Boletín Cultural y Bibliográfico , Número 14, Volumen XXV, 1988

 

Conmociones y revueltas


Estado y subversión en Colombia.
La violencia en el Quindío, años 50
Carlos Miguel Ortiz Sarmiento

Cider-Cerec. Bogotá, 1985, 383 págs.

 

Estado y subversión en Colombia se destaca en el conjunto de trabajos sobre la violencia en marcos regionales. A la afortunada clasificación de las modalidades regionales de la violencia, expuesta por Paul Oquist (1) en 1979, siguieron los estudios de Darío Fajardo (1979), Jaime Arocha (1979), Urbano Campo (1980), James Henderson (1980). Al abordar regiones distintas, estos autores incorporaron al análisis aspectos peculiares de la violencia. En el libro de Ortiz Sarmiento se identifican temas nuevos, y los ya estudiados se someten a un novedoso tratamiento.

El libro consta de seis partes distribuidas en veintinueve capítulos, de una introducción, conclusión y anexos que incluyen mapas de las diversas regiones del Quindío y gráficos y estadísticas sobre la violencia en el país. 

En la primera parte, el autor analiza el proceso de configuración política de la población del Quindío. Los colonos que llegaron a finales del siglo XIX traían consigo sus lealtades partidistas. Estas eran particularmente fuertes, porque se vinculaban en no pocos casos a las experiencias compartidas en las guerras civiles. En la hoja de vida de Carlos Barrera Uribe, jefe político de Armenia hasta los años cuarenta, se destacaban sus méritos militares. 

Ortiz Sarmiento describe a los grupos sociales en los escenarios primarios: el municipio y la vereda. Señala la notable significación del trabajo colectivo y la fuerza de organizaciones que se daba la comunidad, como eran las juntas de pobladores que precedieron a los concejos. De ese panorama social van emergiendo actores sociales y políticos. En el nivel más básico, y ante la débil presencia del Estado, se destaca el hombre cívico de la vereda, quien cumple una doble función: la organización del trabajo colectivo y la mediación entre la comunidad y las instituciones municipales e incluso de más alto nivel. 

A las mismas funciones, sólo que en diferente escala, aparece asociado el jefe político del municipio o gamonal del pueblo, salido de un sector en el cual se encuentran propietarios de muchas fincas y casas, compradores de café, proveedores de mercancías, contratistas del municipio. El poder del gamonal se derivaba de la posibilidad tanto de asignar cargos públicos corno de ofrecer trabajo privado. El gamonal respondía a su modo a necesidades de veredas y barrios y mantenía su función de representante de la comunidad ante el Estado. Al respecto, Ortiz señala la paradoja consistente en que, si bien formalmente la burocracia expresaba al Estado, las instancias estaban sujetas a las circunstancias de liderazgo político local (pág. 53). En las elecciones el gamonal recibe su legitimación. A cambio de sus servicios obtiene votos. Los electores van a las urnas guiados por dos tipos de motivaciones: las ideológicas y las pragmáticas, que son diversas, como diversos son los grupos sociales en que se originan. 

En las elecciones no sólo el cacique o gamonal recibe su confirmación. En ellas se legitima el conjunto del sistema político. Ortiz Sarmiento trata de identificar las zonas comunes y la articulación entre el Estado convencional, la oligarquía y el gamonal. El objetivo es loable y la argumentación resulta convincente, cuando se trata del nivel regional. Sin embargo, el análisis se torna confuso cuando se extiende al plano nacional. 

Para el Quindío, el autor esclarece los vínculos entre el poder económico, el gamonal y personal político. 

Particularmente los exportadores quindianos formaron parte del personal político de Armenia. Anota el autor que, a diferencia de los gamonales, los hombres de negocios en el papel de políticos mostraban una notable tolerancia. ¿Cuál es ese personal político? Es el integrado por los miembros de los cuerpos colegiados y de los directorios políticos, y lo forman profesionales, generalmente abogados, lo mismo que periodistas. 

La función del politico tradicional es la de convertir en actos institucionales las decisiones e influencias del gamonal. El coronel Barrera y el abogado representante a la Cámara José de la Pava plasmaron, hasta mediados de los años cuarenta, un buen ejemplo de la llave gamonalpersonal político. 

La segunda parte del libro, que cubre el periodo 1945-1949, está dedicada al análisis de la transición hacia la violencia. Las características del gaitanismo en lo nacional, y particularmente su desenvolvimiento y efectos en el Quindío, constituyen el eje del análisis. 

Con sus innovaciones en la forma de movilización política, sus novedades en la agitación contra la oligarquía y su caudillismo, el gaitanismo contribuyó a la promoción de un personal político hasta cierto punto nuevo, que Ortiz llama “los promotores del gaitanismo”, secundados por mandos medios locales de extracción liberal, entre los cuales ciertos disidentes respecto a los caciques de siempre, o jóvenes políticos profesionales en ascenso (pág. 92). A la postre, y particularmente con la unificación del liberalismo, los caciques y gamonales quedaron incorporados en masa al gaitanismo. 

El autor subraya las excelentes condiciones económicas que presentaba la región del Quindío en el período inmediatamente anterior a la violencia. Armenia ocupa el segundo lugar después de Medellín, por la producción cafetera. Esto condujo al auge en otros sectores de la economía, como el comercio y la construcción, y estimuló un proceso de organización de sindicatos de patronos que buscaban la eliminación de aquellos obstáculos que pudieran interferir los altos ritmos de acumulación de capital. 

Al mismo tiempo creció la participación electoral, como lo evidenciaron las elecciones de 1946. El conservatismo en Armenia capitalizó más notoriamente la participación electoral. En la misma ciudad, el gaitanismo pasó a ocupar la posición hegemónica en el liberalismo, con el 64,5% de la votación por ese partido. Ortiz anota cómo, al lado de algunas motivaciones pragmáticas, los conservadores se veían estimulados por la retórica sobre el enfrentamiento entre el bien y el mal y la defensa de la Iglesia. Al compás de ese discurso, se fortalecían los nexos caciquiles entre los gamonales y las masas del partido.

La noticia del asesinato de Gaitán produjo en el Quindío, como en general en el país, conmociones y revueltas. Ortiz anota que a la cabeza de ellas se pusieron jóvenes profesionales y políticos de estratos medios y no liberales ricos. Las juntas revolucionarias se mantuvieron por breve tiempo. Lo notable, después del 9 de abril, fue el reforzamiento progresivo de los caciques y sus políticos. Esto se facilitó porque aquellos dirigentes que habían desempeñado un papel visible en las jornadas se vieron obligados a huir.  

Las partes tercera y cuarta contienen quizá lo más original del análisis en el libro de Carlos Miguel Ortiz. Están dedicadas al estudio de las modalidades que tomó la violencia en el Quindío desde 1949 y hasta comienzos del decenio de los sesenta. E autor describe la escalada de persecución a los liberales que empieza con los aplanchamientos, castigo con el plano del machete, continúa con los encarcelamientos  y prosigue con el fusilamiento de presos y los asesinatos. Esta cadena del horror, llevada a cabo por “civiles aplanchadores” o por la policía, se desenvolvió en medio de la más ostensible impunidad, garantizada por la connivencia de las autoridades para con lo criminales. A los asesinatos se adicionaban el hurto y el chantaje, lo que a su vez conducía al establecimiento de zonas solidarias entre la policía y la delincuencia común. 

En particular, resulta interesante la identificación de los vínculos entre la policía y los gamonales y caciques. Independientemente de cual fuera la instancia en que se producía el nombramiento de los agentes éstos entraban en el sistema de lealtades y dependencias del gamonalismo. Sin embargo, Ortiz trasciende el marco de la región para mostrar que lo que en ella acontecía durante la violencia se inscribía en una lógica determinada por el gobierno central y desarrollada en particular por ministro de gobierno y por el gobernador del departamento comprometidos en “la necesidad de usar todo los instrumentos constitucionales hábiles para conjurar la subversión (pág. 164). 

Igualmente, en la exposición se muestra cómo en Armenia, en forma semejante a lo que ocurría en el resto de la Nación, la oligarquía encontraba la manera de beneficiarse de la violencia, en la medida en que, en un clima general de persecución, ésta se convertía también en represión al sindicalismo y en castigo a los delitos y contravenciones contra la propiedad privada. 

De manera clara se establece la red de apoyos con que contaban los civiles que, sin investidura ninguna, se entregaron al asesinato y al pillaje, fuese en forma colectiva, integrándose en cuadrillas, o de manera individual utilizando la modalidad de los “pájaros”. Unos y otros entraban en el engranaje constituido por hacendados, caciques, autoridades y policías. La cadena se iniciaba con los trabajadores de las haciendas que, al mismo tiempo, eran cuadrilleros al servicio de su patrono. 

No queda por fuera del escrutinio de Ortiz el examen del papel de la Iglesia. Los jerarcas aportaban argumentos que conferían a la violencia un sabor de cruzada. Los párrocos realizaban en la práctica las orientaciones de los obispos, en pleno acuerdo con los jefes conservadores locales y con las autoridades. Sus nexos amplios con la población convertían al párroco en actor privilegiado de la violencia en los escenarios locales. La lógica maniquea del enfrentamiento político llevó a establecer una fácil “convertibilidad” entre liberales, comunistas y protestantes. 

La persecución llevó, a quienes era objeto de ella, sea a la conformación de un grupo fuerte y protector, sea al apoyo a dichos grupos. Estos mantenían estrechos vínculos con los gamonales liberales, cuyo respaldo era tan importante como el de la comunidad misma. Al leer a Ortiz, sorprende la lentitud con que se formaron las cuadrillas y guerrillas liberales en el Quindío, en comparación con lo ocurrido en otras regiones. Por ejemplo, en Sumapaz y en el oriente del Tolima, en el sur del mismo departamento, en San Vicente (Santander), los grupos armados surgieron tempranamente desde finales de los años cuarenta. 

Además de las funciones básicas de defensavenganza cumplidas por cuadrillas y guerrillas, Ortiz identifica otras funciones vinculadas a la redistribución privada, a la distribución del empleo originado en las fincas. Así, los cuadrilleros no sólo cumplían funciones asignadas por los gamonales, sino que no pocas veces los sustituían en el papel que estos desempeñaban antes de la violencia. 

Después de proporcionar algunos elementos que permiten comprender el funcionamiento interno de la guerrilla, el autor se adentra en el análisis del proceso de su disolución. Este se produjo en función de causas múltiples, dentro de las cuales se destacan: pérdida de la función defensa-venganza, debilitamiento del apoyo de la población y de los gamonales, satisfacción, al menos parcial, de la población liberal con los acuerdos del Frente Nacional, acción represiva del ejército. A este respecto, Ortiz anota que en principio los grupos guerrilleros entraron en tregua desde los comienzos del pacto bipartidista. La tregua se rompió por la ofensiva que adelantaron las fuerzas armadas contra las cuadrillas inactivas. La parábola de “Chispas” ilustra bien esa relación.

 En el Quindio no se produjo la transformación de los grupos armados en cuadrillas revolucionarias. En los casos en que parecía posible tal evolución a través de la mediación del MRL (Movimiento Revolucionario Liberal), ella fue interrumpida por la destrucción violenta de las cuadrillas a manos del ejército. 

A nuestro entender, el análisis comparativo podría arrojar alguna luz sobre las causas que determinaron en unas regiones el salto de grupos armados hacia la guerrilla revolucionaria. Sin pretender afrontar aquí ese análisis, valdría la pena adelantar cierta verificación. Las regiones en las cuales se produjo esa evolución habían sido escenario de luchas por la tierra en los períodos anteriores a la violencia. No es este el caso del Quindío. 

La quinta parte de Estado y subversión en Colombia está dedicada al análisis del papel y la evolución del ejército durante la violencia en el Quindío. No parece ser la parte más novedosa del análisis, aunque no carece de interés retomar, a propósito del Quindío, enfoques que ya habíamos leído en otras exposiciones sobre la violencia. 

En cambio, resulta altamente sugerente el análisis que se expone en la sexta y última parte del libro, “los negocios de la violencia o la violencia como negocio”. En ella se muestra cómo sobre el lomo de los conflictos violentos avanzaron formas nuevas de acumulación de capital. En la tupida red de mediaciones entre el productor del café y el exportador surgieron personajes que pudieron pescar en río revuelto. Ortiz señala en particular al “fondero comprador de vereda” convertido en eslabón estratégico del comercio del grano y agente estimulante de violencia. Igualmente, compradores urbanos de café encontraron en la violencia los caminos del enriquecimiento personal. En uno como en otro caso, la función económica tendió a respaldarse e imbricarse con el sistema de influencias políticas de caciques y gamonales, preferentemente conservadores en el caso del Quindío. 

En la producción misma se generaron formas de redistribución del trabajo social. También aquí se consolidaron agentes económicos que vieron fortalecido extraordinariamente su papel gracias a la violencia. Este es el caso de los agregados. Estos pudieron ejercer presiones tanto sobre los patronos como sobre los jornaleros, en provecho de su enriquecimiento personal. 

Contra lo que pudiera en principio pensarse, la violencia no se acompañó del estancamiento económico. El café no se perdía y el Quindío participaba en los beneficios que traía la bonanza de los precios en el mercado externo. Esto se producía sobre procesos que implicaban recomposición de capitales, surgimiento de titulares nuevos de la propiedad y ruina y éxodo de otros, etc.  

Como se refleja en lo hasta aquí expuesto, son varios e indudables los méritos y aportes del libro Estado y subversión en Colombia. De manera viva se presentan los agentes de la violencia en el Quindío como cifras significativas de grupos sociales que son los verdaderos protagonistas en la obra de Ortiz. Aunque el título destaca al Estado, éste se desdibuja en el análisis concreto y en primer plano aparece el tejido de la sociedad civil. Al leer a Ortiz se impone la conclusión de que las continuidades y rupturas en la historia política colombiana se advierten más claramente en la peripecia de los partidos y la red de lealtades que ellos comportan que en la trayectoria de las instituciones. Así, el Estado puede sufrir “derrumbes”, “colapsos”, sin que ello signifique la quiebra del sistema político. 

Aunque el autor usa una variada gama de fuentes, desde informes estadísticos hasta expedientes judiciales, sobresale el amplio uso de las fuentes orales. Estas son imprescindibles por la naturaleza del trabajo. Sin embargo, en varios pasajes de la obra asalta al lector la pregunta sobre la base factual de ciertas conclusiones. Sobre qué número y qué tipo de entrevistas se respalda una u otra aseveración. Esta observación es útil consignarla, por cuanto el uso de la historia oral es creciente en Colombia y no se acompaña de la necesaria vigilancia crítica, que suele reservarse para el tratamiento de las fuentes escritas. 

No es afortunada en el libro de Ortiz la relación entre análisis regional y nacional. Cuando del Quindío trasciende al plano nacional, el autor termina rindiendo tributo a versiones bastante convencionales sobre períodos de la historia de Colombia. Tal es el caso de las referencias al movimiento sindical en la segunda mitad de los años cuarenta. 

La pretensión de novedad ampliamente justificada en su trabajo lleva al autor a mirar piadosamente hipótesis distintas de las suyas. Sirve de ejemplo la alusión al término “la violencia como revancha terrateniente”. Aunque no es aplicable para el Quindio, no pueden negarse las posibilidades que tiene para explicar la violencia en otros entornos. Revancha terrateniente y resistencia campesina son expresiones que guardan notable legitimidad metodológica en el estudio de la violencia en el sur del Tolima, en Sumapaz y en otras regiones del país. 

Abunda en la exposición la utilización de ciertos términos que se usan con sentidos tan variados que terminan vaciándose de una connotación clara. Tal es el caso del concepto sobre trabajo.

Aunque en la obra se evidencia una preocupación por el estilo literario, el discurso se torna a veces farragoso y da lugar a párrafos cuyo sentido resulta indescifrable. 

Estado y subversión en Colombia hubiera ganado con una estructura más simple. Resulta excesivo el número de capítulos y la proliferación de títulos y subtítulos que fragmentan innecesariamente la exposición.  

Las pocas observaciones críticas no dementan el valor general del libro de Carlos Miguel Ortiz, que goza hoy de un lugar destacado en la investigación sobre la violencia y que a su vez invita a extender a regiones nuevas el análisis que en forma muy competente realizó el autor para el Quindío.

 

MEDOFILO MEDINA

(1) Esta clasificación está expuesta en el capítulo “La regionalización estructural de la violencia”, en Paul Oquist, Violencia, conflícto y política en Colombia, Bogotá, 1978. (Regresar a 1)