En Hispanoamérica la esclavitud no desapareció con la independencia. Venta de negros en Haití y negros trabajando en Guayana. Francia. (En: negros trabajando en Guayana. Francia. (En:  Voyage pintoresque dans les deux Amériques, París, 1836).

La ley y el orden social:  fundamento profano y fundamento divino*

GERMÁN COLMENARES
Universidad del Valle
Ilustraciones: Colección Biblioteca Luis Angel Arango 

I

QUE SIGNIFICADO PUEDE ATRIBUIRSE HOY a la revolución hispanoamericana del siglo XIX? Es difícil atenerse ya a las querellas contra España y a las intenciones que los criollos expresaban como a la fuente privilegiada de una interpretación. Los resultados de esta revolución, tal como fueron evaluados por los historiadores liberales del siglo XIX, deben revisarse también, puesto que los términos convencionales de esta evaluación se contentaron con distanciar de una manera absoluta el nuevo orden político republicano de sus inmediatos antecedentes coloniales.

Lo que para los hombres de la independencia constituían los núcleos de la relación colonial, a saber, el monopolio comercial y el régimen fiscal, no se transformaron decisivamente a raíz de las gestas patrióticas. Hoy son visibles las carencias del régimen productivo español, el desequilibrio de la balanza comercial de la metrópoli con sus colonias y la importancia del contrabando o la penetración de los mercados americanos por géneros europeos, sobre los cuales no podía ejercerse control alguno. A lo sumo se admite entonces un desplazamiento de rutas comerciales y la multiplicación de metrópolis que debían configurar una situación neocolonial. Los nuevos nexos que surgieron con la comercialización de materias primas agrícolas reforzaban todavía más los desequilibrios sociales internos, al propiciar la extensión de una frontera agraria bajo el signo colonial del latifundio. De esta manera, tampoco podría reprocharse al dominio español su política agraria basada en el otorgamiento de mercedes de tierras y en el despojo de los indios, pues los regímenes republicanos no hicieron otra cosa que repetir en mayor escala esta política, al otorgar enormes extensiones de tierras baldías, las más aptas para cultivos comerciales. Esto debía reforzar la hacienda, unidad productiva tradicional que perpetuaba formas de sujeción del trabajo de origen colonial.

Este inventario esquemático de las estructuras económicas encuentra un paralelo en las estructuras sociales. El peonaje, la esclavitud y, en general, las formas extraeconómicas de extorsión del trabajo no desaparecieron con la independencia. Esto, naturalmente, debía afectar los presupuestos más elementales para fundar una igualdad política o para construir una democracia.

El último refugio de la tesis de la discontinuidad se basa en la transformación política. Nadie podría negar que los fragmentos coloniales de la monarquía españolas se convirtieron de golpe en repúblicas. Pero la historia de las ideas se empeña en desalojar a la teoría de la discontinuidad aun de este reducto al parecer inexpugnable. La cuestión que se suscita es la de saber si al menos las instituciones que fundaban el nuevo régimen republicano poseían la virtualidad, así fuera a largo plazo, de transformar efectivamente las relaciones sociales imperantes. Algunas respuestas son desalentadoras. Se ha sostenido, por ejemplo, que las constituciones de los países hispanoamericanos contienen rasgos fundamentalmente antidemocráticos. Estas constituciones exhiben carencias tales como la de no garantizar realmente los derechos del individuo, pues éstos pueden siempre encontrar cortapisas en simples actos legislativos. Tampoco hay en ellas una real separación de poderes diseñada para su control mutuo. Y, lo peor de todo, no son los ciudadanos quienes ejercen un control sobre sus gobernantes mediante las elecciones, sino que son los gobernantes quienes controlan la vida de los ciudadanos. Se afirma que estos rasgos obedecen a una tradición hispano-católica que permanece intacta desde los tiempos coloniales.

Se argumenta también que, aun en su desarrollo histórico reciente, Latinoamérica no se inclina hacia el pluralismo democrático sino que vuelve a reafirmar, una y otra vez, su tradición más auténtica: la de un monismo democrático. Las revoluciones mismas ocurridas en esta parte del continente parecen intrínsecamente conservadoras, así provengan de la derecha o de la izquierda, pues todas propician este monismo institucional. El monismo se revelaría tanto en la preferencia por el liderazgo de hombres fuertes como en el hecho de que la tradición de estos países haya sido siempre de una fuerte centralización, en la búsqueda de eliminar la libre competencia de intereses y de propiciar una uniformización de las creencias. Estos rasgos un poco siniestros se derivarían de doctrinas compartidas entre los próceres que fundaron estas repúblicas. El carácter monista de la tradición política hispanoamericana, que aparece como una constante que encadena sin remisión el presente, y aun el futuro, al pasado, la modernidad a los tiempos coloniales, estaría basado en una herencia teológica medieval. Se trata de la doctrina del bien común, objeto teleológico provisional asignado para su realización en la ciudad del hombre, en espera de la más lejana ciudad de Dios. En esta visión del mundo toda apetencia individual debe ser suprimida cuando arriesga a contradecir el bien común, pues éste excluye la persecución de fines privados y egoístas. Por el contrario, la democracia liberal, inspirada en las doctrinas de Locke, se concentra en las metas pluralistas de sus miembros. En ella, los fines buscados privadamente no tienen por qué contradecir el interés general, al contrario de lo que ocurre con la doctrina del bien común. De aquí se desprenderían los rasgos autoritarios y corporativos de la tradición política y constitucional hispanoamericana, su monismo democrático, que busca limitar el ejercicio de los derechos individuales 1 .

Un trabajo reciente de Marie-Danielle Demélas e Yves Saint-Geours subraya también el sustrato religioso tradicional en todo el proceso político del Ecuador del siglo XIX y el conservadurismo radical que entrañaba una visión del mundo. Los autores persiguen los meandros de una metáfora organicista con la que los criollos quiteños equiparaban la sociedad al cuerpo humano. Esta metáfora era coherente con una percepción de la economía política en la que la administración de los bienes no se separaba del gobierno de los hombres. De esta manera, "pese a las virtudes lenitivas que los criollos reconocían a la actividad económica, no creían posible transmutar las pasiones en virtudes públicas gracias al mercado y a los intereses bien entendidos, pues no temían tanto la pasión del lucro como la afición al poder". Para los criollos quiteños la amenaza de la discordia y la disolución estaba siempre presente en el cuerpo social. Este temor permanente de la discordia clamaba por la autoridad, pues el orden y la unidad no obedecían al libre juego de los intereses. De esta manera, la monarquía debía ser el árbitro supremo al impartir la justicia (¿o mantener los privilegios?) y la autoridad tener un fundamento religioso 2.

Estas tesis advierten la existencia de una fisura profunda, como la de una falla geológica, que atraviesa el continente de la historia hispanoamericana, una incongruencia entre los fines declarados de unidad y de democracia y los medios y herramientas con los que se persiguen. En ellos se contrasta el tradicionalismo hispanoamericano con una modernidad huidiza, en la que las facciones y os intereses opuestos pueden coexistir dentro de la fluidez de unas relaciones de mercado. La tesis de Dealy, en particular, parece una réplica, o una prolongación, en el campo de la historia de las ideas, de la teoría de la modernización. Según esta tesis, en las sociedades hispanoamericanas hay un arcaísmo constitutivo que excluye toda dialéctica y en el que el cambio debe venir de un impulso exterior. Todas las transformaciones políticas, comenzando por la de la Independencia, no resultan ser así otra cosa que la búsqueda permanente de una restauración.

En ambos argumentos, la tesis de la continuidad, en lo que respecta a los códigos fundamentales que moldean la actuación política, está referida al pensamiento de las elites y sobre todo a las elites de la primera época republicana. Hay una coincidencia entre el interés de estas elites en deshacerse del dominio político español —pero cuidando de conservar al mismo tiempo sus privilegios, sin tener que compartirlos con las llamadas "clases inferiores"— y las implicaciones del monismo democrático. Por otra parte, las doctrinas de la soberanía popular que servían para legitimar los nuevos poderes debían perder su eficacia democrática frente a las exigencias de armonía y de concordia.

Estos argumentos atribuyen tal vez demasiada importancia a elementos tradicionales enquistados en la sociedad y en el pensamiento hispanoamericanos. Pero llaman la atención sobre otro extremo: el de las interpretaciones liberales que presumían una distancia abismal entre el nuevo orden y el complejo de ideas y de sentimientos que sustentaban el edificio colonial.

El sistema político colonial estaba dotado de una integridad que encadenaba las relaciones sociales y el orden político a una doctrina uniforme. Después de la revolución, las elites buscaron eliminar la impronta religiosa de la construcción política, pero pretendieron al mismo tiempo conservar el orden social que se apoyaba en esa impronta. A la inversa, los instintos populares confiaban en preservar los contenidos culturales de su tradición religiosa pero beneficiándose de las promesas contenidas en el nuevo credo político. El problema de las elites consistía en ejercer un efectivo control social que se confiaba a una ley cuya justificación filosófica reposaba en la hipótesis profana de un orden puramente racional para la vida política. El fracaso de imponer el imperio de leyes elaboradas por las mismas elites se advirtió muy pronto. Según el historiador de la revolución, José Manuel Restrepo 3 ,

acaso este vicio de no cumplirse las leyes, que aun subsiste en la Nueva Granada, 
nace de la forma de gobierno republicano, en el que un gran número de ciudadanos 
concurre a suform ación, y por lo mismo no se veneran por ellos. Era muy diferente 
el respeto que profesábamos a la obediencia que se prestaba a las leyes cuando 
emanaban del Gabinete de Madrid, sancionándose a dos mil leguas de distancia de 
nosotros, las que se ejecutaban con vigor y exactitud por los agentes del Gobierno 
español.

La extensión agrícola seguro colonial del latifundio. Una hacienda en Chile (En: Voyage pittoresque dans les deux Amériques, París. 1836).		En Hispanoamérica la esclavitud no desapareció con la independencia. Venta de negros en Haití y negros trabajando en Guayana. Francia. (En: Voyage pintoresque dans les deux Amériques, París. 1836).

El último período colonial inició una tradición hispanoamericana de recepción permanente del pensamiento europeo. Habría que pensar en las maneras como esta recepción buscó transarse con las expectativas de los sectores populares. Estas podían ser francamente conservadoras en política, ancladas, como estaban, en una cultura autóctona y en las certidumbres de un lenguaje que designaba simultáneamente el más allá y el más acá, la salvación eterna y la política, lo privado y lo público. El presente trabajo quiere sugerir los límites y las posibilidades de estas transacciones, la manera como han moldeado un acontecer político que, por ciego que sea o por más ataduras que tenga a un sustrato tradicional, no está condenado desde sus orígenes a un perpetuo y frustrante retorno hacia el pasado.

II

La actitud colectiva frente a ciertos desórdenes morales y la represión de estos desórdenes por parte de las autoridades revelan en la sociedad colonial el papel desmesurado de un complejo ideológico-moral impuesto por la Iglesia. Las imágenes asociadas con esta imposición iban a ser las más duraderas y las más antipáticas, para caracterizar el orden colonial, en la conciencia de los liberales del siglo XIX.

Durante la época colonial, el fuero interno parecía preocupar mucho más a los magistrados que las manifestaciones objetivas de una conducta. Nada más característico, por ejemplo, que las rondas nocturnas de alcaldes y alguaciles que buscaban penetrar en la intimidad de zaguanes y de alcobas antes que prevenir desórdenes callejeros. La manifestación pública del desprecio por la ley Divina era un signo de perversidad radical que no podía mover a la indulgencia, como en el caso de cualquier otro delito que acarreara una simple pena corporal, la cárcel o el destierro.

El transfondo ideológico que buscaba, mediante la represión, la conservación del orden social colonial nos revela los patrones más esenciales de ese orden social. Si quisiera buscarse una categoría específica en el lenguaje de la sociedad colonial, capaz de resumir un conjunto de actitudes con respecto a dichos patrones, la mera frecuencia de la palabra escándalo la señala como un buen candidato. El escándalo poseía la virtualidad de convertir en hechos sociales conductas privadas, aun las más íntimas. En él confluían también los motivos ideológicos de la Iglesia con aquellos valores sociales que el Estado buscaba preservar. El escándalo obedecía a la noción de que la sociedad reposaba en un frágil equilibrio en el que dominaban las apariencias. La estabilidad social y política exigía la aceptación de que ningún acto podía violar las obligaciones morales impuestas por un orden jerárquico. Esta categoría ayudaría también a comprender las consecuencias de un localismo de sociedades encerradas en sí mismas, en las cuales el control de la conducta individual se ejercía como una tarea colectiva y en las que el chisme, la comidilla y la conseja aparecían como correctivos sociales, sino como auxiliares de la justicia.

La tradición hispano-católica. Bogotá: el viático. Acuarela sobre papel de Ramón Torres Méndez, s.j. (Colección Biblioteca Luis Angel Arango).		Campesino, monje y terrateniente de los alrededores de Lima (En: Voyage pittoresque dans les deux Amériques, Paris, 1836).

Todas estas características no hacen sino subrayar el carácter aldeano de la sociedad colonial, la poquedad que se complacían en pintar los liberales del siglo XIX 4. Pero ellas formaban parte de los patrones profundos incrustados en las concepciones de la ley y del Estado. En el manejo de la ley penal estaba contenido el núcleo de toda cuestión política dentro del Estado colonial. Aquí se echa de menos el aspecto colectivo que estaba presente en otras relaciones, como en las de los impuestos, por ejemplo 5 . Pero si en los asuntos penales la relación concreta tenía que individualizarse para que el Estado se hiciera presente y la ley efectiva, de una manera abstracta se trataba de una relación universal que ligaba potencialmente a todos los vecinos. Esta relación envolvía los puntos más esenciales sobre la doctrina del Estado y no podía ejercerse sin una justificación política y su aceptación por parte de los vecinos. Por otro lado, en ocasiones la ejemplaridad del castigo revestía una forma y una función públicas. E. P. Thompson ha visto en este fenómeno la dramatización de un teatro del poder o la manera simbólica en que se mostraban los rasgos más esenciales de unas relaciones de dominación 6 .

Durante la época colonial, los delitos mismos y su frecuencia son reveladores de la naturaleza íntima de esta sociedad, de sus temores, de sus tabúes, de las posibilidades y, sobre todo, de las limitaciones que encontraba la expansión de la individualidad. Lo que la sociedad repudiaba con más ahínco nos proporciona mejor su retrato que aquello que loaba o que establecía como un ideal de comportamiento social. Michel de Certau ha hablado de una teoría de las desviaciones (théorie des écarts) para penetrar en el corazón mismo de una sociedad.

Campesino (Grabado en piedra de Ayala y Medrano. en El Iris, Bogotá. núm. 20 junio, 1866).

Podría pensarse que la definición de cierto tipo de delitos, concebidos dentro de unas coordenadas sociales, alimentaba expectativas muy altas de que se produjeran. O que dicho delitos sólo eran posibles dentro de ese tipo de sociedad. ¿Qué pensar, por ejemplo, de la frecuencia de los amancebamientos? ¿O del delito del libelo privado, de papeluchos en que se difamaba en verso o de pasquines que se colocaban en las esquinas, formas de ofensa a las que daba pábulo una sociedad sedienta de distinciones y de preeminencias? La insolencia que atentaba contra los patrones aceptados de jerarquías sociales o el simple hurto, en el caso de un esclavo, podían considerarse como delitos capitales y castigarse con tanta o más severidad que las lesiones personales o el homicidio.

Las causas por concubinato, adulterio y amancebamiento eran las más frecuentes. Que desórdenes morales se convirtieran en delitos celosamente vigilados por alcaldes, alguaciles, párrocos y aun autoridades indígenas, revela la interferencia permanente de la sociedad en el fuero interno. El modelo de la república cristiana seguía siendo la representación de la ciudad de Dios. En este modelo el desorden moral o la contravención sexual podía llegar a revestir una connotación moral de rebeldía política. Sin embargo, el daño objetivo debía graduarse por la magnitud del escándalo. Para minimizar el daño era aconsejable muchas veces la ocultación del delito o la supresión de la pena, como cuando se trataba de los deslices de algún personaje prestigioso, de un clérigo o de una comunidad religiosa entera 7 .

Ambiente popular. Vestidos de Bogotá (En: Voyage pittoresque dans lex deux Amériques, ParIs. 1836).

Los jueces solían invocar la vindicta pública como fundamento del castigo impuesto al reo de un delito. La exigencia de vindicta que buscaba compensar la ofensa irrogada al cuerpo social se extendía, indistintamente, a los actos que dañaban los bienes y a las personas como a una vida simplemente desarreglada o a desórdenes morales o sexuales. Estos últimos eran un indicio evidente de la inminencia de los primeros. La torpeza de los actos morales o una vida sexual desarreglada eran apenas los primeros eslabones en la misma cadena del delito. La aparente ausencia de distinción entre unos y otros servía no sólo para prevenir ofensas más directas contra el cuerpo social sino también para agravar ad arbitrium las penas impuestas en ciertos casos. El castigo mismo poseía así una doble virtualidad. Por un lado, servía para poner a un buen recaudo a un elemento indeseable, satisfaciendo una necesidad social. Por otro, debía resultar beneficioso al delincuente mismo, es decir, a su alma, que purgaba una pena y se purificaba en el dolor. Desde un punto de vista práctico, en una sociedad en la que la fama o el crédito personal estaban a la vista de todos, un proceso sumario por un delito probado, así se tratara de un mero concubinato, involucraba el juicio sobre toda una vida anterior, sobre sospechas de otros delitos o de pequeños actos de un desafío permanente al orden de la república cristiana.

CONTINUAR

* Ponencia leída en el coloquio sobre "La revolución francesa y América Latina" celebrado en París en junio-julio de  1989. (regresar*)

1Glen Dealy "Prolegomena on the Spanish American Political Tradition" en Hispanic American Historical Review, 48:1 (feb. de 1968). 37-58 y "The Tradition of Monistic Democracy in Latin American" en Journal of the History of Ideas, 35:4 (oct.-dic. de 1974), 625-646). (regresar1)

2 Mane-Danielle Demélas e Yves Saint-Geours, Jerusalem et Babylone. Religion el représen lation politique des élites en Équateur (vers 1780 - vers Mane-Danielle Demélas e Yves Saint-Geours, Jerusalem etBabylone. Religion el représen lation politique des élites en Équateur (vers 1780 - vers1875). Copia mecanografiada cuyo préstamo debo agradecer a los autores; edic. en castellano, Quito, 1988. (regresar2)

7 Aunque los casos observados se han tomado de fondos del Archivo Central del Cauca (en adelante, ACC), los mismos problemas pueden encontrarse en Quito, Cuenca o Santafé. Véanse, por ejemplo, Federico González Suárez, Historia general de la república del Ecuador, 3 vols. Quito, 1969. Según un abogado de la Real Audiencia de Quito, que defendía a un apelante de Popayán, "el crimen de concubinato empezó a castigarse por el derecho canónico y por nuestras leyes reales, pero con suma prudencia (...) El ministro que escribió sobre materias criminales asegura que en los delitos de esta naturaleza proceden los tribunales según las medida del escándalo que se haya seguido por medio de la costumbre ilícita, extendiendo el arbitrio y agravando la pena hasta poner destierro al concubino o encerrar a la concubina". ACC., sign. 7.998. (regresar7)