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Introducción
El
presente ensayo examina el impacto de las políticas de control de drogas de los gobiernos
de Estados Unidos y Colombia en la evolución del cultivo de drogas, el narcotráfico y la
violencia política en Colombia durante los años noventa. La tesis central radica en que
la guerra contra las drogas librada por Washington y Bogotá durante esta década no
solamente fracasó en darle freno al crecimiento del tráfico de drogas y a la consecuente
corrupción, sino que, de hecho, fue contraproducente. Entre sus consecuencias
involuntarias más importantes están la expansión acelerada de las actividades de
cultivo y producción de drogas, la dispersión y proliferación del crimen organizado y
la intensificación de la violencia política y la lucha guerrillera en el país. Como
resultado, a inicios del 2000 Colombia enfrentó más amenazas serias a su seguridad
nacional y a su estabilidad política que en 1990. El ensayo concluye que el escalamiento
masivo de las estrategias defectuosas contra las drogas de la década anterior propuestas
por la administración Clinton en enero del 2000 tienden más a empeorar los actuales
problemas de violencia e inseguridad en Colombia que a resolverlos.
Cultivo
y producción de drogas en Colombia
A
pesar del aporte de casi mil millones de dólares en ayuda antinarcóticos a Colombia
durante la década del noventa, en 1999 este país se había convertido en el primer
cultivador de coca del mundo, al producir más hoja de coca que Perú y Bolivia juntos
(GAO, 1999a, pp. 4–5). Entre 1989 y 1998 la producción de hoja de coca creció en un
140 %, de 33.900 a 81.400 toneladas métricas. Más notable aún, los niveles de
producción en 1999 aumentaron más del doble de los totales de 1998, al alcanzar
alrededor de 220 toneladas. Este dramático ascenso en la producción total reflejó el
hecho de que entre 1996 y 1999 el número total de hectáreas de hoja de coca en cultivo
en Colombia aumentó casi el 100 %, de 68.280 a 120.000 hectáreas. Esta tremenda
expansión ocurrió pese a la existencia de un programa de erradicación permanente de la
Policía Nacional de Colombia que fumigó un récord de 65.000 hectáreas de coca sólo en
1998 (aproximadamente 50% más que el total para 1997). En el año 2000 se proyecta que el
área total de cultivo aumente a 200.000 hectáreas y puede alcanzar 500.000 hectáreas
hacia 2002 si continúan las tasas actuales de expansión durante los próximos años
(Departamento de Estado, 1999; Revista Semana, 1999a, Associated Press, 2000a; Johnson,
2000a).
De
manera concomitante, Colombia también mantuvo su posición como la principal nación
refinadora de cocaína, al proporcionar cerca del 80% (220 toneladas métricas) del total
de las importaciones de cocaína (aproximadamente 300 toneladas métricas) introducidas a
los Estados Unidos en 1999. En el año 2000 se espera que Colombia produzca entre 330 y
440 toneladas métricas de cocaína pura tanto de coca cultivada en el país, como de base
de coca traída desde Perú y Bolivia.
Durante
la década del noventa la producción de amapola (materia prima de la heroína) en
Colombia también se disparó de cero en 1989 a 61 toneladas métricas en 1998. Mientras
estos totales de producción significaban que Colombia todavía se podía clasificar como
un actor menor en el mercado de la heroína (menos del 2% del total de la producción
global), le permitieron luego convertirse en el primer proveedor del oriente de Estados
Unidos a finales de la década, al exportar cerca de seis toneladas métricas de heroína
pura anualmente.
Con
aproximadamente 5.000 hectáreas en cultivo, Colombia también continuó siendo un
productor importante de marihuana a lo largo de la década. En 1998 y 1999 Colombia
abasteció alrededor del 40 por ciento (4.000 toneladas métricas) del total de
importaciones anuales de cannabis al mercado estadounidense.
Cultivo
de droga y producción en la región andina
No
obstante estas lamentables estadísticas, sería impreciso concluir que la "guerra
antidrogas" promovida por Estados Unidos en toda la región Andina fue un total
fracaso durante los años noventa. En contraste con la situación colombiana, el cultivo
de coca en Perú cayó al 27% entre 1996 y 1997 solamente, al bajar de 96.000 hectáreas a
70.000 hectáreas. En 1999 se cultivaron menos de 50.000 hectáreas de coca en Perú. Como
resultado directo, la producción total de cocaína en ese país también decreció
precipitadamente durante los noventa, de un alto nivel de 606 toneladas métricas en 1992
a 264 toneladas en 1998. En el 2000 se proyectaba que Perú produjera sólo 192 toneladas
métricas. Desde marzo de 1998, sin embargo, la recuperación en el precio de la hoja de
coca en Perú ha amenazado con reavivar el crecimiento del cultivo en ese país
(Departamento de Estado, 1999; Krauss, 1999).
Al
igual que Perú, Bolivia también registró disminuciones sustanciales en el cultivo de
coca durante la década, cayendo de 48.800 hectáreas en 1996 a 46.000 en 1997 y a 38.000
hectáreas en 1998, mientras que el total de la producción de cocaína bajó de 248
toneladas métricas en 1992 a 77 toneladas en 1999. En el 2000 se esperaba que la
producción cayera aún más, 55 toneladas métricas (Departamento de Estado, 1999;
Cabrera, 1999).
Gran
parte del éxito de los programas de erradicación de coca y desarrollo alternativo
respaldados por EU en Perú y Bolivia a finales de la década del noventa se puede
atribuir al rompimiento de la "ruta aérea" que había permitido a las
organizaciones traficantes colombianas de principios de la década transportar pasta de
coca o "base" desde estos dos países andinos hacia Colombia, en donde era
posteriormente refinada la cocaína y luego introducida a Estados Unidos. La ruta aérea
efectivamente colapsó a finales de 1995 después de que la fuerza aérea peruana, bajo
las órdenes del presidente Alberto Fujimori, comenzó a atacar a aviones sospechosos que
volaban entre Perú y Colombia. De hecho, durante 1995 los peruanos derribaron 25
aeronaves y obligaron a otras a aterrizar para ser inspeccionadas. Como resultado, entre
abril y agosto de 1995 la demanda de hoja de coca en Perú se desplomó y los precios de
la hoja cayeron a más del 60%. En combinación con los esfuerzos más agresivos de
erradicación adelantados por los gobiernos de Perú y Bolivia (con respaldo financiero
estadounidense) en 1996 y los años posteriores, los programas de desarrollo alternativo
comenzaron a gozar de un éxito considerable entre los campesinos cultivadores en ambos
países. Con la ruta aérea destruida, sin embargo, los traficantes colombianos
expandieron velozmente el cultivo de coca en Colombia, desplazando de manera progresiva a
Perú y Bolivia como los principales países cultivadores de coca en el mundo a finales de
los años noventa (Krauss, 1999; The Economist, 2000).
En 1999
el continuo éxito del elogiado programa de erradicación de coca en Perú estuvo en seria
amenaza, dado que el precio de la hoja de coca en el país se volvió a disparar durante
el año a dos tercios de su aumento previo en 1995, con lo cual se estimuló de nuevo el
cultivo campesino. Varios factores parecen dar cuenta de esta reactivación del cultivo de
coca en Perú. En primer lugar, los traficantes peruanos encontraron gradualmente formas
de reabrir algunas rutas aéreas a Colombia y reemplazar otras por rutas por carretera,
río y mar, y por ende subió la demanda internacional por la coca de Perú e hizo más
lucrativo su cultivo en el país. La decisión del gobierno estadounidense en mayo de 1998
de suspender los vuelos de inspección Awac y P-3 Orion sobre Perú para incrementar el
espionaje aéreo sobre Colombia en la medida en que las actividades de narcotráfico
aumentaron allí, claramente redujo la capacidad de los peruanos de interceptar vuelos
cargados de drogas en su territorio nacional. La habilidad de la policía peruana de
llevar a cabo operaciones de interdicción disminuyó cuando el Fenómeno del Niño pasó
por Perú a principios de 1998 y obligó a que las fuerzas de seguridad del país
trasladaran los helicópteros y aviones normalmente utilizados en operaciones antidrogas
hacia la costa pacífica para atender labores de emergencia. De manera similar, un nuevo
estallido de tensiones entre Perú y Ecuador en 1998 condujo a que el ejército peruano
enviara algunos aviones al área fronteriza temporalmente y en consecuencia, se redujo la
disponibilidad de naves para actividades de interdicción. A finales de agosto de 1999, la
administración Clinton, una vez más, acordó reanudar vuelos de supervisión sobre Perú
para ayudar al ejército peruano a interceptar aviones traficantes (Krauss, 1999; The
Economist, 2000).
En
segundo lugar, más traficantes comenzaron a procesar la pasta de coca a cocaína refinada
en su propio país, con lo cual se aumentó la demanda doméstica de hoja de coca en
Perú. En tercer lugar, el consumo de cocaína en los principales centros urbanos de Perú
creció sustancialmente a finales de la década del noventa (como lo hizo en los centros
urbanos más importantes de toda la región durante la década), lo cual incrementó las
utilidades del mercado local y la demanda total de hoja de coca en Perú. Finalmente, la
continua disminución de la oferta de hoja de coca en Bolivia le agregó valor al cultivo
de coca en Perú (y Colombia), especialmente por el aumento en la demanda de cocaína en
Europa, en donde los precios de la calle casi siempre llegaban al doble de los registrados
en Estados Unidos (Krauss, 1999; The Economist, 2000).
Interdicción
de rutas de tráfico de drogas.
Cerca
de 13 millones de consumidores de droga en EU gastaron aproximadamente US$ 67 billones en
drogas ilícitas, lo cual hizo que el mercado estadounidense fuera el más lucrativo del
mundo para los traficantes colombianos. Washington gastó alrededor de dos tercios de sus
US$ 17.8 billones de presupuesto antidrogas en 1999 en interdicción y otras actividades
relacionadas para restringir el flujo de drogas ilícitas de Colombia y otras partes en el
hemisferio hacia Estados Unidos. De hecho, a lo largo de la década del noventa el
gobierno de EU hizo un gran énfasis en actividades de interdicción como táctica clave
en su estrategia de guerra contra las drogas (Office of National Drug Control Policy,
1998: 42–52; GAO, 1999b).
Durante
la mayor parte de la década del ochenta, el cartel de Medellín dominó el mercado de
droga colombiano y sus principales rutas de tráfico pasaban por (o sobre) el Caribe hacia
Estados Unidos vía el sur de Florida y otros sitios a lo largo de la costa atlántica
estadounidense. A medida que estas rutas "tradicionales" comenzaron a sufrir las
presiones de la la ley antidrogas estadounidense durante la segunda mitad de la década,
se dio un cambio gradual de las rutas caribeñas a otras nuevas que pasaban por
Centroamérica y México y a través de la frontera del sur-oeste de Estados Unidos. A
principios de los noventa, de un 70 a 80 % de la cocaína fue introducida a Estados Unidos
desde Colombia a través de México, mientras que sólo entre un 20 a 30 % continuó
entrando a través del Caribe (GAO, 1996; Office of National Drug Control Policy, 1997:
49–62).
Este
dramático cambio en las rutas de contrabando sin duda fue provocado por los grandes
esfuerzos de interdicción de las agencias de estadounidenses y reforzado por el creciente
involucramiento del ejército estadounidense (especialmente la Marina y la Fuerza Aérea).
El "éxito" en este frente en la guerra contra las drogas, sin embargo, no
significó una reducción en la oferta de cocaína (o heroína) en el mercado
estadounidense, ni mucho menos un aumento en los precios de la calle durante la década
del noventa. En la práctica, los traficantes de Medellín y Cali eran muy adaptables y
establecieron rápidamente nuevas rutas de contrabando para reemplazar las más viejas y
riesgosas. En lugar de reducir el narcotráfico de Colombia hacia Estados Unidos, el
crecimiento en la interdicción en el Caribe más bien disparó las actividades ilegales
en América Central y México, junto con la consecuente corrupción y violencia que
típicamente acompañan las actividades de narcotráfico a gran escala (Golden, 1997;
Lupsha, 1995).
Inicialmente
los carteles de la droga colombianos pactaron con las organizaciones traficantes mexicanas
introducir su "producto" a través de la frontera entre EU y México sobre una
simple base de cobro por servicio. A mediados de los noventa, sin embargo, dado que
primero el cartel de Medellín y luego el de Cali fueron parcialmente desmantelados por
las autoridades de ejecución de la ley de Estados Unidos y Colombia, los Mafiosi
mexicanos comenzaron a demandar productos en vez de dinero en retorno por sus servicios.
El papel expansivo de los mexicanos en el tráfico de drogas de los colombianos durante
los noventa incrementó sus utilidades ilícitas de manera exponencial y condujo a la
consolidación de varios carteles mexicanos (el cartel de Juárez, el de Tijuana y el del
Golfo) que pronto rivalizaron con las organizaciones colombianas en tamaño, utilidades y
violencia. De hecho, durante la segunda mita de la década, el surgimiento de estas nuevas
organizaciones criminales en México desató en este país una ola sin precedentes de
violencia y corrupción que amenazó seriamente el naciente proceso de democratización
del país (Dillon, 1997; Golden, 2000; Waller, 1999).
Durante
la década pasada Washington respondió al incremento en las actividades de narcotráfico
en la frontera entre México y Estados Unidos reforzando el control antidrogas por el
suroeste y presionando a México a cooperar más de lleno con las autoridades
estadounidenses en operaciones conjuntas de control antidrogas en la frontera y en
México. Aunque había sido exitosa sólo parcialmente en comprometer la colaboración
mexicana dada la gran corrupción relacionada con las drogas existente en ese país, la
intensificación de la interdicción había comenzado a presentar un progreso
significativo en la reducción del flujo de cocaína y heroína colombianas en la
frontera. Gracias a la ruptura entre las organizaciones del narcotráfico colombianas y
las mexicanas por el exorbitante tamaño de la participación mexicana en los beneficios
del tráfico de la cocaína, se le dio un verdadero estímulo a los esfuerzos de control
antidrogas. El estallido de violencia de aniquilación mutua entre familias rivales de la
mafia mexicana, especialmente después de la muerte del jefe del Cartel de Juárez, Amado
Carrillo Fuentes (alias "El Señor de los Cielos") en 1997, también contribuyó
al declive del uso de rutas mexicanas por parte de Colombia y, por ende, a un mayor éxito
de la aplicación del control antidrogas en la frontera (Riley, 2000; Sandoval, 2000).
Una vez
más, sin embargo, este "éxito" de la interdicción estadounidense fue más
aparente que real. A finales de la década había clara evidencia de que los traficantes
colombianos habían comenzado a reutilizar las rutas del Caribe. De manera cada vez más
frecuente empezaron a salir a la superficie reportes que indicaban que la cocaína y la
heroína provenientes de Colombia estaban transitando a través de República Dominicana,
Haití, Cuba y Puerto Rico hacia Estados Unidos. También había una creciente evidencia
del uso de contenedores a bordo de embarcaciones para la introducción de cocaína por los
puertos de la costa este de Estados Unidos y de un retorno a los "swallowers"
y "mulas" para el transporte de heroína a través de viajes en aviones
comerciales y cruceros. En 1999 quizá un 50% del tráfico de cocaína y de un 80 a 90 %
de heroína eran transportadas por el Caribe en lugar de México. La lista de los países
más utilizados como rutas de tránsito en el Caribe estaba encabezada por República
Dominicana, Haití, Jamaica, Puerto Rico y Cuba. Este retorno a las rutas más
tradicionales fue posible, en parte, a causa de la decisión de Washington unos años
antes de trasladar cierto personal de aduana del sur de la Florida a la frontera
suroccidental y, en consecuencia, dejar las rutas del Caribe y el sur de la Florida
expuestas de nuevo. Las severas recesiones que sufrieron muchas economías del Caribe
insular durante la segunda mitad de la década indudablemente las hicieron más
vulnerables al tráfico de drogas y a la corrupción resultante (Rother, 1998; Reuters,
2000a; Kidwell, 2000; The Associated Press, 2000b).
El
cierre de la base aérea Howard en Panamá en mayo de 1999, en cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por Washington con el tratado de 1977 de devolver el control de la
Zona del Canal a Panamá a finales de siglo, redujo aún más las capacidades de
supervisión de Estados Unidos sobre las actividades de narcotráfico en Colombia. Durante
la década del noventa, la fuerza aérea estadounidense había utilizado la base Howard
como base de las operaciones de AWAC para monitorear los tramos no cubiertos por las tres
estaciones de radar estadounidenses ubicadas al sur de Colombia. Con la pérdida de Howard
en 1999, comenzaron a surgir de nuevo vuelos cargados de drogas, especialmente a lo largo
de la costa pacífica colombiana. Las peticiones que el Comando Sur estadounidense ubicado
en Miami le hizo al Pentágono en el sentido de acondicionar vuelos de supervisión en
Centroamérica y América del Sur y el Caribe fueron satisfechas sólo en el 43% de las
veces en 1999. El gobierno estadounidense negoció los derechos para establecer una base
aérea en Manta, Ecuador, para reemplazar a Howard durante 1999, pero en febrero de 2000
la construcción de las nuevas instalaciones aún no había comenzado (Johnson, 2000b).
A
comienzos de 1998, la Fuerza Aérea colombiana, al igual que su contraparte peruana,
comenzó a forzar el aterrizaje o a derribar aeronaves sospechosas de narcotráfico. Entre
1998 y 1999 varios aviones fueron interceptados. Seis fueron derribados y otros 30 fueron
destruidos después de aterrizar. A principios de febrero de 2000 el Ministro de Defensa
de Colombia, Luis Fernando Ramírez, anunció que el gobierno de Pastrana intentaría
reforzar sus actividades de interdicción en el 2000 con la ayuda de nuevo equipo
proporcionado por la administración Clinton (Johnson, 2000c).
El
declive de los carteles colombianos
En
Colombia, pese a que los cultivos y el tráfico se expandieron de manera exponencial
durante la década, los esfuerzos combinados de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia
sí tuvieron éxito en interrumpir significativamente las actividades de narcotráfico de
las dos redes más notorias del país – los carteles de Medellín y Cali –
durante los noventa. A comienzos de esa década, después del asesinato del candidato
presidencial por el partido Liberal, Luis Carlos Galán, por parte de sicarios
pertenecientes a la nómina del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, el gobierno
del presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y luego el de César Gaviria Trujillo
(1990-1994) incrementaron ataques concertados contra el cartel de Medellín. Hacia 1994,
después de la muerte de Pablo Escobar en un techo durante un tiroteo en Medellín en
1993, el cartel de Medellín había sido desmantelado en su mayoría. De igual manera,
entre 1995 y 1996 el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-98) persiguió y
efectivamente desmanteló el cartel de Cali (Bagley, 1990:154–171; Clawson y Lee,
1998: 37–61).
Aunque
algunos restos de ambas organizaciones continuaron operando a niveles más bajos de
actividad (algunas veces desde la cárcel) durante finales de la década del noventa, el
desmembramiento de estas dos poderosas y violentas organizaciones transnacionales de
narcotráfico a principios de la década constituyó un logro importante para las
autoridades de ejecución de la ley en Estados Unidos y Colombia. En la época tranquila
de los años ochenta y principios de los noventa, el cartel de Medellín había sobornado,
intimidado y asesinado una veintena de oficiales del gobierno colombiano a todos los
niveles para proteger sus operaciones de droga. Luego de que el presidente Belisario
Betancur (1982-86) comenzara a extraditar narcotraficantes colombianos a Estados Unidos
tras el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla ordenado por el cartel de
Medellín en 1984, los capos de Medellín lanzaron una campaña narco-terrorista
sistemática contra el estado colombiano diseñada para forzar al gobierno a detener
posteriores extradiciones. Su campaña resultó exitosa más adelante cuando en 1997 una
Corte Suprema de Justicia colombiana completamente intimidada finalmente dio su fallo de
inconstitucionalidad al tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. A
mediados de la década de los ochenta el cartel de Medellín era tan rico y poderoso que
podía constituir una amenaza directa a la seguridad estatal de Colombia. Por lo tanto, la
aniquilación del cartel de Medellín y subsecuentemente el igualmente peligroso cartel de
Cali deben reconocerse como victorias importantes en la guerra contra las drogas en
Colombia, pues su dimisión efectivamente obstaculizó el surgimiento de un
"narcoestado" en el país (Bagley, 1998: 71–92; Sweeny, 1995; Shifter,
1999: 14–20).
La
innegable importancia de los ataques exitosos del gobierno colombiano a los carteles de
Medellín y Cali durante la década no debe, sin embargo, oscurecer la realidad subyacente
de la expansión progresiva de los cultivos de droga y del narcotráfico en Colombia
durante la segunda mitad de los noventa. Tampoco debe distraer la atención de la
acelerada corrosión política que provino del aún próspero tráfico ilícito del país.
En la práctica, más que restringir el auge del tráfico de drogas de la nación, las
muertes, extradiciones o encarcelamientos de los "jefes" de los principales
carteles crearon sólo disrupciones temporales y relativamente menores en el flujo de
contrabando de droga de Colombia a los mercados de Estados Unidos y Europa. De hecho, el
vacío que dejó el aniquilamiento parcial de los carteles de Cali y Medellín fue
rápidamente llenado por el surgimiento y proliferación de montones de organizaciones de
narcotráfico o "cartelitos" por toda Colombia, más pequeñas y menos notorias
(aunque igualmente violentas), las cuales se involucraron tanto en el tráfico de cocaína
como en el comercio más lucrativo y de veloz expansión de la heroína. A diferencia de
los carteles de Medellín y Cali, no obstante, estos nuevos grupos más pequeños han
mantenido relativamente bajos perfiles y han operado casi siempre desde bases ubicadas en
muchas de las ciudades intermedias o secundarias y pueblos pequeños donde pueden sobornar
e intimidar a los oficiales locales con el fin de obtener "protección" para sus
actividades en relativo anonimato (Presidencia de la República de Colombia, 1997:
24–25; Semana, 1999b; Thomson, 1999).
Aunque
es poco probable que planteen amenazas directas a la seguridad nacional similares a las de
los carteles de Medellín y Cali a finales de los ochenta y principios de los noventa, el
surgimiento de estos nuevos carteles de "boutique" ha presentado nuevos retos,
tanto a los oficiales de ejecución de la ley antidrogas colombianos como a los
estadounidenses, que éstos no han logrado superar de manera efectiva. A pesar de algunos
"golpes" recientes y muy publicitados contra los narcotraficantes, tales como la
captura del capo Alejandro Bernal (alias "Juvenal") – el sucesor de Pablo
Escobar y su organización de Medellín – durante la "Operación Milenio"
en octubre de 1999, el tráfico de droga en Colombia continuó prosperando a comienzos del
2000. Sus efectos violentos y corrosivos continúan permeando las instituciones políticas
y judiciales de Colombia de manera virtualmente constante y socava severamente las
posibilidades de una reforma económica efectiva en el país (Semana, 1999c; Semple,
1999).
La
corrupción política en Colombia en realidad precedió el surgimiento del narcotráfico a
gran escala en el país. En efecto, está profundamente arraigada en la herencia colonial
del país y en los patrones de política elitista, gobierno patrimonial y relaciones
patrón-cliente a través de los dos siglos que han transcurrido después de la
independencia. El narcotráfico y el fenómeno concomitante de violencia criminal y
corrupción política que éste produce primero se originó en Colombia a finales de los
años sesenta y los setenta en un contexto de débil institucionalización del estado, ya
abundante en corrupción política y clientelismo. La aparición y expansión de
organizaciones criminales transnacionales poderosas involucradas en el tráfico
internacional de drogas durante los años setenta y ochenta fueron resultado de – y
exacerbaron significativamente– las debilidades institucionales subyacentes del
sistema político colombiano. En los años ochenta y principios de los noventa las enormes
ganancias obtenidas por los carteles en Colombia en tráfico ilícito de drogas les
permitieron organizar y equipar su propio ejército privado (grupos paramilitares) y
sobornar e intimidar a los políticos colombianos y los funcionarios del gobierno en todos
los niveles. Como resultado, el sistema de justicia colombiano prácticamente colapsó a
finales de los años ochenta y principios de los noventa, miembros clave de la policía y
el ejército eran rutinariamente comprados y cerca del 60 % de los miembros del Congreso
colombiano recibieron contribuciones ilícitas para sus campañas con el fin de garantizar
su cooperación en asuntos cruciales tales como la extradición
1
.
La élite
empresarial o el sector privado también resultó ser vulnerable y cómplice, casi siempre
aceptando pagos en efectivo, facilitando operaciones de lavado de dinero mediante negocios
legales, vendiendo propiedades a precios exorbitantes, entre otras. De hecho, durante la
década del noventa casi siempre era imposible distinguir claramente entre actividades
legales e ilegales del sector privado. Para ilustrar la profundidad del problema, un
reporte de febrero de 2000 emitido por la llamada "Comisión de la Verdad"
(compuesta por investigadores de varias entidades estatales) sobre corrupción en el
sector bancario estatal reveló que durante los últimos diez años cerca de 7.2 billones
de pesos habían sido sustraídos sistemáticamente de seis bancos pertenecientes al
estado. Como resultado de este enorme escándalo financiero, se han emprendido más de
1.200 procesos criminales contra banqueros, hombres de negocios, líderes sindicales,
congresistas, ex ministros y burócratas de alto nivel. En palabras del actual Fiscal
General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, esta corrupción del sector privado y
público "es aún más peligrosa [para el país] que los grupos armados que operan al
margen de la ley"(Semana, 2000a). De hecho, según Transparency International,
en 1999 Colombia se posicionó no sólo como uno de los países más violentos sino como
uno de los más corruptos del planeta.
Durante
la década del noventa, bajo considerable presión por parte de Estados Unidos, Bogotá
logró refrenar, al menos parcialmente, la rampante corrupción y la violencia criminal en
aumento producto de los carteles de Medellín y Cali. No obstante, las campañas
relativamente exitosas que realizó Colombia en contra de estas dos principales
organizaciones criminales de ningún modo eliminó la corrupción relacionada con la droga
en el país. De acuerdo con pronunciamientos recientes del gobierno estadounidense,
"la corrupción prevaleciente en todos los sectores del gobierno colombiano fue un
factor crucial que afectó las operaciones antinarcóticos" y "... la
corrupción relacionada con la droga en todas las ramas del gobierno continuó socavando
la efectividad de las acciones antinarcóticos de Colombia" (GAO, 1999c, 2000).
Las
FARC y el comercio de drogas de Colombia
Los
problemas que enfrentaron los agentes de ejecución de la ley antidrogas que trabajaban en
Colombia durante la década estaban compuestos por el creciente involucramiento de la
principal organización guerrillera en Colombia – las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, FARC- en el cultivo de drogas y en actividades de narcotráfico. El eclipse
de los carteles más importantes abrió mayores oportunidades para que el ejército
guerrillero de 20.000 hombres de las FARC sacara provecho de la próspera industria de la
droga en el país. Lo lograron mediante el cobro de impuestos a los campesinos
cultivadores en sus zonas de influencia y a través de la contratación de sus servicios a
las organizaciones traficantes para proteger sus cultivos, los laboratorios de
procesamiento y pistas de aterrizaje (Semana, 1999d). A finales de la década del noventa
una limitada evidencia sugería que unos pocos "frentes" de las FARC pudieron
incluso comenzar a operar sus propias instalaciones de procesamiento en áreas remotas del
país, aunque no había señales de que hubiera personal de este grupo guerrillero
comprometido en actividades internacionales de tráfico de drogas fuera de Colombia
(Ambrus y Contreras, 1999; Reuters, 1999a). Las altas cúpulas de las FARC continuaron
negando las acusaciones sobre la vinculación de la organización con el narcotráfico:
"La verdad es que no dependemos de la coca"(García, 2000). Pero el General
Fernando Tapias, Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, insistió en que el caso
era lo opuesto: "No creo que nadie en Colombia o en el mundo pueda dudar los
vínculos existentes entre el narcotráfico y los grupos rebeldes" (The Associated
Press, 2000c).
A
finales de la década, los cálculos del gobierno colombiano estimaron las ganancias
totales de las FARC por el tráfico de drogas en 400 millones de dólares anuales.
Agregado a los aproximadamente US$ 500 millones al año que se cree que las FARC ganan por
sus actividades más "tradicionales" (recaudación de "impuestos"
revolucionarios a terratenientes, secuestro, extorsión, robo, "comisiones"
recogidas de gobiernos y negocios locales, y sus propias inversiones), el ingreso total de
las FARC en 1999 pudo haber llegado a los US$ 900 millones
2
.
Si bien
los ingresos del tráfico de drogas han apoyado financieramente a las FARC, sería un
error concluir que el dinero proveniente de las drogas fue en el pasado, o sigue siendo,
esencial para la continuidad de la guerra de las FARC contra el gobierno colombiano. En
primer lugar, hay una serie de "frentes" de las FARC que nunca han dependido de
la "renta" de la coca o la amapola para sostener sus actividades. En segundo
lugar, una caída en los ingresos de las drogas se puede suplir, con toda probabilidad,
incrementando las ganancias con secuestros, extorsión e "impuestos"
revolucionarios a los campesinos, terratenientes, empresarios y multinacionales
extranjeras. Por lo tanto, la eliminación de la economía clandestina de la droga en
Colombia, si alguna vez ocurriera, no terminaría automática ni inevitablemente la guerra
de cuarenta años que ha librado la guerrilla en el país, la cual ha cobrado más de
35.000 vidas sólo en la última década (Reyes, 1999).
Sin
embargo, alimentadas en buena parte por ganancias relacionadas con las drogas, las FARC
crecieron a paso firme en número y armamento durante la década del noventa. En la
segunda mitad de la década, con frecuencia fueron capaces de derrotar o castigar
severamente las fuerzas colombianas en combate. La decisión de la administración Clinton
de "descertificar" a Colombia en 1996 y 1997 (principalmente por la supuesta
aceptación por parte del presidente Samper de US$ 6.1 millones en contribuciones de
campaña del cartel de Cali durante su contienda presidencial en 1994) condujo a una
reducción sustancial de la ayuda estadounidense a Colombia. Como era de esperarse, estas
reducciones contribuyeron al deterioro de la capacidad del ejército colombiano de
combatir a las FARC de manera efectiva. El creciente tamaño y fuerza de las FARC fue, a
su turno, un factor clave detrás de la decisión del presidente Pastrana de promover una
nueva y ambiciosa iniciativa de paz dirigida a las FARC poco después de su posesión en
agosto de 1998.
El
proceso de paz de Pastrana y la zona de despeje
Aunque
el progreso en estas negociaciones de paz fue terriblemente lento durante los primeros 18
meses de su administración, el presidente Pastrana y el jefe de las FARC, Manuel
Marulanda Vélez (alias "Tirofijo") acordaron en noviembre de 1998 establecer
una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros (zona de despeje) en el departamento de
Caquetá. En efecto, dicho acuerdo obligó a las fuerzas de seguridad del gobierno a
retirarse completamente de este territorio del tamaño de Suiza en la región de los
llanos orientales y le prohibió conducir operaciones militares e incluso de inteligencia
en el área. La lógica detrás de la creación de la zona de despeje por parte del
gobierno Pastrana fue demostrar sus intenciones pacíficas y facilitar los diálogos de
paz con las FARC al crear un área de "distensión" en la cual las negociaciones
pudieran llevarse a cabo físicamente
3
.
En la
práctica, la zona pronto se convirtió en una especie de santuario para las FARC. Unas
5.000 tropas están estacionadas permanentemente allí y se han vuelto el gobierno de
facto en el área. La creciente avalancha de críticas a Pastrana tanto al interior
como fuera de Colombia (incluyendo a muchos miembros del Congreso de Estados Unidos) han
denunciado en repetidas ocasiones la creación de la zona de despeje como un signo de que
Pastrana le está "entregando" el país a las FARC, al tiempo que está
permitiendo la consolidación de una "narcoguerrilla" al interior del territorio
nacional. Durante el último año y medio las fuerzas de las FARC que operan en la zona
han sido acusadas con frecuencia de violar tanto la letra como el espíritu del acuerdo al
ejecutar asesinatos selectivos, albergar víctimas de secuestro, amenazar alcaldes y
jueces locales, conducir investigaciones y capturas ilegales, detener civiles inocentes,
recaudar dineros públicos, reclutar niños en sus filas, entrenar nuevas tropas y
comandos terroristas y construir baterías antiaéreas y otras fortificaciones militares
para fortalecer sus defensas. También han sido culpadas de explotar alrededor de 35.000
hectáreas de coca dentro de la zona, comprar hoja de coca a los campesinos de los
departamentos circundantes (Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo) y venderla directamente a
los carteles de la droga, así como de utilizar las 37 pistas de aterrizaje a su
disposición dentro de la zona desmilitarizada para llevar por aire la cocaína procesada
a prácticamente cualquier parte del país (Ambrus y Contreras, 1999).
Las
fuentes de inteligencia de Colombia y EU también creen que las FARC han utilizado la zona
de despeje y sus ganancias ilícitas de la coca y otros ingresos para emprender un
programa de rearme durante los últimos 18 meses. A mediados de junio de 2000 el General
Tapias calculó que durante el último año y medio las FARC habían adquirido más de
20.000 rifles de asalto provenientes de Alemania Oriental junto con lanzadores de granada,
morteros, misiles antiaéreos SAM-12, equipos sofisticados de comunicaciones
electrónicas, y su propia fuerza aérea, pequeña aunque en crecimiento. Desde 1997, tres
pilotos estadounidenses que volaban en misiones de interdicción antidrogas sobre el sur
de Colombia para DynCorp, una contratista militar privada estadounidense, han muerto en
accidentes de avión. A mediados de 1999, un avión DeHavilland RC-7 de la Armada
estadounidense dotado de un sofisticado equipo de inteligencia para interceptar
comunicaciones por radio y teléfono celular cayó en las selvas del sur de Colombia
mientras realizaba un patrullaje oficial antinarcóticos de rutina; los cinco tripulantes
del ejército estadounidense que se encontraban a bordo murieron en el accidente. No hay
evidencia que indique que las FARC fueron responsables de derribar estos aviones. Sin
embargo, se ha reportado ampliamente que las FARC han adquirido suficiente poder
armamentista para hacerlo en el futuro. Sólo durante enero de 2000 las FARC dispararon
misiles RPG-7 contra aeronaves ocho veces, aunque no se reportaron aciertos (Agence France
Press, 2000b; Washington Post, 1999; Semana, 1999f, 1999g; Hammer e Isikoff, 1999).
Los
paramilitares, los derechos humanos y el tráfico de drogas
Al
igual que sus rivales izquierdistas de las FARC, las fuerzas paramilitares derechistas de
Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), conformadas aproximadamente por 7.000
hombres, también se financian, al menos en parte, con impuestos del tráfico de drogas en
las áreas bajo su control. En una entrevista televisada al jefe paramilitar Carlos
Castaño Gil a principios de enero de 2000, éste admitió abiertamente que por primera
vez que sus fuerzas de "autodefensa" basadas en el noroeste de Colombia le
cobraban rutinariamente un 40% de impuestos a los campesinos productores de coca. De
hecho, los conflictos más sangrientos entre las guerrillas y los paramilitares en
Colombia durante la pasada década se han llevado a cabo en regiones ricas en recursos
naturales (petróleo, oro o esmeraldas) o en cultivos de drogas (The Associated Press,
2000d).
Apoyados
por muchos grandes terratenientes, narcotraficantes y segmentos del ejército, los
paramilitares virulentamente anticomunistas han sido primordialmente responsables de
oleadas de masacres a civiles que han arrasado a Colombia en la última década. Sólo
entre 1998 y 1999 el índice de masacres aumentó al 44 %, dejando más de 2000 civiles
colombianos muertos en 1999 (Human Rights Watch, 2000). Sus sistemáticos ataques a
civiles sospechosos de ser "simpatizantes", en lugar de las propias guerrillas,
provocó el desplazamiento de casi dos millones de colombianos durante la década del
noventa. A pesar de la crueldad de los "paras", el miedo a los rebeldes
izquierdistas se ha vuelto tan generalizado que el 60 % de los colombianos consultados en
una encuesta realizada en 1999 declararon que no apoyaban que se desbandaran los grupos de
autodefensa. Además, una mayoría entrevistada en la misma encuesta afirmó que querían
que intervinieran tropas estadounidenses porque su propio gobierno era incapaz de
protegerlos (Robinson, 1999/2000: 64).
Las
FARC, junto con la mayoría de los grupos de derechos humanos dentro y fuera de Colombia,
han denunciado en repetidas ocasiones la existencia de instancias de coalición entre los
grupos de autodefensa y las fuerzas de seguridad del gobierno durante la última década.
De acuerdo con Marulanda, "los grupos paramilitares son una expresión oficial de la
política estatal"( ). Cuando los paramilitares entran a una zona, las unidades del
ejército en el área usualmente descuidan sus actividades. En múltiples ocasiones, se ha
reportado que el ejército ha proporcionado comunicaciones y apoyo logístico para
operaciones paramilitares. A mediados de 1999, cuando un grupo de rebeldes de las FARC
atacó y rodeó la sede del líder de las AUC Carlos Castaño, tropas del ejército se
apresuraron a su rescate. Para refutar la opinión del alto comandante sobre la
inexistencia de lazos estrechos entre los "paras" y el ejército, en 1999 las
FARC distribuyeron listas de bases de paramilitares, frecuencias radiales utilizadas para
comunicarse con unidades del ejército y los nombres de oficiales que actuaban como
mediadores (________: 64-65; Human Rights Watch, 1996; Revista Cambio, 1999).
Tales
vínculos entre paramilitares y militares indudablemente constituyen enormes impedimentos
para cualquier progreso futuro en las actuales negociaciones de paz de Bogotá con las
FARC. Consciente de esto, en 1999 el presidente Pastrana relevó a cuatro generales del
servicio militar activo por sus conexiones con los paramilitares y envió a uno de ellos a
juicio. También completó la desbandada de la infame Brigada XX (Brigada de Inteligencia)
que había sido estrechamente relacionada con bandas paramilitares derechistas durante
años, y comenzó el proceso de reorganización y modernización de la inteligencia
militar con ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, los lazos persisten y las
confrontaciones entre el ejército y los paramilitares continúan siendo extremadamente
escasas (Reuters, 1999b; Martínez, 1999).
En
reconocimiento de la creciente participación de los paramilitares en el tráfico de
drogas y su récord como los peores abusadores de los derechos humanos en Colombia, a
mediados de enero de 2000 oficiales del gobierno estadounidense instaron a la
administración Pastrana a tomar medidas más enérgicas para eliminar las actividades
paramilitares en el país. Según declaraciones públicas de Washington, la eliminación
de estos grupos de autodefensa continúa siendo un paso esencial en el camino hacia la paz
y el restablecimiento de la ley y el orden en el país (Agence France Presse, 2000b)
4
. Por su parte,
Castaño sostiene que el gobierno colombiano en últimas tendrá que otorgarle amnistía a
sus hombres e incluir a las AUC en las negociaciones de paz, o de lo contrario el proceso
de paz fracasará (El Tiempo, 2000a).
El
ELN, el EPL, el ERP y la búsqueda de la paz.
La
búsqueda de una resolución pacífica del conflicto por parte de la administración
Pastrana se ha complicado por la presencia de otros tres movimientos insurgentes armados
de izquierda en Colombia. Éstos incluyen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el
Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Con
aproximadamente 5.000 combatientes, el ELN, de orientación castrista, es el segundo grupo
rebelde de izquierda en el país. Al igual que las FARC, opera por todo el territorio
nacional. Sin embargo, a diferencia de las FARC, el ELN no parece haberse comprometido
sistemáticamente en actividades de narcotráfico durante la década del noventa. En
cambio, ha financiado sus operaciones principalmente a partir de extorsiones a compañías
multinacionales que explotan las áreas petrolíferas de Colombia y volando (50 a 100
veces al año) el oleoducto de 900 kilómetros que transporta crudo de diferentes áreas a
lo largo de la frontera con Venezuela a instalaciones portuarias en la costa norte.
También ha obtenido sus recursos del pago de rescates (Semana, 1999i, 1999j, 1999k).
Desde
el comienzo de las negociaciones de Pastrana con las FARC, el ELN buscó participar en el
proceso de paz en pie de igualdad. En lugar de incluir al ELN en el diálogo del gobierno
con las FARC, sin embargo, el presidente Pastrana optó por tratar con el ELN por separado
en un escenario paralelo de diálogos de paz. Si bien estas negociaciones se desarrollaron
de manera variable durante los primeros 18 meses, no se alcanzó un progreso sustancial.
Adicionalmente, Pastrana se rehusó constantemente a ceder a la demanda del ELN para la
creación de una zona de despeje en el norte de Colombia, en el departamento de Bolívar,
similar a la que le otorgó a las FARC en el sur de Colombia, aunque más pequeña (El
Tiempo, 2000b; El Espectador, 2000).
A
mediados de enero de 2000, el ELN efectuó una serie de ataques durante una semana a 28
torres eléctricas en los departamentos de Antioquia y Chocó y dejó el sistema
eléctrico del país al borde del colapso. En una entrevista radial en enero 19 de 2000,
Nicolás Rodríguez – el comandante de mayor rango del ELN – declaró que su
grupo había "perdido la paciencia" con la estrategia de paz del gobierno y
prometieron que sus fuerzas continuarían sus secuestros de alto perfil y sus operaciones
de sabotaje en señal de protesta. "La clase dirigente sólo escucha la voz de la
dinamita y los rifles" (The Associated Press, 2000e). Los voceros del ejército
colombiano admitieron francamente que sería virtualmente imposible para las fuerzas
armadas proteger las 15.000 torres de transmisión eléctrica que están repartidas por
toda la nación. Sólo en 1999 los rebeldes izquierdistas dinamitaron 169 torres y
causaron pérdidas de US$ 13.2 millones a la economía nacional (Baena, 2000a; El Tiempo,
2000c; Acosta, 2000a).
Tras
estos ataques destructivos a los oleoductos, el gobierno Pastrana reabrió negociaciones
con el ELN y aceptó, la petición del ELN para la creación de una zona de despeje en el
sur de Bolívar donde el ELN pudiera celebrar su convención nacional y comenzar diálogos
de paz con el gobierno. Inflexiblemente opuestas a esta concesión al ELN, y decididas a
controlar las actividades de producción de coca y oro en el área, a mediados de febrero
de 2000 las AUC llevaron a cabo una serie de brutales masacres en las comunidades
campesinas asociadas a este grupo guerrillero, dirigidas a evitar la consolidación de una
zona de despeje del ELN en la región. La intensidad y extrema crueldad de la reciente
campaña militar de las AUC al sur de Bolívar reflejan tanto la profundidad y el grado de
resentimiento de su rivalidad con el ELN, como las altas utilidades económicas que
subyacen a la lucha entre guerrilleros y paramilitares en la región. A corto plazo, al
menos, parecía haber poca probabilidad de que la complicada situación de fondo
permitiera a la administración Pastrana avanzar con los planes para crear una nueva zona
de despeje al sur de Bolívar. Aún en medio del baño de sangre, sin embargo, los
diálogos entre el gobierno y el ELN continuaron en Venezuela
5
.
Por su
parte, el EPL, con menos de 500 combatientes, era mucho más pequeño que las FARC o el
ELN a finales de los años 90. Sus principales bases de operación están localizadas en
los departamentos nororientales de Cesar, Santander y Norte de Santander cerca de la
frontera con Venezuela. Al igual que el ELN, el EPL parece haberse mantenido al margen del
tráfico de drogas, y en su lugar se ha concentrado en actividades de extorsión,
secuestro y asesinato para financiarse. En los años ochenta el EPL gradualmente fue
abandonando su ideología radical Maoísta y, a principios de la década del noventa,
negoció un acuerdo de paz con Bogotá que condujo al grueso de sus miembros (casi 3000) a
entregar las armas y reinsertarse a la sociedad civil. Los miembros disidentes restantes
del EPL, dirigidos por Hugo Carvajal (alias "El Nene"), se negaron
constantemente a entrar a negociaciones de paz con el gobierno Pastrana. Con la muerte de
Carvajal en enero 12 de 2000, como resultado de las heridas recibidas en un combate con
tropas del ejército colombiano el 31 de diciembre de 1999, el papel que el EPL puede
cumplir, de tener alguno, en el actual proceso de paz en Colombia sigue siendo poco claro
(Agencia France Presse, 2000c; Reuters, 2000b)
6
.
Con
únicamente 150 combatientes, el ERP era el más pequeño y el menos conocido de los
cuatro grupos guerrilleros aún activos en Colombia a comienzos del 2000. Sus orígenes se
remontan a una división dentro del ELN que aconteció en agosto de 1996 durante el Tercer
Congreso Ideológico del ELN. Su principal base de operaciones se localizaba en el norte
de Colombia, en las áreas de frontera de los departamentos de Antioquia, Sucre y
Bolívar. Bajo constante persecución por parte de Carlos Castaño y sus fuerzas
paramilitares, especialmente al sur de Bolívar, en 1998 las guerrillas del ERP, con el
respaldo del Frente 37 de las FARC, buscaron refugio en la remota región de los Montes de
María en el departamento de Bolívar, a lo largo de la frontera con Sucre. Dado su
reducido tamaño y su inhabilidad para mantener su territorio lejos de la presión de las
AUC, el ERP no ha sido un factor significativo en el cultivo o tráfico de drogas (Semana,
2000c).
Después
de un prolongado período de inactividad, el ERP resurgió a finales de 1999 –
tomando ventaja de la tregua navideña entre el gobierno de Pastrana y las FARC –
cuando emprendió una serie de "pescas milagrosas" altamente publicitadas a lo
largo de la frontera entre Sucre y Bolívar. A mediados de febrero de 2000 las AUC
reanudaron sus ataques al ERP con asaltos a varios corregimientos cerca a Ovejas, Sucre,
en los cuales murieron cerca de 70 personas. A finales de febrero los reportes sobre
intensos combates entre las AUC y el ERP en la región de Montes de María indicaron que
la ofensiva de las AUC continuaron escalando. Al igual que el EPL, el ERP no participó en
las negociaciones de paz con el gobierno durante los primeros dieciocho meses de la
administración Pastrana, pero sus recientes derrotas en combate contra las AUC puede
forzarlo a considerar ingresar al proceso de paz en los meses venideros o enfrentar su
aniquilación (Semana, 2000c).
Los
secuestros para cobrar rescates indudablemente se convirtieron en una de las principales
fuentes de financiamiento para los cuatro grupos guerrilleros en los noventa. A comienzos
del 2000, las FARC tenían en cautiverio a 850 personas. El ELN tenía a otras 702, el EPL
a 200 y el ERP una docena. Durante 1999 las AUC secuestraron 120 personas, lo cual
reflejó un incremento de seis veces en sus actividades de secuestro con respecto al año
anterior. EN 1999 el número total de secuestros reportados en Colombia aumentó a 2.945
casos, comparado con los 2.216 del año anterior (un 33 por ciento de intensificación con
respecto a los niveles de 1998), con lo cual Colombia rompió su propio récord de
secuestros en el mundo (The Associated Press, 2000g; Reuters, 2000c).
Esta
creciente ola de secuestros no sólo complicó los esfuerzos de paz de Pastrana, sino que
también contribuyó a un progresivo éxodo de colombianos de case media alta y alta que
huyeron de su país en conflicto hacia Estados Unidos. De acuerdo con los cálculos del
gobierno colombiano, 800.000 personas –el 2% del total de la población colombiana-
han abandonado el país en los últimos cuatro años. Sólo en 1999 366.423 colombianos
solicitaron visas de no inmigrantes a Estados Unidos, en comparación con 150.514 en 1997.
Casi tres cuartos de las solicitudes de no inmigrantes y más de la mitad de las 11.345 de
inmigrantes fueron otorgadas en 1999. Además, aunque aún son pocas en términos
absolutos (sólo 334 durante los 12 meses que van del último trimestre de 1998 hasta
septiembre de 1999), las solicitudes de asilo político por parte de colombianos también
han comenzado a aumentar sustancialmente (396 en el último trimestre de 1999). La tasa de
aprobación de solicitudes de asilo también ha aumentado, de 19 % en 1998 a 46 % a
finales de 1999 (Rother, 2000).
Actualmente
hay, por lo menos, 60.000 a 80.000 colombianos viviendo y trabajando ilegalmente en
Estados Unidos que le han pedido a la administración Clinton otorgarles status de
protección temporal para permanecer en el país legalmente hasta por 18 meses (Travierso,
2000). Tanto Clinton como Pastrana se han opuesto públicamente a un cambio de ese estilo
en la ley de inmigración estadounidense sobre la base de que, de ser aprobada,
precipitaría un éxodo de colombianos aún mayor y, por lo tanto, exacerbaría los serios
problemas de "fuga de cerebros" y fuga de capital ya existentes en la nación.
Pastrana ha exhortado a sus compatriotas a quedarse en Colombia y a apoyar su iniciativa
de paz en lugar de irse. Necesita que trabajen e inviertan en Colombia y paguen sus
impuestos al gobierno con el fin de tener la oportunidad de reactivar la economía en
recesión y restablecer la estabilidad política. Sin embargo, la intensificación de la
violencia y la inseguridad tanto en las áreas rurales como urbanas ha llevado a un mayor
número de personas a optar por la inmigración. El "movimiento de paz" que
crece con fuerza en el país, el cual en varias ocasiones ha movilizado en años
recientes a millones de colombianos a marchar o a manifestarse a favor de la paz hasta la
fecha ha tenido poco impacto real en el ritmo de las negociaciones de paz, así como en la
creciente violencia armada y los secuestros que convulsionan a la nación
7
.
Violencia,
migración interna y catástrofe social
En los
15 años que transcurrieron entre 1985 y 2000 las guerras internas de Colombia desplazaron
cerca de 1.7 millones de colombianos de sus lugares de origen. En 1999, al menos 225.000
personas fueron extraídas de sus hogares, comunidades y de sus medios de sustento por
violencia asociada a la política y a las drogas. De éstas, aproximadamente 53 % eran
mujeres y niños. En contraste con los pocos privilegiados de estratos altos que han
logrado inmigrar a Estados Unidos, la vasta mayoría de desplazados de bajos recursos en
Colombia están condenados a rondar por el país como emigrantes internos en busca de
trabajo, alimento, techo y seguridad. A mediados de 1999 la ONU reportó que la actual
ayuda y otros esfuerzos del gobierno colombiano para asistir a los desplazados "han
sido absolutamente insuficientes, lo cual ha causado una deplorable situación de
sufrimiento humano" (Kovalesky, 1999; Reuters, 1999c).
Un
estudio realizado en 1999 sobre población desplazada en Colombia reveló que los grupos
paramilitares son responsables del 47 % de los desplazamientos forzados en años
recientes. Las guerrillas – especialmente las FARC y el ELN- fueron halladas
responsables del 35 %. Las fuerzas de seguridad del Estado dan cuenta del 8 %, los grupos
criminales desconocidos del 7% y los narcotraficantes del 1% (CODHES, 1999).
La
mayor parte de los desplazados han sido forzados a huir de sus pueblos como resultado de
incursiones, masacres, amenazas de muerte e incautación de tierras perpetradas por las
milicias de ultraderecha o las guerrillas izquierdistas. De hecho, muchos observadores
sostienen que tanto los grupos paramilitares como los insurgentes marxistas emplean
estrategias de "limpieza" regional sistemática para librar áreas de gente que
no los apoya y posteriormente ceder estas tierras abandonadas a sus seguidores o miembros
de su familia. Los bombardeos antiguerrilla de las fuerzas aéreas colombinas y los
ataques militares, sin embargo, han sido factores que han complicado significativamente la
situación en muchas áreas rurales, al igual que la campaña antidrogas que está
llevando a cabo Colombia – particularmente la fumigación aérea de coca y cultivos
de amapola- con el respaldo de Estados Unidos (Kovalesky, 1999).
Algunos
de los desplazados logran encontrar refugios con familiares en comunidades vecinas, pero
con la constante intensificación de la violencia esta "solución" casi siempre
los ha dejado expuestos al riesgo de ser desarraigados una segunda e incluso una tercera
vez en pocas semanas o meses. Los pocos campos de refugiados establecidos por el gobierno
que están disponibles están típicamente superpoblados y frecuentemente vulnerables a
tomas violentas de un lado o de otro en los conflictos que convulsionan las áreas rurales
de la nación. Decenas de miles de personas no tienen otra alternativa que engrosar las
filas de emigrantes rurales que se ven obligados a trabajar en los campos de coca y
amapola como "raspachines" cosechando hojas de coca o recogiendo goma de opio de
las flores de amapola – el único empleo lucrativo que queda en muchas áreas rurales
aquejadas por la violencia (Kovalesky, 1999).
Cientos
de miles de otros desplazados han emigrado del campo a las áreas urbanas de Colombia en
donde la vivienda, la educación, la salud y el trabajo son escasos, especialmente a causa
de la profunda recesión económica del país a finales de los noventa (El Tiempo, 2000e).
En consecuencia, la mendicidad, la prostitución y la criminalidad en los centros urbanos
en Colombia se dispararon en esta década. El caso de Medellín es ilustrativo, ya que
después del fin del cartel a principios de los noventa, esta ciudad fue testigo de la
proliferación de bandas criminales de jóvenes – unas 138, según reportes
recientes- casi siempre filiadas a organizaciones criminales más grandes (Johnson,
2000c). Bogotá, Cali y otras ciudades principales han sufrido incrementos dramáticos
similares en el crimen y la delincuencia común durante la última década (Rother, 1999).
La
escalada en la violencia y el desplazamiento masivo de población en el campo también han
conducido a miles de campesinos desposeídos a las filas de las guerrillas o los
paramilitares. Aunque ambos lados niegan que pagan a sus tropas salarios habituales, sí
admiten que realizan pagos de estipendios irregulares a jóvenes empobrecidos de las
áreas rurales (o a sus familias) como parte de sus esfuerzos para reclutar nuevos
combatientes en sus organizaciones. Los niños de 8 a 10 años de edad son utilizados como
espías o exploradores y los adolescentes (tanto niños como niñas) son habitualmente
entrenados y dispuestos como combatientes. Algunos simplemente son secuestrados y otros
son retenidos, contra su voluntad, a cambio de pagos de "impuestos" o reembolsos
de deudas familiares. Pero muchos de los desplazados en Colombia encuentran que unirse a
uno u otro bando es su única opción de vida viable que les queda (Johnson, 2000c).
Las
guerrillas marxistas frecuentemente organizan sesiones políticas de "toma de
conciencia" en las comunidades campesinas en donde ejercen influencia para atraer
nuevos adherentes a sus grupos y proporcionan alimentos, asilo, uniformes, armas e incluso
educación básica a los jóvenes que se enlistan en sus filas. El adoctrinamiento
ideológico marxista es una parte integral del entrenamiento para nuevas incorporaciones.
Los paramilitares esgrimen doctrinas anticomunista pero están típicamente menos
involucrados con la ideología que los rebeldes. Ellos se valen primordialmente de
incentivos materiales y deseos de venganza contra las guerrillas para atraer reclutas.
Entrevistas con antiguos insurgentes que han sido capturados por los militares o han
desertado rebelan que pocos adolescentes expresan firmes convicciones ideológicas
marxistas y que muchos hablan de cambiar de bando – sea de unirse a los paramilitares
o a una banda criminal- una vez que sean liberados de la custodia. En resumen, para muchos
jóvenes desplazados la decisión de integrarse a la guerrilla o las milicias es una
"escogencia económica racional" dictaminada por el grupo que domina en un área
o región particular, más que por un compromiso ideológico. La falta de programas y
recursos gubernamentales adecuados para manejar el problema de las masas de desplazados
literalmente deja a muchas personas sin ninguna alternativa económica realista. Inclusive
si los conflictos internos en Colombia finalmente dieran lugar al establecimiento de una
paz formal, las tasas de criminalidad continuarán subiendo vertiginosamente entre los
jóvenes y adultos sin educación, desempleados y desadaptados que han sido desarraigados
forzosamente de sus hogares y familias e irreparablemente traumatizados por la violencia
que han tenido que enfrentar (Johnson, 2000c; Prieto San Juan, 1998: 39-68).
CONTINUAR
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