De este año data el principio de la que, propiamente hablando, puede llamarse mi carrera pública. Hasta entonces sólo de modo accidental y transitorio había servido dos destinos del ramo ejecutivo, ambos con el carácter de suplente o designado: la Gobernación de la Provincia de Vélez (1856), Y la Presidencia del Estado de Santander (1862). Puedo decir, por tanto, que mi carrera pública tuvo por punto de partida un altísimo escalón: la Secretaría de Hacienda y Fomento de la Unión, en dos administraciones consecutivas -la del doctor Manuel Murillo (1872 a 1874), y la del doctor Santiago Pérez desde que se inauguró (1°- de abril de 1874) hasta mediados de mayo de 1875, en que, por habérseme presentado de candidato para Presidente de la Unión en el período inmediato, renuncié irrevocablemente la Secretaría. Diré, de una vez, que este período de mi vida pública, con todo y haber sido el de más asidua y abrumadora labor, fue el en que gocé de mayor tranquilidad y el que más gratos recuerdos me ha dejado. No me detendré a enumerar los actos oficiales que, en aquel tiempo, autoricé con mi firma; pues que, además de enojosa, sería superflua esa relación, toda vez que los más importantes de esos actos fueron publicados en el Diario Oficial, y se hallan coleccionados en las Memorias de Hacienda y Fomento que tuve la honra de presentar al Congreso Federal, en sus sesiones de 1873, 1874 y 1875.

Como preliminar de este capítulo referiré la manera como fui comprometido a aceptar aquel elevado puesto, en el que nunca había llegado a pensar, y al cual fui traído a dos rejos, según la espiritual e hiperbólica frase de uno de mis mejores amigos -el doctor José Ignacio Escobar- quien, como Jefe de la Sección de Fomento, me acompañó en la Secretaría, dedicando todo su talento y su admirable consagración al desempeño de aquel modesto empleo, en el cual, de preferencia a su propia reputación de oficinista, en la que apenas si llegaría a pensar, tuvo en mira la del encargado de la Secretaría. Tan grande y abnegada demostración de amistad ha sido correspondida con mi estimación y mi gratitud.

Deseando el doctor Murillo tener una conferencia conmigo, y suponiendo acaso que yo tuviera alguna repugnancia de ir a Bogotá, me propuso, en la última carta que por entonces me dirigió, que viniera a mi hacienda de San Vicente, a donde iría él con el objeto de que habláramos definitivamente sobre el nombramiento que me ofrecía.

No debiendo desatender tan cortés invitación, me puse en camino para la capital, donde no encontré ya al doctor Murillo, quien, a causa de una novedad en su salud, había partido dos días antes para Guaduas. En consideración a esto no vacilé en continuar mi viaje hasta aquella ciudad. Al siguiente día de mi salida encontré en Las Tibayes al General Santos Gutiérrez, que iba enfermo de su hacienda, a orillas del Magdalena, para Bogotá.

Al encontrarme con aquel viejo amigo tuve la más agradable sorpresa. Recibiéndome con un estrecho abrazo, me dijo: -Ya sé que Murillo quiere nombrarlo a usted Secretario de Hacienda, y yo celebro este casual encuentro para empeñarme con usted, menos como amigo suyo que como interesado en el buen nombre del partido liberal, para que acepte la Secretaría". Para nadie fue nunca dudosa la sinceridad de este altivo personaje; y yo recordé con este motivo que él pensó también en mí para su Secretario de Hacienda.

Conociendo yo el mal estado en que se hallaban las relaciones entre el General Gutiérrez y el doctor Murillo, desde los acontecimientos del 9 y 10 de Octubre, me cuidé de adelantar la conversación sobre el particular. Era el momento de servir el almuerzo, y el General me invitó para que le acompañara. Aunque ya me había hablado de la indisposición que le aquejaba, sólo al observar en la mesa que absolutamente le faltaba el apetito, comprendí la gravedad de su mal. Terminado el almuerzo nos despedimos para no volvernos a ver, recibiendo yo de su férrea mano un apretón que me recordó el que me había dado el León de Apure en Nueva York en el año de 1866, en que tuve la inolvidable dicha de conocerle.

Pasé en Guaduas tres días en casa del doctor Murillo, quien me atendió con su acostumbrada galantería, y me llevó a conocer dos pequeñas posesiones de campo que tenía a corta distancia de la ciudad, a una de las cuales, cultivada de café, había dado el nombre de Túsculo, en memoria del orador romano.

Recuerdo que en los días en que estuve allí me dio el doctor Murillo para que leyera un opúsculo sobre La verdad en la deuda, escrito por el doctor Aníbal Galindo, probablemente a indicación del doctor Murillo, quien como hombre discreto no llegó a decírmelo.

A mi regreso a Bogotá tuve la dolorosa noticia de que el General Gutiérrez estaba de muerte. Desperté al día siguiente un tanto sobresaltado, y al salir del dormitorio encontré la fatal noticia de que en el transcurso de la noche había cerrado para siempre los ojos a la luz del día este héroe colombiano.

Cuando acepté la Secretaría de Hacienda apenas hacía cuatro años que había logrado fundar una casa importadora -la primera y hasta hoy la única que se ha establecido en la Provincia de Vélez- casa cuyos negocios comprendían no sólo la importación y exportación, sino también algunas empresas agrícolas en el Carare; el de movilización de cargamentos, y un contrato para la mejora y conservación del camino que atraviesa aquella desierta comarca. Me hallaba, pues, a la cabeza de una de las empresas más progresistas que se han acometido en Santander, empresa que, hasta entonces, brindaba un halagüeño porvenir; que era considerada por mí como el coronamiento de una obra acometida veinticinco años atrás y a la que estaba vinculado el porvenir de mi familia. ¿Por qué me separé de la inmediata dirección de ella, para atender al llamamiento que se me hizo a la Secretaría de Hacienda, no sintiéndome, como no me sentía, estimulado por la ambición política? La contestación es para mí muy sencilla, y espero que a nadie sorprenderá: por consagrar mis fuerzas a otra obra de progreso incomparablemente superior: la del proyectado ferrocarril del Norte.

A la inesperada renuncia que el doctor Salvador Camacho Roldán hizo de su candidatura para la Presidencia de la República en 1871, se siguió una especie de vacío, que muy luego fue llenado con el nombre del doctor Manuel Murillo. Era yo Senador en esa ocasión, y dentro y fuera de la Cámara trabajé, con mi acostumbrada decisión, porque se adoptara esta candidatura.

Un sentimiento de gratitud del doctor Murillo, y algún otro poderoso móvil que creo haber descubierto más tarde, Y que, siendo honroso para mí y nada desdoroso para él, revelaré más adelante, fueron sin duda los motivos que determinaron a este político insigne a esforzarse, como lo hizo, por doblegar a sus deseos mi hasta entonces firme resolución de no aceptar puestos públicos que no fuesen de elección popular.

Como muestra de tan decidido empeño, inserto a continuación una de las cartas que entonces me dirigió el doctor Murillo, dejando a juicio del lector el decidir si, atendido el sentimiento de legítimo orgullo que caracterizaba a este gran personaje, era o no dicha carta altamente comprometedora. Dice así:

"1872 -Guaduas 22 de Enero.

Mi amigo y señor doctor Parra.

He leído su carta de 19 Enero, la cual me ha causado una penosa impresión, y a reserva de que hablemos aquí, si me cumple la promesa de venir, debo someter a su estudio la siguiente observación.

En dos cosas se empeñó usted en el último año de asistencia al Senado, a saber, en que se adoptara mi candidatura para Presidente, y en que se expidiera la ley que tiene por objeto la construcción del camino de rieles por Boyacá y Santander, la obra más grande y más importante para nuestro país, y sobre todo para el Estado de Santander.

Y bien: se le pide luego su concurso inmediato para que esas dos cosas sean provechosas al país; para que la primera se presente con garantías de trabajo, de moralidad y dignidad, y la segunda inspire confianza de realización, y entonces usted afloja, y se niega a darles su nombre.

Usted no puede hacer semejante cosa: usted faltaría a sus deberes de patriota, y no tiene cómo justificarse.

No le pido un favor, sino el cumplimiento de un deber. Tenga esto entendido.

Sus motivos de excusa son de poquísima fuerza. Sus negocios pueden continuar bien. Usted tiene hermanos, y además usted puede atenderlos, al mismo tiempo que sirve la Secretaría, la cual no es siempre abrumante.

Cuento con que viene, pues si no hubiera de venir yo iría, para que me dé su opinión sobre muchas cosas. Necesito conferenciar con usted. Me haría una mala partida regresando a su guarida sin venir o esperarme.

Su amigo afectísimo,

M. MURILLO".

Una vez comprometido a aceptar la Secretaría, debía presentarme, y me presenté en la capital el día anterior al de la posesión del nuevo Presidente. Por la noche de ese mismo día me trasladé a su casa de habitación; y contra lo que era de esperarse en aquellos momentos, le encontré solo. Después de recibir de él un cordial saludo de bienvenida, entramos en conversación, paseándonos a lo largo de la sala, cuando de repente se volvió a mí diciéndome:

-Y bien ¿qué ideas de finanzas me trae usted?
-¿Qué ideas podré yo traer del fondo de la montaña, de donde usted me ha sacado?
-No se haga el chiquitico -me replicó- y hábleme como viejo amigo.
-Pues bien, manifestaré a usted con franqueza que la única idea que hasta ahora he formado es la de que, si hemos de llevar adelante el proyecto de contratar la construcción del ferrocarril del Norte, como no debo dudarlo, es preciso solicitar del Congreso la facultad de alzar el precio de la sal, y la de aplicar íntegramente el producto de esta renta a la ejecución de aquella grande obra. Al formar esta opinión he tenido en cuenta que los Estados de Cundinamarca, Boyacá y Santander, sobre quienes principalmente pesa el gravamen representado por el precio oficial del artículo, serán también los que principalmente aprovecharán los grandes beneficios del ferrocarril; pero que si la ejecución de esta obra no pudiese contratarse por la presente Administración, debe bajarse el precio de la sal compactada a cuarenta centavos los doce y medio kilogramos, como una medida de equidad en materia de impuestos nacionales, y de fomento a la industria pecuaria.
-Tiene usted carta blanca -me contestó- poniéndome la mano sobre el hombro.

Y en justicia debo decir hoy, lleno de reconocimiento hacia aquel grande amigo, que tuve carta blanca en todo su período administrativo, no sólo para aquel negocio, sino para todos cuantos cursaron por la Secretaría a mi cargo. Tan ilimitada así fue la confianza que el Presidente fincó, no seguramente en mis aptitudes, bien limitadas por cierto, pero sí en mi consagración, en mi honradez y en el vivo deseo que me animaba de contribuir al lucimiento de aquella Administración.

En el mismo día de su posesión comunicó el Presidente al Senado los dos únicos nombramientos de Secretarios del Despacho ejecutivo, hechos por él en aquel día -el de Hacienda y Fomento y el del Tesoro, que recayó en el General Ramón Santodomingo Vila. Citados por el Presidente los dos Secretarios para discutir al siguiente día el célebre Mensaje sobre reducción de la deuda exterior, nos ocupábamos en la lectura de este importante documento- al cual propuse yo una ligera reforma que tendía a evitar toda sospecha de repudiación de la deuda, reforma que acogió el Presidente; -cuando de modo inesperado dejó éste su asiento, y encargándonos de que continuáramos en el estudio del Mensaje, se retiró del salón. ¿Qué había motivado esta salida? La llegada a Palacio de nuestro común amigo Miguel Salgar, quien de modo apenas percibido por mí, le había hecho una seña al Presidente. No pudiendo dominar la curiosidad, salí también del salón poco después que él, y encontré la desagradable noticia de que el nombramiento del General Santodomingo Vila había sido desaprobado por el Senado. No queriendo presenciar el acto de la participación de esta noticia al General Santodomingo, me retiré de Palacio. Al día siguiente volví a firmar el referido Mensaje a falta de Secretario del Tesoro; y lo hice con la más perfecta convicción de que, en el fondo, no se afectaría en lo más mínimo los intereses reales y efectivos de los acreedores extranjeros, y sí sólo la remota, y aún podría decirse ilusoria esperanza de que, con el andar de los tiempos, pudiera Colombia hacer frente al pago de los intereses de esa enorme deuda, cuando ya los bonos que la representaban hubiesen pasado, en serie indefinida, de unas a otras manos; cotizándose a menor precio cada día, y, por consiguiente, dada la capacidad fiscal del gobierno, para pagar con puntualidad los intereses de la deuda, una vez reducida al valor que tenía en el mercado; Y dado igualmente el firme propósito de cubrir con toda exactitud los intereses del capital así reducido, propósito que fue lealmente cumplido por esa y por las dos siguientes Administraciones, se llegaría, como se llegó efectivamente, en menos de cinco años, a obtener en la Bolsa de Londres una cotización de nuestros Bonos de más del 40 por 100, con notable beneficio para los tenedores de la deuda y provecho para Colombia, que empezaba así a fundar su verdadero crédito.

Añadiré a este breve razonamiento lo que con el mismo objeto dije en mi Memoria de Hacienda de 1873, es a saber:

"Año tras año se había hecho presente a los Legisladores que los compromisos contraídos con los acreedores públicos eran de tal modo superiores a los recursos fiscales de la Nación, que si se hubiera llegado a cumplir fielmente una vez siquiera, por este solo hecho el Gobierno habría dejado de existir. La imposibilidad absoluta de dar cumplimiento a tan enormes obligaciones, palpada y reconocida por los acreedores mismos, había convertido en nominales los 2/3 al menos del valor de nuestra deuda. El crédito de Colombia era una ficción funesta, por cuanto le faltaba uno de los dos fundamentos sobre que reposa el verdadero crédito -la posibilidad material de pagar; y en cuanto a la deuda interior, el descrédito del Gobierno no sólo daba margen a especulaciones usurarias que distraían los capitales de su más natural y fecunda aplicación en nuestro país -la industria agrícola sino que daba origen a intrigas políticas de la peor trascendencia, en razón a que, por medio de una disposición legislativa, se podía aumentar o disminuir en centenares de miles el valor real de la deuda. En tal situación el arreglo definitivo del crédito interior y exterior, sobre la base de la posibilidad del pago, vino a ser una necesidad premiosísima para el Gobierno, a la cual hubo de consagrar asidua atención, en la parte relativa a la deuda exterior, la precedente Administración, preparando el camino para la gran medida que se consumó después.

"La solución de esta cuestión por el solo medio que estaba a disposición del Gobierno, entrañaba la de un problema moral cuya gravedad y trascendencia hizo vacilar a muchos espíritus firmes y patrióticos. Tratábase de saber si el Gobierno tiene derecho para decir a sus acreedores: ‘No reconozco en los documentos representativos de mi deuda otro valor que aquel por el cual ustedes los estiman y enajenan en la Bolsa, o sea en el mercado público. En cambio pagaré puntual y religiosamente los nuevos valores, por cuanto además de la voluntad, tengo los medios de hacerlo’.

"Para resolver esta cuestión con perfecto conocimiento de causa, tuviéronse en cuenta los hechos y consideraciones que paso a exponer:

"1° La inculpabilidad moral de la Nación con respecto a las causas de su descrédito y del mal estado de sus finanzas;

"2°La imposibilidad de amortizar, aún en el decurso de muchas generaciones, una deuda destinada a crecer en la enorme proporción de 7 a 34, a medida de los sacrificios que se hicieran para pagarla;

"3° Graves dificultades para entrar en convenios con los acreedores, especialmente con los internos, que no habiéndose constituído solidarios entre sí, nunca llegaron a formar un comité que representara el derecho común;

"4° Que sin embargo de no haberse pagado hasta ahora íntegramente los intereses de la deuda en ningún año, la parte que de ellos se cubría representaba todo el sobrante de los gastos de mera subsistencia del Gobierno, y que la continuación de este estado de cosas condenaba indefinidamente el país a la inmovilidad; y

"5°, finalmente. Que habiendo pasado de una a otra mano los documentos representativos de la deuda, en escala difícil de medir, la pérdida de los primitivos acreedores era ya irreparable, en tanto que a los tenedores actuales de la deuda no se les iba a disminuir en un céntimo la suma de valores que en conciencia tenían derecho a recibir.

"Nueve meses han transcurrido apenas, ciudadano Presidente, desde que propusisteis a la Nación, en vuestro Mensaje del 4 de abril, esta grave cuestión, y ya ella, por medio de su órgano más autorizados, os ha contestado afirmativamente. Tenéis, pues, sobrado motivo para congratularos por ese acto de energía vuestro, uno de los más grandes que se han ejecutado por el Gobierno del país, en tiempo de paz.

"En cuanto a mí, débil auxiliar vuestro en la realización de la gran medida, puedo decir con plena conciencia, pero sin ningún sentimiento de orgullo o de vanidad, que creo, con ello, haber servido también al país".

Veamos ahora lo que acerca de esta misma importantísima cuestión dijo el Secretario del Tesoro en su Memoria al Congreso de 1873:

"A virtud de negociaciones iniciadas desde la Administración anterior, los acreedores extranjeros por medio de su Comité de tenedores de bonos se dirigieron en primero de marzo al Gobierno manifestándole estar dispuestos a entrar m un nuevo arreglo sobre las bases que paso a expresar:

b) Entrega de $ 10.000.000 en bonos de los Estados Unidos le Colombia a la rata del 5 por 100 anual, en cambio le los antiguos de la Nueva Granada conocidos con el nombre le activos, nuevos activos, y diferidos, el valor de los cuales montaba en números redondos a $ 33.144.000".

Siguen las cláusulas c), d) y e), que se omiten por tratarse m ellas de puntos accesorios).

Viene en seguida (página 19) el Convenio de 1° de enero de 1873, celebrado entre el Secretario del Tesoro, doctor Felipe Pérez, y el Agente de los acreedores extranjeros en Bogotá, convenio ajustado a la Ley de 8 de mayo de 1872.

El artículo 2° de este Convenio es del tenor siguiente:

"Todos los bonos de la deuda nacional exterior en actual circulación, o emitidos a virtud del Convenio de París de 25 de marzo de 1861 y de cualesquiera otros Convenios anteriores, quedan cancelados de hecho, y en su reemplazo e1 Gobierno de Colombia emitirá dos millones de libras esterlinas ($10.000.000) en ‘bonos de deuda exterior colombiana’; dichos bonos ganarán desde el 1° de enero, de 1873 el cuatro y medio por ciento de interés anual hasta el 31 de diciembre de 1877; y el cuatro y tres cuartos por ciento de interés anual de esta última fecha en adelante".

Como se ve, el capital reconocido fue exactamente el mismo que los acreedores propusieron que se reconociese, y la diferencia del tanto por ciento anual fue sólo de un cuarto por ciento en favor de la República ⁽¹⁾ .

Esto respecto de la deuda exterior; que en cuanto a la interior -para la cual se solicitó también por el Poder Ejecutivo una reducción en los fondos destinados al pago de ella- he aquí lo que el doctor Pérez, Secretario del Tesoro, dice en su Memoria, página 39:

"La situación fiscal de Colombia llegó a ser la siguiente: la renta de Salinas en su parte libre (85 por 100) se invertía toda en la fuerza permanente, las pensiones de los militares de la Independencia y las de las monjas exclaustradas. La renta de Aduanas se dividía así: 60 unidades para los acreedores internos; 37 1/2 para los externos, 2 1/2 para los gastos del servicio del ramo. No quedaba, pues, para los gastos ordinarios de la administración pública en los tres ramos cardinales del Gobierno y en el ramo diplomático y consular, sino los $250.000 del ferrocarril de Panamá y algunos rezagos, que a lo sumo alcanzarían a $50.000; total $ 300.000.

"Los legisladores de 1872 no fueron sordos a vuestras indicaciones, y en 23 de abril expidieron una ley por la cual no debía pagarse a los acreedores extranjeros más que $300.000 por año, según el artículo 4°- del Convenio de París y no 750.000; y la Ley de 10 de junio que destinó para el servicio de la deuda interior la suma de $ 720.000.

"Modificada así la situación, esto es, echado por tierra el sistema de la distribución total de la renta de Aduanas entre cierta clase de acreedores públicos, quedó libre al Fisco la suma de $ 1.283.585 en cada año, y perteneció al país en masa y no a determinados acreedores, el incremento de la primera renta de la República.

"La Ley de 10 de junio último, llamada a marcar una época en nuestros fastos financieros, no perjudicó en nada notable a los tenedores de documentos de crédito, pues las cotizaciones de éstos continuaron casi en el mismo pie que antes, con la circunstancia de que se asignó interés a los cupones en circulación, a la deuda de Tesorería representada en órdenes de pago por renta nominal, y a los Vales por intereses del 4 por 100 sobre cada $ 30 de valor real o sea el 13 1\2 por 100 al año. Compensación sobrada a cualquier desequilibrio producido por el momento en el valor de los papeles".

Y sin embargo, la oposición había levantado el grito al cielo, clamoreando contra la reforma fiscal, a la que aplicó los más odiosos calificativos, como expoliación, despojo, etc. Creyeron sin duda los directores de la prensa oposicionista que ésta era una ocasión propicia para herir de muerte al Gobierno, sublevando contra él todas las conciencias honradas, sin echar de ver que su hipocresía era patente a los ojos de los que no estaban obcecados por la pasión o por el ciego interés del partido. Cuando el ataque hubo alcanzado sus más altas proporciones, el Presidente llamó a Palacio algunos de sus amigos y les sugirió la idea de suscribir manifestaciones en apoyo de la combatida reforma. Estas afluyeron de todas partes; y cuando el doctor Carlos Holguín, quien dirigía el ataque, vio cercana su derrota, se retiró de la lucha diciendo a sus amigos, con el desenfado propio de su carácter, que el doctor Murillo tenía siempre de reserva, en cualquier polémica, una última jugada; cual si se hubiese tratado de una partida de tresillo.

Cuando el debate no puede tener ya otro resultado que el de mantener los ánimos en estado de exaltación, viene a ser de oportunidad uno de esos golpes de efecto, en que de ningún modo entra la violencia, que sería contraproducente. Y no podía tener otro resultado porque estaba en la conciencia de la mayoría del Congreso que el arreglo de la deuda pública era de vital necesidad para la Nación, y que por el aspecto de la moralidad era un acto comparable al de un deudor que entrega a sus acreedores todo cuanto tiene, reservando solamente lo absolutamente necesario e indispensable para la subsistencia de la madre, esposa e hijos.

Los resultados prácticos de la gran medida fiscal, conducida hábilmente por el doctor Pérez, vinieron muy pronto a confundir a sus opositores, y entonces se reconoció la importancia del servicio que la Administración de 1872 a 1874 había prestado a la Nación. Para esto se necesitaba verdadero valor civil de parte del primer Magistrado y de su Secretario del Tesoro y Crédito Nacional, pero ésta sí era, según hemos dicho atrás, una de las grandes dotes políticas de ambos.

Al terminar la introducción a la Memoria de 1874, después de haber manifestado, en síntesis, que el problema fiscal que tanto había ocupado a nuestros hombres públicos, desde los primeros días de la Patria, estaba resuelto de una manera favorable, agrega el señor Secretario del Tesoro: "Toca a las nuevas Administraciones mantener en ese pie los resultados adquiridos; los cuales, sea dicho de paso, no son la obra de un hombre, ni acaso de una generación, sino del concurso, ya latente, ya manifiesto, de muchas inteligencias, el resultado del tiempo, y, sobre todo, el producto de una virtud: el manejo honrado de los caudales públicos".

Lástima grande -diremos con el poeta aludiendo al último concepto- que después del período regenerativo, no podamos ya alardear de tanta belleza.

Pocos días después fuí llamado al Senado para asistir a la discusión de un proyecto de ley por la cual se cedían ciertos derechos sobre las salinas marítimas de propiedad nacional, a los Gobiernos de Bolívar y el Magdalena. Combatí, desde luego, el mencionado proyecto, que estaba en tercer debate, fundado en que la cesión de aquellas salinas a los referidos Estados impediría el aumento del precio de la sal procedente de las salinas del interior, por la competencia que aquella podría hacerle en los mercados del Norte de Santander y parte de los del Tolima; quedando así privado el Gobierno del cuantioso recurso que por medio de tal aumento en el precio de la sal de producción oficial, se proponía obtener para ayudar a la construcción del ferrocarril del Norte; y el proyecto fue negado.

Olvidado tenía yo este incidente, cuando recibí, a las seis de la tarde, una esquela del Presidente, en que me citaba para las siete de la noche de ese mismo día a una conferencia en Palacio.

Sin la menor idea del asunto que se iba a tratar, me presenté en la casa de Gobierno a la hora señalada. Estaban allí reunidas las Diputaciones de Bolívar y Magdalena, con el General Santodomingo Vila, Comandante en Jefe de la Guardia Colombiana. No bien hube tomado asiento cuando el Presidente manifestó el objeto de la reunión, cual era el de que yo discutiera con aquellas Diputaciones el proyecto de ley que había combatido ese mismo día en el Senado. La discusión no fue demasiado larga, y dio el resultado que era de esperarse; ni yo logré convencer a mis honorables contrincantes, ni ellos pudieron hacerme cambiar de opinión. Suspendido el debate, tocaba al Presidente decidir la cuestión. Después de un corto silencio se levantó de su asiento, y frotándose las manos -lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer- se expresó en estos términos:

"Pues yo sí soy de opinión que el Gobierno federal debe ayudar con sus rentas a los Estados, para el sostenimiento de sus escuelas y la mejora de sus vías de comunicación. pero ustedes acaban de ver que el señor Secretario de Hacienda no participa de estas ideas". Y en seguida tomó su asiento.

Yo miré fijamente, por un momento, al señor Presidente; y después de cambiar unas pocas palabras con el diputado que tenía a mi derecha, me despedí de la Junta.

Cuando puse el pie fuera de Palacio me consideré también fuera de la Secretaría; y al llegar a casa extendí mi renuncia de aquel empleo, sin lo cual no habría podido dormir tranquilamente.

A las ocho de la mañana del siguiente día envié mi renuncia al Presidente; y en el término de la distancia recibí de él una esquela muy amable -como lo eran todas las que dirigía a sus Secretarios- en que me invitaba para que fuese a Palacio a las once y media del día.

Puntualmente, como lo he tenido de costumbre, concurrí al lugar de la cita. El Presidente me aguardaba, no sin alguna ansiedad, pues que al sentir mis pasos en la escalera, salió al corredor.

-¿Conque usted quiere abandonarme con cualquier pretexto? me dijo tomándome del brazo y conduciéndome a la pieza inmediata.
-No, señor -le contesté- dando a mi voz la más seria entonación posible. Me creo incapaz de una ligereza semejante. Lo que hay es que el señor Presidente y yo disentimos en una cuestión en que se compromete la mejor esperanza de emprender la obra para la que fuí especialmente llamado a la Secretaría de Hacienda.
-Pierda usted cuidado, mi buen amigo, y no se preocupe por tan poco. Déjeme arreglar ese asunto, y tenga seguridad de que la empresa del Ferrocarril del Norte será atendida por mí con toda preferencia. No defraude usted de ese modo la esperanza que he tenido de que marchemos en la mayor armonía. Y al decir esto, con la familiaridad que solía usar con algunos de sus amigos, me puso la renuncia dentro del bolsillo, sin decirme cómo pensaba arreglar el asunto.

Transcurridos algunos días, fuí informado de que el doctor Carlos Martín había presentado en el Senado, a nombre del Presidente, un proyecto de ley semejante al que se negó en la sesión de que antes he hablado; y que este proyecto había pasado ya en segundo debate. Inmediatamente ocurrí a casa del doctor Teodoro Valenzuela, que también era Senador, y le hice la súplica de que, al abrirse el tercer debate de aquel proyecto, fijara una proposición en que se me llamase para asistir a la discusión de él. Y como hubiese pasado el tiempo de la sesión sin haber recibido el llamamiento, me dirigí nuevamente al doctor Valenzuela a informarme de lo ocurrido; y él me manifestó que el doctor Martín le había impedido materialmente escribir la proposición. Al otro día, sin esperar el llamamiento, me dirigí al salón de la Cámara de Representantes; y tan luego como se abrió el primer debate del referido proyecto, hice uso de la palabra para manifestar que yo había combatido en el Senado, sin especial autorización del Presidente, un proyecto análogo al que actualmente se discutía; y después de exponer las razones que a ello me habían movido, y que son en compendio las mismas que atrás he manifestado, concluí diciendo que el hecho de haber sido presentado este proyecto en el Senado a nombre del Presidente de la Unión, y el de haber sido aprobado en todos tres debates por aquella Cámara, hacían de él una alta recomendación; y que yo suplicaba a la honorable Cámara que lo aprobase, al menos en primer debate. El proyecto pasó, sin embargo, con sólo dos votos de mayoría. Alguien debió llevarle esta noticia al Presidente, quien me dirigió en el acto una esquela en la que me suplicaba que al salir de la Cámara entrara en Palacio. Así lo hice, en efecto, y al llegar a la puerta del salón de recibo oí esta frase del Presidente dirigida al Secretario de Relaciones Exteriores, con quien se hallaba: "Pero Parra se ha obstinado". Una vez dentro del salón fuí saludado por el Presidente con toda la afabilidad que él empleaba en el trato social, Y en seguida me dijo: "He sabido que usted atacó hoy en la Cámara un proyecto de ley que yo hice presentar en el Senado, y lo he llamado para ver si al fin podemos ponernos de acuerdo en este asunto".

-Le han informado a usted mal -le contesté- yo no fuí a la Cámara a combatir el proyecto, sino a explicar mi conducta en lo relativo a él, para evitar que se piense que procedí con ligereza cuando ataqué en el Senado el primer proyecto sobre la misma materia; hecha allí esta explicación, nada más tengo que hacer en el asunto; pues yo no debo pretender que mi opinión prevalezca sobre la del señor Presidente. Pero lo que sí debo advertir es que la mayoría de la Cámara no se inclinaba a votar el proyecto.
-Está muy bien, me contestó: véngase usted mañana a almorzar conmigo, y le daremos la última mano a ese asunto.

Refería yo este incidente a mi amigo Miguel Salgar en la noche de ese mismo día, y él me contó entonces algo bien desagradable que con motivo de tal asunto había ocurrido entre el General Santodomingo Vila y el Presidente, y que éste se guardó de referirme. Es el caso que al siguiente día de la reunión tenida en Palacio para discutir el proyecto sobre salinas marítimas, el General Santodomingo le dirigió una carta al Presidente haciéndole el cargo de que prefería conservarme en la Secretaría de Hacienda a cumplir un ofrecimiento hecho a las Diputaciones de Bolívar y el Magdalena. El Presidente le contestó que él no podía hacer de eso una cuestión de gabinete, y que tampoco podía dejar de ver sin profundo desagrado que el Comandante de la Guardia Colombiana se dirigiese a él en la forma en que lo había hecho.

Mi conferencia al día siguiente fue de pocas palabras. El Presidente me manifestó el compromiso que tenía y la conveniencia que, a su modo de ver, había en hacer aquella concesión a esos dos Estados cuyas rentas eran muy escasas. Se convino, pues, en que, llegado el caso de elevar el precio de la sal, se solicitaría del Congreso el establecimiento de un impuesto de internación de sal marítima para evitar la prevista competencia, quedando así allanada la dificultad.

Entre las grandes dotes políticas del doctor Murillo, el conocimiento de los hombres -debido quizá más que al estudio a su natural sagacidad- y el don de gentes, no eran de las menos notables. Penetraba con facilidad así el carácter moral como las aptitudes intelectuales de las personas con quienes entraba en relaciones, y sabía muy bien para qué podía servir cada una de ellas; de manera que los malos nombramientos que solía hacer, o eran el resultado de compromisos personales, u obedecían a algún fin político, generalmente eleccionario.

Poseía el doctor Murillo en alto grado aquella cualidad que Macaulay echó menos en Guillermo III: el arte que dobla el valor de un servicio y hace perdonar el disgusto de una negativa. Varias veces le vi dar de limosna a una de esas señoras que llaman vergonzantes una pequeña moneda, pero lo hacía colocándola dentro de la mano, estrechando ésta y acompañando el favor de una cariñosa mirada. Muy al contrario de otros personajes a quienes he visto extender el brazo para regalar un peso, sin volver a mirar al que lo recibe. Fácilmente se advierte la distinta impresión que cada caso dejará en el ánimo del favorecido.

Aunque generalmente se le creía inconsecuente en la amistad, y se le atribuía el concepto de que en política no se debían pagar los servicios hechos sino los que estaban por hacer, yo creo que lo primero no pudo ser aplicable a sus amigos personales, pues yo soy testigo de que muchos de ellos lo fueron durante toda su vida; y en cuanto a lo segundo, nunca se lo oí decir. Ni en los círculos de sus más íntimos relacionados se expresaba jamás con vehemencia contra sus enemigos; y apenas si un fino sarcasmo solía escaparse de sus labios. En cambio era muy parco en el elogio; y tanto, que de todos nuestros hombres públicos sólo del General Santander le oía hablar con la debida admiración. Gustaba de bromear con sus inferiores, y chanceaba con los amigos de su intimidad.

La fisonomía del doctor Murillo era de las más inteligentes que he conocido; y tanto su mirada como sus modales eran en extremo seductores. Esmerado en su vestido y de una correcta educación, poseía además toda la distinción personal que es propia de las gentes de alta sociedad.

Como no hubiese sido en Tescua, donde debió de hallarse el 1°- de abril de 1841, en clase de Secretario del. General Carmona, ignoro que se hubiese encontrado en ningún otro campo de batalla. No tenía seguramente el valor militar propio de la mayor parte de nuestros jóvenes de buena sociedad, pero sí el valor personal necesario para hacerse respetar en toda situación como lo demostró en cierto encuentro con el doctor Alejo Morales, justamente reputado como valiente en todo campo. En lo tocante al valor de sus convicciones políticas y filosóficas, lo poseía en el más alto grado. Con su artículo Fotografía social y empirismo penal, demostró cuán capaz era de desafiar las preocupaciones sociales más arraigadas, a la manera como el General Santander lo había hecho mandando enseñar en los colegios públicos Legislación por Jeremías Bentham; y con el famoso artículo titulado Alea jacta est, arrojado como un guante a la faz del Gobierno en 1860, cuando acababa de estallar la gran revolución de aquel año, revolución que no había podido contener con toda su autoridad de Jefe del Partido, demostró que era muy capaz de arrostrar toda clase de persecuciones para conservar dignamente la posición que ocupaba en su partido.

En lo tocante a sus íntimos afectos, sólo diré que cuando un amigo me refirió que, hallándose a la cabecera del lecho mortuorio del doctor Antonio María Pradilla, derramó algunas lágrimas en el momento en que este amigo acababa de expirar, estuve por dudarlo. No hallaba compatible aquel movimiento de ternura con el estoicismo que yo había creído observar en el fondo de su carácter, y del cual dio la más elocuente demostración en la hora de su muerte. Tales me parecieron que eran los principales rasgos del carácter del hombre público que por tan largo tiempo brilló como estrella de primera magnitud en la tribuna política y en la prensa periódica; que tanto contribuyó al esplendor de la Administración del General José Hilario López, y que en la primera que le tocó a él mismo presidir (1864 a 1866) dio prueba de ser un verdadero hombre de Estado.

En su viaje a los Estados Unidos y Europa había modificado el doctor Murillo algunas de sus ideas políticas y económicas. De ahí el que hubiésemos visto, para no poner más de un ejemplo, al antiguo defensor del principio absoluto del dejar hacer, estableciendo en Colombia, por cuenta del Gobierno, el alambre telegráfico.

A diferencia de su primera elección presidencial (1863), que fue un acto espontáneo y casi unánime del liberalismo triunfante, la de 1871 encontró algunas resistencias. El mismo lo comprendió así, pues yo recuerdo haberle oído decir que por esa vez no se sentía fuerte. De ahí que se hubiese ayudado en la elección, bien que con toda la delicadeza propia de un hombre que se respeta a sí mismo, y a quien el manejo de los negocios y el trato de las gentes, añadido a su gran capacidad, habían dado un tacto exquisito. Pero es lo cierto que esa intervención, por indirecta que hubiese sido, como indudablemente lo fue, no dejó de crearle compromisos que le sirvieron de embarazo al principio de su Administración. No hubo ni podía haber nada que se pareciese a un contrato de do ut des; pero toda insinuación, por indirecta que fuese, en lo tocante a su propia elección, tenía naturalmente un valor entendido.

Desaprobado el nombramiento de Secretario del Tesoro, según se ha visto atrás, sin otro motivo acaso que el de suponerse que con ese nombramiento se retribuía al General Santodomingo Vila el apoyo que había dado a la candidatura Murillo, como Presidente del Estado de Bolívar, el personal del Ministerio quedó reducido por espacio de algunos días al Secretario de Hacienda y Fomento; lo que causó naturalmente mala impresión aún entre los amigos del Gobierno. Notada que fue por mí, lo hice saber sin demora al Presidente, quien en mi presencia envió a preguntarle al doctor Medardo Rivas, que tenía asiento en la Cámara de Representantes, si le hacía extender el nombramiento de Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, que indudablemente le había sido ofrecido; y como contestase negativamente, llegó el caso de pensar en otro candidato. Yo aproveché tal coyuntura para indicar al doctor Gil Colunje, indicación que fue aceptada por el Presidente con esta frase: "también es un amigo".

El nombramiento del doctor Felipe Pérez, en reemplazo del General Santodomingo Vila, hubo de retardar más aún, a causa, según pudo traslucirse, de que la desaprobación hecha al nombramiento de este último, puso receloso al doctor Pérez, que tenía asiento en el Senado, y quien como persona avisada no quería exponer su nombramiento a que fuese deslustrado con algunas balotas negras; motivo igual supongo que determinó la definitiva excusa del doctor Rivas. Pasados unos pocos días se encargó el doctor Pérez de la Secretaría del Tesoro, previa aprobación de su nombramiento por el Senado; y con el que se hizo en esos mismos días en el señor Manuel Abello para Secretario de Guerra y Marina quedó completo el Ministerio.

Poco días después de hallarme en posesión de la Secretaría me dijo el Presidente que fuera pensando en un candidato para Jefe de la primera Sección, pues que, en su concepto don Rafael de Porras, que desempeñaba ese destino, era un empleado esencialmente rutinero, y que me aconsejaba colocase allí una persona de mayores aptitudes, para evitar que pesase sobre mí, íntegramente, la parte más laboriosa del Despacho. Acepté con gusto la indicación, a reserva de informarme más detenidamente de la marcha de la oficina.

Don Rafael de Porras había venido desempeñando, desde el tiempo del señor Castillo Rada, un puesto más o menos subalterno en esa oficina, y tenía reputación de ser el más conocedor de su archivo; circunstancia a que debió, según yo mismo lo recordaba, el haber sido el único de los empleados de la Administración Ospina que continuó ocupando su puesto bajo el Gobierno provisional del General Mosquera en 1861.

Poseía en alto grado don Rafael las buenas dotes de los oficinistas de antigua data: espíritu de orden, absoluta consagración al desempeño de su empleo y la necesaria rigidez con sus subalternos. Era un anciano que rayaba en los setenta años; y se comprendía a primera vista que su separación de ese puesto sería para él casi un golpe de muerte, por cuanto le privaría de medios de subsistencia; pues bien sabido era que no había hecho ahorros en su larga vida de empleado.

Informado de esto el Presidente, me dijo que le ofreciera un puesto en la Casa de Moneda; y al hacerlo vi con pena cumplida mi previsión. Recibió el anuncio como la notificación de una sentencia, y profundamente inmutado me dijo, que si se le quitaba ese destino se le condenaría a la miseria, porque él se consideraba incapaz de desempeñar otro cualquiera. Yo le contesté sin vacilar: no tenga usted cuidado; mientras yo sea Secretario, usted conservará su destino. Nunca olvidó don Rafael de Porras este servicio, y yo no tuve por qué arrepentirme de haberlo hecho; pues era él precisamente el hombre que yo necesitaba en ese puesto. Yo había entrado en la Secretaría con el firme propósito de estudiar y resolver por mí mismo, a costa de cualquier esfuerzo, todos los asuntos que cursaran en mi Despacho, a fin de poder explicar y defender todos mis actos, si llegaban a ser censurados, ya fuese en las Cámaras Legislativas o por medio de la prensa. Y como me era casi absolutamente desconocida la legislación fiscal, necesitaba un subalterno que pudiese suplir esa falta, y que conociese además los antecedentes de cada uno de los negocios; y para esto no tenía rival el decano de los empleados subalternos de la Secretaría de Hacienda.

Se comprende desde luego cuán excesivo fue el trabajo que me impuse. Lo primero a que me contraje fue a estudiar la organización de las rentas públicas, especialmente las de Aduanas y Salinas; y la exposición que acerca de cada una de ellas hice en mi Memoria de 1873, las reformas que en ella recomendé y obtuve del Congreso, reformas encaminadas principalmente a moralizar esas rentas, y, por último, el incremento que ellas tomaron, son la demostración más inequívoca de que mis esfuerzos no fueron perdidos.

El impulso que la ley de mejoras materiales del año anterior (1871) dio al ramo de Fomento, no tenía precedente en nuestra historia.

"Este ramo de la Administración pública -dije en la citada Memoria de 1° de Febrero de 1873, página 67- ha adquirido de poco tiempo a esta parte una importancia tal, que no ha transcurrido quizá una semana desde que me encargué de la Secretaría de Hacienda sin que haya habido sobre la mesa de mi Despacho algún negocio relacionado con el de Fomento. Los contratos celebrados, que en número e importancia exceden a los que se hicieron durante las dos Administraciones precedentes, son la mejor demostración de lo que acabo de decir".

Y en efecto, el trabajo en este ramo se recargó de tal modo, que si no hubiera tenido yo una especial versación en materia de contratos -versación adquirida en varios años de práctica comercial-; y si no hubiera tenido en la Sección respectiva un empleado tan consagrado e inteligente como el señor doctor José Ignacio Escobar, no me habría alcanzado materialmente el tiempo para prestar toda la debida atención a ese solo ramo de la Secretaría; y no podría decir hoy, como con verdadera satisfacción lo hago, que ninguno de esos contratos mereció la menor censura por parte de la prensa, ni objeción alguna de parte del Congreso. A ese incesante trabajo debí el que se me hubiese eximido, por el Presidente, de la obligación de concurrir al Consejo de Gobierno, que se reunía diariamente en Palacio, y en el cual cada Secretario daba cuenta de los negocios que en su respectiva oficina estaban para resolverse. De ahí también, pero principalmente de la confianza con que me honró el Presidente, la especie de autonomía de que gocé en el ejercicio de mis funciones.

Puedo decir, sin exageración, que el Presidente descansó en su Secretario de Hacienda con igual confianza a la que un padre puede depositar en su hijo. Por regla general no se imponía el Presidente de los actos y resoluciones de la Secretaría de Hacienda, sino cuando aparecían publicados en el Diario Oficial; y no por negligencia, que no era éste ni por asomo defecto del doctor Murillo. Casi todo su trabajo, en lo relativo a contratos, se reducía a escribir cartas misivas al Secretario de Hacienda, recomendándole el despacho de cada uno de los negocios que se le proponían y la persona o personas proponentes.

Citaré algunos casos en que apareció claramente que el Presidente no se detenía un momento a examinar las propuestas que recomendaba.

Un día se presentaron en mi Despacho cinco distinguidos sujetos con una carta del Presidente, en que me recomendaba la celebración de un contrato con estos mismos señores para la construcción del puente de Girardot, manifestándome que, como tolimense, tenía especial interés en que se llevara a cabo esa obra, y que los amigos recomendados por él para contratarlo ofrecían -como así era la verdad- toda clase de garantías en lo tocante al cumplimiento de la obligación que contrajesen.

Con positiva complacencia y con la debida atención recibí a esos caballeros, a quienes también consideraba como amigos míos.

La Ley de 5 de junio de 1871, que autorizaba al Poder Ejecutivo para contratar la ejecución de varias obras materiales, entre ellas el referido puente, mandaba garantizar el 7 por 100 de interés anual sobre la cantidad en que se contratase cada una de ellas; y en su artículo 20 destinaba hasta 5.000.000 de hectáreas de tierras baldías, que el Poder Ejecutivo podría conceder, en cantidades proporcionales, como estímulo en favor de las empresas que se mandaba fomentar, y cuyo valor total montaba a la suma de $ 11.900.000. Acordado que fue el valor de la construcción del puente en la suma de $ 100.000, y aceptada por los proponentes la garantía del interés anual del 7 por 100 sobre esa suma, por el término de veinticinco años, quedaba por fijar la cantidad de tierras baldías que, como estímulo, debían adjudicarse a los contratistas. Y como les preguntase qué cantidad de hectáreas pretendían ellos que se les adjudicase, contestaron que 200.000.

A pesar de la consideración que me merecían estos caballeros, y de la seriedad y compostura que yo estaba obligado a guardar, no pude prescindir de traer a cuento una comparación que me ocurrió al instante. Dije a estos respetables amigos que la exigencia de 200.000 hectáreas de tierras baldías, en calidad de estímulo para contratar una obra de valor de cien mil pesos, me recordaba el modo de alimentar a los jornaleros en la Provincia de Vélez, en donde se les servía una pequeñísima cantidad de carne y un gran plato de ají, que, como se sabe, es un poderoso estimulante. Dos o tres de los contratistas sonrieron, pero otro se sintió mortificado y me observó con cierta vivacidad que el Presidente de la República no había hecho objeción alguna a los términos de su propuesta. No dudo que así sería -le contesté- pero conviene que usted tenga en cuenta que el Secretario de Hacienda también pone su firma en los contratos. En seguida abrí el Código de leyes de 1871, y presentándoles la que trataba de aplicar, les llamé la atención a las dos grandes cifras que en ella figuran, diciéndoles que para fijar la cantidad de tierras baldías que deberían adjudicarse en este caso, consultando la letra de la misma ley, el procedimiento no podía ser otro que el de practicar esta regla de proporción: si a $11.900.000 -cantidad a que asciende el valor total de las obras que por la citada ley se manda fomentar- corresponden cinco millones de hectáreas de tierras baldías, a $ 100.000 cuántas corresponderán? Y como resultase, en números redondos la cantidad de 42.016 hectáreas, los contratistas sorprendidos fueron echándose hacia atrás.

Pocos días después me preguntó el Presidente qué había sido del proyectado contrato para la construcción del puente de Girardot. -Qué había de ser- le contesté. Desde que yo vi a cinco magnates de la talla de los que usted me recomendó, unidos para contratar la construcción de aquel puente, comprendí que habían sufrido alguna equivocación; pues que en un contrato de la cuantía de ese, arreglado en sus condiciones a lo que dispone la ley, no podía dar margen a utilidades que, repartidas entre cinco, pudieran ser un halago para los autores de la propuesta. Así fue que, al ponerles de manifiesto las disposiciones de la ley, y el modo como yo entendía que debía aplicarse, desistieron de la empresa, según pude comprenderlo.

El Presidente sonrió ligeramente, y no me hizo ninguna observación.

La construcción de ese puente fue contratada por mí durante la guerra de 1876 a 1877, conforme a los precisos términos de la ley, y tuve la satisfacción de presenciar, en enero de 1884, la inauguración de esa importante obra.

No recuerdo si en ese mismo año o en el siguiente, que para el caso nada importa, dio el Presidente carta de introducción a un amigo suyo, en los expresivos términos que acostumbraba, para que solicitase de la Secretaría de Hacienda y Fomento un privilegio por cincuenta años para el establecimiento y explotación de un faro en cada una de las bocas del futuro Canal interoceánico; y otra, en iguales comprometedores términos, a otro de sus amigos, en que recomendaba una propuesta para contratar la acuñación en Europa de monedas de níquel, por valor efectivo de $ 60.000 equivalente a la de oro; y esto en virtud de una ley que había quedado rezagada en algún Código, y que el contratista había desenterrado, creyendo, seguramente, haber hallado un tesoro.

Como a primera vista se advierte, los mencionados proyectos de contrato no merecían los honores de la discusión; pero en fuerza de la recomendación del Presidente, yo hube de hacer semblante de tomarlos en serio, e hice a cada uno de dichos proyectos parte de las objeciones que saltaban a la vista, dejando comprender a los interesados la imposibilidad de celebrar tales contratos. Creí que eso bastaría, pero me equivoqué. Meses tras de meses se me estuvo instando para que los hiciera; y como al cabo de ellos hubiese ocurrido una pausa, o sea una suspensión de hostilidades, llegué a creerme libre de aquel fantasma, pero me equivoqué segunda vez. El día menos pensado se acercó a mi Despacho el señor Secretario del Tesoro, y me manifestó que tenía encargo del Presidente para preguntarme qué había habido de los tales contratos. No pudiendo dominar un movimiento de impaciencia, me puse instantáneamente de pie, y le dije al señor Secretario: Hágame usted el favor de decirle al señor Presidente que disponga de su Secretaría, pues no puedo tolerar que se me hable más de ese asunto.

Al subsiguiente día tuve necesidad de ir a Palacio, y ya puede figurarse el lector que no entré allí sin experimentar cierto embarazo. ¿Qué se piensa que sucedió? Pues que el presidente salió a recibirme con la misma amabilidad de siempre, sin darse por entendido de lo que había pasado dos días antes. Pero lo que más admirará al lector, es que yo no me hubiese detenido a meditar sobre la causa de una tolerancia tan insólita de parte de un hombre como el doctor Murillo, que no pecaba de paciente, y que al mismo General Mosquera le había puesto las peras a cuarto, en una correspondencia que yo tuve a la vista. Fue, pues, demasiado tarde cuando vine a caer en la cuenta de lo que pudo haber sido la causa de tanta lenidad. Lo digo sin ánimo de ofender la memoria de aquel grande hombre, a quien debí señaladas distinciones; y lo digo haciendo quizá un pequeño sacrificio de amor propio.

Como ya he dicho en otra parte de este capítulo, el doctor Murillo al prestar, indirectamente, apoyo a su candidatura, había contraído ciertos compromisos que, aunque tácitos e indeterminados, no podían dejar de pesar en el ánimo de quien como él tanto se distinguía por su buena educación, y por esmero que empleaba en conservar las buenas relaciones con sus amigos, a quienes no habría querido dar motivo de queja por cuestiones en que no mediara un grande interés político.

Pues bien, yo llegué a formarme el concepto de que, necesitando el doctor Murillo en la Secretaría de Hacienda y Fomento - que era por la que se hacía la mayor parte de los nombramientos, y en la que se celebraban casi todos los contratos- un hombre capaz de protestar, bajo su responsabilidad, los giros que él hiciese en remuneración de servicios eleccionarios, a falta del doctor Tomás Cuenca, tempranamente muerto, y cuyo vacío no se ha llenado aún, se fijó en mí, como una de las personas más adecuadas para desempeñar tan ingrata misión, dando así - lo diré sin ambages - una prueba más de su gran sagacidad.

Que la memoria del doctor Murillo me perdone, si al formar el juicio que antecede he incurrido en equivocación; pero es lo cierto que hasta hoy no he podido explicarme de otro modo, quizá no tanto el singular empeño de traer a la Secretaría de Hacienda a un hombre extraño a los negocios administrativos, cuanto la excesiva lenidad que empleó para conmigo, como su Secretario.

Los primeros nombramientos que se hicieron con mi firma fueron, si mal no recuerdo, los de Administrador y de Contador de la Salina de Chámeza, y lo fueron en personas desconocidas para mí. El día siguiente al de la publicación de ellos me buscaban con empeño dos amigos míos, que velaban por mi reputación tanto como por la suya propia -Januario Salgar y Jacinto Corredor- y me buscaban para decirme que los referidos nombramientos habían causado, aun entre los mismos amigos del Gobierno la más desagradable impresión. Con las orejas encendidas me dirigí en seguida a Palacio, donde afortunadamente encontré solo al Presidente, y sin dar tiempo para otra cosa, le referí lo que acababa de oír, agregando, con verdadera resolución, que no volvería a suscribir ningún nombramiento que no fuese hecho en persona conocida por mí. Tan desacertados debieron ser los dos de que se trata, que el Presidente guardó silencio. Para morigerar un poco la mala impresión que aquello debió causar en el ánimo del Presidente, y para mi propio desembarazo, traté en pocas palabras de otro asunto cualquiera antes de despedirme.

Al leer lo que antecede muchos pensarán que las relaciones entre el Presidente y su Secretario de Hacienda debieron ir enfriándose de día en día; mas, por extraño que parezca, sucedió enteramente lo contrario; prueba inequívoca de que era esa, y no otra, la conducta que de mí aguardaba el Presidente.

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