Revolución y Caudillos
Otto Morales Benítez
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CAPITULO VIII

La tierra y el hombre

SIGNIFICADO DE LA REVOLUCION DE 1850

Este problema de la tierra es inquietante. El que gobierna todo el periodo de la conquista y de la colonia. El que viene a darle significado profundo a la Revolución Económica de 1850. Esa es nuestra tesis del capítulo anterior. No es que caprichosamente queramos sostenerla. Porque a medida que avancemos en este estudio, comprenderemos cómo toda la política estaba subordinada a ella, a su destino, a la aplicación que se le diera.

La conquista se desarrolló, como hemos visto, con sentido mercantilista. No existía interés de estabilizar una economía, que sólo se podía alcanzar con la agricultura. Porque directa o indirectamente ella gobernaba el régimen de los precios. Y es lógico, entonces, que incida, también, sobre la mayor o menor posibilidad rentística de un país. El conquistador estaba, además, de tránsito. Nunca se encontró arraigado, convencido de la necesidad de permanecer. Su afán iba enderezado hacia el rápido enriquecimiento. El padre Las Casas trató de organizar dos expediciones de labradores. En ambas fracasó. De suerte que todo ello nos va orientando, con mucha claridad, acerca del criterio económico que prevaleció en la conquista y en la colonia.

Toda la reforma de 1850 se va interesando por despertar y avivar los valores de la nacionalidad. Pero ello no se logra sino a través de una serie de medidas que van despojando la tierra de las amarras tradicionales, permitiendo un mayor movimiento de ella y obligando a su mejor aprovechamiento. Al encontrarse ésta libre de tánta atadura, la economía nacional comienza a tener un incremento mayor. Eso es lo lógico. Y ese es el sentido trascendental de esa época.

La merced en tierras se concedía en vista de la importancia de la hazaña o por mera liberalidad. Ots Capdequi sostiene que "el interés puramente fiscal —recaudación de los derechos reservados a la Corona— prevalece en los pactos otorgados con los adelantados, jefes de las expediciones descubridoras". Desde el año de 1497 se iniciaron los repartimientos en América. La Carta Patente fue fechada en Medina del Campo y autorizaba a Colón para hacer entrega a toda persona que viniese en los viajes de descubrimiento. Allí nada se advertía sobre la obligación de trabajar la tierra.

Posteriormente vinieron cédulas que imponían la necesidad de los cultivos para conservar el dominio sobre las parcelas. De resto regresarían a la Corona. Pero no se cumplieron. Así quedaron sin aplicación disposiciones tan importantes como las cédulas de San Lorenzo, del 15 de octubre de 1754; la de San Ildefonso del 2 de agosto de 1780; la de Aranjuez del 27 de febrero y de 24 de marzo de 1796. Pero es elemental que una transformación económica no opera con declarar, en disposiciones legales, los términos de una política. Sino que ésta corresponde a la que desarrolla el estado en un momento determinado. Desgraciadamente España no tenía un criterio agrícola para sus colonias. Su sistema estaba tocado de feudalidad y su fin primordial se orientaba hacia el acaparamiento fiscal.

Esas mercedes fueron permitiendo la inmovilidad de la tierra. La sacaron del comercio y la inutilizaron. Además, sobre ella pesaban multitud de cargas. Don José Ignacio de Márquez, citado por Augusto Espinosa Valderrama en su importante y agudo análisis, "El Pensamiento Económico y Político en Colombia", plantea la situación de la agricultura en exactas palabras: "El primero, es hallarse muchos terrenos afectos a capellanías, cofradías, obras pías, aniversarios, memorias de misas, etc., o formando los fondos de los conventos, monasterios y otras corporaciones civiles y eclesiásticas. Esta clase de amortización es perjudicialísima a la agricultura. Un beneficiado no trata sino de sacar todo el lucro posible mientras posee el beneficio, y no es de su interés mejorar el terreno, sino disfrutar del terreno con el menor gasto posible. Un campo que corresponda a una corporación, y que no pueda enajenarse, siempre estará mal cultivado, porque el arrendatario, limitándose a sacar toda la utilidad posible en el tiempo de su arrendamiento, ni hace mejoras útiles, ni emprende aquellas obras que necesitan gastos y tiempo, y no mira el terreno con el cuidado de un propietario para el cual acrece o decrece su valor. Si la distribución de las tierras es favorable a la agricultura, el estar estancadas en manos muertas, es esencialmente perjudicial. El no corresponder en propiedad los resguardos a los indígenas produce los mismos inconvenientes. Siempre están descuidados, mal cultivados, y no toman el incremento que les daría el interés del propietario, porque la propiedad es el mayor aliciente para el fomento de la industria rural. Ya que se han dado disposiciones laudables para destruír los mayorazgos, debe disponerse que se enajenen precisamente todos los bienes raíces amortizados que pertenezcan a conventos, monasterios, capellanías, obras pías, memorias de misas, casas de misericordia y colegios, o a las ciudades y villas, de manera que no haya uno solo que no vuelva al comercio de los hombres de que se ha sacado injustamente y contra lo que exige el interés social, prohibiendo que estas comunidades o corporaciones puedan adquirirlos nuevamente por ningún título.... El segundo obstáculo de la agricultura son los días festivos.... El tercer obstáculo de la agricultura entre nosotros ha sido la milicia.... El cuarto obstáculo ha sido el ejército permanente.... El quinto obstáculo es la inmoralidad y la holgazanería....."

Allí hay una enumeración de parte de las dificultades que constreñían el desarrollo de la agricultura. Y Salvador Camacho Roldán, en el primer tomo de "Mis Memorias", puntualiza los hechos de impresionante manera:

"Agréguense ahora las dificultades que perseguían a los trabajadores en todas sus empresas: el diezmo y la primicia, fuere la cosecha buena o mala; la prohibición de sembrar tabaco, excepto con la obligación de venderlo al estanco a precio vil; la prohibición de cultivar la oliva y la viña, industrias populares entre los colonos españoles; la imposiblidad de aprovechar en la destilación las mieles incristalizables, a causa del estanco de aguardientes; la obligación de vender los frutos exportables a una sola compañía privilegiada, la de Sevilla y la vascongada; la ausencia de vías de comunicación para buscar el mejor mercado; la alcabala en todas sus compras y ventas, ya fuese de fincas raíces o de artículos fungibles; la obligación de someterse a los precios de los efectos extranjeros que introducía la compañía privilegiada; la falta absoluta de escuelas, salvo en los conventos de frailes, dominados por el principio de que "la letra con sangre entra". Principalmente, y esta dificultad superaba a todas las otras: la tierra cultivable en la vecindad de las poblaciones —y las que lejos de éstas prometían esperanzas, ya fuese por su buena situación o por su fertilidad— había sido distribuída en grandes extensiones, por vía de merced a los conquistadores feudales o a título de encomienda, cuando en ella había población indígena que reducir a la esclavitud; de suerte que cuando el crecimiento de los habitantes aumentaba el número de los trabajadores nuevos, éstos no podían ejercitar su actividad sino en calidad de peones a jornal o de arrendatarios sometidos a todos los caprichos y a toda la avaricia del dueño de tierras. Esta circunstancia es la que, a mi ver, explica el estado de atraso en que los españoles dejaron sus colonias, y el estorbe más invencible que han tenido después para mejorar la condición de las masas populares, los que tanto esperaban de las instituciones republicanas. Adelante veremos cuáles eran las ideas que, con relación a todos esos estorbos animaban a los hombres que encabezaban el movimiento del siete de marzo".

Acabar con todos esos privilegios, destruír todas esas aberrantes contribuciones y limitaciones a la propiedad, incitaron la revolución de la Independencia. Pero no se impuso ese criterio totalmente. Nosotros podemos advertir cómo en el Congreso de Cúcuta los juicios cardinales se orientaban a destruír los monopolios y los tributos. Pero hubo muchas, insistentes resistencias de las clases superiores. De quienes tenían la iniciativa política en ese momento. Ellas habían estado libres de todo gravamen. Ahora se hablaba de una contribución directa y proporcional. Desde luego no era agradable para algunos de los contribuyentes destruir un sistema que los protegía directamente. En cambio, la reforma implicaba ya un tremendo impacto a sus propios intereses. Se tiene noticia de que el Libertador Bolívar suspendió la ley que creaba ese arbitrio. Allí se estancó el proceso de manumisión de la tierra. O al menos parte del sentido económico de la independencia. La lucha por ello era tan difícil: porque los grupos fuertes, desde el punto de vista económico, oponían tremendas resistencias al avance de la redención.

* * *

Una de las primeras cargas que sintió el influjo reformador de 1850 fueron los diezmos. Estos habían sido reglamentados por el Rey Sabio. Y a pesar de la Independencia, se produjo el decreto del 15 de octubre de 1821, que disponía su continuación. Pero los hechos económicos tenían tal vigor, que luego se tuvieron que suprimir para productos determinados, como el café y el añil, y así lograr una competencia equilibrada en el mercado extranjero. Eso nos advierte cómo el diezmo era una pesada fuerza opresora contra el desarrollo agrícola.

Por ley de 20 de abril de 1850 se hizo la descentralización de las Rentas Públicas. Las provincias quedaron con poderes suficientes para determinar sus rentas. Este gravamen había pasado al gobierno civil, en vista de concesiones de la Iglesia con los monarcas. Y la república lo conservó hasta 1850. Con la ley del 20 de abril, vemos nosotros que se produce su abolición, en el mismo año, en las provincias de Azuero, o sea parte de lo que hoy es Panamá, Bogotá, Chocó, Fábrega (hoy Chiriquí), Ocaña, Mariquita, Panamá, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Socorro, Valledupar y Veraguas. En Antioquia se suprimió el de quintos de oro, lo mismo que en Bogotá y Mariquita. En Popayán se suspendió el estanco de aguardiente. No puede, por lo tanto, desconocerse el proceso de evolución creadora que principiaba a incitar al país.

En 1851, como consecuencia inmediata, se suprimieron los diezmos en Barbacoas, Buenaventura, Cartagena, Casanare, Cauca, Mompós, Pamplona, Santander, Soto, Tunja y Vélez. Apenas persistieron con el impuesto Antioquia, Pasto, Túquerres y Tundama, "últimos baluartes de la antigua idea del origen divino de la contribución". Pero en 1853, después de las reformas eclesiásticas de este régimen, cesaron en toda la república. El interés de beneficiar el desarrollo agrícola no podía desconocerse. Castillo y Rada había puntualizado el criterio contra ese tributo en las descarnadas palabras que a continuación leemos: "El diezmo eclesiástico es el primer obstáculo que impide su progreso y retarda su prosperidad. El diezmo es una contribución directa sobre sus productos brutos, que no baja de un treinta por ciento y que, en muchas partes de la República, excede de un cuarenta; es un tributo monstruoso a que están afectas, en beneficio del clero, todas las tierras de la república; carga pesadísima, que pesa solamente sobre la profesión más útil de la sociedad y sobre los ciudadanos más dignos de la protección de las leyes. No puede imaginarse que oprimida por ella, pueda mejorar su suerte la agricultura".

Luego viene el censo. Es el cinco por ciento como impuesto. Recae directamente sobre las propiedades territoriales, urbanas y rurales. Se transmitía con la propiedad. Florentino González había propuesto, desde 1847, la redención de las fincas que tenían ese gravamen. Los censos eclesiásticos y laicos sumaban una abrumadora y agobiante cantidad. En 1851 propuso Murillo Toro el proyecto que vino a ser la ley de 30 de mayo que admite la consignación de la mitad de los capitales impuestos a censo en favor de cualquier persona o corporación, quedando libre el que haga el pago. De esa manera se lograba mejorar el derecho de propiedad, y liberada de ese gravamen se podía enajenar sin las incomodidades que creaban las deudas por años anteriores. Esta redención del censo produjo un acelerado mejoramiento de ella, tanto en las ciudades como en los campos.

La alcabala gravaba todo comercio: el de las fincas y el de sus productos. Era la aduana hacia el exterior y la que detenía el progreso en lo interno. Castillo y Rada, con vigoroso entusiasmo, sostiene las posibilidades que se abren al país, logrando destruir todas esas limitaciones odiosas: "Considérese ahora, la agricultura libre del diezmo, aliviada en dos quintos del censo, redimida de dos y medio por ciento sobre el valor de cada venta y teniendo a su disposición todas las tierras de la República, y desde luego se perciben cuántos estímulos tendrán los colombianos para dedicarse al cultivo, para asegurar su bienestar, para enriquecerse, para mejorar sus costumbres y para aumentar el producto de las Rentas del Estado hasta cubrir sus gastos necesarios, que es el objeto de estas indicaciones".

El resguardo indígena lleva a una posesión comunitaria de la tierra. Es una forma familiar de desenvolver la agricultura. Es un usufructo sobre la parcela. No puede, en cambio, ser enajenada. No existía libertad para movilizarse, pues se imponía un trabajo forzoso sobre ella. Este sistema, como es elemental, complicaba mucho el desarrollo agrícola, pues no había ninguna posibilidad de expansión. No permitía mejorar la capacidad de consumo de muchos grupos humanos. No se podía aprovechar esa mano de obra en beneficio del trabajo. En tal forma que se volvía un circulo vicioso: el indígena estaba sometido a una posesión, a la cual no podía renunciar. No estaba autorizado para transmitir sus derechos. No alcanzaba a mejorar su capacidad adquisitiva y no podía alquilar su trabajo. La economía salía perjudicada por estar el hombre sitiado. Además, la circulación de los productos agrícolas era totalmente imposible.

El proceso legal acerca de ese hecho se puede resumir así: por decreto de 5 de julio de 1820, se ordenó devolver a los indios las tierras del Resguardo. Por ley de 11 de octubre de 1821 se condicionó el reparto, para cuando las circunstancias fueran propicias. La ley de 6 de marzo de 1832 prohibió que se enajenaran las tierras. La ley de 23 de junio de 1843 dijo que esa prohibición cubría veinte años. En 1844, por decreto de 23 de julio, se autorizó a las Cámaras Provinciales de Panamá y Veraguas para decretar los repartimientos y las adjudicaciones de las grandes comunidades, a todas las provincias. Así se suprimía uno de los más grandes obstáculos para la evolución agrícola. Y por la ley de 22 de junio de 1850 se autorizó a las Cámaras de Provincia para "arreglar la medida, repartimiento, adjudicación y libre enajenación de los Resguardos de Indígenas".

A ello se sumaba la posición que había adoptado la Colonia respecto del indígena. Todo se iba engranando fatídicamente. Don José Manuel Restrepo, en la Memoria al Congreso de 1823, puntualiza el fenómeno de la siguiente manera: "La mayor parte de los indios civilizados han sido y aún es una clase absolutamente desgraciada. Ellos estaban reducidos por las leyes españolas a un perpetuo pupilaje, y puede decirse con verdad, que eran esclavos de sus curas y de sus alcaldes. Unos y otros les mandaban azotar públicamente aunque fueran viejos, y por faltas muy leves. Así es que vivían en la abyección y en el abatimiento, perdida enteramente la energía de sus facultades físicas e intelectuales".

El doctor Luis Ospina Vásquez sintetiza su pensamiento diciendo que fue un hecho de la mayor significación económica: "La liquidación efectiva de los resguardos fue uno de los actos de mucha más trascendencia en lo económico y en lo social".

Está señalado por Castillo y Rada, como uno de los factores más pérturbadores del desarrollo económico neogranadino, la amortización eclesiástica, entendiendo por ella los bienes raíces que constituían "fondos de conventos, monasterios, capellanías, cofradías, obras pías, memorias de misas, aniversarios, etc.", y que no podían ser materia de compraventa. Esto naturalmente producía una paralización de la propiedad, sin que se pudiera aprovechar la tierra y, desde luego, mermando la capacidad productora del país y sin que éste recibiera la irrigación económica de una retribución amplia. Además, esta concentración de la propiedad era muy peligrosa, pues fortalecía sectores que impedían las reformas sociales. No hay que olvidar la gran división de los progresistas y regresivos: "Los grupos sociales revolucionarios eran los siguientes: los comerciantes, los manufactureros, los esclavos y los agricultores. Los grupos sociales reaccionarios eran estos: los grandes propietarios territoriales y las comunidades o congregaciones religiosas que también poseían extensos territorios". De suerte que si se aspiraba a dar cumplimiento a los postulados de la revolución de independencia, era necesario doblegar el poder de esas clases dominantes, a través de la economía. Y ayudar a la formación de otras, para lograr que el país avanzase hacia nuevas formas de producción. Eso es inevitable en un movimiento de avance social.

El mayorazgo, que era la limitación de la propiedad a través de la sucesión, radicando el derecho en el primogénito y prohibiendo vender, había sido suspendido por ley de julio de 1824.

Como se trata de un movimiento fuerte, que busca quebrar, radicalmente la economía colonial, hay necesidad de extender su poder, a través de un recio impulso. Sólo de esa manera se alcanza una total revocación. Y se impone un criterio económico diferente. El sistema político, necesariamente, debía recibir sus impactos. José Hilario López, en su discurso de posesión de la Presidencia de la República, tuvo mucha claridad en señalar sus objetivos renovadores. Nadie podía equivocarse. Y el pueblo, en esos días, tuvo audiencia; y su presencia custodiaba todos los actos del gobierno. Había un alegre y abierto panorama de reivindicaciones. Las gentes salían a luchar por algo que les pertenecía, conquistado a través de esperanzas y alegrías rotas por los poderes económicos.

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Era elemental que sufriera cambios transformadores el sistema centralista. Una nueva conciencia nacional se presentaba al desvelo de la patria. Y no es posible desviar la atención de que ese federalismo vino a confluír en un impulso decisivo a la agricultura. A la defensa generosa de la tierra. Ya tuvimos oportunidad de advertirlo cuando enumeramos la reforma acerca de los diezmos. Pues ahora veremos con mayor claridad su sentido y su importancia. Salvador Camacho Roldán, en palabras muy objetivas, sitúa el panorama político y económico que se estaba viviendo en la Nueva Granada:

"El espíritu de las libertades municipales, nulo en tiempo de la Colonia, despertó con el ejemplo de los Estados Unidos, vivificado con el movimiento federal de 1810, animado por las concesiones sucesivas que en 1824, 1832, 1834 y 1848, había obtenido, deseaba con avidez una libertad de acción mayor todavía, principalmente en las provincias del norte, en Antioquia, y en las ciudades de la Costa...... "Se deseaba un cambio en el grupo de hombres que disponían del poder y de la influencia del gobierno desde 1837 hasta entonces y reducido a los que en 1828 habían favorecido los planes del gobierno militar, en 1832 y 1837 hecho oposición al General Santander, y en 1841 y 1846 perseguido implacablemente al general Obando, figura que, como luego veremos, gozaba de una simpatía especial y a quien se consideraba víctima de los odios de la familia dominante en el país".

Y continuando la síntesis de la aspiración transformadora, que atravesaba con sentido vitalmente creador al pueblo colombiano, decía: "La revolución de la Independencia había dejado en pie muchas de las instituciones del régimen colonial. La centralización administrativa; el sistema opresor de las contribuciones públicas con sus monopolios, sus prohibiciones y sus trabas de todo género al movimiento industrial; la compresión al pensamiento en las leyes sobre represión al uso de la imprenta; la intolerancia religiosa y la influencia irregular del clero católico en la vida de los hombres y el interior de las familias; la mala distribución de la propiedad territorial; costumbres crueles y estúpidas, como la prisión por deudas, la pena de muerte, los procedimientos arbitrarios con el pretexto de vagancia, el reclutamiento brutal en las clases desvalidas, y a veces en las superiores; el abandono de la tarea indispensable de la educación pública; la prescindencia del gobierno en las ejecuciones de las vías comerciales llamadas a desarrollar la idea social de la cooperación de todos en favor de todos; la embrollada legislación española compuesta de una serie de códigos inmensos para cuyo estudio no bastaba la vida de un hombre, unida a procedimientos judiciales llenos de formalidades inútiles y encerrados en el recinto estrecho de unos pocos procuradores, abogados, asesores y jueces privilegiados; todo esto llamaba la atención de la nueva generación que entraba a manejar los negocios del país".

Hemos visto que se está realizando una labor, en 1850, tendiente a producir el sosiego público a través de reformas de carácter revolucionario de la economía. No en atención a presiones populares, sino a que se encontraba normal la solicitud humana de que se produjese una evolución razonable en la vida neogranadina. Lo primero que se debía realizar era una vigorización de la provincia. Ella generosamente había participado en toda la evolución del pensamiento nacional. El proceso se fue cumpliendo paulatinamente. Una serie de leyes fueron dando gabelas a los municipios. Todo ello culmina en 1850 con el proyecto de descentralización. Su influencia se prolonga y vemos que en 1857 la constitución recibe ese vivificante aliento federalista.

José Hilario López había proclamado que se necesitaba un régimen que fortaleciera la vida municipal. Esta no había tenido un desarrollo amplio en la Colonia, pues sus construcciones obedecían a intereses muy específicos, perfectamente distantes del afán social o colectivo. La Conquista fundó sus pueblos con un criterio militar. Desaparecido el peligro, principiaba la decadencia. En la Colonia en las fundaciones de aldeas había afán económico-político. De suerte que todo su interés se concentraba en que los recaudos fiscales se pudieran hacer sin perjuicio de la Corona o de los corregidores. Y que, a la vez, se pudiese tener dominio sobre los sectores indígenas y los mestizos que principiaban a irrumpir. En cuanto a las fundaciones al lado de los yacimientos auríferos tuvieron una precariedad asombrosa, alcanzando la estabilidad que la duración del metal aseguraba.

El General Francisco de Paula Santander, quien ayudó a conformar todo nuestro sistema civil, renunciando al brillo militar para el cual tenía también generosa y arrogante disposición humana, creó las Cámaras Provinciales, en 1820 y 1822, como cuerpos consultivos. Don Vicente Azuero, que tan profunda energía intelectual desplegó para arrancar nuestro proceso social de todas las amarras reaccionarias, propuso y alcanzó los Consejos comunales y los cantonales. En 1824 y luego en 1835 las Cámaras Provinciales recibieron autorizaciones para crear imposiciones muy parcas.

De suerte que la importancia de 1850 se acentúa al considerar cómo todo un espíritu descentralista principia a impulsar la acción gubernamental. No era posible realizar una transformación social y política, sin modificar todo un régimen administrativo. No podía tampoco alcanzarse éxito en una revolución económica si no se incidía contra multitud de intereses. La opinión pública debía estremecerse con todas las noticias de avance. Es una época en que la muchedumbre estuvo muy alerta y beligerante. Apenas era la consecuencia lógica de un sacudimiento de la conciencia nacional. En 1850 se estudia cuáles son las posibilidades de desarrollo de las provincias. Y cómo éstas podían participar poderosamente en el desenvolvimiento nacional. Manuel Murillo Toro, el doctor Zaldúa, José María Plata y Salvador Camacho Roldán prepararon el proyecto sobre "descentralización de Rentas y Gastos", que se llevó al congreso y que terminó siendo la ley de 20 de abril de 1850.

Para darnos cuenta de su alcance, basta repasar los siguientes enunciados: "La nación se reservaba las rentas de aduanas, correos, papel sellado, amonedación, la quinta parte de las rentas municipales, los descuentos para cubrir las pensiones civiles, el producto de venta o arrendamiento de bienes nacionales, y los intereses de mora, multas y aprovechamientos que por razón de contratos celebrados por el gobierno general se causasen a su favor. Todas las demás rentas: salinas, diezmos, aguardientes, hipotecas y registro, peajes, quintos y fundición de oro, sello y derecho de títulos y rentas varias, quedarían cedidas a las provincias para ser manejadas por sus respectivas cámaras con entera libertad".

Pero el interés primordial estaba en que al ceder los derechos sobre las contribuciones que específicamente venían atenazando la agricultura, las provincias las hicieran desaparecer. Ospina Vásquez viene en confirmación de nuestro aserto: "La descentralización: la nación se desprendía de rentas importantes en favor de las provincias, pero también se descargaba sobre ellas de una parte de sus obligaciones. Y ciertas rentas se cedían con el objeto, más o menos declarado, de hacerlas desaparecer: tal sucedía, en particular, con la de diezmos, prontamente suprimida en muchas de las provincias. En las mineras se suprimió también prontamente el derecho de quintos, que se les había cedido".

Así se hizo en cuanto a los diezmos. Y progresivamente fueron eliminando tributos cada una de ellas. Para compensar y equilibrar los presupuestos, derramaron contribuciones directas, en forma y cantidad moderadas, para no irritar mucho a las clases poderosas, que ya andaban incómodas y agresivas. En peligrosas y activas combinaciones, proclamando la necesidad de "salvar la patria", que generalmente termina en la salvación de sus intereses. Todo este esfuerzo contribuía a ponerle orden a la hacienda nacional. Hemos visto que el régimen colonial no concordaba con las aspiraciones que habían impulsado la revolución de independencia. Y, además, la república nacía con un profundo afán de solidaridad nacional, que necesitaba estimular para que su espíritu se acentuara. Igualmente esa falta de organización de las rentas, implicaba una irregularidad en las relaciones políticas, creando anarquía en todos los frentes de trabajo del Estado. Todo ello era consecuencia de un profundo y agitado juego de intereses dentro de los comandos del poder. A la iniciativa transformadora se oponían las barreras de los intereses individuales o espirituales, que estaban representados con amplias influencias en la administración. La economía nacional por ello aparecía desarticulada, sin continuidad en sus propósitos, profundamente agitada por las contradicciones. No era sino el fenómeno de las luchas internas en el poder político, a través de los resabios de privilegios que interferían la evolución nacional.

Murillo Toro, que fue fecundo impulsador de todo este movimiento, señala la significación del sistema adoptado, observando cómo las provincias han podido ampliar sus gastos, duplicándolos en ocasiones. Señalando cómo el fin propuesto de dar un golpe definitivo al régimen colonial, se ha logrado. "Abolida la contribución del diezmo en las provincias de Azuero, Bogotá, Chocó, Fábrega, Ocaña, Mariquita, Neiva, Panamá, Riohacha, Santa Marta, Socorro, Valledupar y Veraguas; suprimida la contribución del trabajo personal subsidiario y la de hipotecas y registro en la provincia de Bogotá; la de quintos de oro en Antioquia, Bogotá y Mariquita; suprimida la de aguardiente en Popayán, rebajada al tres por ciento en vez del cuatro, en las provincias del Chocó y Barbacoas, las rentas municipales de las provincias deberán alcanzar, según los presupuestos respectivos a 5.367.771 reales. Aumentados los gastos de vías de comunicación y obras públicas, de instrucción pública, de cárceles y establecimientos de castigo y beneficencia pública a beneficio del común, los gastos municipales ascienden a 5.312.605 reales a los cuales debe aumentarse la partida de 63.126 botados para gastos imprevistos".

De suerte que fuera del balance favorable, del resultado directo sobre las contribuciones, que avanzaron notablemente según todos los cálculos estadísticos de la época, lo más esencial es que la provincia con la política reformista de 1850 cambia todo el sistema colonialista, que venía retardando el progreso de la agricultura, el comercio y la industria. Entonces se advierte cómo es de profunda la huella de José Hilario López en la historia Nacional, y en este aspecto, cómo se levanta de enhiesta y creadora la figura de noble ascendencia espiritual de Manuel Murillo Toro. Rafael Núñez, en su memoria de Hacienda de 1856, hacía hincapié en los beneficios profundamente impulsadores de la hacienda nacional, que había traído esa revolución, que no hizo otra cosa diferente que escuchar la voz del común. El mandato del pueblo. Nieto Arteta decía que "un solo acto legal eliminaba la vigencia administrativa del sistema tributario colonial y otorgaba una extensa capacidad impositiva a las provincias. Muy pronto la nación se organizaría federalmente".

Y se crea, pues, un movimiento nacional que lleva a nuevas posiciones en la organización del Estado. El tratadista Ospina Vásquez lo sintetiza en este razonamiento: "Se viró fuertemente hacia la descentralización administrativa y política. Las constituciones de 1853 y 1858 dan ya entrada al federalismo si bien con cierta falta de estilo. El conservatismo no quiso o no pudo oponerse a él formal y efectivamente".

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Todo esto, como hemos visto en capítulos anteriores, era lo que solicitaban, como sistema de liberación, los Comuneros. Y tuvo el mismo sentido la lucha de Túpac Amaru. Y en las líneas del Memorial de Agravios encontramos palabras exactas de fiel interpretación de la realidad social, que descubren toda la angustiosa situación del hombre americano. Don Antonio Nariño en su célebre alegato, también aquí reseñado, planteaba otro de los puntos básicos de la reforma de 1850: "El Estanco limita las siembras al consumo interior, y no sólo esta limitación trae grandes escaseces los años en que se pierde la cosecha en una provincia, sino que, prohibiéndose el cultivo en un ramo que prospera por todas partes, se hace más sensible su privación. Permitiéndose la siembra y la extracción del tabaco, se hará un ramo fortísimo de comercio...."

El estanco era otra de las dificultades creadas a la agricultura. Incidía directamente sobre la tierra, aprovechándose de ella, y concentrándola en manos de quienes gozaban del monopolio. Este siempre aparece y se fortifica en las épocas en las cuales las orientaciones legales están supeditadas a la voluntad personal del gobernante. Observando claramente su proceso, se llega a la conclusión de que mientras la democracia tenga su funcionamiento normal y la opinión pública pueda manifestarse contra los designios del Estado y sus consecuencias, el monopolio no puede prosperar. Es extirpado en sus efectos, mediante la lucha económica que implantan las mismas necesidades.

El estanco, además, desvalorizaba las otras tierras. Se señalaban áreas en las cuales el tabaco se podía cultivar. Entonces los otros terrenos perdían valor comercial. Y la mano de obra se concentraba, trayendo como consecuencia el precio mínimo del jornal. Luego el estado compraba el producto, para revenderlo con precios exorbitantes, que mermaban el consumo, disminuyendo la capacidad de siembra e impidiendo que el pueblo gozase de mayores ventajas de trabajo. Todo giraba en torno de la Factoría, que iba imponiendo precios y aplazando oportunidades al pueblo neogranadino. Esa fue una de las causas del movimiento de los Comuneros. Todos los versos populares de esa época hacen relación al estanco. O al del tabaco o al del aguardiente. Es decir, a la limitación más odiosa que ha tenido la economía nacional.

El estanco de tabaco constituía una fuerte entrada al erario. De allí la dificultad para exterminarlo. Sólo estaba permitida su siembra en Ambalema, Girón, Palmira y Casanare. El gobierno lo dividía en tres clases: la primera la pagaba por quintal a $ 2.40; la segunda a $ 1.60, y la tercera a $ 1.20. Luego lo vendía a $ 0.40 la libra de 1ª.; a $ 0.20 la libra de segunda y a $ 0.10 la de tercera. Entonces la utilidad en orden descendente es: de $ 30,40; de $ 13.60 y de $ 5.20.

Siguiendo el magnífico capítulo de la obra de Luis Eduardo Nieto Arteta acerca del tabaco, podemos hacer una síntesis que da una visión total del problema. El estanco fue creado por la Corona. El virrey Mesía de la Zerda, según se deduce de una Relación de Mando, lo pone en vigencia. El Virrey Guirior manifiesta que, desde el primer momento, se presenta contra tal sistema una profunda resistencia. Que la abundancia del producto es extraordinaria. El resguardo de rentas opera, controlando, encarcelando, persiguiendo: en Guadalupe se arrancaron 1.500 matas, y al mismo tiempo 600, después de decomisar 1.200 tangos en la quebrada de la Monstruosa. Esto en las provincias del Socorro y San Gil. De suerte que la persecución se intensificaba, a la vez que adquiría mayor vigor el monopolio. Y así se impedía el aprovechamiento de la tierra para que se desarrollase la agricultura regional.

La ley de 29 de septiembre de 1821 conservó el estanco del tabaco, en la época de la república. Y amplió el número de factorías. Fue muy lento el proceso de formación de una conciencia en contra de ese recurso fiscal. Eran los mismos intereses de que hemos hablado tántas veces los que interferían el proceso evolucionario en la economía de los primeros tiempos de la república. Porque él llevaría a consecuencias provechosas para el pueblo. José Ignacio de Márquez, en su Memoria de Hacienda de 1831, explica la defensa del Monopolio. Francisco Soto, en Memoria de 1833, también lo ampara. En 1837 vuelve a repetir su alabanza y pone en duda el éxito de las exportaciones. Don Juan de Dios Aranzazu en 1838 es pesimista; y en 1840 solicita mayor dinero para aumentar las compras en las factorías. Mariano Calvo, en su Memoria de 1841, pide lo siguiente: 1º fondos para pagar de contado; 2º vigilancia para evitar fraude; 3º extensión del consumo al exterior. Su solicitud va acompañada de la petición de que a determinados individuos se les cree ese nuevo privilegio. Jorge J. Hoyos, en 1842, en su calidad de Secretario de Hacienda, dice que la renta del tabaco es valiosa y señala la indispensable necesidad de tecnificar su producción. Rufino Cuervo explica en 1843 cómo se debe fomentar la renta del tabaco. Lino de Pombo sostiene que el futuro está en la exportación. Florentino González, en 1847, presenta la tesis de que el tabaco puede aumentar la riqueza nacional. Pero no es partidario de la libertad de cultivo. González exponía la conveniencia de desestancar el tabaco, pero cuando su renta fuera reemplazada por otra. De suerte que unos con este criterio y otros haciendo ostentación de su mentalidad feudalista, seguían aplazando una renovación social que ya había tenido su más amplia manifestación colectiva en el movimiento de los Comuneros. Ramón N. Arjona, en 1849, dice que la extinción del monopolio lo deja en suspenso para que lo estudie el gobierno de José Hilario López.

No es posible continuar sin recordar el nombre de Vicente Azuero. Sus contemporáneos expresaron de él este juicio certero: "Patriota desde 1810, perseguido a muerte por los españoles, deseoso de que la república cambiase las instituciones opresoras de la metrópoli, sobre todo en materias fiscales, a sus esfuerzos se debió la abolición de la alcabala, en 1836, una de las contribuciones más opresoras del sistema español, y que fue uno de los más constantes abogados de la supresión del monopolio del tabaco, idea que no triunfó sino cinco años después de su muerte".

Ahora veamos el proceso legal que siguió el tema trascendental para nuestra economía del monopolio del tabaco. Ya vimos que la ley de 29 de septiembre de 1821 declaró la continuación del estanco. El decreto de 31 de marzo de 1832 autorizó al poder ejecutivo para dar en arrendamiento y en administración delegada la renta del tabaco. La ley 9 de junio de 1835 habla de exportación; de mayor restricción en el cultivo. La ley de abril 20 de 1838 dedicó al pago de la deuda nacional parte del producto que se vendiera para la exportación. La ley de 6 de junio de 1844 se reserva la producción y venta de la rama. La ley de 23 de mayo de 1848 declaró: "Desde el 1º de enero de 1850 será libre en toda la república el cultivo y comercio del tabaco". La ley 12 de junio de 1849 estipuló: "Desde el primero de enero de mil ochocientos cincuenta es libre en toda la República el cultivo del tabaco, pagándose a beneficio del Tesoro Nacional a razón de diez reales por cada mil matas que se siembre". Murillo Toro, como Secretario de Hacienda de José Hilario López, propuso que se aboliese ese impuesto a las siembras y así se sancionó la ley de 16 de mayo de 1850, cuyo artículo único dispone:

"Desde el día de la sanción de esta ley quedarán abolidos los impuestos con que la ley de doce de junio de 1849 gravó la siembra y exportación del tabaco. Los derechos ya causados siempre entrarán en las arcas nacionales".

Murillo Toro relieva la transformación e impulso recibidos por el país, a través de sus Juicios de la Memoria de 1852:

"Las rentas, en general, van en aumento, y aumento muy notable; pero por donde comienzan a percibirse las ventajas de este plan es por el incremento que van tomando la industria y la exportación. La producción del tabaco se ha cuadruplicado, por lo menos, y ha dado a muchas poblaciones de Soto, del Socorro, de Ocaña, de Cartagena y de Mariquita, un impulso notable, impulso que se comunica a las poblaciones aledañas, cuya agricultura mejora. Las crías y cebas de ganado han tomado mucha importancia, y a pesar del aumento de éstas y de las fuertes introducciones de ganado que se hacen de Venezuela, el precio de la carne en casi toda la república ha doblado, hecho que prueba un aumento considerable de consumo, lo que a su vez revela una extensa mejora en la condición de las clases pobres de la sociedad, puesto que la carne es un artículo de primera necesidad. En todos los climas calientes el precio de las tierras ha subido, y el cultivo se ha extendido de una manera muy consoladora; se siente venir ya una nueva éra para la industria, y pueden concebirse esperanzas muy lisonjeras para el porvenir.

"Este plan no necesita sino paciencia y perseverancia, como las que pone un agricultor que siembra para obtener la cosecha. Dejemos que el cultivo y la exportación del tabaco tomen bastante extensión, que la exportación de la quina, del palo mora, del brasil, del dividivi, de la zarzaparrilla, del cacao, del café, tomen mayor importancia que las crías y cebas de ganado y la producción del azúcar y del trigo mediante la rebaja del precio de la sal y la extinción del diezmo, tomen mayores proporciones; y que la explotación de las minas, ya libres del derecho de quintos, se verifique en mayor escala, y la renta de aduanas, mientras subsista, bastará sin aumentar, sino más bien disminuyendo el impuesto, a todos los gastos de la administración pública nacional y al pago de las deudas actuales".

De acuerdo con los datos que quedaron de la época, hemos podido establecer que el precio de la arroba oscilaba entre cincuenta y sesenta centavos. Con la abolición del estanco, su valor alcanzó tres, cuatro y cinco pesos. La producción pasó de 800.000 arrobas. La exportación fue mayor a 500.000 arrobas. De un millón de pesos que alcanzaban las ventas, se llegó a seis millones. No es posible, ante la elocuencia de los números, dudar del beneficio inmenso de la transformación social.

Salvador Camacho Roldán hacía un resumen de lo alcanzado por el desestanco, que concuerda también con el análisis de don Miguel Samper: "la industria del cultivo de esta hoja que, en los años de 1850 a 1865, era considerada como una de las principales del país; que hizo subir de cinco y diez pesos a más de ciento el valor de la fanegada de las tierras aptas para producirlo; que triplicó la tasa de los jornales en la tierra caliente y la duplicó a lo menos en las frías; que introdujo el consumo de carne en la clase jornalera; y creó con ello una fuente de riqueza y de prosperidad; que determinó la formación de dehesas de pastos artificiales en una cantidad inapreciable; que resolvió el problema de la navegación a vapor en el río Magdalena......"

Además, no es posible olvidar que las casas de exportación que se fundaron elevaban la venta del producto con rapidez extraordinaria. Ospina Vásquez coincide sobre lo básico de este juicio y añade que ayudó, poderosamente, a la colonización. En todo caso, era la medida más radical e importante para darle movimiento a la propiedad, para aumentar la posibilidad de que el trabajo tuviese una justa remuneración, para conseguir un efectivo comercio interno y exterior. Todo ello lo produjo la reforma. Algunos han señalado el posterior decaimiento del comercio. Ello es apenas natural, debido a la competencia de las islas asiáticas; los altos impuestos de importación creados por los países europeos; el haber dejado de ser puertos libres los más importantes para nuestro comercio. El escritor y crítico de los fenómenos económicos nacionales, Augusto Espinosa Valderrama, puntualiza el enfoque de los posteriores trastornos, con estas frases: "Si luego la exportación decayó, si más tarde disminuyó considerablemente la producción del tabaco, nuestra primera industria, ello no puede achacarse al régimen implantado. También decayeron las exportaciones de quina. Fue la época de la crisis que originó la malograda revolución de 1885". En todo caso, lo único que se puede advertir es que la extirpación del régimen colonial no se detuvo un momento. Un país que entra a la vida republicana y pretende consolidar su nacionalidad, necesariamente tenía que orientar su política hacia el mejor aprovechamiento de la tierra y la exaltación del hombre. Esos dos elementos, en combinación, logran producir la transformación del carácter y la economía de un país. Ese, sencillamente, es el profundo significado de la revolución económica de 1850. El haber entendido, a cabalidad, cuál era su misión para hacer más amplio y severo el destino de la patria.

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