"Los Estados Unidos se han librado de la guerra civil que amenaza a las colonias españolas, porque aprendieron a gozar de la libertad antes de gozar de la independencia", así escribía en carta que poseemos autógrafa Alejandro Humboldt en julio de 1817 a uno de los ministros de Luis XVIII, remitiéndole la primera parte de sus viajes. Palabras profundas y cuasi proféticas, pues, sin tener ni remota idea de la libertad política, nos encontramos al separarnos de España en la condición de aquellas aves que, criadas en la jaula, no saben qué hacer de sí cuando se ven en el aire libre. Al cabe de largos esfuerzos parecía que no supiéramos sino devorarnos, y Bolívar pudo decir con razón en su mensaje al congreso constituyente de 1830: "Ardua y grande es la obra de constituir un pueblo que sale de la opresión por medio de la anarquía y de la guerra civil, sin estar preparado previamente para recibir la saludable reforma a que aspiraba... Todo es necesario crearlo... Conciudadanos, me ruborizo de decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido, a costa de los demás". Sí, en la Nueva Granada, más que en Venezuela y el Ecuador, todo había que crearlo. La capital, especialmente, era liza de todos los partidos; a ella venían todas las quejas, en ella se sentía el estremecimiento de todas las conmociones de los demás departamentos; aquí había de arbitrarse el remedio, de aquí habían de salir los recursos, y mientras el gobierno atendía afanoso a todo esto, apenas tenía tiempo para cumplir los filantrópicos designios de los congresos, que habían ido acumulando leyes sobre leyes, como si hubiera fuerza en el brazo que las debía ejecutar y voluntad dispuesta en quien las había de obedecer. La misería pública y privada había llegado a su colmo, tal que a fines de 1829 el interés del dinero era del seis al diez por ciento mensual, la agricultura estaba postrada, por fundar la industria, desorganiza da la instrucción pública, casi cegados los caminos. Disuelta de hecho Colombia por la separación de Venezuela, y derrocado por una facción militar el gobierno que tenía su asiento en Bogotá, se agravaron los males hasta un punto que difícilmente podemos concebir; y como para poner el sello a tamañas calamidades, acabaron el hervor de los partidos y el horror a la anarquía con el espíritu de nacionalidad. Al paso que lo había despertado la emulación en Venezuela y el Ecuador, se diría que nosotros habíamos olvidado nuestros linderos; y si Casanare y el Cauca volvieron a abrigarse bajo el pabellón granadino, no se debió por cierto a impulsos de un vehemente amor patrio, sino más bien a la noble conducta de Venezuela, que se negó a contar a la primera entre sus provincias, y a la energía con que la convención y nuestras fuerzas en el sur pusieron a raya la ambición de Flores.

De aquí se puede colegir cuánto tino y entereza fueron menester para fundar la Nueva Granada, y lo que vamos a decir sobre los desvelos con que se logró levantar de su postración varios ramos del servicio público, será argumento de lo que antes había. Aquí nos concretaremos a la parte que en esta labor cupo al doctor Cuervo, que, aunque era como prefecto y gobernador agente del poder ejecutivo, tenía muchos ramos bajo su inmediata dependencia, y para su organización tomó vigorosa iniciativa.

Desde febrero de 1830 ocupaba la plaza de juez en la sala de lo civil de la corte de apelaciones del centro, de la cual era antes fiscal, cuando fue llamado a la prefectura de Cundinamarca, en tanto que don Andrés Marroquín, que obtenía el cargo, iba al congreso constituyente de la Nueva Granada. Se le nombró el 5 de octubre de 1831, de modo que fue el último prefecto de este departamento conforme a la constitución de Colombia y el primer gobernador de la provincia de Bogotá en la división acordada por el congreso de la nueva República.

El vicepresidente Caicedo, que llevaba adelante con nunca bien alabado patriotismo el intento de apaciguar los odios de partido y mantener la constitución, había visto la decisión con que el doctor Cuervo se opuso a que los exagerados proclamaran la dictadura de Obando con ruina del mismo gobierno que acababa de restablecerse; y valiéndose de la afectuosa amistad que le profesaba, logró vencer su repugnancia a ocupar un puesto que bien adivinaba cuántos sinsabores había de ofrecerle ^{| (1)} . Pundonoroso y hecho a los trámites ajustados de los tribunales, iba a ponerse entre las borrascas de la política, en que las leyes hallan escaso favor, para ser blanco de censura a los violentos y de resentimiento a los perseguidos, y con corta esperanza de hacer algún bien al Estado o a los particulares. Mucho hubo de batallar consigo para dar su aceptación, pero al fin venció el amor patrio, y si no se engañó al prometerse desacatos, odiosidades y calumnias, todo quedó superabundantemente compensado con la satisfacción de haber abogado por los caídos, minorado a algunos sus padecimientos, y contribuído más que nadie, cuando todo estaba por hacer, a la mejora física y moral de la provincia.

El número del periódico del departamento en que aparecieron las primeras providencias del nuevo prefecto (23 de octubre de 1831), prueba que no eran exagerados sus temores al echar sobre tal faena. En una circular a los jefes políticos pedía datos sobre las escuelas existentes en el cantón y métodos que regían en ellas; en otra exigía informes sobre los derechos municipales que se cobraban en el cantón, en qué se invertían, cómo se administraban, quién era el recaudador y si había rendido cuentas; al juez conservador de hospicios preguntaba con qué fondos contaba el establecimiento, el número de empleados y sus sueldos con los demás pormenores de que se carecía en la prefectura; al director de la Facultad Central de Medicina, que se había puesto en receso, exigía que la hiciese volver al ejercicio de sus funciones. No menos dan que pensar otras providencias relativas a la necesidad más premiosa, aquella en cuya satisfacción se libraba la suerte de la República, el dar vigor, decimos, a la autoridad y afianzar la seguridad pública. Una de estas providencias se enderezaba a cortar la propagación de hablillas e imputaciones con que los enemigos del orden querían desacreditar la convención, aun antes de reunirse, haciendo creer que en ella no se haría sino atacar la religión y proscribir a los ciudadanos. Pero lo más ruidoso fue la entereza con que el prefecto defendió su autoridad contra la altanería de los militares, acostumbrados a hacer cuanto se les antojaba, en desprecio del poder civil. Fue el caso que dos miembros muy conocidos del ejército, el general Joaquín París, jefe de Estado Mayor, y el coronel Joaquín Posada tuvieron un desafío la tarde del 14 de octubre, el cual causó grande escándalo en la ciudad; inmediatamente el prefecto pide al ministro de guerra que los entregue a la autoridad civil, para encarcelados y juzgarlos, según las leyes vigentes, junto con los padrinos, coronel Ramón Espina y capitán Alejandro Gaitán. El ministro contesta que se han dado las ordenes necesarias para el efecto, pero el comandante general Antonio Obando se niega a ello y aun pide con altivez al prefecto le remita lo actuado, pues que gozando los procesados de fuero militar, la autoridad civil nada tiene que ver con ellos. El prefecto, después de desvanecer los argumentos del comandante general, agrega:

"De buena gana prescindiera de las últimas expresiones ofensivas de su citado oficio, pero la dignidad del puesto que ocupo me impone el deber de sostenerla. Desde que por complacer al supremo gobierno me encargué de la prefectura, no dudé que iba a ser ultrajado y vilipendiado, porque tal es la desmoralización del país, y tal el poco respeto que se tiene por las autoridades y por las personas. Cuando los hombres apelan a las vías de hecho, y cuando se quiere hacer revivir el detestable uso de la venganza privada de la edad media, cómo no había yo de temer que el primer magistrado del departamento fuese desacatado de un modo tan indecoroso? V. S. ha debido saber que por el artículo 1º de la ley de 13 de abril del año 16, todas las autoridades del departamento, tanto civiles como |militares me están sujetas, y no ha debido ignorar que el delito de desacato produce el desafuero; pero si estos principios legales le son desconocidos, no le deben ser los que arreglan las relaciones de urbanidad y atención entre las autoridades y los particulares. La falta de V. S. por eso no es disculpable, a menos que haya sido sorprendido y engañado por alguno de los que temen de mi vigilancia el castigo de su delito.

"Si la comandancia general no ha tenido consideraciones con un magistrado que dentro de su esfera promueva la persecución de los delincuentes; si la autoridad civil ha de ser vejada en todos tiempos por los que creen tener la fuerza a su disposición, y si ésta es la suprema ley de la nación, debió V. S. haber respetado por lo menos la orden del señor ministro de la guerra. Bien conocí yo de antemano que en el presente negocio había de encontrar dificultades y contradicciones, y para salvarlas me dirigí al gobierno dando parte de lo acaecido, e implorando su autoridad para que la mía no fuese burlada. Obtuve en efecto la resolución que deseaba; pero V. S. la ha despreciado, y no contento con esto me zahiere e injuria. Tal es el premio de los que tratan de ajustar a las leyes su conducta. |Sin embargo, con el código en la mano reprendo a V. S. seriamente su conducta, y la denuncio a la opinión pública, para que sea juzgada como merece".

Cumplido por el prefecto el deber de poner a los culpables en manos de la justicia, cosa única que incumbía a su autoridad, se instituyó el sumario ante el juzgado civil; pero como no en todas partes se hallaban el vigor e independencia debidos, se consiguió echar tierra al asunto.

El proceder del doctor Cuervo fue alabado generalmente, pues desde muchos años atrás no se veía un empleado civil que se atreviera a hacer a un miembro del ejército la más ligera observación. Al contrario: el prefecto de Cundinamarca casi nunca se ocupaba en otra cosa que en buscar alojamiento para las tropas, conseguirles bagajes y auxilios de marcha ^{| (2)} ; en una palabra era más bien un agente del ministro de guerra, expuesto a cada instante a las altaneras exigencias de los militares y a ser ignominiosamente tratado en caso de no hallar modo de complacerlos. Con aquel acto de energía, seguido de una conducta digna y atenta para con los militares, fue poco a poco desapareciendo "la pretendida barrera entre el jefe civil y el militar", y quedando "resuelto el problema de que la autoridad civil puede ser obedecida y respetada por los ciudadanos armados" ^{| (3)} .

Para mayor claridad de este escrito, tocaremos en primer término los sucesos políticos que se cumplieron en los tres años y cuatro meses que duró la gobernación del doctor Cuervo, y en seguida bosquejaremos las múltiples tareas que impuso a su actividad en el desempeño de este cargo.

El 22 de noviembre hizo el congreso, después de veintitrés votaciones, la elección del general José María Obando para vicepresidente de la República, en competencia de don José Ignacio Márquez, y en reemplazo del general Caicedo, que había renunciado. El primero, como ministro de guerra, había estado ejerciendo una especie de dictadura en persecución de los revolucionarios de 1830, y era puesto adrede en la primera magistratura para continuar la obra, con violación de lo ajustado en las Juntas de Apulo. El 24 fueron a felicitarle, según costumbre, los empleados y corporaciones civiles, militares y eclesiásticas, y el prefecto, llegada su vez, le convidó discreta pero enérgicamente a dejar su nombre escrito entre los benefactores de la humanidad, haciendo triunfar las leyes conculcadas, refundiendo los partidos y restableciendo la paz y la confianza, y expresó el deseo de que todas sus medidas fuesen dictadas por la sabiduría y la prudencia. Pero tales conceptos por fuerza habían de disonar en esos momentos. No más tarde que el 29 de noviembre, tras larga resistencia de los moderados, dio el congreso su decreto reservado de persecución, por el cual quedaba el poder ejecutivo autorizado: para expeler gubernativamente del territorio de la Nueva Granada o confinar a diferentes provincias a aquellos individuos que por su influencia y su conducta anterior diesen fundados motivos de temer que turbasen el orden público o atacasen la seguridad del Estado; para borrar de la lista militar a todos los generales, jefes y oficiales subalternos, tanto del ejército permanente como de la milicia nacional, que hubieran cooperado a la destrucción del gobierno legítimo o al sostenimiento del de Urdaneta, y a los que hubieran recibido de éste empleos, grados y ascensos militares; y por último, para separar de sus destinos a los empleados civiles que con sus hechos u opiniones conocidas hubieran manifestado ser desafectos al gobierno constitucional, y de quienes se temiera fundadamente que no le sirvieron con la fidelidad y actividad necesarias al bien público. Los autores de este decreto protestaban que no lo habían dictado sin imponer duro sacrificio a su sensibilidad; el gobierno, calificando estas providencias de medidas de seguridad, cuidaba de afirmar a cada paso que no quería castigar hechos u opiniones anteriores, sino mantener la tranquilidad pública; pero es evidente que más que nada obraba aquí el espíritu de represalia, el deseo de ''callar la efervescencia de algunos ciudadanos que fueron muy perjudicados con los trastornos de agosto del año próximo pasado" ^{| (4)} . El congreso y el poder ejecutivo se encargaron, pues, de vengar agravios que venían amontonándose desde 1828. Azuero, Gómez, Soto y muchos otros sospechados de favorecer la conspiración de septiembre pasaron por mil amarguras, fugitivos o en el destierro; en la dominación de Urdaneta hubo los alistamientos, rondas, prisiones, confiscaciones y demás vejámenes a que sabemos acuden los partidos que quieren sostenerse. Los nombres de don Ventura Ahumada, Beriñas y Domínguez de Hoyos fueron entonces tan execrados como el de cualquiera de los alcalduchos que en épocas posteriores se han hecho famosos por sus ruines procederes ^{| (5)} . Pero había una diferencia: éstos eran agentes de un gobierno dictatorial, mientras que un congreso que expide reservadamente un decreto para contentar la rabia de los quejosos, excede la medida de toda odiosidad.

En pocas personas hizo desde un principio impresión más amarga y profunda la revolución de 1830 que en el doctor Cuervo. Hallábase con la familia en su casa de campo cuando la acción del Santuario, y fueron tantos los riesgos que corrieron de parte de los insubordinados sabaneros, que se determinaron a trasladarse al día siguiente a Bogota. Tuvieron que pasar por en medio de fuerzas triunfantes y recorrer el camino de Puente Grande, cubierto todavía de cadáveres; presenciaron la triste operación de sacar con ganchos los que habían caído en la laguna, viéndolos salir envueltos en plantas acuáticas; y acá y allá reconocieron medio desnudos y ensangrentados a ranchos artesanos y jóvenes que habían acudido en defensa de su ciudad natal contra una temida soldadesca. Sin embargo, nada de esto agrió el ánimo del doctor Cuervo, apartándole de su moderación, y cuando se vio, contra sus esperanzas y sentimientos, reducido a ser agente de inevitable persecución, quiso suavizarla y detenerla de cuantos modos pudo.

El 3 de diciembre se sancionó por el vicepresidente Obando el decreto, y el 6 recibió el gobernador una lista de diez y siete personas condenadas a confinamiento o destierro; catorce fueron los primeros, entre los cuales figuraban don Estanislao Vergara, Mariano París, Buenaventura Ahumada, prefecto de Urdaneta, Ramón Beriña, juez político, y Manuel Alvarez Lozano, con varios eclesiásticos, el principal el presbítero Manuel Fernández Saavedra. El más conocido de los desterrados era Pedro Domínguez de Hoyos, jefe de policía en la dictadura. La mayor parte representaron al gobierno solicitando gracia, ya de algún plazo, ya de conmutación del lugar de confinamiento, y por los documentos originales que tenemos a la vista aparece que el gobernador apoyó sus peticiones, obteniendo en algunos casos resolución favorable del poder ejecutivo. Así, de los confinados a Casanare sólo a Fr. Emigdio Camargo no se le conmutó el lugar; a muchos otros se les acercó el destierro, a don Manuel Bernardo AIvarez se le prorrogó el plazo, y al fin no salió para su destino; al doctor Saavedra, que debía permanecer en Choachí, se le permitió quedarse en la ciudad mientras predicaba varios sermones que le estaban encargados; y al señor Vergara dentro de pocas semanas envió el doctor Cuervo un salvo conducto a la hacienda del Oratorio, no lejos de Zipaquirá, a donde se le había destinado, después de ser destituído del cargo de ministro de la Alta Corte de Justicia. Algunos huyeron o se escondieron; esto hizo Domínguez de Hoyos, sujeto que, según queda dicho, se había concitado muchos enemigos, a punto que poco antes de reunirse el congreso le hicieron una asonada. Hallándose como acosado, autorizó al mencionado Alvarez Lozano, su amigo, para que ofreciese al gobernador que se presentaría si se le daban garantías; él, notificándole el destierro, le prometió que se le dejaría salir sin escolta y protegiéndole de todo insulto, promesa que se cumplió puntualmente.

El poder ejecutivo, tenaz en su empeño, pasó en 22 de diciembre al doctor Cuervo una comunicación, pidiéndole que informase sobre las personas que podían ser comprendidas en las disposiciones del decreto. La contestación fue la siguiente:

''Con fecha de ayer me pide V. S. informe de los individuos de mi provincia que se hallen comprendidos en el decreto de la Convención de 3 del corriente, y paso a evacuarlo oyendo exclusivamente los consejos de mi razón.

"Dos clases de desafectos existen en este país: unos puramente de opinión, y otros que con sus hechos han dado días de llanto a la nación. Los primeros son dignos de indulgencia y se les debe atraer a la buena causa por medio de una política hábil y conciliadora. Las opiniones interiores del hombre no están bajo la potestad del magistrado: la ley sólo mira a los actos externos. Por otra parte, deslumbrados nuestros pueblos con la gloria de un hombre a quien se habían tributado honores divinos, siguieron ciegamente su partido, pocos fueron los que permanecieron fieles a la patria, y el extravío casi fue general. Este es, pues, el caso de un olvido y de una política que inspire a la vez respeto, confianza y estimación en los que han sido víctimas de la seducción. Lo mismo digo de los que, después de hecha una revolución en que no tuvieron parte, siguieron pasivamente su curso. Estos, cuando más, serán débiles, pero no criminales; y el no tener la constancia de un héroe no merece castigo.

"Paso ahora a los individuos de la segunda clase. El hombre que no satisfecho con profesar una opinión, la quiere hacer triunfar, atropella sus juramentos, trama contra el gobierno y empapa sus manos en la sangre de sus hermanos, es un monstruo que está fuéra de las relaciones sociales. Tales son muy particularmente los rebeldes del Santuario. Siempre he creído que ellos deben estar lejos del teatro de sus sangrientas y horribles hazañas. El delito fue atrocísimo, y prueba tal maldad de corazón, que nada bueno puede esperarse de su autor, debiendo por el contrario vivir los patriotas honrados siempre poseídos de temores y de muy justos sobresaltos. Sin embargo, yo encuentro en el día dos inconvenientes para la ejecución de un acto ejemplar: 1º el haber pasado la época oportuna en que debió tener lugar, porque, como V. S. sabe, cuando el castigo, y lo propio puede decirse de las medidas de seguridad, no se decreta inmediatamente después del hecho que lo motiva, no se consigue el grande efecto del escarmiento y del horror al delito; y 2º que después de haber decretado confinamiento en un pueblo que está en los arrabales de Bogotá, contra uno de los principales caudillos de la citada infernal revolución de agosto, y dejado al señor Mariano París en su hacienda, yo no encuentro ya otros individuos en mi provincia a quienes, según el orden de la justicia, pudiera expulsarse o confinarse. Si un coronel lo ha sido a Une, ¿a dónde deberá serlo el subteniente?

"En general he dicho que los santuaristas son hombres peligrosos y esos son los que se hallan comprendidos en el decreto de la Convención. O se procede contra todos, y bajo la justa proporción de sus delitos, o debe concederse una amnistía que los iguale a todos en el perdón. Esto es lo que me parece justo, esto lo que demanda el honor y dignidad del gobierno, y esto lo que puedo informar a V. S. Ni como hombre público, ni como patriota, ni como honrado padre de familia debo hacer traición a mi conciencia ni a la confianza que de mí hace el ejecutivo. Dígnese pues V. S. poner en su conocimiento este informe franco, sincero y digno de un republicano."

Innecesario parece decir que el gobierno no se olvidaba del artículo 4º del decreto en que se ordenaba separar de sus destinos a los desafecto u tenidos por tales. El 21 del mismo diciembre previno el ministro de hacienda al gobernador que sin la menor consideración ni demora informase individualmente de la conducta política de todos los empleados en el ramo de hacienda, en el concepto de que este informe debía evacuarlo por el conocimiento que tuviese de los empleados, tanto en virtud de sus propias observaciones como de las noticias que privadamente o por la voz pública hubiese adquirido, y de ningún modo consultando a los jefes de las oficinas, lo que, agregaba, sería ocasión de demora. Causa extrañeza que don Diego Fernando Gómez, que conocía de tiempo atrás al doctor Cuervo y tenía por él amistosa estimación, se figurase que podía rebajar su carácter pundonoroso y delicado hasta dar semejantes informes o, mejor dicho, delaciones: tánto ciega la pasión política. Muy bien se guardó de darlos el gobernador; antes mostró claramente al ministro de hacienda que no eran estas persecuciones el modo de asegurar el buen servicio público y la prosperidad de las rentas. Con este designio traza el cuadro del miserable estado a que se hallaban reducidas las oficinas de hacienda y los abusos y descuidos de los empleados, y propone se nombre un visitador que examine las cuentas y tantee la capacidad de los empleados, para proceder igualmente contra los defraudadores y los ineptos, sólo por serlo y no por consideraciones políticas.

Es de suponer el desagrado que produciría el gobierno esta resistencia del gobernador a convertirse en instrumento obediente de sus enconadas pasiones, y de ello dio buena muestra el ministro del interior pasándole en 30 de diciembre esta secreta comunicación:

"Habiendo visto S. E. las observaciones de V. S. de 23 del actual sobre el decreto de la Convención autorizando al ejecutivo para las medidas de seguridad, me ha mandado contestar a V. S. que lo que quiere es que V. S. individualice nominalmente las personas que haya en esta provincia que deban ser comprendidas en las medidas de que trata aquel decreto."

Semejante desacuerdo no podía continuarse, pues ni el gobierno tenía trazas de ceder ni el gobernador se podía conformar con verse desatendido; en estas circunstancias sobreviene la muerte del doctor Nicolás Cuervo (5 de enero), que al mismo tiempo que llenó de aflicción a su sobrino, que le amaba y veneraba como a su segundo padre, le ofreció motivo plausible para esforzar su renuncia, apoyándola en sus deberes de albacea no menos que en su salud quebrantada por el rudo trabajo. Elevóla el día 13 de enero, pero el gobierno no accedió a ella, ''considerando que acaso recibirían un perjuicio las diferentes obras útiles que había emprendido, si se retirase ahora del mando de la provincia". Frustrado este paso, solicita licencia temporal (20 de enero), y obtenida de quince días, creyó que, una vez separado del mando, le sería más fácil dejarlo definitivamente, y renunció segunda vez; pero tampoco obtuvo la resolución que deseaba. Pudiera alguno figurarse al ver lo que sucedió después, que tántas negativas no se encaminaban sino a aguardar ocasión y modo de desairarle. Es el caso que de tiempo atrás había gran desarreglo en la administración de tabacos; el prefecto Marroquín había procurado remediarlo, aunque inútilmente; el doctor Cuervo, su sucesor, en la primera visita que hizo a la oficina, descubrió algunas de las faltas y formó expediente, oído el fiscal, para cobrar las deudas existentes. Al otro mes, no habiéndose cumplido sus órdenes, rehusó poner el |Visto bueno al estado mensual, y con estos y otros datos solicito del poder ejecutivo que ordenase la visita de las oficinas de hacienda, convencido de que los males que se advertían no podían remediarse por la sola autoridad del gobernador. En virtud de estas indicaciones el ministro de hacienda decretó la visita, y se consiguió el objeto deseado. Entonces, sin oír el informe del gobernador, sin propuesta suya e infringiendo con estos las disposiciones vigentes, proveyó los empleos de la administración de tabacos, y para colmo de injusticia hizo publicar tal resolución imputando en ella a descuido de los jefes de la provincia cuanto había estado pasando. Escandecido el doctor Cuervo con tan ofensivo proceder, hizo por tercera vez su renuncia (16 de febrero) exponiendo estos hechos por los mismos términos que quedan referidos, y concluía: "Tales razones y el deseo de separarme de los negocios públicos me hacen dimitir formalmente el empleo de gobernar en comisión de Bogotá, el de ministro propietario de la corte de apelaciones y el de miembro de la dirección general de estudios. ¡Quiera el cielo que esta ofrenda aplaque el enojo de mis gratuitos y encarnizados émulos!" El vicepresidente "creyó justo no contrariar por más tiempo los urgentes deseos que el doctor Cuervo había manifestado de desprenderse de estos destinos que tan satisfactoriamente había sabido desempeñar". Y agregaba el ministro del interior, Pereira: "Por sus conocimientos, por su actividad y entera dedicación al lleno de sus deberes públicos, usted era sin duda llamado a ocupar por más tiempo unos puestos que reclaman hombres escogidos; pero usted se ha denegado de un modo decidido y absoluto, que el gobierno ha tenido que acceder a la solicitud de usted admitiéndole, como le admite, las dimisiones que ha presentado, con el tributo de las gracias más sinceras a sus importantes servicios". Estos documentos se publicaron el 19 de febrero en |El Constitucional de Cundinamarca.

Si esto pudo parecer un triunfo a los que se creían humillados por el mérito ajeno o a los que ven un acusador de su propia violencia en la circunspección e imparcialidad de un compañero, tuvo que ser para los buenos ciudadanos causa de sincero pesar, como se podrá conjeturar cuando hablemos de los bienes que se estaban haciendo a la provincia. La Corte de Apelaciones, en particular, se mostró muy sensible a la separación de "un compañero a quien amaban" y cuyo "infatigable celo y aplicación admiraban"; expresiones, entre otras, igualmente lisonjeras, que descubren a las claras cuánto le estimaban, y cobran realce autorizadas con la firma del presidente de este tribunal, que lo era don Sebastián Esguerra, maestro un tiempo del doctor Cuervo.

Al determinarse a dejar la carrera pública, contó con que el crédito que gozaba en su profesión le franquearía el camino para alcanzar una posición independiente. Ya le hemos visto encargado con don Miguel Tobar de la adaptación del Código Napoleón; y pocos días antes de entrar a la prefectura fue llamado a dar su dictamen sobre un punto de derecho canónico, en unión del mencionado doctor Tobar, de Fr. Fernando Racines y el doctor Vicente Azuero. No eran pues infundadas sus esperanzas de que, si abría bufete, como algunos amigos le consejaban, sin mayor afán se igualaría con los abogados de más nota y le acudirían de todo el país muchísimos negocios judiciales; ni es dudoso que quien se captaba de juez el respeto y simpatía de sus colegas, hiciese triunfar en estrados la causa de sus clientes; y en verdad así sucedió cuantas veces la tomó a su cargo. Si al ejercicio de la abogacía hubiera querido agregar otra especulación, acrecentara considerablemente su caudal, con sólo algunas horas de trabajo diario, pues en nuestro archivo hallamos consultas de comerciantes respetables y manifestaciones de gratitud por haberlos librado con sus consejos de pérdidas seguras. Alejado entonces de la vida pública, se hubiera ahorrado disgustos sin número, que, agotando sus fuerzas y destruyendo su constitución física, le arrebataron en la plenitud de la vida. Pero la Providencia lo tenía dispuesto de otro modo.

El 9 de marzo eligió la Convención presidente del Estado al general Santander, y vicepresidente al doctor José Ignacio Márquez, quien por ausencia del primero tomó luégo posesión del puesto. Márquez había ostentado, siendo ministro de hacienda de Mosquera, tántos talentos y laboriosidad, cuanto entonces y después moderación e imparcialidad, con lo cual su advenimiento al poder, aunque fuese por pocos días, dio grandes esperanzas para la conciliación y el progreso. Desde luegó pensó en llamar al doctor Cuervo a la gobernación, y no bien se trascendió este designio, se publicaron en |El Constitucional estas líneas:

"Sabemos privadamente que el ejecutivo trata de nombrar para este destino (gobernador de Bogotá) al doctor Rufino Cuervo. Si fuertes motivos y consideraciones obligaron a este ilustrado patriota a renunciar el gobierno de la provincia, no son de menor peso los que ahora deben estimularle a aceptarlo. Va a plantarse una constitución, a organizarse el Estado, a establecerse un nuevo orden de cosas. De las medidas enérgicas y saludables que se tomen al principio en favor de los pueblos, de pende la consolidación de sus instituciones; y para esta grande obra necesita el gobierno supremo la cooperación de todos, y en particular de aquellos ciudadanos que acompañen a su patriotismos probidad y saber, actividad y firmeza. Estas cualidades distinguen al doctor Cuervo, y son una prueba de sus talentos y aptitudes las mejoras que ha recibido la provincia de las órdenes y decretos que dictó como prefecto y gobernador, cuyos buenos resultados aún están sintiendo los habitantes de la ciudad y demás pueblos que formaban el departamento de Cundinamarca. Fácil sería hacer aquí una reseña de sus providencias, pero nos referirnos a los números anteriores de este periódico en que están consignadas algunas de ellas. |El Constitucional hará, pues, en todo tiempo el debido elogio de la administración del señor Cuervo; y los actuales editores (así se llamaban entonces los redactores) le conjuran para que acepte un destino a que lo llaman las necesidades de los hijos de Bogotá y el honor de la capital del Estado."

Llenóse el voto: en 2 de abril recibió el nombramiento, en que se asentaba el hecho de "ser señalado para este destino por la opinión de muchos respetables hijos de esta provincia" Aunque se excusó de aceptar, insistiendo el gobierno, se vio precisado a ceder, y desde ese momento volvió a emplear en servicio público una actividad verdaderamente increíble.

La administración de Márquez era provisional, y los ojos de todos se volvían a Santander, que estaba va de camino en los Estados Unidos. El 12 de marzo se le enviaron las comunicaciones de la Convención y del vicepresidente, y el 14 partió en comisión a encontrarle el entonces comandante Joaquín Acosta. Los liberales todos recordaban los enérgicos esfuerzos que empleó para plantear la constitución de Cúcuta y su celo por la observancia de las leyes sus esperanzas ponderan de cuánto habría adelantado en Europa y los Estados Unidos, y aun tenían por cierto que con la adversidad se habría madurado su juicio y hasta amansado su carácter, tildado por algunos de duro e irritable. Era, en su concepto, el hombre capaz de organizar la nueva República y de hacer olvidar las discordias pasadas a la sombra de un gobierno fuerte pero justo y moderador de los partidos. Celebrose con júbilo en la capital la noticia de haber llegado a Santa Marta el 16 de julio, y se le recibió con patriótica efusión el 4 de octubre; que tanto así se demoró a causa de haberse venido por Ocaña y Cúcuta, con el fin, según él dijo, de recorrer varias provincias tomando el pulso a la opinión y estudiando las necesidades más premiosas. Tres días después se encargó de la presidencia, y con toda franqueza manifestó la conducta que se proponía observar en el gobierno. En circular del 13 de octubre decía el secretario Vélez al gobernador de Bogotá:

"Todos los granadinos deben disfrutar de las garantías que les aseguran la constitución y las leyes, a todos se debe dar una igual protección, y hasta los que siguieron un sendero opuesto a los intereses sociales en los infaustos tiempos del desorden, deben participar de los beneficios del sistema establecido. Mas el día en que ellos, o cual quiera otro, olvidando sus obligaciones atenten contra el Estado o pretendan turbar el reposo público, caerá sobre sus cabezas la espada inflexible de la ley, serán castigados con toda la severidad del caso.

"Cree S. E. que perpetuándose los nombres que alguna vez han distinguido los partidos se perpetuarán éstos, y se retardará la completa consolidación de la tranquilidad social, alejándose el día deseado de una sincera concordia entre todos los granadinos. Por lo mismo me manda encargar a V. S. influya hasta donde sea posible para que a ningún individuo u asociación se le califique o distinga con dichos nombres."

Sin duda que este designio de borrar los partidos que dividían la nación era sincero y patriótico, pero no por eso menos ilusorio. Cuando se dice al vecino: no habrá partidos, él oye la sentencia que le anonada, y con razón no entiende otra cosa que: nadie resistirá, nadie se bullirá ni dirá palabra. Como era natural, los antiguos odios y rencores no se apagaron, ni el gobierno pudo cumplir más que sus promesas rigorosas.

Instalado apenas el gobierno de la Nueva Granada, comenzó a susurrarse que se tramaba una conspiración para derribarlo: por abril de 1832 fueron aprehendidos los que pasaban como principales motores y entregados al poder judicial, pero no se logró sacar nada en claro y fueron puestos en libertad; de modo que lo único que se hizo fue aumentar la vigilancia. Algo después acaeció un lance que hubiera sido insignificante en otras circunstancias, pero que ahora puso al gobierno en mucho cuidado. Celebrábase con corridas de toros y otros regocijos populares el estreno de la capilla de Las Cruces, reducida a escombros por el terremoto de 1827, y acabada de reedificar en este año, gracias casi en un todo a los esfuerzos del honrado vecino don Lucas Madero; una tarde de toros la tropa encargada de despejar la plaza atropelló a unos jóvenes que querían meterse a ella, de que se originó reyerta entre soldados y paisanos, la cual a pocas vueltas se convirtió en contienda entre gente de levita y zapatos y gente descalza. Ya comenzaban a amenazarse con las armas, cuando el general López, que acaso se hallaba de espectador y procuraba inútilmente departirlos, tuvo la feliz ocurrencia de hacer soltar un toro a la plaza. El remedio fue tan eficaz que quedó luégo despejada, y hubo tiempo de que acudiera el gobernador con fuerza armada y pusiese fin a todo arrestando a los principales alborotadores. No obstante lo casual del suceso, muchos vieron aquí asomos de un movimiento, y el gobierno tomó las más eficaces medidas para frustrar cualquiera tentativa ^{| (6)} .

Entre tanto crecían los rumores, menudeaban los avisos y se señalaban al gobierno los conspiradores, aunque de una manera vaga que no permitía cortar de raíz el mal procediendo contra ellos. El 22 de julio de 1833 escribía el presidente esta esquela:

"Mi querido gobernador: como ni todo se debe creer, ni nada despreciar, aviso a usted que esta noche me han dicho que Sardá está aquí intrigando, y aun convidando para irse a Vélez o Chiquinquirá, donde dicen que Serna hace su deber. Es imposible ya vivir con tánta chispa, sean ciertas o falsas. Póngale usted un espía verdadero a cada uno de esos pícaros como París, Sardá, etc., para saber dónde van, quiénes los ven, a quiénes hablan, etc. He dicho lo conveniente a Montoya. Ya estoy fastidiado de tántas camorras. Yo escribiré lo conveniente a Vélez mañana y a Tunja.-De usted apasionado amigo y servidor, |F. de P. Santander."

José Sardá, español de nacimiento, había abrazado la causa de la independencia, ascendido a general y desempeñando cargos de consideración; borrado de la lista militar por Obando y condenado a destierro, había podido quedarse y trabajaba por que se le alzasen estas penas, que alegaba se le habían impuesto con injusticia; despechado por no salir con su pretensión, se dio a conspirar, como cabeza de los descontentos. Mariano París, coronel, era miembro de respetable familia bogotana y caballero de excelentes prendas personales, pero de carácter bullicioso y precipitado; tenía influjo en los lugares circunvecinos a la capital. José María Serna, de conexiones igualmente respetables, insinuante y generoso para gastar su dinero, había tomado para sí el encargo de preparar y acaudillar la revolución en las partes del Norte. Tales fueron los principales actores en esta descabellada conspiración, víctimas infelices, cada uno por diferente manera, de su despecho y temeridad. Los demás eran personas de poquísima importancia.

Las denuncias del 22 no carecían de fundamento, pues que el 23 al anochecer recibió el presidente aviso cierto y con todas sus circunstancias, de que dentro de breves horas iba a estallar la revolución. Tomáronse sin dilación las medidas más oportunas para coger in-fraganti a los conspiradores, y se procedió a asegurar a varios oficiales que en el cuartel de artillería estaban de acuerdo con ellos. Mas dio la suerte que mientras se aprehendía a Pedro Arjona, su compañero Manuel Anguiano, hijo adoptivo de Sardá, saltó por una ventana del cuartel y alcanzó a avisar a los de fuéra que todo estaba descubierto. Desconcertado Sardá, partió precipitadamente con unos cuantos de sus consortes en dirección a Tunja, donde contaba con hallar algún apoyo, o en último caso tomar la vía de Venezuela; pero le salieron vanas sus esperanzas, por que llegaron con tiempo órdenes al gobernador de Tunja, y el coronel Manuel María Franco les cortó la marcha y prendió a treinta y tantos, que llevados a Tunja, rindieron sus declaraciones, y el 30 de julio fueron enviados para la capital. Aunque Sardá pudo escapar, cayó a los dos días no lejos de Sogamoso en manos de los que le seguían el alcance, y el 8 de agosto entró también preso a Bogotá. Quedó así sofocado el movimiento sin otra pérdida para el gobierno que la harto sensible del coronel José Manuel Montoya, que conducía de solo a solo al oficial Pedro Arjona, arriba mentado, del cuartel de artillería, situado en la plazuela de San Francisco, al principal en la plaza de Bolívar; obedeciendo a su natural generoso, no pensó en desarmarle, y el preso, fugarse, le dejó muerto de un pistoletazo.

En las declaraciones que se tomaron al otro día de la conspiración sonaba ya Mariano París como que estaba con una guerrilla; el 28 ^{| (7)} hubo denuncio formal de que andaba por los pueblos de Chipaque y Cáqueza seduciendo a las gentes contra el gobierno. Particularmente indicó Santander al doctor Cuervo que podía ir mandando la partida en cargada de aprehenderlo un capitán retirado por nombre Castellanos; pero no hallándose éste en estado de marcha, el gobernador designó al capitán José Manuel Calle, antioqueño, que con motivo de un juicio militar acababa de llegar de Popayán, donde estaba el batallón a que pertenecía. Esa misma tarde se puso en marcha, y a las cinco de la mañana del 29 tocó en Une, a la puerta de la casita donde supo que estaba París, quien, requerido que se diese preso, lo hizo, y montando en su propio caballo por resistirse a ir en otro, siguió con la partida hasta Chipaque. Por sus palabras y ademanes sospecharon que intentaba echar mano a alguna arma y fugarse, y para evitarlo le hizo el jefe mudar de caballo, y después de pedir auxilio a Bogotá, auxilio que en efecto envió el gobernador, siguió hasta el sitio llamado la Fiscala. Aquí entró Calle a la venta a poner otro oficio al gobernador, y los soldados a beber; París quedó fuera guardado por el cabo Tomás Muñoz, y aprovechando esta coyuntura, dijo |adiós, |señores, y picó el caballo y echó a correr. Siguióle el cabo, y a alguna distancia le disparó un tiro que, dándole en la espalda, le hizo encorvar; en esto el sargento Eusebio Velásquez, que ya iba en su seguimiento a pie, le hizo otro tiro, con que cayó del caballo herido de muerte. Calle a las voces de |se les fue, |se les fue, dadas por un muchacho de la venta, monta a toda prisa y encuentra al preso con las ansias de la muerte; Para que "no penara más", que tales fueron sus palabras, ordenó que le acabaran: le hicieron dos tiros más. Atravesaron en seguida el cadáver sobre una caballería, continuaron su marcha a la capital, a donde llegaron con la tarde y entraron por las calles más públicas. Al saberlo, vuela el gobernador y pregunta a los jefes de la partida cómo han dado muerte al señor París, y el teniente Torres le entregó este oficio:

"Colombia.-Chipaque, julio 29 de 1833.

"Al teniente Francisco Torres.

"Marchará V. en el momento con el preso Mariano París, pues yo me quedo aguardando un caballo; en la inteligencia que si este señor se resiste a marchar o trata de tomar alguna arma para es caparse, en el primer caso use V. de todos los medios posibles para que marche, y en el segundo le hará usted fuego, que yo respondo al gobierno. La precaución y vigilancia en todo es lo que encargo a V. hasta que me reúna.

"Dios y libertad.-El capitán, J. M. Calle."

Viendo el gobernador que Calle ofrecía aquí responder al gobierno, corrió en busca del presidente y le preguntó qué había sobre eso. Su respuesta fue: "Déjeme el oficio, que yo haré mis averiguaciones." Ni una palabra más volvió a decirle sobre el particular, hasta que en 1835, al partir el doctor Cuervo para Europa, consiguió que le devolviese el oficio ^{| (8)} .

El gobernador puso los perpetradores de este hecho a disposición de la autoridad competente.

Instruído el sumario, de que hemos tornado los por menores de la muerte, el auditor de guerra, que lo era don Antonio Plaza, el conocido historiador, no halló mérito para el adelantamiento de la causa, dictamen a que se conformó el jefe militar general José Hilario López, con le cual cortaron la causa. La ingenuidad del jefe y los soldados al declarar contestes la fría inhumanidad con que acabaron al infortunado caballero, prueba que los pormenores del hecho son ciertos, pues si hubiera habido interés en encubrir la verdad, no se habría cargado la mano en atrocidad semejante.

La compasión y el horror que excitó la vista del cadáver, la circunstancia de haber recibido el gobernador delante de todo el mundo el papel que queda copiado, y la absolución dictada por el tribunal militar dieron margen para que el espíritu de partido se imaginara un plan trazado de ante mano para asesinar a París. Los jefes de la partida, dijeron los enemigos del gobierno, llevaban la orden expresa, esa orden fue la que pidió y guardó el gobernador para que no quedase testimonio, y la impunidad de Calle y sus cómplices es la comprobación más fehaciente del crimen.

Estas hablillas se acallaron por entonces, pero hicieron violento estallido el 27 de marzo de 1840, en aquella memorable sesión de la cámara de representantes en que el coronel Borrero, como señalando con el dedo a Santander, dijo: "Yo no di orden al comandante de una escolta que llevaba preso a un individuo para que, suponiendo que quería escaparse, lo asesinasen por la espalda, como sucedió aquí con el señor Mariano París." El mismo cargo en términos más exagerados e injuriosos hizo después al doctor Cuervo un libelo escrito con el designio de tiznar la reputación de todo hombre respetable y honrado del país, y al cual nadie, excepto el general Mosquera, creyó decoroso contestar. Las circunstancias que acompañaron este suceso lamentable demuestran bien que fue casual e imprevisto por parte del gobierno, y su trágico desenlace sólo es a de la barbarie a que llegan los soldados tras largos años de desorden, haciéndose sordos a la compasión, despreciadores de la vida ajena e incapaces de toda idea de responsabilidad. Cuando fue muerto París, ya estaban presos algunos otros conspiradores y daban luz sobre el plan y los comprometidos en él, de un momento a otro debía recibirse noticia de la aprehensión de los fugitivos; el gobierno tenía a su disposición la terrible ley de 3 de junio de 1833, con la cual podía condenar a muerte no solamente a los que por medio de |tumultos o |facciones tomasen las armas para destruír las autoridades constituídas o para cambiar la forma de gobierno, sino también a los que tuviesen comunicación con el enemigo, tumulto o facción, y a los que aconsejasen, auxiliasen o fomentasen la rebelión, traición o conspiración. ¿A qué, pues, ordenar un asesinato con las circunstancias más agravantes? ¿A qué hacer un mártir de quien, según las ideas del tiempo, podía resultar un criminal? ¿A qué perder el efecto que se proponía conseguir el gobierno haciendo un grande escarmiento, como lo hizo luégo sin disfraz ni consideración alguna? Para concebir tal asesinato como lo imaginaron los enemigos de Santander, será menester borrar todas las consideraciones antecedentes y los hechos en que se fundan, y luégo suponer que era París algo como un duque de Enghien, representante glorioso de una gran causa, e incompatible su existencia con la de Santander y los miembros de su administración. Y nada de esto había: aquel ciudadano era uno de los varios que tramaban una revuelta, sin descollar único entro ellos, y no hubo por tanto ni razones políticas para deshacerse de él cuanto antes, como no las hubo personales, para sacrificarlo a un odio cruel. Y esto sin hablar de la falta absoluta de perspicacia y habilidad que sería necesario atribuír a los que ordenasen semejante maldad.

No bien se descubrió la conspiración, empezó a instruírse el sumario de los complicados; llovieron, como era natural, las delaciones, y se prolongó tánto la causa, que hasta el 26 de septiembre no se sentenció en primera instancia por el juez letrado de hacienda, a quien competía actuar conforme a la ley de 3 de junio. Subió esta sentencia al tribunal de apelaciones, que la pronunció definitiva el 12 de octubre, condenando a la pena capital a cuarenta y seis de los acusados, aunque pidiendo conmutación para treinta y seis. El presidente no la conmutó sino a veintiocho, y el 16 del mismo octubre fueron los restantes (excepto Sardá, como luégo veremos) pasados por las armas con todo el horrible y lúgubre aparato que de tiempo inmemorial se estilaba para las ejecuciones dé los malhechores. Hoy nos estremecemos al pensar que por causas políticas se quite a uno la vida, cuanto más a diez y siete, y todos los partidos están conformes en que la ley no castigue con pena de muerte a los revolucionarios. Ni puede ser de otro modo: ¿cuál es el partido que no ha dictado leyes después de haber conspirado con razón o sin ella? ¿Cuál está seguro de no volver a conspirar? Mas no era lo mismo en los primeros años de la República. Las revueltas pasadas, las conmociones sin fin de la América española inspiraban a nuestros padres el temor de ver comenzar una nueva éra de desórdenes; y cuando procuraban arraigar un gobierno firme, era para ellos el revolucionario como monstruo que destruía sus esperanzas y la paz y bienestar de sus descendientes. Agravábase en el caso presente la causa de los conspiradores con el hecho de no tener bandera alguna, pues era cosa de risa el tomar como tomaban el nombre de la religión. Sería un grave error pensar que este rigor legal era capa con que se rebozaba una represalia de los perseguidos el año de 1828 o de 1830. En el proceso tuvieron los defensores toda la libertad apetecible, y uno de ellos, el doctor Eladio Urisarri, que lo fue de Sardá, hizo violentos ataques al gobierno, sin más consecuencias que una reconvención del tribunal. Don Ezequiel Rojas y don Vicente Azuero, a quienes como conjueces tocó fallar, fueron los que pidieron la conmutación para treinta y seis, mientras que hombres que no padecieron lo que aquéllos y a quienes estamos todos hechos a mirar como moderados en los partidos posteriores, opinaban por la necesidad de un castigo ejemplar. Para que no se nos crea sobre nuestra palabra vamos a aducir testimonios los más autorizados de la opinión corriente: el 30 de julio de 1833 escribía de Tunja el general José Hilario López al doctor Cuervo: "Procure usted que en el término de la ley se fusile a todos los que deben sufrir la pena que ella impone, y que se haga el aniversario de los treinta y nueve con otros tantos que he remitido. Es preciso cerrar los ojos a toda consideración, si queremos quietud en lo sucesivo'' ^{| (9)} . El teniente coronel Joaquín Acosta, contestando como presidente de la Cámara de Provincia la memoria del gobernador de Bogotá, le decía en 17 de septiembre: "Los hechos escandalosos que en esto últimos días han sido presenta dos por una faccion obscura y desaforada que intentó conculcar las leyes, segar en su flor la familia granadina y trastornarlo todo, han llenado a los que componen la cámara de asombro por lo que tienen de temerarios, de sentimiento por lo que tienen de ingratitud, y de indignación por lo que tienen de horrendos; pero les queda la satisfacción de que a los ojos del mundo sensato esto no puede afectar de ninguna manera el honor de la provincia, mucho más cuando se vea que las leyes ofendidas reciben una satisfacción digna en el mismo lugar que se intentara convertir en teatro de estupendos crímenes."

Si éstas eran las ideas de la parte más sana, ¿qué mucho que |El Cachaco de Bogotá, que representaba la fracción intolerante, lamentara que se hubiera conmutado la pena de muerte a veintiséis de los condenados? Antes, pues, es de extrañar que no fuese el gobierno todavía más duro; por eso consuela oír voces de moderación como las que el secretario del interior, don Lino de Pombo, dirigió al gobernador el 10 de octubre con ocasión de las revelaciones que prometía hacer el preso Juan Arjona: ''En las circunstancias lamentables del día, en que un crecido número de individuos se hallan acusados del crimen de conspiración y sentenciados en primera instancia la mayor parte de ellos a muerte o a presidio, nada es más contrario a las ideas del ejecutivo que suscitar nuevas persecuciones y descubrir nuevos delincuentes, cuando lo que desea con más ansia es ver disipados para en adelante todos los motivos o pretextos de desconfianza individual, sosegados los ánimos, enjugadas las lágrimas de las familias, y echado un denso velo sobre el origen y efectos de las presentes calamidades."

El rigor de estas ejecuciones calmó la indignación primera, y movió, como lo hace siempre la sangre derramada, a compasión para con los muertos; de modo que a los pocos meses produjo efecto desagradabilísimo la ejecución del joven Anguiano, el oficial aquel de artillería que dio el aviso a Sardá, y que habiendo huído con él y logrado escaparse cuando cayó éste en Quebrada-honda, fue después aprehendido en Pore. El tribunal, pidiendo la conmutación, decía el 11 de diciembre de 1833: ''Después que para el castigo de este mismo delito y para el escarmiento de los que aún pueden permanecer ilusos, se ha presentado el triste espectáculo de diez y siete víctimas que, con su sangre han satisfecho la vindicta pública y han acreditado que la ley no se viola impunemente, un nuevo sacrificio de sangre podrá presentar a los ojos de este mismo pueblo y aun a los de otras naciones civilizadas la presente administración como bárbara y enemiga de la especie humana." No desaprovecharon este apunte los enemigos del gobierno, y ora reproduciendo, ora comentando o adulterando una tierna carta escrita desde la capilla por Anguiano a su madre, excitaban por todas partes el odio. Aunque es preciso confesar que si Santander se guió para conmutar o no la pena de muerte a los primeros sentenciados por las circunstancias del proceso que atenuaban o agravaban su culpabilidad, difícilmente pudiera usar de clemencia con Anguiano, que a todo agregaba el ser militar en servicio, lo que para un general veterano constituye además una falta imperdonable en que ve comprometida la disciplina y moralidad del ejército.

Nuevo alimento para esta guerra dieron las circunstancias que acompañaron la muerte de Sardá. Este se había fugado de la cárcel el 11 de octubre, en vísperas de notificársele la sentencia de muerte que debía ejecutarse al mismo tiempo que en sus compañeros. La evasión se verificó entre las dos requisas de seis y ocho de la noche, favorecída por uno de aquellos aguaceros espantosos que tan comunes son en Bogotá durante este mes, y cooperando, a lo que se sospechó, un empleado de la cárcel. Quedaron en el calabozo puestos algunos clavos y abierta una tronera como a seis varas de altura en el espacio de una ventana tapiada, y atadas y colgando por fuéra unas mantas. El preso había limado los pesados grillos que con su nombre se hicieron famosos; pero no pudiendo todavía andar, le llevó en hombros hasta ponerle en salvo el canónigo don Antonio Herrán, único que había tenido entrada al calabozo. Tan bien supieron esconderle, que no fue posible dar con él. El gobierno no se sentía seguro; a cada paso temía una conspiración y nadie tenía sosiego; el presidente salía con una escolta, temeroso de alguna asechanza, y no revolvía otro pensamiento que el de asegurar al cabecilla. Al cabo de un año se brindó sin pensarlo una ocasión. El alférez Ricardo Serna, adicto a Sardá, se descubrió a los oficiales Pedro Ortiz e Ignacio Torrente, convidándolos a tomar parte en una conspiración; ellos fingieron aceptar, y en seguida lo pusieron todo en conocimiento del presidente, quien, según él mismo lo dice, impuso al consejo de gobierno, y con su voto resolvió que todas las medidas se contrajesen, no a descubrir los revolucionarios sino a apoderarse del jefe Sardá, para privar a los revoltosos del único caudillo que tenían, ejecutando la sentencia de muerte dada un año antes contra él. Los oficiales, industriados por el presidente, lograron el 22 de octubre que el joven Cleto Margallo los llevase a la casa en que se encontraba Sardá, cerca de la iglesia de La Candelaria, y uno de ellos le dio muerte entre las demostraciones de amistad. Habíalos seguido una escolta disfrazada, que entró a la casa a tiempo que el infeliz caía expirante. En éste, como en casos parecidos, es difícil saber lo que se debe a las órdenes del superior y lo que de su parte acarrean las circunstancias o el dañino celo de los subalternos. Ello es que el presidente asumió completamente la responsabilidad de lo hecho, alegando la inaceptable razón de que en esta muerte no hubo sino la ejecución de una sentencia ejecutoriada.

Entre los incidentes relacionados con la conspiración y producidos por la saña mezquina e implacable de los partidos, no dejaremos sin mencionar la expulsión de doña Manuela Sáenz, aquella mujer que Bolívar llevó a Bogotá después de la campaña del Perú, y harto conocida por el escandaloso alarde que hacía de esas altas relaciones a los ojos de una sociedad en parte amedrentada y en parte demasiado agradecida. Tuvo decisiva influencia en la suerte de la República cuando la noche del 25 de septiembre, atajando en la puerta de la alcoba a los conspiradores, dio tiempo para que el Libertador se escapase por una ventana; y constantemente ocupó la atención pública con sus locuras. Se presentaba con frecuencia a caballo vestida de oficial y seguida de dos esclavas negras con uniforme de húsares, que se llamaban Natán y Jonatás. En este traje, ella espada en mano y las negras con lanza, salieron en 1830, la víspera de Corpus, y rompiendo en la plaza mayor por la muchedumbre y atropellando las guardias, fueron a desbaratar los castillos de pólvora en que se decía haber figuras caricaturescas del Libertador. Días después, en la entrada solemne del presidente electo Mosquera, se desató públicamente en improperios contra el gobierno y la población, acusándola de ingrata para con su libertador. Cuando éste dejó a Bogotá, fue su casa el centro de los bolivianos exaltados, y durante la dictadura de Urdaneta tuvo gran mano en la cosa pública. Restablecido el gobierno legítimo en 1831, se le intimó el destierro de orden del vicepresidente Caicedo; lo cual no pasó de una pura amenaza. Sindicada luégo de acoger a los desafectos y auxiliar a los conspiradores, se le exigió privadamente en varias ocasiones que saliese del país. En estas circunstancias dejó el doctor Cuervo temporalmente la gobernación, y la primer medida de su sustituto fue notificarle el extrañamiento, dándole plazo de algunos días para que arreglase sus asuntos; pensando ella sin duda que no se atreverían a sacarla por fuerza, se finge enferma; el día fijado, a las tres de la tarde, él alcalde ordinario acompañado de un alguacil, se presenta en la casa, y dejando en la puerta de la calle diez soldados y ocho presidiarios, penetra hasta la alcoba a despecho de las voces y amenazas de las negras, y le requiere que se vista y se ponga en camino. Ella incorporándose, toma sus pistolas y jura que matará al primero que se le acerque; el alcalde se retira en busca de nuevas instrucciones, y reiterada la orden, vuelve, quítanle las armas, métenla, arropándola decentemente, en una silla de manos, y no siendo ya hora de emprender viaje, los presidiarios la llevan al |Divorcio o sea la cárcel de mujeres, y encierran a las negras en sendos calabozos. Al día siguiente (14 de enero de 1834), también en silla de manos y acompañada por el alcalde, llega a Funza, donde estaban los caballos preparados por el gobierno para la marcha, y recobrando su buen humor, sigue contenta su viaje para el Ecuador por la vía de Cartagena.

Con todas estas medidas represivas apenas logró el gobierno atar las manos de los descontentos, pues la facilidad con que se eludían las leyes de imprenta y que contrastaba singularmente con el rigor de las de orden público, les ofrecía un fácil desahogo, que por cierto no desaprovecharon, particularmente en Bogotá y Cartagena. |El Cachaco de Bogotá, redactado ostensiblemente en un principicio por don Florentino González y don Lorenzo M. Lleras, y luégo sólo por el primero, tuvo grandísima influencia en levantar y agriar la oposición pues era público que en esta hoja escribía el presidente Santander. Sin faltarle algún móvil patriótico, parece no obedecer a otro plan que al de invectiva violenta, aunque hecha a menudo con desenfado y aun con gracia. En vano se buscará ahí un principio dominante o consecuencia en las ideas; así, por ejemplo, sin salirnos de las materias religiosas, no hallaba |El Cachaco en los eclesiásticos otro título de alabanza o vituperio que su mayor o menor adhesión al gobierno actual. Se burla de las logias como de reuniones de necios, y reputándolas peligrosas si caen en manos de los enemigos del gobierno, pide que sean destruídas, fundando su argumentación en las censuras fulminadas por la Iglesia; y al mismo tiempo propone al congreso la extinción de los conventos y la apropiación de las manos muertas al fisco. Atestado siempre de descomedidos ataques a las personas, dio origen a animosidades, amenazas, pasquines y constante zozobra.

Puesto así el tono, brotaron muchos periódicos, ya serios, ya jocosos, como Los |Díceres en Bogotá, y en Cartagena, |El Piringo, que tomó este nombre con que entonces se designaba familiarmente a los habitantes de esa población, como para encararse mejor al |Cachaco, título que representaba la juventud bulliciosa de la capital ^{| (10)} . Por dicha no todo fue insultos y chocarrerías, pues que hubo patriotas que inculcaban la templanza y decencia en los debates; hízolo siempre dando el ejemplo con el consejo |El Constitucional, órgano de la gobernación de Bogotá.

Pintan al vivo la agitación de la prensa en esos tiempos las siguientes palabras con que |El Nacional lamentaba la desaparición del periódico que armó esta gresca:

" |El Cachaco ha escrito patrióticamente mil veces, habrá sido injusto, exaltado, personal quizá otras mil, pero no por un desliz se ha de privar el pueblo de un Argos, y el gobierno de un sostenedor. |El Cachaco retirado parece que deja en problema su crédito y en tesis el triunfo de los enemigos de la patria. Muchos escritores han salido a luz en la Nueva Granada sólo por contradecir al |Cachaco; ésta es una guerra en que el pueblo y las libertades públicas siempre gana: se han dejado conocer nuevos talentos, picantes, denodados, graciosos, y también miserables rapsodistas: todo contribuye al bien. Se deprimía al Cachaco porque escribía a favor del jefe de la administración y ¿esto qué importa? ¿No escribían otros en su contra? El equilibrio queda establecido. Que el mismo presidente escribía en él? Tanto mejor; no es el gobernante de peor condición que el gobernado. Lejos de vedar esta arma al jefe del Estado, nosotros aplaudimos que use de ella. Gloria sea dada a la nación granadina si tiene un presidente que no se hace sordo al clamor de la imprenta, que no desprecia las plumas que le censuran, que se apresura a satisfacer las dudas que se suscitan, y que se empeña en sostener sus providencias no con venganzas, ni proscripciones, ni con un "yo lo mando, yo lo quiero", sino con razones que las justifican. Vuelva |El Cachaco a la arena, ilustre S. E. su administración, la oposición no desmaye, y el pueblo sabrá por qué obedece, el crítico por qué calla; el magistrado quedará refrenado, el maligno confundido, y la nación incontrastable.''

Entre todos el adversario más terrible del gobierno y de Santander mismo fue, a no dejar duda, el doctor Eladio Urisarri, que para combatirlo empleó todos los tonos y una actividad casi febril. No sólo escribía en los periódicos de la capital, sino que enviaba constantemente artículos a los de provincia para mantenerles unísonos; sin que fuesen parte a imponerle silencio las repetidas acusaciones intentadas ante el jurado por el ministerio público. |El imperio de los principios, en que tuvo por colaboradores a don Joaquín José Gori y don Alejandro Osorio, fue la más importante de estas publicaciones; las |Cartas al general Santander, algo posteriores, la más apasionada. Como el doctor Urisarri era liberal por principios, Santander se despicó en sus |Apuntamientos achacando su oposición a resentimiento personal o mejor dicho, literario.

Lo cierto es que estas reyertas periodísticas, la severidad empleada contra los conspiradores y la facilidad que prestaba la ley para perseguir como tal por los más fútiles pretextos a cualquiera desafecto, mantuvieron vivos los antiguos odios y estorbaron la calma y la reconciliación. Aún más: desde su número 2º (26 de mayo de 1833) condenó |El Cachaco al desprecio la moderación en política, protestando sus redactores tener la dicha de no contarla entre sus cualidades; y al número siguiente ya hicieron de ella un cargo al doctor Cuervo, con ser, como gobernador, incansable promovedor de la seguridad y bienestar públicos. Así se conservó también viva la división entre liberales moderados e intransigentes, que apareció en la aurora de la Nueva Granada. Por más que el presidente se la deara a los últimos, no dejaron los otros de ejercer sobre él benéfica influencia, a la cual se debió que hiciese cesar el mencionado, periódico ^{| (11)} . Hallábanse pues los partidos al declinar la administración del general Santander en el mismo pie, si no peor, que bajo el duro gobierno de Obando.