Pasemos a reseñar lo que se hizo en orden la mejora moral y material de la provincia. Ya que el rigor y los sucesos tristes acarreados por el deseo patriótico de ahogar el espíritu de insubordinación puedan merecer censuras y acriminaciones de partido, los incansables esfuerzos que en esos mismos días consagraron nuestros padres a fundar la administración pública, a levantar la condición de los pueblos y brindarles algún bienestar, serán siempre dignos de la gratitud y loa de la posteridad.

Las revueltas pasadas habían dejado entre la población de Bogotá una especie de sedimento de gente perdida, que, sin medio de subsistir, vivía en el desorden y del crimen, manchando el buen nombre de los bogotanos; para cortar este mal organizó el prefecto un sistema de policía muy activa en que él mismo tomaba parte, acompañando las rondas que todas las noches debían hacer los alcaldes con la fuerza pública, no sólo para seguridad de la población, sino para la represión de los juegos prohibidos, de la embriaguez y demás actos ofensivos a la moral. Fueron tan eficaces estas medidas en el territorio de su mando, que en el primer mensaje a la cámara de provincia le fue lícito decir: "Los delitos se han disminuído hasta el punto de que en un año no han pasado de seis los homicidios cometidos. Son raros los hurtos; y los ciudadanos y los correos transitan con sus caudales, sin que hasta ahora ninguno haya sido asaltado en los caminos, a pesar de la miseria pública y de la desmoralización que han debido producir las pasadas disensiones". Al mismo tiempo que con esta energía se encarrilaban los pueblos en los hábitos de orden y quietud, y nadie agraviaba el gobierno de la provincia por sus opiniones políticas y procuraba la fusión de los partidos bajo el amparo de una bien entendida tolerancia.

En la relación de mando que al separarse de la gobernación dejó a su sucesor, que lo fue el general José María Mantilla, pintaba el estado de las rentas públicas al hacerse cargo de la prefectura en 1831 con estos términos:

"Indiqué al principio de esta exposición que al salir la Nueva Granada de la dominación dictatorial y de la usurpación militar que la siguió, carecía de un sistema fijo y combinado de contribuciones y de administración, y así era la verdad. No se cobraban con exactitud los impuestos, o los encargados de su recaudación cometían fraudes o malversaciones de todo género: cada prefecto, cada gobernador y aun los jefes políticos disponían libremente de los fondos públicos; los comandantes militares y aun los jefes de escolta o partida en marcha giraban libramientos contra las administraciones subalternas de rentas y contra los asentistas de ellas. De aquí provenía que no podía llevarse una exacta cuenta y razón, ni hacerse efectiva la responsabilidad de los empleados de hacienda; sufriendo entre tanto el pueblo onerosas y vejatorias exacciones, insultos y concusiones, sin que a pesar de todo se consiguiera cubrir las asignaciones de los servidores públicos, ni hacer frente a comprometimientos los más sagrados. El crédito estaba perdido y exhaustas las cajas: no había confianza y todos sacaban sus intereses de la circulación para ponerlos a salvo; en suma, todo presentaba la imagen horrible del caos que había producido una inmoral y escandalosa revolución."

Tan sabido era esto, que una de las primeras medidas que tomó como prefecto fue pedir a todos los jefes políticos noticias sobre las rentas municipales para cortar el desorden, decía, y el abuso que en este punto se notaban. Estableció luégo la Convención la tesorería general por indicación del doctor José Ignacio Márquez; expidiose en abril de 1832 el decreto orgánico de la hacienda nacional, y quedó abierto el camino para manejarla con regularidad y economía. La provincia de Bogotá fue la primera en que se planeó la nueva organización, sin necesidad de visitadores o comisionados especiales como en otras, y fueron tan satisfactorios sus resultados que en la citada relación de mando escribía el doctor Cuervo:

"Las rentas públicas sufragan superabundantemente a los consumos de la nación en esta provincia; no se invierte ni un centavo sino en los objetos determinados por la ley, y los sobrantes que resultan al |fin del mes, que en ocasiones |han pasado de diez y siete mil pesos, se remiten a la tesorería general. Las contribuciones se recaudan con interés y actividad, y si es cierto que se emplea algunas veces alguna severidad con los deudores públicos, también lo es que nunca se cometen extorsiones ni vejaciones, y que todo lo recaudado se destina al mejor servicio del público, acumulándose lo que sobra, bien para hacer frente a nuestros comprometimientos con el acreedor extranjero y el doméstico, o bien para aligerar más adelante los impuestos nacionales. Interés en la cobranza de las rentas públicas, economía en los gastos, exactitud en la cuenta y razón, hé aquí los principios que han guiado mi conducta como director de la hacienda en la provincia.

"Hasta el 31 del próximo pasado (enero de 1835) están cubiertos íntegramente de sus asignaciones todos los empleados civiles, militares y de hacienda de la provincia; se han pagado todas las deudas que estaban pendientes, y se han satisfecho las cantidades que la tesorería general ha librado contra la provincia. |A nadie se debe un centavo con plazo cumplido. ¿Qué diferencia, bajo este respecto, entre el año de 1831 y el de 1835? Los servidores de la patria no recibían entonces sino una mitad o una tercera parte de su sueldo cada cuatro o seis meses y para socorrer al ejército con una miserable ración diaria hubo necesidad muchas veces de que yo comprometiera mi responsabilidad personal para conseguir en empréstito algunas cantidades de los ciudadanos particulares: no sucede hoy así, y los gobernantes pueden trabajar descansadamente sin ser distraídos con las reclamaciones de los acreedores y con los ruegos y súplicas del empleado."

Al mismo tiempo que así se ordenaban y acrecían las rentas, se promovió con empeño la averiguación de varias fundaciones pías que con el tiempo y a la sombra de las revoluciones estaban olvidadas en manos de los detentadores, para aplicarlas al objeto de utilidad pública con que fueron instituídas.

Por una de las muchas incoherencias que en aquel tiempo abundaban en la administración pública, la complicada renta de salinas estaba bajo la vigilancia y dirección del gobernador de la provincia de Bogotá. Siendo absolutamente imposible que el gobernador atendiera a todas las funciones que las leyes le asignaban, además de las puramente relativas al gobierno de la provincia, indicó la necesidad de que esta renta se anexase a otra, por ejemplo a la de tabacos, con la cual tenía alguna analogía, o que se nombrase un empleado a cuyo cargo corriesen exclusivamente los negocios de hacienda, dado que el personal de la gobernación, sobre ser reducido y estar abrumado de trabajo, no tenía remuneración suficiente. Conocidos los principios de orden y la severidad del gobernador, fácilmente se alcanza que al proponer el alivio de estas oficinas no era su intento crear una nueva para atestarla de empleados ociosos, sino mejorar el servicio con la conveniente y proporcionada distribución de sus funciones, como ya antes lo había pedido, apoyándose en las más acertadas consideraciones, con respecto a la renta de diezmos. Por falta de práctica en los organizadores de entonces, las oficinas presentaban un aspecto enteramente singular, pues mientras en unas se entorpecía el trabajo por la abundancia de empleados, en otras por la escasez apenas se podía resistir el peso de los negocios; y aun acaecía que las oficinas de más complicadas incumbencias eran las que contaban con un personal más escaso.

La reforma de la oficina de salinas era tanto mas urgente cuanto iba a verificarse en ella un cambio fundamental. Para conocimiento de este ramo no parecerán fuéra de su lugar algunas indicaciones sobre su historia y estado coetáneo.

Los que no están al cabo de lo que son las salinas del interior de la República, no tienen sino considerar la sorprendente e inagotable formación de sal gema de Zipaquirá, con sus ramificaciones de Nemocón, Tausa y Sesquilé, y las que aparecen en otros puntos de la meseta de Bogotá y en la cordillera oriental de los Andes colombianos. Hemos visitado las minas de Wieliczka, cerca de Cracovia, que pasan por ser de las más ricas de Europa, y vimos los cálculos de los millones de kilogramos que contienen; pero son nada en presencia de las que cercan a Bogotá, cuyos bancos, apenas rasguñados, son adecuada muestra de las proporciones sorprendentes que alcanza la formación salina.

Desde antes de la conquista los aborígenes conocían estas salinas, en especial la de Zipaquirá, y no sólo extraían  la sal gema, sino que aprovechaban las vertientes condensando el agua salada por medio del fuego en ollas chicas de barro, y formando así panes, que, vistas las condiciones meteorológicas y topográficas del país, eran lo más acertado que pudo idearse; en efecto, su dureza facilita la conducción e impide que absorba la humedad, ventaja que no tiene la gema, ni la cristalizada por cualquier otro procedimiento. Durante la Colonia se siguió el sistema de los indios y se abrieron las minas de Zipaquirá más o menos científicamente, para ensanchar la producción de sal gema a fin de atender a las necesidades de la ganadería y de algunos pueblos de Tunja que aficionaron a ella a causa del bajo precio a se vendía. Al venir la República, aunque en ella todo fue ensayos y vacilaciones, se continuó con el mismo sistema de administración que venía del gobierno colonial; pero llegaron a tánto las dilapidaciones y la ineptitud de algunos administradores, que, según oímos referir a un antiguo empleado de salinas, hubo día que en vez de producir rendimiento, tuvo la tesorería general de Bogotá que enviar dinero para pagar los servicios de la fabricación. En tales circunstancias se formó una compañía que tomó en arrendamiento las salinas, dando anualmente una crecida suma. Con esto parecía haberse obtenido una ventaja inmensa, pues lo que iba a recibir el gobierno se miró como bajado del cielo; mas luégo se echó de ver que el contrato ofrecía gravísimos inconvenientes, porque, no contentándose los asentistas con una utilidad razonable, comenzaban a formar enormes acopios de sal, de modo que al terminarse el arrendamiento, o habría de comprárselos el gobierno, o de renunciar a vender una sola arroba mientras durase la que aquéllos tenían almacenada. Concebido este temor, pedía la opinión pública que se buscase medio de hacer una transacción para impedir cuanto antes el mal, la que fue llevada a cabo por el doctor Cuervo, después de escrupulosos estudios y de largas conferencias con los asentistas. Como la ocasión era propicia para dar a esta renta la estabilidad e importancia de que era susceptible, se volvió otra vez al régimen de administración, pero aliando prudentemente el interés individual con el de la nación. Al efecto celebró el doctor Cuervo con los mismos arrendatarios el contrato de abril de 1834, que fue aprobado por el congreso, y según el cual se les pagaba una pequeña cantidad por cada arroba de sal elaborada y gema que entregaran, siendo de su cargo todos los gastos de producción, al paso que quedaban al del gobierno los del expendio y custodia de la renta. Estimaremos los resultados de este contrato, viendo lo que el mismo doctor Cuervo dice en la |Memoria que presentó al congreso de 1843 como secretario de hacienda:

"Se ha dicho, y así es la verdad, que los gobiernos son malos administradores, porque no encuentran en sus empleados el celo, la eficacia y el espíritu de economía que requiere el manejo de los negocios; y por esto se profesa y practica hoy la máxima de hacer marchar unidos los cálculos fiscales con los de los hombres acaudalados. En prueba de los útiles resultados que ella ha obtenido entre nosotros, véase lo que sucedía antes con la renta de salinas, lo que sucede ahora y lo que sucederá más tarde cuando terminen los actuales contratos. Basta leer los informes dados a la corte de Madrid por los visitadores de rentas y últimamente por el general expedicionario don Pascual Enrile, para conocer hasta qué punto llegaban los despilfarros y malversaciones en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa, aun bajo la vigilancia y tremendo poder de los mandatarios españoles, y los escasos rendimientos que dejaban, comparados con los que tienen después de celebrado el contrato de 21 de abril de 1834. Siento hablar de un negocio en cuyo arreglo y buena marcha tuve una pequeña parte; pero cuando se trata del servicio público, nada debe omitirse de cuanto conduzca a indicar el camino de las mejoras positivas, aun con riesgo de sufrir las mezquinas interpretaciones de la malevolencia."

Este contrato es el fundamento de cuantos se han hecho después, y por lo mismo el origen de la no imaginada prosperidad de esta renta, que ha venido a ser la segunda de la República, y da vida y riqueza a unas cuantas poblaciones. Como complemento del contrato y no menos digno de elogio, debemos mencionar aquí el informe que en mayo de 1834 dio el gobernador sobre la manera de organizar la renta y crear la administración, obra acabada que parece más bien hija de una larga experiencia en la materia que un proyecto de organización. Ni debernos tampoco olvidar la exposición que, como director de la renta de salinas y en cumplimiento de la ley del año anterior, pasó en 31 de enero de 1835 al secretario de hacienda: es una extensa memoria donde se halla todo lo relativo a la marcha de las salinas desde que están administradas por el gobierno, junto con oportunas indicaciones para aumentar el consumo y conservar en buen estado las minas y propiedades de la nación. Entre aquellas indicaciones llama la atención la de abrir a la mayor brevedad un buen camino de Ibagué a Cartago por la montaña de Quindío para llevar a poco costo la sal del interior al valle del Cauca y venderla a menor precio que la del Ecuador y el Perú, que se consume allí con gran perjuicio de las rentas nacionales.

Al acabar la dictadura de Urdaneta no quedaron en las noventa y ocho parroquias del departamento de Cundinamarca sino veintitrés escuelas. Da suficiente idea de cuál serían ellas el informe pasado por no don Gil Ricaurte, visitador de las de Bogotá, a fines de 1831 no halló en la ciudad sino la llamada normal, acomodada con una primaria en una misma casa del barrio de Las Nieves; concurrían a ellas ochenta y cuatro niños, y no podían recibir las enseñanzas por falta de enseres y por el ruinoso estado del local; agrega tener noticia de otras dos escuelas privadas. El doctor Cuervo, que tanto había trabajado antes en la dirección de instrucción pública, no dejó pasar la primera semana de su prefectura sin empezar el restablecimiento de la educación primaria. En el primer año quedaron establecidas sesenta y dos escuelas, veinte según el método lancasteriano, y con mil novecientos noventa y siete alumnos; todo esto sin recargar las contribuciones ni fundar nuevas y costosas oficinas. Al separarse de la gobernación dejó setenta y tres, gran parte de ellas montadas según el sistema lancasteriano y con más de tres mil doscientos niños varones, y además nueve de niñas, dotadas todas con fondos suficientes para asegurar su buena marcha. Fuéra de esto subvencionó, conforme a un decreto de la Convención de la Nueva Granada, con cincuenta pesos mensuales la gratuita que dirigían las monjas de La Enseñanza, excitó a los conventos de frailes para que arreglasen sus escuelas públicas, y estimuló a los buenos ciudadanos que se dedicaban a la educación. Estos resultados, aunque inmensos, no los miraba sino como los primeros pasos dados en la organización de la provincia, y así lo advierte él mismo: "Yo no puedo lisonjearme de que todas estas escuelas tengan la perfecta organización que corresponde a la importancia de su objetivo y al espíritu del siglo; pero he zanjado los cimientos para la obra, en medio de las agitaciones que se han sucedido entre nosotros, y luchando con la escasez de fondos, con la pobreza de algunos vecindarios, con el egoísmo, con las preocupaciones y con absurdas y perjudiciales rutinas."

Queriendo dar a la educación primaria un aspecto esencialmente popular, pero sin gravar al tesoro con una complicada oficina, solicitó de la cámara de provincia la creación de la |Sociedad de educación primaria, a semejanza de la que se había establecido en Popayán para que sirviera de cuerpo auxiliar a las autoridades, conciliándoles sobre todo el apoyo de la opinión pública. Su idea fue tan bien acogida, que una vez autorizada la fundación por la Cámara, se instaló la Sociedad con lo más lucido de la población de la capital, siendo su primer presidente don Joaquín Mosquera y secretarios don Pastor Ospina y el coronel Joaquín Acosta. En las principales poblaciones se creyeron las personas de más consideración en el deber de inscribirse y ayudar con su influencia y sus ofrendas pecuniarias. La organización fue tan sólida y tan benéficos los resultados, que a pesar de nuestra veleidad e inconstancia por largos años tuvo en ella el gobierno cooperación eficaz y patriótica. De sus fondos suministraba a las escuelas libros y otros útiles, y en 1843, siendo presidente el ilustrísimo señor Mosquera y vicepresidente el doctor Cuervo, labró a su costa, al lado del observatorio astronómico, un amplio local para la escuela primaria y normal del barrio de la Catedral ^{| (1)} .

Ni vaya a creerse que al trabajar el doctor Cuervo por extender las escuelas hasta los últimos distritos de la provincia tenía por móvil el mezquino interés de inculcar las ideas de tal o cual secta política. Para él la educación de la juventud era sagrada y superior a las ambiciones de los partidos, y por eso la puso bajo la protección de lo más ilustrado de la sociedad y le dio por base la enseñanza religiosa: garantías ambas de que las escuelas serían semilleros de ciudadanos honrados, acordes en los principios fundamentales de toda sociedad bien organizada.

Si en la educación primaria se mostraban las huellas de los últimos lamentables sucesos de Colombia, la Universidad, madre de tánto hombre proclaro, no presentaba un cuadro menos doloroso. En el edificio de San Bartolomé se había acuartelado el memorable batallón Callao y destruído los pocos instrumentos de física que quedaban, lo mismo que una parte de la biblioteca. El desarreglo y la injusticia reinaban en las asignaciones de los empleados y catedráticos, y la disciplina interior en ninguna para los pocos jóvenes que cursaban en ella. ''Entronizado el despotismo'', dice |La Diligencia, periódico de aquellos tiempos, "una juventud ardiente embriagada con las ideas de libertad se propone derrocarlo, y con este fin deja los libros empuña las armas, abandona el estudio, y sólo se ocupa de vagar en las calles averiguando noticias políticas. Coadyuvados sus esfuerzos por la opinión pública, ella ataca, vence y destruye la tiranía; mas preciso es confesar que si por una parte fue gloriosa esta lucha para la juventud, por otra ha sido funesta. En efecto, exaltada su imaginación con ideas exageradas, y familiarizada con el estrépito de las armas, olvidó las ciencias y corrompió su moral. Hé aquí uno de los males y quizá el mayor que ha causado el despotismo". Fruto de esta indisciplina fueron los graves escándalos que dieron varios jóvenes en las funciones religiosas de la Semana Santa de 1832, con que llenaron de indignación a los habitantes de la ciudad, provocando a la autoridad a dictar serias medidas represivas. Afortunadamente el régimen de policía y la severidad del nuevo rector del colegio de San Bartolomé, don José Ramón Eguigurem, que restableció por entonces la disciplina y las prácticas religiosas, refrenaron algún tanto la incivilidad e insubordinación. Al año siguiente se notó en las mismas funciones mayor respeto y compostura, efecto de estos enérgicos remedios.

Al elevar al gobierno en noviembre de 1831 la relación de caja de la Universidad, formada por el síndico don José María Sáiz, y la comunicación del rector sobre la imposibilidad de arreglar las cuentas por el desorden en que vienen de atrás, halla motivo el doctor Cuervo para indicar la manera de organizar nuevamente aquel establecimiento y las economías que se deben hacer. Recuerda que, conforme a la ley de 1826, el poder ejecutivo no puede nombrar para miembros de la dirección general de estudios sino a individuos que disfruten renta por cualquier otro título, con el objeto de no gravar los fondos de la enseñanza con muchos sueldos, y agrega:

"Esta disposición es sabia, económica y está basada sobre el principio legal de que nadie puede ganar dos rentas de los fondos públicos. ¿Por qué, pues, no se hace extensiva a todos los demás empleados en la instrucción nacional? Un canónigo, un párroco, un ministro de un tribunal de justicia, un secretario de Estado, cuyas plazas están bien dotadas, ¿tendrán tan poco patriotismo que no comuniquen sus conocimientos si no se les da la suma de trescientos pesos, suma que para ellos es insignificante y de mucho provecho para la Universidad? En el departamento del Cauca, el rector y la mayr parte de los catedráticos sirven de balde, y los estudios hacen progresos admirables. El infrascrito prestó allí este servicio, como catedrático y como secretario, y hoy está empleado en la dirección general, y nunca ha percibido más sueldo que el de su empleo civil, porque ha creído que él le basta para subsistir, y que cualquier otro encargo de la sociedad está obligado a desempeñarlo en recompensa de los bienes que ella le proporciona. Sería, inútil y conveniente que por punto general se resolviese que ningún empleado en la Universidad que disfruta por otro título de una renta de más de mil pesos anuales, percibiera sueldo de los fondos de la enseñanza. Con esta medida se proponían aumenta los sueldos de los que no tienen otras entradas suficientes para su manutención, o se harían los gastos de que he hablado antes (la compra de libros para la biblioteca e instrumentos para las ciencias exactas y experimentales, como también para la fundación de cátedras de química y botánica)."

Y no hay que figurarse que actos de desprendimiento como los que proponía el doctor Cuervo causasen extrañeza en aquellos tiempos. Poco hacía (4 de junio de 1831) que el teniente coronel Juan José Neira había devuelto el despacho de coronel efectivo con que el Gobierno premiaba sus insignes servicios, suplicando se le expidiese licencia absoluta o por lo menos letras de cuartel sin goce alguno, "en atención a las escaseces del erario público y al número crecido de jefes beneméritos que estaban por colocar en el ejército". Más recientes eran las medidas propuestas por el ministro de hacienda Márquez para disminuir los gastos nacionales: el vicepresidente Caicedo las acogió el primero, "deseando que los ahorros y economías comenzasen por el jefe del ejecutivo, desprendiéndose voluntariamente de parte de su sueldo", y se extendieron de los ministros y consejeros de Estado abajo a todos los subalternos. La convención, aprobando estas resoluciones, aplaudió, como era justo, que al reducir los gastos se hubiera dado el buen ejemplo de comenzar por el jefe del gobierno y por el ministerio ^{| (2)} .

Desgraciadamente no estaba reservado a la buena voluntad de esta administración levantar la Universidad cuanto correspondía al primer cuerpo literario de la ilación ^{| (3)} .

Cuanto queda expuesto con respecto a la instrucción se encaminaba al fin a restablecer lo destruído o mejorar lo existente; el doctor Cuervo quiso dejar un monumento fundado de planta nueva y consagrado al bien de la mujer, por cuya educación superior la República nada había hecho al paso que dirigía todos sus cuidados a la del hombre. Con este pensamiento desenterró la ley del congreso de Cúcuta que aplicaba a la instrucción los fondos de los extinguidos conventos menores, aseguró las propiedades de los de San Francisco de Guaduas y de Las Aguas de Bogotá, amenazadas de desaparecer como otras tántas, buscó las fundaciones destinadas para socorro y auxilio del sexo débil, y cuando tuvo allegada una renta de más de dos mil pesos anuales propuso al gobierno la fundación del colegio de La Merced, destinado especialmente para las hijas de los próceres de la Independencia y de los beneméritos de la patria. Pidió en nombre de las granadinas esta gracia que no costaba a la nación sino él trabajo de dictar los reglamentos, nombrar los empleados y otorgarle su protección. El vicepresidente Márquez accedió inmediatamente a tan patrióticos deseos, y el 30 de mayo de 1832 decretó la fundación del colegio, aplicando los bienes señalados y dando los reglamentos. Recordando después el doctor Cuervo que para esta empresa había tenido que remover voluminosos expedientes, contrariar a los que sin títulos disfrutaban de aquellos bienes y luchar con injustas pretensiones, y contemplando la creciente prosperidad de aquel plantel y la confianza que le dispensaban las familias más distinguidas, se complacía en llamarlo la |obra de sus esfuerzos. Hoy sobrevive, habiendo resistido a todas las agitaciones y trastornos políticos, sin duda, por el espíritu práctico que dominó en su creación: "S ha sido contra mis principios indicar bellos ideales'', dijo entonces el doctor Cuervo al gobierno todo allí debía ser modesto, todo a la medida de los recursos disponibles, todo adecuado a la condición y necesidades de nuestras mujeres.

En 1833, teniendo puestos los ojos en este colegio, escribió su Catecismo de Urbanidad, obrita tan recomendable por la sencillez como por la discreción y universal oportunidad de sus máximas. Es un extracto, según él mismo lo advierte, de varios autores, adicionado con observaciones propias, y dispuesto de manera que pueda llegar lo mismo a manos de señoritas criadas en los salones que a las de modestas aldeanas, sin riesgo de que la afectación haga insoportables sus maneras. No habiendo faltado quien se lo apropiase reimprimiéndolo fuéra de la república, sacó a luz el autor otra edición en 1853, revisada y precedida de un prólogo en que con brevedad hace importantes observaciones sobre la educación de la mujer y la influencia de la urbanidad en la moralidad y bien andanza de las familias. Lleva por epígrafe la divisa que parece tuviera él estampada en el fondo de su corazón: " |Quod munus republicae maius meliusve offerre possumus, quam si docemus atque erudimus inventutem? (Cicerón, |De Div.) Qué mayor beneficio, qué servicio más importante podemos hacer a la República que el de enseñar y dirigir la juventud?"

Vengamos ahora a la parte material de la provincia y a las necesidades de la capital. Como argumento del abandono anterior baste decir que para terminar el empedrado de la calle de la Carrera comenzado en 1824 por el doctor Cuervo como jefe político, fue menester que él lo hiciera en 1831; y a nadie se le ocurrió antes de esta época sacar de la plaza mayor los escombros amontonados en ella cuando los terremotos de 1826 y 1827, ni atajar los muladares que a toda priesa avanzaban hacia el centro de la ciudad. Muchas otras mejoras de esta naturaleza se llevaron entonces a cabo, corno construcción de puentes, empedrados, acueductos y fuentes, contribuyendo en algunas el doctor Cuervo con su propio peculio, según aparece de las cuentas publicadas en el periódico oficial. Fue auxiliar activo en esta labor el jefe político don José Vargas, cuyo nombre ha quedado grabado en varias obras públicas.

Entre las más urgentes realizadas en la ciudad mencionaremos las que se emprendieron en los cuarteles. Hallándose éstos casi en completa ruina, decretó el gobierno en abril de 1832 su reconstrucción y mejor arreglo; llevólo a efecto el gobernador, bajo cuya dependencia se hallaba también este ramo, edificando algunas piezas de absoluta necesidad, empedrando los patios, dando buena disposición a las cuadras, haciendo piezas para los oficiales y para el despacho, y camas, armeros y perchas para los soldados. Los jefes del ejército la mostraron su satisfacción al separarse temporalmente de la gobernación, encareciendo "el interés que había tomado en mejorar la suerte del soldado y todo lo correspondiente al ramo militar".

Entre tanto no se descuidaba el bienestar del resto de la provincia: por primera vez se redujo a un sistema ordenado y constante la composición de los caminos, que si siempre han sido malos, entonces eran intransitables; particularmente se mejoraron el de Honda y el de Zipaquirá y Ubaté. Se principió y adelantó hasta casi concluírse la gran calzada de Puente Grande, obra utilísima que evita las inundaciones en tiempo de lluvias, y la de Balsillas, que presta igual servicio. Se labraron algunos puentes, como los de Barandillas y Sisga.

El 15 de octubre de 1827 dio el Libertador un decreto poniendo en vigor las leyes españolas que prohíben la inhumación de cadáveres en las iglesias, decreto que en la capital debía empezar a regir el 25 del mismo mes; pero como lo que se llamó cementerio no era sino un pedazo de ejido apenas deslindado, esta providencia causó sumo disgusto, porque la gente estaba acostumbrada a ver que sus deudos difuntos descansaban bajo cubierto al pie de los altares. El primer cadáver en que hubo de cumplirse acertó a ser el de un caballero de dilatadas conexiones en la ciudad; hiciéronse las exequias en la parroquia de San Victorino, y el ataúd, muy bien clavado, se llevó al dicho ejido y se enterró convenientemente. A los tres días se rugió que el cuerpo no había ido al cementerio, sino que a inedia noche lo habían sepultado en una iglesia. Llegada la voz a las autoridades, hubo grande alboroto; el jefe político, acompañado de un escribano, se trasladó inmediatamente al cementerio, desenterraron el ataúd y lo encontraron lleno de tierra y sin cadáver alguno. Picados con la burla, mandaron a todas las iglesias albañiles a abrir las sepulturas y reconocer los cadáveres. A más del peligro de tan extraña pesquisa, fue fortuna para el muerto buscado que vinieran otros sucesos a distraer por el momento la atención, Con lo cual quedó en paz ^{| (4)} . Luégo la escasez del tesoro obligó al gobierno a permitir la continuación del abuso, mediante el pago de diez a sesenta pesos por licencia, que se dijo estaban destinados para la construcción de un gran cementerio en las afueras de la ciudad. Cuando el doctor Cuervo tomó el mando, arregló la recaudación de estos fondos, y ordenó se siguiese inmediatamente la obra, de que apenas había puestas algunas piedras. La dejó ya en estado de servir, concluídas las paredes del contorno y con más de doscientos nichos y una buena portada, a la que puso por inscripción: |Exspectamus resurrectionem mortuorum. Para desvanecer las prevenciones vulgares contra el cementerio, él compró (y otros ciudadanos siguieron su ejemplo) el nicho marcado con el número 1º, el cual fue ocupado no mucho después por su hijo Angel María, muerto el 12 de marzo de 1837.

Dado el ejemplo en la capital, fue menos difícil obtener de las otras poblaciones que abandonando la antigua costumbre construyesen fuéra de poblado cementerios con la decencia que permitían las rentas municipales o la generosidad de los vecinos.

El hospital de caridad fue también objeto de reformas fundamentales.

"Esta casa de misericordia, dice el doctor Cuervo, ha estado al cuidado y bajo la dirección de los religiosos de San Juan de Dios desde que fue fundada. Los desarreglos y abusos que en ella se introdujeron con el curso del tiempo, movieron al monarca español a expedir la cédula de 6 de octubre de 1805, ordenando el nombramiento de síndico y mayordomo para la recaudación y administración de sus rentas; pero bien fuera por indolencia de los mandatarios públicos, o bien por otros motivos que yo ignoro, nunca se llevó a efecto tan saludable disposición. En 24 de diciembre de 1828 expidió el general Bolívar un decreto que tendía a hacerla cumplir, y fijaba las atribuciones y deberes tanto del síndico como del mayordomo; mas tampoco fue ejecutado. Luégo que yo tomé el mando de la provincia, dirigí mi atención a la mejora y arreglo de aquel asilo de la humanidad doliente, designé individuos de respetabilidad y celo que lo visitasen, y por último nombré síndico y mayordomo conforme a la ley de patronato. Jamás pude conseguir que estos empleados entrasen a ejercer sus funciones, a causa de que los prelados hospitalarios les han presentado gravísimas dificultades para la entrega de los bienes pertenecientes al hospital.

"La gobernación instruyó de todos estos hechos a la cámara de provincia en sus tres reuniones pasadas, hasta que en su última (1834) acordó dos decretos en 9 y 11 de octubre del año anterior, dando reglas para la administración de las rentas hospital y prescribiendo el modo con que el síndico debe llevar sus cuentas. El poder ejecutivo suspendió los artículos 1º y 2º del primer decreto por considerar que la cámara no tenía facultades para dar las disposiciones en ellos contenidos; mas como siempre quedaron salvas las del gobernador para hacer cumplir las leyes en la provincia, expedí mi decreto de 26 de noviembre último disponiendo se procediese a formar un inventario de todos los bienes pertenecientes al hospital de San Juan de Dios en los términos y con la extensión de que habla la ley 5ª título 4º, libro 1º de la Recopilación de Indias y según lo prevenido por el decreto de la cámara provincial en la parte no suspendida. Dicho inventario se ha practicado con toda la exactitud y escrupulosidad posible, y la gobernación, usando de la facultad concedida por el artículo 9º del decreto citado de 9 de octubre, ha dado un reglamento en que se detallan las funciones del síndico y mayordomo, y se les asignan las finanzas que deben prestar y sueldos que han de gozar, y se dispone todo lo conducente a la buena marcha del establecimiento, a la exacta y religiosa administración de sus rentas y a la más puntual asistencia de los enfermos."

Entonces no faltó, como de costumbre, quien gritara contra las usurpaciones de la autoridad civil, olvidando que los padres hospitalarios, como bien lo había visto el gobierno español, eran meros asistentes de los enfermos y no dueños del establecimiento, y desentendiéndose de que la República había efectuado estas reformas de acuerdo con ilustrados eclesiásticos que se dolían también del abandono en que estaba el hospital.

El hospicio, cuyos sabios estatutos redactados por el ilustre americano don Francisco Antonio Moreno obtuvieron la aprobación de Carlos III en junio de 1777; recibió vital ensanche de la beneficencia del virrey Ezpeleta; allí se recogían los mendigos, se criaban y educaban los expósitos, y todos trabajaban en los telares y otros oficios. En los últimos tiempos de Colombia había venido tan a menos que sirvió el edificio sucesivamente de cuartel y de cárcel, con tal abandono, que comenzaba ya a derruírse. Abierto de lluevo, solicitó el doctor Cuervo de la cámara de provincia las disposiciones convenientes para aumentar las rentas y darle nueva y más amplia organización. Al cesar en su gobierno dejó la Casa de Refugio, que este nombre se le dio, completamente arreglada, habiendo cooperado para ello el celo infatigable de don Ignacio Gutiérrez, nombrado director, no sólo por sus conocidos talentos sino como descendiente del mencionado fiscal Moreno.

No hemos particularizado hasta ahora sino las obras de más consideración, y para declarar la vida que se infundía en todos los ramos sería necesario resumir aquí infinitos documentos oficiales que corren en los periódicos, señalando sus resultados efectivos. No callaremos, sin embargo, algunos hechos menudos que arguyen la paternal intervención del gobierno en el bienestar de todas las clases sociales de la provincia de Bogotá. El gobernador procuró hacer eficaces las disposiciones del congreso de Cúcuta para la libertad de los esclavos, organizando las juntas cantonales de manumisión, poniendo orden en la recaudación de esta renta y estimulando la simpatía hacia aquellos infelices. Para ello dio gran solemnidad a la ceremonia de manumitir diez y seis esclavos, escogiendo el día mismo en que se posesionaba de la presidencia de la República el general Santander (7 de octubre de 1832); alzóse en la plaza mayor un templete en frente del despacho de la gobernación, donde ocuparon su lugar el concejo municipal y los miembros de la Junta de Manumisión, y presidió el acto el gobernador, teniendo a su derecha al presidente, quien terminó el acto arengando al pueblo sobre los beneficios de un gobierno liberal. Tres años hacía que en la provincia no daba el gobierno libertad a ningún esclavo.

La Facultad de Medicina, contagiada del común desorden, se había disuelto por rencillas de sus miembros con grave daño de la juventud estudiosa y de la población en general, pues andaban recetando individuos desprovistos de saber y de títulos. El doctor Cuervo, conocedor de que este cuerpo, que contaba con profesores de no escaso mérito, había de ayudarle poderosamente, desde los primeros días de su gobierno los convocó a su despacho y con el justo elogio de sus merecimientos, les recordó sus deberes legales y de humanidad, restableció la armonía, y después estimulándolos con honrosas comisiones benefició su ciencia en obsequio de la salubridad pública. Ya hizo recorrer la provincia en busca de los climas más adecuados para contener los estragos de la lepra y construír lazaretos; ya vulgarizó los métodos que pasaban en Europa por más eficaces para preservarse del cólera, que por entonces amagaba comunicarse a América; ya distribuyó profusamente en todos los distritos un folleto titulado |Preceptos útiles sobre la conservación de la salud y la asistencia de los enfermos, traducido del francés y encaminado a difundir en el pueblo los conocimientos indispensables de higiene y medios fáciles de atajar con tiempo las enfermedades comunes, que sin esto a menudo ocasionan la muerte en los habitantes de los campos.

Prenda de este mismo interés por la prosperidad pública y privada fue el empeño con que se procuró adelantar la agricultura. Veíase salir del país día por día el numerario en pago de los artefactos extranjeros, sin esperanza de que la industria nacional pudiera ni en época lejana resistir la competencia, y naturalmente pensaron los buenos patriotas en fomentar la agricultura, como verdadera fuente que es de la riqueza pública y salvación única de la nación. Desde 1829 había señalado el doctor Cuervo en el |Eco del Tequendama la urgencia de aplicar este remedio a la miseria general, pintando la infeliz suerte del agricultor, agobiado por duros e injustos pechos, maniatado por la ignorancia o la rutina y encerrado como en una prisión por los malos caminos. Llevando adelante las mismas ideas y sentimientos, instó desde el principio de su mando al gobierno para que fomentase activamente el cultivo, y en varios informes, sobre todo el que pasó por febrero de 1833, se contienen datos y enseñanzas que hoy mismo podrían tenerse en cuenta para mejorar nuestra situación económica. Entre otras medidas utilísimas que tomó fue la primera la de nombrar una comisión compuesta de los señores don Alejandro Osorio, don Fernando Caicedo y don José María Sáiz para que estudiaran detenidamente las condiciones de la provincia y propusieran los medios más rápidos y seguros de mejorar el cultivo y alentar a los agricultores. Desempeñáronse estos buenos y doctos ciudadanos extendiendo un nutrido informe, que el doctor Cuervo trascribió al gobierno, añadiendo algunas indicaciones, como la erección de las cátedras de química y botánica, para lo cual había fondos disponibles, y la fundación en las capitales de las provincias de Semanarios de agricultura, para difundir los conocimientos más indispensables en la materia y vulgarizar los descubrimientos científicos conducentes a su progreso. Consiguientemente fundó en 1832 |El Cultivador Cundinamarqués o Periódico d la industria agrícola y de la economía domestica, escrito por personas competentes, que sin ostentar ciencia recóndita, desarrollan preciosas enseñanzas, poniéndolas al alcance del último labriego. Para vencer la indiferencia, condición tan común de la ignorancia, y despertar el interés de la gente del campo, obligó a las autoridades municipales a que los domingos después de la misa mayor y en presencia de todos los vecinos leyesen |El Cultivador, atendiendo a toda observación razonable que se hiciese para trascribirla al gobernador. En cada distrito debía quedar un ejemplar en el archivo municipal y otro en la casa cural a la disposición del público. Fuéra de esto, era la agricultura objeto predilecto en las |Memorias a la cámara de provincia y en otros escritos del gobernador, quien pasando adelante, estimulaba la aclimatación o el cultivo de vegetales valiosos para el comercio.

La escasez de numerario, que era una de las principales causas de la pobreza y atraso, pensó obviarla fundando un banco provincial, pero no con las rentas efímeras del Estado, sino despertando el interés individual con la perspectiva de considerables utilidades y ventajas. Por más que la creación de un banco en aquellos tiempos pudiera parecer una fantasía superior a los recursos del país y fraguada en cerebros enfermizos, no cabe duda que el doctor Cuervo la llevara a efecto si por ese tiempo no dejara la gobernación. Sería alargarnos demasiado entrar en los pormenores de su proyecto: basta decir que fue convenientemente madurado, y que, a llevarse a cabo, habría libertado a las poblaciones y hasta al mismo gobierno de la usura que por entonces explotaba con crueldad la miseria pública.

Tántas y tan variadas ocupaciones no agotaban la actividad del doctor Cuervo. Si bien se vio precisado a confiar a un sustituto (don José Duque Gómez) la cátedra de derecho canónico que regentaba en el Colegio del Rosario, siempre vigilaba personalmente las escuelas de la capital, visitaba con frecuencia las demás de la provincia, y concurría a exámenes y grados, en que su indefectible presencia era para los estudiantes no menos estímulo que motivo de confianza.

Lejos de parecerse a aquellos gobernantes cuya actividad es puramente material y como si dijéramos epiléptica, que hacen por hacer, destruyen y no edifican, cansan a los empleados, fastidian y exasperan a los pueblos y arruinan el tesoro, nada emprendía sin proveer con tiempo a la seguridad del buen éxito, acompañando a las obras más triviales un pensamiento elevado de equidad, compasión, elegancia o comodidad. Así no establece la policía del teatro sin inculcar, con las demás ventajas de las representaciones escénicas, que son escuela de lenguaje puro y correcto, de urbanidad y buen gusto. Si apoya la venta de algunos ejidos, no piensa sólo en que se secarían los pantanos, se limpiaría la tierra, se harían útiles sementeras, se construirían casas y adelantaría la agricultura, sino también en que se embellecerían los alrededores de los lugares y habría paseos de recreación y de gusto. Cuando el gobierno pide los individuos necesarios para llenar las bajas del ejército, cumple la orden convirtiéndola en medida de policía: más de mil hombres sacó, pero escogiéndolos "entre los ociosos y mal entretenidos, entre los guapetones y perdonavidas que hostilizan en los pueblos a sus pacíficos habitantes, entre los casados que sin motivo tienen abandonadas a sus mujeres, y en fin, entre los hijos a quienes no puede sujetar la autoridad paterna"; por este medio, agrega, ''no se han quitado brazos útiles a la agricultura y a las artes, y se han castigado aquellos zánganos de la sociedad para enmienda suya y escarmiento de los demás." Al activar la construcción del cementerio de Bogotá no sólo pone los ojos en los resultados higiénicos, le mueve el anhelo de suprimir con brevedad una contribución tanto más dura cuanto se pagaba entre sollozos y lágrimas, y no olvida pedir que se nombre un capellán que aplique los sufragios de la religión por los que allí se entierran.

Ni sus gustos e inclinaciones ni menos su constitución delicada consentían al doctor Cuervo acomodarse a esta vida tan afanosa y llena de contradicciones. Repetidas veces hizo renuncia formal y otras tantas se negó el gobierno a condescender con sus deseos y sus necesidades. En 7 de noviembre de 1832 se le contestó "que siendo notorias la capacidad y celo del que representa, en el desempeño de las importantes funciones de gobernador, el poder ejecutivo sacrificará en la elección de sus agentes el interés particular de ellos, al general del Estado". En diciembre de 1833 apenas logró que se le concediera licencia por tres meses, y dejó el puesto de 1º de enero a 1º de abril de 1834, reemplazándolo interinamente al principio el general José Hilario López y luégo don Francisco López Aldana, fiscal del Tribunal de Apelaciones. Acometido de un grave accidente en septiembre del mismo año, elevó igualmente su renuncia, pero restablecido en breve, tampoco fue aceptada. Por fin, agobiado del trabajo, decidió hacer un viaje a Europa, y en 4 de febrero de 1835 el gobierno le permitió retirarse, encomiando sus servicios y merecimientos.

Con este testimonio llevaba el más satisfactorio de su conciencia, pues que diciendo en su Relación de Mando: "Ninguna orden queda por cumplirse, ningún negocio por despachar", pudo concluírla en estos términos:

"Al despedirme de la carrera pública, en la que un ímprobo trabajo y disgustos y pesares sin cuento han arruinado mi salud, llevo el consuelo de haber pagado a mi patria las primicias de mi primera edad; de haber contribuído al sostenimiento del orden y a la consolidación del gobierno; y de haber dirigido todos mis actos al servicio de la nación y de los pueblos de mi mando. Dejo la provincia de Bogotá en paz y tranquila, gozando los ciudadanos de libertad y seguridad en sus personas y propiedades, planteadas escuelas en los dos tercios de las parroquias, establecida una sociedad para aumentarlas y perfeccionarlas, mejorados los establecimientos de beneficencia, los caminos y obras públicas, administrada con regularidad la hacienda nacional, pagadas las deudas, satisfechos de sus asignaciones los servidores públicos, organizada la guardia nacional y bien asistido el ejército. A pesar de esto no presumo del acierto en mis procedimientos, siendo tan difícil lograrlo en todo: mucho que da por hacerse todavía; pero al desempeñar la última función de mi cargo, tengo por una circunstancia feliz, la de dejar un sucesor ilustrado que sabrá rectificar y llevar al cabo las ideas que he concebido en el período que he gobernado la provincia."