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Sanclemente,
Marroquin, El Liberalismo y Panamá
Otto Morales Benitez
© Derechos Reservados de Autor
CAPITULO XVI
(2 parte)
Los decretos que imposibilitan la paz
Samper
puntualiza que la paz hay que ceñirla a unos decretos. Y los cita. Pues bien: ¡leamos
hasta dónde llega su espíritu conciliatorio! El decreto del 19 de agosto, el No 29 de
1900, firmado por Marroquín, se puede leer en el Diario Oficial No 11-314. En
los considerandos se manifiesta que no se debe «prolongar una lucha y aparentemente
infructuosa, toda vez que la rebelión está dominada en todos los puntos donde contaba
con mayores elementos... El Gobierno ofrece salvoconductos a todas las fuerzas
o partidas armadas revolucionarias que dentro del término de quince días... depongan las
armas, entregándolas con todos los elementos de que dispongan». Las que no obren de
acuerdo con esta norma serán tratadas con «el rigor de las leyes que castigan el delito
de rebelión». También se dice que el jefe civil y militar hará efectiva la
contribución de guerra establecida por el Decreto No 582 para lo cual se señalará «una
cantidad semanal... por todo el tiempo que tarde la total pacificación del departamento,
que podrá ser aumentada». El pago se puede obtener por «medio de presión».
El 582 —l-XII-1899— dictado por
Sanclemente, Diario Oficial No 11.173, asigna a cada departamento la cuota que
debe recaudar, «especialmente de aquellas personas que han contribuido a fomentarla o
la han ayudado con sus simpatías, sus intereses o sus personas». La cuota y cómo se
recauda lo señalarán los gobernadores. Serán auxiliares, para asegurar el buen
rendimiento, las autoridades civiles y militares.
Estos decretos eran los que señalaban, según
Samper, una política para el entendimiento y según se lo expresó, en su respuesta, a
Uribe Uribe.
Se le notifica que si Uribe quiere paz, se
someta a una disposición gubernamental. Nada de entendimientos. Más adelante le añade
que «esta comisión, señor general, no podría en ningún caso ajustar con vos ni con
persona alguna un pacto de carácter político, durable y trascendental, tanto por el
estado actual de la guerra, que toca ya a su fin. ...Le advierte que no puede acceder a
enviar la comisión... «no tendría objeto plausible la conferencia de que trata la
última de vuestras proposiciones».
La guerra que ya tocaba a su terminación, como
dice esta nota, duró dos años más. Es inexplicable el permanente rehusar el Gobierno
pactar la paz. No hay una explicación lógica para esa política.
Entonces, Uribe Uribe le escribe el I-X-1900, al
general Francisco J. Palacio, y le dice que como Samper se ausentaba, «tengo el honor de
dirigirme a vos para dejar ciertas constancias, no en calidad de respuesta al último
oficio del señor Samper, pues no la requiere como brusco rompimiento de toda
negociación, sino para que quede patente mi buena voluntad de evitar los nuevos
sacrificios de vidas y riquezas que la continuación de la lucha va a hacer necesarios».
Hace declaraciones que podríamos sintetizar: a) no ama la guerra. Entró a ella «cuando
creí agotados todos los recursos para obtener la reforma por las vías legales y
pacíficas»; b) siempre ha estado dispuesto a deponer las armas «en cuanto se otorgase
al liberalismo parte siquiera de las garantías efectivas...». «Ha habido soberbia o
predisposición injusta en no acceder a la primera», si se llega a buen término en las
conferencias de Bucaramanga, «declaro mi aquiescencia a someterme a las estipulaciones
que me conciernen, sin empeñarme en prolongar la guerra, por censurable amor propio o por
mal entendido honor militar, como dice el doctor Marroquín». Es decir, acepta el tratado
con el general Vargas Santos, en su doble carácter de «director de la guerra y de jefe
del Partido Liberal...»; c) «no es llegado el caso de una rendición pura y simple, en
los términos del decreto del 19 de agosto...». Sería «querer imponerme las mismas
condiciones que a cualquier guerrillero...»; d) «ante el país y ante la historia
protesto desde ahora que declino la responsabilidad de la sangre que se derrame...» e)
«ante una perspectiva tan sombría, todo hombre de valor luchará hasta la última
extremidad».
Hay una carta de F. J. Palacio en que le
notifica que ha esperado conocer el resultado de lo que aconteciera entre la comisión
militar y Uribe Uribe. Más adelante agrega que «estoy dispuesto a proceder al bombardeo
formal de esa población». Que da una tregua de diez horas para que le avise a la
población no combatiente.
Entonces se lee otra carta de Palacio para Uribe
de la misma fecha. Le manifiesta que su carta anterior queda anulada, en vista de que ha
recibido la anterior de este. Que no habrá acción militar. Le pregunta «si las tropas
que comanda el general Herrera os están subordinadas, y si lo que vos pactéis lleva el
asentimiento de aquel jefe, porque, como comprenderéis, esto es esencial en el presente
caso».
Uribe responde el mismo día y dice que acusa
«recibo de vuestro atento oficio de esta misma fecha y del anterior, en que se me
notificaba el rompimiento de las hostilidades, virtualmente interrumpidas, aún sin mediar
un armisticio....podéis estar seguro de que no abandonaré esta plaza... El general
Herrera obra tan de acuerdo conmigo, que lo que se pacte presupone su asentimiento».
Palacio responde el 2 y le dice que «no puede
conceder más de lo que propuso el señor Samper». Esto quiere decir que se someta al
decreto del 19 de agosto. Le reitera que «el doctor Samper y yo os consideramos como
hombre de mérito superior... Os repito de nuevo que la revolución está vencida... que
está, pues, en pie mi nota de ayer sobre notificación de bombardeo y el plazo de diez
horas...». También le informa que las conferencias de Bucaramanga no tuvieron resultado
positivo.
Uribe le escribe de inmediato y le dice que
recibió su oficio a las doce del día .. .«y sin perjuicio de que corra el término de
diez horas para comenzar el bombardeo de esta plaza, según me anunciáis, me permito
daros aviso de que el general Herrera y yo os enviaremos esta misma tarde una respuesta en
que os pedimos aclaración de ciertas frases de vuestra comunicación, lo cual puede abrir
quizá camino al avenimiento que con toda buena fe buscamos».
El propósito de paz es tan fuerte en el
liberalismo que con terquedad insiste en aquel.
Desde Magangué —2-X-1900— le escriben
al general Palacio U. Benjamín Herrera y Uribe Uribe. Lo primero que advierten es que
«no pretendemos demorar el curso de las operaciones militares, de suerte que podéis
comenzar a la hora que gustéis el bombardeo de esta plaza, conforme lo tenéis
anunciado. Queremos si agotar la materia de un posible avenimiento pacífico, para que
nunca pueda tachársenos de rebeldes contumaces». Y agregan:
«Decís, señor general, que para celebrar un
tratado de paz no podéis conceder más de lo propuesto por el señor Samper; pero
agregáis que ese tratado no contendría en ningún caso cláusulas desdorosas para este
ejército, ni se partiría del principio de consideramos como simples guerrilleros. Sin
embargo, lo que el señor Samper nos envió como norma o base de arreglo fue el decreto
ejecutivo de 19 de agosto aplicable a 'partidas revolucionarias', a cuyos miembros no se
les ofrece otra cosa que un salvo conducto en cambio de la rendición de las armas.
«Servios, pues, indicar qué otras cláusulas
no desdorosas podría comprender el pacto en cuestión, y en qué consistiría la
diferencia implicada por el hecho de no consideramos como cabecillas sino como jefes del
ejército. Bien entendido que no se trata de ventajas personales para nosotros dos, las
que de antemano rehusamos, sino de las mejoras que podrían derivar nuestros subordinados
y tropa en consideración a su carácter de ejército y al buen nombre que en la guerra
hayamos podido conquistar, según os dignáis reconocerlo.
«Si nuestra firma al pie de una convención de
paz ha de contribuir decisivamente al más pronto restablecimiento de ella (lo cual sería
eminentemente provechoso al no bien consolidado Gobierno a quien servís), ¿con qué
ventajas adicionales y garantías, fuera de lo ordinario, estáis dispuesto a adquirir tan
ambicionable resultado? No será lo de 'conservar los jefes y oficiales sus armas y
bagajes', cláusula conocida y común; ni será tampoco la traslación de las tropas del
interior hasta sus domicilios, a costa del Gobierno, estipulación indispensable. Ha de
ser algo que traspase esos estrechísimos límites, que salga de la rutina tradicional e
introduzca alguna novedad, a fin de que el pacto que celebrásemos no pudiese ser por
nadie llamado 'entrega' o 'capitulación'. Porque en verdad podemos, señor general
deciros sin jactancia que no es llegado el caso extremo de una ni de otra. Y aun
siéndolo, para hombres como nosotros y los que nos acompañan, que hemos demostrado tener
hecha voluntaria ofrenda de la vida en defensa de nuestra causa, lo temible no es caer,
sino caer sin gracia; lo que recelamos no es la muerte sino el ridículo. Y si hubiéramos
de seguir viviendo, que es como decir seguir sirviendo a nuestro partido, que es inmortal,
lo importante para nuestro porvenir político es no perder nuestra reputación con un acto
de debilidad, que ya sabemos que el liberalismo no perdona».
Bello mensaje: altivo, sin estridencias; noble
en el amor a Colombia, sin pliegues del honor personal y de la colectividad; alerta para
no caer en acciones sin grandeza. La dignidad preside cada uno de los adjetivos. La
grandeza de lo que refrendan, no se deja abatir ni por Herrera ni por Uribe Uribe.
Palacio contesta el mismo día anunciándoles
que «el mayor Zuleta», emisario de vosotros... puso furtivamente en manos de nuestros
marineros publicaciones de vuestro campamento... protesto del hecho que os denuncio, y os
declaro, en consecuencia, que desde ahora queda prohibida toda comunicación con vuestro
campamento, y rotas toda clase de negociaciones».
El golpe de Estado y el alejamiento de
la paz. Don Aquileo y la paz
Los enemigos de
Sanclemente, repetían que el golpe se había intentado para lograr la pacificación. Que
el presidente era el responsable de que se continuara en permanente acción
revolucionaria. La aparición de nuevas caras en el Ejecutivo, garantizaría el
entendimiento. La prédica, en ese sentido, se acentuaba cada día, después del
«manotazo» y con ese argumento se preparó y adobó este. Es probable que algunos de los
que idearon este cambio brusco de gobierno, pensaran así. Pero no coincidían con los
usurpadores. Estos, parecían inclinarse a soluciones más drásticas.
El hecho escueto es que don
Aquileo Parra, ex presidente de Colombia, y jefe del liberalismo, en el momento del golpe,
ofrece la paz al nuevo Gobierno. En carta del 8-VIII-1900, se dirige al general Guillermo
Quintero Calderón y a los doctores Carlos Martínez Silva y Miguel Abadía Méndez. Les
presenta excusas por no haber contestado más oportunamente la importante y patriótica
carta que ustedes se sirvieron dirigirme el 3 de los corrientes, y de la cual fue motivo
el haber tenido ustedes conocimiento vado de mis deseos de ver terminada la actual guerra
civil...».
En carta de estos mismo señores, ya ministros
de Marroquín, de fecha 7-IX-1900, le dicen a Marroquín que «a raíz del movimiento del
31 julio, el citado doctor Parra envió a un comisionado cerca de nosotros para requerir
cuáles serían los propósitos de la nueva administración que se inauguraba, pues
deseando él contribuir a la cesación de la cruenta guerra que asolaba al país, le
interesaba sobremanera conocerlos, a fin de saber si, a su juicio y en vista de esos
propósitos, debía emplear todo su influjo en el sentido de hacer deponer las armas a sus
copartidarios políticos. Respondimos al comisionado, como era de elemental cortesía, lo
que luego, y a solicitud del mismo señor Parra, consignamos en nuestra carta de fecha 3
de agosto próximo pasado, con el objeto de que aquel pudiera respaldar su palabra ante
sus conmilitones. De nuestra carta acompañamos a usted una copia fiel».
La carta, pues, existió. Don Aquileo vuelve a
expresar su intención llegar a la paz. Otra vez, el liberalismo se pone en ese camino
para servir a patria. ¿Por qué no se encuentra, hasta el momento? Luis Eduardo Nieto
Caballero, en el prólogo al libro que hemos venido utilizando198
da a versión sobre ese vacío histórico:
«Don Aquileo Parra, ex presidente de la
República, reliquia del liberalismo, jefe ilustre que, aunque desconocido por la mayor
parte de los revolucionarios, era considerado por todos como una de las cumbres morales
del país, varón de consejo y columna de la patria, fue gratamente prendido, tres días
después de cumplida la evolución trascendental, con a carta redactada por el doctor
Carlos Martínez Silva, en que este, el general Guillermo Quintero Calderón y el doctor
Miguel Abadía Méndez a quienes el señor Marroquín había confiado los ministerios de
Relaciones Exteriores, Gobierno e Instrucción Pública, en su orden le manifestaban el
propósito de restaurar la República con el concurso de los liberales.
«Esa carta no figura en este libro, y lo mismo
que otras de la misma procedencia parecen haberse extraviado. Había interés, o más
tarde hubo interés en que el señor Parra no las conservara, y la solicitud que un jefe
conservador le hizo de que se las prestara, con el pretexto de sacar copia de algunas, fue
suficiente para el extravío, que fue así deliberado, porque el destinatario no volvió a
recibirlas. Si se atiende a la labor del chisme, el anhelo de algunos políticos de mala
entraña, de adueñarse del ánimo del presidente para sus venganzas y para sus negocios,
se comprende la ocasional conveniencia de quitarle al señor Parra esos papeles, que
fácilmente hubieran podido ser alegados, con mala fe, desde luego, como pruebas de
deslealtad de los signatarios o como testimonios, en plena guerra, de inteligencia con el
enemigo.
«De la gestión de los tres ministros o de su
respuesta a las averiguaciones que discretamente se permitió hacer el señor Parra
respecto de los propósitos de la nueva administración, llegó noticia, naturalmente
tergiversada, a oídos del señor Marroquín, quien les debió hacer algún reproche,
porque ellos se consideraron obligados a dar explicaciones. Pero aunque la carta
sustraída o extraviada falta, de la respuesta del señor Parra se colige que los
ofrecimientos de los tres ministros correspondían a las esperanzas que había hecho nacer
la llegada del señor Marroquín al palacio de San Carlos».
La carta de don Aquileo Parra puntualiza los
alcances de lo que él entiende que justificó el golpe:
«Tanto es así que el golpe de Estado del 31 de
julio no tendría explicación histórica, ni estaría en concordancia con el carácter y
las ideas de sus ejecutores, si fueran tan sólo un simple cambio de personal o de
prácticas administrativas transitorias como el personal que las aplica, y no fuera la
reforma de aquellos puntos constitucionales pedida por cuanto hay de elevado y patriótico
en el partido conservador republicano, de aquellos puntos constitucionales que han hecho
imposible la paz en la nación y la probidad en el manejo de los asuntos públicos; porque
el mayor mal del régimen de que ustedes librarán a la patria no es el padecimiento de
quienes son sus víctimas, sino el inevitable contagio de corrupción de quienes lo anejan
y de él se sirven: sin la reforma constitucional, el nacionalismo quedaría en pie. De
esa única manera podrán decir ustedes, con un publicista célebre, en medio del aplauso
de un país agradecido y pacificado: ‘Salimos de la legalidad para entrar en el
derecho'.
«No tengo hoy otra autoridad sobre mis
copartidarios liberales en mas que las que pueda tener un viejo servidor de su partido y
la que ellos mismos quieran conceder al desinterés de mis consejos, y el primordial de
estos será, no lo dudarán ustedes, el de dar paz y tranquilidad a su patria, mediante la
seguridad de que el nuevo gobierno implantará las reformas republicanas que sus miembros
proclamaron antes solemnemente, removiendo así los obstáculos que de modo permanente
impedirían el sosiego de la nación. Y me refiero únicamente a las reformas que los más
caracterizados de los conservadores republicanos han proclamado, porque el liberalismo no
pretende en justicia llevar a la Constitución su credo político en integridad, ya que la
tolerancia y el respeto a las opiniones ajenas es punto de su programa, y el deseo de una
Constitución republicana y nacional, uno de sus propósitos».
El jefe del liberalismo llega, inclusive, a
puntualizar cuáles son las acciones que él considera esenciales: el nuevo Gobierno
«implantará las formas republicanas que sus miembros proclamaron antes solemnemente».
Es de advertir que no menciona a Marroquín en forma expresa, sino al grupo que participó
en el movimiento. Acepta que no se llegará a la totalidad de los planteamientos del
liberalismo sino apenas «a las reformas que los más caracterizados de los conservadores
republicanos han proclamado, porque el liberalismo no pretende en justicia llevar a la
Constitución su credo político en integridad...». Pero era tal el acoso que padecía la
colectividad, que el iniciar la modificación de algunas de las aberrantes situaciones,
podría ayudar a consolidar la paz. Agregaba más adelante observaciones sobre la manera
como se principiaba a obrar y que ya indicaba cuál ría el camino que recorrería el
Gobierno y lo dice con alarma: «No hallo inconveniente en declarar que mi confianza ha
permanecido hasta ahora inalterable, a pesar de algunos actos no del todo en consonancia,
al menos en apariencia, con el significado cardinal del movimiento y que han producido
algún desconcierto en la opinión pública».
Esta actitud de los ministros, la vuelve
tragedia Marroquín
Los documentos
que luego se corren entre las gentes del Gobierno, advierten que Marroquín no andaba en
ese paseo de la paz. Su concepto era otro y bien diferente. Los tres ministros se ven
obligados el 7-IX-1900 a escribirle una carta a este para explicarle cuál fue su actitud:
El jefe del golpe de Estado, escribió a Parra el 25 de agosto y este le contestó el 27.
El tono fue equívoco y entrañaba una censura a la actitud de los colaboradores. Ellos lo
dicen expresamente: «La circunstancia de mencionarse nuestros nombres en la primera, y de
encontrarse en la segunda ciertos conceptos que algunos pudieran creer, y tal vez han
creído que se refieren a nosotros, nos fuerza a darle una explicación y hacerle una
manifestación». Este párrafo aclara la totalidad del enfoque diverso que daban los
firmantes y cómo los propósitos del nuevo gobierno son equívocos. Esa es la escueta y
simple realidad.
La carta revela todo. Para cualquier lector, es
muy explícita. Ellos tienen que declarar que dieron «un concepto en nuestra condición
de particulares» y que por eso no pidieron consentimiento. De suerte que ya hay una
dicotomía: ellos juzgaban que debería hacerse la paz. Marroquín tenía otra modalidad
de gobernar. Aseguran que su carta a don Aquileo, es privada y «no hubo, pues, el
propósito de contraer compromisos ni hacer promesas veladas o subrepticias...» Esta
explicación es suficiente para descorrer el velo en cuanto el espíritu del jefe del
golpe. Nada que lo comprometa con la paz. Y menos con el liberalismo. Los ministros le
aclaran el alcance de sus declaraciones cuando le dicen que ellos le dijeron al jefe de
esta colectividad «que el programa de la nueva administración que usted entraba a
presidir, era el de establecer un gobierno honrado, justo, tolerante, que asegurase a
todos los colombianos, sin distinción de colores políticos, el pleno goce de sus
derechos y garantías y reparase y corrigiese los males anteriores que la nación entera
deseaba ver extirpados».
Ellos siguen realmente preocupados, pues el
párrafo de la carta de Marroquín, cada vez que lo leen, les parece menos claro. Le
manifiestan que hay consejas que ya caminan entre propios y extraños al Ejecutivo.
Debían ser muy comprometedoras y de irregular alcance para su reputación, cuando se
atreven a decirle: «Sobre este particular nos complacería una aclaración suya que
disipara toda mala inteligencia... Ya había llegado a nuestros oídos la especie de que
algunas personas le aconsejaban a usted ponerse en guardia contra la presión que como
ministros pudiéramos ejercer sobre usted».
Pero era tan manifiesto el sentimiento de
Marroquín de hostilidad a cualquier asomo de paz —nos estamos refiriendo a unas
simples conversaciones y el texto de una carta que habla de un espíritu de concordia, sin
concretar ningún acuerdo— que los ministros se ven obligados a dimitir. Así lo
manifiestan en la misma comunicación que ellos han aceptado porque desean hacerlo de
«acuerdo con nuestro modo de pensar, el cual por mil motivos está identificado con el
suyo, en la tarea de implantar el programa de que se ha hablado atrás». Pero se sienten
tan incómodos y que estas declaraciones no coinciden con lo que se vive en el Gobierno y,
además, sus palabras no se respetan por el jefe del golpe, que terminan por renunciar.
«Desde el momento en que así no suceda —dicen Quintero Calderón, Martínez Silva y
Abadía Méndez— en que se pueda formular el más leve cargo de deslealtad, nos
apresuramos a presentarle renuncia del cargo de ministros, a fin de que usted no pueda
formular contra nosotros el más leve cargo de deslealtad, a fin de que usted pueda
imprimir a su administración el rumbo que mejor le parezca».
Es, pues, deslealtad hablar de la paz. Pero es
tan hostil el clima contra cualquier entendimiento, que Martínez Silva en sus «puntos
preparados... para ser sometidos a la consideración del Consejo de ministros»,
enderezados a intentar fórmulas para la paz y para un cambio de frente en el manejo de
las relaciones con el liberalismo, le vuelve a crear problemas de identificación. El
propone: 1°) Convocatoria a elecciones de todo orden: nacionales, departamentales y
municipales. Si no está alcanzada la pacificación, se promoverá «un armisticio con los
revolucionarios»; 2°) Por decreto se deben reformar «las circunscripciones
electorales... que representen demarcaciones naturales, no artificiales, para ahogar votos
de centros de determinada opinión política.» Esta observación coincide con las
explicaciones de Uribe Uribe en el capítulo 'Elecciones regenerativas' del libro La
Regeneración conservadora de Núñez y Caro, obra ya citada; 3°) Un compromiso
del vicepresidente y su gabinete de que el Gobierno «seguirá una política amplia y
conciliadora»; 4°) Derogatoria de los decretos que se refieren a contribuciones de
guerra o empréstitos forzosos y cualquier otra medida que exalte el sentimiento de los
revolucionarios; 5°) Enviar comisiones mixtas de liberales y conservadores con el objeto
de ver de obtener 'capitulaciones decorosas'. Y al final, escribe algo que nos revela que
el ejecutivo andaba en contravía de sus ideas: «Si los anteriores puntos no merecieren
la aprobación del excelentísimo señor vicepresidente o de algunos de los ministros,
deberá reorganizarse el Ministerio de manera que él represente una política contraria y
que sea seguida con uniformidad y consecuencia».
Este documento lleva fecha del 10-X-1900. El
once, su autor tiene que renunciar. Tenemos, necesariamente, que imaginamos cómo sería
el debate interno sobre la propuesta de Martínez Silva. Debió llevarlo a la convicción
de que sus ideas no concordaban con las del Ejecutivo. Además, estaba en posesión ahora
de la verdad de sus discordancias. El tenor de su renuncia lo dice paladinamente:
«En estas circunstancias, considero que mi
permanencia en el Ministerio, lejos de ser útil al Gobierno, puede ser causa de
contrariedades para vuestra excelencia, que quiero y debo evitar, por patriotismo y por
cariño personal. Por esta razón presento a vuestra excelencia, formal renuncia del
Ministerio de Relaciones Exteriores con que vuestra excelencia tuvo a bien honrarme, y en
el cual he tratado de servir a la República a la medida de mis facultades.
«Doy a vuestra excelencia las más rendidas
gracias por el favor que se sirvió dispensarme con aquella señalada muestra de
confianza, encarecida después con el ofrecimiento que vuestra excelencia me ha hecho de
la legación de Colombia en Washington, y que no he podido aceptar por razones que
privadamente he expuesto a vuestra excelencia».
El signo que hay que destacar es la nueva manera
de manejar la guerra. Es la «salvajez» de que hablara Martínez Silva.
Desde luego, el liberalismo formulará nuevas
propuestas de paz. Ya las examinaremos.
Bajorrelieve de Benjamín Herrera
Hace muchos años escribí un
capítulo con el título de «Nueva visión del caudillo: Benjamín Herrera»199 en el cual puntualicé cómo existía una deformación de su
verdadera personalidad. Se le ha señalado sólo como un general afortunado y hombre de
repentinas cóleras. No fue ni lo uno ni lo otro. El fue militar de carrera. Su formación
se cumplió en la guardia colombiana. Participó en varias guerras, obtuvo sus ascensos en
pleno combate. Estudió alemán para poder entender las tónicas que proponía Von Moltke.
No fue un hombre de montoneras. Cuando las guerras de 1895 y 1899, estuvo indicando
caminos diferentes para alcanzar la paz, como lo hacían también los jefes liberales. No
fue posible que se transitaran por las gentes que gobernaban. Cuando el liberalismo optó
por la guerra, no vaciló Herrera en el cumplimiento de sus deberes. El había insistido
en que era necesario un entendimiento entre Aquileo Parra y Miguel Antonio Caro. Pero
desatada la guerra, comenzó tomándose a Cúcuta con sólo doscientos hombres y recorrió
el país hasta el Cauca, siempre triunfante y, luego, en Panamá mantuvo el dominio sobre
las fuerzas conservadoras. Dio orden de firmar el tratado del Wisconsin cuando conoció la
solicitud de Marroquín de que nos invadieran las tropas americanas y advirtió que se
perdería la soberanía colombiana sobre Panamá. Fue cuando proclamó, como general
victorioso, la frase que se repite como mandato de altura espiritual: «La patria por
encima de los partidos políticos». El general Grant consideraba que la forma como
manejó Herrera la guerra en Panamá, fue de un gran estratega. También sobresalió en
sus combates a piedra rodada desde las altas montañas. No hubo táctica que no empleara
con innumerables recursos en su acción.
Esto es inferior al sentido humano y político
que lo distinguió. En el momento de mayores triunfos, lanza un manifiesto en el cual
declara con acento nacionalista: «el liberalismo —dice— vencedor o vencido, no
quiere más que justicia. Haya quien la otorgue del modo real, de modo que sea efectiva, y
la guerra ha terminado». Guillermo Camacho Carrizosa decía que «hay en el carácter del
general Herrera un rasgo que podemos pregonar a todos los vientos y que es el mejor timbre
de su nombre: nos referimos al desinterés absoluto de su vida pública. El señor general
Herrera es la personificación muy alta del desinterés político y del amor
inquebrantable a una causa».
El pacto de paz del Wisconsin lo examinó el
Congreso de Estados Unidos en varias sesiones, en los meses de febrero y marzo de 1903. No
podían concebir que un general victorioso, con un gobierno propio en Panamá, con rentas
estabilizadas, con la posibilidad de un triunfo total, renunciase a la lucha. Fue cuando
allí, en el Parlamento, se levantó su frase como un medallón para las luchas
democráticas: «la política y los negocios se excluyen».
El Gobierno no cumplió el tratado del
Wisconsin. En este documento se hablaba de que habría elecciones libres; que se
cambiaría el sistema monetario y no se buscó; también, consagrar las reformas
propuestas en la Convención Liberal de 1897. Esto producía escozor en el liberalismo.
Cuando no se aprobó el Tratado Herrán Hay, se temió que habría enfrentamiento con
Estados Unidos. Herrera, desde su refugio campestre, escribió un manifiesto en el cual
decía hermosamente: «si en aras de la patria, y sólo por lejanos temores hicimos tan
doloroso sacrificio de deponer unas armas que no habían sido vencidas, fácil es hoy,
relativamente, recibirlas de nuestro adversario de ayer para dirigirlas contra el enemigo
de la patria común».
Cuando era capitán del ejército, se opuso,
temerariamente, al robo de las urnas que iban a efectuar algunos miembros de la Guardia
Colombiana. En 1879, con Nicolás Esguerra, encabeza la lista para el Consejo de Bogotá.
Sus propuestas aún se rememoran, orientadas a la instrucción pública obligatoria y
escuelas para los hijos de los obreros. Quería que se levantaran, en su nivel
intelectual, las clases populares. En 1923, como jefe del partido, ordenó poner en las
diferentes listas de la corporaciones, representantes de la clase trabajadora. Prohibía,
como conducta política, que los jefes nacionales, regionales o locales, influyeran en el
escogimiento de los candidatos. Estos debían de tener una raíz popular.
En 1910, propuso a José Vicente Concha hacer un
movimiento liberal conservador, siempre que hubiese el compromiso de imponer en el país
la cédula electoral, tipo suizo. El repetía que la guerra era consecuencia directa de la
falta de oportunidades de manifestarse las diferentes corrientes de opinión.
En las deliberaciones de Ibagué hizo aprobar
varios acuerdos. Repasando el libro La Convención de Ibagué, 200 hallamos dos aspectos que es bueno encomiar: el primero, la
fundación de la Universidad Libre. El consideraba que el combate debería adelantarlo el
liberalismo en las aulas: expandiendo sus ideas, predicando la tolerancia, levantando el
interés nacional como mandato que no puede relegarse a ninguno otro. El segundo revela
muchas de las grandes reformas de reivindicación económica —reforma agraria,
legislación laboral, lucha por la dignidad del salario, etc.— que, luego, han
servido como banderas colectivas del partido. Allí se señalaron muchas otras acciones
que deberían guiar su acción en el futuro.
Cuando ocupó el Ministerio de Agricultura y
Comercio, tuvo una acción intensísima. Lo inicial fue organizar una flota mercante. Sin
esta, no tendríamos presencia en el mercado internacional. Apoyó el crecimiento de la
ganadería, pues nuestros suelos tienen las mejores condiciones para su desarrollo. Dictó
medidas para organizar y tecnificar nuestra agricultura, que andaba realmente descuidada.
Como le tocaba administrar aspectos de la minería, le dio gran impulso al crear fuentes
de crédito especiales para su extracción y comercialización. La Sociedad de
Agricultores saludo su nombramiento como acierto, pues tenía conocimiento directo del
agro colombiano: lo había administrado con sabia pericia. Impulsa el ferrocarril.
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Benjamín Herrera
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de Cúcuta al Magdalena. Lo considera esencial
para el crecimiento de la economía de la región y como medio de acercamiento en las
relaciones comerciales con Venezuela. Realiza una campaña directa, personal, con las
navieras nacionales para conseguir fletes más baratos para los productos agrícolas. Su
tesis era que no creceríamos, a pesar de los admirables terrenos para la agricultura, si
no hay medios de comercializar los productos. Sus circulares sobre la defensa y cultivo de
los bosques, son ejemplares para su época. Es lo que ahora predican los ambientalistas.
Para Herrera, era fundamental organizar el ramo forestal, intensificando su cultivo.
Además, porque de ello dependerá, en el futuro, el saneamiento de las aguas, el ayudar a
la formación de capas vegetales y garantizará la salubridad de las poblaciones. Las
autoridades deben preocuparse de la conservación de las hoyas y cabeceras hidrográficas
y evitar la «explotación imprudente de las riquezas forestales del país». Dicta
disposiciones sobre la pesca y los medios que se deben de evitar.
Se empeña en que
se realice una acción continua en favor de los caminos. Sin estos, no habrá desarrollo
integral en la nación. Seguiremos absurdamente separados. Organiza, crea y pone a
funcionar la Escuela de Agricultura Tropical. Aspira a formar técnicos y recoger
experiencias sobre las dificultades que crean las plagas de la región. Su lucha contra la
langosta, es eficacísima y se empeña en despertar conciencia nacional sobre ese flagelo
para la economía nacional.
Repasando su Memoria como ministro.
Herrera se refiere en diez capítulos a materias de gran alcance: 1° Enseñanza
agrícola; 2° Ramos forestal y de aguas; 3° Defensa agrícola; 4° Comercio; 5°
Colonización e inmigración; 6° Navegación fluvial; 7° Estadística; 8° Asuntos
varios y contabilidad.
Su obsesión era la educación. Creó el
Instituto de Agricultura y Ganadería, para que funcionara en Bogotá y repartiera sus
enseñanzas en los campos del país.
Como parte básica de su acción administrativa
se relacionaba con el comercio y, como es elemental, con el transporte, las disposiciones
de Herrera se enderezaban a destinar parte del producto de los impuestos fluviales al
mejoramiento de las dificultades en el Magdalena, señalando los sitios de navegación que
debían mejorarse. Lo mismo que dictó los primeros decretos sobre canalización y limpia
del mismo río, especialmente en Barranquilla. Igualmente del Alto Cauca, en el Valle.
Para cada labor de estas, formula las disposiciones reglamentarias, casi pedagógicas,
indicando cada paso conducente a un buen resultado. Funda las cámaras de comercio en
Cúcuta, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Barranquilla. Es decir, en el Ministerio, va
desarrollando y completando los diferentes aspectos que tiene que administrar.
Crea la escuela de sericultura. En ese momento,
internacionalmente el cultivo del gusano de seda era considerado como el más rentable. La
morera parecía ser la que abría las posibilidades, hacia el futuro, a los campesinos.
Ala vez, establece las 'estaciones agronómicas' para que, en diferentes regiones del
país, se adelantaran los estudios en tomo a los diversos aspectos de la agricultura:
abonos, tipo de cultivo aconsejable, exhibición de aparatos modernos para el laboreo, y
mostrar los experimentos y sus beneficios.
Herrera sostenía que sin la educación, no
gozaríamos de profesionales serios y responsables; no se podría avanzar en ninguna de
las luchas por aumentar productividad y mejorar las posibilidades sociales de la gente.
Por eso se empeña en que se otorguen ochenta becas, por cuatro años, para adelantar
estudios en el Instituto Nacional de Agricultura y Veterinaria y cuarenta para asistir a
la Escuela de Agricultura Tropical. Se demanda personal muy bien preparado para que
recorra el país mejorando la producción en los más diversos órdenes. El campesino
necesita una protección de conocimientos que asegure el éxito de sus empresas.
Era natural, entonces, que estableciera una
biblioteca en el Ministerio. En el mundo se estaba produciendo una revolución
informativa, que debía reflejarse en una clasificación metódica de las diferentes
experticias y conocimientos. Sólo un funcionario especializado y culto, podía colaborar
en la demanda de información.
En su doble función de
ministro de Agricultura y de Comercio, estucó el problema de los extractores del caucho
en el Vaupés y los exoneró de pagar contribuciones por su producción y su exportación.
Era una manera de incrementar más un cultivo que necesitaba estímulos.
Su obra era reconocida nacionalmente. Sólo la
«Cruzada Nacional de la Prensa Católica», arremetió contra sus iniciativas y contra
él. Era la presencia de un jefe liberal en el Gobierno. Si ello se toleraba, era
consentir que la «herejía» tuviese jerarquía administrativa.
Se planteó una discusión pública acerca de si
los ministros deberían, a la vez, ejercer mandos políticos. El, quien era uno de los
jefes más altos y respetados del país, manifestó que no debería producirse esa
confusión porque consideraba que traería «muy graves inconvenientes». El servidor
público lo es de la nación y no de las fracciones. En carta a González Valencia, le
reiteraba su conducta invariable: hay que exigir a los funcionarios manejo pulcro y
rendimiento de los dineros oficiales. Por ello, siempre fue enemigo de los monopolios, que
era la manera como se manejaban las rentas fiscales del Estado y de los departamentos.
Esta era una práctica dañina y que hipotecaba el desarrollo oficial a los intereses
particulares. Por ello peleó contra los monopolios en las salinas, los licores, el
tabaco, el degüello, las esmeraldas, las loterías, los telégrafos, los fósforos, etc.
El rematador fue un tipo de financista especulador que no tenía por qué mirar o atender
las necesidades nacionales o regionales. Su misión era de enriquecimiento personal.
Al regresar a la arena política, después de
desvincularse del Gobierno de Concha, es escogido para la Constituyente de 1905. En ella
se opone, entonces, a la Ley de Vagancia, o ley de la Alta Policía Nacional; rechazó el
establecimiento de una corte marcial; luchó por establecer la responsabilidad del
presidente y de los ministros, aboliendo así principios de la Constitución de 1886;
peleó la supresión del voto del ejército, que era una de las quejas de la mala
utilización de la fuerza pública. Logró que Bonifacio Vélez presentara el proyecto de
representación de las minorías, que sólo se aprobó cuando él anunció el retiro de
los liberales de las deliberaciones de la Constituyente. Luego, se dedicó a combatir el
quinquenio dictatorial de Reyes.
Cuando Holguín se encargó del poder, lo llamó
a parlamentar. Herrera le dijo que su única obligación era entregar la renuncia que él
ocultaba de Reyes. Luego, en el Senado libró la batalla por una nueva Constituyente, que
logró que se aprobara.
Antioquia en los años de 1906 al 9, levantó la
bandera de la separación. Herrera comprendió el dramatismo de lo que sucedería. Fue
cuando, para defender la unidad nacional, organizó un grupo que logró la elección de
Carlos E. Restrepo. Así era el sentido nacional de sus deberes.
Más adelante, dirigió la coalición para
sufragar por el maestro Guillermo Valencia. No podía ser un hombre elemental quien se
entiende con uno de los poetas, escritores y creadores literarios más grandes del
continente y pone a su partido a sufragar en homenaje a la inteligencia.
Así fue Herrera. Su medallón de gran hombre
público se manifiesta, además, en las veces que propició un entendimiento para la paz y
que los gobiernos de la época ni siquiera examinaron.
Su voz de mando no estuvo sino al servicio de la
libertad y de la patria.
__________
198. Carlos
Martínez Silva: Por qué caen los partidos; obra citada.(Regresar)
199. Otto Morales
Benitez: Muchedumbres y banderas (luchas por la libertad). Editorial Plaza y
Janes. Segunda edición, Bogotá, 1980. (Regresar)
200. Felipe S. Paz.
Armando Solano: La Convención de Ibagué. Editorial Cromos. Bogotá, 1922.(Regresar)
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