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Los conflictos internos
en Colombia y la seguridad regional
La
iniciativa de paz del presidente Pastrana también se ha visto obstaculizada por las
crecientes repercusiones de los conflictos internos de la nación a los países aledaños.
Las guerrillas, los paramilitares y narcotraficantes colombianos actualmente suelen cruzar
los territorios vecinos de Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador para refugio
seguro, reservas, tráfico de armas y narcotráfico. Los incidentes de secuestros y
asesinatos transfronterizos también han aumentado dramáticamente en años recientes. Y
miles de campesinos desplazados han buscado protección al otro lado de las fronteras en
Venezuela y Panamá.
Después
que el Presidente Hugo Chávez asumiera la presidencia en Venezuela en febrero de 1999,
las relaciones colombo-venezolanas se deterioraron rápidamente. Chávez acusó
inmediatamente a Colombia de no ser capaz de controlar sus fronteras apropiadamente y
luego anunció que abriría negociaciones con las FARC directamente en lugar de esperar
resultados del frágil proceso de paz de Pastrana. Dada su retórica populista, anti
establecimiento y vagamente "revolucionaria", algunos observadores en Colombia
temían que inclusive podría brindarle apoyo clandestino a las FARC u otorgarle
"status de beligerancia". Aunque en la práctica Chávez no realizó ninguna de
estas acciones durante 1999, las relaciones bilaterales entre los dos vecinos se
mantuvieron tensas e incómodas a comienzos de 2000 (Semana, 1999L; El Nuevo Herald,
1999a; Reyes, 1999).
Aunque
han sido menos públicas, han surgido tensiones similares en las relaciones bilaterales
con Brasil, Perú y Ecuador durante el último año y medio. Durante 1999, tanto Brasil
como Perú enviaron refuerzos militares similares a sus fronteras con Colombia para
fortalecer sus defensas contra incursiones transfronterizas. Siendo la primera ruta de
tráfico de armas y de drogas dentro y fuera de Colombia y zona clave de conflicto entre
las FARC y las AUC, sin embargo, la frontera entre Colombia y Panamá fue la más
polémica de las relaciones bilaterales en 1999. La salida de tropas estadounidenses de la
Zona del Canal a finales de año y la capacidad militar limitada de la Policía Nacional
de Panamá originó serios cuestionamientos sobre la futura seguridad del propio canal
(Bagley, 1999).
La
incapacidad del ejército colombiano de asegurar sus fronteras hace de los esfuerzos de
Pastrana para contener el tráfico de drogas y lograr un acuerdo de paz con las guerrillas
en Colombia sean considerablemente más problemáticos, pues tanto los traficantes como
los insurgentes claramente se han convertido en actores transnacionales más allá del
control efectivo de Bogotá. Como resultado, durante 1999 las preocupaciones de Washington
con respecto a las crecientes amenazas a la seguridad regional por parte de Colombia se
incrementaron dramáticamente y en últimas condujeron a que la administración Clinton
propusiera mayores aumentos en la asistencia de Estados Unidos dirigidos a reforzar la
capacidad de la administración Pastrana para manejar los problemas de Colombia
8
.
Narcotráfico,
guerrilla y relaciones colombo-estadounidenses
Ya
profundamente preocupado con el aumento vertiginoso de la producción y tráfico de
drogas, el incremento de la violencia guerrillera y paramilitar y el deterioro de las
condiciones políticas y económicas de Colombia, el 1 de marzo de 1998 Washington optó
una vez más por "certificar" a Colombia como "país cooperador" en la
guerra estadounidense contra las drogas por primera vez desde 1994. En 1995 la
administración Samper había sido "descertificada", pero la administración
Clinton le otorgó un "________por seguridad nacional" que permitió la
continuación de la ayuda estadounidense a Colombia. En 1996 y 1997 el gobierno de Samper
fue descertificado totalmente y el flujo de ayuda estadounidense fue severamente reducido
(a excepción de la Policía Nacional). Aunque Clinton no impuso finalmente sanciones al
comercio en Colombia como la legislación estadounidense autoriza en casos de
descertificación, el uso de "diplomacia coercitiva" o "chantaje"
diplomático por parte de Washington durante este período ejerció un efecto de profundo
congelamiento de toda la actividad de negocios y flujos de inversión extranjera desde
1996 en adelante (Bagley, 1998: 103-118).
En
combinación con el retraso económico global, la profundización en las recesiones en
Venezuela y Ecuador y el manejo económico y político clientelista y populista de Samper
durante su período, la descertificación ayudó a conducir a la economía de Colombia por
un despeñadero entre 1997 y 1998 de la cual aún no se ha recuperado. De hecho, en 1999
Colombia experimentó su peor recesión económica en setenta años ya que la economía se
contrajo en casi el 6%, mientras que los niveles de desempleo alcanzaron el 18% (Orrego,
1999:5B; Semana, 1999m, 1999n). La severidad de la presente crisis económica en Colombia
y el descontento popular generalizado causado por ésta
fueron dos factores que
generaron
los problemas de criminalidad común y gobernabilidad enfrentados por el
presidente Pastrana durante su primer año y medio de gobierno, al tiempo que ha
alimentado y fortalecido
alentado a las guerrillas del país. Las acciones
de la guerrilla - secuestros, sabotaje a la infraestructura, escalada del conflicto armado
- a su turno han exacerbado y prolongado el actual descenso en la economía del país
(Semana, 2000c, 2000d).
A
principios de 1998 la situación de deterioro en Colombia se había vuelto tan preocupante
para las autoridades estadounidenses que, a pesar del hecho de que el empañado
período de cuatro años del presidente Samper no estaba programado para terminar hasta
agosto de 1998, de todas maneras Washington procedió a "recertificar" a
Colombia el 1 de marzo. Esta decisión despejó el camino para que la administración
Clinton otorgara US$ 289 millones en ayuda antinarcóticos a Colombia en el año fiscal de
1999, una suma que inmediatamente catapultó a este país a la posición del tercer
receptor de ayuda estadounidense en el mundo, sólo después de Israel y Egipto. Dado que
el año fiscal de Estados Unidos no comienza sino hasta octubre 1 de cada año de
calendario, los nuevos fondos de ayuda estadounidense comenzaron a entrar a Colombia sólo
a finales de 1998 (bastante después de que el presidente Pastrana asumiera la presidencia
el 7 de agosto). Este margen de tiempo aseguró que el gobierno Samper no recibiera
beneficios directos del aumento en la ayuda de Estados Unidos en el año fiscal
de 1999
9
.
Tan
pronto como Pastrana asumió la presidencia, las relaciones bilaterales
colombo-estadounidenses se mejoraron rápidamente. En octubre de 1998 el presidente
Clinton recibió al presidente Pastrana en una visita de Estado a Washington, con lo cual
claramente marcó el contraste con el anterior presidente Samper, a quien oficialmente se
le había negado la visa para viajar a Estados Unidos en 1996. A pesar de ser escéptica,
la administración Clinton públicamente respaldó las propuestas de paz de Pastrana hacia
las FARC a finales de 1998. En efecto, a petición del presidente Pastrana, la
administración Clinton inclusive estuvo de acuerdo en enviar emisarios para sostener
encuentros secretos con los representantes de las FARC en Costa Rica en diciembre de 1998
para discutir la voluntad de las FARC de emprender programas de erradicación de drogas
como parte del proceso de paz. Sin embargo, una vez fueron reveladas públicamente a la
mayoría republicana en el congreso de Estados Unidos, estas conversaciones secretas
causaron tanta controversia en Washington que la administración Clinton se vio obligada a
desautorizarlas y a comprometerse a abstenerse de cualquier discusión futura con los
"terroristas" de las FARC (El Nuevo Herald, 1999b)
10.
La
administración Clinton continuó respaldando la iniciativa de paz de Pastrana durante
1999 en su diplomacia pública. Sin embargo, en la medida en que el proceso de
negociaciones se empantanaba mes tras mes, los formuladores de política claves en Estados
Unidos claramente llegaron a la conclusión de que las FARC nunca negociarían seriamente,
a no ser que fueran obligadas a hacerlo tras su derrota en el campo de batalla. Indicando
un cambio importante, en marzo de 1999 Washington acordó comenzar a cooperar con
inteligencia en tráfico de drogas y actividad guerrillera con el gobierno Pastrana y el
ejército colombiano, incluyendo los datos obtenidos de observaciones satelitales de la
zona de despeje (Albright, 1999; Reuters, 1999c:A15).
A
mediados de 1999, más de 300 estadounidenses estaban apostados en Colombia: 22
entrenadores y asesores y más de 100 operativos de la Drug Enforcement Administration
(DEA) y de la Central Intelligence Agence (CIA). El control de drogas continuó siendo la
prioridad política declarada de Estados Unidos en Colombia. La misión primordial de
Estados Unidos era entrenar y equipar un batallón antinarcóticos nuevo de 950 hombres en
el ejército colombiano (Semana, 2000e).
Pero el
estancamiento en el proceso de paz y los reveses que sufrió el ejército en combate
contra las FARC durante 1998-1999, combinados con la creciente evidencia de los vínculos
de este grupo guerrillero con el tráfico de drogas, forzaron a Washington a aceptar que
la guerra contra las drogas ya no podía ser claramente distinguida de la lucha contra la
guerrilla. Con el impulso de Washington, en septiembre de 1999 el gobierno Pastrana
emitió el documento del "Plan Colombia", en el cual exponía su estrategia
general para manejar los múltiples problemas que aquejan al país, que van del
narcotráfico, la violencia política, crisis humanitaria y recesión económica hasta la
corrupción institucional. El precio del plan era de US$7.5 billones durante un período
de tres años, de los cuales Colombia prometió aportar US$ 4 billones. Se esperaba que
Washington suministraría de US$1.5 a US$2 billones y que el monto restante provendría de
instituciones financieras multilaterales (FMI, Banco Mundial y BID) y la Unión Europea
11
.
Después
de no lograr promover una respuesta más temprana a través del Congreso estadounidense a
finales de 1999, el 11 de enero de 2000 la administración Clinton presentó un nuevo
proyecto de ley al Congreso de Estados Unidos por un programa de ayuda de emergencia de
US$ 1.28 billones para Colombia. Pensado para ayudar a Bogotá a luchar contra el tráfico
de narcóticos en aumento y para afianzar la democracia durante los siguientes dos años,
cerca de la mitad del dinero estaba incluido como una solicitud de presupuesto
suplementaria para el Año Fiscal 2000. La otra mitad fue incorporada en la propuesta de
presupuesto de Clinton al Congreso para el Año Fiscal 2001 presentada en febrero 7 de
2000. Agregada a los US$ 300 millones previamente asignados para Colombia en el
presupuesto del Año Fiscal del 2000, la ayuda total a Colombia en los próximos dos años
alcanzará cerca de US$ 1.58 billones, casi doblando la cantidad aportada durante toda la
década de los 90 (Albright, 2000; The White House, 2000).
En
efecto, con esta nueva propuesta de ayuda la administración Clinton reveló un cambio
dramático en la estrategia de Estados Unidos hacia Colombia. En 1999, al igual que en
años anteriores, virtualmente toda la ayuda antinarcóticos de Washington había sido
canalizada hacia la Policía Nacional y no hacia el ejército. El nuevo paquete, en
cambio, asignaba el grueso de la futura asistencia estadounidense a las fuerzas armadas
colombianas (ejército, fuerza aérea y marina), mientras que reducía sustancialmente los
flujos de ayuda a la policía. Del total de US$ 1.573 billones a ser aportados durante los
próximos dos años, casi dos tercios – US$ 940 millones)- se destinarán a la fuerza
militar, versus US$96 millones para la policía. Para garantizar entrenamiento, equipos y
la compra de 30 helicópteros Black Hawk y 33 Huey para dos nuevos batallones
antinarcóticos, se proyecta que el ejército recibirá US$ 599 millones (US$ 512 millones
en el Año Fiscal 2000 y 88 millones en el 2001). Para las actividades de interdicción la
fuerza aérea y la marina recibirán US$ 341 millones (US$ 238 en el Año Fiscal 2000 y
103 millones en el 2001) (Gomez Maseri, 2000).
Mientras
que el Consejero de Seguridad Nacional para América Latina de la Casa Blanca, Arturo
Valenzuela, señaló que la nueva ayuda estadounidense no tenía "nada que
ver"con la lucha contra la guerrilla, el Zar Antidrogas Barry McCaffrey admitió más
directamente que el dinero haría una "importante contribución" a la lucha
antisubversiva en Colombia. En la práctica, los continuos esfuerzos retóricos de
Washington para mantener una estricta división entre la ayuda antinarcóticos y las
operaciones antiguerrilla son falsas y fútiles. La realidad colombiana actual simplemente
no se presta para hacer este tipo de distinciones. De hecho, durante su viaje a Washington
a finales de enero de 2000 apuntalar el apoyo del Congreso de Estados Unidos al paquete de
ayuda del presidente Clinton para Colombia, el presidente Pastrana reconoció abiertamente
que en la medida en que las FARC estén "en el negocio", los fondos y equipos
antinarcóticos de Estados Unidos se usarían contra las guerrillas (Torres de la Llosa,
2000).
Implicaciones
del cambio en las prioridades de la política estadounidense
En el
fondo, la administración Clinton se ha preocupado últimamente más por la estabilidad de
la democracia colombiana y las implicaciones de un potencial colapso del Estado colombiano
para la seguridad regional que por el control antidrogas per se, aunque los dos
obviamente están estrechamente entrelazados. En efecto, a mediados de enero de 2000 la
Secretaria de Estado Madeleine Albright particularizó a Colombia, junto con otros tres
países (Nigeria, Indonesia y Ucrania) como merecedores de atención especial, dado que
"cada uno de ellos puede ser una fuerza de gran importancia para la estabilidad y
progreso de su región y cada una es un punto crítico en el camino de la democracia"
(Reuters, 2000d:A20). De hecho, Colombia es hoy en día vista en Washington como el país
"problema" en el hemisferio occidental y, como tal, ha surgido como el principal
punto focal de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en 2000.
Mientras
que esta atención elevada por parte de Washington casi siempre está acompañada por
recursos que se necesitan urgentemente, la experiencia acumulada indica que también
implica típicamente una mayor "condicionalidad" y una participación creciente
de Estados Unidos en los asuntos domésticos del país en cuestión. El caso colombiano no
será la excepción. En primer lugar, Washington ha estipulado que la mayor parte de la
asistencia estadounidense sea usada para operaciones de control de drogas en el sur del
país, donde se cultivan dos tercios de los cultivos de coca y donde las FARC son más
activas en la protección de los campos, los laboratorios de procesamiento y las pistas de
aterrizaje. La intensificación del conflicto del gobierno con las FARC parece ser un
resultado inevitable del mandato que Estados Unidos le hizo a Bogotá.
En
segundo lugar, la administración Clinton está profundamente consciente de la pasada
vinculación de las fuerzas militares de Colombia en abusos de los derechos humanos y ha
atado la ayuda de Estados Unidos directamente al monitoreo permanente de las actividades
de los nuevos batallones antinarcóticos y a la certificación estadounidense de que no se
presente ningún vínculo de la policía o el ejército con grupos paramilitares. En
efecto, US$ 93 millones están explícitamente destinados en la nueva propuesta de
presupuesto a fortalecer los derechos humanos, la administración de justicia y la
democracia en Colombia (US$ 45 millones en el Año Fiscal 2000 y 48 millones en el 2001).
Consciente de la probabilidad de un mayor escrutinio del récord de derechos humanos de
sus fuerzas armadas en orden de batalla, durante un viaje a Washington (el cuarto en los
primeros 18 meses de su presidencia) a finales de enero de 2000, Pastrana explícitamente
pidió que la ayuda no estuviera ligada a los derechos humanos. "Sabemos que aún
tenemos muchos problemas ... [pero] no creo que sea bueno para la ayuda tratar de poner
todo tipo de condiciones en ella" (Golden, 2000). A pesar de las preferencias de
Pastrana, varios demócratas en el Congreso como el Senador Patrick J. Leahy (Vermont)
parecían decididos a presionar para poner tales condiciones. "No quiero que en la
guerra contra las drogas cometamos el mismo error que tuvimos en la guerra fría, donde
aportamos dinero ... sin tener en cuenta sus récords de derechos humanos con tal de que
fueran anti-comunistas" (Golden, 2000; The Associated Press, 2000h).
En
tercer lugar, Washington ha estipulado, un poco contradictoriamente, que todas las
operaciones de las nuevas unidades antinarcóticos de Colombia financiadas por Estados
Unidos deben relacionarse directamente con las misiones de control de drogas y no con las
acciones generales anti-guerrilla. Sin embargo, el no cumplimiento con casi total
seguridad va a provocar intensos debates políticos dentro del Congreso de Estados Unidos
y potencialmente puede conducir a la negación de ayuda estadounidense futura. El salto
cuantitativo en la ayuda total estadounidense en el 2000 y la consecuente condicionalidad,
en efecto, convierten a las acciones militares de Colombia en un asunto
"interméstico" (tanto internacional como doméstico) en el sistema político
estadounidense en una mayor medida de lo que había sido en el pasado (Semana, 2000f,
Radau ____:1-4)).
Finalmente,
los oficiales estadounidenses han presionado para que Colombia incremente sus esfuerzos de
erradicación de cultivos de coca y amapola. En señal de acatamiento, el 21 de enero de
2000 la Policía Nacional de Colombia se comprometió a expandir su campaña de
fumigación aérea con herbicidas de las 40.000 hectáreas eliminadas en 1999 a 80.000 en
el 2000. Un total de US$ 145 millones se enmarca en el nuevo paquete de ayuda para
proyectos de desarrollo alternativo durante los próximos dos años (US$ 92 millones en el
Año Fiscal 2000 y 53 millones en el 2001). Si se cumple, sin embargo, estas ambiciosas
metas de fumigación probablemente desplazarán decenas de miles de campesinos
cultivadores de coca en regiones dominadas por las FARC en el sur, impondrán considerable
sufrimiento humano en el proceso y provocarán protestas cívicas masivas en contra del
gobierno Pastrana. Aunque la intención de esta política es claramente debilitar a las
FARC mediante la reducción de sus ingresos provenientes del cultivo de coca, el resultado
no intencionado bien puede ser fortalecer el movimiento de la guerrilla, al inducir a
miles de campesinos víctimas de la pobreza y el resentimiento a incorporarse a sus rangos
12
.
Las
cifras de entrenadores consejeros militares estadounidenses, agentes de la DEA,
operativos de la CIA y personal de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) en
Colombia puede elevarse sustancialmente junto con el aumento en los flujos de ayuda de
Estados Unidos durante los próximos años. A la luz de las pasadas experiencias amargas
en Vietnam, prácticamente la probabilidad de que Washington envíe tropas de combate
estadounidenses a luchar en Colombia en el futuro cercano es nula. Sin embargo, el cambio
en la estrategia estadounidense en este momento indica indudablemente que Washington ya no
está atacando los carteles de la droga en Colombia tanto como lo está haciendo con la
"narcoguerrilla" en aumento en el país. La posibilidad de que algunos militares
y/o funcionarios estadounidenses sean asesinados a medida que la lucha se intensifique es
bastante real y seguramente ocasionará que el tema colombiano se incluya en los debates
políticos domésticos de EU (Sweeny, 1999; Tokatlian, 2000b:13-15; Marcella y Schultz,
2000:3-22).
Enfatizando
esta posibilidad, a finales de febrero de 2000 el comandante de las FARC, Raúl Reyes,
afirmó que su organización percibía el paquete de ayuda estadounidense como nada más
que una declaración de guerra sutilmente disfrazada por parte de Washington a las FARC.
Él, a su turno, le declaró la "guerra" a Estados Unidos y juró que las FARC
lucharían contra la intervención extranjera en Colombia (Reuters, 2000e; The Associated
Press, 2000i). Para evitar exponer el personal militar estadounidense y arriesgar las
protestas domésticas que inevitablemente sobrevendrían, Washington puede optar en cambio
por la bien establecida práctica de negocios privados conocida como
"outsourcing". Esta estrategia involucraría emplear contratistas civiles
(muchos de los cuales son oficiales estadounidenses antiguos) para apoyar su programa de
ayuda en lugar de aumentar abruptamente los niveles de personal militar estadounidense.
Aunque quizá es conveniente desde el punto de vista de Washington, las organizaciones de
derechos humanos tales como Amnistía Internacional advierten que dicha estrategia genera
serios cuestionamientos en términos de responsabilidad : "el Departamento de
Defensa en sí mismo, en su entrenamiento, tiene que cumplir con ciertos lineamientos de
derechos humanos porque están obligados por la ley a hacerlo. Pero no es claro hasta qué
punto se extiende dicho mandato cuando estamos hablando de actores privados
esencialmente" (Brigs, 2000).
Tanto
Bogotá como Washington preferirían obviamente que las FARC reaccionaran acelerando el
ritmo de las negociaciones de paz y acabando con sus vínculos con el tráfico de drogas.
De acuerdo con una encuesta reciente patrocinada por El Tiempo en Bogotá, el 70 % de
todos los Colombianos está a favor de los aumentos que se planean en la ayuda de EU a su
país. Pero menos de la mitad cree que la ayuda servirá para reducir los niveles del
conflicto armado. El escenario más probable, de acuerdo con la mayoría de los
encuestados, es el del escalamiento del conflicto entre las FARC y el ejército
colombiano, al menos en el futuro previsible. De hecho, la mayoría de los analistas creen
que es posible que las FARC respondan con una nueva gran ofensiva que incluirá sabotaje
intensificado de la infraestructura , aumento en lo secuestros y asesinato y
movilizaciones campesinas masivas para protestar por el fortalecimiento de los programas
de erradicación de coca y amapola (El Tiempo, 2000f).
Conclusiones
La
lógica implícita de la nueva estrategia de Estados Unidos es forzar a las FARC a
negociar seriamente con el gobierno Pastrana demostrándoles en el campo de batalla que
tienen más que ganar con un acuerdo de paz que con la continuación de la guerra. Que
esta estrategia vaya a funcionar está bastante puesto en duda. Lo que no debe dudarse es
que el nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos pondrá en escena una época más
sangrienta y violenta en los conflictos internos de Colombia durante los últimos años.
Además, sería un error creer que la presente propuesta de ayuda de dos años será
suficiente para bajar la marea. Si la estrategia tiene alguna posibilidad de funcionar,
Washington tendrá que sostener sus elevados niveles de fondos para Bogotá durante la
mayor parte de la próxima década y deberán encontrarse donantes adicionales (más
probablemente en Europa) para complementar los compromisos de Estados Unidos
13
.
Aún
asumiendo flujos sostenidos de ayuda estadounidense y europea, muchos críticos permanecen
escépticos con respecto a los prospectos de acabar la violencia política y el tráfico
de drogas en Colombia con la estrategia asumida actualmente por Bogotá y Washington. En
blanco y negro, los críticos pueden dividirse en dos grupos o campos básicos. Por un
lado, hay una "línea dura" que sostiene que las FARC están tan profundamente
involucradas en (y tan bien financiadas por) el tráfico de drogas y otras actividades
ilegales que nunca acordará una negociación de paz que las obligue a deponer las armas y
renunciar a sus fuentes ilícitas de ingresos. La lógica de esta línea lleva a la
conclusión de que las FARC primero tendrán que ser derrotadas militarmente en una guerra
antisubversiva prolongada antes que la paz pueda ser restablecida o el cultivo de drogas
pueda ser debilitado en Colombia. Washington debe reconocer esta realidad, sostienen los
partidarios de la "línea dura", "primero declarando la primacía absoluta
de la guerra contra los comunistas, en vez de la guerra contra las drogas"
(Radu :...) No existe esta nota, Radu no se ha nombrado
Desde
esta perspectiva, la insistencia de Washington en distinguir entre operaciones anti-drogas
y anti-guerrilla se considera artificial y frustrante. Además, atar la ayuda
estadounidense al respeto por los derechos humanos y a la eliminación de vínculos del
ejército y la policía a los grupos paramilitares sólo incapacitará a las fuerzas de
seguridad, al tiempo que dejará libres a las guerrillas para operar sin dichas trabas. En
el análisis final, el escepticismo de los partidarios de la "línea dura" surge
de su creencia en que las Fuerzas Armadas de Colombia no serán capaces de derrotar a las
guerrillas, aún con la ayuda de Estados Unidos, si Washington insiste en manejar a nivel
micro los esfuerzos de la lucha (Radu :....)
Entre
los que defienden la "línea dura" hay importantes diferencias en énfasis que
no pueden pasarse por alto. Algunos dudan que inclusive con el respaldo de Estados Unidos
la elite colombiana efectivamente posea la voluntad de luchar. " ¿Por qué
enviar un sólo dólar, para no hablar de un soldado estadounidense, para apoyar a un
ejército en el cual no se necesita un diploma de bachiller para prestar servicio ?
"Acaso el gobierno colombiano - débil, corrupto e inconstante - merece nuestra ayuda
para sobrevivir ?" (Peters, 2000:B01). El punto básico de este argumento es que
- como lo reveló Vietnam- ninguna ayuda estadounidense salvará un régimen incapaz de
salvarse a sí mismo. Puede servir sólo para prolongar el "terrible" status
quo. "El resultado no deseado de nuestra ayuda puede ser fortalecer el actual sistema
lo suficiente como para preservar todas sus peores características y manteniendo el
balance de males" (Peters, 2000:B01).
Tales
dudas no necesariamente conducen a los adeptos de la "línea dura" a rechazar la
necesidad del actual paquete de ayuda de Clinton. De hecho, aún los más cautelosos creen
que la ayuda debe enviarse para otorgarle al gobierno Pastrana una "última"
oportunidad para demostrar su voluntad y capacidad de "rescatar" a Colombia de
los terroristas y narcoguerrillas de toda clase. Si Bogotá responde de manera efectiva,
está bien. Sin embargo, si no lo hace, debe tenerse la mayor precaución de que Estados
Unidos no despliegue tropas de combate para luchar en las batallas de Colombia.
"Debemos tener cuidado del ‘Síndrome Saudita’, en el cual regímenes
extranjeros completamente inmerecidos nos manipulan para librar la pelea por ellos".
(Peters, 2000:B01) "Si Bogotá se niega a fundar su propia defensa, Washington no
debe asumir la responsabilidad" (Radu :...). En dicho escenario, la mejor
alternativa, como algunos - aunque ciertamente no todos - creen, sería permitir que el
actual gobierno corrupto, oligarca y moralmente arruinado colapse en lugar de postergar la
agonía de su muerte al costo de vidas estadounidenses. Tras dicho colapso, admiten,
Estados Unidos puede terminar teniendo que luchar en Colombia para proteger sus intereses
estratégicos de todas maneras. Sin embargo, señalan, Washington puede hacerlo como parte
de un consenso regional sobre la necesidad de intervención y como miembro de una
coalición pelear en apoyo de un nuevo régimen "digno" en lugar de sostener
artificialmente beneficiarios "indignos" (Peters, 2000:B01)
Por
otro lado, existe una "línea reformista" que afirma que los conflictos internos
actuales del país nunca serán resueltos para siempre, a menos que Bogotá primero
emprenda profundas reformas socio-económicas y políticas diseñadas para solucionar las
evidentes inequidades en la sociedad colombiana y democratizar su sistema político
corrupto, elitista y excluyente. Desde esta perspectiva, la actual estrategia de Estados
Unidos no refleja ni un plan realista para luchar contra las drogas ni un programa viable
a largo plazo para la restauración de la paz y la estabilidad. "Washington debió
haber aprendido desde hace tiempo que una relación con un ejército latinoamericano
abusivo e ineficaz rara vez produce resultados positivos y casi siempre amenaza la
democracia en la región" (The New York Times, 2000).
Dejando
a un lado la retórica estadounidense, los reformistas piensan que el paquete de ayuda de
Washington está extremadamente sesgado hacia soluciones militares y dedica demasiados
pocos recursos a la "construcción institucional" y la reforma económica
estructural. Los partidarios de la reforma no ignoran la necesidad de reorganizar y
fortalecer las fuerzas armadas colombianas. Pero subrayan la crucial importancia de una
estricta observancia de los derechos humanos por parte del ejército de romper vínculos
entre las fuerzas del gobierno y los paramilitares, en lugar de equiparlos para librar una
guerra prolongada contra la subversión. También enfatizan la necesidad fundamental de
eliminar la impunidad militar mediante la subordinación de personal militar al escrutinio
y las sanciones judiciales civiles. Esto, a su vez, requerirá que Washington y Bogotá
asignen una mayor prioridad y más fondos a la reforma de un sistema judicial colombiano
debilitado. De acuerdo con esta lógica, los US$ 45 millones en el 2000 (US$ 48 millones
en 2001) designados para fortalecer los derechos humanos, la administración de justicia y
la democracia son funestamente inadecuados y brindan un indicador revelador de las
prioridades trastocadas que contiene la actual propuesta de ayuda de la administración
Clinton.
Igualmente
reveladores son los niveles comparativamente bajos de recursos (US$ 145 millones)
designados para programas de desarrollo alternativo. Si se llevan a cabo, el compromiso de
Colombia de destruir 80.000 hectáreas de coca en el 2000 inevitablemente desplazará
cientos de miles de campesinos de las zonas de cultivo de coca en el sur del país. Los
recursos de ayuda contemplados en la actual propuesta de presupuesto ante el Congreso de
Estados Unidos simplemente no serán suficientes para abordar el problema de la nueva
población desplazada y mucho menos para manejar las dificultades de casi dos millones de
colombianos que han sido dislocados previamente durante los últimos quince años de
conflicto. Adicionalmente, la prioridad dada al ejército colombiano deja poco o nada para
los programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo que se necesitan con
tremenda urgencia, al igual que inversión en carreteras, puentes, escuelas y facilidades
de salud pública. En lugar de alejar al campesinado colombiano del cultivo de coca, la
presente estrategia tiene mucha mayor probabilidad de expandir la producción de coca
hacia la vasta frontera agrícola de los llanos orientales de Colombia, la región
amazónica y más profundamente en Brasil y otros países vecinos. Al mismo tiempo, al
menos cierta parte de la población campesina colombiana que se encuentra cada vez más
desesperada probablemente engrosará las filas de las FARC, otros grupos guerrilleros y
los paramilitares.
Si bien
generalmente adoptan un enfoque de política estadounidense más "orientada al
desarrollo" hacia Colombia, algunos reformadores también hacen gran énfasis en la
necesidad de que Washington gaste más dinero en reducir la demanda de Estados Unidos,
mientras que otros no. Dichos críticos sostienen que Estados Unidos ha asignado
consistentemente muy pocos recursos para tratamientos de prevención, educación, y
rehabilitación en su propio país. "Sólo compárese la solicitud de US$ 1.6
billones por parte de Colombia durante un período de 18 meses con los US$ 2 billones para
toda la prevención y tratamiento en el presupuesto propuesto para 2001..." (Seattle
Post-Intelligencer Editorial Board, 2000). "Francamente, será mucho más valioso
para la salud de Estados Unidos gastar dinero domésticamente que en helicópteros
Blackhawk..." (Seattle Post-Intelligencer Editorial Board, 2000).
Evidentemente,
la actual estrategia hacia Colombia no satisface de lleno ni a los de "línea
dura" ni a los reformistas. En efecto, lo que busca es no tomar partido por ninguna
de las dos opciones. La guerra contra las drogas sigue siendo la prioridad formal y el
monitoreo a los derechos humanos una condición para la ayuda de Estados Unidos. Sin
embargo, el grueso de la asistencia estadounidense será canalizada a través del
ejército colombiano en vez de ser dedicada a reformas socio-económicas e
institucionales. Esta estrategia de "dos opciones" puede incluso ser capaz de
sostener el régimen político al menos durante los próximos años, pero es poco probable
que genere una paz duradera o una estabilidad política permanente en la década venidera.
VOLVER
BIBLIOGRAFÍA
-
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