La ocupación como fuente fiscal

Que nos tengan en cuenta.
Colonos, empresarios y aldeas: Colombia 1800-1900
Hermes Tovar Pinzón
Premio Nacional de Cultura 1994. Colcultura, Santafé de Bogotá, 1995,
256 pág.

"La violencia del siglo XIX estaba en los linderos de las posesiones, de las aldeas, de las personas", afirma Hermes Tovar para explicar la ocupación de tierras baldías ocurrida durante el siglo pasado en ciertas regiones de Colombia. Los linderos, los límites son, en efecto, parte constitutiva de las relaciones interpersonales y de las relaciones entre los grupos sociales. Las fronteras son simultáneamente demarcación, tanto como posibilidad de vínculos y alianzas, de manera que allí se entretejen uniones, pero también estallan conflictos.

¿Cómo sucedió y qué tan conflictiva fue la ocupación de las fronteras internas en el siglo pasado? Hermes Tovar propone que el Estado, como creador y garante de reglas jurídicas sobre los derechos individuales, intermedió en los conflictos, resueltos principalmente por las vías legales. Sustenta su afirmación con base en la legislación sobre tierras baldías expedida entre 1820 y el fin del siglo, el crecimiento de la población y las políticas de poblamiento. Ante todo se basa en el examen cuidadoso de archivos históricos sobre la ocupación de baldíos, desde Antioquia hasta los ríos Magdalena y Cauca y hacia las cordilleras para llegar a Caldas, el Quindío, el Valle y el Tolima. Estudia brevemente la colonización desde Zapatoca y Lebrija, en Santander, hasta el río Magdalena.

El libro ilustra profusamente, a menudo con el lenguaje vívido de los actores de ese entonces, los sobresaltos que forman parte del fundarse en nuevas tierras. Describe las innumerables rencillas y disputas judiciales y de facto, que acompañaron la ocupación territorial. Pleitos entre pequeños ocupantes, pleitos entre hacendados y campesinos, entre grandes concesionarios, campesinos y aldeas y entre poblados. Insiste en los grandes problemas de la ocupación territorial, adjudicar y deslindar, y afirma al Estado como solícito, al punto de lograr "la convivencia entre Estado, colonos y empresarios" (pág. 12).

El Estado colombiano de la segunda mitad del siglo precisaba estimular la ocupación territorial como fuente fiscal y, al mismo tiempo, dar salida a los movimientos espontáneos de población que buscaban romper el cerco de las haciendas y salir del estancamiento rural en una tierra propia. Sin embargo, en torno a la política de poblamiento y a la ocupación territorial, se enfrentaban intereses contrapuestos que Tovar en buena medida desestima, en contra de su propia evidencia. Por un lado estaba la población rural pobre, y por otro, los grandes concesionarios y acaparadores. Estas fuerzas encontradas influyeron en las políticas estatales y en su ejecución y, sin duda, también en su capacidad de intermediación.

Los datos de Tovar muestran que esta tensión no se resolvió, como él lo pretende en aras de una historia no maniquea, de manera equitativa para unos y otros. El texto es rico en cifras y abundante en sucesos acertadamente transcritos. La población, dice Tovar, crecía vigorosa al recobrarse de las guerras de Independencia. En 1825, los registros consignaron una población de 1.129.174 habitantes, y para 1870 una de 2.707.925; es decir, aquella se duplicó en poco menos de cincuenta años. Pese a los deficientes censos, indican una tendencia de rápido crecimiento demográfico. Santafé, Tunja, Popayán, Neiva y Mariquita concentraban la mayor parte de la población; pero lo más importante era el crecimiento acelerado en primer lugar de Antioquia, que al final del siglo XVIII tenía el 6% de la población de la Nueva Granada y, para 1912, el 21% de la colombiana.

A lo largo del siglo, el Estado se esforzó por legislar en materia de tierras con un enfoque diferente del colonial. En 1821, 1823, 1826, 1866, y sobre todo en 1874, se expidieron leyes con pretensiones sociales y de fomento a la agricultura. Esta última, buscó evitar la entrega de grandes extensiones a un solo individuo, enfatizó el trabajo de la tierra como base del derecho de posesión y ofreció garantías a los derechos de los ocupantes sobre los de los acaparadores. La ley adoptó, sin embargo, otro rumbo, por las dificultades y los costos de los reclamos, por requerir del pretendido dueño el pago del alinderamiento y por la necesidad de contar con información oportuna y expresión letradas, lo que no merece mayor atención del autor. El pago de alinderamiento limitó a los más pobres y favoreció a los más pudientes. El conocimiento sobre trámites y disposiciones fue una discriminación contra los iletrados, quienes no siempre tenían cómo costear abogados, o simplemente no conocían a tiempo las pretensiones de los acaparadores. Desde las primeras leyes se produjeron grandes concesiones. Por ejemplo, los oficiales de la causa libertadora, especialmente unos pocos de alto rango, recibieron apreciables extensiones de tierra. Trece generales obtuvieron cerca del 20% de la tierra repartida para recompensar a los combatientes de los ejércitos libertadores. Unos pocos tenedores de bonos de deuda pública, y los constructores de vías importantes, recibieron cada uno 60.000 hectáreas y más, en algunos casos. Tovar argumenta que eso obedece a que las leyes hasta 1850 fueron fiscalistas, mientras las siguientes tuvieron enfoque social. Pero la misma ley de 1874, considerada la más progresista, restringió a los colonos pobres en la extensión de sus pretensiones. Adicionalmente, la ley 48 de 1882 moderó los límites impuestos a los acaparadores. Fijó en cinco mil hectáreas el tope contiguo de alinderación y pidió pastos, el cultivo por excelencia de los terratenientes, como demostración de posesión, además de exigir tierras amojonadas. Estas leyes evidencian que no predominó con claridad, o al menos por suficiente tiempo, un modelo estatal favorable al acceso equitativo a la propiedad territorial, ni limitaciones reales a su monopolio. Más bien se evidencia una lucha por vías diferentes de desarrollo. A la larga, si bien miles de pobladores rurales pobres accedieron a pequeñas extensiones, se dejaron semilleros de desigualdad y conflicto, que alguna conexión deben tener, como plantea C. Legrand (1988), con posteriores formas de violencia.

Entre 1827 y 1899, el Estado entregó dos millones doscientas mil hectáreas, según los documentos del Diario Oficial consultados por Tovar; Catherine Legrand (Ibíd.) habla de tres millones cien mil hectáreas entre 1827 y 1931. ¿Cómo se distribuyeron?

Las mayores adjudicaciones, según Tovar, fueron en Antioquia, que recibió el 44% de las tierras asignadas en el siglo XIX, y le siguieron Boyacá, Cundinamarca y Tolima. El período más dinámico fue entre 1870 y 1899. Se dieron tres formas principales de reclamar tierras: una, las peticiones de pequeños poseedores; otra, la de grupos que formaron aldeas; y la tercera, los grandes peticionarios. Algunos datos del libro ilustran lo acontecido. La colonización que se desprendió desde el sur de Antioquia y mantuvo la participación de las tres formas de petición, muchas veces sin conflictos internos, produjo una abrumadora concentración territorial: el 50% de las adjudicaciones entre 1866 y 1893 fueron de menos de cien hectáreas, y las mayores de tres mil hectáreas sólo fueron el 9% de las adjudicaciones. Pero éstas últimas recibieron en promedio seis mil hectáreas y el 60% de la tierra. Las de menos de cien hectáreas, obtuvieron en promedio 38 hectáreas (Tovar, pág. 112). En Santander, fueron asignadas 66.311 hectáreas entre 1872 y 1893, para 31 adjudicatarios. Uno de ellos recibió en Lebrija 18.000 hectáreas. Algunos pocos hacendados se apropiaron del centro y del sur del Tolima; doce consiguieron 62.000 hectáreas, algo más de la mitad de la tierra adjudicada en cincuenta años. En forma simultánea, los colonos de las cordilleras recibían en promedio 47 hectáreas y a siete poblados les otorgaron once mil hectáreas. Las largas luchas contra las grandes concesiones, Aranzazu y Villegas en Antioquia, y Caldas y Burila en el Quindío, son otra muestra de la tendencia a la concentración y la lentitud enorme del Estado para intervenir en los conflictos. El Estado, si bien disponía de medios jurídicos, no amparó de manera suficiente los derechos de los primeros colonos y menos aún los de las poblaciones indígenas que se encontraron a su paso, como en el caso del sur del Tolima y el Huila.

El libro de H. Tovar sustenta documentalmente la historia de la ocupación territorial colombiana en el siglo XIX, y acude a memoriales, peticiones y litigios, para ponerles rostro a los actores y entrever el sentimiento que los acompañaba. Es importante el intento del historiador de no dejar el libro en cifras y palabras. Pero no basta con desear una historia no maniquea. Así lo muestra la respuesta del agrimensor de Anserma Vieja (pág. 101) a veintisiete colonos que pedían se dejara constancia de que un terreno solicitado por un recién llegado tenía, ya desde antes, plantaciones suyas: las rechazó, pues "había ido a dar posesión de un terreno y no a oír declaraciones".

MYRIAM JIMENO

Universidad Nacional de Colombia