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Sanclemente, Marroquin, El Liberalismo y Panamá
Otto Morales Benitez
© Derechos Reservados de Autor
CAPITULO XVII
Martínez Silva a
Washington. La prevención inaudita. Los conservadores
<<bartolinos>>. Que fusilen a Uribe Uribe. Los históricos a la
cárcel. ¿Quién era Fernández? La dramática crueldad. Compromiso de no
nombrar a Fernández. La política de represión de Marroquín.
Martínez Silva a Washington
Martínez Silva es ministro
de Relaciones Exteriores del dictador Marroquín. Comienza su actividad administrativa,
incomodando con el tema de la paz. Al principio de este gobierno espurio, tuvo que
renunciar. Se quedó y no se conocen los argumentos que pesaron en su decisión. Pero él
perturbaba. No permitía que se desarrollara, con intensidad, la ferocidad de Aristides
Fernández. Entonces, sin reemplazarlo en el despacho, se le envió a Washington. Es
necesario vigilar el negocio del canal de Panamá. Pero, además, se veía aparecer el
espectro de la independencia de ese territorio que no atormentaba a muchos, pues era
desprenderse de una parte liberal, que pervertía, pues los afiliados a ese partido olían
a chamusquina.
El viaje del ministro, es el
triunfo en plenitud de Fernández. Así se comenta en los corrillos. Martínez Silva
entiende que se le despoja de su cargo y se lo escribe a Marroquín. En carta a su hermano
Luis —11-VI-1901—, le dice: «Yo sabía lo que había dejado atrás y lo que
tenía por delante, y conozco la clase de hombres que están hoy encargados de la
dirección de la cosa pública en Colombia...». Desde allí le escribe a Marroquín:
«El 31 de julio lo hicimos
nosotros para la paz... La capital en masa lo entendió así con seguro instinto... Pero
aquel entusiasmo recibió algo así como una ducha helada tan pronto como se supo el
nombramiento de Fernández, que a todos nos cogió de sorpresa. Por obra de Fernández, el
Panóptico no se abrió para tantos infelices que allí gemían olvidados, muchos por obra
de infundadas sospechas, de ruines delaciones, muchos sin motivo alguno, y otros tantos,
pobres soldados prisioneros de guerra, que no tenían ni significación política ni mayor
responsabilidad».
En otro escrito que aparece
en la página 365 de su libro que hemos utilizado, hace anotaciones que son pertinentes.
Los procedimientos de terror los empleaba Fernández para afianzarse en la confianza
presidencial. El doctor José Domingo Ospina Camacho, ministro de Guerra, tuvo que
renunciar, pues aquél le torpedeaba su actividad. Para conseguirlo, tramo una
conspiración, que se pronunciaría, en una invasión que se haría al palacio
presidencial, exigiendo el cambio inmediato de la totalidad del gabinete. Cuando se abrió
la investigación quedó comprobada y muy claramente determinada la maquinación de
Fernández.
La «Prevención» inaudita
Lo que desató las protestas de los
diferentes sectores con un mínimo de sentido de los deberes morales del Estado y de sus
gobernantes, fue un mensaje de Aristides Fernández. Al leerlo uno, en la lejanía de los
acontecimientos, se estremece:
PREVENCION
Bogotá, 28 de febrero de 1902.
Señor Juan Mac Allister. Llanogrande.
Acaba de informárseme que los
presos políticos, señores coroneles Pantaleón Camacho, Moreno, García, Padilla y
Acuña fueron enviados por usted a las cárceles de Pore. Me resisto a creer que se haya
adoptado tal procedimiento, porque usted sabe que aquello equivale a condenar ese grupo de
conservadores a un sacrificio fatal. Prevengo a usted que si dentro del término de veinte
días, contados desde mañana 1° de marzo, no estuvieren libres dichos señores en esta
ciudad o en cualquier campamento de fuerzas del Gobierno, serán pasados por las armas los
señores Emilio Angel M., Barrios, Zea y Celso Román, quienes están actualmente presos
en el Panóptico y han sido notificados de la presente resolución.
Igualmente prevengo a usted que de
la vida de los señores Camacho, Moreno, García Padilla y Acuña, y demás prisioneros
del ejército nacional que están en poder de los rebeldes, me responden la vida de los
principales prisioneros de guerra que están en poder del Gobierno y la de los demás que
se capturen, inclusive usted, en el curso de la campaña, y los bienes de todos los
enemigos o desafectos al gobierno.
El ministro: Fernández.
No se detenía en nada. No había
límites para la agresión humana. Pero llegó esta a los animales. Joaquín Tamayo
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nos cuenta varias determinaciones que conmueven
hasta el ser más indiferente. En el Diario Oficial, en los números 11.618 y 11.621, se
encuentran disposiciones que crispan de angustia y que producen desasosiego en el filo del
espíritu. Allí se lee como política oficial:
«Desde la publicación de este
decreto, en adelante, los bienes que les sean confiscados o destruidos a los amigos del
Gobierno, por los agentes de la revolución, les serán reintegrados inmediatamente con
dinero, que al efecto se les exigirá a los desafectos al Gobierno. Desde la publicación
de la presente resolución los intendentes procederán a hacer que todas las bestias del
Gobierno, y las que en lo sucesivo se expropien, se les corte, por lo menos, una tercera
parte de la oreja izquierda, sin dejar por esto de marcarlas con los fierros quemadores
del Gobierno. El ministro: Fernández».
«El cadalso político se levantó
en distintos lugares de la República, y el grito de las víctimas —grito de
indignación e infinita amargura— desgarró la historia de Colombia, como el trueno
de las tempestades llaneras desgarra el horizonte de la llanura verde».
Como lo dice el historiador Tamayo:
«Todos estaban amenazados: las mulas, los liberales, los
conservadores».
La crueldad crecía a
límites inconcebibles. Ella azotaba con furor. Se mantenía en vilo a la población
colombiana. Las reacciones eran primitivas. Y las acciones contundentes en su agresividad.
Fernández produce un acto administrativo el cual aglutina el terror de la ciudadanía.
Esta, se siente estremecida, sitiada por el odio y la ardentía de los pretores. El mundo
espiritual se achicaba en tomo a las predicciones de dolor que se cernía con la pena de
muerte. Fernández elabora un documento que produce «escalofrío humano».
«Lo cierto es que a fines de 1900
el Gobierno había decretado la guerra a muerte, y el general Fernández encarcelaba a los
pocos liberales que quedaban sueltos en Bogotá. Se inventaban conspiraciones para imponer
empréstitos y multas. Al respecto es ilustrativo un decreto del tenebroso Fernández, del
20 de octubre del 1900, que decía. 'Asígnase como contribución de guerra a los enemigos
del Gobierno una cuota igual a las sumas que por impuesto predial deben pagar en el año.
Para los efectos de la calificación aludida se estimarán enemigos del Gobierno, aquellos
que por sus opiniones políticas den lugar para estimarlos como tales'».
Fernández manifiesta que no
respetará a quienes porten salvoconductos por haber abandonado la guerra. «Y como por
donde salta la cabra salta el cabrito, lo que Fernández hacía en Bogotá lo copiaban
—con la natural violencia que produce la falta de sanción en poblaciones
pequeñas— sus prefectos en casi todas las provincias...».
«De hecho el gabinete ejecutivo
inclinaba la cabeza ante las exigencias del general Fernández. La situación se hizo
insostenible, y el 2 de julio de 1901 nombró Marroquín jefe civil y militar de
Cundinamarca al doctor José Vicente Concha. Aparentemente esto significaba la desgracia
del general, pero todo fue momentáneo: el 15 de ese mismo mes, Concha pasaba al
Ministerio de Guerra y Fernández volvía a las andadas. ¿Habría que pensar que en este
Aristides tomaba cuerpo el dogma conservador? Lo cierto fue que el 8 de enero de 1902
entraba al gabinete con todos los honores, y como ministro de Guerra, el general
Fernández, provocándose, como reacción en cadena, una serie de hechos: al día
siguiente, la renuncia del general Guillermo Quintero Calderón del Ministerio de
Gobierno; una semana más tarde, la destitución de Martínez Silva de la Legación de
Washington; y en febrero, el doctor Miguel Abadía Méndez marchaba a Chile como enviado
extraordinario, dejando en el Ministerio de Instrucción Pública al doctor y poeta José
Joaquín Casas, que en achaques de represión era tan fernandista como ninguno».
Los liberales en la cárcel. Ahora
comienza el hostigamiento a los históricos. Mientras tanto, van cayendo fusilados hombres
y hombres de personas sin relieve político, pero que demostraban su afecto al
liberalismo. Nieto Caballero hace la síntesis de lo que acontece: «Don Aristides
Fernández, asociado a don Lorenzo Marroquín, hijo del presidente, escritor famoso y
negociante sin miedo, continuaba imponiéndose en el ánimo del gran señor reblandecido,
que día por día se apartaba de los ideales caros a los principales jefes del 31 de
julio».
Es tan monstruoso lo que anuncia
Fernández que se van unificando criterios, de las más diversas personalidades, contra
esa perversión de las creencias de lo que debe ser el orden, que maneja y garantiza el
Estado. Los fusilamientos se ponen de moda. El escalofrío humano crece y se agiganta en
dolores colectivos. El gobernador y jefe de la policía pasa a ser ministro le Guerra,
para lo cual levanta una hostilidad contra Concha, que ocupaba esa cartera. El va tejiendo
y destejiendo la madeja burocrática. Le ayuda a tener el carrete de los ovillos el hijo
del Ejecutivo. Hay un momento en una página histórica de Nieto Caballero donde este
pregunta: «¿Qué otra cosa fue el Gobierno del señor Marroquín sino la ascensión y el
dominio de Fernández?».
Miguel Antonio Caro con un
grupo de personas de eminente consideración intelectual, política y cívica, dirigieron
una carta al ministro de Relaciones Exteriores, doctor Felipe F. Paúl. Ellos se llamaron
Mariano Tanco, Antonio Roldan, Emilio Ruiz Barreto, Edmundo Cervantes, Liborio Zerda, Luis
M. Holguín, Daniel J. Reyes, Antonio Gómez Restrepo, Marco Fidel Suárez, Carlos
Calderón Quintero, J. M. Uricoechea, Justiniano Cañón. Es un texto amplio, en el cual
se formulan múltiples consideraciones para condenar las medidas de tan explícita y
tenebrosa contundencia. El mensaje dice,
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en algunos apartes, así:
«Aunque las guerras civiles,
encrueleciéndose a la larga, llegan a hacer a los hombres hasta cierto punto insensibles
a los males ajenos, y aun acaso a los propios con todo eso y después de tantas y tan
diversas calamidades como han pesado sobre este país en los últimos años, la reciente
declaración del ministro de Guerra a que nos referimos, el tácito asentimiento del jefe
y de los otros miembros del Gobierno, la aprobación dada en términos entusiásticos y
aun 'fanáticos' por algunos jefes civiles y militares, y más que todo eso escandaloso,
el ofrecimiento que por medio de carteles hacen de sus personas como instrumento de
venganza y exterminio, jóvenes que en ocasiones tales se presentan en la arena con el
título, aunque grotescamente desfigurado ('bartolinos') de colegiales de San Bartolomé,
de ese centro de instrucción y asilo de las ciencias, de donde, en el espacio de tiempo
que se extiende desde su fundación a principios del siglo XVII hasta mediados del año de
1900, nunca que sepamos habían salido manifestaciones colectivas de esa índole, son
ciertamente hechos nuevos y alarmantes, los cuales han producido en esta sociedad una
sensación profunda, que habría estallado clamorosa si la ley marcial no impidiera la
expansión del sentimiento público».
Más adelante se asevera: «Las
personas agraviadas en sus intereses, o privadas de su libertad, o amenazadas últimamente
en sus vidas, no tienen hoy el derecho de ser oídas ante ninguna autoridad política ni
judicial. Los tribunales instruidos para proteger el derecho contra los abusos de
cualquier poder, ninguna protección dispensan».
Continúa con afirmaciones de claridad:
«¿Cómo puede él tirar la
primera piedra contra estos guerrilleros, cuyas personas y responsabilidades, por otra
parte no conoce? Ellos fueron hechos prisioneros en comarcas distantes; allá tienen su
domicilio y sus amigos; traídos aquí y encerrados en el Panóptico, no tienen a su
alrededor ni relacionados ni valedores. Aunque no conocemos a esos presos sino de nombre,
de un lado vemos que el mismo que los condena no se atreve a culparlos; de otro lado, por
voz pública sabemos que a lo menos uno de ellos, el joven Celso Román, trató
caballerosamente a los prisioneros que hizo, y los puso en libertad, siendo uno de ellos
en la toma de Girardot el coronel Julio Urdaneta, quien, si no estuviese ausente, no
dudamos que nos acompañaría en esta manifestación».
El mensaje hace un largo análisis
de disposiciones legales y constitucionales, para terminar indicando que nada autoriza
para tomar esas medidas conturbadoras:
«Más todavía, colocándonos en
el punto de vista de los que pretenden que el Gobierno puede hacer legalmente todo lo que
quiera por medio de un decreto legislativo, que para ser tal no requiere sino la firma del
jefe ejecutivo y de todos los ministros, preguntamos: si todos los días vemos que se hace ostentación de cierta escrupulosidad legal expidiéndose decretos
legislativos para asuntos de administración los más insignificantes, ahora que se trata
de disponer de la vida de los hombres, ¿dónde está el decreto legislativo?, ¿dónde
está la firma del jefe del Ejecutivo?, ¿dónde la de todos los ministros? No existe tal
decreto sino una 'prevención' (nombre nuevo de acto público), autorizada por la media
firma de un solo ministro. Si esto es así, para aumentar el sueldo de un portero se
necesita un decreto legislativo, y para matar a cualesquiera personas, basta una
semi-resolución ministerial. Luego un solo ministro, el de Guerra, por consentimiento
tácito de los miembros del Gobierno actual, es señor omnipotente, dueño absoluto de las
vidas y haciendas de todos los colombianos.»
Allí se afirma que nadie
quiere la paz, ni propician que existan reglas para la guerra: «No se quiere la guerra
regular, ni la pacificación del país. Parece que la política dominante fuese la de
aquellos perpetuos perturbadores, allá en tiempos antiguos, de quienes dice San Agustín
que no permitían que las guerras civiles aun ya terminadas se acabasen. Se ha hecho una
declaración oficial de guerra a muerte. En la historia ese género de guerra se explica
sólo por barbarie, por fanatismo, por antagonismo de raza, o también por el amor a la
libertad, cuando un pueblo se levanta para arrojar de su seno al extranjero que lo oprime.
La guerra civil es una inmensa desgracia; pero guerra civil sin cuartel, el fratricidio
erigido en sistema, es además un crimen inexpiable, crimen aeternum».
Los conservadores «
bartolinos
»
En el mensaje anterior, se referían a los «bartolinos» como un fenómeno preocupante
dentro de la vida de la comunidad colombiana. Como algo anormal, que atropellaba el
desarrollo de la colectividad. Y ahora, el 2-III-1902, vuelven a aparecer. La primera vez
lo hicieron para atormentar la vida del presidente Sanclemente. Sus expresiones, acciones
y manifestaciones, eran primitivas. Ahora, en esta fecha, escriben a Fernández: «Que
habiendo tenido conocimiento de la nota titulada 'Prevención' dirigida al guerrillero
Juan MacAllister, apreciamos vuestra energía inquebrantable, muestra inequívoca de un
gran carácter, por lo cual os felicitamos efusivamente».
En los archivos de Caro que
conserva el Instituto Caro y Cuervo, se encuentra una carta,
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para el padre Lucas A. Toledo, S.J. de fecha 23-IV-1902,
inédita. Porque otra del 29, sí la remitió. En la que conservó sin enviarla, hace
reflexiones que condenan la actitud de aquellos y por el tono parece que le formuló
reclamaciones el levita. Es una lección de entereza moral y política. Por ello debemos
detenemos en varias de sus reflexiones:
«Respecto de La Opinión, primer
órgano del Gobierno que surgió el 31 de julio, creíamos nosotros que el señor Antonio
José Uribe, ilustrado expositor de derecho patrio, se hallaba en Villeta, preso y vejado,
y otro en Bogotá, no preso, pero sí privado en absoluto del derecho de defensa.
«En efecto, La Opinión
era entonces periódico único, y nadie podía chistar contra el oráculo oficial.
«Creíamos que esas producciones,
lo mismo que una circular diplomática, calumniosa contra el doctor Sanclemente, se había
reimpreso en el extranjero, por orden del Ministerio de Relaciones Exteriores.
«¡Estábamos engañados! El
señor director de El Correo Nacional reclama para sí el honor de aquella
campaña periodística, franca y leal.
«¡Un astrólogo diría que entre
la estrella que presidió el nacimiento del señor Uribe y la que guía al señor Arrubla
hay alguna afinidad misteriosa!
«En El Correo se han
publicado dos larguísimos artículos para atacar a uno solo de los miembros de la orden
de hijos preclaros de la patria, por él creada. Se excusa ahora diciendo que también
pertenecen a la misma orden los señores Esguerra, Mendoza y Cortés. Pero contra estos
señores no ha dirigido El Correo Nacional sus columnas cerradas. ¿O será por
ventura que hay algo en preparación contra ellos?»
Más adelante hace hincapié en
ciertos criterios sobre los cuales es indispensable meditar:
«De aquellos dos artículos de
agresión personalísima, el segundo lleva al pie tres asteriscos, los cuales si en
achaques periodísticos algo se nos alcanza, se interpretan así: «Esto no es del dueño
de la casa, sino de alguien que ha pedido permiso para tirar una piedra por los balcones y
esconder la mano».
«El director gallardamente asume
la responsabilidad de todos y por todo, la responsabilidad de autor es intransferible. La
responsabilidad que asume el señor Arrubla es la de editor, la del que arrostra las penas
correccionales a que pueda estar sujeta la prensa periódica, o bien, cuando se exige una
reparación y el autor no aparece, va en lugar de este a arreglar el asunto en ‘el
campo del honor’. Ninguno de esos dos efectos únicos de la responsabilidad editorial
podrá surtirse ahora. El señor gobernador de Cundinamarca no multará ni suspenderá El
Correo Nacional por tan plausibles agresiones, y el agredido no es un Cassagnac ni un
Rochefort».
Formula Caro una anotación
que es necesario repetir hasta el cansancio: «En estos países de la América española,
donde nada es estable, en esta como Edad Media que atravesamos, la acción del clero y de
las órdenes religiosas requiere mayor prudencia y circunspección que en sociedades más
sólidamente organizadas, para no comprometer los intereses de la religión en malhadadas
aventuras». Luego, recuerda que los actos a los cuales estamos asistiendo, y
especialmente en cuanto a la declaración de los «bartolinos», es «una costumbre
consentida por los padres de la compañía durante más de año y medio». Más adelante,
en esta larga carta, establece cómo hay principios jurídicos, procedimientos, que no
pueden arrasara. Menos pueden atentar contra ellos quienes tienen una formación
presumiblemente religiosa:
«Es más. La Constitución (periódico)
no se contenta con que el país esté dividido en dos bandos; quiere que esos dos bandos
sean dos tribus, dos castas antagónicas, que una de las dos quede exterminada por la
otra. Todos los colombianos, de uno y otro sexo, niños, adolescentes, adultos, viejos,
tienen obligación de inscribirse bajo las banderas del partido conservador, histórico y
Juliano, compuesto de naturalezas angélicas e impecables, y del cual La Constitución
parece ser el órgano más santo, o resignarse a que se les niegue el pan y el agua,
y acaso a ser tratados a rejo, a palo y a bala. Y padres, hijos, hermanos no han de
reconciliarse; acabóse la paz doméstica y la tranquilidad de conciencia; se quiere que
el claustro mismo no sea refugio; todos hemos de vivir envenenados. ¡Oh infierno!».
«Ruégole pese la razones
expuestas, no como mías, sino por lo que en sí valgan, no atribuyendo\ nulo la gravedad de los hechos a mis palabras, sino a los hechos mismos».
La reacción de Fernández no tiene
límites. El hijo de Caro también es puesto preso. Las notificaciones de cómo será el
tratamiento y la reacción, se acentúan.
El arzobispo Antonio Vico de Filippi,
delegado apostólico, el 15-III-1902, escribe al ministro de Guerra: «Al hacer esta
petición [que no se aplique la pena de muerte, anotamos] interpreto... los sentimientos
paternales del soberano pontífice, a quien me cabe el inmerecido honor de representar
ante el Gobierno de Colombia. En la historia de esta nación, se registran casos en que
gobiernos católicos. ciando muestras de acatamiento de la Iglesia, han accedido a una
mediación semejante».
El ministro Felipe F. Paúl
contestó el 19-III-1902, diciendo: «De acuerdo enteramente con ustedes sobre esa
inconveniencia, mis esfuerzos se encaminaron desde el primer momento a impedir que se
llevase —la confianza— que me dicen ustedes se tenía de que yo me opondría a
aquella medida».
En la nota No 114 del libro que se
relaciona con el obispo Ezequiel, se lee: «Cuando el general Aristides Fernández sostuvo
en el Consejo de Ministros su propósito de cumplir la Prevención, encontró el apoyo del
doctor José Joaquín Casas y la oposición de los doctores Francisco Mendoza, Felipe
Fermín Paúl y Ramón Lago».
Que fusilen Uribe Uribe
Pero no se detiene el ímpetu del exterminio
contra los liberales. Ninguna reflexión era válida. Los hechos se suceden con gravísimo
alarde de crueldad. Hay dos telegramas que nos indican el grado de ferocidad a que se
había llegado. Uno, viene de la inteligencia de un escritor y poeta catolicísimo, el
señor Casas, que levantaba a Dios como su bandera espiritual. Pero lo que pedía como
actos, era lo menos civilizado en el manejo de la guerra. El manso poeta de las
reminiscencias eclesiásticas, ocupa el Ministerio de Guerra y ordena:
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«Bogotá, octubre 30 de 1902. 2,5 p.m. General
Juan B. Tovar.
Barranquilla. Sírvase disponer que inmediatamente se juzgue a Uribe
Uribe por un Consejo Verbal de Guerra, y que a la sentencia se le dé cumplimiento sin
contemplación alguna. Amigo, José Joaquín Casas».
La respuesta es tajante y
cristiana: «Barranquilla, noviembre 1° de 1902. Señor ministro de la Guerra. Bogotá.
He ganado la espada que llevo al cinto combatiendo lealmente en los campos de batalla;
prefiero romperla sobre mi rodilla que mancharla con sangre mal derramada y la violación
de la palabra que en nombre del Gobierno he comprometido.
Servidor, Juan B. Tovar.»
______________
201. Joaquín Tamayo: La
revolución de 3899; obra citada.(Regresar)
202. Miguel Antonio Caro: Escritos
políticos; obra citada.(Regresar)
203. Carlos Valderrama
Andrade: Un capítulo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Colombia:
Miguel Antonio Caro y Ezequiel Moreno; obra citada. (Regresar)
204. Manuel Antonio Pineda
C.: Efemérides de la campaña del general Rafael Uribe Uribe en Bolívar.
Editorial Bolívar. Cartagena, 1939. (Regresar)
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