La facultad de modificar la división civil del territorio, es en todas partes y han sido siempre atribución que ejerce la representación nacional por medio de una ley expedida y sancionada en la forma ordinaria. En el estado normal de la sociedad yo votaría una proposición que dijese sencillamente eso ^{| (1)} .

Pero en esta vez no votaré atendiendo a lo que en tesis general dicta la sane razón, sino a lo que, a mi juicio, aconsejan el estado de transición y las circunstancias en que nos hallamos. Por manera que mi voto es ahora, en este punto, una concesión, una con temporización. Pero quisiera yo que se entienda bien que ni yo estoy dispuesto a estas concesiones, ni nadie en esta Asamblea puede tampoco hacerlas, así como quiera sino dentro de la esfera de los principios fundamentales de la consecuencia y del deber. Y este mismo acomodamiento en lo que no es esencial a la reforma política, será prenda segura, cuando lleguemos más adelante a cuestiones en que no es dado ceder un ápice, de que no es el espíritu de intransigencia, sino la voz del más riguroso e ineludible deber, lo que en esos puntos habrá de determinar una inquebrantable insistencia.

Nuestro deber, en globo, se finca en mantenernos fieles al espíritu de esta transformación social ¿A qué se reduce esta gran transformación? Es, señor presidente, el paso esforzado y glorioso de la anarquía a la legalidad; tránsito que dentro de una nación corresponde a lo que en el concierto de las naciones significa la sustitución del principio del arbitraje al derecho de conquista con todos sus horrores. Es, señor presidente, la condenación solemne que vamos a tracer, con los labios y con el corazón, de la vida revolucionaria, de todo principio generador de desorden.

Acaso no ha habido una nación más sistemáticamente anarquizada que Colombia bajo el régimen de la Constitución de Rionegro. Aquel código impío y absurdo, después de negar la suprema autoridad divina, pulverizó la soberanía nacional, creando tres soberanos absolutos, la nación, la provincia, el individuo. De aquí nacieron las disensiones civiles, y aquel estado social, más deplorable que la tiranía y la revolución material, en que los signos de la legitimidad se borran, y se pierde el respeto a la autoridad por los mismos que en principio la proclaman y en hecho no aciertan a descubrirla.

En nuestras guerras civiles no se ha sabido muchas veces dónde está la revolución y dónde la autoridad, porque ha habido violación recíproca de derechos reconocidos por la Constitución, y de ahí ha surgido el conflicto entre potencies soberanas; nuestras guerras han sido, en lo malo, a un mismo tiempo domésticas e internacionales

De aquí que los depositarios de la autoridad se hayan declarado muchas veces enemigos de la sociedad; que los que en principio condenan las revoluciones, se hayan lanzado en ellas; y que, con la confusión de las nociones de lo justo y de lo injusto, haya sobrevenido el caos.

La proclamación de la soberanía nacional es la primera muestra de la resurrección de este cuerpo político que se llama patria. Ya no hay república diseminada; ya no hay soberanos coexistentes; la nación es una, y una es la autoridad.

Tal es el principio a que estamos obligados a obedecer todos los amigos y operarios de esta reconstrucción política; y por lo que trace a los miembros de este consejo, no será inoportuno que fijemos de una vez, ya que la ocasión de tratar este punto se ofrece, al principio del debate de la nueva Constitución, nuestro criterio y juntamente nuestro deber, porque de esta manera habremos también circunscrito y escombrado el campo de la discusión, alejando de él los pensamientos retrospectivos, las alegaciones exóticas.

En primer lugar convinimos en someter las bases de la reforma a un plebiscito municipal. El voto de la nación, solicitado en esta forma. se ha Pronunciado uniforme y solemne. Nuestro primer deber es inclinarnos ante el mandato imperativo que la nación nos ha conferido. Estamos obligados a edificar sobre las bases establecidas ^{| (2)} ; a respetar su espíritu, su verdadera v genuina significación.

Yo distingo, señor Presidente, entre los puntos que aquí debemos tratar, aquellos que se enlazan íntimamente con las bases, como concomitantes o corolarios suyos legítimos, y los que nada tienen que ver con aquellos principios; doctrinales los primeros, opinables los segundos.

Y por lo que mire a las material doctrinales o íntimamente conexionadas con las bases, solo debemos averiguar lo que a ellas es contrario, para desecharlo sin más examen, y lo que con ellas lógica y necesariamente se conforma, para sancionarlo luego, sin temor ni vacilación.

En materia doctrinal no podemos admitir, debemos guardarnos cuidadosamente de admitir nada que ofrezca contradicciones con lo acordado, porque cualquiera inconsecuencia nuestra, en lo que es sustancial, implicaría una infidelidad al voto de confianza que hemos recibido, y nosotros, que venimos aquí a condenar, a matar si fuese posible, la hidra de la revolución, faltaríamos al deber de la obediencia, quebrantaríamos la discipline, revolviéndonos contra la primera fuente de autoridad que hemos reconocido, y seríamos así al abrir la era de la legalidad, los primeros revolucionarios.

Ni solo hemos de respetar las bases por deber de fidelidad, sino también por razón de conveniencia; que la virtud es en bien, y el error engendra males de todo linaje.

Peor aún que un mal sistema es la falta de todo sistema; nada es tan funesto en las instituciones de un pueblo, como la contradicción. Porque así como el trastorno del juicio, el error de entendimiento tuerce la voluntad, y ocasiona una conducta viciosa y funesta, en las leyes fundamentales de una nación, se traduce luego en hechos, y la discordia de los principios sembrada en las leyes no tarda en germinar, y aparecer al fin en forma de discordia civil efectiva. ¿Cuál fue, si no, el defecto característico de la Constitución de 1863, sino el reconocer soberanías que recíprocamente se excluyen, el ser anticientífica, el ser absurda? Por manera que la contradicción fundamental, el principio de Hegel en la política, la afirmación de que una cosa puede ser y no ser a un mismo tiempo, es lo primero de que debemos huir, como del mayor, del más pernicioso de todos los errores. Y ante esta consideración nada deben pesar en nuestro ánimo consideraciones de ningún género. Si se demuestra que una disposición es esencialmente contraria a las bases ya sancionadas, en vano será buscar argumentos especiosos que la justifiquen. Yo he oído decir aquí: aceptemos esto, desechemos aquello, para evitar tal peligro, para conjurar tal protesta. Buen argumento, y yo soy el primero en aceptarlo tratándose de material opinables. Pero guardémonos de darle oídos cuando se bate de materia doctrinal, porque en ese cave, señor Presidente, valdría tanto como esta otra fórmula más clara y exacta: "Para no provocar una revolución, sembremos de una vez en las instituciones la semilla de la revolución".

Tal sería el cave si tratáramos de dar a las Asambleas departamentales el carácter de legislativas, renovando así la dualidad de soberanías, o si, en el cave presente, quisiéramos dejar a esas corporaciones la iniciativa para variar la división general del territorio. Pero como ya se haga esta variación por medio de una ley sujeta a ciertas precauciones, ya por medio de una reforma constitucional, todos estamos aquí de acuerdo en que al congreso, y solo al congreso, como representante de la soberanía nacional, corresponde decretar tal variación, bien podemos votar en esta cuestión con el señor General Reyes ^{| (3)} , sin detrimento de los principios. Bien es verdad que el medio que él propone no es, considerado en sí mismo, el más natural y conveniente; pero como la forma adoptada en la disposición que se discute ha dado materia a interpretaciones que, aunque infundadísimas, puede a su vez engendrar males, creo que estamos en el cave de hacer en este punto una prudente concesión a las circunstancias, y yo, por mi parte la haré negando mi voto al artículo.

Para terminar, señor Presidente. No baste nuestra fidelidad a lo pasado; también ha de mirar a lo futuro. Hemos convenido en reconocer a este cuerpo como legítimo poder constituyente, y estamos obligados en conciencia a sostener y defender en todo terreno sus resoluciones definitivas, aunque no hayan tenido nuestro voto. Es para nosotros y debe ser para todos los miembros del partido nacional en la república, dogma indiscutible que contra esta Constitución no habrá más recursos lícitos que los que ella deja para su reforma. Así no solo habremos consignado en ella el principio de la autoridad y del orden, sino que sabremos todos confirmarlo con el ejemplo de un horror invencible a la anarquía, de una sumisión incondicional a la legalidad

No haría yo uso de la palabra, señor Presidente, si se tratare de arrancar aplausos o de axaltar las pasiones de numeroso auditorio, porque no recibí de la naturaleza el poder de la elocuencia. Tampoco hablaría (si no fuese ya para dejar consignada una protesta) en medio de aquellas corporaciones, donde alguna vez me he encontrado, cuyos miembros se presentan regimentados y juramentados para votar por sí o no, sistema de violencia por medio del cual las asambleas, abusando de la facultad de tracer leyes, ejercieron muchas veces un despotismo colectivo e irresponsable, más odioso que el de los Césares. Hablo delante de una reunión respetabilísima, que ya me ha dispensado muestras de su generosa benevolencia, y cuyos miembros vienen todos dispuestos siempre a votar las soluciones que a la luz de pacífico debate, aparezcan como las más justas y patrióticas. De rectitud de intención yo también he dado aquí pruebas, votando negativamente sobre alguna proposición que sostuve al principio y cuya inconveniencia reconocí luego en fuerza de razones que otros presentaron.

En la cuestión que se debate estoy enteramente conforme con el honorable señor Calderón en las premisas de su discurso; ¿y cómo no había de estar de acuerdo con él si yo he sido el primero en sostener aquí la obligación que nos corre de mantenernos fieles al espíritu, a la genuino y verdadera significación de las Bases aprobadas por los pueblos? Pero concediendo, no digo concediendo, afirmando el antecedente, niego la consecuencia. El honorable señor Calderón y yo partimos de un mismo principio, que son las Bases de la Reforma, pero en el punto en cuestión, en lo que hace a la Base 6° mi honorable e ilustrado compañero la entiende erróneamente, a mi juicio, por ajustarse demasiado a la letra, que mate, mientras yo indago el espíritu, que es vida; y para dirimir esta competencia de interpretación, es forzoso acudir a la historia de esta Base, y poner de manifiesto lo que el Consejo quiso que contuviese, y lo que los pueblos que la aprobaron han entendido que en ella se contiene.

El preámbulo de esta Base, según estaba al principio redactada, reconocía que "la religión católica es la de la casi totalidad de los colombianos para los efectos siguientes...", esto es, para los efectos que literalmente hemos reproducido en otro lugar de este proyecto de Constitución. Pero en el curve del debate se advirtió que estos efectos no eran los únicos que podían emanar de tal reconocimiento, y el honorable señor Samper, con mucho acierto, introdujo un adverbio oportunismo: "Reconócese que la religión católica es la de la casi totalidad de los colombianos, principalmente para los siguientes efectos". Y esta modificación, si la memoria no me engaña, fue aprobada por voto unánime. Registrando ahora mismo las actas razonadas de aquellos debates hallo que en la sesión del 23 de enero el señor General Reyes pidió la reconsideración de la Base religiosa por parecerle deficiente, y retiró su proposición cuando observó que en una sesión anterior se había adoptado la modificación a que aludo, reconociendo que daba margen a las ampliaciones convenientes. Si nosotros creemos hoy conveniente ampliar la Base en virtud de la autorización que del adverbio principalmente se derive, nadie puede llamarse a engaño: aquellas deliberaciones se publicaron en el periódico oficial, y de ellas, en esta parte, tomaron note los que tuvieron oídos y oyeron. No ha habido, pues, aquí misterio ni disimulación de ninguna especie.

Veamos ahora cómo entendieron la Base 6° los que la aprobaron y hablaron de ella. Si respecto de otras partes de la República faltan datos, respecto del Cauca los hay abundantes, y valen mucho, porque si bien es cierto que en toda la república se luchó por ideas, e ideas son las que han triunfado, la opinión regeneradora se ostentó en el Cauca más viva, franca y explícita que en ninguna otra región de Colombia. El General Payán tuvo la gloria de iniciar la santa cruzada de la enseñanza religiosa, aun antes de que el señor Núñez publicase el hermoso programa general donde ese principio ha tenido la debida colocación.

Respecto de las Bases, y luego que se publicaron, la opinión caucana se dividió. A la cabeza de los disidentes, que fueron por dicha pocos, apareció en Popayán, como todos saben, el señor doctor Manuel D. Camacho, apartándose así por manera muy deplorable, del movimiento a que él mismo había noblemente cooperado.

El doctor Camacho impugnó las Bases en el terreno político y en el religioso ^{| (4)} . Como federalista atacó la unidad legislativa en ellas proclamada de que la religión católica es la de la casi totalidad de los colombianos, y afirmó que quedaba mejor como apunte en la cartera de un viajero o como dato en una geografía, que como artículo en una Constitución. En esta parte el señor Camacho pudo tener razón y no la tuvo. La hubiera tenido, y la tendría hoy, si tal proposición-la religión católica es la de la casi totalidad de los colombianos-hubiese de aprobarse en la forma de artículo constitucional que propone el honorable señor Calderón. Pero el señor Camacho no advirtió entonces, y el honorable señor Calderón no advierte en este momento, que en aquel preámbulo solo se dice que se reconoce un hecho (que también reconocen para otros fines los viajeros y los geógrafos), para ciertos efectos regales que son los que deben formar parte de la Constitución. Creíble es que la oposición del señor Camacho fuese principalmente política, y no religiosa; o que no prestó la atención debida a la redacción de la Base 69, puesto que también interpretó torcidamente el artículo que restringe la libertad de imprenta, entendiendo que la de palabra, de la cual nada se dice, había quedado igualmente restringida, y, lo que es más aberrante, que podía estarlo para los predicadores del Evangelio.

Y como quiera que el señor Camacho excitaba a los votantes a que desaprobasen las Bases, planteada por él la cuestión, los que aconsejaban el voto afirmativo hubieron de dar concepto sobre uno y otro punto.

No tengo noticia de que ninguno por escrito apoyase sus opiniones federalistas, hecho negativo de mucha significación en ese particular. Le siguieron algunos en lo religioso, entendiendo mal las cosas, y aun dieron voto negativo a las Bases, como sucedió con dos de los veinte y más regidores de Popayán. Entre tanto, los que siendo favorables a las Bases impugnaron la oposición del señor Camacho, le negaron la razón en la parte política, y negándosela en tesis en la parte religiosa, concediéronsela hipotéticamente en el sentido en que yo se la he concedido. Entre otros documentos que pudiera presentar, tengo aquí, señor Presidente, una publicación que, aunque breve, es una de las más precisas y luminosas que se han hecho en los últimos meses, y de las que mejor den la medida del espíritu de la reformas Las firmas que lleva añaden la mayor gravedad e importancia a este documento. Es una hoja volante rotulada "La Reforma", impresa en Cali población en donde está la mayor fuerza y nervio de la región caucana, y suscrita por los vecinos de aquella ciudad, entre los cuales figuran personas tales, como mi antiguo y respetable amigo don Elías Reyes, hermano de nuestro honorable y distinguido compañero el señor General Reyes, y el señor don Gonzalo Córdoba, hermano del actual Gobernador de Cundinamarca. Perdóneseme que entre en estos pormenores, y de estas conexiones haga mérito; creo que no de otra suerte debe pulsarse la opinión pública, en todas sus legítimas manifestaciones, en materia tan grave como la que aquí tratamos. Por esta razón espero que el Consejo me concede permiso para tracer leer la publicación de los vecinos de Cali.

El Consejo se habrá penetrado de la gravedad y alcance que tiene bajo todos aspectos el documento que acaba de leerse. Contiene dos partes. La primera es una impugnación vigorosa del régimen federal, en la cual se rechaza ese sistema, no a modo de sacrificio generoso de la soberanía, sino como reputación cordial de un modo de gobierno, a un tiempo inconvenientísimo y absolutamente funesto para los enlazados e inseparables intereses de la República y de los miembros de ella. Y de paso observaré que los autores de esta publicación, anticipándose a los redactores del proyecto de Constitución, proponen ya la nomenclatura de Departamentos en vez de Estados, la misma que aquí tuve yo el honor de defender en otra discusión. Cuanto a la cuestión religiosa, los discretos autores de la manifestación reparan que la Base reconoce un hecho que sirve como de argumento para ciertos efectos, principalmente; que uno de los efectos que no se enumeran puede ser el reconocimiento explícito de la religión católica. Y aunque ellos esperan fundadamente en Los Fundamentos Constitucionales y Políticos del Estado que así se consignará en la Ley fundamental ^{| (5)} . Si este documento, señor Presidente, es, como yo lo creo, expresión auténtica de la opinión caucana, complázcome en creer que yo he sido aquí, y soy en este momento, fiel eco de esa opinión, en cuanto aspiro a interpretar la opinión nacional, confundiéndose ambas, como veo que se confunden, en un solo sentimiento, en una sola esperanza, bajo el lema de Regeneración. ¿Qué más, señor Presidente? No solamente se han hecho tales públicas declaraciones: también han venido al Consejo (y pasarán a la comisión de reforma constitucional) por vía de petición, en numerosos memoriales, procedentes de diversos pueblos. Por mi conducto vinieron dos representaciones, una de Buga y otra de Pasto, y en esta última, publicada en el "Diario Oficial" ^{| (6)} El pasaje de la publicación caleña de que el honorable señor Caro pidió que se tomase especial note, es el siguiente:

"Aun cuando un párrafo semejante a la Base 6° pueda escribirse, como lo indica el señor doctor Camacho, en un tratado de geografía; aun cuando puede anotar la misma cosa en sus apuntamiento de cartera el extranjero que viaje por Colombia, sea turco, birmán o malayo, no por esto debe decirse que sea impertinente en el acuerdo sobre reforma constitucional. Para muchos fines puede hacerse el reconocimiento en cuestión, puesto que no se expresan en el Acuerdo sino aquellos para los cuales trace principalmente. Por otra parte, al declarar un Gobierno democrático representativo, que la única religión de sus gobernados es la católica, reconoce de hecho la obligación en que se encuentra de acatar y proteger esa religión, y no dudamos que así se prescribirá en la Carta Fundamental" ^{| (*)} .

Antonio Caro (a que me remito en comprobación de mi aserto), se pide que el reconocimiento solemne de la religión católica, como religión de la República, se consigne en la Constitución como consecuencia y legítimo desarrollo de las Bases aprobadas.

De todo lo expuesto dedúcese claramente que el preámbulo de la Base 6a ha sido materia de interpretación por parte de muchos pueblos, y por lo mismo, nosotros debemos confirmar, o rectificar la interpretación que se ha hecho; y adviértase asimismo que todos los que de la Base 6a han hablado, la entendieron de un mismo modo, siendo esta uniformidad, junto con el silencio de otros, que significa asentimiento o inercia, presunción fundada de que la interpretación constitucional habrá de coincidir con la interpretación popular.

¿Y tiene este Consejo derecho a interpretar las Bases? Sí, porque él las expidió, y solo el que trace la ley puede por vía de autoridad interpretarla, según el principio de todos conocido-ejus est interpretare leges cujus condere-. Mas digo, tiene este Consejo el deber de interpretar las Bases de reforma aprobada por los pueblos de la República, porque está en la obligación de desenvolverlas y complementarlas, y todo desenvolvimiento y complementación razonable indica forzosamente la operación de interpretar. Dígase-y yo el primero lo he afirmado-que tenemos la obligación moral de ejercer con ánimo imparcial e intención recta y sane, la facultad interpretativa, pero no se niegue este derecho al Consejo, si ya no es que pretende condenarlo a la impotencia y al silencio.

Los Fundamentos Constitucionales V Políticos del Estado Ahora bien, la fidelidad de la interpretación legislativa no consiste en la reproducción literal al contrario, si la letra es la que ofrece en algún puntos caridad o ambigüedad, el intérprete tiene que variar forzosamente la letra en ese punto, sin lo cual la ambigüedad u oscuridad subsisten, y no hay interpretación. Hay caves en que, como se ha dicho discretamente de la interpretación literaria-una extremefidelidad es una infidelidad extreme-. Nuestra tarea según la doctrine del honorable señor Calderón, debiera reducirse, como lo observe el honorable señor Ospina, a reproducir las Bases: sería la tarea mecánica del copiante o el impresor. En las Bases hay artículos que la comisión ha reproducido literalmente en el proyecto, porque venían redactadas en forma legal; y esto sucede con algunas, pero no con todas las cláusulas que componen la Base 69, la cual no podría trasladarse aquí de un golpe y sin alteración alguna, como pretende el honorable señor Calderón, sino faltando a la consecuencia debida y al espíritu mismo que precedió a su redacción.

El mismo señor Calderón ha omitido en su proposición el adverbio principalmente, que tanta importancia ha tenido en este negocio, y no dudo que para ello le asisten razones; baste decir que tal adverbio, propio en las Bases, sería impropio en la Constitución Pero yo llamo la atención del Consejo a esta circunstancia, y la alego, como una prueba de que el honorable señor Calderón no practica, sino a medias, el principio que profesa de la reproducción literal. Me place que haya omitido ese adverbio; pero no es justo que se haya limitado a esa alteración única, mediante la cual se diría en 1a Constitución menos de lo que en las Bases se dijo.

La Base no puede incrustarse íntegra en este lugar porque contiene disposiciones que han ido a diversas partes del proyecto, con arreglo al plan adoptado por la comisión. En este Título se trata de derechos civiles y garantías sociales: en él se han dejado oportunamente colocadas las disposiciones congruentes con la materia, y otras se han ido, como debían ir, al titulo de relaciones entre la Iglesia y el Estado; pues la comisión ha hecho distinción entre la religión que profesan los colombianos y que, como sacratísima propiedad de todos, constituye un derecho y demanda especial garantía, y la Iglesia, como sociedad perfecta, con la cual ha de entenderse el Gobierno para arreglar las cuestiones pendientes y definir y establecer recíprocas relaciones ordenadas al bien común.

Yo distingo entre las cláusulas contenidas en las Bases, unas que pueden o deben transcribirse literalmente, por venir ya redactadas en forma legal; otras que son como reglas u órdenes dictadas al constituyente; y otras, en fin, que son motivos o considerandos que sirven de base a la doctrine. Ni las reglas que nos hemos dictado ni los motivos o fundamentos de doctrina, son susceptibles de reproducción literal en el cuerno de la Constitución.

Así, por ejemplo, cuando se dice en las Bases que se reconoce el hecho de ser la religión católica la generalmente profesada para el efecto-entre otros- Los Fundamentos Constitucionales y Políticos del Estado de estatuir que la Iglesia tendrá tal prerrogativa, es claro que aquí se impone al constituyente la obligación de tracer eso-estatuir-; y nosotros aquí y ahora en vez de repetir el precepto como si otros y no el Consejo hubieran de cumplirlo, debemos cumplirlo ya por medio de una disposición expresa y terminante. La reproducción literal de la Base 69 implica la repetición de lo perpetuado, y no su cumplimiento, y por lo tanto falsea evidentemente el espíritu de la Base misma.

¿Qué carácter, qué significación tiene el preámbulo de la Base 6° ? ¿ Está redactado como artículo constitucional? No. ¿Qué es, pues? Un motivo, un considerando. Si las disposiciones constitucionales se fundamentasen, lo incorporaríamos en esta forma: "El consejo Nacional, considerando que casi todos los colombianos profesan la religión católica, decretan: Reconócese la expresada religión católica como religión de la República", etc. No puede redactarse el artículo constitucional en esta forma, porque los títulos y artículos de la ley fundamental no se motivan. Y si se motivase, como cualquiera otra ley, deberíamos reproducir el motivo de la Base 6Q consignado, pero no estaríamos obligados a colocarlo solo, puesto que no es este el único en que se fundan las disposiciones que de las Bases deben trasladarse a la Constitución, y cuando se trata de dar razones buenas adúcense las principales o las más poderosa, sin que esto altere en manera alguna la esencia de la ley. El catolicismo es la religión de Colombia, no solo porque los colombianos la profesan sino por ser una religión benemérita de la patria y elemento de la nacionalidad, y también porque no puede ser sustituída por otra. La religión católica fue la que trajo la civilización a nuestro suelo, educó a la raza criolla y acompañó a nuestro pueblo como maestra y amiga en todos los tiempos, en próspera y adverse fortuna. Por otra parte, la religión católica es hoy la única que tiene fuerza expansiva en el mundo, signo visible de la verdad que encierra, demostrado por la experiencia y principalmente por la estadística religiosa de los Estados Unidos. Si Colombia dejase de ser católica, no sería para adoptar otra religión, sino para caer en la incredulidad, para volver a la vida salvaje. La religión católica fue la religión de nuestros padres, es la nuestra, y será la única posible religión de nuestros hijos. O ella o ninguna; y puesto que es dilema inevitable, ningún hombre que experimente la necesidad del sentimiento religioso, vacilará en aceptar el primer término.

Debemos confirmar las Bases; contrariarlas, en ningún cave. El artículo primitivo del proyecto sería contrario a las Bases si produjese efectos opuestos a los que en ellas se previeron. Abro las Constituciones de diversos país es y encuentro en casi todas el reconocimiento de una religión, pero los efectos con que se trace varían mucho. En unas partes se la considera como ley fundamental del Estado, en otras se sostiene el culto y clero, y el poder civil se reserve la prerrogativa de la alta inspección y vigilancia; y hay mayor o menor tolerancia respecto de los disidentes. Los principales efectos que la Base religiosa va a producir en Colombia están detallados y se han trasladado fielmente; se reconoce la independencia y libertad de la Iglesia; se acepta su doctrine como base de la enseñanza pública, se autoriza al Gobierno para tratar y afianzar con ella la debida amistad y concordia; y respecto de otras creencias, se sanciona claramente el principio de la tolerancia. Los que profesan otras creencias podrán practicarlas libremente dentro del respeto debido a las leyes y a la moral cristiana. Este sistema merece la aprobación de todo no católico sensato, y solo podrá parecer malo a los enemigos rabiosos de la paz religiosa, del bienestar social y de la tranquilidad doméstica. Eso fue lo que dijeron las Bases, y eso se ha producido en el proyecto de Constitución.

Pero si el reconocimiento de la religión católica, en cualquier forma, impone virtualmente unas mismas obligaciones al Gobierno colombiano, ¿por qué-pregunta el honorable señor Calderón-por qué se insiste en la fórmula del proyecto y no se acepta la frase copiada de las Bases? Señor Presidente, el Consejo nacional constituyente no tiene que ver nada con minorías, con mayorías ni con casi totalidades-término, por demás, impropísimo, como lo ha hecho notar el honorable señor Cuervo-; el Consejo nacional no puede tracer méritos de opiniones particulares, ni menos de opiniones excepcionales, por respetables que sean; él solo debe examinar los caracteres históricos, los atributos propios de una colectividad que se llama nación; en nombre de la nación, y no de la casi totalidad de los habitantes, dictan sus sentencias los tribunales; en nombre de la nación de este cuerpo político indivisible, expide leyes el cuerpo que representa su soberanía Miguel Antonio Caro.

Los efectos del artículo del proyecto son principalmente morales; los regales están especificados en otras disposiciones más precisas. Una declaración tímida y tortuosa desdeciría de la gravedad del asunto y de la seriedad de esta corporación. La confesión pública de Jesucristo debe llevar cierto sello de majestad. En esta materia las Constituciones hablan en la forma del artículo del proyecto, o guardan silencio. Yo no veo término medio que consulte la dignidad y el decoro nacional.

Si procuramos ajustarnos a las Bases, es porque ellas fueron aprobadas por los pueblos, es porque así queremos acomodarnos a la opinión general. Y en esta materia, más que en ninguna otra, la opinión popular, es de pública notoriedad. No debemos temer la desaprobación de nadie que profese alguna fe religiosa, cual quiera que sea, porque la tolerancia queda establecida con franqueza y claridad. Sería, por lo demás absurdo que esa casi totalidad de colombianos, que según las Bases y la modificación del honorable señor Calderón, es de católicos, haya de quejarse de que la tratamos aquí con mayor consideración y respeto. Votemos el artículo del proyecto sin alteración alguna, seguros de merecer el aplauso de la Nación.

El término [religión] oficial adolece de vaguedad, es ambiguo, y en este lugar inconveniente . ¿ Qué se quiere decir cuando se dice que la Religión Católica no será oficial? O significa: esta frase que la Religión Católica no tendrá las debidas preeminencias, que no será norma fundamental del Estado en lo tocante a la enseñanza religiosa y demás efectos regales que las Bases determinan , y en ese cave habría contradicción en los términos: o bien se da a emendar, aunque no se expresa, ni hay por qué entenderlo así, que la Iglesia Católica no quedará sometida y esclavizada al Poder civil, y esto no hay para qué insinuarlo aquí, cuando en el título LV se garantiza claramente la justa independencia espiritual de la Sociedad universal fundada por Jesucristo. Siendo por ese lado ocioso el aditamento que se propone, es por lo demás inconveniente, porque es una especie de remiendo que desvirtúa la solemnidad de la declaración.

Los efectos de la adopción y reconocimiento público de una religión no tienen más extensión ni otro límite que los que fije el soberano. Si en Chile se adopto una fórmula de juramento, aquí hemos propuesto otra, y no tenemos por qué cambiarla: cada pueblo se da las leyes que le convienen. La profesión particular del catolicismo sería condición de elegibilidad si así lo dispusiésemos aquí, como se dispuso en otra época en el Ecuador; pero esa disposición no rige hoy en ninguna parte, ni va a regir aquí. La identidad de las creencias del funcionario y las de la nación puede establecerse de dos modos: o el funcionario para serlo ha de creer lo que la nación cree, o la nación ha de someterse a los caprichos del gobernante. Aquí ha querido practicarse la identificación en esta segunda odiosa e injustísima forma: por cuanto ciertos hombres públicos eran ateos, había de negarse la instrucción religiosa al pueblo. Este sistema también se ha practicado recientemente en Francia y ha merecido reprobación universal. Nosotros no proponemos la identificación en ninguna forma: queremos que se concilie el derecho individual del funcionario con el derecho social. El gobernante puede opinar como guste, como particular, pero está obligado, como gobernante, a respetar y tracer que sea respetado el sentimiento público. En Bélgica se ha visto a un rey protestante presidir un gobierno católico, cuando de la opinión pública ha surgido ese gobierno. El sistema de la identificación de creencias es una violencia; el respeto que el gobernante debe a la religión de los pueblos cuyos intereses rige, es meramente un acto de justicia. En Colombia podrá haber gobernantes heterodoxos; esto lo permite la Constitución; pero constitucionalmente no podrá haber, como supone el honorable señor Calderón, gobiernos heterodoxos; un gobierno heterodoxo, un gobierno perseguidor, como los de triste recordación que han pasado, sería, de hoy más, un gobierno que falta a sus deberes y viola sus juramentos.

Votaré con mucho gusto el pensamiento contenido en el artículo que acaba de proponer el honorable señor Casas Rojas. Las tachas que encuentra a esta disposición el honorable señor Samper, se reduce, si mal no lo he oído, a las inconveniencias e inoportunidad, por parecer extraña a la materia de que se trata en el título III, y porque tiene efecto retroactivo (ó).

El artículo es pertinente a la materia del título, puesto que protege un derecho civil y envuelve una garantía social. La propiedad ha sido garantizada en términos generales en los artículos 31 y 32; pero esto no obsta para que se garantice luego en términos especiales; porque la propiedad está sujeta a la regulación y limitaciones del derecho civil, y si hay cave en que la propiedad, en nuestra sierra, no ha sido reconocida, como sucede con la intelectual o literaria, o que las emanaciones de aquel derecho han sido frecuentemente violadas, como sucede con las donaciones y legados benéficos, no hay inconveniente ninguno en que la Constitución, por medio de fórmulas concretes, como son las adoptadas en este título, y como lo es la que presenta el honorable señor Casas Rojas, impida la continuación del olvido, o la repetición del abuso. Revisando ahora casualmente las leyes de 1853, he tropezado con una que anula ciertas disposiciones testamentarias, ley expedida a raíz de la Constitución de aquel año, que garantiz6 la propiedad en términos generales y no en especial el derecho de traslación de dominio.

La observación de que una disposición legal tiene o puede tener efecto retroactivo, no es razón para condenarla a priori; puesto que hay material en que la ley puede y debe, y otras en que no debe, volver sobre lo pasado. Savigny dedica, en su valiosa obra de Derecho Romano, cosa de doscientas o trescientas páginas a tratar esta cuestión, y presenta allí una fórmula que comprende y delimita a su juicio la especie de derechos adquiridos que siempre han de ser respetados por la ley. Pero otros jurisconsultos renuncian a la esperanza de deslindar en firme esta materia, Y todos convienen en que la regla que prohibe la retroactividad de las leyes tiene numerosas excepciones. Bástame observar que nadie niega al constituyente el derecho de volver sobre lo pasado en algunos puntos. Acabamos de aprobar un título sobre nacionales y extranjeros, y todos los publicistas reconocen que las reglas constitucionales sobre ciudadanía, así como las disposiciones civiles sobre mayor edad, modifican el derecho y producen efecto retroactivo.

Pero debe observarse, sobre todo, que el artículo propuesto no puede tener efecto retroactivo para lastimar derechos legítimamente adquiridos, con carácter de individuales e independientes, que siempre deben ser respetados, sino para reivindicar o confirmar los que fueron legalmente constituidos . El decreto de l General Mosquera sobre desamortización exceptuó expresamente las fundaciones hechas en favor de establecimientos de beneficencia e instrucción pública, y a estos únicamente se refiere el artículo del honorable señor Casas Rojas; por manera que consulta, digámoslo así, el antiguo derecho y el nuevo; fuera de que, como ha observado su autor, puede obrar benéficos efectos morales sirviendo como de estímulo constitucional para que algunos particulares destinen fondos a objetos de educación y caridad.

No pensaba yo, señor Presidente, en volver a hablar sobre este asunto; pero el honorable señor Samper pregunta por qué he hecho con la cabeza muda seña negativa respecto a algunas de sus afirmaciones, y me veo en la necesidad de explicárselo.

Yo empiezo por reconocer que las costumbres valen más que las leyes. Pero añado que la ley debe cooperar a la reforma de las costumbres, de una mala costumbre política, cuando esa reforma se ha intentado con buena y firme intención.

¿No es cierto—dice el señor Samper—que todas las Constituciones han consignado el principio de la propiedad? ¿Y no es igualmente cierto—añade—que después han venido leyes inconstitucionales que lo han violado ? Luego. . . no hay para qué garantizar ese derecho en términos expresados y precisos.

Si este es el argumento, declaro, con la cortesía debida al honorable señor Samper, que no comprendo bien la consecuencia. Pero tampoco acepto en todas sus partes las premisas.

Si la Constitución garantiza en términos genéricos la propiedad, y luego una ley prohibe hacer fundaciones para determinados objetos, o limita en cualquier sentido el derecho de traslación de dominio, esta ley puede ser mala, contraria a la equidad y a las conveniencias públicas; pero no es forzosamente inconstitucional, porque el derecho de propiedad no es un principio absoluto en todos sus aspectos y manifestaciones de posesión, usufructo y dominio. Si el que es dueño de una cosa, por el solo hecho de ser propietario, tuviese libertad absoluta de disponer de lo suyo, sin limitación en el espacio ni el tiempo, ni restricciones de ninguna índole, convienen en que la regla que prohibe la retroactividad de las leyes tiene numerosas excepciones. Bástame observar que nadie niega al constituyente el derecho de volver sobre lo pasado en algunos puntos. Acabamos de aprobar un título sobre nacionales y extranjeros, y todos los publicistas reconocen que las reglas constitucionales sobre ciudadanía, así como las disposiciones civiles sobre mayor edad, modifican el derecho y producen efecto retroactivo.

Pero debe observarse, sobre todo, que el artículo propuesto no puede tener efecto retroactivo para lastimar derechos legítimamente adquiridos, con carácter de individuales e independientes, que siempre deben ser respetados, sino para reivindicar o confirmar los que fueron legalmente constituidos. El decreto del General Mosquera sobre desamortización exceptuó expresamente las fundaciones hechas en favor de establecimientos de beneficencia e instrucción pública, y a estos únicamente se refiere el artículo del honorable señor Casas Rojas; por manera que consulta, digámoslo así, el antiguo derecho y el nuevo; fuera de que, como ha observado su autor, puede obrar benéficos efectos morales sirviendo como de estímulo constitucional para que algunos particulares destinen fondos a objetos de educación y caridad.

No pensaba yo, señor Presidente, en volver a hablar sobre este asunto; pero el honorable señor Samper pregunta por qué he hecho con la cabeza muda seña negativa respecto a algunas de sus afirmaciones, y me veo en la necesidad de exeplicarselo.

Yo empiezo por reconocer que las costumbres valen más que las leyes. Pero añado que la ley debe cooperar a la reforma de las costumbres, de una mala costumbre política, cuando esa reforma se ha intentado con buena y firme intención.

¿No es cierto—dice el señor Samper—que todas l a s Constituciones han consignado el principio de la propiedad? ¿Y no es igualmente cierto—añade—que después han venido leyes inconstitucionales que lo han violado ? Luego. . . no hay para qué garantizar ese derecho en términos expresados v Precisos.

Si este es el argumento, declaro, con la cortesía debida al honorable señor Samper, que no comprendo bien la consecuencia. Pero tampoco acepto en todas sus partes las Premisas.

Si la Constitución garantiza en términos genéricos la propiedad, y luego una ley prohibe hacer fundaciones para determinados objetos, o limita en cualquier sentido el derecho de traslación de dominio, esta ley puede ser mala, contraria a la equidad y a las conveniencias públicas; pero no es forzosamente inconstitucional porque el derecho de propiedad no es un principio absoluto en todos sus aspectos y manifestaciones de posesión, usufructo y dominio. Si el que es dueño de una cosa, por el solo hecho de ser propietario, tuviese libertad absoluta de disponer de lo suyo, sin limitación en el espacio ni el tiempo , ni restricciones de ninguna especie, la garantía general de la propiedad envolvería naturalmente la particular de todos los actos que pudiesen emanar de la voluntad del propietario. Pero no sucede así: la Constitución garantiza al ciudadano el derecho de propiedad, sin negar al legislador la facultad de regular su ejercicio y limitar sus efectos; por manera que si se trata de garantizar, con sello de eficacia y permanencia, determinados actos relativos a la traslación de dominio, se trace necesaria una disposición expresa constitucional.

En Inglaterra hay libertad absoluta de testar. Pero en los países como el nuestro, cuya legislación tiene otros orígenes y otras tradiciones, el derecho de dominio—así en lo tocante a donaciones intervivos como a legados testamentarios—tiene y tendrá siempre, según presumo, limitaciones impuestas por los derechos de alta protección y vigilancia sobre la sociedad, que son inherentes al Estado.

En derecho canónico, la inviolabilidad de lo prescrito por el testador no es absoluto. El soberano Pontífice puede variar el objeto de una fundación, aunque siguiendo siempre en este los dictados de la equidad y la prudencia, y puesta la mire en el bien de las almas. Frecuentemente vemos resoluciones de las sagradas congregaciones romanas que, por motivos poderosos, transfieren a un objeto piadoso la fundación que debiera aplicarse a otro análogo. Por donde se ve que esta faculta d no es esencialmente contraria al derecho positivo; y por lo mismo, sí conviene negarla al poder civil, que puede abuser de ella; tratándose de objetos piadosos extraños a su competencia, la prohibición debe ser expresa, aun cuando no sea sino para evitar dudes y controversia.

En dos puntos de vista puede considerarse la cuestión que se debate: o bien examinando la facultad de transferir el dominio y acordar invariablemente la aplicación de una cosa, aspecto a que acabo de referirme; o bien fijando la consideración en el goce y posterior aprovechamiento de la misma cosa.

Supongamos que por lo pronto se respete el acto traslaticio de dominio y su aplicación inmediata. Muere el fundador piadoso. ¿A quién pertenece, a quién debe aprovechar la fundación? A los pobres, a los huérfanos, a clases desvalidas que, como ha observado el honorable señor Ospina Camacho, no tienen personería ni medios adecuados para reclamar sus derechos, por lo cual merecen ser colocados bajo especial salvaguardia legal. Los artículos que se han leído, tomados de varías Constituciones, consagran el principio tomándolo ya bajo el uno, ya bajo el otro de estos dos aspectos: la Constitución de Berna se coloca en el punto de vista últimamente indicado, y garantiza los bienes de los pobres.

Y para probarle al honorable señor Samper que el artículo no es impropio de una Constitución, invocaré su propia autoridad, recordándole que él mismo, en su proyecto de Pacto de Unión, que la comisión tayo a la vista y aprovechó en muchos puntos, de un artículo en el cual se puntualizan las condiciones a que debe estar sujeta en Colombia la adquisición, posesi6n y transmisión de la propiedad. El artículo 13, con sus cinco párrafos, del Pacto de Unión del honorable señor Samper, regula la traslación de dominio entrando en pormenores, y es mucho más reglamentario, y por lo mismo menos propia de una Constitución, que el artículo sencillo y terminante que estamos discutiendo.

El honorable señor Samper se presenta armado de todas armas a combatir la novedad que contiene el artículo del proyecto. Procuraré hacerme cargo de sus objeciones, para exportar en seguida algunas de las razones que en mi sentir justifican y recomiendan la disposición adoptada por la mayoría de la comisión y ahora impugnada por el honorable consejero que acaba de hablar ^{| (7)} .

Las personas con quienes el honorable señor Samper ha conferenciado sobre el proyecto, desaprueban esta facultad que se confiere al Gobierno de nombrar seis senadores. A esa opinión podría yo contraponer aquí, si hubiese de seguir tal argumentación, la de las personas a quienes en conversación particular he oído que aprueban la misma disposición. Pero sería impropio, si ya no imposible, que el Consejo buscase balanza alguna para pesar estas opiniones particulares. Creo yo señor Presidente, que en estas material solo hay dos fuentes de opinión atendibles y valuables: el instinto popular, que suele ser certero—vex populi vox Dei— y el dictamen de los hombres que a un verdadero amor de la patria unen caudal de ciencia y de experiencia políticas. Prescindo, pues, en absoluto, como de arma dialéctica, de opiniones particulares, anónimas, por respetable que sea, bajo otros conceptos, su procedencia.

Objeta el honorable señor Samper que la facultad que trata de concederse al Gobierno para nombrar cierto número de senadores no existen en otras repúblicas ni en nuestras Constituciones anteriores. En el terreno de la legislación comparada, la argumentación del honorable consejero confieso que tiene fuerza, pero relativa, de modo que si la relación que ha de encadenarle se pierde, flaquea al mismo tiempo la argumentación. Si una disposición es mala, injusta, inconveniente, el no existir esta disposición en países civilizados es justo argumento corroborativo. Pero si la disposición es razonable y fundada en motivos poderosos, el argumento de autoridad o comparación no debe prevalecer. Todavía más: si esa disposición es solo nueva como disposición adjetiva, pero si bien examinada es una aplicación, un desenvolvimiento de principios adoptados en otras partes, en este cave no cabe siquiera alegar falta de antecedentes análogos. Y esto es cabalmente lo que sucede en el cave que examinamos.

No es justo, por lo que diré luego, limitar la comparación de este punto constitucional a lo que pasa en Estados republicanos. Admitiendo por lo pronto esta limitación arbitraria, observaré que en esta misma Constitución se han aprobado con el voto del honorable señor Samper disposiciones más graves que la presente, que no tienen en su valor las condiciones que él exige. Aquí se ha adoptado el principio norteamericano que da al juez la facultad de aplicar la Constitución de preferencia a la fe y, poniendo así un límite judicial a la validez de las leyes promulgadas. Este principio, exclusivamente norteamericano, no rige en otras repúblicas ni ha regido en Colombia. Aquí se ha adoptado también con el voto del honorable señor Samper, el artículo 87, que da facultad a la Corte Suprema para intervenir como árbitro entre el Congreso y el Presidente, cuando el Presidente objeta un proyecto de ley como anticonstitucional, y decidir definitivamente si el proyecto ha de archivarse o sancionarse. Esta disposición no se registra en ninguna Constitución, colombiana o extranjera, y sin embargo se ha adoptado aquí sin oposición, porque aunque en otras Constituciones no exista, no es contraria, antes conforme, con los sanos principios de derecho constitucional, y se han considerado como una preciosa garantía contra el contenido de leyes antijurídicas, dado que la Constitución es la más alta y autorizada expresión del derecho.

Por lo que trace a nuestras propias Constituciones, no podemos en ningún cave referirnos, ni creo que el honorable señor Samper se refiera, a las de 1853, 58 y 63. Si eses códigos anárquicos fuesen autoridad, todo este proyecto sería rematadamente malo.

Tenemos que retroceder, en cualquier comparación que se haga, a la Constitución de 1843, muy digna de todo respeto, pero no de reproducción. Yo creo que si aquellos sabios legisladores viviesen hoy, no desaprobarían las lecciones de la experiencia, ni hubieran permanecido ajenos al serio examen a que está sometido en el mundo el arduo problema electoral, y que ellos mismos, en esta materia, se apartarían en algún punto de la norma adoptada trace ya cerca de medio siglo.

Volviendo a la comparación con otras legislaciones, creo yo que lo importante, lo decisivo en el punto que se discute, es la consideración de que la división del poder legislativo en dos cámaras no es una institución democrática, sino mixta, copiada de las monarquías constitucionales, y especialmente de Inglaterra, que dio el primer modelo, por las repúblicas que la han adoptado, y que en el original, y no en malas copias, es donde ha de examinarse la institución, a fin de estudiar su espíritu, decidir hasta qué punto puede imitarse, y procurar que su imitación no sea servil y materia, sino razonable y atinada.

Dentro del concepto exclusivamente democrático, no cabe la dualidad ni multiplicidad de cámaras legislativas; porque si solo el pueblo ha de ser representado, y el pueblo es uno, uno e indivisible ha de ser el cuerpo representativo del pueblo, como lo han sido en otras épocas las convenciones y asambleas nacionales en Francia. La razón de que cuatro ojos ven más que dos, y otras semejantes, son secundarias y no reducirán jamás el sistema de dos cámaras al principio democrático. La asamblea popular es una voluntad, como el pueblo que representa, y las dos cámaras no han de ser una voluntad bipartita, lo cual envuelve contradicción, sino dos voluntades que se consultan y se conforman para acordar las leyes.

La dualidad de cámaras ha de apoyarse, y se apoya en efecto, en un fundamento verdadero y sólido: en la distinción entre el pueblo o muchedumbre que forma la cámara popular, por una parte, y por otra los miembros orgánicos del Estado, clases, órdenes o intereses sociales en cualquier forma organizados, que deben construir la alta cámara.

Dos sistemas hay de componer el Senado, y a veces concurren juntos: el hereditario, que representa la aristocracia de la sangre; y el electivo, que representa intereses permanentes diversos, comunes a las monarquías y a las repúblicas.

El carácter vitalicio es inherente al principio hereditario, y no conviene combinarlo con el electivo, que representa intereses permanentes depende de la perpetuidad del funcionario, sino de la calidad de los intereses sociales que dignamente haya de representar. El sistema hereditario, y aun la forma vitalicia adoptada en el proyecto de Constitución boliviana, citada por el honorable señor Samper, son rechazados por las repúblicas democráticas como la nuestra, enemigas naturales de los privilegios de la cuna, y aun de los cargos conferidos a perpetuidad fuera del poder judicial. Pero el sistema electivo, que en muchas monarquías concurre a la formación del Senado, no es como supone el honorable señor Samper, aristocrático, salvo que se dé al término aristocracia una acepción conciliable con todo interés social legítimo. Por lo menos nada tiene que ver con la aristocracia de la alcurnia ni con odiosos privilegios de clases. Si son corporaciones las que eligen, por ejemplo las universidades, serán la inteligencia y la ciencia las que van a ser representadas en el Senado, y una República bien ordenada no tiene por qué condenar la influencia científica. Si es el jefe de la nación el que nombra, de categorías señaladas por la fe y, la elección corresponde a la respectiva categoría, y la constitución del Estado, no el rey ni el presidente, es quien confiere a tales categorías, que ella designa con más o menos acierto, el derecho de ser representadas. Por tanto, si en una constitución republicana se establece que en el Senado han de entrar algunos elementos que no sean de origen popular, no se diga que esta es disposición aristocrática ni monárquica, sino un medio, más 0 menos imperfecto, de contrapesar la otra cámara, para que la institución de las dos cámaras tenga alguna razón de ser, y no aparezca como aplicación inconsiderada de un mecanismo de invención extranjera cuyo secreto se desconoce.

Los repetidos ensayos de reforma electoral, las numerosísimas publicaciones que en Europa se han hecho últimamente sobre la materia, y que se cuentan por centenares, el reciente congreso internacional de Amberes, de cuyas deliberaciones tiene noticia el honorable señor Samper, todo demuestra que las elecciones populares, cualquiera que sea el sistema que las regule, adolecen de vicios incurables. En vano se han discurrido modos de representación proporcional y de representación de minorías . En todo sistema la elección popular ofrece dos inconvenientes gravísimos e incorregibles: uno, que las colectividades presentadas son circunscripciones numéricas, ficticias, no agrupaciones orgánicas, naturales; otro, que los votantes, para buscar alguna organización en la lucha, tienen que afiliarse en partidos políticos preexistentes, y las influencias políticas casi exclusivamente son las que den color a la representación. Suponiendo una elección popular legítima, ajena a todo fraude, siempre quedan sin representación elementos sociales muy dignos de tenerla.

El remedio no está en tratar de restringir el sufragio agregando elementos que tienden a desvirtuarlo en su origen y no corrigen sus defectos ^{| (8)} . El remedio consiste en buscar contrapeso a la representación democrática. Dejemos la cámara popular, con sus caracteres propios, con sus ventajas y defectos característicos. En ella tienen asiento las pasiones ardientes, los intereses progresivos, y si se quiere, las tendencies revolucionarias. Pero sometida a la misma coyunda de la otra cámara, que representa tradiciones e intereses conservadores, moderará con la práctica de los negocios y la concurrencia de ese colaborador sabio y discreto, el ardor de novedades peligrosas, y se obtendrá la conciliación de la libertad y el orden, que es nuestro lema nacional. Esta es exactamente la doctrina de las Bases constitucionales aprobadas. En ellas se establece que la Cámara de Representantes es cuerpo esencialmente popular, y que el Senado se constituye con elementos destinados a asegurar la estabilidad de las instituciones sociales.

No disimularé yo, puesto que de ello estoy bien penetrado, la dificultad de resolver la cuestión en lo que al Senado se refiere, porque aquí la democracia exagerada ha pulverizado casi la sociedad ^{| (9).} Pero de la dificultad de obtener una solución firme no se sigue que el problema pueda plantearse de otro modo que como está planteado en las Bases: amplio y libre sufragio popular para formar la Cámara de Representantes; prudentes cautelas para la formación del senado. La comisión autora del proyecto no encontró el deseado medio de organizar un Senado como corporación social. Ya sea que lo elijan asambleas electorales, ya consejos departamentales, no habrá la diferencia esencial que debe haber entre la composición de la una y de la otra cámara. Para neutralizar este inconveniente sustancial, se propone que la sexta parte de los senadores no sean de origen popular. Si los intereses sociales estuvies en Colombia debidamente organizados, ellos podrían envier sus legítimos representantes.

No habiendo organismos bien determinados, se atribuye al Gobierno la facultad de designar representantes de todo lo que no es pueblo. Solo falta añadir, si el Consejo lo juzga conveniente, que el Gobierno elegirá esos seis senadores como representantes de determina dos elementos sociales, por ejemplo, del alto clero, de la clase militar, de los intereses económicos, comerciales, industriales y agrícolas, y de las profesiones intelectuales. Por este medio será a lo menos posible que vayan al Senado ciertas eminencies sociales que los políticos excluyen de sus listas, y cuyos nombres no deben, en la de candidatos, exponerse a rudo manoseo ya derrota probable en la pugna de las pasiones.

Pero seis senadores nombrados por el Gobierno —dice el honorable señor Samper—den al Gobierno en el Senado una representación excesiva. Yo creo que aquí confunde el honorable señor Samper el principio de la elección con el de la representación. El Gobierno nombra los ministros diplomáticos, y los ministros diplomáticos no son representantes del Presidente de la República sino de la nación. Nombra también los magistrados de la Corte Suprema y de los tribunales superiores, y ellos no administran justicia en nombre del Presidente sino de la nación. De igual manera puede nombrar seis senadores que vayan a representar intereses sociales, y no los particulares del Presidente de la República.

Los cálculos que trace el honorable señor Samper, fundados en que las objeciones del Gobierno a un proyecto de ley no pueden ser rechazadas sino por dos tercios de votos en ambas cámaras, no son, al juicio, fundados; porque esa disposición no tiene en manera alguna por objeto dar al Gobierno representación grande ni pequeña en el cuerpo legislativo, sino presumir la Constitución y los derechos por ella garantizados contra los abusos del poder legislativo cuando una mayoría accidental se empeñe en expedir leyes inconstitucionales. No es una ampliación, por medios representativos, del poder del Gobierno; es un límite impuesto a los delirios de la omnipotencia de que suelen estar tentadas las asambleas.

Ni ha advertido el honorable señor Samper que renovándose por terceras partes el Senado, los senadores que nombra el Gobierno no entran de una vez, sino dos cada dos años. Los ministros que no refrendan un nombramiento nada tienen que hacer con él; los que los refrendan tampoco son autores del nombramiento. El cave es de que al juzgar un ministro se hallasen en el Senado cuatro senadores cuyo nombramiento hubiese sido refrendado por el mismo ministro, es remotísimo, casi imposible; y aun suponiéndolo, no tendrá influencia decisiva en el fallo. Pudiera salvarse el inconveniente, que a mi juicio no existe, negando a tales senadores participación en el juzgamiento de los ministros. Por lo demás al iniciarse una nueva administración solo podrá nombrar de una vez dos senadores, y solo habrá de renovar por bienios los que fueron nombrados por la anterior. Este engranaje, lejos de ser nocivo, contribuirá a neutralizer los cambios bruscos y a mantener algún vínculo, aunque débil entre lo anterior y lo subsiguiente, entre la administración y el Senado.

No creo que se pueda demostrar que la disposición que se discute sea mala en sí misma. Solamente es un medio imperfecto. Si se le combate, propóngase otro mejor para lograr el fin benéfico que ha de perseguirse en la composición del Senado. El vacío no será nunca preferible a los medios deficientes.

El honorable señor Samper sostiene que la Cámara de Representantes es cabeza del ministerio público por cuanto ejerce las más altas funciones fiscales, como acusadora de los ministros y otros altos empleados, y que por lo mismo corresponde a esa Cámara el nombramiento de los funcionarios del ministerio público.

¿Por qué ejerce la Cámara de Representantes las más altas funciones fiscales? Porque acusa a determinados funcionarios. ¿Y ante quién los acusa, quién es el que ha de juzgarlos? E1 Senado. Según esto y discurriendo de un modo análogo y congruente respecto del Senado, debemos decidir que el Senado ejerce las más altas funciones judiciales, que por lo mismo es cabeza del poder judicial, y le corresponde el nombramiento de los magistrados de los tribunales.

Entiendo, señor Presidente, y procuraré brevísimamente poner de manifiesto, que el sistema propuesto por la comisión en el proyecto que se discute es razonable por ser armónico, y que el sistema adoptado por anteriores Constituciones nuestras, que es el que ahora aspira a reproducir aquí el honorable señor Samper, no debe llamarse sistema sino confusión de procedimientos.

Ya traté de explicar, anteayer, tratándose del derecho de gracia, cómo y por qué el Presidente de la República es cabeza del poder judicial, y en qué se funda el título que tiene para nombrar los ministros de los tribunales de justicia.

Pero basta aquí a mi propósito hacer notar que, por derecho consagrado en todas las Constituciones y de todos conocido, corresponde al Presidente de la República "velar porque en todo el territorio se administre pronta y entera justicia por los encargados de administrarla".

¿Y cómo, por qué medio ejerce el Presidente esta atribución y cumple con este deber? Por medio de los funcionarios del ministerio público o ministerio fiscal. Si el Presidente no nombra y separa libremente estos funcionarios intermedios, si no dispone libremente de este instrumento de ejecución, mal podrá hacer que se administre fiel y cumplidamente justicia en la República.

Precisamente de estos principios ha resultado la necesidad de atribuir determinadas funciones fiscales a la Cámara de Representantes, y judiciales al Senado, respecto de los miembros del Gobierno. Con efecto, si el ejecutivo es cabeza del poder judicial y tiene a sus inmediatas órdenes al ministerio fiscal, a fin de defender los intereses del Estado y promover la ejecución y cumplimiento de las leyes, no es natural que los miembros del Gobierno, llegado el caso de ser juzgados, lo sean por orden del mismo Gobierno. Para ese caso, para hacer efectiva la responsabilidad de los ministros del despacho, agentes inmediatos y responsables del Presidente de la República, es forzoso, en consecuencia, discurrir un medio extraordinario, y para eso cabalmente se constituye en acusadora la cámara popular, y en juez la alta cámara. Según el proyecto, si la responsabilidad del ministro es política, lo juzga el Senado; si es penal y de derecho privado, el Senado pone al reo a disposición de la Corte Suprema. De todas suertes el juicio se inicia por acusación de la Cámara de Representantes ante el Senado. De todas suertes—y esto es importante en el caso—las funciones de una y otra cámara, ya fiscales, ya judiciales, son de carácter excepcional y no implican superioridad jerárquica en los respectivos departamentos fiscal y judicial. Por esto también, en el proyecto de constitución no se dice: "El ministerio fiscal se ejerce por la Cámara de Representantes, por el procurador general etc.; ni se dice tampoco: "El poder judicial se ejerce por el Senado, por la Corte Suprema, etc.". Las fórmulas adoptadas, de acuerdo con el buen sentido y con la lógica, son éstas: "El ministerio fiscal se ejerce por el procurador general de la nación, etc." y luego se añade: "La Cámara de Representantes ejerce determinadas funciones fiscales". De igual modo se consagra que el poder judicial es ejercido por la Corte Suprema, etc. Y adicionalmente se advierte que "el Senado desempeña determinadas funciones judiciales".

El honorable señor Samper piensa que el Gobierno ejecutivo no es cabeza judicial, ni tiene a sus inmediatas órdenes el ministerio fiscal; que aquel y este poder son independientes del Presidente de la República. Según esta doctrine, el honorable señor Samper debiera apresurarse a proponer que se prive a la Cámara de Representantes y al Senado de la facultad de acusar y de la de juzgar a los ministros del despacho, y que éstos queden sometidos a los tribunales y fiscales ordinarios, como cualesquiera otros empleados administrativos; o bien que la Cámara de Representantes y el Senado ejercen otras facultades fiscales y judiciales que no sean de carácter excepcional.

La facultad de nombrar el procurador de la nación, atribuida por algunas constituciones a la Cámara de Representantes, es una de tantas odiosas manifestaciones del sistema democrático, o mejor diré, de la pasión democrática (puesto que no merece nombre de sistema), que discurre toda clase de trabas y cortapisas para el jefe de la nación, al mismo tiempo que da carta blanca para cometer abusos a corporaciones que carecen de responsabilidad moral y legal, semejantes en sus peligros y caprichos a mares desconocidos o célebres por frecuentes naufragios.

El honorable señor Samper alega que el sistema antiguo, que el sistema de la elección de procurador atribuida a la Cámara de Representantes nunca ha presentado inconvenientes. 'Nunca'. En materia de antecedentes históricos en este negocio, prefiero callar, absteniéndome de citar hechos vergonzosos, aunque no recientes, que en la memoria de todos los que me oyen están desmintiendo, en este momento, la afirmación del honorable señor Samper.

La modificación no me satisface. Este artículo, lo mismo que el 15, ha de quedar de tal manera redactado que no estorbe para ulteriores resoluciones. Si se dice que el derecho electoral se ejerce conforme a esta Constitución, queda resuelto de una vez que en la Constitución han de reglamentarse las elecciones: y este punto preliminar, es muy grave y demanda reflexión. Si se quiere entrar en una vez en el debate, sea enhorabuena; pero me parece mejor no discutir ampliamente la cuestión electoral en el Título V, que trata de los Poderes nacionales y del Servicio público, sino en el Título XVI, destinado especialmente a las elecciones ^{| (10)} .

Suspéndase lo que se discute, y considérese lo siguiente como artículo único en reemplazo de los que componen el título XVI:

Artículo. La Ley organizará el sistema electoral sobre los siguientes principios:

1. En las elecciones indirectas que se establezcan tendrán voto en el primer grado todos los ciudadanos.

2. En las elecciones directas la calidad del elector podrá ser determinada por condiciones especiales de edad, de educación y de censo, junta o separadamente. Pero en las elecciones de Consejeros Municipales el sufragio se extenderá a todos los ciudadanos.

3. Podrán establecerse condiciones especiales de edad, educación y censo, que juntas o separadas, den al sufragante o elector a determinadas agrupaciones electorales.

4. Las elecciones de Representantes serán uninominales, y por circunscripción.

5. Se definirán los delitos que menoscaban la verdad y libertad del sufragio, y se establecerá la competente sanción penal.

Habiéndose prolongado durante tres sesiones el debate sobre la cuestión electoral, considero fatigado al Consejo y experimento temor y pena al tomar la palabra para terciar en la discusión.

Pero, por una parte, la cuestión es en sí misma tan grave, que no serán perdido el tiempo ni el esfuerzo que se consagren a solicitar una solución justa. Por otro lado, los que sostenemos aquí la extensión del sufragio, hemos sido duramente calificados. Se ha dicho que el artículo 15 es esencialmente demagógico, y que promovemos la continuación de zambras vergonzosas. Y aunque a todo esto se ha contestado plenamente, la gravedad de la acusación pide reiterada protesta.

Ofrece, desde luego, esta discusión un fenómeno singular. Todos estamos, si bien se mire, de acuerdo con los propósitos. Todos queremos que reinen verdad, orden y pureza en las elecciones. Todos desearíamos que la emisión del sufragio fuese una función ejemplarísima, un acto de la conciencia pública, un juicio de Dios. Y no obstante esta conformidad de principios, estamos aquí completamente discordes en los medios, y sostenemos sistemas enteramente opuestos.

Fijemos la atención bien en la cause de este fenómeno. Todo esto no demuestra sino la dificultad del problema, el falso método para resolverlo, la incompetencia nuestra para darle inmediata y definitive solución en un artículo constitucional.

El problema del sufragio presenta varios y múltiples aspectos, y abraza multitud de cuestiones delicadas. Basta mirar por el forro el Código electoral belga, que ahora mismo tengo sobre la mesa. La legislación de Bélgica, en general, es una legislación modelo; y las proporciones materiales que ha alcanzado este Código revelan que esta materia como cualquiera otra, sometida a la prueba de los hechos, y por lo tanto susceptible de las reformas que sugiera la experiencia, demanda minuciosa y progresiva reglamentación; y siendo así, nada es tan peligroso como dictar de una vez, con reflexión escasa, y en absoluta impotencia para prevenir lo inesperado, disposiciones detalladas, que puedan impedir después la desembarazada reglamentación de esta materia legal. Por esta razón propongo yo que a las reglas concretas del proyecto, y a las modificaciones que se han propuesto, sustituyamos con amplitud de miras, aquellos principios generales dentro de los cuales quepa el gradual desenvolvimiento legislativo del razonable sistema electoral.

La naturaleza jurídica del sufragio es la cuestión preliminar que discuten los publicistas. ¿Es el sufragio un derecho anterior a la ley y que la ley debe reconocer ? ¿ O es una función política que el legislador confiere a los que tengan aptitud para ejercerla? Dividense en este punto los pareceres, y aquí mismo se han manifestado divididos. Mas la cuestión teórica pierde su importancia desde el punto en que trate de darse a uno u otro principio justa y honrada aplicación práctica. Aunque el sufragio sea un derecho, hay que reconocer que, como todo derecho, no podrá ejercitarse sino mediante ciertas condiciones, mientras su ejercicio no pugne con superiores y más sagrados principios, porque no hay derecho contra el derecho. Los partidarios del sufragio como derecho, convienen todos en excluir a los menores de edad, a los dementes, a los procesados criminalmente; y casi todos eliminan igualmente a las mujeres, por su natural apartamiento de los negocios públicos. De otro lado, los que sostienen el sufragio como función (opinión a que yo confieso inclinarme), no tienen derecho a restringirlo arbitrariamente, sino por motivos generales de aptitud y moralidad, así como no puede restringirse, sino por motivos justos, la opción a los puestos públicos. Además, aun cuando hubiese derecho a restringir el sufragio con calificaciones muy elevadas, resultaría el inconveniente de que perdería el carácter de función popular. Así, Bluntschli, que considera el sufragio como una institución de derecho público, que arranca del Estado y no de la naturaleza, es, sin embargo, partidario de la extensión del sufragio a todas las clases sociales, como función propia del ciudadano, y en atención a las tendencias democráticas del siglo; y al mismo resultado van los que, como Bismarck y Gladstone, estiman el sufragio como derecho de que no puede privarse a los ciudadanos sin cometer una violencia injustificable. De suerte que uno y otro principio, aplicados con buen criterio, convergen en la práctica a unas mismas soluciones.

Todo sistema de sufragio popular tiene que ser amplio, sin lo cual no seria popular. De otro lado, todo sistema de sufragio popular, por más que se llame universal, está de algún modo restringido. El sufragio universal en el sentido absoluto de la palabra, es una quimera. El sufragio universal debe figurar en la lista de las cosas que no existen. El sufragio universal es una palabra apasionada, que ha servido para lisonjear a la plebe, y que ahora sirve aquí para acriminar a los que combatimos ciertas restricciones arbitrarias.

Si hay corporaciones populares, ha de haber sufragio popular amplio, para elegirlas. Si no hay sufragio popular amplio, no se diga que hay corporaciones populares. Si la Cámara de Representantes no es de elección popular, no se diga que es una cámara popular. En todo esto debemos ser lógicos, y huir de consignar inconsecuencias como bases constitucionales.

Los defectos del llamado sufragio universal no radica en su supuesta universalidad , que no existe, si no en aquel grado de amplitud que trace que el sufragio sea popular. El sufragio popular, más o menos amplio, más o menos limitado, siempre que no deje de ser popular, siempre que alcance a ser popular, tiene el defecto esencial, incorregible, de no ser la expresión de un organismo, sino de la multitud, del número. Ante esta consideración arrédrase el legislador, y se ve forzado a reconocer que el sufragio adolece de defectos intrínsecos, y que no hay medio entre estos arbitrios:

O dejarle funcionar libremente de sus límites naturales, para la elección de la cámara popular, neutralizándolo con el voto corporativo para la elección de la alta cámara;

O limitarle fuertemente en todos los casos, bien por medio de severas restricciones en la elección directa, o bien por medio de sistema de la elección indirecta, todo lo cual equivale a desvirtuarlo.

De estos dos caminos paréceme a mí preferible el primero porque aun cuando fuese malo, sería menos malo que el segundo, y hasta ahora no se ha presenta do un tercer modo de procedimiento. El honorable señor Samper, que en teoría rechaza el sufragio amplio, porque es muy popular, y porque lo espanta el nombre de sufragio universal, quiere que se reglamente de una vez en la Constitución; pero no he acabado yo de entender cuál es la teoría que el honorable señor Samper profesa. Se propone aquí el sistema de contrapeso, dando representación corporativa de la sociedad en el Senado, y el honorable señor Samper lo combate con vehemencia como sistema aristocrático. Se propone luego la elección a tres grados para la formación del Senado, y el honorable señor Samper, partidario de la elección indirecta, y de la distinción entre una y otra Cámara, rechaza también ese sistema, con buenas razones, pero razones que corresponden a un punto de vista que no es el suyo. Si el honorable señor Samper detesta el sufragio popular, pero al mismo tiempo no encuentra el medio de corregir sus defectos, lo natural, lo lógico será que se resolviera dejar la solución del problema a la ley, que siendo reformable, admite rectificación y progreso. Pero el honorable señor Samper se empeña en que esta cuestión quede definitivamente resuelta en la Constitución. Y lo único que él propone es la condición de saber leer y escribir como línea divisoria entre el hombre civilizado y el salvaje; como milagroso invento para dejar perfectamente resuelto el problema electoral.

Si el sufragio es siempre limitado, si todos los diversos sistemas de sufragio no son sino diversos sistemas de limitación del sufragio, en fijar la limitación, y solo en ello, está el quid de la dificultad, y en tanto será equitativo y justo un sistema de sufragio en cuanto la limitación sea justa y equitativa. Creo yo que este punto de vista es primordial para entrar con pie seguro en el examen de la cuestión.

El primer orden de limitaciones que pueden ponerse a la ciudadanía, es de carácter negativo o excluyente. Empiézase por excluir a los indignos. ¿Y quiénes son indignos ante la ley? Los que causan escándalo público, los que se han hecho acreedores a ciertas penas que suponen grave culpabilidad. Tal es el criterio adoptado por muchas Constituciones, y por este mismo proyecto en los artículos 15 y siguientes; y es criterio perfectamente constitucional, porque es perfectamente seguro. La República debe fundarse en la virtud, y la virtud tiene por apoyo legal la condenación del crimen. Verdad es que por este medio no se excluye a todos los indignos, porque la ley humane no examine la conducta puramente privada, ni va al fondo de las conciencias; pero no es menos cierto que los que por este medio quedan excluidos del ejercicio de la ciudadanía son evidentemente indignos, y a ojos de la justicia humane los más indignos. Las disposiciones de este proyecto, que definir la ciudadanía y las causes por donde ella se pierde o se suspende, están basadas en este firmísimo criterio moral.

Allí donde el sistema adoptado es el de elección directa, el legislador—no el constituyente—suele establecer otras restricciones fundadas no ya en el criterio negativo o de exclusión, sino en el criterio positivo del mayor merecimiento. El constituyente excluye de una vez al indigno; el legislador llama a las urnas a los más dignos de ejercer la función electoral. ¿Y cuáles son los más dignos? Los que entienden mejor lo que van a tracer, los que juzgan con más acierto los intereses públicos, y los que puedan votar con más in dependencia y libertad. ¿ Y cómo se distinguen éstos ante la ley? Se supone que la instrucción y la riqueza son signos exteriores que revelan buen juicio e independencia, pero al determinar el grado de la ilustración o el monto del capital, el legislador se encuentra indeciso.

Si se señalan calificaciones muy elevadas, se excluye a las mesas, se anula el principio democrático, y si se fijan condiciones de instrucción y censo tan exiguas como son las de saber leer y escribir y tener doscientos pesos de renta, es evidente que la limitación es de todo punto arbitraria e injusta.

Insisto, señor Presidente, porque este punto es capital, en que la instrucción o la riqueza, que pertenecen al orden literario y científico la primera, y al económico la segunda, no son principios morales ni títulos intrínsecos de ciudadanía, y que solo tiene valor en cuanto se subordinan al superior criterio que exige en el ciudadano recto juicio e independencia para votar. Conferir exclusivamente a los propietarios el derecho de votar, porque pagan contribuciones al Estado es [dejar de] ver en el Estado una entidad moral para convertirla en compañía de accionistas, y atribuir únicamente esas funciones a los que sepan leer y escribir, como si esta circunstancia envolviera virtud secrete, es incurrir en una superstición. Se establece la condición de censo, como prenda de independencia, y lo es en efecto en Inglaterra, verbigracia, donde la propiedad está asegurada por la ley y las costumbres. En un país quebrantado por las revoluciones y adolecido de inseguridad, temo que yerre quien estime la riqueza como señal probable de valor cívico para tracer profesión pública de fe política. El honorable señor Calderón quiere que la ciudadanía empieza en doscientos pesos de renta. El honorable señor Casas Rojas en quinientos. ¿Cuál de las dos cifras es la verdadera y justa línea divisoria entre buenos y malos ciudadanos? Ninguna de ellas. Entre una y otra cifra multitud de colombianos han estado, por decirlo así, pendientes de un arbitrario fallo constitucional. Más graves objeciones suscita la condición de saber leer y escribir. Para probar cuán injusta es esta exigencia, bastaría recordar que la escritura no entró en los planes primitivos de la Providencia respecto de la especie humane, y que hoy mismo, las buenas costumbres, base esencial de la ciudadanía en una República bien ordenada, no se propagan por la lectura, sino por la tradición oral y los buenos consejos.

Muchos modernos publicistas prefieren a las restricciones, el sufragio general modificado por la gradual pluralidad de votos; de suerte que tomando como condiciones fundamentales de capacidad la edad o la experiencia, la profesión o la inteligencia, y la riqueza o importancia social, al que posea una de esas condiciones haya de concederse un voto más sobre el que tiene derecho a dar cualquier ciudadano. Este sistema, aunque complicado, no puede negarse que es equitativo, puesto que procure cierta proporción entre la capacidad y el derecho. No sería justo decretar que solo los padres de familia voten; pero si ha de votar todo el mundo, sería muy bien pensado que el voto del padre de familia pesase como dos o más votos, como que un padre de familia no es un individuo aislado, sino legítimo jefe y representante de un pequeño reino. Y no creo yo que deba negarse al legislador la facultad de ensayar dentro de pocos o muchos años, este o cualquiera otro sistema, por más que parezca extraño, puesto que hoy por hoy no podemos afirmar cuál sea la mejor definitiva solución del problema del sufragio.

Y es digno de notar que todo sistema de sufragio amplio lleva en la práctica, aunque la ley no lo diga, la aplicación del voto múltiple. ¿Qué otra cosa, sino voto múltiple, es la influencia que ejercen sobre sus servidores y dependientes el hacendado o el empresario, o la que- tienen el periodista o el profesor sobre sus adeptos y parciales? Esas cédulas enastadas de que ha hablado con tanto horror el honorable señor Samper, son resultado de influencias sin las cuales la opinión no acertaría a organizarse para concurrir al combate electoral, y aceptado el sufragio popular, hay que admitir como legítimas tales influencias mientras se mantengan dentro de sus términos y no ocurran al dolo ni a la violencia, porque no seriedad o suprimirlas sin suprimir el sufragio mismo.

Pero, sobre todo, tengo que rogar al Consejo que fije atenta consideración en una distinción especial. Todos los arbitrios que se discurren para limitar el sufragio, fuera de las restricciones dictadas por el criterio moral, se refieren a la elección directa. Si la elección es indirecta, no hay derecho ninguno a establecer esas nuevas limitaciones; porque la elección indirecta es un sistema que se discurre precisamente para reemplazar la elección directa restringida. La elección a dos grados divide a los ciudadanos en dos grupos, sufragantes y electores. Ella coloca por debajo de la categoría de electores, la clase de los sufragantes, destinada únicamente a limitar el número de los electores ya definidos por la ley. El sufragante no queda por encima del ciudadano, sino por debajo del elector. Aquí se ha debatido calurosamente si las mesas han de conservar o han de perder el derecho electoral. Pues yo declaro aquí solemnemente que el sufragante vote, pero no elige; y que, por el mero hecho de establecerse la elección indirecta para representantes, los que antes eran electores, reducidos ahora a la clase de sufragantes, quedan en rigor privados del derecho electoral.

En Francia, y dondequiera que, a su imitación, se ha establecido el sistema de elección a dos grados, se han puesto restricciones al elector, pero no al sufragante. El sistema de elección a dos grados ideado en Francia por la hipocresía revolucionaria, es un medio de arrebatar al pueblo el sufragio, dejándole la sombra, la ilusión de la elección en primer grado. Pero nadie ha soñado en imitar y enflaquecer esa sombra. Y limitarla y enflaquecerla es lo que proponen mis honorables colegas Calderón, Casas Rojas y Samper en un exceso de severidad antidemocrática.

Debo declarar que no estuve de acuerdo con mis compañeros de comisión en la redacción del título de elecciones. Creo yo que las Constituciones no deben entrar en pormenores, y que particularmente en esta materia es muy peligroso incorporar en ellas un reglamento. La proposición que he tenido el honor de presentar contiene algunos principios sancionados por el juicio común de los publicistas, y en asuntos dudosos deja libre el campo al legislador. Yo no acepto en principio, ni votaré jamás en una Constitución, la elección a dos grados para representantes; pero la votaría en una ley de carácter transitorio, para una época de convalecencia como la presente. Por eso propongo que el legislador pueda adoptar la elección directa o la indirecta, pero cada una con sus caracteres propios y sin mezclar cosas heterogéneas.

No participo de los recelos del honorable señor Samper sobre la preponderancia exclusive de ningún partido si se practica el sufragio en su mayor amplitud. Tanto en el proyecto como en la proposición que he tenido el honor de presentar, se establece que la elección de representantes será uninominal y se hará por circunscripciones electorales. Este medio, opuesto al escrutinio de listas generalmente practicado en anteriores épocas, es el único modo efectivo de dar representación a los partidos. El que no tenga mayoría en una vasta comarca, la tendrá en alguna o algunas circunscripciones, y por allí enviará sus representantes al Congreso. Si ni a esto alcanzare, no será defecto del sistema, sino absoluto falta de opinión de aquel partido. Demuéstrese que el sistema de sufragio amplio es malo, porque no es equitativo; que si eso se demostrase, razón habría para condenarlo; pero no se diga que es malo solo porque se teme que no produzca preconcebidos resultados; ni se busque, en su lugar, un sistema artificial ad hoc, solo para que pueda tener representación un partido que se teme no haya de merecer apoyo de opinión popular en ninguna circunscripción.

El tono de alarma con que se ha expresado el honorable señor Samper, y sus funestos pronósticos, harían creer que hay una diferencia trascendental entre las disposiciones del proyecto y la modificación propuesta por el honorable señor Samper, y que esta modificación se encamina a corregir los abusos de las elecciones, y moralizarlas fundadamente. Pero he aquí que la única innovación que el honorable señor Samper ha introducido consiste en exigir a los sufragantes la condición de saber leer y escribir.

Y bien: como criterio negativo, esta exigencia es injusta; como criterio positivo, absolutamente infundada.

¿Por qué se priva de la ciudadanía a los que :no saben: leer Y escribir? Es por ventura esa ignorancia una falta grave que debe castigarse con la privación del derecho de votar aun en primer grado? En este caso el Gobierno estará en el deber de proporcionar a todo el mundo esos conocimientos, y de tracer obligatoria su adquisición . Stuart Mill el ardoroso iniciador de esa forma de sufragio restringido—que él limita además con la obligación de saber contar—reconoce esta forzosa correlación de deberes.

La Constitución de 1821 estableció este requisito, pero concediendo un término nada menos que de veinte años para hacerlo efectivo. Las nuevas Constituciones de 1830,1832 y 1843, reprodujeron aquella disposición, incluso la renovación del plazo, y se comprende fácilmente la razón del largo término concedido por aquellos constituyentes. Ellos vieron que la exclusión de los que no saben leer y escribir implicaba una pena; que esta pena no debía tener efecto retroactivo, y debía notificarse con suficiente anticipación. La obligación de poseer un conocimiento envuelve la' de adquirirlo. Pero nosotros hemos sancionado desde las Bases, que la instrucción primaria no es obligatoria; y el honorable señor Samper es cabalmente uno de los que con más calor han abogado por esta libertad. Eximir a los padres de familia, por una disposición constitucional, del deber de enviar a sus hijos a la escuela, y penar por otros artículos a los hijos, por los efectos de un hecho declarado lícito, me parece un modo de legislar contrario a la equidad y a la lógica.

Si vemos la cuestión por otro lado, no como exclusión de unos, sino como incorporación de otros en la clase ciudadana, tampoco se advierte fundamento plausible. Para mí vale más que saber leer periódicos, que es lo más que sabe la generalidad de los leyentes, saber en el libro vivo del buen ejemplo, que es la facultad propia de toda persona no corrompida por las males lecturas. Cuanto a la segunda parte de la condición, todos los que conocen nuestros pueblos saben que el saber leer y escribir en la mayor parte de los caves solo significa saber firmar; y es además notorio que a los sufragantes que han de saber leer y escribir no se les exige, para poder votar, más comprobante que la firma.

Más razonable sería poner por condición la de saber la doctrina cristiana, u otro conocimiento positivo, que una operación puramente mecánica. Es evidente que esta línea divisoria deja a uno y a otro lado, juntamente, personas dignas y personas indignas, lo cual vale decir que con ella se establece una deslinde absolutamente arbitrario. Y si alguna presunción pudiere hacerse valer, más bien sería desfavorable a los que saben leer y escribir. En Colombia, por fortuna, lo que está corrompido no son las mesas, sino las clases semiletradas. En Cundinamarca, en años anteriores, se ha exigido esa condición para votar, y es el Estado donde hemos presenciado mayores escándalos electorales, obra de individuos pertenecientes, por la cuenta, a la clase a quien se pretende aquí que confiáramos el monopolio de la ciudadanía.