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INTRODUCCION
Este
artículo muestra cómo la insurgencia en los años noventa logró variar su condición de
guerrilla rural con influencia exclusiva en zonas periféricas, convirtiéndose en una
organización que pretende consolidar su influencia en amplias zonas del territorio
nacional, aplicando para ello una estrategia que articula circunstancias económicas,
políticas y militares. La guerrilla de hoy ha cambiado su manera de buscar el poder, sus
formas de accionar militarmente, de movilizar sectores sociales y de conseguir las
finanzas para subsistir como organización armada.
Así mismo, pudo extender su
presencia a los centros político-administrativos más importantes del país y muestra
elevada actividad en zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos, fronterizas y con
importante actividad agropecuaria. La geografía de la presencia guerrillera refleja con
claridad cómo avanza de manera cada vez más evidente hacia las zonas que le proporcionan
ventajas estratégicas en la confrontación. Es importante tener presente que la
prolongación del conflicto armado colombiano tiene como fundamento la autonomía
adquirida por las guerrillas, sobre todo en el campo financiero, reduciendo la importancia
de obtener un mayor apoyo social y político, que es la necesidad inherente a toda
guerrilla.
De otra
parte, la incidencia de la violencia en la economía no ha llegado al máximo nivel, sino
que en general la economía ha logrado avanzar, a pesar de este flagelo, proporcionando un
buen ejemplo de como las situaciones de conflicto resultan siendo compatibles con signos
positivos de la actividad económica, sin que el funcionamiento global del sistema llegue
a verse afectado por estas situaciones. Esta aparente paradoja permite entender la
tradicional ausencia de compromiso en los sectores urbanos que al percibir el conflicto
armado como una molestia lejana y no como una fuerza perturbadora que amenazara sus
intereses, son indiferentes a la búsqueda de salidas que impliquen concesiones de su
parte. Ante la percepción generalizada, que se impone con fuerza hacia el final de la
década del noventa, de que la inseguridad es el principal problema que enfrenta la
economía colombiana, la subestimación estratégica sobre las implicaciones del conflicto
pareciera estar cambiando, sin que sea aun clara su derivación hacia la construcción de
los consensos que hagan viable la solución política del conflicto armado.
COMPORTAMIENTO
DE LOS ACTORES DEL CONFLICTO ARMADO
Hacia
comienzos de la década del noventa, la actividad armada de la guerrilla se recrudece
luego de la realización, en septiembre de 1990, de la quinta cumbre de la Coordinadora
Guerrillera Simón Bolívar, en la cual se acordó la ejecución de acciones contra las
FF.AA. y la infraestructura económica del país. Las FF.AA. por su parte, en noviembre
culminaron la primera etapa de la operación Centauro, emprendida a partir de marzo por la
VII Brigada, con el objetivo de tomar los campamentos del Estado Mayor del Bloque Oriental
(EMBO); en diciembre se ejecutó la segunda fase de la Operación Centauro, por medio de
la cual unidades de la IV División del Ejército ocuparon los campamentos del
Secretariado Nacional de las FARC en la Uribe-Meta el día 9 de diciembre coincidiendo con
la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente
En
1991, la guerrilla continuó con la ofensiva iniciada en septiembre de 1990, a la que se
sumó la respuesta a la toma de los campamentos del Estado Mayor de las FARC en el Meta.
En los dos primeros meses del año, la guerrilla intensificó su accionar a través de
todos sus frentes, alcanzado niveles de beligerancia nunca antes registrados. En marzo, el
ritmo de la actividad armada comenzó a descender. Este cambio se encuentra precedido por
la decisión de las FARC y el ELN de aceptar el diálogo directo y expedito propuesto por
el Gobierno Nacional en el mes de febrero. En el segundo semestre de 1991, se produce una
segunda escalada de acciones de la Coordinadora Guerrillera, en el mes de julio, en
momentos en que la Asamblea Nacional Constituyente proclamaba la nueva carta política.
Como se
observa en el anexo estadístico, durante 1992 se registran los niveles mas
elevados de actividad armada. Las acciones por iniciativa de las FARC se registran en
mayor numero que las del ELN. Las característica más sobresalientes en el comportamiento
de la violencia generada por la guerrilla fue la insistencia en los sabotajes del ELN y el
incremento de los contactos armados entre las FF.AA. y las FARC. El ostensible crecimiento
de los contactos armados durante 1992, evidencia la mayor presión ejercida por la Fuerza
Pública sobre la guerrilla que se traduce en enfrentamientos. Durante 1993, los contactos
armados propuestos por iniciativa de las FF.AA superaron en más de 40% las acciones
ejecutadas por los grupos alzados en armas. Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y
la guerrilla, se presentaron en los departamentos afectados en mayor grado por la acción
de los grupos subversivos y donde actúan los frentes con mayor capacidad ofensiva. La
guerrilla en el conjunto de 1994 incrementó el numero de acciones dirigidas contra la
Fuerza Pública. Las emboscadas, los hostigamientos y los ataque contra instalaciones
militares y de policía superaron en 1994 el numero de hechos registrados durante el año
anterior. Así mismo, se incrementaron las acciones que afectan directamente a la
población civil, secuestros y tomas a poblaciones.
En la coyuntura de cambio de
gobierno, en el mes de julio y la primera semana de agosto, la guerrilla desató una nueva
escalada de acciones ofensivas con el propósito de "despedir al presidente
Gaviria" y hacer demostraciones de fuerza ante el nuevo gobierno. A partir de la
segunda semana de agosto el accionar armado de las FARC y el ELN (emboscadas, acciones de
sabotaje, hostigamientos y tomas a poblaciones) comienza a disminuir y se coloca en un
nivel muy bajo. La reducción de la violencia guerrillera se produce a partir del inicio
del nuevo gobierno, coincidiendo con la presentación de la política de paz y las
primeras manifestaciones de los grupos alzados en armas en el sentido de acoger la
iniciativa para la paz expuesta por la administración Samper.
En los
primeros meses de 1995 se produce la intensificación de los operativos de las FF.MM., en
el departamento del Meta, particularmente en el municipio de Uribe. Muchas de las acciones
que las FARC realizan en el mes de febrero parecen responder a los operativos militares en
la zona propuesta como escenario de un primer encuentro entre el gobierno y la guerrilla
para dar inicio a los diálogos de paz. El gobierno tras el fracaso en su iniciativa de
paz y de que el dirigente conservador Alvaro Gómez Hurtado fuera asesinado, decide
declarar el Estado de Conmoción Interior con el propósito de dictar medidas
excepcionales encaminadas a combatir los factores de violencia en el país. En 1996 los
paros y protestas contra la fumigación de cultivos ilícitos en las zonas cocaleras,
fueron acompañados por una escalada de la actividad ofensiva de la guerrilla.
En 1997
la guerrilla escaló su actividad armada y paralelamente presionó la renuncia de un
conjunto importante de candidatos a los Concejos y Alcaldías en 162 municipios en los
meses previos a la realización de los comicios electorales del 26 de octubre. En Nariño
y algunos municipios de la Montaña Antioqueña, la guerrilla saboteó las elecciones
donde comenzaba a incursionar, con el propósito de ampliar su influencia a nivel local.
En el sur de Bolívar, Bajo Cauca y Magdalena Medio de Antioquia y Meta, las amenazas de
la guerrilla contra los candidatos se producen en las localidades donde los paramilitares
le disputan el poder. Al presionar la renuncia de los candidatos la guerrilla procuró
neutralizar el avance paramilitar e impedir que controlaran los gobiernos locales. En las
zonas donde las FARC cuentan con una presencia histórica en el sur-oriente del país
(Caquetá, Guaviare, Putumayo, Huila y Cauca), el sabotaje a las elecciones tuvo como fin
hacer una demostración de poderío. De otra parte, el rápido avance paramilitar, se
expresaba en el hecho de que en zonas presionadas en el pasado por la guerrilla (Urabá,
Córdoba, Magdalena, Casanare y sur del Cesar), las elecciones de octubre se celebraron
sin que los candidatos fueran intimidados por los alzados en armas. En estas zonas la
intimidación corrió por cuenta de los paramilitares que como en el caso de Urabá,
impidieron que se presentaran candidatos de partidos o movimientos de izquierda.
Los
cambios sucedidos hacia finales de los años noventa en el conflicto interno, hacen
preciso reconocer que no obstante el mayor alcance logrado por la guerrilla en el
propósito de ampliar su poder a nivel local, el avance de los grupos paramilitares, se
expresa, por una parte, en que el ELN ha perdido terreno en el norte del país, y por
otra, en que las FARC han tenido que concentrar mayores esfuerzos en neutralizar la
expansión de los grupos irregulares que se les oponen en el Magdalena Medio y en el
oriente del país donde le disputan el control del poder local. Los grupos paramilitares,
han asumido la doble tarea de impedir por una parte la expansión de las guerrillas y por
otra la de penetrar las zonas donde estas organizaciones cuentan con las fuentes más
estables de financiamiento. Ante esta nueva situación, las FARC demuestran mayor poderío
en las zonas de presencia histórica, a través de acciones de gran contundencia militar
como las que se registraron en los ataques contra objetivos militares entre 1996 y 1998
1
. Estas acciones
evidencian la gran capacidad bélica, de financiamiento y de control sobre la población,
todo lo cual tendría como fin último sostener sus posiciones en las zonas de presencia
histórica, mientras en el resto del territorio realizan actividades militares con el
propósito de dispersar los esfuerzos del Estado para combatirlas.
Si bien
es cierto que el número de acciones propias del conflicto armado se incrementó en 1999
con respecto al año anterior, es preciso reconocer que el proceso de paz iniciado con las
FARC ha podido incidir en que el conflicto armado no se haya escalado en la proporción
que muchos anunciaban. Sin embargo, este hecho no es resultado de un mensaje reciproco
explícito en las conversaciones, sino más bien del cambio producido en las estrategias
de los contendientes. En este sentido es importante destacar cómo las FARC, que se
habían propuesto demostrar su enorme poderío militar a través de acciones dirigidas a
atacar al ejército, ha cambiado su estrategia priorizando los ataques a las poblaciones
para destruir los puestos de policía y debilitar la presencia estatal en los municipios
donde busca ampliar su influencia. Paralelamente a este cambio de estrategia de la
guerrilla, el Ejército ha variado la suya respondiendo a los ataques a las poblaciones a
través de su fuerza aérea que ha logrado en varios casos frustrar los propósitos de la
insurgencia y producir también un alto número de bajas.
A raíz
de los fuertes golpes que las FF.AA propinaron a las FARC en el mes de julio de 1999,
cuando ésta guerrilla decidió hacer sentir su desacuerdo en torno al papel de una
instancia de verificación de las normas de comportamiento en la zona de distensión, se
ha producido el replanteamiento táctico del grupo insurgente que lo ha llevado a cierta
pasividad operativa. La desventaja aérea, claro bache de las FARC, le impide pasar a otro
estado de la guerra. Los sucesos de Puerto Lleras y Hato Corozal pueden interpretarse como
claras demostraciones de la enorme desventaja aérea que les causó a las FARC graves
pérdidas y que se constituye en el principal factor a favor del Estado en el logro de la
disminución del poderío militar de la guerrilla.
Se
podría suponer que mientras compensan ciertas deficiencias, como la aérea, las FARC han
optado por seleccionar sus objetivos, los cuales estarían centrados en atacar a la
policía y a los grupos paramilitares, mientras que el Ejército es dejado de lado,
limitándose a evaluar su capacidad de reacción. La policía es atacada mediante la toma
de poblaciones, emboscada a patrullas y atentados individuales de manera sorpresiva en los
cascos urbanos, limitando su poder de control y sus movimientos. Los grupos paramilitares,
por su lado, son atacados a través de la confrontación directa, buscando el combate, y a
través del desmantelamiento de sus redes o supuestas redes de apoyo.
INTENSIDAD
DEL CONFLICTO ARMADO
La
información estadística que se presenta en el anexo estadístico,
permite
apreciar el incremento del accionar de la insurgencia y poner al descubierto la mayor
capacidad ofensiva con que cuenta en los años noventa. Las acciones propias de la
confrontación, como los contactos armados y los hostigamientos, así como los sabotajes a
la infraestructura económica, aumentaron ostensiblemente en el conjunto de acciones
armadas, mientras que las acciones típicas de financiamiento (asaltos a poblaciones,
entidades y vehículos de transporte) disminuyeron. Estos cambios expresan la mayor
capacidad militar con que cuentan hoy los grupos guerrilleros, en buena medida por haber
logrado diversificar las prácticas de financiamiento que hoy dependen en alto grado del
secuestro, de la extorsión y de las contribuciones forzadas del narcotráfico
2
.
Las
acciones propias de la confrontación armada:
contactos, emboscadas, hostigamientos
y ataques a las instalaciones militares, que entre 1985 y 1991 representaban el 53% entre
1992 y 1998 aumentan su participación al 67% de la actividad bélica. Se observa,
también, que las acciones de sabotaje contra la infraestructura económica, petrolera,
eléctrica y de comunicaciones no varían su participación con el 27% en ambos períodos.
Los asaltos a entidades públicas y privadas, las acciones de piratería y los ataques a
pequeñas poblaciones que contaban con una participación en el conjunto de acciones del
20%, en el período más reciente tan sólo representan el 6%.
La
distribución de las acciones armadas, a nivel departamental, permite determinar la
concentración de hechos de este tipo en las diferentes circunscripciones. De esta manera,
en los últimos doce años el 75% de las acciones armadas se registra en once
departamentos: Antioquia 21%; Santander 12%; Norte de Santander 6%; Cesar 6%; Arauca 6%;
Meta 5%; Cundinamarca 5%; Cauca 4%, Bolívar 4%, Huila 3% y Tolima 3%. Por otra parte,
Córdoba, Caldas y Risaralda experimentaron importantes reducciones en la intensidad del
conflicto armado hasta 1992, como consecuencia de la desmovilización del EPL. A partir de
1993, la disminución en el accionar de la guerrilla se mantiene únicamente en Córdoba.
En cambio, Risaralda y Caldas se encuentran afectados, en el presente, por la presencia
activa de tres frentes de las FARC y un reducto disidente del EPL.
En el
resto del país se produce un aumento sostenido en la intensidad del conflicto armado. Los
departamentos donde se observan los más altos incrementos en la intensidad del conflicto
son: Guajira, Chocó, Bolívar, Magdalena, Sucre, Quindío, Tolima, Putumayo, Meta, Arauca
y Casanare. En todos estos departamentos se ha observado un fuerte avance de los grupos
guerrilleros en los últimos años. Las FARC y el ELN han incrementado su presencia en La
Guajira, y Casanare. Así mismo, las FARC registraron, luego de las operaciones de las
FF.AA. contra los campamentos del secretariado en Uribe (Meta), un fuerte aumento de su
presencia en el centro del país. Otros departamentos donde la intensidad del conflicto
armado también ha aumentado en los últimos años son: Antioquia, Norte de Santander,
Cauca, Quindío y Valle.
La
geografía del conflicto armado que se presenta en el mapa 1, también evidencia que el
mayor poderío militar de las organizaciones alzadas en armas continúa estando y se
manifiesta con mayor intensidad en las zonas donde se implantaron los primeros núcleos
guerrilleros (Urabá, Magdalena Medio, Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo, Sarare y
el sur-oriente). Las zonas más afectadas por la elevada intensidad del conflicto en el
presente son como en el pasado ante todo rurales.
La
expansión reciente de la guerrilla hacia zonas urbanas y con mayor potencial económico,
no se encuentra acompañada de la capacidad de realizar en forma sostenida acciones
ofensivas, inclinándose más hacia la obtención de recursos para el financiamiento de
las organizaciones alzadas en armas
3
.
La presencia en municipios cercanos a los grandes centros urbanos del país, confronta por
otra parte la tesis generalizada de que la guerrilla crece por inasistencia estatal en
áreas alejadas del centro del país. Muestra, más bien, que la insurgencia ha cambiado
su dinámica de crecimiento, alejándose de las reivindicaciones campesinas y
relacionándose ahora con el proceso de urbanización que experimenta el país
4
.
LAS
MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA
La
expansión territorial de los actores del conflicto interno en los años noventa se
expresa de otra parte en el incremento del recurso al terror (Lair, 1999). A través de la
intimidación, guerrillas y paramilitares interfieren los procesos de elección de los
gobernantes locales, determinan a quienes deben favorecer los nombramientos, los
contratos, las inversiones físicas y los programas sociales. Las presiones, ante el
escaso poder de convocatoria, se manifiestan en asesinatos, secuestros y amenazas que
recaen en dirigentes políticos, candidatos y funcionarios.
A nivel
local, las organizaciones guerrilleras y paramilitares actúan como redes de poder, que
manejan instrumentos de fuerza y son capaces de imponer su control sobre la población a
través de la intimidación reemplazando los lazos de solidaridad colectiva por la
desconfianza mutua que se manifiesta en la ley del silencio y en la incomunicación a
partir de lo cual es imposible construir comunidad y propiciar el desarrollo. La violencia
que genera la competencia entre los actores armados ilegales se explica por el
desmembramiento de las redes adversarias como condición necesaria para subvertir y
construir posiciones de poder (Suárez, 1999).
La
reciente irrupción de los paramilitares en la región del Catatumbo (Norte de Santander),
sembrando el terror a través de la realización de masacres -como las que se registran en
la localidad de La Gabarra a partir de mayo de 1999-, revela su propósito de golpear las
redes de apoyo de la guerrilla en el nororiente colombiano donde estas organizaciones
cuentan con fuentes de financiamiento muy sólidas
5
.
Con este comportamiento, los paramilitares pretenden disputarle a la insurgencia los
enormes recursos económicos derivados de la actividad petrolera que han constituido el
factor decisivo en su recuperación y la estabilidad en los flujos de recursos económicos
hacia zonas donde operan estructuras armadas con menores posibilidades de financiamiento.
Por su
parte las FARC, ha venido aplicando en Urabá una estrategia similar a la utilizada por
los paramilitares, pues en las incursiones puede dar muerte a personas consideradas redes
de apoyo, como ha sucedido en Juan José, Batatas, Pueblo Bello y recientemente en
Valencia en Córdoba. Las FARC han recurrido al terror para ampliar los corredores de
acceso y penetrar el eje de los paramilitares en el Nudo de Paramillo y la Serranía de
Abibe en Córdoba.
El
comportamiento de los actores organizados de violencia, determina que el homicidio en
Colombia haya tenido una "difusión contagiosa" (Cohen and Tita, 1999) en el
sentido en que la presencia de estructuras organizadas que recurren a la violencia generan
una dinámica de las que son víctimas tanto miembros de organizaciones rivales como no
miembros. Los homicidios causados por una organización generan una espiral de acciones
violentas que se extienden en el tiempo mas allá de los actores inicialmente implicados y
que tienden posteriormente a persistir.
En el mapa
2 se presentan las trescientas cinco poblaciones que superaron la tasa promedio
nacional entre 1996 y 1998; 80% se localizan en diez departamentos: Antioquia (80),
Cundinamarca (31), Valle (28), Boyacá (21), Santander (18), Meta (17), Caquetá (14),
Caldas (13), Risaralda (12) y Quindio (10). Así mismo, 93% de los municipios con índices
críticos de homicidio pertenecen a la estructura rural y 7% a la urbana. Las zonas
rurales más afectadas por la violencia homicida son aquellas donde priman el campesinado
medio cafetero (72% de los municipios de este tipo registran tasas superiores al promedio
nacional) y la colonización de frontera (56% de los municipios registran tasas superiores
al promedio nacional).
Los
municipios de campesinado medio cafetero que se habían caracterizado por el predominio de
un campesinado medio estable y acomodado dedicado a las actividades de producción de
café, con la crisis albergan un sector endeudado y desesperado. La cosecha cafetera en
estas zonas produce una alta inmigración de trabajadores de regiones pobres ocasionando
alta densidad poblacional que no encuentra pleno empleo, acentúa la delincuencia, genera
expresiones de justicia privada y es explotada por grupos guerrilleros que encuentran
apoyo en los desempleados. Adicionalmente, la expansión más fuerte de los grupos
guerrilleros se ha registrado en los últimos años sobre los municipios del eje cafetero,
buscando aumentar su presencia en esta zona estratégica por cuanto de manera obligada
pasan por aquí los intercambios comerciales entre Medellín, Cali y Bogotá. Por otra
parte, en la zona occidental de las cordilleras en los departamentos de Quindio y
Risaralda, la violencia tiene también una estrecha conexión con las actividades de
narcotráfico en el norte del Valle, que desde aquí coordina el acopio y la exportación
de cocaína y heroína producida en el sur del país. Así mismo, el narcotráfico ha
registrado un fuerte proceso de compra de tierras, amparado en organizaciones armadas muy
violentas.
En las
zonas de colonización de frontera se registran procesos activos de colonización,
desarrollados por movimientos migratorios generados por la violencia y la descomposición
campesina en la región andina. La carencia de infraestructura vial y de servicios, la
poca disponibilidad de suelos para la actividad agrícola, la baja productividad, la nula
integración a los mercados nacionales o regionales, unida a la precaria presencia del
Estado, dificultan la vinculación del colono a la tierra, conformándose así una
economía parcelaria itinerante, que a la vez que ensancha la frontera agrícola favorece
el establecimiento de cultivos ilícitos. Las regiones corresponden a las de mayor
intensidad del conflicto armado; el piedemonte Llanero y zonas de Caquetá, Guaviare,
Putumayo, Meta y Casanare. En estas poblaciones rurales los altos índices de violencia se
explican en buena medida por la presencia de la guerrilla y/o los paramilitares que
recurren al homicidio para sembrar el terror, imponer su influencia y ganar privilegios a
nivel local.
Adicionalmente,
el mapa 2 permite inferir que los altos niveles de pobreza no se relacionan en
forma automática con la violencia, como tantas veces se ha argumentado en los enfoques
que buscan sus causas en las "condiciones objetivas". Las áreas más
violentas en general están asociadas a la existencia de una estructura social
heterogénea con organizaciones armadas enfrentadas en torno a fuertes intereses. Sin
duda, la violencia coincide también con profundos desequilibrios sociales propios de
regiones con economías dinámicas que atraen migrantes y donde la distribución del
ingreso es inequitativa. En estas regiones no se ha podido establecer firmemente una base
jurídica e institucional que dicte con claridad las reglas del juego y permita
neutralizar la acción violenta de los diferentes actores en competencia. De otro lado,
los reducidos niveles de violencia en general son más frecuentes en los municipios más
atrasados y con menor actividad económica.
Desde
otra perspectiva, el mapa 3 muestra que el 70 % de los municipios que registraron
elevado índice de homicidio entre 1996 y 1998, se encuentran en zonas afectadas por el
conflicto armado y que en muchas de estas localidades se registra también una elevada
concentración de muertes causadas por los actores organizados de la violencia. La
convergencia geográfica de éstos fenómenos permite insistir en que los altos índices
de muertes en Colombia tienen una relación muy estrecha con el conflicto armado y la
presencia de actores violentos que, como se ya se dijo, generan una dinámica de la que
son víctimas tanto miembros de organizaciones rivales como no miembros. De tal suerte, se
encuentran, municipios con tasas que superan -en el doble o más- la media nacional y
donde las muertes se originan en las organizaciones de justicia privada en el norte del
Valle, el Eje Cafetero, la Montaña Antioqueña y la región del occidente de Boyacá;
mientras que en el piedemonte de la Cordillera Oriental (municipios dispersos de Casanare,
Arauca, Meta, Caquetá, Guaviare y parte de Putumayo), el Urabá, y el Magdalena Medio
(municipios de Bolívar, Cesar, Antioquia y Santander) la violencia es atribuible a los
actores del conflicto armado.
Pese al
enorme desconocimiento sobre los autores de las muertes en el país, las autoridades y los
estudiosos han aceptado que las violencias que están cobrando el mayor número de
víctimas sobrepasan a las que generan las guerrillas, los grupos de autodefensa, las
organizaciones de justicia priva al servicio del narcotráfico
6
. Como se ha visto, en las localidades urbanas
y rurales aludidas, la presencia de los actores violentos se asocia estrechamente con las
altas tasas de homicidios indiscriminados; a la vez, también son altos los homicidios
selectivos. Adicionalmente, como lo señala un estudio reciente (Cubides,Olaya y Ortiz
1998), en las zonas rurales de colonización y los barrios periféricos de las ciudades en
acelerada expansión se observan como factores comunes una sociedad débil, aunque
dinámica y un Estado incapaz de constituirse en mediador de los conflictos, función que
terminan desempeñando las organizaciones armadas ilegales que se imponen a través de la
violencia. Lo razonable, entonces, es reconocer, como afirma el sociólogo Daniel Pécaut
(1997), que en la violencia actual los fenómenos interactúan y se relacionan de manera
que resulta totalmente inapropiado continuar trazando límites claros entre la violencia
política y aquella que no lo es, y menos aún seguir insistiendo en la supuesta
irrelevancia de la violencia originada en los actores del conflicto armado.
EFECTOS
ECONOMICOS DEL CONFLICTO ARMADO
Los
cambios sucedidos durante los años noventa ponen de presente el enorme poderío militar
alcanzado por la guerrilla, sustentado en el hecho de que ha encontrado fuentes de
recursos económicos muy importantes que a su vez determinan su perspectiva del presente,
donde las fuentes de ingresos para la guerra parecieran inagotables
7
. Para el caso colombiano es importante tener
en cuenta que la prolongación del conflicto armado tiene como fundamento la autonomía
adquirida por las guerrillas, sobre todo en el campo financiero, haciendo que tenga menor
importancia la búsqueda de un mayor apoyo social y político, que es la necesidad
inherente a toda guerrilla.
Ha sido
justamente en el saqueo de recursos donde las prácticas de la guerrilla y de la
delincuencia común se han confundido incrementando la inseguridad. Por su parte la
sociedad colombiana, como lo señala un trabajo reciente (Castillo y Salazar, 1996), ha
acabado acomodándose a la convivencia con la inseguridad desarrollando una elevada "disposición
a pagar" que acrecienta la capacidad de los grupos alzados en armas con
considerables consecuencias institucionales. Es obvio que ni desde el punto de vista
social ni del individual, se trata de una estrategia óptima (la de pagar); sin embargo,
en la actual situación colombiana los agentes afectados por la amenaza permanente contra
sus vida y su patrimonio, una estrategia como la de pagar rescates y extorsiones llega a
ser la mejor alternativa privada disponible debido a la concurrencia de varios factores,
pero principalmente al hecho de que los agentes que deciden pagar tienen una certidumbre
muy alta (fruto del aprendizaje) respecto a que la superación del conflicto armado por la
vía política negociada es lejana y a la incapacidad del Estado para proteger sus bienes
y su patrimonio de la amenaza guerrillera. El resultado de la generalización de la
negociación privada con el agente directo de la violencia lleva a que éste incremente su
poder económico, sus ganancias territoriales y su capacidad de control sobre la
población civil. De tal suerte, la negociación que hace mucho tiempo el Estado viene
buscando para superar el conflicto, es sobrepasada en la práctica por la negociación
económica privada entre los agentes de altos ingresos y los alzados en armas.
Si bien
las estimaciones económicas sobre las fuentes de financiamiento de la guerrilla
constituyen sin lugar a duda un costo directo para la economía nacional, los costos
económicos indirectos del conflicto armado pueden ser mucho más elevados como lo muestra
un estudio reciente (Bejarano, 1997). En efecto, el impacto de la inseguridad y de la
violencia en el sector agropecuario, que ha sido tradicionalmente el mas afectado por la
guerrilla, son sobretodo indirectos y afectan negativamente la administración, la
gestión, la inversión y el precio de la tierra en sub-sectores como la ganadería y la
agricultura comercial. El impacto sobre el conjunto del sector se estima para 1995 en
32.69% del PIB agropecuario.
La
evidente sub-estimación estratégica sobre las implicaciones del conflicto que ha
prevalecido en el país, tiene derivaciones de singular importancia cuando se considera el
margen de concesiones posibles en una solución política negociada del conflicto armado
colombiano. En este sentido una reciente encuesta realizada a altos ejecutivos de las
grandes empresas del país revela que la clase dirigente colombiana desea con vehemencia
la paz, cree que es preferible financiarla en lugar de la guerra, pero no está dispuesta
a ceder parte de su ingreso para lograrla, y menos a hacer grandes concesiones a los
alzados en armas. (El Tiempo, 1999a)
En
cualquier caso los efectos económicos circunscritos a una alcance sectorial rural y a las
actividades agropecuarias, a algunas regiones rurales con muy pocos alcances globales y
sobre todo sin consecuencias económicas importantes ni para las actividades urbanas, ni
para la seguridad en las ciudades, no debiera llevar en todo caso a subestimar el
potencial de transformación y escalamiento del conflicto hacia las áreas urbanas, en una
trayectoria que por lo demás se ha experimentado en otros conflictos en otras áreas del
mundo (Collier, 2000).
Una
visión nueva, en cuanto a los efectos del conflicto armado en el sistema global pareciera
desprenderse de los resultados de la encuesta de opinión industrial realizada por la ANDI
el mes de abril de 1999, donde el 25% de los empresarios considera que los problemas de la
economía se relacionan con la inseguridad, 23% con los altos niveles de tributación, 9%
con las dificultades del sector financiero, 7% con la incertidumbre que se respira en el
país y 36% cree que la combinación de todos estos factores hace que no exista ningún
aspecto favorable que los induzca a invertir. (El Tiempo, 1999b)
Ante la
percepción, que se impone con fuerza, de que la inseguridad es el principal problema que
enfrenta la economía colombiana, la tradicional subestimación estratégica sobre las
implicaciones del conflicto pareciera estar cambiando. Es apenas lógico suponer que la
visión negativa de los agentes económicos ante los hechos de violencia protagonizados
recientemente por el ELN, que ahora recurre al secuestro masivo de ciudadanos en las
áreas urbanas, haya aumentado. Lo que plantea una verdadera incógnita es si la sociedad
ante esta situación, insistirá en la racionalidad privada que le ha permitido convivir
con la violencia o se decidirá por la construcción de los consensos que hagan viable la
solución política de los conflictos.
CONCLUSIONES
Se ha
visto cómo pese a haber diversificado su presencia que ya no es exclusivamente rural y
marginal, las FARC mantienen un elevado grado de concentración de la actividad armada en
las zonas periféricas que les han permitido contar con una base de financiamiento
estable. Las estructuras de frentes con presencia en zonas de cultivos ilícitos, enclaves
agrícolas y explotación petrolera y minera, son las que cuentan con mayor capacidad de
acción armada. Las FARC entre 1996 y 1998 demuestran mayor poderío en las zonas con
presencia histórica, a través de acciones de gran contundencia militar que tienen como
fin último sostener sus posiciones mientras en el resto del territorio realizan
actividades militares con el propósito de dispersar los esfuerzos del Estado para
combatirlas. La prevalencia que ha dado las FARC al ataque de las instalaciones de
policía a partir de 1997, se ha convertido en todo un propósito estratégico. En efecto,
este comportamiento, está inscrito dentro del desarrollo de planes de guerra dispuestos a
lograr el control de zonas específicas cada vez más amplias que se constituirían en
núcleos de expansión de control militar y político.
Los
hechos más sobresalientes del conflicto armado hacia finales de la década pasada
también se encuentran relacionados con el Ejército de Liberación Nacional. La violenta
incursión paramilitar en Norte de Santander, se enmarca en la lógica de la organización
comandada por Carlos Castaño, que se ha propuesto debilitar militarmente al ELN, a
través de la penetración de sus zonas de influencia que como el sur de Bolívar tienen
un elevado valor estratégico en la confrontación armada. En este sentido, la ofensiva
que tiene como epicentro al Catatumbo, busca afectar la más importante estructura militar
con que cuenta el ELN. Las autodefensas pretenden disputarle al ELN los enormes recursos
económicos derivados de la actividad petrolera que han constituido el factor decisivo en
su recuperación y la estabilidad de los flujos de recursos económicos hacia zonas donde
operan estructuras armadas con bases de financiamiento menos estables.
Los
grupos de autodefensa parecen estar decididos a ganar el status de parte en la solución
del conflicto lo que, según sus cálculos, tarde o temprano debería derivar en status
político. Las masacres, la presión sobre el ELN, hecha pública y reivindicada de manera
insistente, las continuas entrevistas a los medios y la magnificación de sus acciones,
hacen parte de esa estrategia, lo que permite prever que en momentos álgidos del proceso
de paz la violencia de estos grupos va a arreciar, para demostrar que sin ellos no habría
paz.
La
violencia asociada a los actores del conflicto armado se ha elevado en la medida en que se
impone la estrategia que se expresa en la reducción de los enfrentamientos entre los
aparatos armados mientras se incrementan los asesinatos de civiles que son percibidos por
las partes en conflicto como apoyos del adversario. Hacia el inmediato futuro la respuesta
de la guerrilla a la mayor acción de las autodefensas, se circunscribiría involucrando
más a la población civil, aumentando los enfrentamientos, desplazando a la policía, en
una dinámica en la que el desplazamiento será la constante, pues las respuestas de los
actores se centrarán en población. Esta característica del conflicto colombiano en la
actualidad, desvirtúa las interpretaciones corrientes que prevén su transformación en
una guerra civil, planteando más bien una guerra que cada vez con mayor fuerza se dirige
contra la población civil.
Todo lo
que se ha dicho permite prever que hacia el futuro la insurgencia, sin importar los
elevados costos políticos que le signifique ampliar su base de financiamiento afectando
sectores cada vez más amplios de la población —incluso en el área urbana— se
propone aumentar aún más su capacidad militar al punto que le permita demandar una mayor
participación en el poder. La derivación de lo anterior en el logro de la paz es que un
acuerdo verdaderamente atractivo para la guerrilla sólo puede producirse en la medida en
que su enorme poder de acción militar se transforme en cantidades equivalentes de poder
legítimo. La construcción de las vías para lograr dicho acuerdo es el reto que se le
plantea al conjunto de la sociedad colombiana.
Anexo estadístico
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