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Como ya se ha mencionado, en el año de 1811 Venezuela adoptó una Constitución que, debido a la misma guerra, no tuvo mayor valor, como ocurrió con la toma de la capital, cuyo gobierno consistió en una especie de dictadura, de la que se hizo cargo Bolívar. Poco a poco las Juntas se expandieron por toda la Nueva Granada y en cada una de ellas dictaban constituciones especiales, a las que las unía un punto común: la independencia de España y una forma republicana de gobierno. 

Al notar los patriotas, por el año 1821, que tenían en su poder el control de casi la totalidad de Nueva Granada y Venezuela, decidieron reunirse en Cúcuta —ciudad limítrofe de ambos territorios— y otorgarse una ley fundamental, el 12 de julio del año mencionado. Así ambos estados, Nueva Granada y Venezuela, se unieron en una sola, indivisible y soberana república, la República de Colombia, con capital en Bogotá. Esta mientras se erigiera una con el nombre de su primer presidente: Ciudad Bolívar. 

Este mismo congreso tuvo a su cargo la elaboración de la nueva Constitución, que fue proclamada como oficial el 20 de agosto del mismo año. Dicha Constitución parecía tener como modelo la de los Estados Unidos de Norteamérica, con todas las similitudes que es posible encontrar y permitir entre un gobierno federal y uno de carácter central. De cualquier forma aparecían inmediatamente las diferencias, especialmente en lo relativo al modo de elegir los representantes de la Nación. 

Los norteamericanos designan, ellos mismos, a sus representantes al Congreso. El pueblo de Colombia debía hacerlo a través de las elecciones, nombrando electores. Este mecanismo era el señalado por la Constitución. El mal radicaba en que luego estos mismos escogían a los representantes, ya que no se consideraba al pueblo con la capacidad suficiente para elegirlos. 

Con una medida como esta se obtenía como resultado poner a la voluntad popular bajo un cuerpo de tutores, lo que rompía la comunidad que debía existir entre ellas y creaba dependencia. Es decir, más parecía estarse formando un estado de tipo representativo, pues los elegidos debían rendir sus cuentas a ese cuerpo de tutores. 

Estos electores eran nombrados en proporción de uno por cada cuatro mil ciudadanos; su período tenía una extensión de cuatro años; con grandes derechos para elegir representantes y senadores, además del Vice-Presidente y el Presidente. No deja de inquietar el hecho de que tal institución pudiera estar alterando el pensamiento y espíritu democrático establecido en la Constitución, llevándolo a un campo aristocrático no contemplado, o bien, a una deformación del régimen republicano, donde obtuvieran ganancias las oligarquías. Al observar estas desviaciones se llega a la conclusión de que durante bastante tiempo las diversas clases y colectividades no contarán con amplias libertades políticas. 

Con el fin de facilitar el respeto y aplicación de las leyes y para el fomento y control de las elecciones, la república se encuentra dividida en doce departamentos, los que, a su vez, se subdividen en provincias, cantones y parroquias. 

La dirección de cada departamento (que corresponden a nuestras provincias) está confiada a un intendente, el que es nombrado por el Presidente, pero para su aprobación se necesita la sanción del Congreso. En virtud de la ley fundamental, el poder de que goza abarca solamente la administración jurídica del departamento. En casos de excepción —como la guerra— o cuando el Presidente lo estime preciso para la seguridad nacional, puede otorgar a dicho funcionario el mando militar. Para que esta excepción pueda ser cumplida, el intendente debe poseer el rango de general. Actualmente en muchos casos el intendente es un general de la República. Los decretos destinados a las gobernaciones, pasan por sus manos, ya que los gobernadores están subordinados a su mando. 

Suele suceder que ambos cargos están ocupados por militares. En tal situación se les hace asesorar o asistir. En el rango inmediatamente inferior a los gobernadores se encuentran los dirigentes de los cantones que, bajo el nombre de juez-político, son a quienes corresponde juzgar en los actos jurídicos y policíacos. Les siguen los alcaldes (muy parecidos a nuestros fiscales o comisarios distritales), que en número de dos están a cargo de la parroquia. 

El sueldo de los alcaldes —quienes son nombrados por el cantón— y el de los jueces políticos, es el honor de servir. Es decir, no cobran remuneración alguna. Por otro lado, el sueldo de un gobernador está en relación directa con el tamaño del territorio bajo su control; puede calcularse en unas tres mil piastras. Un intendente dobla esa suma en sus ingresos. 

Cada departamento elige cuatro senadores. Las provincias designan un representante por cada treinta mil habitantes. 

El modo de elegir estos representantes es el siguiente. El último domingo de julio, cada cuatro años, se reúne a todos los ciudadanos de las parroquias, con derecho a voz y voto. Para obtener tal derecho se requiere ser colombiano, casado, de veintiún años de edad y que sepa leer y escribir. Por un artículo de la Constitución se ha suspendido esta exigencia hasta el año de 1840, puesto que de cumplirse ella, muchos ciudadanos no tendrían el derecho de voto. 

Además el votante debe ser dueño de una propiedad por valor mínimo de cien piastras o ejercer el comercio o un oficio de artesano. Quienes reúnan tales características designan a los electores del cantón, en proporción de uno por cada cuatro mil habitantes. Si la población del cantón no alcanza a reunir ese número, mantiene el derecho de elegir un representante elector. 

Para llegar a ser elegido como tal, se requiere tener derecho a voto, saber leer y escribir, tener veinticinco años cumplidos, vivir en alguna de las parroquias del cantón, tener una propiedad fija cuyo valor sea de quinientas piastras, o bien tener un ingreso anual de trescientas piastras. En caso de no cumplir con estos requisitos se puede optar a uno de esos cargos si se es investigador científico o se tiene un grado de tal calidad. 

Al llegar el primer día de octubre, cada cuatro años, los electores se reúnen en la capital de la provincia y al constituirse el quórum de dos tercios de sus miembros se procede a las elecciones de rigor. La jornada comienza con la designación del Presidente de la República. Le sigue la del Vice-Presidente, para pasar luego a la de los senadores para el departamento, y finalmente los representantes de la provincia. 

El Congreso consta de cuarenta y ocho senadores y cerca de cien representantes, los que, de acuerdo con la Constitución, deben reunirse en Bogotá el 2 de enero de cada año. El período de sesiones se prolonga por noventa días, pero si en ese lapso no han sido agotados los temas por estudiar —lo más normal en estos casos— aquel se extiende durante treinta días más. En todo este tiempo los miembros del Congreso reciben nueve piastras para gastos de estada y media piastra por cada cinco kilómetros de distancia de su provincia. Con esto se pretende entregarles una cuota que les permita subvenir a sus gastos. En general se tiene la impresión de que tales recursos son mínimos y que con el dinero entregado para los gastos de hospedaje, etc., se ayuda a los del traslado, ya que con esa cantidad no alcanzan a ninguna parte. 

El salario que percibe el Presidente es de treinta mil piastras anuales, y el del Vice-Presidente de dieciocho mil piastras anuales, las que pueden verse aumentadas en seis mil más, en caso de ausencia del Presidente, cuando entra a representar al Ejecutivo. El gabinete consta de seis secretarios de Estado, que actualmente son: Asuntos Exteriores, señor Revenga; del Interior: I. Restrepo; Finanzas: Castillo; Justicia: F. Restrepo. Encargado del Ejército: General Soublette; y para la Armada: Almirante Clementi. Cada uno de ellos recibe un salario de seis mil piastras anuales. 

La Suprema Corte de Justicia está compuesta por cinco delegados, cuya elección proviene de la propuesta que el Presidente hace a la Cámara de Representantes, mediante el envío de una lista compuesta por quince candidatos. La Cámara elige a diez; sigue su curso el trámite en el Senado, y de esta instancia sale una lista de cinco personas, que, en definitiva, son las elegidas. Aparte de cumplir con los requisitos estipulados para los electores, los miembros de la Corte deben tener treinta años de edad y ser juristas. Su salario alcanza anualmente a las cuatro mil piastras y permanecen ejerciendo esas funciones mientras cuenten con la confianza del gobierno. Este tribunal tramita los juicios de última instancia que han llegado hasta él para su fallo definitivo. Hay también tribunales en las provincias, cuyos miembros son designados por el Poder Ejecutivo previa proposición que hace la Corte Suprema de Justicia. Tales funcionarios gozan de un sueldo de tres mil piastras anuales. 

Cuando se van uniendo tantos valores, además de los funcionarios de aduana, correos, etc., nos encontramos con que los gastos de la Administración son demasiado elevados. Esto sin mencionar los altos ingresos que deben destinarse al ejército y a la armada, máxime si al tiempo sus miembros ocupan altos puestos en la burocracia estatal. 

Hasta el momento Colombia cuenta con veintiseis mil hombres de infantería, cinco mil de caballería y dos mil de artillería. La constitución otorga facultad de modificar estas fuerzas en la medida de las necesidades del país, lo que lleva a suponer que deberán pronto disminuir en parte importante. 

Los salarios señalados durante la guerra (cuando eran entregados y recibidos) tenían el siguiente orden: un coronel obtenía doscientas piastras mensuales; un subteniente, treinta piastras y un soldado diez piastras. El Congreso actual ha rebajado esas cantidades, y así un coronel percibe ciento treinta piastras mensuales, en tanto que el soldado seis piastras. 

En 1825 el ejército costaba a la administración pública cerca de tres millones de piastras. Otra medida tomada es la de hacer más selectivo el reclutamiento, ya que las nuevas necesidades no exigen la conscripción masiva obligatoria. Hoy todos los colombianos, entre dieciocho y treinta años, están en un grado de conscripción donde la quinta parte de sus miembros es reemplazada por sorteo. Mediante este sistema el máximo período de obligación militar puede alcanzar cinco años, pero siempre queda la posibilidad de colocar otro nombre en reemplazo. 

Además existe una milicia formada por toda la población masculina del país, entre los dieciséis y los cuarenta años, pero esta fuerza aún no está organizada. En la actualidad continuar con los reclutamientos no es tan necesario, más aún cuando se observan los batallones que regresan de la campaña del Perú. El verlos nos hace decir que Colombia tiene un ejército más que suficiente para defenderse de la invasión española. 

Sin embargo, cuando se pasa revista a la situación de la armada, el cuadro cambia en muchos aspectos. Grandes han sido los esfuerzos por llevarla a un sitio de respeto, pero no se han obtenido los resultados ansiados. En octubre de 1826 la armada estaba compuesta por tres fragatas, cuatro corbetas, algunos bergantines y unos pocos cañones de bajo calibre. Una de esas corbetas y varias embarcaciones menores se encuentran varadas en la costa del Pacífico. 

Esta fuerza podría tener grados de desarrollo si estuviera bien equipada y ejercitada su tripulación. Al no ocurrir esto salta el interrogante de por qué el gobierno insiste en mantenerla, si en verdad jamás, podrá estar a la altura que sus costas requieren. De todas maneras no puede culparse al gobierno de no tratar de conseguir logros. 

Recientemente se ha fundado en Cartagena la Escuela de Cadetes Navales de donde egresaron los dos primeros oficiales, en 1825. Fuera de esto, el último congreso dictó una ley mediante la cual todos los colombianos, entre catorce y cuarenta años de edad, que viajen por mar o ríos, como medio de trabajo, tienen la posibilidad de ser miembros de la tripulación de un barco de guerra. 

En verdad la primera medida mencionada puede contribuir bastante al mejoramiento de la calidad de los oficiales, pero la última no asegura tal avance, ya que no contempla un problema de calidad sino solo el aspecto cuantitativo. No se necesita discutir mucho para convenir en que un bogador de río no reemplaza a un marinero experimentado. Es como establecer semejanza directa entre un pájaro vadeando los pantanos con un ave acuática deslizándose en el mar. En cuanto a los gastos, el Ministro de Marina estimó necesaria la suma de cuatro millones de piastras, para el período de 1826, con lo que atenderá a gastos de alimentación y mejoramiento. 

Del cuadro expuesto se desprenden los apuros por los que debe pasar la caja fiscal, más aún si a todo se le suman los préstamos e intereses contraídos en el extranjero. 

Cuando la colonia inició la guerra contra los españoles, los medios de que disponían los patriotas eran bastante escuálidos, y pese a que los gastos de una guerra en Suramérica son menores comparados con los de un conflicto en Europa, se hacía necesario tener dinero o créditos para la compra de armas y municiones. Por lo tanto debían recurrir a la mano extranjera. 

Por supuesto que nadie quería arriesgar por el solo hecho romántico de la libertad de un pueblo o cosa por el estilo. Todos querían obtener ganancias, la guerra les ofrecía una inversión. Especuladores de tal calibre se podían conseguir en Inglaterra o en las Antillas. Los precios eran altos, los intereses subidos y las condiciones, en general, una verdadera carga, casi imposible de resistir. 

Cuando la República comenzaba apenas a sacudirse de la pesadilla de la guerra, empezaron a tomarse medidas para la cancelación de las deudas contraídas. Con este fin se obtuvieron préstamos en Inglaterra, entre los años 1822 y 24, por un monto cercano a los treinta y cuatro millones de piastras, con interés anual del seis por ciento y plazo de pago de treinta años, en cuotas semestrales. Además de esta deuda se encontraban los sueldos atrasados que el gobierno adeudaba a sus veteranos de la guerra. 

La nación, entre sus ingresos más importantes, cuenta con los de la aduana, el monopolio del tabaco, las contribuciones directas, la sal, el papel sellado, las minas de oro y plata y el correo. Todos aportan en ese estricto orden, pero al momento no son suficientes para cubrir los gastos estatales. Según un plan trazado por el Ministro de Finanzas, se confía aumentar esos aportes en tal medida que el país podrá cancelar puntualmente sus deudas de interés en un plazo de seis meses. Actualmente se ha dedicado a cancelar sus deudas internas. 

Ahora se está a la espera del pago que adeuda el Perú a Colombia por los servicios de guerra, lo cual hace presagiar que las finanzas del país tendrán un incremento aliviador y que a un plazo no muy largo podrá Colombia sacar sus finanzas del punto bajo donde se han mantenido por largo periodo. 

Indudablemente que para la economía de un país es de gran importancia el comercio con el exterior. Colombia cuenta con recursos estupendos como para mantener un comercio de exportación de mucho valor. Las tierras de Suramérica no solo son aptas para producir mercancías tropicales, sino que, a la vez, en sus regiones montañosas se pueden dar la mayoría de los productos de clima templado. Tampoco deben dejarse de lado los aportes que hacen los metales preciosos como el oro y la plata, aunque también se encuentran minerales como el hierro, cobre, plomo, etc., además de sal y carbón de piedra. En el momento y por algún tiempo más, el valor del oro y la plata motivarán el desprecio por estos últimos. El estudiar esta amplitud de posibilidades es lo que hace decir que este país, con una industrialización adecuada y el aumento de población, será capaz de satisfacer sus necesidades sin requerir de la ayuda extranjera; incluso podrá desarrollar una política amplia de exportaciones. Pero debido a la urgencia de la situación presente, me dedicaré a enumerar y comentar los productos que actualmente tiene Colombia. 

Sin lugar a duda el lugar primero entre ellos le corresponde al cacao, que se cosecha en buenas cantidades y en excelente calidad. Este producto, con la excepción de Guatemala, solo se encuentra en estas tierras, por lo que se presta para su exportación. Este árbol de pequeño tamaño necesita tierras bajas y calientes, con la sombreada protección de árboles de mayor tamaño. Tal característica hace de las provincias bajas de Colombia el paraje ideal para su producción. Las tierras donde se está dando se encuentran en la costa de Venezuela, en los alrededores del lago de Maracaibo y en ambas orillas de los ríos Magdalena y Orinoco. 

Aunque este árbol no da sus productos hasta los ocho o nueve años, representa con largueza un negocio, ya que otorga tres cosechas al año, en un lapso de vida de veinte a treinta años. Necesita tan pocas atenciones que se considera que basta un hombre para el cuidado de mil árboles. La cosecha de un año alcanza a unas veinticinco fanegas de granos de cacao y cada uno de ellos tiene un valor de veinticinco piastras. Es difícil dar datos de la exportación durante la guerra, pero antes de la revolución de la Independencia Venezuela obtuvo un ingreso por las ventas de este producto por valor de tres y medio millones de piastras. 

La inseguridad provocada por la guerra anglo-española hizo que las exportaciones de cacao no se mantuvieran normalmente, lo que trajo la consiguiente merma en sus cosechas, con lo cual se propiciaron las condiciones para la siembra de cafetos, ya que estos se mantienen por mucho mayor tiempo y sus frutos se pueden almacenar en depósitos hasta que los precios resulten convenientes para su venta. Los venezolanos son quienes más auge e importancia le han dado al café. Ahora comenzó éste a cobrar fuerza en las provincias de Nueva Granada, cuyas tierras se prestan para su cultivo ya que necesita menos calor y humedad que el cacao. En 1812 Venezuela exportó cuatro millones de libras de granos de café. Por el aumento alcanzado puede decirse que actualmente forma el artículo de exportación de mayor importancia para Colombia. 

En tiempos pretéritos el índigo ocupaba un puesto importante en las exportaciones del país, pero su producción ha disminuido considerablemente. El valor, encarecido por los costos de transporte, contratación de personal y sus cuidados, llevó a que cayera en tal decadencia que aún no se ha repuesto. Tales razones hicieron que los europeos miraran hacia el producto que ofrecían las Indias Orientales. Si bien se reconoce que el índigo de estas tierras es más fino y de tonos más brillantes, se observa que no se mantiene tanto tiempo como el de las Indias. Pero no debe desconocerse que el sueldo de un obrero en éstas es incomparablemente más bajo que uno de Suramérica, lo cual permite abaratar los costos y entrar con mejor pie a la competencia en el mercado. Desde estas tierras, poco antes de la guerra, se exportó casi un millón de libras, avaluadas en cerca de trescientas mil piastras. 

Otro producto que se encuentra en las provincias bajas es el algodón. La caída de su precio en el mercado europeo ha reducido considerablemente su producción actual, máxime si se considera que no puede entrar en competencia con el algodón de los Estados Unidos, considerado de mejor calidad. En Cartagena se llegó a pagar entre veinte y treinta piastras por cien libras, pero ahora no ofrecen más que ocho, e incluso seis piastras, lo cual hace que el interés se desplace hacia la siembra de otros productos más rentables. Una causa que no puede dejar de mencionarse y ha tenido incidencia directa en la calidad del algodón es el descuido de las tierras y la mala limpieza que se hace de la cosecha. Para la preparación del terreno se limitan a cortar los bosques y a quemar lo que de ellos queda. Sin arar, se hace la siembra de granos de maíz en hileras distanciadas a diez pies. Cuando las semillas han brotado, se procede a la siembra del algodón, el que crece protegido por las matas de maíz. Cuando el algodón ha alcanzado fuerza suficiente, se corta el maíz; hecho lo cual el producto futuro no tendrá ningún otro cuidado. 

La limpieza de lo recolectado queda a cargo de las mujeres, quienes con palos, lo trillan en el suelo. En Norteamérica los campos algodoneros se preparan cada año y la cosecha se limpia con máquinas, que sí logran liberar a la flor de sus semillas. Al analizar ambos métodos salta a la vista cuál es el de mayor corrección y, por supuesto, que si los colombianos decidieran ser tan cuidadosos como sus competidores pronto recobrarían el prestigio en el mercado mundial. 

De los productos que Colombia posee, el tabaco es el que menos aporta a la economía interna, ya que el gobierno lo ha monopolizado a tal grado que no es un artículo de exportación. El es el único vendedor de tabaco en el territorio y toda la producción que se obtiene es almacenada en las bodegas que para ello destina. Ningún otro colombiano distinto de los agentes designados puede dedicarse a la siembra de tabaco. Los “matriculados” establecen acuerdos con el gobierno, en los que se fijan con anticipación los precios y se establece el compromiso de entregar toda la cosecha. En seguida dividen el tabaco en rollos de una libra de peso cada uno y en esta forma se envía a los estancos de tabaco, donde se vende. Estos depósitos de venta se encuentran a lo largo del país. 

El pueblo tiene que abonar un precio mucho más elevado que el pagado por el gobierno. Así es como éste cancela entre doce y quince piastras por las cien libras y las vende a cincuenta y hasta a sesenta piastras. En los comienzos de la república y como despreciando los monopolios hispanos, se quiso liberar al Estado de la fiscalización del tabaco, pero resultó ser una medida precipitada y ante la urgencia de contar con ingresos estables para las arcas, se decidió mantenerla. El tabaco otorga dos millones de piastras al tesoro.