Boletín Cultural y Bibliográfico , Número 28, Volumen XXVIII, 1991
 

La “ideología de la paz” sistematizada

Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 8O.
Francisco Leal Buitrago y Leon Zamosc (comps.)
Tercer Mundo—Universidad Nacional,
Bogotá, 1990, 514 págs.

Bajo este título, Francisco Leal y Leon Zamosc publican, como compiladores, 13 trabajos sobre el candente tema. El libro, cuyo tremendo interés polémico es incuestionable, es el resultado de una conferencia realizada a fines de 1989cm San Diego, en la Universidad de California, auspiciada por institutos de investigación de esta universidad y la Universidad Nacional de Colombia. Sistematiza lo que bien podría llamarse la “ideología de la paz” como concepción de conjunto sobre el turbulento proceso que viene padeciendo el país en los últimos tiempos. Entre los autores se destacan, además de los propios compiladores, los colombianos Eduardo Pizarro, Ana María Bejarano, Jorge Orlando Melo, Salomón Kalmanovitz, Rocío Londoño y los estadounidenses Gary Hoskin y Francisco E. Thoumi. Tras una parte general que ensaya una explicación global de la crisis colombiana, se examina el comportamiento de las distintas fuerzas del país agrupadas como “actores institucionales” (partidos, militares, Iglesia, gremios, sindicatos) y “actores sociales” (campesinado, grupos armados, narcotráfico, etc.). La lectura del texto revela que una común concepción sobre el desenvolvimiento político y social de la Colombia reciente atraviesa los estudios recopilados; acaso ello exima de reseñar cada uno de los trabajos en detalle y aconseje más bien relevar los contornos de la aludida visión general.

Salta a la vista, en cuanto a la causa de la violencia en el periodo del Frente Nacional, el criterio de que todo procede de una “crisis de legitimidad” del régimen. La que, vagamente definida, consistiría en la falta de credibilidad y confianza de la “sociedad civil” —el país— hacia el gobierno y más laxamente respecto de las instituciones imperantes. Fenómeno que se describe como “deslegitimación” y cuyo origen estaría en las graves restricciones a la participación política impuestas por el monopolio bipartidista tradicional del poder, razón por la cual amplias demandas sociales habrían sido represadas sin alcanzar una expresión institucional normal. La violencia guerrillera habría surgido así como el efecto más protuberante y desestabilizador del orden frente nacionalista. Cualquier colombiano de las generaciones de posguerra puede dar fe de los recortes que conllevó para la democracia la instauración del Frente Nacional. Lo que puede resultar fuertemente cuestionado es la premisa deque la violencia de los grupos armados conformó precisamente la expresión de las luchas sociales obstruidas institucionalmente. Asunto de importancia crucial, puesto que ello implicaría, sise acepta la premisa en cuestión, una especie de justificación-por-la-vía-de-la-explicación, una “legitimación” de la violencia guerrillera a posteriori, que es la impresión que dejan algunos pasajes de los artículos centrales del libro. O, por el contrario, si se rechaza, tal justificación no sólo se descartaría sino que la eficacia de la acción vio­lenta como pretendida expresión de las luchas sociales, en las condiciones de la Colombia actual, quedaría reducida al catálogo trágico de las aventuras extremistas.

Otra tesis sostenida en el libro, cuya demostración en rigor no ofrece ninguno de los estudios que trae, es la dc que, dándose una “incapacidad mutua para derrotarse” entre el Estado y las guerrillas, lo que sigue necesariamente, como única salida a la confrontación, es la negociación. Negociación que, según afirma uno de los autores, no debe circunscribirse a las razonables garantías para que los integrantes de las agrupaciones armadas desmovilizadas ejerzan sus derechos políticos y civiles en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos. Contrariamente, se sostiene, la negociación tiene que ligarse indisolublemente a la reforma política del Estado y a las reformas económico-sociales. Ligazón problemática, según se ha visto. Ha entrañado para las organizaciones negociadoras no simplemente el normal y deseable acceso a la lucha política legal sino muy claros privilegios políticos, lo cual no viene a ser precisamente una ejemplar reforma del régimen de “democracia restringida” que se dice querer superar. Sin mencionar que, de hecho, implica otorgarles a las agrupaciones armadas negociadoras una representación de intereses vitales concerniente al conjunto de la población que, ciertamente, ésta no les ha confiado. Y otro problema, de no menor significación práctica, es que, si se condicionan los cardinales asuntos del desarme y la desmovilización a la realización da las reformas económico-sociales, la negociación puede tornarse indefinida, habida cuenta que, en general, tales cambios conllevan un periodo considerablemente largo.

Otro supuesto básico del estudio se agrupa en un “paquete” de afirmaciones muy relacionadas. Una de las más reiteradas se refiere a la “teoría de la seguridad nacional”, como inspiradora del enfoque militar oficial sobre el conflicto armado, que atribuye éste exclusivamente a la acción de la “subversión internacional” negando toda causalidad a los factores económico-sociales de carácter nacional. Otra atribuye al acento fuertemente represivo del gobierno da Turbay Ayala el resurgimiento de las guerrillas al finalizar la década de los años setenta, cuando estas habían llegado a una etapa de “crisis y des. agregación”. La primacía de las fuerzas armadas en el manejo del orden público, así como el papel de los partidos tradicionales, del Congreso, los gremios económicos y los grupos paramilitares, se señalan como los principales obstáculos a la meta pacificadora de la negociación política oficial con las agrupaciones armadas. Fueron los gobiernos de Belisario Betancur y de Barco los que posibilitaron, se remata, el inicio y los primeros logros en tales negociaciones al cambiar la concepción oficial sobre la violencia en el país. 

Tales, muy escuetamente expuestas, las más sobresalientes apreciaciones de los autores de Al filo del caos sobre la convulsionada época colombiana de los años ochenta. Sobre la primera podría observarse que la “teoría deis seguridad nacional”, elaborada pus Estados Unidos en los comienzos de la “guerra fría” y obviamente “inscrita en el conflicto este-oeste”, efectivamente reduce el asunto a un anticomunismo hirsuto. Pero ningún examen pasablemente serio del escenario internacional de posguerra puede omitir el papel determinante desempeñado por el agresivo expansionismo soviético en el curso de los acontecimientos mundiales, por lo menos hasta mediados de los ochenta, particularmente en o a través de Cuba, Vietnam, Angola, Etiopía, Yemen del Sur, Afganistán, Nicaragua, Granada, etc. Colombia no fue ajena a estas realidades; episodios como la ayuda cubana en el desembarco del río Mira, las armas nicaragüenses halladas en los escombros del Palacio de Justicia y el incidente diplomático con Nicaragua a raíz de su reclamación sobre San Andrés y Providencia dan fe de ello. 

Curiosamente, este aspecto no ocupa más allá de un par de renglones del sesudo estudio de los analistas. Sobre el "auge” guerrillero que se atribuye, entre otros factores, a la represión en el gobierno de Turbay, puede acotarse que —como lo registra uno de los estudios del libro— al finalizar ese período presidencial “el M-19 se encuentra al borde de la derrota militar”. Si algo se inició, fue con la llegada de Betancur a la Casa de Nariño. Quien dejó claro, con la remoción del ministro de Defensa, que la presunta “autonomía militar”, si la hubo, ahora era poco menos que una fábula. Es cierto que sectores del liberalismo y el conservatismo hicieron reparos a la política de pacificación dialogada del gobierno de Betancur pero fueron muy minoritarios; el grueso de ambos partidos votó en el Congreso a favor de las iniciativas presidenciales de la amnistía y el indulto. Y la misma “clase política” aprobó un nuevo “perdón y olvido”para el M-19 ya en el gobierno de Barco. En cambio, los gremios económicos opusieron en su mayoría una resistencia —ora abierta, ora velada— al tipo de negociaciones adelantadas con los grupos armados y, tal como se reseña en el estudio, contra “el proyecto neoliberal” en materia económica de los gobiernos de López Michelsen y de Turbay Ayala, que se renovó “acerbamente” al final del gobierno de

Barco. Nada de lo cual abona, ciertamente, la tesis de uno de los trabajos del estudio, que, siguiendo la de Daniel Pécaut, ve en los gremios el “anclaje principal” del régimen. En cuanto a los denominados grupos paramilitares, se enfatiza en que terminaron por caer bajo la influencia del narcotráfico luego de iniciarse con apoyo de mandos militares regionales y de ganaderos. Y enseguida se observa agudamente que las auto-defensas del Magdalena medio se organizaron como respuesta a la práctica de la extorsión y los secuestros llevados a extremos insufribles contra amplios sectores de la población por uno de los frentes guerrilleros. En la misma línea cabe hacer resaltar un vaticinio consignado por otro de los autores, que los hechos vienen confirmando ampliamente: la continuación de las acciones violentas de los grupos armados sólo acentuará más rápidamente el reflujo y la pérdida de influencia de los mismos entre la población civil.

Sin duda que Al filo del caos será un texto de principal interés, no sólo entre los académicos y estudiosos de las ciencias sociales, sino también para los políticos profesionales. Un texto utilísimo para esclarecer la naturaleza de la llamada “repolitización” de la sociedad colombiana. No en vano las tesis y nociones que expone han sido una suerte de doctrina oficial desde el gobierno de Betancur hasta nuestros días.

PEDRO YUDES