Aunque, como se ha visto, yo, en asocio de los demás Secretarios de Estado, rechacé la evolución de la reelección del señor Otálora, y á pesar de mis antiguas é íntimas relaciones de amistad con el doctor Núñez, que perduraron hasta su muerte, fiel á mis tradiciones de partido, y por propio decoro, me consideré políticamente caído en 31 de Marzo de 1884, en que terminó la Administración del señor Otálora; y como tenía que trabajar para vivir, abrí, después de muchos años de cerrado, mi estudio de abogado, el cual pronto tuvo valiosos negocios á su cargo; y allí permanecí trabajando, como el último de mis colegas, durante los años de 1884, 1885, 1866, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 y 1892, hasta que á principios de 1893 (Enero, me parece), fui un dia sorprendido con la entrega de un pliego del Ministerio de Justicia en que se me comunicaba el nombramiento, en propiedad y de por vida, conforme á la Constitución, que el Presidente de la República había hecho en mí, de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Dadas las prácticas de la exclusión política de los gobiernos de partido, debo confesar que no dejó de sorprenderme tan alta designación; y tanto para dar gracias por ella, como por indagar ó conocer los motivos que el Excelentísimo Señor Presidente hubiera tenido en consideración para hacer este nombramiento, me dirigí al Ministerio de Justicia, á cargo del distinguido joven y muy estimado ámigo mío doctor Emilio Ruiz Barreto, quien á la primera pregunta que sobre el particular le hice, me dijo: que él se había permitido manifestar al señor Caro, que habría sido conveniente tocar conmigo antes de hacer el nombramiento, para saber si yo no tenía inconveniente alguno en aceptarlo; pero que el señor Caro le había contestado que no; que él se limitaba á cumplir su deber, llenando el puesto con persona á quien creía competente para desempeñarlo; que el señor Galindo, por su parte, cumpliera libremente con el suyo, como á bien tuviera.

Aunque yo hubiera llegado al Ministerio con cualquier duda sobre la aceptación del destino, desde el momento en que oí las palabras del señor Ruiz, toda vacilación debía cesar. ¿Por qué? Porque el señor Caro, persona con quien carecía de relaciones, con quien había vivido separado en contrarios campos políticos durante todo el curso de mi carrera pública, y á quien personalmente no debía yo ser grato, por la exageración de mís opiniones en asuntos eclesiásticos, este señor, sin otra consideración que la de juzgarme moral y profesional-mente idóneo para el desempeño de tan elevado cargo, mandaba á conferirme una ejecutoria de honorabilidad y probidad en mi carrera pública; y era imposible, so pena de ser muy mal caballero, devolvérsela.

La acepté, pues, con la conciencia satisfecha de que obraba bien, tanto por el motivo de decencia que dejo expuesto, como por contribuir, ya que el Presidente daba el ejemplo, á romper ó principiar á romper con las brutales, salvajes é infames imposiciones de los odios de partido, llevados á un grado tal de exageración, que hacen imposible el advenimiento de todo espíritu de civismo, conciliación y moderación para el gobierno de la República. Mi ánimo fué permanecer en la Corte por poco tiempo, pues nunca une he creído con vocación para el oficio de juez; pero atravesóse el conocimiento de una causa de mucha gravedad, ante la cual habría sido cobardía renunciar-la Magistratura civil- también tiene honor militar,-y hube de permanecer en la Corte hasta que, fallada esa causa, presentóseme, en 1894, decente oportunidad de dejar el puesto. Tan cierto, -como que, á mi regreso del Perú en 1896, habiendo ocurrido nueva vacante, volví á ser nombrado magistrado, en propiedad, por el mismo señor Caro; pero como ya no mediaban las mismas circunstancias, rehusé cortésmente su aceptacion.

He dicho que el señor Caro me enviaba con la magistratura una ejecutoría de nobleza en mi carrera pública, y así es la verdad, porqué la Corte Suprema, fuera de ser por la Constitución el más alto tribunal de justicia de la Nación, se ha conservado siempre, desde la fundación de la República, á tal altura de respeto en la conciencia nacional, que la lengua empozoñada de la calumnnia misma no ha podido mancharía, lo mismo con D. Diego Fernando Gómez, José Maria de la Torre Uribe, José Ignacio de Márquez, Rufino Cuervo y Rito Antonio Martínez, que con Manuel Murillo, César Conto y José María Rojas Garrido.

El Poder Judicial representa, conforme á los más triviales principios de Derecho Público, el Poder neutro, encargado de administrar justicia, «de dar y compartir á cada uno su derecho igualmente.» Es en teoría, en principio, el Poder delante del cual nadie vive de la caridad ajena, sino de su derecho; de tal manera que, cualquier hombre, cualesquiera que sean sus opiniones políticas y filosóficas, puede aceptar el cargo de juez bajo cualquier forma de Gobierno, con tal, únicamente, de que el Código de leyes que él va á aplicar, no viole los principios tutelares del derecho común de la humanidad, realizados ya en el seno de la civilización universal. Yo puedo mañana aceptar un puesto de juez bajo la monarquía inglesa, ó bajo la española, ó la italiana, ó la belga, y jurar su Constitución para el cumplimiento de las leyes que debo aplicar á las causas sometidas á mi decisión, sin afectar en nada mis opiniones republicanas; pero es claro que no puedo ser juez en Marruecos, ni en Persia, ni en Turquía, para ir á aplicar, bajo la presión del despotismo, leyes aberrantes en pugna con la civilización cristiana.

Sin embargo, tan pronto como fué del dominio público mi aceptación de la magistratura, reunióse en Medellín un Definitorio ó Sínodo de radicales energúmenos, gentes en su mayor parte anónimas, que aún no habían nacido cuando yo había ido ya á ofrendar mi vida en los campos de batalla en servicio del partido liberal, y lanzó sentencia de excomunión contra mí, despidiéndome del partido con estas palabras: «un liberal menos y un empleado más,» sentencia que fué confirmada por la tácita aquiescencia de toda la prensa radical.

Seguro estoy de que sí en mi lugar hubiera sido nombrado alguno de los Caballeros de la Mesa Redonda del Radicalismo, la prensa radical en coro habría dicho que aquel caballero había consentido en hacerle al Gobierno el honor de aceptar el puesto.

Y por qué? Con qué derecho? Tiene alguno de los excomulgadores una hoja de servicios mejor que la mía en obsequio de la libertad y de los intereses permanentes de la Nación?

Sírvase mostrarla, pero enumerando y comprobando, como lo hago yo en este libro, dichos servicios.

A mi padre no le cabía el plomo español en el cuerpo, desde Jenoy, Guachi y Yaguachi, hasta Pichincha.

Todos mis grandes tios, inmensamente ricos, se lanzaron en la revolución de la Independencia y gastaron su fortuna en su servicio, sin haber reclamado nunca indemnización de ninguna clase. Algunos de ellos, como D. Joaquín, llamado El Buey, y D. Felipe Terreros Galindo, fueron misericordiosamente condenados á presidio, por insurgentes, y la plaza mayor de Bogotá fué empedrada por ellos.

Gran tío mío era el gallardo Coronel D. Fernando Galindo, el defensor de Piar ante el Consejo de Guerra que inicuamente lo sacrificó á los odios de Bolívar, sin perjuicio de haber caído muerto, como Jefe de día, haciendo la ronda de servicio al rededor de la hamaca del Libertador. en la aciaga noche del Rincón de los Toros.

Y gran tío mío fué el General León Galindo, de los libertadores del Perú, cuya descendencia vive aún en Bolivia.

Por manera que si Colombia fuera imperio, yo sería duque, y muchos de mis gratuitos detractores y perseguidores no pasarían de simples pecheros.