El establecimiento colombiano ha sido inteligente al asignarle la importancia que tienen determinados asuntos para la marcha del país, uno de ellos el manejo de la moneda y en general de la economía. De allí que el Banco de la República haya sido tradicionalmente preservado de manejos al desgaire. En 1990, esa entidad publicó su propia historia, que es una biografía de la moneda en todo el período desde la Independencia, escrito fundamentalmente por los investigadores del Banco, Adolfo Meisel, Alejandro López Mejía y Jorge Enrique Ibáñez, con contribuciones de Hernando José Gómez, Mario Lombo y Rafael Isaza.

Es un libro útil y bienvenido para quienes se interesan por la historia económica nacional. La fecha de su publicación significa que no incluye la concepción que la Carta Política de 1991 introdujo a la entidad lo que, sin proponérselo, es afortunado porque permitirá un balance adecuado de la etapa que culminó en diciembre pasado con la nueva ley orgánica del Banco, por cierto orientada por la severa visión de Francisco J. Ortega, magistrado monetario por antonomasia.

La obra es escrita a varias manos y se nota, no por las incongruencias, que no se dan, sino por repeticiones innecesarias, sobre todo de temas aburridos, como el de los sistemas de regulación monetaria y las numerosas alternativas que en sus momentos se evaluaron para adoptarlas. De otra parte, están bien balanceados los aspectos económicos y jurídicos, adecuadamente sustentados con cifras y citas, con base en una buena bibliografía incluyendo la productiva exploración de los archivos del Profesor Kemmerer en Princeton.

El país ha sido, en general, cauteloso en el manejo monetario y la obra así lo demuestra, exponiendo la gran excepción, las célebres "emisiones clandestinas" posteriores a 1887 cuando Núñez como Presidente se comprometió a no emitir papel moneda por encima de doce millones de pesos, que, por primera vez tenía el carácter de curso forzoso, un desafío al patrón oro. En los años siguientes el famoso "dogma de los doce millones" fue violado por el Gobierno y, entre otras consecuencias, tuvo al borde de la cárcel a los dos ministros del Tesoro del Presidente Carlos Holguín, Vicente Restrepo y Carlos Martínez Silva y a varios funcionarios más que salieron finalmente exonerados tras una investigación penal iniciada en la Cámara de Representantes.

Pero la consecuencia más evidente de aquel desorden monetario, fue la incredulidad en el Estado como emisor, lo que condujo a la liquidación definitiva del primer banco oficial de emisión, el Banco Nacional, en 1894 y a que por años, se recelara de una entidad similar. El General Uribe Uribe, por ejemplo, mientras invitaba al Liberalismo a envenenarse en las canteras del socialismo, propugnaba por un banco privado de emisión en el que, además, tendría que haber inversión extranjera.

Los autores se atreven a cuestionar con irreverencia tanto la necesidad de haber traído la Misión Kemmerer, como la idea misma de crear el Banco en 1923. No es descabellada la tesis acerca del primer punto, cuando afirma que lo que realmente hicieron Keminerer y sus compañeros fue avalar las propuestas que don Esteban Jaramillo, Félix Salazar, Jorge Holguín, Antonio José Uribe y Eugenio Gómez, venían esbozando de tiempo atrás. Más aún: en 1922 se habían expedido las Leyes 30y 117 que autorizaban al Gobierno para promover la creación de un banco en el que participarían como accionistas el Estado y los bancos particulares.

La concepción prevaleciente la había esbozado Esteban Jaramillo en 1918 al inclinarse por una especie de "joint venture" entre el Gobierno y la banca privada, rechazando a la vez un banco único, privilegiado, estatal o un anárquico derecho de emisión para todos los bancos.

Con buen tino, no obstante, el Gobierno resolvió invitar una Misión de expertos americanos que hicieran recomendaciones sobre el manejo del sistema financiero general y examinaran igualmente ciertos temas fiscales, ostensiblemente por la experiencia norteamericana reciente —el Federal Reserve se había organizado en 1914—, pero teniendo en cuenta dos elementos de juicio importantes. Comenzaban a llegar los 25 millones de la indenmización por Panamá que abrirían las puertas al crédito y a las inversiones americanas, de un lado; de otro, el que con frecuencia la credibilidad de los nacionales, no solo en Colombia, se tonifica con la opinión de extranjeros.

En cuanto a la pregunta que se hacen los autores del libro sobre si en realidad la creación del Banco debió hacerse en 1923, cuando el sistema bancario no había evolucionado suficientemente, sirve más bien para plantear la doble misión de un Banco Central: emisor y banco de bancos, argumentándose que en aquel momento lo necesario era lo primero, porque incluso las aulagas vividas por el Banco López en julio de aquel año habrían podido solventarse con la ayuda de otras entidades crediticias, como se había hecho en 1920. Los autores de todas formas aceptan que el Banco Central habría nacido sin falta en la década siguiente y que su apertura, tras una semana de pánico y un "puente" extendido por decreto, le dio legitimidad al organismo.

La obra es rica en el análisis del contexto macroeconómico de la época anterior a la fundación del Banco, en especial cuando reseña el debate reciente sobre si las cuantiosas emisiones de papel moneda durante la Regeneración, estimularon o no las exportaciones cafeteras, sobre lo que los autores tercian en la discusión, que finalmente no termina. Igualmente, se repasa la época de las grandes inversiones en infraestructura de los años veinte, empujadas por la indemnización de Panamá y los empréstitos externos de la época, poniendo en perspectiva el cuestionamiento que tradicionalmente se ha hecho sobre ellas, para lo cual citan, con una tesis contraria, un ensayo de Rosemary Thorpe y Carlos Londoño en 1984 ("The Effect of the Great Depression in Peru and Colombia").

No es suficientemente rico, en cambio, el capítulo sobre los fondos de fomento, iniciados en los años cincuenta, puesto que no se hacen consideraciones sobre su efecto en el sector real de la economía, principal beneficiario del instrumento. Pese a la parquedad del tratamiento, pueden aventurarse algunas hipótesis, como la de que la inversión productiva no depende tanto de las disponibilidades de financiamiento dirigido y subsidiado, al observar el privilegio, dentro de los Fondos, al destinado al sector agropecuario, pese a lo cual este se ha mantenido rezagado, con la notable excepción del café, pero en este caso las financiaciones del Banco, cuantiosas en diversas épocas, se orientaron a garantizar los precios que el mercado no ofrecía. Para el caso del sector manufacturero, podrían compararse los desempeños entre 1946-1954 y el período de auge de los Fondos Industriales en los años sesenta y setenta. En la primera etapa el Banco fue amplio en abrir compuertas crediticias a la banca comercial, sin dirigismo. Más tarde, cuando se puso en pleno vigor el crédito de fomento, se tuvieron tasas de crecimiento del PIB a tasas inferiores a las del período anterior. Seria simplista no vincular al análisis el resto de variables, pero es precisamente lo que hizo falta en el aparte dedicado al mecanismo de los fondos, especialmente ahora cuando está más o menos "de modé".

Con razón, la obra destaca la cautela con que, en general, se ha manejado la moneda en Colombia evitando los desbordamientos inflacionarios característicos de los países latinoamericanos, aún en nuestros días. En buena parte esto ha sido el resultado de aislar el Banco de las turbulencias y de allí la constante institucional de que la entidad nunca haya hecho parte del aparato gubernamental, manteniendo reiteradamente su carácter único. Esa obsesión, que ha producido efectos saludables, pudo verse por ejemplo en la delimitación entre el crédito de fomento y la política monetaria, creando para aquél fuentes propias, aunque forzosas. Más atrás, durante la difícil época de la Gran Depresión Mundial, junto con el abandono del patrón oro, se dio el paso crucial de abrirle créditos de largo plazo al Gobierno, pero condicionado a que se le entregaran al Banco en concesión las salinas estatales.

La larga historia de la financiación al Gobierno es bien documentada por los autores, incluyendo los malabares para crear a Paz de Río y sortear déficit fiscales crónicos, en parte bajo el influjo de Keynes, en parte agudizados por la profesionalización del clientelismo político a partir de 1970. El historiador que escriba en el año 2020 juzgará si el objetivo de una moneda sana, consagrado expresamente en la Constitución de 1991, va a lograrse. Para ello la nueva Carta exige una Junta Directiva del Banco independiente que, para otorgar financiamiento al Gobierno, tendrá que aprobarlos por unanimidad. Al mismo tiempo, se introdujeron dictámenes constitucionales sobre eficiencia y privatización en la actividad estatal. La sabiduría de quienes manejan el Estado consiste en dejar "dormidas" unas normas y darle pleno vigor a otras, sin que ello se convierta en desafío: ya el país lo hizo por ejemplo con la tajante prohibición de la Constitución anterior de una moneda de curso forzoso que en teoría estuvo vigente hasta julio de 1991.

La extrema cautela con que el Banco ha manejado sus relaciones con su entorno le ha permitido atinar en su desempeño. Pero al hacer su historia se cae en el extremo de ignorar virtualmente el mundo exterior, convirtiéndola en aséptica. ¿Cómo pueden omitirse referencias, por lo menos, a las discusiones en el seno de la Junta Directiva en las épocas de aguda confrontación política, cuando a ella pertenecían banqueros privados de militancia partidista contraria a los gobiernos? ¿Y, después de 1963, las severas discrepancias entre ministros, como era apenas natural? Una historia de la moneda no puede relatarse completa sin algo de picante político, así como se dedicó un divertido capítulo a las tensiones al interior de la Misión Kemmerer. Del mismo modo, del sector financiero no se habla a partir de 1923, ni se exponen su crecimiento, su diversificación y las crisis de los ochenta. Es comprensible la prudencia y habrían podido omitirse referencias, por ejemplo, desde 1960, para acoger-se a la regla de guardar secretos oficiales por treinta años.

Hace poco la Universidad Nacional publicó una historia de la Arquitectura en el país y su relación con el Estado, cuyo autor es el profesor Carlos Niño, bien hecha y sin pudor en materia política, al punto de que al leerla se tiene la impresión de que Niño tenía atragantada una diatriba partidista, aunque cumple su cometido.

En la Historia del Banco de la República, se prefirió la absoluta continencia. Tal vez con razón.