organismos de seguridad del Ecuador serán gastados como se detalla a continuación, según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de julio del 2000:

El Departamento planea usar US$12 millones en la creación y el mejoramiento de puntos fronterizos de revisión a lo largo de la frontera con Colombia, al igual que para mejorar las comunicaciones, movilidad, inter-operabilidad y recolección e intercambio de inteligencia entre las unidades de la policía y las fuerzas armadas en las regiones de la frontera norte. Adicionalmente, la financiación se empleará en el mejoramiento de puertos de seguridad y servicios de inspección a lo largo de la costa (Department of State, 2000a).

Según el Informe Anual de Entrenamiento Militar Extranjero (Annual Foreing Military Training Report), los Estados Unidos entrenó 681 miembros de las fuerzas militares y policivas ecuatorianas en 1999 (Department of State and Defense Department, 2000a). Durante 1999, unidades de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos se desplazaron al Ecuador por lo menos en dieciséis oportunidades, casi siempre para entrenamiento antinarcóticos (Department of State and Defense Department, 1999:3-4 ; 2000a). Otras doce operaciones de entrenamiento antinarcóticos de las Fuerzas Especiales fueron previstas para el 2000 (Department of State and Defense Department, 2000).

Ecuador solo alberga una "Forward Operating Location" (FOL) ³ antinarcóticos en Manta, en la Costa Pacífica, casi a 300 kilómetros al sur de la frontera con Colombia. Bajo este acuerdo, los aviones estadounidenses que se encuentran en misiones de detención y monitoreo tienen acceso a instalaciones aeroportuarias. Un pequeño número de militares, personal militar de la DEA, guardacostas y personal de aduana está localizado en Manta para apoyar a los aviones estadounidenses y coordinar labores de comunicación e inteligencia. El paquete de ayuda suministra US$61.3 millones para las instalaciones de Manta, que serán utilizados para pavimentación, los hangares y las instalaciones de mantenimiento (United States Southern Command, 2000b; The White House, 2000b).

Bolivia
El paquete de ayuda también dobla drásticamente los programas existentes en Bolivia, otorgando US$110 millones: US$25 millones destinados a labores de interdicción de drogas y US$85 millones para programas de desarrollo alternativo (Esta cifra excede los US$68.5 millones que ofrece el paquete para los programas de desarrollo alternativo en Colombia). Los US$25 millones para los organismos de seguridad de Bolivia apoyarán la campaña militar de erradicación de coca del Presidente Hugo Bánzer en el Chapare, una región selvática al oriente de Bolivia, según un informe del Departamento de Estado de julio del 2000.

El Departamento planea usar US$25 millones para apoyar los esfuerzos de interdicción y erradicación en las regiones cocaleras del Chapare y Yungas. La financiación también ayudará al control fronterizo e inspección en las fronteras Paraguaya, Argentina y Brasileña; al mejoramiento de los puntos de inspección en el Chapare; la recolección de inteligencia; el entrenamiento para pilotos de helicópteros, al igual que para pilotos y mecánicos de los aviones C-130; los repuestos de los aviones C-130, helicópteros y botes; vehículos; entrenamiento para policías y los fiscales antidrogas; y para las reformas a la justicia (Department of State, 2000a).

En el 2000, Estados Unidos planeó utilizar los fondos del Presupuesto Antinarcóticos "Sección 1004" del Departamento de Defensa para construir tres bases para las fuerzas de erradicación de coca del ejército boliviano en el Chapare (La Sección 1004(b)(4) del Acta de Autorización de la Defensa Nacional permite al Pentágono usar este presupuesto antidrogas para el "establecimiento y la operación de bases de operaciones o la instalación de una brigada de entrenamiento"). Con un costo de US$6.4 millones, el Comando Sur planeaba construir un cuartel general y tres instalaciones para 520 hombres en Chimore, Fonadal e Ichoa. Estas instalaciones, según un documento del Comando Central, permitirán al ejercito boliviano "mantener su presencia e impedir que los traficantes tomen el control de la zona una vez que la fuerte presencia del gobierno se halla retirado" (United States Southern Command, 2000c).

A finales de septiembre y comienzos de octubre, Bolivia fue convulsionada por protestas masivas de campesinos de Chapare afectados por la campaña de erradicación. Una de las exigencias principales de los manifestantes era el que Bolivia abandonara su plan de construcción de los tres nuevos cuarteles. El gobierno boliviano accedió a esta demanda, dejando los fondos de construcción estadounidenses intactos. Actualmente, no es claro como se utilizarán estos fondos, una alternativa posible es el mejoramiento de las instalaciones existentes.

Según el Informe Anual de Entrenamiento Militar Extranjero, los Estados Unidos entrenaron 2.152 militares y policías bolivianos en 1999 (Department of State and Defense Department, 2000). Este estudio pudo identificar 19 desplazamientos de entrenamiento de las Fuerzas Especiales en Bolivia en 1999, entre los programas JCET y entrenamiento antinarcóticos (Department of Defense, 2000b; Department of State and Defense Department, 1999, 2000).

Perú
El paquete de ayuda suministra US$32 millones para la compra de hasta cinco helicópteros KMAX para la Policía Nacional Peruana (PNP). Según un Informe del Departamento de Estado, los helicópteros remplazarían los "operacionalmente caros y poco confiables helicópteros rusos M-17"de la fuerza armada peruana. La ayuda cubre el entrenamiento de pilotos y mecánicos, al igual que el suministro durante cuatro años de repuestos, apoyo logístico y técnico (Department of Sate, 2000a).

La Declaración de Postura del Comando Sur en el 2000, cita "progresos firmes" en la ayuda al Programa Fluvial Antinarcóticos de los Estados Unidos para la Policía y la Armada Peruana, progreso que se hizo posible debido a la autorización presupuestal de la "Sección 1033" ⁴ del Departamento de Estado.

Con la asistencia estadounidense, los peruanos han establecido el Centro Conjunto de entrenamiento Fluvial (Joint Perú Riverine Training Center) cerca a Iquitos en la región Amazónica... Durante el año pasado, cuatro de los doce aviones destinados a las Unidades para la Interdicción Fluvial (RIU) fueron puestos en servicio. Con la actual aprobación de fondos, nuestra ayuda expandirá sus capacidades y les suministrará 20 botes de patrulla de 25 pies, 6 naves de patrulla de 40 pies, repuestos, dispositivos para visión nocturna y partes esenciales para equipo individual (United States Southern Command, 2000a).

Según el Informe Anual de Entrenamiento Militar Extranjero, Estados Unidos entrenó a 983 militares y policías peruanos en 1999. Perú albergó un U.S. Special Forces Joint Combined Exchange Training (JCET) en 1999. Sin embargo, de acuerdo al mismo informe, las Fuerzas Especiales no dirigieron entrenamientos Antinarcóticos en Perú en 1999. El informe programaba dos operaciones de las Fuerzas Especiales Antidrogas y un entrenamiento fluvial antinarcóticos de los Cuerpos de la Marina en el 2000 (Department of Defense, 2000b; Department of State and Department of Defense, 2000a).

La preocupación por la conducta antidemocrática del pasado gobierno del expresidente Fujimori, se reflejó en la Sección 530 del 2001 del Acta de Apropiaciones para Operativos en el Extranjero, Financiación de las Exportaciones y Programas Relacionados (H.R. 5526, Public Law 106-429). Según esta medida, el Secretario de Estado deberá emitir un reporte cada noventa días durante el 2001 determinando "si el gobierno peruano ha realizado progresos substanciales para crear las condiciones que garanticen elecciones libres y justas, así como el respeto al Estado de derecho, a la ley, la independencia y el papel constitucional del poder judicial y del congreso nacional, y la libertad de expresión e independencia de los medios de información". Si el informe señala que el avance no ha sido significativo, la Sección 530 prohibe la futura asistencia al gobierno central del Perú (Foreing opertations, Export Financing and Related Programs Appropriations Act, 2000).

Otros países
El paquete de ayuda para Colombia y sus vecinos suministra pequeñas cantidades para otros países de la región. Brasil obtendrá US$3.5 millones para el mejoramiento de operaciones de recolección de inteligencia en la cuenca amazónica, para la construcción de su red de radares (conocida como SIVAM), y para pequeños botes para la interdicción fluvial de drogas. Panamá recibirá US$4 millones para crear la Fuerza de Apoyo del Grupo de Trabajo de la Policía Técnica Judicial (Technical Judicial Police, PTJ) de 25 miembros, para apoyar los botes de patrulla del Servicio de la Marina Nacional, y para apoyar programas de control fronterizo. US$3.5 millones se destinarán a la ayuda a la policía Técnica Judicial (PTJ) de Venezuela y a la Guardia Nacional en la realización de labores de interdicción terrestre y fluvial, así como también al apoyo de la reforma judicial, la coordinación de la política antinarcóticos y programas domésticos de reducción de consumo de drogas (Department of State, 2000a).

Desde junio de 1999, el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha negado consistentemente las solicitudes de Estados Unidos para permitir que sus aviones antinarcóticos entren al espacio aéreo venezolano para desarrollar labores de inteligencia y persecución de aeronaves narcotraficantes. Según declaraciones del jefe del Comando Sur, Gen. Wilhelm al senado en una reunión en febrero del 2000, "desde mayo 27 de 1999, el gobierno de Venezuela ha negado 34 de las 37 solicitudes estadounidenses para realizar sobrevuelos para la persecución de aviones sospechosos" (Wilhelm, 2000b). Según el Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del Departamento de Estado de marzo del 2000, la decisión de Venezuela "de implementar en junio de 1999 una política unilateral de interdicción aérea no produjo resultados positivos. A finales de 1999, se tomaron los pasos iniciales para corregir las deficiencias de esta política, y el gobierno de los Estados Unidos continuará trabajando con el gobierno de Venezuela para buscar mutuamente una resolución favorable en torno a este problema (Department of State, 2000d).

Perspectivas de largo plazo
El paquete de ayuda aprobado en julio del 2000 suministra financiación únicamente para el 2000 y el 2001. A mediados del 2001, mientras los batallones antinarcóticos colombianos reciben los helicópteros y llevan a cabo la "presión sobre el sur", el Congreso considerará una solicitud de ayuda de la nueva administración Bush para apoyar programas en la región andina durante el 2002. Ya que la mayoría de las iniciativas del paquete de ayuda aprobado en el 2000 escasamente estarán entrando en funcionamiento, esta solicitud probablemente apuntará más al mantenimiento de los esfuerzos actuales que al inicio de nuevos proyectos - aunque la ayuda a los vecinos de Colombia se incrementará significativamente.

Los planes para un futuro más distante son menos claros. Según el informe del mes de octubre de la Casa Blanca sobre sus objetivos en Colombia, el plan "se extenderá hasta cubrir la totalidad del país a lo largo de un período de seis años" (The White House, 2000b). El Gen. Wilhelm, jefe del Comando Sur, discutió más específicamente sobre este plan de ayuda a Colombia por seis años durante una audiencia en la Casa Blanca: "los primeros dos años se dedicarán al sur, los segundos dos años se dedicarán al oriente a través de las provincias del Meta y Guaviare, y durante los años quinto y sexto nos moveremos al norte de Santander y otras provincias donde los cultivos de droga están creciendo" (Committee on Armed Services, 2000).

En conclusión, existen muchas variables y dudas, entre ellas las generadas por el cambio del ejecutivo en Estados Unidos, para predecir a donde se orientará la ayuda estadounidense a los países de la región andina en los próximos años. Sin embargo, se puede asegurar que la intervención de las fuerzas militares estadounidenses en ellos será muy cercana. Puede preverse que en el futuro, los países de la región continuarán recibiendo más de nueve de cada diez dólares de la asistencia de Estados Unidos a la seguridad del hemisferio.

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^CITAS

** Asociado, Programa de Desmilitarización, Center for International Policy, Washington, D.C.
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