En el momento en que los españoles salieron del territorio americano, Bolívar abdicó la dictadura; talvez al despojarse de ella estuviera más seguro de poderla ejercer. En seguida se ocupó en dar la misma forma de gobierno a las provincias de Venezuela y de Nueva Granada, en consolidar su unión y en reunirlas en una sola república con el nombre de Colombia.

El Congreso reunido en San Tomé (Guayana) adoptó el 17 de diciembre de 1819 una Constitución calcada sobre la de los Estados Unidos, pero sólo para Venezuela.

En 1735, los corsos, que habían proclamado a la Virgen soberana de su isla, la dieron por tenientes a Paoli y a Giafferi. Al | diputado colombiano Baños se le ocurrió la misma idea, al proponer que Colombia aceptase aquella Constitución; su proposición no agradó, y el 18 de julio de 1821 el Congreso reunido en Cúcuta trabajó con actividad prodigiosa para dar una nueva organización a las regiones emancipadas de la autoridad española.

Primero se decretó la unión de las dos provincias de Venezuela y de Nueva Granada. Ésta conservaba su antigua supremacía, ya que el Gobierno debía residir en Santafé, aunque después se resolviera trasladarlo a Cúcuta dándole el nombre de Bolívar.

Venezuela como patria del Jefe de la República, tenía todos los puestos.

La Constitución de Colombia se promulgó el 30 de agosto de 1821 en Cúcuta.

Consta de diez capítulos y de ciento noventa y un artículos ^{| ¹} .

El Gobierno de Colombia es popular y representativo.

En cada parroquia hay una Asamblea que se reúne cada cuatro años, el último domingo del mes de julio.

Pueden votar los mayores de veintiún años que sepan leer y escribir y posean cien piastras.

Los miembros de estas Asambleas designan los electores de los cantones, que deben tener más de veinticinco años, poseer en bienes raíces más de quinientas piastras o trescientas de renta.

Éstos se constituyen en Asamblea provincial que se reúne cada cuatro años el día primero de octubre para elegir el presidente y vicepresidente de la República, el senador del Departamento y el representante o representantes de la provincia.

Los elegidos ejercen sus funciones durante cuatro años.

El Poder Legislativo está confiado a un Congreso compuesto de dos Cámaras: la del Senado y la de Representantes.

Para ser Senador se exige tener treinta años, ser criollo por nacimiento, poseer propiedades inmuebles por valor de cuatro mil piastras o una renta anual de quinientas piastras, ejercer una profesión liberal, y en caso de ser extranjero, llevar doce años establecido en el país y poseer bienes inmuebles por valor de diez y seis mil piastras.

Se eligen cuatro senadores por Departamento: dos por ocho años y dos por cuatro. Estas diferencias se dirimen a la suerte con objeto, dice la ley, de que el Senado se renueve cada cuatro años.

El Senado conoce privativamente de las causas contra los funcionarios públicos.

La Cámara de representantes se compone de los Diputados elegidos a razón de uno por cada 30.000 habitantes; hay algunas provincias en las que ese número no es necesario. Cuando los representantes lleguen a ciento, se elegirá, si el aumento de la población lo consiente, un diputado por cada 40.000 habitantes y aun por cada 50.000, hasta que la Cámara está integrada por ciento cincuenta diputados.

Para ser diputado se necesita tener veinticinco años y propiedades por valor de dos mil piastras o quinientas piastras de renta, o ser profesor. Hay que haber residido dos años antes de la elección, u ocho en caso de no haber nacido en Colombia, y en ésta, además, tener bienes raíces por valor de diez mil piastras.

La Cámara de Representantes tiene la facultad exclusiva de acusar ante el Senado al presidente, al vicepresidente de la República y a los ministros de la Alta Corte de Justicia.

Para ambas Cámaras dispone la Constitución que las sesiones sean públicas; que los principales funcionarios públicos queden excluidos de las funciones legislativas; que sus miembros gocen de inmunidad mientras duran sus funciones, y que devenguen un sueldo ^{| ²} .

Las principales atribuciones del Cuerpo Legislativo son: fijar los gastos, decretar los impuestos, votar los empréstitos, fijar el valor de la moneda, votar la supresión o la creación de los cargos públicos, fijar los sueldos, votar el reclutamiento, la organización del Ejército, la guerra y la paz, los límites del territorio, y finalmente, crear las Cortes de Justicia y conceder la dictadura al Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo está constituido por un presidente y un vicepresidente, elegidos por cuatro años, que no pueden ser reelegidos y que, en caso de muerte, son sustituidos por el presidente del Senado. El presidente tiene un sueldo de treinta mil piastras por año, y el vicepresidente, de diez y seis mil.

El presidente reúne el Congreso y tiene el mando de los ejércitos; puede vetar las leyes una sola vez; a la segunda vez, si el Cuerpo Legislativo ha adoptado la ley por una mayoría de los dos tercios, el presidente tiene que dar su conformidad; puede, de acuerdo con los Jueces, permutar la pena capital. No puede salir del territorio de la República.

Su Gabinete o Consejo está constituido por el vicepresidente, el ministro de la Alta Corte de Justicia y por los ministros de Relaciones Exteriores, de Gobernación de Hacienda y de Marina y de Guerra, que están encargados de dar al Congreso, bien sea oralmente o por escrito, todas las explicaciones que se les pidan.

El sueldo de los secretarios de Estado es de seis mil piastras. El tercer Poder del Estado y el que tiene menos fuerza, a pesar de ser el más necesario, es el Tribunal Supremo de Justicia. En realidad participa de las atribuciones de nuestro Consejo de Estado y de nuestra Corte de Casación.

El Tribunal Supremo consta de cinco miembros, a saber: tres Jueces y dos Fiscales. Para formar parte de él hay que tener más de treinta años, ser elector y abogado.

El Tribunal Supremo conoce de las reclamaciones de los extranjeros y dirime o resuelve las consultas o los errores de los tribunales inferiores. A pesar de la importancia de sus funciones, sus miembros se designan, a propuesta del presidente, por el Senado, después de que los nombres de los candidatos han sido discutidos por la Cámara de Representantes. La duración en el cargo les está garantizada |mientras se esté contento con su conducta, condición ésta que se presta en gran escala a la arbitrariedad del Senado.

DEPARTA-    PROVINCIAS   Población   Población   Sena-    Represen-   Residencia  MENTOS                          de cada     de cada    dores      tantes        de cada                                      provincia departamento                            intendente

                  Guayana         45.000                         2

                  Cumaná          70.000                         2

Orinoco . . .  Barcelona        45.000     175.000         4            2             Cumaná

                  Margarita        15.000                         1

                  Caracas         350.000                        12

Venezuela . . Barinas           80.000    430.000           4            3             Caracas

                   Coro              30.000                                    1

                   Trujillo            33.400                         1

Zulia . . .       Mérida             50.700   162.000         4            2          Maracaibo

                   Maracaibo        48.000                        2

                   Tunja              220.000                     7

                   Socorro           130.000                       5

Bogotá . . .    Pamplona          75.000   440.000         4             3         Tunja

                   Casanare           39.000                       1

                   Bogotá             172.000                     6

                   Antioquia          104.000                     3

Cundinamarca Mariquita           45.000  371.000         4          2             Bogotá

                   Neiva                50.000                      2

                   Popayán           171.000                     6

Cauca . . .      Chocó              22.000   193.500        4          1             Popayán

                   Cartagena         170.000                     6

Magdalena. .  Santa Marta       62.000  239.000         4          2          Cartagena

                   Riohacha           375.000                     1

Panamá . . . . . . . . . . 50.000
Veraguas . . . . . . . . . 30.000
Quito . . . . . . . . . . . . 50.000
Quijos de Macas . . . . .35.000
Cuenca . . . . . . . . . . 78.000
Jaén . . . . . . . . . . . . .13.000
Mainas . . . . . . . . . . .36.000
Loxa . . . . . . . . . . . . 48.000
Guayaquil . . . . . . . . .90.000

Para facilitar la administración de justicia se habrán de establecer otros tribunales, cuyos miembros serán nombrados por el presidente.

El territorio de la República está dividido en siete departamentos, que comprenden cada uno cierto número de provincias divididas en cantones; hé aquí la lista a la que se ha añadido la población aproximada de cada provincia, la de cada departamento, el número de senadores que cada departamento elige, y el lugar de residencia de cada intendente.

De acuerdo con ese cuadro, la población de Colombia sería de 2.644.600 almas ^{| ³} . Un autor la estima en 2.500.000. A este respecto es muy difícil dar datos exactos. ¿Quién fue a censar las tribus que, sin su consentimiento, han sido englobadas entre los colombianos, y que unas veces monárquicas españolas y otras republicanas colombianas, vivieron y viven en completa independencia de cualquiera de estos dos países? ^{| 4}

También se ha establecido otra división territorial que se llama marítima; las costas han sido divididas en cuatro departamentos.

El primero comprende La Guayana, Cumaná, Barcelona y la isla Margarita;

El segundo, las costas de Caracas, Coro y Maracaibo;

El tercero, Riohacha, Santa Marta y Cartagena;

El cuarto, las costas del Atrato hasta las de Veraguas;

Por lo que se refiere a las costas del mar del Sur, no se ha estatuído nada. Cada provincia marítima está gobernada por un comandante general y por un auditor de Marina.

Cada departamento está administrado por un intendente, nombrado por el presidente; el sueldo de estos administradores es de seis mil piastras anuales; sus funciones no duran sino tres años; tienen un letrado por asesor; casi todos los intendentes son militares.

Cada provincia tiene un gobernador que está a las órdenes del intendente y cuyos poderes cesan al expirar los de éste.

Al frente de los cantones hay un juez político o subprefecto (los antiguos corregidores).

Los Cantones están subdivididos en Cabildos o Municipalidades, a cuyo frente están los alcaldes.

En cada capital de cantón hay dos alcaldes ordinarios y dos alcaldes pedáneos en cada parroquia; sus deberes consisten en velar por el orden y la tranquilidad. Lo mismo que a nuestros alcaldes, a éstos también les incumbe la vigilancia de las escuelas primarias y de los hospitales, la reparación de los caminos y de las cárceles, la limpieza de las ciudades y el estímulo de la agricultura, de la industria y del comercio.

El artículo 48 de la Ley sobre organización de los departamentos, recomienda a los alcaldes que |se muestren subordinados a los jueces políticos y a las otras autoridades superiores.

hace tres años los Cabildos estaban casi integrados por personas adversas al nuevo régimen, por lo cual se determinó que las Asambleas primarias de 1822 los renovasen completamente y que después esas corporaciones procederían, como antes, a la designación de sus sucesores

Colombia cuenta con dos Arzobispados: el de Caracas y el de Santafé ^{| 5} . Ambos están vacantes; tienen diez Obispados sufragáneos: Popayán, Cartagena, Santa Marta, Mérida, La Guayana, Antioquia, Quito, Cuenca, Maynas y Panamá. Estos tres últimos han sido disgregados del Arzobispado de Lima, y se tiene el proyecto de crear un Arzobispado en Quito.

Las sedes de Maynas, Cuenca, Santa Marta, Antioquia y La Guayana también están vacantes. Los obispos de Cartagena y de Quito se han dado a la fuga.

El Congreso de Cúcuta, reunido el 18 de julio de 1821, desplegó una actividad extraordinaria; no se contentó con formular las leyes fundamentales de que ya hemos hablado, sino que adoptó otras muchas; abolió los derechos sobre los pasaportes, los que pagaban los lavadores de oro y el tributo percibido sobre los indios; votó un reglamento extensísimo relativo a los impuestos directos y otros sobre el reclutamiento; atribuyó a las escuelas los bienes de los conventos suprimidos; acabó con la Inquisición y devolvió a los obispos y arzobispos el conocimiento de las causas que correspondían a ese Tribunal. Entre los decretos emitidos por ese Congreso se encuentran algunos contra los moderados y los malintencionados y acaba de expulsarlos del territorio de la República; abolió el impuesto de mutación sobre traspaso de propiedad de fincas y el de alcabala sobre los productos del país, rebajando ese impuesto al dos y medio por ciento sobre los de procedencia extranjera. Promulgó una ley relativa a la liberación de los esclavos, que había pedido antes el Congreso de Venezuela, y que después rechazaron esta provincia y la de Popayán, por considerarla peligrosa y funesta para la prosperidad del Estado.

Sin embargo hay que reconocer que de todas las leyes relativas a la esclavitud, ésta es la más prudente. La exposición de motivos, reproche indirecto dirigido contra los Estados Unidos, expresa sentimientos humanitarios y filantrópicos que honran al legislador colombiano.

La ley consta de quince artículos; no citaremos más que dos. Uno de ellos determina que a partir de la fecha de promulgación de la ley, los hijos de los padres esclavos son libres al llegar a los diez y ocho años. El amo corre con su sostenimiento hasta la edad de la emancipación, y ellos, en cambio, le deben prestar algunos servicios. Si hubiera alguien que se ofreciese a pagar los gastos de alimentación del futuro liberto, el amo está obligado a aceptar el importe.

El otro artículo crea un fondo para la abolición progresiva de la esclavitud, constituído por el tres por ciento sobre el quinto de las herencias; por el tres por ciento sobre el tercio de los bienes de las personas que mueren sin dejar hijos legítimos; y por el tres por ciento sobre la totalidad de los bienes de las personas que mueren sin herederos colaterales, y, finalmente, por el diez por ciento sobre la totalidad de los bienes de los ciudadanos que al morir no dejan más que herederos extranjeros.

Para que esta ley no presentara los graves inconvenientes que temían los caraqueños hubiera sido necesario que al conceder la libertad a los esclavos, éstos tuvieran asegurados medios de existencia.

El Congreso de Cúcuta decretó además la libertad individual y de prensa, la confiscación de los bienes de los emigrados y la acusación de moneda de platino y de cobre. Declaró libre la destilación de alcoholes, sin más gravamen que el pago de dos y cinco piastras por mes y por cántara de aguardiente, pudiendo venderse éste al copeo mediante el pago de dos piastras por mes. La ley mas importante fue la del papel sellado, que es de cuatro clases: el de primera tiene un valor de veinticuatro piastras; el de segunda, de diez y ocho; el de tercera, de doce, y el de cuarta, de seis. Hasta las instancias, todo debe estar escrito en ese papel. Finalmente, el Congreso de Cúcuta estatuyó que la Nación podría reformar o refundir totalmente la Constitución en el término de diez años, a contar de 1821, año en que la República de Colombia quedó constituida por ese número prodigioso de leyes, de decretos y de reglamentos.

Se introdujeron escasas modificaciones en el régimen administrativo y judicial, en vigor durante la dominación española; se conservaron todos los reglamentos que no estuviesen en franca oposición con la nueva Constitución; hasta se llegó a dejar subsistentes las prestaciones personales inventadas por los conquistadores, y, para los indios, la obligación de alojar a los empleados públicos y de suministrar los caballos. Esos abusos, tolerados por la autoridad, exponen al labriego colombiano a los mismos vejámenes que los postillones ejercían antes sobre los nuéstros.

El Poder Ejecutivo es más ilustrado que el Congreso. Por eso con frecuencia rectifica bastantes errores que advierte en los decretos del primer organismo del Estado; pero en general, la buena armonía reina entre las distintas autoridades. La ambición, a no encontrar por fuera hombres capaces de comprenderla y de apoyarla, finge abnegación y no se separa de la masa del pueblo.

Con un pueblo familiarizado con las costumbres monárquicas, talvez hubiera sido más fácil realizar los progresos estableciendo una forma de gobierno más sencilla, y por esta razón es por lo que, a pesar de tan buenas intenciones, las cuatro o cinco personas que constituyen el Gobierno de la República a veces no son obedecidas como debieran.

Claro es que hay además otras razones. La diferencia de castas y las pretensiones de algunos generales, que aun siendo con frecuencia exageradas, hay que tenerlas en cuenta para evitar que se tornen en subversivas del orden establecido.

Se quiso la unión de Caracas y de la Nueva Granada, y con ello se aumentaron las cargas sin aumentar los recursos indispensables para soportarlas.

Nueva Granada, que, en relación con la población blanca, tiene pocos negros, vota su libertad. Venezuela, donde esa gente revoltosa abunda muchísimo, pide que sigan en esclavitud. Caracas se queja de que en pago de sus servicios se fije la capital en una provincia que antaño fue su rival. Santafé reconoce que no tiene más que el estéril privilegio de ser la sede, como antes, del Gobierno, pero que en cambio los empleos y el dinero se los lleva el pueblo intrigante de Venezuela.

Guayaquil querría ser una ciudad anseática e independiente, y las riquezas que recibe de su comercio constituyen hoy uno de los mayores ingresos de una República a la que podría comprar con ellas.

Pasto, al amparo de sus abruptas montañas, quiere conservar una independencia que Bolívar, para escapar de las manos de sus indómitos habitantes, juró respetar. Unos indios piden volver a pagar sus antiguos tributos, al paso que otros se irritan porque les cambian, sin su consentimiento, su antiguo nombre de guajiros por el de colombianos, como sí hubieran sido atribuidos a la República como formando parte de una conquista de España.

Los negros piden la libertad; los mulatos, la abolición de los prejuicios; los mestizos indios, el término de la guerra; los indios, sus privilegios.

Está a punto de producirse una escisión que amenaza con separar a cada provincia. En Venezuela, Montilla es la esperanza de las principales familias blancas; Páez, a la cabeza de sus jinetes, es el héroe de los hombres de color. Sucre podría ambicionar ser algo más que una criatura de Bolívar en aquellas provincias meridionales que sometió con su habilidad.

Éstas son las dificultades que el gobierno tiene que vencer y que no deja de sortear con talento; pero a veces tiene que entregar a la avidez de los principales jefes las rentas públicas, y a sus secuaces las fortunas particulares. Y lejos de lograr desacreditar al clero, aumenta todos los días el número de sus miembros; hay mucha gente que profesa, sólo para hallar, al amparo de los hábitos, un asilo inviolable.

Todas las ramas de la Administración tienen por fuerza que languidecer en medio de semejante desbarajuste, acrecido por el furor de la guerra civil, que a cada momento se enciende en diversos puntos del territorio: en Maracaibo, en Puerto Cabello, en Santa Marta, en Pasto y en algunos lugares de los llanos del Orinoco.

La situación actual de Colombia, como sucede en todas partes después de las guerras civiles, no es muy brillante; sin embargo, a pesar de las calamidades que han ensangrentado los albores de esta República, todavía el culto está revestido de pompa y de gran lujo; sus ministros, gracias a la devota generosidad de los fieles, viven sin estrecheces y pueden socorrer a los pobres en su aflicción. En efecto, hay pocos curatos cuyas rentas bajen de mil piastras, y hay muchos que producen más de dos mil. Varios Obispados dan de sesenta a ochenta mil piastras por año.

En general, la clerecía es rica y poderosa; se calcula que los diezmos de los Obispados pueden producir anualmente unos cuatro millones de francos. Los diezmos de la Diócesis de Santafé ascienden a 1.500.000 francos.

Aunque en secreto el clero sea adicto a los españoles, nunca se le ve al frente de los movimientos populares; sabiendo dónde esta su interés, vive alejado de los disturbios que podrían comprometer la existencia del cuerpo social a que pertenece.