Los Estados Unidos de Colombia creados por la constitución de Rionegro estaban conformados por nueve estados soberanos, a saber: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, y de varios territorios nacionales, entre ellos Caquetá, San Martín, Nevada y Motilones, regiones sin cultivar y habitadas por tribus de indios salvajes, por derecho público pertenecientes a varios de los estados federados, pero cedidos por estos a la nación, en razón a su administración más efectiva.

La constitución se limitaba a regular las relaciones entre los estados, a organizar el gobierno común y a determinar ciertos principios generales previstos como disposiciones comunes para incluir en las constituciones individuales de cada uno de ellos. Tanto su elaboración en detalle como la reglamentación eran de incumbencia de cada uno de los estados. Las relaciones exteriores quedaban, por lo menos en teoría, a cargo de la nación, por ejemplo la celebración de contratos y la declaración de guerra, y, en consecuencia, también el nombramiento tanto de representantes diplomáticos y cónsules del país, como el reconocimiento de los ministros plenipotenciarios extranjeros. Para apreciar los efectos, valga un ejemplo: Un cónsul extranjero con motivo de una de tantas reclamaciones ante el gobierno del Estado de Panamá, no puede dirigirse directamente a tal gobierno estatal, sino que tiene que valerse del representante diplomático de su país en Bogotá, para que este interceda ante el gobierno nacional. Demorada así la contestación por lo menos un mes a consecuencia de las deficientes comunicaciones, el gobierno estatal suele valerse del nacional tan lejano, para dilatar el asunto aún más, anomalía que ya ha provocado enérgicos reclamos por parte de las potencias extranjeras. Al paso que en el comienzo la nación era la única facultada para mantener un ejército regular, desde 1867 el mismo derecho se concedió a los estados individualmente, pero sin coordinar las dos clases de tropa en lo más mínimo. Así las cosas, veces ha habido en que uno de los estados se levantara en armas contra el otro, en lugar de concurrir a la decisión del gobierno federal, lo mismo que contra este han venido dirigiéndose las armas estatales en casos de mero desacuerdo con su política. En disputa ardua se tomó en los años siguientes la cuestión de si, en cambio, el gobierno federal habría de intervenir en defensa del gobierno estatal existente en casos de sublevación interna. 

Pero, lejos de concretarse al campo militar, semejantes casos de administración paralela de ordinario solían predominar también en otras ramas, por ejemplo en la de vías de comunicación, correo y educación. Así pues la nación tiene a su cargo el mantenimiento de las principales vías de comunicaciones entre los estados, el transporte del correo en ellos y la administración de las líneas telegráficas, en tanto que los caminos y comunicaciones meramente intermunicipales son de incumbencia de los estados. Los establecimientos de educación superior, existentes en Bogotá para todo el país, son manejados por el gobierno nacional, al paso que las escuelas públicas pertenecen a la administración de los estados. Y en cuanto toca a la administración de justicia, el gobierno nacional tiene su corte suprema, con jurisdicción exclusivamente en los casos de crimen político y de controversias entre los diferentes estados, en tanto que a estos corresponde la administración de justicia en general. Como fuentes de entrada la nación dispone de los derechos de importación y del monopolio de la sal, fuera de algunas más de menor escala, estando, en contra, a su cargo la administración de los territorios nacionales. 

El gobierno nacional se divide en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo lo constituye el congreso, subdividido en la cámara de representantes y el senado. A este último cada uno de los estados designe tres delegados, en tanto que la cámara de representantes se compone de miembros determinados por elecciones generales, con un miembro por cada 50.000 habitantes. A la cabeza del poder ejecutivo está el presidente elegido por un período de dos años. Para resultar elegido, se requiere mayoría absoluta de los nueve votos representativos de los nueve estados. Al efecto, cada uno de los estados votaría por el candidato que en las votaciones dentro del estado expresamente convocadas para tal fin hubiera obtenido la relativa mayoría de votos, haciéndolo con el número de estos. Estando regulado por ley estatal, el derecho a votar en algunos estados puede ejercerse por todos y cada uno de los ciudadanos, en tanto que otros lo limitan a los capacitados para leer y escribir. Los funcionarios públicos los nombra el presidente con sujeción a la aprobación del senado. Hechos los nombramientos por tiempo fijo, suelen quedarse insubsistentes de todos modos con el arribo de un presidente nuevo al poder. El oficio de funcionario público no requiere preparación alguna; para ejercer el cargo de juez tampoco es necesario haber absuelto el estudio de la jurisprudencia, hasta tal extremo que algunos estados prescinden de la capacidad del candidato de leer y escribir. Antes nombrados con carácter vitalicio de acuerdo con la usanza nuestra, con la implantación de los principios radicales el término se ha reducido a un año, lo que prácticamente equivale a declarar la movilidad de los jueces, quienes así en un todo quedan dependientes del gobierno. Con su concepto mucho más detallado que el nuestro, la ley también abarca ordenanzas y medidas administrativas, con el efecto de obligar a la cámara de representantes y más aún al senado a ocuparse de mínimos detalles. Aprobada una ley en tres sesiones por cada una de las dos cámaras, pasa al presidente a objeto de su sanción. A falta de esta, se devuelve a las cámaras, con cuya segunda aprobación al presidente no le queda más remedio que el de sancionarla. |  |

Pero también en otros aspectos la constitución colombiana se asemeja a la de los estados europeos más radicales. Obvio es que los crímenes se juzgan por jurado, al paso que la ley penal es muy liberal; por ejemplo, diez años de presidio constituyen la máxima pena aplicable. Existe libertad incondicional de palabra y prensa, tanto que las ofensas más cínicas proferidas contra funcionarios públicos quedan impunes. Con orgullo especial se destaca la abolición tanto de la obligación de llevar pasaporte como la de cuarentena. 

Excesivas ya en gran parte estas concesiones desde el punto de vista conservador, este se escandalizó más todavía por las leyes referentes a la política eclesiástica. Ya comenzada en los años de 1851 a 1853 la legislación eclesiástica liberal con la abolición de la exclusividad de la iglesia católica y en cambio sí la concesión de la libertad de credo, y la imposición del matrimonio civil como obligatorio, lo mismo que la separación completa de la iglesia católica del estado con miras a quitarle todo apoyo a aquella y a prescindir a la vez de toda futura injerencia, Mosquera durante su dictadura ideó aún mucho más contra la Iglesia, uno de los apoyos principales del partido conservador, disponiendo por ejemplo el requisito de su previo visto bueno gubernamental para todo clérigo, así como la supresión de los conventos, con incautación de sus bienes y la encarcelación del arzobispo de Bogotá en contestación de su protesta contra tales medidas, las que, ratificadas más tarde por la convención de Rionegro, habrían de constituirse en una de las más enardecidas controversias políticas durante los dos decenios siguientes. Ocupado Mosquera en castigar al vecino Ecuador por haberse comprometido en la pasada guerra civil neogranadina, en Antioquia estalló una rebelión, seguida por otras ocurridas bajo la presidencia de Murillo en las más variadas partes del país, pero sofocadas todas con relativa prontitud. 

Mosquera, luego de haber permanecido como enviado plenipotenciario en Europa, volvió a asumir la presidencia en 1866. Con su acostumbrada actitud despótica, las controversias con la mayoría del congreso no tardaron en presentarse. Habiendo concedido ya en marzo de 1867 a los estados el derecho de mantener sus contingentes de tropa permanente aun en épocas de paz, el congreso emitió en abril de 1867 dos importantes leyes más, del todo contrarias a las ideas de Mosquera y con el efecto de una bofetada para él. La primera le impuso estricta neutralidad al gobierno nacional en casos de presentarse revoluciones en cualesquiera de los estados, en tanto que Mosquera demandaba el apoyo federal al gobierno estatal implicado. Por medio de la otra ley se facilitó el regreso de los obispos y sacerdotes, expulsados en su tiempo. Rotas en consecuencia sus relaciones con el congreso, Mosquera una vez más se autocalificó de dictador, haciendo capturar a varios escritores y congresistas. Pero transcurridas apenas unas semanas, fue el mismo dictador a quien un número de ciudadanos, ayudado por la guarnición de Bogotá, capturó, para hacerlo juzgar y destituir por el congreso. 

Lo reemplazó el general Santos Acosta, a quien siguieron en su orden en 1868 Santos Gutiérrez, en 1870 Eustorgio Salgar, en 1872 Manuel Murillo, en 1874 Santiago Pérez y en 1876 Aquileo Parra, todos afiliados al partido radical. En tanto que los gobiernos de los cuatro primeros transcurrieron sin eventos mayores dignos de recordar, por lo menos en cuanto a estorbos de la paz pública, ya durante la presidencia de Pérez volvieron a presentarse tales estorbos, al paso que bajo el gobierno de Parra estalló una revolución conservadora que cubrió todo el país. Tuvo su origen en un proyecto de ley tendiente a suprimir la enseñanza religiosa en las escuelas. Aunque modificado luego en el sentido de dejar la enseñanza como facultativa de los directores, era natural que los conservadores lo tomaran como motivo o por lo menos de pretexto para emprender la lucha contra los liberales, cuyo gobierno, a su modo de ver, ya se había prolongado excesivamente. Pero malograda la estimación de sus propias fuerzas, la revolución fracasó, con el resultado de mantenerse los liberales en el gobierno. Sin embargo, ya bajo la presidencia de Trujillo, de 1878 a 1880, el partido liberal empezó a desmoronarse con la salida de los independientes encabezados por Rafael Núñez, antes ultra radical. Más moderados en sus principios, poco a poco vieron crecer sus influencias, tanto que Rafael Núñez resultó elegido presidente por el período de 1880 a 1882. Bajo su gobierno fue aprobada la ley sobre orden público exactamente en la forma en que Mosquera había pretendido en vano obtener. Su sucesor, Zaldúa, un anciano honrado pero un tanto testarudo y afiliado a los radicales, subió al poder presidencial en 1882, viéndose enfrentado a una mayoría de independientes y conservadores en el congreso. 

Al entrar a Bogotá en agosto de 1882, encontramos el mar de la política muy agitado. A Núñez, quien había abandonado a Bogotá, en secreto a la sombra de la noche, en viaje a Cartagena, su ciudad natal, lo habíamos visto en Agualarga. Pero el muy reducido número de tiros cambiados en Bogotá en aquellos días parece restarle mucho de la seriedad a tal fuga, hasta llegar a convertirla en comedia hábilmente tramada por el astuto político en su empeño de no desgastar su posición prematuramente. Las continuas controversias y querellas entre el presidente y el congreso probablemente habrían llevado a otra guerra civil, en caso de que Zaldúa no hubiera muerto en los últimos días de 1882, es decir, a tiempo. Declinada la sucesión por Núñez, como primer designado, Otálora en su carácter de segundo asumió la presidencia. Pero durante su gobierno el país no quedaba libre ni un momento del constante temor a una nueva revolución, con todo su efecto paralizante sobre la vida comercial. ¿Y la razón? Pues la señora de Otálora, que antes había hecho su vida mediante trabajos manuales, pretendía seguir de primera dama por otro período. Pero ¿cómo compaginar tal deseo con la disposición constitucional colombiana que excluye la reelección para el período inmediatamente posterior? Falto de definición al efecto, Otálora y sus seguidores, resueltos como buenos radicales a obstruir una nueva ascensión de Núñez, pretendían la inaplicabilidad del veto al caso presente, en razón a la ausencia de reelección, puesto que no había precedido una elección, sino la designación, argumento que desde luego fue rechazado por los adversarios. Señalado el día 2 de septiembre para las elecciones, era imprescindible suspender las sesiones del congreso adverso hasta aquella fecha, toda vez que reunido tiene la mayor influencia sobre el resultado de los comicios, pues es él el que no solamente aprueba o desaprueba todos los nombramientos y medidas, sino también el que dispone de las fuerzas armadas. El modo de proceder escogido es un ejemplo sin par de cómo disponer la intriga. Quedando sin quórum en tres sesiones consecutivas, el congreso de hecho se considera disuelto. Casualmente, dos veces ya había ocurrido así, cuando la primera dama persuadió a un número suficiente de congresistas a no asistir, para así asegurar la disolución. Pero los independientes y conservadores acosaron a su inocente marido, acostado y fingiéndose enfermo como acostumbraba a enfrentarse a situaciones desagradables, para volver a convocar al congreso al cabo de apenas dos días. Aunque todos los dignatarios se habían quedado en Bogotá entre tanto, salvo pocas excepciones cobraron los altos gastos de ida y regreso por viajes que de ordinario en menos de un mes no habrían podido realizar. Mantenida su candidatura todavía durante algunas semanas, Otálora resolvió renunciarla, agobiado por las amenazas de sus adversarios y por su temor a una revolución. Ahora, el partido radical se entendió con el general Solón Wilches, presidente del estado de Santander, quien a pesar de su afinidad política con Núñez ya se había postulado en su competencia. Harto difícil era escoger a quien fuera de desear la victoria, pues en tanto que a Núñez no se le tomaba por un carácter irreprochable, Wilches era también un individuo sospechoso, pero de maneras menos refinadas, “a ruffian,” como lo describió un ciudadano inglés en razón de sus informaciones obtenidas en Santander. Los colombianos se decidieron por Núñez, con mayoría en su favor lograda en seis estados. Terminada su presidencia el día último de marzo de 1884, a Otálora se le demandó inmediatamente, tanto por maquinaciones políticas como por desfalcos por él cometidos. Su muerte, acaecida en Anapoima a las pocas semanas, por cierto puso término al juicio. 

Al parecer, a Otálora le había ocurrido confundir los intereses oficiales con los suyos propios, lo mismo que los fondos públicos con su bolsillo particular, procedimientos no del todo excepcionales entre los políticos colombianos, pero tal vez aplicados con falta de habilidad en el caso suyo. Contentos de haber encontrado su chivo expiatorio, los colombianos le achacaron todo lo que había de enfermizo y podrido en el área oficial, sin perjuicio del hecho de que todos estos males se derivaban de períodos anteriores, en su mayor parte y probablemente ya de los primeros años de vida de la república, deduciéndose su origen tanto del carácter de la nación como de lo que en esencia significa el estado. 

Desde luego la constitución democrática denota en sus manifestaciones cierto grado de «diletantismo», toda vez que falta el cuerpo de empleados permanentes, sistemáticamente enseñado y entrenado desde el puro principio en todo lo que es la administración pública. Al contrario, tanto abogados como médicos y comerciantes son nombrados para los oficios de la más alta categoría, en general para volver a abandonarlos a los pocos meses, es decir antes de haber tenido oportunidad de familiarizarse con el objeto de su nombramiento. Así las cosas, constantes dificultades ocurren en las relaciones diplomáticas, en tanto que errores costosos y omisiones deplorables en la administración interna son las consecuencias ineludibles de semejante sistema, aumentadas estas todavía por ciertas particularidades del carácter nacional. Pues inclinado a la inactividad, como hoy está el colombiano, escasos serán sus esfuerzos de procurar reemplazar su falta de experiencia mediante un resuelto despliegue de actividades conducentes. Teniendo apenas las nociones más superficiales, pretende saberlo todo, para ponerse a tomar medidas del más vasto alcance, sin haber concurrido a expertos en busca de consejo. Lejos de ser incapaz, carece de disposición práctica, exponiéndose así a atacar un problema por el lado menos favorable o inadecuado. Pretende colocar el techo antes de haber construido la casa, o bailar antes de haber aprendido a caminar. 

Con todo, a Colombia le iría relativamente bien si la falta de penetración fuera la única debilidad de sus estadistas. Pero de efecto mucho más adverso resultan sus defectos en la esfera moral, siendo así que motivos egoístas constituyen el estímulo primordial para la mayoría de las actuaciones políticas, tal que para muchos políticos el Estado no significa más que la vaca de leche con destino a ser exprimida hasta la última gota. 

Iniciado un partido en el poder, sea por legítima elección de un nuevo presidente o por el camino ilegal de la revolución, todo el conjunto de empleados públicos se renueva, a efecto de ocuparse todos los puestos con adictos al nuevo gobernante, gente que posiblemente habría esperado el momento ya desde hace años, endeudándose mientras tanto para atender a las necesidades de su triste existencia. Llegado el momento, consiguen un empleo, con remuneración irrisoria, la cual en general se paga apenas al cabo de meses de demora, obligando a su beneficiario a empeñarla mientras tanto, con pérdida considerable para él. Así las cosas, ¿es explicable o no que su conciencia ética tan poco desarrollada no le impida tratar de aumentar sus ingresos por caminos pecaminosos que sean accesibles para los sobornos y que ingenuamente traten de llenar los vacíos de su bolsa particular con medios sacados de las arcas públicas? Los fallos judiciales por lo general resultan en favor de la parte más acomodada e influyente, capaz de convencer al juez por medio de pruebas contantes y sonantes de lo justo de su causa. No hay negocio posible de cerrar con el gobierno para comerciantes e industriales sin pagarle al  empleado encargado de tramitarlo un buen porcentaje. Entre las empresas ferroviarias, de costo millonario para el país, hay muchas comenzadas únicamente en razón a las considerables ventajas derivadas del negocio por los presidentes en ejercicio y sus secretarios. Por conducto de un ciudadano alemán de honradez casi exagerada en tales circunstancias, se supo que el presidente del Estado de Cundinamarca le había ofrecido comprarle su finca rural en $ 120.000 a condición de que en la escritura se mencionaran $ 150.000 como precio, para que así pasaran los $ 30.000 al bolsillo del presidente. Rechazada semejante insinuación por el alemán, se procedió a ponerlo en aprietos por medio de los más variados pleitos, los cuales por medio de fallos acomodaticios solían resolverse en su contra. Un ministro de hacienda se deshizo de sus deudas insinuándoles a sus acreedores que comprasen bastantes bonos de deuda nacional a su cotización del mercado, o sea entre el 20% y el 25%. Por su parte, el ministro se los hizo pagar por las salinas de Zipaquirá a su valor nominal, para con la diferencia satisfacer a sus acreedores. Una hacienda situada cerca de la frontera entre los Estados del Tolima y de Cundinamarca era víctima constante de abigeato, hecho al cual las autoridades persistieron en hacerse de la vista gorda. Yendo al fondo del fenómeno, se descubrió que el presidente del Tolima era el hurtador, en tanto que el de Cundinamarca le servía de encubridor.

De poca monta es la positiva eficiencia del Estado. No es a su vigilancia, por ejemplo, a la que se debe el nivel relativamente alto de la seguridad pública, por lo cual el mérito le corresponde más bien al carácter bonachón del pueblo. En cambio, las autoridades suelen presentarse las últimas en los contados casos de ocurrir una perturbación. En cuanto a las capas menos favorecidas, sus garantías legales son mínimas, tanto en el caso de delitos contra la propiedad como de vejaciones de toda clase. En tanto que la instrucción pública sin duda ha mejorado, sigue careciendo todavía de la indispensable vigilancia constante. En verdadera orfandad se ha dejado la construcción de caminos, a la vez que en proyectos de ferrocarriles se van gastando ingentes sumas de dinero. Escuelas de agricultura y granjas modelo, fundadas acá y allá, por lo general vuelven a cerrar sus puertas al cabo de poco tiempo, así como también en otros ramos las actividades desplegadas por unos cuantos funcionarios sobresalientes, acostumbran condenarse prematuramente a la esterilidad. 

Las finanzas públicas parecen padecer de anemia crónica. Como únicas fuentes de ingreso dignos de tal calificativo, el gobierno nacional dispone de los derechos aduaneros y del producto de su monopolio de la sal, fuentes que en promedio le produjeron durante los años de 1877 a 1881 $3.950.000 y $ 1.350.000 respectivamente. En vista de lo dificultoso que se hace el cobro de impuestos indirectos, debido. tanto al escaso poblamiento como al bajo nivel de su cultura, también los estados individuales tienen por ingreso principal los impuestos directos, como peajes, monopolio de aguardiente y otros. Suficientes en caso de su administración ahorrativa y honrada, estas entradas en la realidad quedan desde luego lejos de cubrir las necesidades, toda vez que ya el presupuesto de los últimos años denunciaba ingresos por casi $ 6.000.000 contra egresos por cubrir de $ 11.000.000. Así las cosas, es apenas lógico que al cabo de unos pocos meses las arcas estuvieran vacías, con la imposibilidad para el gobierno de seguir atendiendo compromisos ulteriores, como el pago de sueldos, excepto aquellos de los funcionarios superiores y de los congresistas, el de los gastos para asegurar el funcionamiento de las escuelas, con el efecto de clausurarse estas, el de alimentos tanto de enfermos como de enfermeros del manicomio de Bogotá. En mora está el pago de los intereses sobre la deuda pública externa desde el año de 1879, a pesar de que los acreedores apenas unos años antes habían entrado en un arreglo extremamente ventajoso para Colombia. Naturalmente, las condiciones de los préstamos contratados por los estados suramericanos en Europa durante la guerra de la independencia eran onerosas, ya que tenían que cubrir riesgos corridos por los acreedores que con mucho excedían de los normales, envolviendo hasta la posible pérdida total del capital. Derivar de tal evento la pretensión de suspender el pago de intereses, como lo han hecho los colombianos, es sin embargo bastante insensato, a la vez que injusto. Mayor aún es la injusticia teniendo en cuenta las diferentes rebajas concedidas sobre las cuantías acrecentadas por la acumulación, y doblemente insensato resulta el evento si se mira el efecto perjudicial sobre la reputación crediticia de que gozaba el país en el exterior. El defender esa reputación sería sin duda lo más indicado, por cuanto el crédito facilitaría notablemente las mejoras económicas en los más variados aspectos. Es de prever sin embargo que al país poco provecho real le traería el dinero en manos del gobierno, a la medida que gran parte siguiera pasando a bolsillos particulares, mientras que otro tanto continuara gastándose en proyectos inútiles, por cuanto, en razón de diferencia de criterio, los sucesores de los iniciadores los dejan sin concluir y, por ende, en estado inservible. 

Obvio es que el aprovechamiento del gobierno por parte del partido dominante provoca el enojo, o mejor dicho la envidia de los núcleos ajenos. ¿Sucederá que esos resentidos se aprovechen de las siguientes elecciones para tumbar al gobierno? Pero este dispone de dos posibilidades para manejar tales elecciones a su voluntad. Una consiste en hacer desaparecer las urnas de alguna manera, para poner un resultado imaginario en su lugar, en tanto que la otra provee soldados con bayoneta calada al pie de las urnas, pará así alejar a los electores del partido oposicionista. Así, a este no le queda otro remedio que el de fortalecerse lo suficiente para, llegado el momento, proceder a mano armada a tumbar al gobierno, para coger las riendas por su cuenta. 

El único sostén del gobierno lo forman las fuerzas armadas, que en tiempos turbulentos se aumentan notablemente. Pero ¿cómo se hace esto en un país adscrito a la libertad y a la igualdad, en donde a nadie se le puede obligar a prestar el servicio militar? Muy sencillo. Patrullas nocturnas se ponen en marcha a fin de coger por sorpresa a todo candidato que juzguen apto para el servicio, procedimiento que exceptúa apenas a aquellas personas que, calzando botas de cuero, así se distinguen como miembros de las clases acaudaladas. Por otra parte, los pobres diablos atrapados, indios arrancados de sus hogares, se llevan a la lucha contra sus congéneres, por motivos que ni siquiera entienden o hasta aborrecen. Prueba de su indolencia es la de que a pesar de todo se baten valientemente en lugar de rebelarse contra su yugo, no obstante lo cruentas que resulten las batallas según fuentes colombianas, que tal vez exageran un tanto. Pero sea como fuere, no cabe duda sobre la magnitud de los daños de orden económico también envueltos, ya que con el solo propósito de infligir perjuicios al dueño adversario, sus propiedades se destruyen con toda intención, trátese de plantaciones en pleno desarrollo u otras. Además, no solo la duración misma de la revolución abarca el cierre de todos los negocios, sino su mera expectación, mucho más frecuente desde luego, perjudica la marcha de todo negocio de la manera más sensible. Por lo tanto, la revolución, intentada a efecto de mejorar el estado de las condiciones oficiales, como medio peligroso que es, de seguro encontraría menos atizadores, a medida que estos aumentaran su interés por el bienestar general con menoscabo de las esperadas ventajas personales. 

Motivado por la persistencia de la agitación política aún después de la muerte de Otálora y la iniciación de la nueva presidencia de Núñez, el aumento de las fuerzas armadas en todos los estados está otra vez en pleno desarrollo. Imposible que atentos observadores pudieran equivocarse en cuanto a la proximidad de otra revolución, quedando en duda únicamente el momento y el lugar de su estallido. 

Estas incógnitas se aclararon con motivo de las elecciones para presidente y asamblea del Estado de Santander, ordenadas para celebrarse el día 27 de julio de 1884. 

Con Solón Wilches de presidente, el Estado de Santander durante los cuatro años precedentes había sido el escenario de la peor mala administración. Tributos y derechos de aduana, aumentados en forma extraordinaria, en parte se habían usado para mantener una fuerza armada de peligrosidad pública, en tanto que otra parte había pasado directamente a los bolsillos del presidente y de sus seguidores. Así las cosas, las finanzas del Estado, antes modelo de progreso y orden, se habían deteriorado por completo. Cierto es que Wilches esta vez no era reelegible en persona, pero se tenía por seguro que Ordóñez, uno de los candidatos y hechura del presidente en ejercicio, estaba listo para seguir conduciendo el gobierno con el mismo espíritu. En consecuencia, la gran mayoría de las gentes independientes, sin distinción de su orientación política, se dio a respaldar a Eustorgio Salgar, candidato radical y expresidente, tanto estatal como de la república, de cuya honorabilidad ni sus adversarios dudaban. Efectivamente parece haber obtenido la mayoría de votos, pero como Wilches había nombrado presidentes electorales en todas partes a sus amigos y adictos, se declaró a Ordóñez como elegido. Los radicales, sintiéndose ofendidos, apelaron al gobierno nacional en busca de la anulación de los comicios. Corrida la voz de que Núñez y Wilches, enemigos en lo pasado y adversarios en las elecciones precedentes para presidente nacional, se hubieran reconciliado, todo indicaba que Núñez iría a sancionar los comicios verificados bajo los auspicios de Wilches. 

Por lo tanto, no me sorprendió mayormente la noticia telegráfica que encontré al arribar a Nueva York el día 2 de septiem­bre en mi viaje de regreso a Alemania, de que la revolución había estallado. Confirmada la sospecha de que Núñez iría a respaldar a Wilches, los radicales se habían alzado en armas. Rápidamente la revolución se extendió por toda la república, combatiéndose durante año y medio con un fanatismo sin par, y volviendo a repetirse todas las consecuencias desastrosas ya comentadas antes. Para subyugar a los radicales, el victorioso presidente Núñez se había apoyado esencialmente en los conservadores, antiguos enemigos suyos. Pero lo que trajo la guerra civil fue una modificación completa de la constitución. Dejando de ser una federación de estados, Colombia regresó al sistema unitario. Ampliándose los atributos del presidente, se extendió a la vez de dos a cinco años su período. La separación radical entre iglesia y Estado se abolió, iniciándose al mismo tiempo una reacción en el sentido eclesiástico. Por mi parte quisiera tomar por mejoras la mayoría de las medidas señaladas. A menudo me había pronunciado en conversación con colombianos en sentido contrario al federalismo, haciéndoles ver las ventajas traídas por la unificación a mi patria alemana, en contra de la sofística tesis de presumidos geógrafos que predestinaba al país a la desunión como por ley de la naturaleza. Pero con solo una o dos excepciones había tropezado con entusiastas defensores del sistema federal entre núcleos tanto conservadores como radicales. ¿De dónde entonces el cambio repentino de la orientación política? Pues sencillamente porque el sistema unitario sin duda se ajustaba a las ambiciones de poder del partido dominante tanto como a las del presidente Núñez. Deseoso de equivocarme, temo que un cambio tan abrupto no podrá producir la paz anhelada por el país, pudiendo convertirse al contrario en foco de nuevas agitaciones. ¡A que la nueva constitución resulte punto de partida para un desarrollo benéfico, van mis sentimientos más fervorosos!