| Todo
el mundo está armado
El oficio de la guerra (La seguridad
nacional en Colombia)
Francisco Leal Buitrago
Editorial Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales, Universidad Nacional-Tercer Mundo,
Santafé de Bogotá, 1994, 278 págs.
El reciente libro de Francisco Leal,
sobre la seguridad nacional, surge en un momento
en que el debate sobre el tema está en primer
plano del contexto internacional. En efecto, los
cambios recientes en el panorama mundial han debilitado
los esquemas tradicionales sobre la seguridad
y han hecho necesaria la discusión al respecto,
fundamentalmente por la necesidad de redefinir
el concepto, a la luz de las nuevas realidades
mundiales. Colombia, está a la zaga de esa discusión.
En efecto, en Colombia el problema de la seguridad
se ha dejado tradicionalmente en manos de los
militares, y no resulta fácil adentrarse en un
terreno considerado (por civiles y militares)
del ámbito militar. De ahí la importancia de acercarse
al estudio de un tema —bastante desconocido
en el ámbito civil— y que sin embargo exige,
en la actualidad, nuevas concepciones y redefiniciones,
así como la participación activa de la sociedad
civil en la discusión de estos asuntos.
El trabajo de Leal apunta —a través
de un análisis histórico del caso colombiano—
a esclarecer los aspectos fundamentales en torno
a los cuales ha girado el concepto de seguridad
en el país, tanto desde el punto de vista teórico
(su matriz ideológica, los conceptos, los presupuestos,
las formulaciones) como desde el punto de vista
de su aplicación. Partiendo de una obligada referencia
a América Latina, en razón de la pertenencia de
Colombia al conjunto subregional, y terminando
con otra referencia pertinente al nuevo contexto
mundial, su análisis va a centrarse en el caso
colombiano, fundamentalmente en la segunda mitad
de este siglo, período que se corresponde con
el auge y consolidación de la seguridad nacional.
Para ello entra a analizar la cuestión militar
desde los comienzos del Frente Nacional (1958)
hasta finales del gobierno de Gaviria (1993),
dando cuenta, a través de un minucioso análisis
de los hechos más relevantes relacionados con
el orden público, de la evolución histórica que
ha tenido la seguridad nacional en Colombia.
La seguridad nacional ha dejado de ser
solamente la del Estado, como se conoció y se
concibió durante el período de la guerra fría,
para adentrarse en otros ámbitos de la vida social.
Son esos nuevos ámbitos de la seguridad: problemas
estratégicos no necesariamente militares (seguridad
ciudadana, medio ambiente, narcotráfico, corrupción,
miseria) los que exigen claridad sobre lo que
es la seguridad nacional y su diferenciación con
la defensa. A hacer claridad al respecto está
dedicado el libro.
La seguridad nacional ha sido identificada
con la seguridad del Estado frente al peligro
que representan otros estados. El efecto más grave
de esta concepción es la subordinación de la sociedad
civil al Estado, toda vez que lo que determinaba
la concepción de seguridad (lo que convenía o
no a la sociedad) estaba mediado por los supuestos
o reales peligros de éste. Otro efecto, igualmente
grave, ha sido la militarización de la política
que ha marcado la pauta en las relaciones internacionales
durante los últimos cincuenta años. En América
Latina esta concepción sustentó los regímenes
autoritarios, las dictaduras militares. En Colombia,
ella tuvo una expresión particular. Su aplicación
fue fragmentaria, pero con la influencia de los
mismos factores políticos, ideológicos y militares
de los países del cono sur. Tres características
permiten explicar el caso colombiano: a) la subordinación
castrense a las instituciones de la democracia
liberal; b) el abandono de la política militar
por parte de las autoridades civiles; c) la consecuente
necesidad de suplir ese vacío por parte de los
militares. Estas tres características —ampliamente
expuestas por el profesor Leal— expresan,
bastante bien, lo ocurrido en el país durante
todo el período del Frente Nacional y la época
posterior al pacto bipartidista, hasta el gobierno
de Virgilio Barco (1986-1990).
Durante este período, se debe destacar
la enorme responsabilidad que le compete a la
clase política colombiana en el rumbo que tomó
la acción militar en el país, en la "militarización
de la política" , y que se expresa en lo
que podríamos llamar otra sui géneris "separación
de poderes": en efecto, "la política
de Estado quedó circunscrita a lo económico, los
asuntos partidistas a la potestad de los gobiernos
y sus coaliciones y la cuestión militar a la cúpula
castrense" (pág. 91). La ausencia de una
política militar desde el poder civil, de directrices
civiles en la materia, ha sido, efectivamente,
el factor más importante en la autonomía militar
para el manejo de estos asuntos. Lo que, sumado
a la incapacidad crónica del Estado para monopolizar
el uso de la fuerza y el ejercicio de la justicia,
ha dejado en manos militares (con su acepción
castrense: como sustituto de la defensa) el problema
de la seguridad nacional.
De igual manera, hay que considerar la
enorme incidencia que sobre las instituciones
armadas tiene la violencia política en el país.
Por un lado, la presencia permanente de la guerrilla,
que ha permitido a los militares "sustanciar"
su imagen de enemigo interno, a la luz de las
concepciones de la doctrina de seguridad nacional.
Y por otro lado, la diversificación y expansión
de otras formas de violencia que han surgido a
la sombra de la violencia política.
Con el gobierno de Gaviria (1990-1994)
(cap. 3) hay, efectivamente, cambios significativos
y un "vuelco a la tradición" con el
manejo de estos asuntos, fundamentalmente a partir
de la formulación de una política estatal
de seguridad que posibilitó a las autoridades
civiles asumir la responsabilidad en el manejo
del orden público. En efecto, el presidente
Gaviria retornó el problema a partir del Estado
en su conjunto, sustrayéndolo, por primera vez,
de la responsabilidad política castrense. Así
mismo, cambió la relación de los militares con
las instituciones civiles del Estado y desarrolló
una nueva estrategia de seguridad (pág. 130).
Sin duda alguna, es de destacar el nombramiento
de un ministro de defensa civil, "el remezón
institucional más significativo en términos políticos
para los militares en más de treinta años"
(pág. 138). Así mismo, el diseño de una estrategia
nacional contra la violencia que reconoce la multiplicidad
de violencias —incluida la del Estado—
y la disposición gubernamental para combatirlas.
Pese a los logros alcanzados, varias cosas se
conjugaron para que su período terminara —a
través de una gubernamental "visión guerrerista"—
con la declaratoria de "conmoción interior",
"guerra integral" y "ofensiva permanente"
en el manejo del orden público, perdiendo así
el impulso inicial de manejo político del problema.
"El ejecutivo retrocedió en el difícil arte
de combinar de manera articulada la fuerza y la
política en el manejo de los conflictos"
(pág. 177).
La inclusión de la policía en un estudio
sobre seguridad (cap. 4) está determinada por
el proceso de "militarización" que ella
ha venido sufriendo. En efecto, y pese a no estar
previsto en ningún decreto, el uso de la policía
con fines militares es un hecho. Este "perfil
militar" se expresa en la forma de operar
de algunas ramas especializadas: antinarcóticos,
antisecuestros, fuerza de elite (fuerza de choque),
etc., a la que ha venido a sumarse la creación
de cuerpos especiales (unidades mixtas de policía
y ejército), como el grupo Unase o el llamado
"bloque de búsqueda" para enfrentar
al narcotráfico. Esta militarización, o la pérdida
progresiva de su carácter civil, ha contribuido
a moldear una visión militar en la policía (valores
castrenses, disciplina vertical y obediencia debida)
que riñen con la flexibilidad que debería ser
propia de este cuerpo armado y que hace más rígidas
y autoritarias las relaciones entre el Estado
y la sociedad civil. A ello se suman otras similitudes,
como la estructura jerarquizada o el fuero militar
que confunde las fronteras entre las dos instituciones.
Proceso, por lo demás, irreversible mientras subsista
el clima de violencia.
Es, en efecto, la generalización de la
violencia la que está en la base de este deterioro
y de la aguda crisis que, todavía hoy, afecta
a la institución policial. Ella explica, en buena
parte, su tendencia a la militarización, el desdibujamiento
de sus funciones, la pérdida del objetivo de la
institución: la seguridad ciudadana y el rumbo
que ha ido tomando hacia "una seguridad individualizada
(privada) en desmedro de la seguridad colectiva"
(o pública). También, el alto grado de corrupción
de sus miembros y la enorme responsabilidad del
Estado en la violación de los derechos humanos
por parte de estos cuerpos.
Finalmente, y sobre la base de algunos
estudios sobre la seguridad, el autor plantea
algunos elementos para la redefinición del concepto,
que apuntan a su desmilitarización y a poner el
énfasis en su carácter eminentemente político.
En efecto, no es posible mantener una concepción
militar de la seguridad en un mundo que hoy tiende
hacia la globalización y la cooperación. "Lo
que se busca ahora es una redefinición de las
funciones militares en la sociedad, sobre la base
de modificar concepciones, ideologías y doctrinas".
En América Latina esta necesidad se expresa en
la ausencia de gobiernos militares, los llamados
procesos de redemocratización, la necesidad de
la cooperación entre los países en distintos frentes
y el desaparecimiento, casi total, de los retos
subversivos en el continente. Sin duda, son muchos
los obstáculos que han de superarse en este camino.
En Colombia, el desconocimiento que existe sobre
estos asuntos, la permanencia del anticomunismo
en los referentes socializadores de los militares
y, finalmente, la persistencia de un fenómeno
como la violencia ("conflictos políticos
armados") que contribuye a mantener la imagen
de "enemigo interno", el factor que,
sin duda, "ha producido más tragedias en
razón del objetivo militar de ‘destrucción
del enemigo’" (pág. 58) y que dificulta,
aún más, una redefinición de estos problemas.
Otros aspectos merecen destacarse en el
estudio de Leal Buitrago: la amplísima documentación
que sustenta sus análisis; el recurso a las entrevistas
directas con los militares; la información contenida
en los anexos sobre gastos en defensa y seguridad,
y la sistematización que presenta de los asuntos
militares consagrados en la nueva Constitución.
Sin duda, el país perdió una inmensa posibilidad,
que hubiera permitido ampliar la discusión y conducir
al replanteamiento de las concepciones tradicionales
de seguridad, en la coyuntura favorable vivida
en los comienzos del gobierno de Gaviria. Y el
actual gobierno parece volver a las concepciones
y manejos tradicionales del orden público. Aun
así, el debate sobre la seguridad no puede aplazarse
ni suprimirse de la agenda política actual sin
agravar, aún más, la situación del país tanto
en lo interno como en el plano internacional.
De ahí la pertinencia de este estudio.
Para terminar, bien vale la pena preguntarse
si no ha llegado la hora de cuestionar el llamado
antimilitarismo colombiano (pág. 148). Pese a
la ausencia de regímenes militares, la pregunta
surge de dos preocupaciones, claramente evidenciadas
por este estudio:
La primera es que, si restringimos el concepto
de "militarismo" al peso de la institución
militar —como fuerza regular del Estado—,
en el Estado y la sociedad, no parece ser muy
antimilitar el apoyo, legal e ilegal, de sectores
sociales civiles (incluida la clase política)
al papel y a la acción militares. En otras palabras,
la incidencia de sus propias visiones militaristas,
en el peso que los militares han ido ganando en
la sociedad.
La segunda es si la proliferación de grupos
armados y la lógica de guerra imperantes en el
país en los últimos años, el recurso recurrente,
y cada vez más extendido en la sociedad colombiana,
de lo que podríamos llamar una "lógica militar"
(de amigo-enemigo) por parte de diferentes actores
sociales, donde "todo el mundo está armado"
(militares, guerrillas, paramilitares, sicarios,
milicias, grupos de justicia privada, etc.), no
obligaría a poner en cuestión eso que se ha llamado
el antimilitarismo colombiano.
ELSA BLAIR |