Boletín Cultural y Bibliográfico , Número 20, Volumen XXVI, 1989

Libro admirable

Colonización y protesta campesina 
en Colombia
Catherine LeGrand
Universidad Nacional, Bogotá, 1988

Algunos universitarios anglosajones “colombianistas” han escrito obras históricas ejemplares sobre su especialidad. Los libros y artículos de K. Romoli, John L. Phelan, Roger Brew, James Parsons, Frank Saf­ford, Charles Bergquist, Michael Taussig, Malcolm Deas y Anthony Mc Farlane combinan el rigor crítico de un producto académico sometido a los patrones más exigentes con un acercamiento lleno de comprensión y de simpatía hacia su objeto de estudio. Este lúcido libro de Catherine LeGrand posee estas mismas cualidades en grado sobresaliente. Su compenetración con los problemas colombianos es envidiable y, todavía más raro, su exposición sobre la maraña jurídica que ha rodeado los problemas de la tierra en Colombia exhibe una claridad que no es usual encontrar entre nuestros abogados y nuestros legisladores. Su libro es una síntesis muy bien lograda sobre los problemas de la tierra en Colombia que arroja una luz viva sobre lo que siempre han sido oscuros antecedentes de sucesivos períodos de violencia. La indagación rigurosa sobre el complejo de motivos políticos, económicos y sociales envueltos en los conflictos sobre tierras a todo lo largo del siglo XIX y gran parte del XX convierte este libro en una obra dificilmente superable sobre la materia. 

Por todo esto, su estudio no debiera confinarse a quienes conciben la historia como una forma de conocimiento y no como un refugio en mitos oscurantistas y bobalicones o como una ideología paternalista destinada a desarmar todo espíritu crítico. Habría que advertir a los censores de la investigación histórica en Colombia que este libro, producto de casi veinte años de reflexión y de investigaciones, es lo que normalmente podría esperarse de un sistema universitario abierto a la discusión y que de .ningún modo se trata de algún peligroso panfleto subversivo. Los hallazgos originales de la autora, y su elaboración de un material básico contenido en setenta tomos del fondo de Baldíos del Archivo Nacional de Colombia, tuvieron la forma de una tesis de doctorado sostenida en la Universidad de Stanford en 1980 (que la autora comenzó a investigar hacia 1968). Ahora nos presenta una síntesis mucho más comprensiva, aun­que despojada del aparato critico y erudito que haría laboriosa su lectura. Naturalmente, los investigadores deberán remitirse a la tesis, titulada ”From Public Lands into Private Properties: Landholding and Rural Conflict in Colombia, 1870-1930”. 

La tesis de C. LeGrand reposa sobre una observación que, a pesar de ser elemental, tiene alcances decisivos para la comprensión de los problemas de la tierra en Colombia. A mediados del siglo XIX, el 75% del territorio del país estaba constituido por tierras baldías. La progresiva ocupación de estas tierras estuvo ligada así, no sólo al crecimiento demográfico, sino a las apetencias despertadas por la comercialización de productos agrícolas a partir de mediados del siglo XIX. Entre 1820 y 1870, cuando todavía no se había afianzado el modelo agroexportador, los baldíos sirvieron para amortizar la deuda pública de un Estado al borde permanente de la quiebra. Durante este primer período salieron del dominio del Estado tierras que se adquirían a cambio de bonos depreciados de la deuda pública. Las promesas de la agricultura comercial cambiaron el criterio para las adjudicaciones que esta vez buscaban promover la explotación económica de una frontera agraria. Hasta ahora, sólo el movimiento colonizador antioqueño había atraído una atención seria por parte de los investigadores. El trabajo de C. LeGrand da cuenta de las dimensiones reales del fenómeno colonizador, el cual debía abarcar prácticamente todas las tierras bajas y de vertiente del país. Con esto se despejan creencias difundidas y casi míticas sobre los orígenes coloniales del latifundio, la existencia de un campesinado maniatado por tradiciones y sujeciones seculares y el significado democratizador de una reducida ampliación de la frontera agraria. 

A partir de estas consideraciones preliminares, la síntesis de C. LeGrand va desenvolviendo, dentro de una narrativa episódica, el análisis detallado de los factores que intervinieron sucesivamente en los problemas agrarios del país. Primero, los actores. Estos han sido siempre colonos por un lado y terratenientes y empresarios territoriales por el otro, cuyas tensiones y conflictos han sido una constante de la historia agraria colombiana. En el caso de los colonos, la autora se ocupa en indagar por sus orígenes y por las motivaciones de su movimiento expansivo. Se trataba de mestizos, de indígenas o de negros y mulatos que buscaban nuevas oportunidades en las regiones bajas, sustrayéndose a las rigideces de esquemas de dominación y predominio social que persistían en los viejos y estrechos claustros coloniales ya en decadencia. Algunos se veían atraídos por las promesas de empresarios territoriales y compañías colonizadoras. Las guerras civiles significaron también un conocimiento de nuevas áreas y facilitaron el desarraigo de asentamientos campesinos tradicionales. En este vasto proceso jugaron así factores de repulsión hacia todo aquello que atacaba la dignidad o la tranquilidad en los viejos asentamientos o de atracción por las promesas de una agricultura comercial que se iba arraigando en las nuevas tierras. La autora subraya el papel positivo para la economía de este proceso espontáneo, sus formas de urbanización y la precariedad de los títulos jurídicos de los colonos sobre la tierra. A pesar de que, en teoría, las leyes dictadas después de 1870 debían favorecerlos, la autora comprueba que en la realidad la mayor parte de los colonos “jamás logró establecer títulos de propiedad en áreas de frontera”. Este resultado se debió a lo costoso de los procedimientos y trámites legales, a triquiñuelas jurídicas, a la utilización de influencias políticas y a la manipulación legal que nunca estuvieron al alcance de los colonos. 

El segundo actor del proceso de ocupación debía aparecer a la zaga de los colonos. Se trataba de empresarios territoriales dotados de influencias políticas y de medios económicos, con los cuales “se esforzaban por establecer derechos privados de propiedad sobre grandes extensiones de tierras baldías, y de convertir en trabajadores dependientes a los campesinos que habitaban en ellas”. Estos empresarios aparecen vinculados a los diversos episodios de comercialización de la agricultura, a la ganadería y a la especulación sobre la tierra. Sus necesidades de mano de obra y su acceso a la llamada posesión inscrita de la tierra definieron sus relaciones con los colonos. Para someter a estos últimos al trabajo de las haciendas era necesario desposeerlos. Después de analizar el proceso de concentración latifundiaria a través de concesiones de baldíos a estos empresarios territoriales, la autora estudia en detalle los mecanismos de expropiación de los colonos y su conversión en arrendatarios. Aquí nos brinda una imagen nítida de todas las triquiñuelas posibles, de complicidades de las autoridades, de abusos y de medios ilegales que contribuyeron a ensanchar el latifundio colombiano. Otro capítulo explora las formas de resistencia de los colonos, los conflictos cuya frecuencia, en los períodos 1870-1900 y 1901-1917, se ilustra por medio de mapas y se fundamenta con la información del fondo de Baldíos. En el período 1918-1931 estos conflictos adquirieron una particular intensidad. Los cambios económicos y políticos de los años veinte pusieron en primer plano la cuestión agraria y le dieron un nuevo contenido a las luchas por la tierra. Los comienzos de la industrialización plantearon el problema de asegurar abastecimientos agrícolas abundantes y baratos para las ciudades. El énfasis se trasladó de la agricultura exportadora al mercado interno, y con ello se creó una exigencia de productividad. Los imperativos del crecimiento económico comenzaron entonces a asociarse con la necesidad de reformar las estructuras de la tenencia de la tierra. 

Los intentos de favorecer a los colonos contra el acaparamiento de la tierra por parte de terratenientes especuladores y empresarios agrícolas procedían de un Estado relativamente fortalecido en virtud de proyectos nacionales de obras públicas, de precios favorables del café y de empréstitos extranjeros. La inflación casi intolerable de los años veinte hacía urgente la productividad de la tierra para no tener que recurrir a las importaciones de alimentos y mantener bajos sus precios. La crisis y la recesión del decenio siguientes favorecieron todavía más esta política. 

La autora dedica un capítulo entero al examen de la ampliación de las luchas campesinas a partir de 1928. Estas luchas parecían encontrar un eco favorable en los poderes nacionales, que se mostraban dispuestos a revisar usurpaciones y títulos espurios de los grandes terratenientes. El capítulo examina los casos regionales más notorios de invasiones de haciendas y ocupaciones por parte de arrendatarios que buscaban recuperar su calidad de colonos en Sumapaz y el Tolima, en Sinú, en Santa Marta y la zona bananera, en el Quindío, en el Valle del Cauca, en el Huila y en la provincia de Vélez. El examen de estos casos permite comprender la manera como los problemas agrarios alcanzaron una dimensión política y, al mismo tiempo, cómo los aparatos políticos e institucionales se revelaron inadecuados para dar una solución duradera a este tipo de conflictos.  

Por un lado, el sistema judicial, que debía revisar títulos y resolver controversias, resultó ser demasiado lento y engorroso. Tampoco dieron resultados las parcelaciones de predios que el Estado debía comprar en vez de recuperar como baldíos. Las soluciones legislativas, impulsadas por efímeros movimientos políticos que fueron asimilados por los partidos tradicionales, se convirtieron en fórmulas de compromiso favorables a los terratenientes. Aquí, Catherine LeGrand se suma a las voces que, en forma creciente, disienten sobre una interpretación convencional de la ley de tierras de 1936. Según ella, el verdadero significado de esta ley se ha mantenido en la confusión, debido a que no se conocen los problemas que le dieron origen. Estos deben examinarse a la luz de la gigantesca apropiación de tierras baldías por algunos particulares, en desmedro de colonos. Así, la ley no hizo otra cosa que refrendar derechos discutidos y crear un certidumbre sobre “el sistema de tenencia de tierra basado en las grandes propiedades”. La autora concluye: “La significación de la Ley 200 para el desarrollo rural de Colombia estribó en su legitimación de las estructuras que entonces prevalecían. Confirió base legal a muchas propiedades constituidas mediante la apropiación de baldíos durante el período de crecimiento de las exportaciones agrarias. Al reforzar la posición económica y política de las elites terratenientes, la Ley 200 de 1936 creó el escenario para el desarrollo futuro del campo colombiano con base en grandes propiedades privadas” (pág. 206). 

El epílogo de este libro admirable se asoma a los conflictos posteriores a 1936 e insinúa las conexiones necesarias entre dichos conflictos y el estallido de las violencias en Colombia. Si bien el decenio que precedió a la primera violencia (1937-1947) ha sido mal estudiado, y por esto se presume que fue un período de paz, en el que la Ley 200 debió de actuar para resolver los conflictos agrarios que habían trascendido al escenario político en los años treinta. En realidad, estos conflictos estaban lejos de haber recibido una solución satisfactoria. La Ley 100 de 1944, que ordinariamente se interpreta como un retroceso de la voluntad transformadora de la “revolución en marcha”, no era sino un corolario indispensable al compromiso que favorecía a los grandes terratenientes, pues estaba dirigida a resolver sus problemas de mano de obra. 

El trabajo de Catherine LeGrand muestra, en un tiempo suficientemente largo, las constantes de los conflictos agrarios en Colombia y la lógica que los preside. Aquí, las estructuras, que son el producto de la historia, y más concretamente de nuestra historia republicana, aparecen como el trasfondo que toda interpretación de nuestras violencias debe necesariamente tener en cuenta.  

  GERMAN COLMENARES