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Civilizar
las urnas: conflicto y control en las elecciones colombianas, 1830-1930
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EDUARDO POSADA CARBÓ
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Institute of Latin American Studies,
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School of Advanced Studies, University
of London
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Trabajo fotográfico: Ernesto Monsalve
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Contenido
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INTRODUCCIÓN
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VIOLENCIA
ELECTORAL: DE LA CAMPAÑA AL ESCRUTINIO
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UN ORDEN
PÚBLICO FRÁGIL
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CONCLUSIÓN: LA
CIVILIZACIóN DE LAS URNAS
INTRODUCCIÓN
Reformas políticas sobre las
elecciones (El Nacional, 9 de septiembre de 1848).
"Los días de elecciones son, para
las tropas y para la población, fechas duras y difíciles, en las que siempre se piensa
con alguna preocupación", observó Ernest Rothlisberger durante su estadía en
Colombia en la década de 1880. Según Rothlisberger, Bogotá no era una ciudad mucho más
violenta que otras ciudades que él conocía en Europa. Aunque sí recordó que, mientras
vivió en Colombia, sólo salió a la calle armado en una ocasión: "la noche de una
tempestuosa jornada electoral". El apasionado espíritu de partido del electorado,
los miembros de un jurado atemorizado frente a la presencia de un público hostil y de
políticos profesionales, la tropa siempre alrededor de las urnas, eran parte de aquel
escenario de frecuentes bullicios tan vívidamente descritos en las memorias de
Rothlisberger. Ese bullicio también podría ser señal de problemas más serios. Después
de narrar los detalles de un día electoral en Bogotá, Rothlisberger anotó cómo
"de forma sombría se advierte siempre la perspectiva de la cercana explosión de una
guerra civil".1
Quienquiera que se acerque a la historia
de Colombia no tarda en identificar dos manifestaciones recurrentes en la vida de la
república: elecciones y violencia. Mientras el estudio de las elecciones, con muy
contadas excepciones, no ha atraído la atención de los investigadores 2, la
violencia se ha convertido en el tema por excelencia de aquellos interesados en estudiar
la historia de este país latinoamericano 3. Aun así, los violentólviogos
-como se llaman estos especialistas- han concentrado su atención en el período posterior
a 1940. Más aún: existe una corriente dominante en este campo que tiende a subvalorar el
papel de la política en la historia de la violencia colombiana. Los conflictos
electorales en particular han recibido muy poca atención. Algunos historiadores, como
David Bushnell, al examinar las guerras civiles del siglo XIX, han sugerido que “el
arraigado electoralismo contribuyó sin duda a producir la violencia" 4. Sin
embargo, no existen hasta ahora esfuerzos sistemáticos para estudiar la relación que
existe entre ambos fenómenos. La mayoría de los historiadores parecen aceptar como
explicación suficiente la afirmación de Clausewitz: la guerra es la continuación de la
política por otros medios. Esta ponencia se propone, por consiguiente, explorar un tema
que ha sido muy poco estudiado, a pesar de su importancia central en la historia de
Colombia: la violencia electoral.
¿Qué tan frecuentes fueron las
confrontaciones violentas en la historia de las elecciones de la república entre 1820 y
1930? ¿Bajo qué circunstancias una campaña electoral desembocaba en violencia? ¿Era la
violencia un mero reflejo de la lucha electoral, o la manifestación de otros conflictos
sociales y económicos? ¿Cuál era el papel de los candidatos, el electorado y las
autoridades en estas confrontaciones?
¿Era la violencia electoral un proceso
controlado desde arriba? ¿Qué tan significativa fue la violencia electoral para la
política y la sociedad colombiana? Al intentar responder estos interrogantes, en primer
lugar, trataré de localizar la violencia electoral durante el período bajo estudio: qué
campañas experimentaron confrontaciones violentas, en qué momentos del proceso electoral
ocurrían los actos de violencia, cómo se manifestaba la violencia. En segundo lugar,
exploraré las distintas interpretaciones que se han dado, tanto por los observadores
contemporáneos como por los historiadores, para explicar las razones detrás de la
violencia electoral. Y, finalmente, consideraré el significado general que la violencia
electoral tuvo en la vida de la república, teniendo en cuenta también los esfuerzos que
tanto las autoridades como los partidos en disputa desplegaron para civilizar el proceso
político.
La violencia electoral no es un fenómeno
exclusivo de la historia colombiana. Es así como la historia electoral, en particular
aquellos aspectos relacionados con la violencia, ofrece un campo fértil para el análisis
comparativo. Aunque mi mayor interés se encuentra en identificar las características del
proceso colombiano, este ensayo contiene algunos elementos que pueden ser útiles para el
estudio de la violencia electoral en otros países. Adicionalmente, esta ponencia examina
otro tema que es también de interés general. Vinculado al tema de la violencia electoral
se encuentra el problema de la legitimidad. Como lo ha planteado Fran
ç
ois-Xavier Guerra: ¿cómo pudieron los emergentes
estados independientes en Hispanoamérica reconstruir el poder sobre nuevos principios
legitimadores? Plumb ya lo había sugerido tiempo atrás: "Existe la necesidad de
estudiar cómo las sociedades llegaron a aceptar ciertos patrones de autoridad política y
aquellas instituciones necesarias para que la autoridad pudiese traducirse en
gobierno" 5.
VIOLENCIA
ELECTORAL: DE LA CAMPAÑA AL ESCRUTINIO
Desde comienzos de la república, las
elecciones fueron el método general para transferir el poder en Colombia. Desde la
década de 1830, presidentes y congresistas, así como miembros de los concejos
municipales y diputados en las asambleas de provincia fueron elegidos regularmente a
través de un sufragio restringido. La agenda electoral se intensificó después de las
primeras elecciones presidenciales bajo sufragio universal masculino en 1856. Desde la
adopción de la constitución de 1863 hasta 1884, los colombianos eligieron presidente
cada dos años. Durante estos años, conocidos como el período radical, senadores,
representantes, concejales, diputados, procuradores generales y magistrados también eran
elegidos por voto popular. En 1886 se hizo un esfuerzo consciente por aligerar el
calendario electoral. Pero después de 1910, los colombianos se dedicaron una vez más a
las elecciones con una pasión ferviente: escasamente había un año en el que no hubiese
una campaña en curso 6.
Como consecuencia de un calendario
electoral intenso, el país vivía en permanente estado de agitación política: la
conducta de los candidatos en disputa, sus agentes electorales y sus seguidores
condicionaban la fragilidad del orden público. Ésta era, ciertamente, una fuente regular
de quejas por parte de las autoridades. En 1843, el secretario del Interior observaba que
"cada elección, recalentando los ánimos y embraveciendo los partidos, es una
ocasión próxima para el aborto... [de esas] revoluciones devastadoras" 7.
Para aquellos encargados de preservar el orden público, las elecciones eran "jérmen
de intrigas y discordias i un positivo tormento para los pueblos i los hombres".
Tanto para gobernantes como para gobernados, la época electoral daba siempre motivo a
alarmas y preocupaciones 8. Éste era particularmente el caso de las veredas
dispersas en las provincias. Eduardo Caballero Calderón describió cómo el ritmo
perezoso de la vida en los pueblos boyacenses apenas era interrumpido por las campañas
electorales, "cuando se encienden los ánimos y el furor político convierte en campo
de Agromante la tranquila plaza del pueblo". Las elecciones eran, tal como las
calificó Carlos E. Restrepo al referirse a la campaña presidencial de 1892, "luchas
de vida y muerte, en que las pasiones se caldean hasta el rojo blanco" 9.
Estos conflictos, originados aparentemente por disputas de partido, también dividían
internamente a familias completas. En Bucaramanga, de acuerdo con Manuel Serrano Blanco,
inclusive viejos lazos de amistad se destruían como consecuencia de las elecciones 10.
Algunas veces el orden público
permanecía inalterado pero nunca había escasez de “rumores de un transtorno"
cuando se aproximaba el día de votar. El rumor era a veces utilizado como arma electoral.
El rumor se esparcía con el fin de intimidar al partido contrario, para que éste evitara
acercarse a las urnas. Tal fue la acusación de Carlos Martínez Silva contra los
liberales en las elecciones de Cundinamarca en 1882. El rumor era suficiente para provocar
ansiedades públicas. En 1922, Alejandro Galvis Galvis denunciaba en su periódico,
Vanguardia Liberal, "que a mí y a mis compañeros de directorio se nos ha hablado de
que el gobierno tiene el propósito de asesinar liberales con cualquier pretexto el día
de las elecciones" 11. Ninguno de los partidos se sentía libre de amenazas:
como Galvis, el gobernador de Santander también temía por su vida.
El lenguaje electoral connotaba,
ciertamente, un espíritu guerrero. "Los partidos todos se agitan y estudian las más
ventajosas posiciones para la batalla que se prepara", anotó El Repertorio
Colombiano en 1890. Para su director, la lucha electoral podía identificarse con los
recientes "disparos"; la lucha política era siempre una "guerra" 12.
Como en Córcega, donde desde cada campo se gritaban en coro canciones satíricas, así
como en Inglaterra e Irlanda, y dondequiera que una contienda electoral tuviese lugar,
existía un elemento ritual en las campañas electorales; un elemento ritual que, en
muchos aspectos, se asemejaba al campo de batalla, ya se tratase de las manifestaciones
que celebraban la victoria o de la forma en que era movilizado el electorado 13. El
lenguaje adquiría, sin lugar a dudas, un tono violento durante las elecciones.
Observadores extranjeros, como el argentino Miguel Cané, el chileno José Antonio Soffia
o el boliviano Alcides Arguedas, observaban con cierta sorpresa la virulencia del lenguaje
utilizado en Colombia, tanto en los periódicos como en las hojas anónimas que circulaban
en las calles 14. En 1896, cuando apenas arrancaba el debate sobre la sucesión
presidencial, un funcionario del ministerio de gobierno se quejaba: “La prensa adopta
ya el tono hiriente y procaz, propio para enardecer los ánimos, y casi siempre precursor
de la revuelta" 15.
Hasta cierto punto, las posibilidades de
una confrontación violenta estaban condicionadas por la duración del proceso electoral,
e inclusive por circunstancias geográficas. Aunque el sistema varió de período en
período, la votación se prolongaba por más de un día y el conteo de los votos -una
fuente de ansiedad pública- podía tardar meses. Así, en 1892, el ministro de gobierno
advertía cómo el sistema mismo era una desventaja para el mantenimiento del orden:
"El largo transcurso de tiempo que va desde el principio hasta el término de unas
elecciones es muy ocasionado a mantener los ánimos en estado de quietud, y produciendo la
zozobra y agitación en las masas, socava los fundamentos de la seguridad social" 16.
La zozobra, en efecto, comenzaba con anterioridad: desde el mismo momento en que
comenzaban a discutirse públicamente los nombres de los candidatos. Una vez que arrancaba
una campaña -y las hubo cortas de tres meses, y largas hasta de dos años- el país se
encontraba inmerso "en tal fermento de pasiones encontradas" como para
"sembrar el odio, con su obligado cortejo de males entre todos sus ciudadanos" 17.
En este contexto, las mismas campañas
eran fuente recurrente de conflictos. En enero y febrero de 1922, durante la disputada
campaña entre Benjamín Herrera y Pedro Nel Ospina, varias manifestaciones públicas
desembocaron en violencia con serios resultados: un muerto y varios heridos en Yarumal;
tres heridos, entre los cuales el alcalde, en La Estrella; tres muertos en Florida; un
muerto y varios heridos en Natagaima 18. Los desfiles políticos en las plazas de
los pueblos, en los que participaban todos los partidos en disputa, se convertían
fácilmente en campos de batalla, como ocurrió en Chaparral, cuando Manuel Rojas, un
liberal, se dirigía a sus copartidarios desde la tribuna. En la mitad de su discurso,
Rojas fue interrumpido por un público entusiasta que "prorrumpió en vivas a su
partido, los que fueron contestados por algunos asistentes con vivas al partido
conservador" 19. De una confrontación verbal se pasó pronto a la agresión
física. Siguieron los disparos. Un grupo de conservadores, intimidados por liberales a
caballo, se refugiaron en la casa cural. Tal como lo describieron posteriormente las
autoridades, la masa atacó tanto la casa cural como el telégrafo.
Durante las campañas electorales, los
recorridos y las manifestaciones públicas servían de termómetro para conocer el grado
de intensidad de la disputa, que a veces llegaba a su máximo nivel durante el día
electoral. En Cali, en 1848, "parecía que se rompía una nube i se desplomaba el
firmamento". En 1852, "los días de elecciones estuvieron preñados de una recia
tempestad" 20. Abundaron las "peloteras y bochinches": en Jamundí
los conservadores hirieron a tres liberales, mientras que en la plaza de Santa Rosa un
grupo de liberales "cargaron a puñetazos contra un conservador" 21. Dada
la precariedad de la organización electoral, el simple acto de depositar el voto era
motivo de disturbios. En la década de 1880 en Bogotá, rodeados de "soldados de
bayoneta calada", los electores se acercaban a las urnas sin ningún documento de
identificación. En estas circunstancias, tal como lo describió Rothlisberger, quedaba al
arbitrio del público y de los jueces el que se permitiese a un elector depositar su voto:
Si se acerca uno a la mesa que se
llama, por ejemplo, Suárez, y se sabe que ese Suárez es un anciano conservador [...]
entonces estalla un espantoso griterío [...] "no, no, no, no es él", exclaman
unos. "Sí, sí, sí es él", chillan los otros. Se reparten golpes, salen a
relucir revólveres, hay empujones y apreturas, se pita y se vocifera hasta dejarle a uno
aturdido 22.
En algunos casos, estos incidentes no
pasaban de ser meros "bochinches" sin consecuencias. En otras ocasiones, sin
embargo, podían causar la interrupción del proceso electoral, tal como sucedió en
Ovejas en 1871 cuando, después que un elector hizo pedazos el registro electoral, los
miembros del jurado se sintieron tan amenazados que se vieron forzados a abandonar las
urnas 23.
Las elecciones locales parecen haber sido
particularmente susceptibles a la violencia. Francisco Ríos, humilde artesano y miembro
del jurado, fue asesinado durante las elecciones de Soledad en 1869. Por lo menos hubo
varios muertos y heridos en las elecciones municipales de Cartagena en 1871 y Bucaramanga
en 1879 24. En 1878, las elecciones de Cundinamarca fueron descritas como
"verdaderos combates", y en 1884, a pesar de una relativa paz inicial, unos
cuantos "mozos exaltados por el licor" la emprendieron contra los miembros del
jurado en una confrontación que dejó como resultado dos muertos y varios heridos 25.
Similarmente, en el Líbano, en 1916, hubo muertos y heridos como resultado de "una
contienda armada de ciudadanos" 26. También hubo serios incidentes en las
elecciones de 1923 en Montería y Sabanalarga.
De todas maneras las elecciones
presidenciales también dieron lugar a serias luchas, y algunas de ellas fueron
particularmente violentas. Tal fue el caso, por ejemplo, de la elección de José Hilario
López el 7 de marzo de 1849, cuando el congreso tuvo que tomar la decisión final en
medio de una atmósfera de terror 27. Campañas duramente competidas, como la
sostenida entre Núñez y Parra en 1875, o entre Herrera y Ospina en 1922, conducían casi
inevitablemente a sangrientas confrontaciones. Al final de una jornada electoral, el 1o.
de agosto de 1875, hubo más de una docena de muertos y varios heridos. "En cada
jurado electoral se producían verdaderos combates a tiros de revólver, arma blanca y
cachiporra", recordaría más tarde Cordovez Moure, testigo de los eventos 28.
La lucha partidista no concluía con el
fin de la jornada electoral. La animosidad del electorado se mantenía hasta el proceso de
conteo de los votos: el escrutinio, durante el cual las sospechas de fraude, la natural
expectativa de los resultados e inclusive el ánimo triunfalista o el espíritu de
venganza entre quienes anticipaban la derrota motivaban a menudo actos de violencia. El
escrutinio era un acto público, que se realizaba en lugares abiertos y, por consiguiente,
era observado por todas las partes en disputa, quienes no estaban allí como espectadores
pasivos. En estado de alerta, los activistas de los partidos que observaban el escrutinio
estaban listos a reaccionar a la primera señal de irregularidades en el proceso. Cuando
el Consejo Escrutador del Magdalena se reunió para contar los votos en las elecciones
presidenciales de 1918, ya existían nubes visibles que anunciaban una tormenta. En Santa
Marta y en varios municipios vecinos, como lo reconoció el mismo gobernador, la
población vivía "desde hace días en estado de excitación" a causa de rumores
de fraude. Desde temprano, en la mañana en que se reunió el Consejo Escrutador, las
galerías del edificio de la Asamblea fueron ocupados por las barras. Mientras tanto, un
grupo de unas 200 personas, recién llegadas de Ciénaga, esperaban fuera del edificio:
Cuando la muchedumbre que se
encontraba en el recinto, la que estaba en los alrededores y al frente del local, se
persuadió de que no sólo no se habían recibido el registro de Villanueva, sino que los
de la Paz, Piñón y Remolino tampoco serían escrutados, los gritos y amenazas pasaron de
las palabras a los hechos y la multitud empezó a apedrear el local de la Asamblea, en
donde estaba actuando el Consejo escrutador 29.
Se llamó al ejército para controlar la
situación, pero en vano: esta confrontación dejó como resultado dos muertos y doce
heridos.
Estos disturbios electorales ocurrían a
veces antes que se reuniese el Consejo Escrutador. En 1933, en Cocuy (Boyacá), la jornada
electoral transcurrió en paz. A medianoche del día siguiente, sin embargo, un grupo de
400 conservadores de un municipio vecino, liderados por el cura Nepomuceno Goyeneche,
invadió a Cocuy con el propósito de tomar posesión de las urnas. En la madrugada, las
calles de Cocuy se hallaban convertidas en campo de batalla, mientras los conservadores
gritaban: "Viva la religión católica, viva el partido conservador, mueran los
rojos" 30. En este contexto, donde la sola expectativa de los resultados
electorales eran causa de tanto malestar público, un prolongado escrutinio daba amplias
oportunidades para que estallara el conflicto. Cuando el proceso de contar los votos se
tardaba hasta cien días, como en Magdalena en 1869, los desórdenes públicos eran
inevitables. Ese año en Ciénaga, pocos días después de las elecciones, los disturbios
políticos ocasionaron tres muertos y, durante los siguientes meses, los partidos
permanecieron levantados en armas "como si fueran gobiernos o naciones" 31.
La violencia electoral, ya fuese durante
las campañas, el día electoral o durante el proceso de conteo de los votos, iba de la
mano con la fragilidad del orden público. Algunas veces, la violencia electoral era
también la expresión del quiebre completo del sistema político, cuando la lucha en las
urnas cedía el campo a la guerra civil abierta. "Aunque para nosotros parezca
inexplicable que una guerra sea el resultado de las elecciones -razonaba el ministro de
los Estados Unidos en Bogotá en 1891-, el hecho es que el peligro aquí siempre
existe" 32. Las posibilidades del estallido de una guerra era un tema normal
de conversaciones durante las campañas electorales. Como advertía el embajador de los
Estados Unidos aquel año, "la gente anda muy inquieta y la conversación de
revolución es muy frecuente como para que sea agradable" 33. Para algunos
contemporáneos, las elecciones y las revoluciones eran dos caras de una misma moneda. Tal
era la opinión de Carlos Holguín al juzgar la naturaleza de las elecciones durante el
período radical: "Cada elección presidencial [...] implicaba la necesidad de
derribar gobiernos locales" 34. Éste era, por supuesto, un juicio partidista,
al que después hizo eco el ministro de Gobierno, quien describió las elecciones de dicho
período como "motines, tumultos y revoluciones en los estados"35. Por su
misma naturaleza constitucional, el régimen radical fue ciertamente susceptible de
tumultos electorales. Pero el subsiguiente régimen conservador no puso fin a la violencia
electoral.
De todas formas, los vínculos entre las
elecciones y las guerras civiles del siglo XIX no son del todo claros, aunque algunos de
estos conflictos parecen de alguna manera atados a los procesos electorales. De acuerdo
con Gustavo Arboleda, quien identificó 54 revoluciones locales en el siglo XIX, por lo
menos las siguientes tuvieron origen en una campaña electoral: las guerras civiles en
Bolívar en 1864 y 1875; en Panamá en 1864, 1875 y 1884; en Magdalena en 1871 y 1875; en
Cauca en 1879; en Tolima en 1874; y en Santander en 1884 36. A esta lista, habría
que añadir las guerras de Riohacha en 1857 y Boyacá en 1871.
En Cauca, como los describió Alonso
Valencia Llano, la mayoría de los disturbios del orden público durante el período
radical sucedieron durante el transcurso de una campaña electoral. Si se sigue paso a
paso, por ejemplo, la guerra civil de 1879 en el Cauca, su estallido parece la etapa final
de una competida contienda electoral 37. Un año antes, la prensa informaba que los
dos partidos en disputa -sarristas y hurtadistas- se encontraban en una riña electoral
"con todo género de violencia". De acuerdo con El Repertorio Colombiano,
"partidas de uno y otro bando se acometen en las poblaciones y en los campos como
enemigos implacables, con toda la ferocidad desplegada ayer no más contra los
conservadores y las sociedades católicas" 38. El mes siguiente, el mismo
periódico informaba que las expresiones de rivalidad habían pasado de los insultos a los
"palos y puñaladas". En abril estallaba la guerra. El director de El Repertorio
Colombiano concluía: "Este nuevo conflicto, que tan azorados tiene todos los
ánimos, ha sido originado en el debate electoral"39.
Muchos de estos conflictos se confinaban
a los estados o las provincias donde tenían lugar, y sólo indirectamente sus efectos se
sentían más allá de sus fronteras. Sin embargo, algunos provocaron conflictos de escala
nacional, como ocurrió en 1885. Podría argumentarse que las causas finales de la guerra
de 1885 se encontraban en la crisis fiscal tras la baja en las exportaciones, pero el
evento que precipitó el conflicto fue la revolución de Santander, originada, a su turno,
en las elecciones de julio de 1884 40. Pero inclusive si algunas de estas
revoluciones locales no se convertían en guerras nacionales, su significado para la
política del país no puede ser desconocido. Tal fue el caso del conflicto de 1875,
limitado en principio a la costa Atlántica.
Por supuesto que no todas las guerras
civiles se originaron en campañas electorales. Pero, además de los conflictos de 1875 y
1885 ya anotados, por lo menos la guerra de 1860 y la guerra de los Mil Días se vieron
motivadas por frustrados proyectos de reforma electoral. Esta dimensión electoral de las
guerras civiles ha sido con frecuencia subvalorada en el análisis de la historia
colombiana -observación válida para otras guerras civiles en Latinoamérica.
UN ORDEN PÚBLICO
FRÁGIL
Hasta aquí he tratado de localizar la
violencia en la historia electoral colombiana después de 1830. Expresiones de violencia
hacían su aparición apenas se conocían los nombres de los candidatos. La retórica
electoral adquiría un tono guerrero. Los encuentros públicos durante las giras
electorales eran propicios a confrontaciones violentas. Pero el día en que tenían lugar
las elecciones era quizá la ocasión más dada para actos violentos. Desde el momento en
que se abrían las urnas hasta el conteo final de los votos, dominaba una atmósfera de
excitación pública, condicionada por el comportamiento de un electorado susceptible.
Bajo estas circunstancias, cuando se aproximaban las elecciones aparecía también la
perspectiva del estallido de una guerra civil. Al localizar la violencia electoral, ya he
adelantado algunos elementos que permiten explicar su ocurrencia. En la segunda parte de
este ensayo, quisiera explorar más estas circunstancias bajo las cuales las elecciones
daban lugar a confrontaciones violentas.
Para comenzar, existían condiciones
físicas que, sumadas a la falta de organización electoral, ofrecían numerosas
oportunidades para la disrupción del orden público. Hoppen ha señalado cómo, en
Irlanda, la escasez de lugares de votación hasta 1874 significaba que los votantes
tenían que recorrer largas distancias, en peligrosos viajes para los cuales se veían
forzados a atravesar territorio hostil 41. En Colombia estos problemas eran aún
más serios, dada la topografía quebrada del país y la pobreza de sus comunicaciones.
Más aún: durante el período radical (1863-1885), como no existía un calendario
electoral unificado, el país vivía en permanente estado electorero. El lento
procedimiento de conteo de los votos era igualmente problemático: "Por lo menos la
tercera parte del año la atención pública se mantiene en la más ansiosa
expectativa", observaba el presidente del Magdalena en 1869, mientras que el estado
quedaba expuesto "a inevitables perturbaciones" 42. Pero las condiciones
físicas por sí solas -si bien podrían servir de catalizadoras del conflicto- no pueden
ser explicación su1ciente para los actos de violencia. Después de todo, bajo esas mismas
condiciones, hubo elecciones pacíficas. Y el mejoramiento del transporte y la
reorganización electoral ocurridos bajo la hegemonía conservadora (1886-1930) no se
tradujeron directamente en la disminución de la violencia electoral.
"Los hombres que ambicionan los
puestos públicos provocan la guerra", denunciaba la Gaceta de Bolívar en 1873 43.
Ésta era a veces la impresión de los contemporáneos. Como también la de muchos
historiadores de hoy: que estos conflictos se orquestaban desde arriba, motivados
estrictamente por ambiciones materiales, por el reparto de los beneficios del estado:
cargos burocráticos, contratos y otras prebendas de orden similar. En 1871, el alcalde de
Túquerres (Cauca), organizó a 50 de sus copartidarios, a quienes dotó de armas y de
alcohol, "y más tarde una turba recorrió las calles armada de fusiles dando vivas
al partido liberal y mueras a muchas personas honradas del lugar" 44.
No parece claro, sin embargo, que las
turbas electorales siempre estuviesen dominadas por las autoridades, como en el caso de
Túquerres, ni que los desórdenes estuviesen estrictamente motivados por intereses
materiales. Los disturbios que tuvieron lugar en Bogotá el 1o. de agosto de 1875 no
parecen haber seguido plan preconcebido alguno. Las masas que se tomaron a Cocuy en las
elecciones de 1933 estaban bajo el control de un cura, pero la principal razón de su
participación en la turba era el fanatismo religioso y no la búsqueda de beneficios
materiales. Algunos funcionarios se quejaban de que, dada la naturaleza violenta de las
elecciones, los ciudadanos pacíficos, incluso aquellos interesados en la política,
evitaban acercarse a las urnas, "dejando así la dirección definitiva del proceso
electoral a los hombres más audaces y turbulentos" 45. Con todo, "los
hombres más audaces y turbulentos" no eran necesariamente aquellos que aspiraban a
ser elegidos. Y la tradición irlandesa de contratar pandillas para proteger a los
candidatos -por lo general, causa de conflictos violentos, como lo ha descrito Hanham 46-,
no es tan evidente en la historia colombiana. Incluso en la experiencia irlandesa, donde
la ocurrencia de actos de violencia orquestados por los candidatos no se pone en duda, la
manipulación corría a veces en ambos sentidos: como Hoppen lo ha demostrado, en algunos
casos los candidatos no tenían otra opción que negociar con reconocidos líderes
populares, quienes contaban con sus respectivas pandillas para ser contratadas cuando la
ocasión electoral así lo exigiese 47.
¿Cuál era el motivo final para que los
sectores populares se unieran a los disturbios electorales? Este interrogante sigue
abierto. No hay respuesta sencilla. Con seguridad que hubo elementos de malestar social en
las elecciones presidenciales de 1849. Y durante las elecciones municipales de Montería
en 1923, el gobernador observó que "cuatro desalmados mantienen la población [...]
ante el temor de un levantamiento del populacho contra las clases altas o acomodadas"
48. Sin embargo, los conflictos causados por razones sociales parecen ser una de
tantas otras expresiones de violencia electoral a lo largo de los años, cuyas
circunstancias variaron de elección en elección, de pueblo en pueblo y de provincia en
provincia.
En algunos municipios colombianos, la
violencia electoral compartía aquel "faccionalismo dominante" que caracterizaba
a la sociedad de Córcega, donde las rivalidades políticas estaban fuertemente ligadas a
los feudos entre clanes familiares 49. Tal como lo anotó el gobernador de la
provincia después de los desórdenes electorales de Ciénaga en 1869, allí la población
se hallaba dividida, "no tanto por política, como por asuntos locales; hasta
personales, los odios [...] son más profundos mientras más pequeña es la causa que los
enjendra" 50. En la década de 1870, la violencia electoral en Baranoa entre
araujistas y baenistas, o la lucha entre los hurtadistas y sarristas en el Cauca,
estuvieron quizá enraizadas en el faccionalismo local, mientras que los actos de
violencia podrían contener elementos de venganza. Con todo, muchos de los disturbios
durante las elecciones nacionales no pueden explicarse exclusivamente por los odios de
parroquia, aunque es cierto que a veces la política nacional servía de oportunidad para
poner a prueba las fuerzas del poder en las localidades. Pero la violencia electoral en
Bogotá, la fuente última de todos los disturbios públicos, era con seguridad un
fenómeno diferente de los conflictos que tenían lugar en provincia.
Lo que surge, pues, es un cuadro diverso,
donde es muy difícil identificar un patrón común de conducta electoral. A diferencia de
Córcega, por ejemplo, donde la violencia parece haber sido más frecuente en elecciones
municipales que nacionales, en Colombia ambos tipos de elecciones dieron lugar a
encuentros violentos. "A diferencia de Irlanda, donde la violencia ha sido descrita
como un fenómeno eminentemente rural y no urbano en sus orígenes, en Colombia no podría
trazarse con claridad esa distinción" 51.
Si alguna característica común puede
identificarse en estos conflictos durante el período bajo estudio, tal es la posición
frágil de las autoridades. Presidentes, gobernadores y alcaldes eran, por supuesto,
partes interesadas en muchas, si no en todas las contiendas electorales. Como tales,
trataban de utilizar sus posiciones de influencia para manipular el proceso y, algunas
veces, como ya se ha sugerido, promovían personalmente los disturbios.
Sin embargo, durante las disputas
electorales que tuvieron lugar en Cali en 1852, el gobernador Escovar "se llenó de
un soberano miedo; sin atreverse a utilizar su autoridad, que había sido despreciada en
esas circunstancias" 52. En 1873, las autoridades de Baranoa temieron hacer
presencia en el lugar de los conflictos, "porque juzgaban que su vida corría
peligro". Durante los disturbios en Bogotá en 1875, el presidente Pérez no tuvo
otro recurso que trancar las puertas de palacio y esperar a que amainara la tormenta.
Temeroso del ánimo del electorado en 1888, el gobernador de Sincelejo desistió de
perseguir a unos fugitivos; para el gobernador era claro que después de las elecciones se
mejoraba el clima para imponer la ley 53. Esta impotencia, sentida por las
autoridades frente a los disturbios electorales, era reconocida públicamente. Como lo
expresó el ministro de Gobierno en 1898, "ni la administración mejor organizada
puede evitar estos desórdenes electorales" 54. Ésta era, en efecto, una
queja repetida. Uno tras otro, en sus mensajes anuales, presidentes, gobernadores,
prefectos y alcaldes, expresaban sus ansiedades sobre las dificultades de gobernar en
tiempo de elecciones. "Las masas dieron rienda suelta a sus pasiones", anotaba
el prefecto de Sincelejo en 1914, y añadía: "y comprendiendo que la autoridad era
impotente para refrenar sus ímpetus, muchos amantes del orden y de la tranquilidad, se
abstuvieron de acercarse a las urnas a trueque de no verse envueltos en aquel
torbellino" 55.
Sobresalía siempre un elemento de
precariedad en el orden público durante las épocas electorales. La misma naturaleza del
proceso debilitaba la posición de las autoridades: toda elección abría, por
definición, la posibilidad de transferir el poder 56. El cuestionamiento de la
autoridad durante las elecciones se hacía aún más evidente, primero, si el proceso era
empañado por el fraude y, segundo, si las reglas del juego no eran consideradas
igualmente justas por todas las partes en disputa.
"Para conjurar la guerra, respeten
el sufragio universal", escribió Miguel Antonio Caro desde la oposición, como
director de El Tradicionista, en 1873 57. Si existió un tema constantemente
vinculado a la violencia electoral, ya fuese para explicarla o para justificarla, ése fue
el fraude. Para Foción Soto, los orígenes de la guerra del 85 se encontraban en "La
reivindicación del sufragio", como tituló la sección de sus memorias dedicada a
analizar las causas del conflicto 58. Según Soto, lo que motivó la guerra fue la
rebelión en Santander contra el poder arbitrario del presidente Wilches, cuya autoridad
se puso a prueba en las elecciones de julio de 1884. Enfrentados al fraude abierto de la
administración Wilches, Soto y sus copartidarios no veían recursos pacíficos para hacer
respetar sus derechos políticos: "era el caso de apelar no sólo a las armas sino a
los garrotes y a las piedras, para confundir a sus expoliadores y castigarlos" 59.
Soto no tenía dudas: la causa inmediata de la guerra en Santander había sido el fraude
electoral.
De manera similar, la falta de acuerdo
sobre las reglas del juego -que condicionaban la aceptación del sistema- fue una fuente
repetida de conflicto. La guerra de los Mil Días, a fines de siglo, fue precedida por la
intensa campaña electoral de 1898 y por un frustrado debate de reforma electoral en el
Congreso. Ese año, Miguel Samper interpretaba el espíritu de los liberales cuando,
previendo el advenimiento de serios problemas, advertía: "La verdadera ley de orden
público [...] será la que organice el Poder Electoral con independencia del gobierno
[...] para que el sufragio popular se sustituya a la guerra y se convierta en fuente de
legitimidad de los poderes políticos" 60. Años más tarde, Eduardo
Rodríguez Piñeres, miembro del ala pacifista del partido liberal, recordaba cómo la
falta de una reforma electoral alimentó la causa de aquellos liberales que favorecían la
rebelión armada contra el régimen conservador 61.
Desde el gobierno, quizá ningún otro
presidente reconoció con tanta franqueza el problema como Carlos E. Restrepo. En su
mensaje de 1914, Restrepo pedía a los congresistas estudiar seriamente un tema de tanto
significado para el mantenimiento del orden público:
Mientras subsista el fraude electoral,
el problema del orden público queda en pie [...] Causa visible y eficiente de turbaciones
públicas ha sido el desconocimiento del derecho del sufragio, ya por parte del poder
judicial, llamado a garantizarlo, y no sólo se ha vulnerado el incontestable derecho de
las minorías, sino que en ocasiones se ha hecho irrisorio el de las mismas mayorías 62.
El estudio del fraude electoral y sus
relaciones con la violencia está íntimamente vinculado a la cuestión de la legitimidad,
uno de los temas más complejos de la teoría política 63. Así lo ilustra
también un trabajo de Dolores Cullen sobre las prácticas electorales en la Argentina 64.
Los historiadores prefieren manejar áreas de investigación más tangibles. Por su misma
naturaleza, la prueba del fraude es sumamente vaga. Las denuncias de fraude se utilizaban
como arma política por todos los partidos en disputa. "Como sucede siempre
-expresaba el presidente de Bolívar en 1871-, cada círculo vencido lo ha atribuido a
fraudes del contrario" 65. Más aun: la irregularidad en las urnas podía
haber teñido el proceso de ilegalidad, pero la aceptación de los resultados por parte de
los derrotados y su continua participación en las elecciones conferían cierto grado de
legitimidad a los victoriosos.
Existían unos límites implícitos para
el ejercicio del fraude. Cuando se desbordaban dichos límites, el rompimiento del orden
era casi inevitable. De todas formas, la relación causal entre fraude y violencia corría
en ambos sentidos. En 1871 el secretario del Interior consideraba que la república era
una verguenza como consecuencia del fraude. Éste, sin embargo, era apenas una
consecuencia de un sistema político incapaz de garantizar el orden público. Según el
secretario del Interior, era la violencia la que fomentaba el fraude:
[...] Las instituciones han permitido
que la fuerza se levante a la categoría de un derecho superior al voto popular; porque si
una mayoría pacífica incontestable organiza un gobierno i una minoría facsiosa se arma
i lo vence en una batalla i hace una asamblea que le de forma regular, esta minoría es
ante las instituciones el lejítimo representante de la soberanía del Estado. No pudiendo
hacer a la mayoría fuerte, las instituciones le han dado a la fuerza el carácter de
mayoría.
Al reconocer como lejítimos los
Gobiernos que nacen de las rebeliones de los Estados, se destruye el principio que sirve
de base a la República: la soberanía popular.
Las revoluciones lejos de ser un
correctivo contra el fraude son causas que lo reproducen. Los partidos que llegan al poder
por medio de las armas, no se resignan fácilmente a entregarlo a sus enemigos en las
primeras elecciones. Por eso a cada triunfo revolucionario siguen nuevas combinaciones
electorales; i frecuentemente se observa que los vencedores aplican a los vencidos las
mismas leyes contra las cuales se alzaron.
Para el secretario del Interior el
resultado de este panorama desolador era claro: "La fuerza i el fraude, que
principian siendo enemigos, acaban por ser aliados"66.
CONCLUSIÓN: LA
CIVILIZACIóN DE LAS URNAS
"Ni una gota de sangre, ni el menor
incidente se registraron en esos días de pasiones", informaba el gobernador del
Magdalena al ministro de Gobierno en 1931 67. Este tono casi victorioso era
también compartido por otros funcionarios del gobierno dondequiera que se hubiesen
desarrollado las elecciones de manera pacífica. Tales ocasiones eran celebradas con un
sentimiento de satisfacción: "Es verdaderamente halagador para el patriotismo el
palpar de manera evidente estos importantes progresos de nuestra educación civica",
manifestaba el gobernador del Tolima en 1915, al mismo tiempo que alababa la "alta y
sostenida nota de cultura" de los tolimenses 68. El que la ausencia de
violencia en las elecciones fuese digno de noticia y aun causa de regocijo oficial revela
qué tan excepcionales fueron las elecciones pacíficas 69. Al acercarse el
período electoral siempre se esperaban problemas. Si las elecciones transcurrían en
calma, ello era causa de sorpresa, como algo extraño y ajeno a la cultura colombiana.
"Contra las tradiciones políticas del país, el período electoral se ha
desarrollado entre nosotros de la manera más natural, sin choques y sin
agitaciones", reconocía el secretario de Gobierno de Bolívar en 1914 70.
A pesar de su evidente ocurrencia, no es
fácil trazar con precisión el impacto de la violencia electoral en la política y en la
sociedad de Colombia. Si se le juzga, por ejemplo, frente al número de víctimas
identificadas durante las campañas electorales entre 1830 y 1930, el significado de la
violencia electoral podría subvalorarse. El cuadro podría ser ciertamente sombrío si
los muertos y heridos de las guerras civiles vinculadas a procesos electorales se contasen
como víctimas de la violencia electoral. Pero ésto sería extremar, tal vez
innecesariamente, las dimensiones del problema.
La violencia electoral produjo serias
consecuencias que no pueden ser medidas con la frialdad de las estadísticas. En los
municipios y caseríos donde las elecciones desembocaban en conflicto violento, sus
poblaciones vivían en una atmósfera de temor e intimidación. En los casos más serios,
como sucedió en Ciénaga en 1875 o en Bucaramanga en 1879, familias completas se veían
forzadas a emigrar. Dondequiera que ocurriese, la violencia electoral dejaba detrás una
herencia de odio partidista y, por consiguiente, alimentaba los deseos de venganza. Por
encima de todo, la violencia electoral obstruía la consolidación del orden político,
disminuyendo así el poder de un Estado de suyo débil.
Cualquier balance del impacto de la
violencia electoral en la cultura política colombiana quedaría incompleto sin mirar a su
contraparte: aquellos esfuerzos recurrentes, tanto por parte de las autoridades como de
los partidos en disputa, de civilizar el proceso electoral. Como lo hizo El Aviso en 1849,
los periódicos casi siempre se referían a la necesidad de unas elecciones pacíficas.
Ese mismo año los discursos en la Sociedad de Artesanos repetían: "Orden, orden,
orden" 71. Las hojas volantes, como una circular impresa por el comité
electoral en Bogotá en 1856, advertían a sus copartidarios sobre los falsos rumores de
posibles conflictos que sólo se hacían para atemorizarlos 72. Año tras año,
como parte de un ritual electoral, las autoridades centrales enviaban a sus agentes
provinciales instrucciones sobre el manejo de las elecciones en las que se recomendaba
como prioridad "que en dichos actos haya el mayor orden, i de que se observen las
formalidades tutelares de la libertad del sufrajio" 73. De forma similar, los
líderes políticos instruían a sus copartidarios sobre la necesidad de comportarse en
orden: "La calma y la sangre fría son muy útiles en estas ocasiones en que se
ejercita uno de los derechos más sagrados de los ciudadanos", expresaba en 1891 un
folleto del Centro Liberal de Bogotá dirigido a sus capitanes electorales" 74.
Además de su contenido retórico, es
imposible apreciar el valor exacto de todas estas publicaciones. Pero ellas sirven para
mostrar la existencia de un grado de preocupación sobre la necesidad de contener el
conflicto. Resultados prácticos se lograban a veces a través de acciones directas, como
lo muestra la experiencia de Juan Gómez y Galindo durante las elecciones presidenciales
de 1922. Al temer que la presencia de los votantes liberales en el pueblo conservador de
Palomino provocase encuentros violentos, Gómez y Galindo decidió hacer de centinela a la
entrada del municipio, en la madrugada. Cuando se acercaba un grupo de 800 liberales,
Gómez y Galindo se dirigió a ellos sugiriéndoles unas medidas para conservar el orden:
Se reunieron en campo raso y allí
unidos les hice ver las heridas de la patria, sus necesidades, una de ellas la paz. Luego
les expuse el grado de cultura a que ha llegado la nación y que como consecuencia de eso
esperaba yo que ellos colaboraran también en el certamen de civismo que esperaba la
república de este distrito. Así las cosas quedaron convencidos y aceptaron mi medida
civil que fue: completo aislamiento de contacto de grandes masas contendoras en el
poblado, de suerte que votaron por fracciones de 25 ciudadanos [...] No hubo una sola
desgracia que lamentar 75.
Desafortunadamente, hubo en otros lugares
"desgracias que lamentar" en 1922. Es claro que no todos los líderes políticos
se comportaban como Gómez y Galindo. Pero acciones como ésta, así como los esfuerzos
que se hacían con frecuencia por los partidos y el gobierno para imponer orden en el
proceso electoral, no deberían subvalorarse. No todas las elecciones fueron violentas. Y
a pesar de la violencia, el sistema electoral colombiano mostró una extraordinaria
capacidad para sobrevivir, lo que amerita atención. A lo largo de todo este período, los
colombianos desarrollaron unas fuertes tradiciones electorales que no podrían explicarse
satisfactoriamente si sólo se toma en cuenta la violencia.
Por lo demás, la violencia electoral
estuvo lejos de ser un fenómeno exclusivo de Colombia. La integración de un electorado
en expansión en la nación política ha sido siempre causa de inestabilidad, como lo ha
mostrado J. H. Plumb en el caso de Inglaterra. Pero aquí la violencia electoral
disminuyó en la medida en que avanzó el siglo XIX 76. Otros países no
compartieron tal experiencia. "Mátalo, acábalo", gritaba la turba irlandesa
alrededor de una víctima en las elecciones de Belfast en 1832. Hoppen también ha
observado que la violencia electoral en Irlanda no disminuyó con el avance del siglo 77.
En efecto, si se juzga por el tamaño de las turbas -entre mil y cinco mil personas-, los
disturbios electorales en Irlanda representaban mayores amenazas para el orden público
que en Colombia.
En Latinoamérica la violencia electoral
varió de país en país. En Brasil se la ha considerado como parte necesaria de la lucha
política 78. En Chile los conflictos electorales violentos no parecen haber sido
tan frecuentes como en Colombia. Y en la Argentina la venalidad y la corrupción
reemplazaron la violencia a fines de siglo. Pero la competencia electoral fue posiblemente
más intensa en Colombia que en Chile y en Brasil; y el largo y casi ininterrumpido
calendario electoral colombiano desde 1830 no tuvo paralelos en la Argentina. Lo que sí
parece caracterizar la experiencia colombiana es la coexistencia y la supervivencia de las
elecciones con la violencia.
En 1930, cuando casi todos los regímenes
latinoamericanos fueron desplazados por la fuerza, el gobierno conservador en Colombia
aceptó la derrota en las urnas y entregó el poder a la oposición liberal. En su
conjunto la campaña electoral de 1930 fue relativamente pacífica, aunque en algunos
municipios se dieron señales poco prometedoras. Eduardo Caballero Calderón dejó un
vívido cuadro de la violencia electoral en un municipio boyacense. Después que el jurado
electoral contara los votos en Capitanejo, y declarara la mayoría en favor de los
liberales, un grupo de conservadores del pueblo vecino entró disparando a la plaza. Los
disparos se prolongaron por dos horas, "y las urnas y los registros permanecieron
intactos". Sólo que en la plaza quedaron tendidos 47 cadáveres y un gran número de
heridos 79. "Bonitas elecciones", comentó un observador. La historia de
todas estas "bonitas elecciones" es un rompecabezas aún por resolver.
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