En 1869 fui elegido segunda vez Senador plenipotenciario por el Estado de Santander; y ese mismo año se verificó la elección del General Eustorgio Salgar para Presidente de la Unión, en competencia con el General Tomás C. de Mosquera, que expiaba en el destierro el crimen de lesa patria, perpetrado el 29 de Abril de 1867, y a cuya candidatura se adhirieron, no obstante, algunos jefes del partido conservador, entre ellos los señores General Leonardo Canal y doctor Carlos Holguín, quienes venían desde entonces buscando un traidor en las filas liberales que les abriese las puertas del Capitolio, y que al fin le hallaron en 1885.

Aparte del reconocimiento que los amigos políticos del General Salgar hacíamos de los importantes servicios por él prestados a la causa liberal en situaciones difíciles para ésta, y además de tener en cuenta las dotes de gobierno que había exhibido en la presidencia de Santander, una consideración de segundo orden contribuyó también a la proclamación de su candidatura para Presidente de la Unión.

Por razones que sería superfluo exponer, la candidatura del General Mosquera, proclamada y sostenida por la fracción liberal personalista, en liga con otra porción del partido conservador, no era aceptable en manera alguna por la parte doctrinaria de aquella colectividad, como no debió haberlo sido por ningún partido o fracción de partido capaz de anteponer el sentimiento de dignidad republicana a cualquier motivo seductor.

Pero temiendo ahondar demasiado, y con peligro, tal vez, para la paz pública, la división producida en las filas liberales por los acontecimientos políticos de 1867, quísose contemporizar de algún modo, sin comprometer la dignidad política, y se trató al efecto de suavizarle al General Mosquera el golpe del rechazo de su candidatura, presentándole como competidor suyo a un ciudadano con quien él mantenía, desde 1863, relaciones personales y políticas, que el golpe de Estado del 29 de Abril no había alcanzado a interrumpir, como no llegó tampoco a disminuír de modo muy sensible el prestigio del gran caudillo entre las masas liberales.

El General Salgar desempeñaba en ese tiempo la presidencia de Santander; y cuando tuvo conocimiento de que la mayoría de los Estados le había dado su voto para Presidente de la Unión, se trasladó del Socorro a Vélez, con un objeto cualquiera del servicio público, y allí, en conferencia privada, me hizo el honor de consultarme sobre el personal que debía componer su ministerio, advirtiéndome que era yo el único de sus amigos a quien había resuelto consultar el punto. Sin vacilar le presenté los nombres de los señores Salvador Camacho Roldán y Felipe Zapata, el primero para la Secretaría de Hacienda y Fomento y el segundo para la del Interior y Relaciones Exteriores; y él, también sin vacilar, acogió estas indicaciones, que me precio de haberle hecho, por razones que están hoy al alcance de todos; así como me precio también de haberle recomendado después -no recuerdo si directamente o si por conducto del Secretario del Interior- para Director de Instrucción Pública Nacional al doctor M. M. Mallarino, eminente hombre público y cumplido caballero, que desde 1866 me honraba con su amistad.

Como bien se recordará, el partido conservador abrigaba todavía por aquel tiempo (1870) fuertes prevenciones contra el General Salgar, a quien infundadamente atribuía responsabilidad en la muerte de algunos de los rendidos en el combate que, bajo su dirección, se libró en Bucaramanga a mediados de 1862, y del cual he hablado en otro lugar.

Fácil era desvanecer tan falsa imputación en el ánimo de adversarios desapasionados, y por experiencia conocedores del papel que la maledicencia desempeña en nuestras contiendas civiles; y como en el Senado de 1870, al que tuve el honor de concurrir, tenían asiento dos personajes conservadores -los señores General Pedro Alcántara Herrán e Ignacio Gutiérrez Vergara- con quienes tuve ocasión de relacionarme y a quienes logré inspirar confianza en mi sinceridad y patriotismo, fácil me fue borrar del ánimo de estos dos eminentes ciudadanos la desfavorable impresión que acerca del carácter moral del General Salgar habían llegado a producirles los inventores de la calumniosa especie.

Vino luego el acto de posesión del nuevo Presidente, y con éste el brillante y atinado discurso inaugural, que alcanzó a predisponer en sentido opuesto al ya indicado el ánimo de la generalidad de los conservadores. Y como las promesas de tolerancia política y de personal benevolencia que salieron aquel día de los labios del Presidente, se hubiesen visto muy luego confirmadas en la práctica, los sentimientos acerbos que hasta entonces existían con relación al General Salgar, se cambiaron de un día para otro en personales simpatías, las que, poco después, fueron traducidas en actos de cortesía y en demostraciones de confianza.

Pero errado anduviera quien atribuyese a estas solas causas el transitorio apaciguamiento del partido conservador,

El fracaso experimentado por él en la mañana del 10 de octubre de 1868, aleccionándolo severamente en cuanto a la naturaleza de las reacciones armadas, le hizo comprender que necesitaba de una larga tregua para preparase a entrar en nuevas campañas, como las que emprendió, todavía sin buen éxito, seis años después.

No pretendo hacer con esto al partido conservador un cargo del cual crea que pudiera haber estado exento el liberal en circunstancias análogas.

Siendo el principal objeto de los partidos oposicionistas la posesión del poder e implantar por medio de él sus respectivas doctrinas, mal podría pretenderse que la simple tolerancia política y los afables modos del Jefe de la Nación los hicieran cejar en su camino; y como por desgracia el dogma de la alternabilidad legal de los partidos ha venido a convertirse en una especie de mito o en algo así como el arco iris, que burla las esperanzas de cuantos pretenden asirlo, no ha quedado a los partidos oposicionistas en tan tirante situación otra alternativa que la de soportar pacientemente la exclusión más o menos absoluta del poder, o apelar al recurso extremo de la fuerza para adueñarse de él. De allí esa serie de revoluciones que han diezmado nuestra población, pervertido nuestras costumbres, paralizado, o poco menos, nuestra incipiente industria, postrado el crédito exterior de la Nación, y hasta comprometido la existencia de la forma republicana. Mas, sea de ello lo que fuere, es lo cierto que con la Administración Salgar vino una tregua entre los partidos, que alcanzó a cobijar la siguiente Administración presidida por el doctor Murillo; tregua en un todo semejante a la de que, por causas análogas, había disfrutado el país quince años antes bajo la Administración Mallarino. Tal parecía como si un nuevo y benigno clima político hubiese sido creado exclusivamente para esos breves períodos administrativos; sin que por ello dejaran de entrar, como importantes factores en la marcha pacífica del país, las dotes políticas de aquellos tres afortunados gobernantes.

Reanudando ahora el hilo de la narración, me ocupare, con la brevedad acostumbrada, en las sesiones del Senado de 1870.

El asunto más importante en que se ocupó esta corporación fue el tratado sobre excavación de un canal interoceánico a través del Istmo de Panamá, celebrado entre el Poder Ejecutivo y el Ministro de los Estados Unidos de América, con autorización de su Gobierno.

Por este tratado se obligaba el Gobierno Americano a mandar hacer por su cuenta las exploraciones necesarias para averiguar la practicabilidad del Canal, y a ejecutar esta obra, por sí o por medio de alguna compañía empresaria, en caso de ser satisfactorio el resultado de las exploraciones.

El Gobierno de Colombia concedía al de los Estados Unidos de América privilegio exclusivo por el término de cien años, para abrir, administrar y explotar una vía interocéanica, pudiendo establecer a este efecto una tarifa de derechos para los buques mercantes cargados y descargados, y para los buques de guerra de otras naciones que pasaran por el Canal; derechos que se cobrarían en proporción al tonelaje; y sobre la base de la más perfecta igualdad en todo tiempo y para todas las naciones. Al Gobierno de Colombia se le asignaba un tanto por ciento en el derecho de toneladas.

El Gobierno de la Unión Americana garantizaba al de los Estados Unidos de Colombia, que el Canal, con sus dependencias y anexidades, sería inmune y estaría exento de toda hostilidad por parte de otra nación o potencia extranjera; para lo cual los Estados Unidos de América se hacían aliados de los Estados Unidos de Colombia, a fin de ayudarles a rechazar cualquier ataque o invasión a las obras y propiedades garantizadas; siendo entendido que los gastos que esta defensa ocasionase serían de cargo exclusivo de los Estados Unidos de América.

Las partes contratantes se reservaban el derecho de pasar por el Canal sus buques, tropas y municiones de guerra en todo tiempo, libres de todo gravamen, impuesto o derecho; y declaraban que el Canal estaría cerrado a la bandera de la nación que se hallase en guerra con cualquiera de las partes contratantes. Estipulaban igualmente que no podrían pasar armadas por el Canal otras tropas que no fuesen las de los Estados Unidos de Colombia al servicio de su gobierno constitucional, y las de los buques de guerra de las naciones que se hallasen en paz con ambas partes contratantes; debiendo ser, con las indicadas excepciones, absolutamente libre el uso del Canal para todas las naciones y para toda clase de objetos sin distinción.

Este proyecto de tratado, cuyas estipulaciones principales se acaban de ver, fue pasado al estudio de una comisión nombrada por el Senado y compuesta del General Pedro A. Herrán y de los doctores Ezequiel Rojas y Carlos Martín. De estos tres Senadores, los dos primeros informaron favorablemente, indicando algunas modificaciones, y el tercero lo hizo en sentido opuesto, por medio de un extenso y bien elaborado informe, en que combatían el tratado, fundándose principalmente en el carácter aleatorio de la obligación contraída por el Gobierno Americano para construír el Canal. Creyóse entonces por algunos Senadores, entre ellos el informante, que la apertura del Canal era una empresa en alto grado lucrativa, que podría suscitar la codicia de otros empresarios, y que se perdería acaso un tiempo útil para dar lugar a provechosa competencia, con el otorgamiento de largos plazos, cual se suponía que lo era el de tres años para verificar las exploraciones y el de dos más para dar principio a la obra, en el caso eventual de que el Gobierno Americano la considerase practicable; pues que durante ese tiempo el Gobierno de Colombia no podría celebrar ninguna otra negociación sobre apertura del Canal.

No faltaron tampoco espíritus suspicaces que atribuyeran al Gobierno Americano el velado propósito de estorbar por medio de la posesión del privilegio, el que algún otro empresario contratara la obra del Canal, que una vez en servicio privaría a la Unión Americana de la preponderancia naval que hoy tiene en las aguas del Pacífico; supuesto tanto más fundado, se decía, cuanto el Gobierno de Colombia no estaría nunca dispuesto a ceder un punto en lo relativo a la neutralidad del Canal y al paso libre para los buques de todas las naciones que estuviesen en paz con la República, y sobre la base de una perfecta igualdad para el cobro de derechos de tránsito.

Pero ni esto, ni el temor que inspiraba a algunos la alianza con nación tan poderosa, sin embargo de estar ella limitada en sus efectos a la defensa del Canal; ni los vigorosos ataques de que fue objeto el tratado por parte de los senadores Martín, Quijano, Ferro y Agustín Núñez, fueron eficaces para suspender la consideración de él, ni para evitar la definitiva aprobación, que con algunas importantes modificaciones y por gran mayoría de votos le impartió el Senado.

Por desgracia fue inútil esa larga y afanosa labor parlamentaria; pues que el Gobierno Americano, dejando transcurrir el tiempo hábil para ratificar el tratado, consintió en la caducidad de él; no habiendo venido a quedarle a Colombia, como fruto de aquel esmerado estudio, otra cosa que los notables discursos pronunciados en el curso del debate, los que, habiendo sido publicados en los Anales del Senado de aquel año, serán objeto de interesante lectura para nuestra estudiosa juventud. En ese gran torneo parlamentario brillaron, alternativamente, la lógica incisiva y de una sola pieza del doctor Ezequiel Rojas, el mesurado razonamiento del doctor Justo Arosemena, la sonora verbosidad del doctor Carlos Martín, la frase abundante y a menudo irónica del doctor Manuel de J. Quijano, la pomposa oratoria del doctor Rojas Garrido, la sólida argumentación del doctor Jacobo Sánchez, el espíritu analítico y la correcta dicción del doctor Antonio Ferro, las juiciosas observaciones del General Pedro A. Herrán... para no emplear calificativos sino respecto de los Senadores que más intervinieron en el debate, sin dejar de mencionar a los que con menos frecuencia terciaron también en él, como los señores Mauricio Verbel, J. de la Cruz Restrepo y Juan Mendoza.

Yo sólo tomé parte en la discusión de algunos pormenores del tratado; por lo demás, mi labor legislativa se contrajo especialmente al ramo que considere más a mi alcance. Defendí, en efecto, un proyecto de ley en que se declaraba libre la explotación de los bosques nacionales, el cual pasó a ser ley de la República.

Este acto legislativo vino a dar con el tiempo un poderoso impulso a nuestra industria extractiva y mayor incremento, por consiguiente, a la renta de aduanas, mediante el cambio de productos naturales de nuestros bosques por artefactos extranjeros, sujetos al pago de derechos de importación. Así se lograron a un tiempo dos importantes objetos: el de formar una nueva industria al alcance de todos, y aumentar la renta de aduanas en una cantidad muy superior a la que alcanzaba a producir el derecho de explotación de bosques, establecido por disposiciones anteriores.

Como el Gobierno carecía de datos o informes exactos sobre la verdadera riqueza de nuestros bosques, y sobre los lugares en que las sustancias vegetales y minerales que la constituyen son más o menos abundantes, se hallaba inhabilitado para administrarlos, a fin de obtener para el Tesoro rendimientos proporcionados al valor de los productos que se extrajesen; Y se hallaba, por el contrario, en situación de ser explotado él mismo por la codicia individual. Estas consideraciones eran bastantes para que el Congreso se decidiera, como se decidió, a dejar al interés particular el descubrimiento y la extracción de esos productos, y a abrir nuevo campo fiara el trabajo remunerador a una población que languidece por falta de industrias lucrativas. Lo otro era simplemente hacer representar al Gobierno el odioso papel del perro del hortelano.

Sostuve igualmente un proyecto de ley "sobre civilización le indígenas", y otro "sobre colonización de Territorios nacionales", que fueron ambos sancionados.

Sobre este mismo asunto dije en mi Memoria de Hacienda le 1873 lo que se leerá a continuación:

Sentado que el valor de las tierras guarda más proporción con la capacidad productiva de ellas, con su situación y tras condiciones de importancia y naturaleza varia, que con su extensión, apenas puede explicarse por la falta de un plano catastral de nuestros baldíos y por la conveniencia e fomentar cuanto antes su explotación y cultivo, el que asta aquí se haya aceptado, tanto por el Gobierno como por el comercio, un precio uniforme para todos ellos, sin distinción de zonas, de climas ni aún de situación; procedimiento a virtud del cual puede suceder que un globo e tierra que contenga inmensas riquezas consistentes en depósitos de guano o de salitre, o en vegetales preciosos, sea pedido en cambio de títulos que apenas valen de 25 30 centavos por hectárea, sin que el Gobierno pueda negar su adjudicación. Esta consideración fue la que principalmente me determinó a combatir en la Cámara de Representantes, como Secretario de Hacienda, el proyecto derogatorio de la y sobre libre explotación de bosques nacionales, expedida por el Congreso de 1870.

"Para administrar con acierto una finca o propiedad cualquiera, se necesita tener algún conocimiento, aunque sea aproximado, de su valor: lo demás es obrar a ciegas y exponerse a dar por diez lo que vale ciento o mil. En este caso, siendo del Gobierno la propiedad que se ha de administrar, vale más entregarla sin restricción al uso común. Y comoquiera que el Poder Ejecutivo no conoce ni puede conocer actualmente, por aproximación, el valor de cada lote que se le pida en arrendamiento, en tanto que el que lo solicita sí ha podido examinarlo y calcular su precio poco mas o menos, resulta que el Gobierno, como arrendador de bosques nacionales, no contaría en su favor ni con una probabilidad entre ciento de no ser engañado por los particulares.

"Ahora, para el levantamiento del plano de los baldíos se tropieza con una dificultad y un inconveniente: la dificultad consiste en el gasto considerable que exige la ejecución de este trabajo; y el inconveniente en que una vez hecho el plano y conocidas las condiciones de fertilidad y riqueza de cada una de las secciones en que éste se divida, los tenedores de títulos, que lo son por valor de millones de hectáreas, se harán adjudicar las mejores tierras y aprovecharán así del ingente gasto que haga la Nación. El resultado sería, pues, que no sólo se venderían las mejores tierras a precio ínfimo, sino que se entregarían dotadas, para valerme de una expresión comercial. Pero esto nada importaría si los adjudicatarios de grandes lotes territoriales tuvieran el deber de colonizarlos en un tiempo determinado; pues en este caso el aumento del valor de ellos, o sea la riqueza pública, compensaría suficientemente al Gobierno del gasto que hiciese en el levantamiento del plano, y esta compensación no se haría esperar largo tiempo. Nada importaría tampoco, y al contrario sería de celebrarse que la explotación y cultivo de nuestros baldíos diese grandes ganancias a sus nuevos poseedores, siempre que por cada cincuenta hectáreas de tierra que explotasen establecieran una familia de trabajadores. Para la riqueza y engrandecimiento del país valdría más un millón de colonos dedicados al cultivo de la tierra, al laboreo de las minas o al ejercicio de otras industrias, que cuanto tesoros ocultos pueden existir en nuestros bosques. Y si en busca de ellos ha de venir el inmigrante europeo, como el único aliciente que por ahora le brinda nuestro país, en buena hora que los descubra y aproveche, siempre que por cada mina que explote funde una aldea o abra una vía de comunicación.

"Pero no existiendo semejante obligación ni aún de parte de los tenedores de bonos territoriales emitidos a favor de los acreedores extranjeros conforme al convenio de 1861, lo que probablemente resultaría del levantamiento del plano, sería que dichos tenedores colocarían sus títulos, como cosa de un valor insignificante, haciéndose adjudicar las mejores tierras, y aguardarían tranquilos el tiempo en que, por el progreso natural del país, dichas tierras adquiriesen valor. Este resultado sería funesto para la Nación, porque la privaría del único medio de que dispone para estimular la inmigración extranjera e impulsar las mejoras materiales.

"En tal estado de las cosas, lo que más conviene seguramente es fijar a los poseedores de títulos y bonos territoriales un plazo fatal -seis u ocho años, por ejemplo- dentro del cual les sea forzoso pedir la adjudicación de las tierras y una vez hecha ésta, proceder al levantamiento del plano de los baldíos que queden sin adjudicar. Esta medida me parece necesaria, y la considero equitativa en razón a que el sacrificio que impone a cada una de las partes interesadas tiene su compensación respectiva. En efecto, si la Nación se priva de la ventaja que de hecho tiene en la actualidad de disponer libremente de las más valiosas porciones de sus baldíos, dejando la más erial e improductiva a los poseedores de títulos remiso en solicitar la adjudicación de ellos, también es cierto que el Gobierno no se aprovecha de esta ventaja por falta de conocimiento de las tierras de que puede disponer; y si de otro lado habrá de suceder que los dueños de títulos de tierras baldías, constreñidos a tomar las porciones que les correspondan, traten de buscar las mejores, el conocimiento que ellos adquieran de fertilidad y riqueza de cada porción que elijan, dará el resultado que se tuvo en mira al enajenarlas; el de que sean examinadas, conocidas y aprovechadas lo más pronto posible.

"En cuanto a los dueños de títulos, es cierto que se les obligaría a concretar su derecho, refiriéndolo a determinada porción de baldíos, y a hacer los gastos de mensura y levantamiento de planos; pero la libertad de elegir las mejores tierras, que pasados algunos años quedará completamente anulada, por virtud de las concesiones que diariamente hace el Gobierno, sería para ellos real y efectiva. Por otra parte, pugna, a mi entender, con las más triviales nociones de equidad y con los principios del derecho común, el que una propiedad como los baldíos de la Nación haya de permanecer indefinidamente a merced de titulares, que, no haciendo el menor aprecio de ellos, no se cuidan de utilizarlos, Y que defraudan así a la Nación, sin quererlo ni aún pensarlo, de las ventajas que reportaría con la apropiación y cultivo de ellos, que es precisamente lo que se ha tenido en mira al cederlos o enajenarlos.

"Nuestra imprevisión, en esta materia, como en la del crédito público y otras muchas, ha sido grande sin duda; pero todavía es tiempo de poner remedio, siquiera sea en parte, y salvar para las generaciones venideras lo poco que aún queda del patrimonio nacional".

Obra de ese Congreso fueron también, entre otros muchos que sería largo enumerar, los siguientes actos legislativos:

El de 17 de mayo, sobre reconocimiento en los patriotas cubanos de los derechos de beligerancia, proyecto que, acompañado de un luminoso informe -publicado en el número 1.822 del Diario Oficial- fue presentado por el Senador Arosemena y aprobado por unanimidad de votos;

La Ley de 23 de junio que reformó la tarifa de aduanas, rebajando el impuesto que gravaba las telas destinadas al consumo de la clase proletaria;

La que estableció el jurado de aduanas, sabia institución que aún subsiste;

La que organizó el impuesto y la renta de salinas, a efecto de facilitar la reducción a 70 centavos del precio oficial de cada arroba de sal compactada; y

La que autorizó al Ejecutivo para organizar la instrucción pública primaria a cargo de la Unión.

Por esta ley se mandó auxiliar la fundación de escuelas normales en las capitales de los Estados, y se fomentó la propagación de la enseñanza primaria en los distritos y en las poblaciones rurales; con lo cual se produjo el movimiento instruccionista más vasto y fecundo que se ha visto hasta hoy en Colombia.

Entre más de cien actos legislativos que expidió aquel Congreso, tendientes a desarrollar un sistema de administración pública congruente con el régimen de libertad establecido en la Constitución de 1863, y destinados a promover el adelanto moral Y material del país, apenas pueden contarse cuatro destinados a favorecer de modo especial a individuos particulares, y eso por medio de justas e insignificantes condonaciones, y de pensiones puramente alimenticias, decretadas éstas a favor de servidores públicos, sin distinción de partidos.

Si se exceptúa una controversia de carácter personal, suscitada en el curso del debate sobre Canal interoceánico, entre los Senadores doctor Ezequiel Rojas y doctor Carlos Martín, motivada, a lo que recuerdo, por una expresión vertida en el calor de la improvisación por el segundo de ellos y recibida por el primero como manifestación de desacato a su persona, o de pedantesco desdén por sus razonamientos; si se exceptúa ese episodio de ingrata memoria, nada hubo en los debates que desdijese en lo mínimo de la calma y circunspección propias de una corporación como aquella. Debo advertir que, al señalar el origen de tan ruidosa disputa, no me atengo únicamente al vago recuerdo que hoy puedo hacer del modo como ella principió, sino que me fundo, además, en una de esas expresiones que no se olvidan, sobre todo si han sido proferidas por algún alto personaje y en ocasión solemne; expresión que, además de indicar claramente de dónde partió el ataque, da idea del tono singularmente agresivo que asumió la controversia: "Yo soy como la culebra -dijo en su segunda réplica el doctor Rojas, como para justificar lo fuerte del lenguaje que había empleado en la primera- yo soy como la culebra, que cuando la pisan muerde". Por demás está decir que aquellos discursos, que ocuparon dos sesiones, no fueron publicados.

Ahora, por lo que hace al recíproco tratamiento oficial o parlamentario, y a las relaciones personales entre los miembros de la mayoría y los de la minoría de las Cámaras, especialmente en el Senado, todo fue de lo más correcto y arreglado a las prescripciones de la civilidad. Puedo agregar -aunque por lo inusitado parezca hoy increíble- que la mayoría reveló en todos sus actos un verdadero espíritu de concordia. Viven todavía, que yo sepa, de los conservadores que formaron la minoría, los señores General Marceliano Vélez y doctor Demetrio Viana, quienes pueden dar testimonio de ese hecho.

Dicen los historiadores que la legislación de un país es el mejor termómetro para conocer el grado de civilización y cultura a que haya llegado; observación cuya exactitud parece incontestable. Partiendo de ese principio, y descendiendo de lo general a lo particular en su aplicación, puede decirse que las leyes que un partido dicta son su fotografía moral, y que, por consiguiente, de la comparación que se haga entre las que son obra de cada colectividad política, se podrán deducir la diversidad de tendencias políticas que las distingan, las miras patrióticas o liberticidas que hayan tenido, y los medios lícitos o inmorales que hayan adoptado en cada caso para lograrlas. Refiriéndome ahora a la obra política y administrativa de los dos partidos que desde 1863 se han alternado en el poder, sería de desear que un juez imparcial comparase la labor legislativa ejecutada durante la última década de la dominación radical, con la llevada a cabo por el partido regenerador en un lapso igual, a partir de 1886. Claro es que bajo la atmósfera política que nos rodea, ese juez imparcial no puede existir; pero a los liberales debe tranquilizarnos la seguridad de que él llegará, tarde o temprano, y que se llamará la HISTORIA.

Como el problema de la civilización de nuestras tribus salvajes está todavía por resolver, juzgo que no será inútil insertar para final de este capítulo el informe que sobre tan importante asunto presenté al Senado en aquel año, y que tomo del número 1.875 del Diario Oficial. Es como sigue:

Ciudadanos Senadores Plenipotenciarios.

El proyecto de decreto que concede un auxilio del Tesoro nacional para la civilización de los indígenas goajiros, propuesto por los señores Senadores Vélez y Vengoechea, es el primer paso que se da, bajo el imperio de la actual Constitución, para hacer eficaz la disposición del inciso 4°-, artículo 18 de ella, que hasta ahora se ha mirado en sí como letra muerta.

La civilización de los indígenas es uno de los más importantes ramos de gobierno que deben fijar la atención del Congreso, y aunque desde los primeros años de la República se han expedido algunas leyes, hasta ahora no se ha hecho nada efectivo.

Las excitaciones dirigidas por el Poder Ejecutivo al actual Congreso, y la favorable acogida que tuvo en primer debate el proyecto sobre que tengo el honor de informaros, hacen presumir que la ocasión es propicia para legislar en la materia.

En mi concepto, pueden hacerse al proyecto dos objeciones: la de ser insuficientes los medios que propone, y la de limitar sus efectos a una sola sección de la República. La civilización de los indígenas no es una obra fácil, que pueda llevarse a cabo por el laudable interés de algunos individuos y la caridad de un misionero, por grande que ésta sea. La reducción de las tribus salvajes tiene que ser el fruto de la acción poderosa y permanente del Gobierno durante muchos años, y para que esta acción no desfallezca o se descuide, es preciso comprometer en la empresa todas las secciones de la República en que haya indígenas, para que, unidas por un interés común, se apoyen mutuamente, y la obra cuente siempre con la protección de la mayoría del Congreso.

Uno de los inconvenientes que para este género de empresas que presenta la federación, consiste en que los Estados no apoyan con buena voluntad sino aquello en que están directamente interesados; y de allí viene la natural propensión a negar las medidas que ocasionan gastos del Tesoro nacional cuando el beneficio que se deriva de esos gastos no alcanza a cobijarlos a todos.

Las empresas que se acometen con escasos recursos y que no están sostenidas por un fuerte y permanente interés de los que contribuyen para ellas, son en lo general empresas frustradas, y lejos de producir buenos resultados, los gravámenes que ocasionan solo sirven para desalentar los ánimos. Lo que una vez sale mal, cuesta trabajo emprenderlo de nuevo; y vale más no hacer nada que dar principio a lo que luego se ha de abandonar. Creo, pues, que en esta materia, o no debe legislarse, o debe emprenderse con perseverancia y resolución un plan general para civilizar los indígenas.

Para el Gobierno la cuestión no se limita a convertir a la verdadera religión algunas de las hordas gentiles; su objeto es iniciarlos en todos los usos y costumbres que constituyen la civilización. El concurso de misioneros cristianos es, sin duda, indispensable, tanto para la protección que debe darse a los indígenas, como para que les infundan las ideas de justicia y caridad sobre que estriba el orden social; pero el solo concurso de misioneros no es suficiente. La empresa de civilizar los indios no puede llegar a buen resultado si no se verifica al mismo tiempo la colonización de los territorios que ocupan, a fin de obligarlos a entrar en relaciones de amistad y comercio con la población civilizada. Sin que pretenda atenuar los buenos efectos de la predicación evangélica, juzgo que las relaciones que el interés establezca entre los indígenas y los colonos, será lo que más eficazmente contribuya a hacerlos abandonar sus costumbres bárbaras y a adquirir poco a poco los hábitos de la vida civil.

Llevar a cabo un plan de civilización con inmigración extranjera, es un proyecto que ocasionaría grandes gastos, y en el que no se puede pensar seriamente. Para emprenderlo con los actuales recursos del Tesoro, sería preciso principiar por introducir una severa economía en los gastos públicos y disminuír las pensiones, cosas ambas imposibles, pues la experiencia demuestra que los intereses generales, cuando no tienen en su apoyo sino los buenos deseos de un patriotismo sincero, pero indolente, no pueden luchar con las pretensiones particulares, cada día más exigentes.

El medio que, sin imponer nuevos gravámenes al Tesoro, realizaría con el tiempo la colonización de los territorios ocupados por tribus indígenas, es el que ha iniciado el señor Salgar en el decreto que organiza las misiones de Opón. Este medio consiste en destinar una parte de la fuerza pública a la fundación de colonias agrícolas que sirvan de apoyo a las misiones que se establezcan. Según el plan trazado por el señor Salgar, los individuos de la fuerza que la Ley de 5 de junio de 1868 destina para la defensa de los establecimientos de agricultura que se funden en lugares expuestos a las agresiones de los indios, deben establecerse en ellos como colonos, sin perjuicio de cumplir sus deberes militares.

Con meras concesiones de tierras baldías no se logrará jamás, como lo han pretendido algunas leyes de fomento, que familias de trabajadores destituídas de todo patrimonio, abandonen las poblaciones y se establezca en nuestras selvas; porque necesitan víveres para sostenerse mientras las labranzas producen con qué atender a sus necesidades. Esta dificultad no existe respecto de los soldados, puesto que ellos reciben su ración diaria, de la cual se les podría hacer ahorrar una parte, que se les entregaría al licenciarlos, con el fin de que pudiesen hacer frente a los primeros gastos de sus establecimientos.

La colonización de nuestros territorios por medio de la fuerza pública, que, emprendida con los escasos recursos de los Estados, ofrece resultados remotos, sería susceptible de un gran desarrollo si se acometiera por el Gobierno federal. No hay que entrar a exponer la organización que debería darse a las colonias, ni las condiciones con que pudiera lograrse el establecimiento permanente de los soldados en los lugares a que fueran destinados. Esto sería asunto de administración, que correspondería al Poder Ejecutivo, el que podría hacer que cada colonia fuese, en cierto modo, una escuela rural que contribuyese a mejorar los medios de cultivo, y a libertar a nuestra agricultura de las perniciosas rutinas que entraban su prosperidad.

Pudiera suceder que no se lograse la reducción de los indígenas, a pesar de los trabajos que se emprendiesen; pero de las colonias que se fundaran, aunque fueran pequeñas y en corto número, siempre se obtendrían ventajas de suma importancia. El servicio militar es una carga gravosísima que pesa, sin compensación, sobre la parte más infeliz de nuestra población. Al ser licenciado, el soldado vuelve a su casa tan pobre como salió de ella, habiendo perdido el hábito de trabajar, y llevando, en lugar de sus sencillas costumbres de labriego, los vicios que se adquieren en los cuarteles. Si en vez de mantenerlos en guarniciones, se destinase a los soldados a la fundación de colonias, ellos obtendrían una justa retribución por el servicio que prestan, pues el día en que fuesen licenciados se encontrarían convertidos en propietarios de tierras y se hallarían en posibilidad de atender a sus necesidades.

No debe olvidarse que son los valles bañados por nuestros grandes ríos los únicos que están destinados a una gran producción agrícola; y que si los capitales no se arriesgan sino con timidez a emprender el cultivo de estos territorios, es por lo difícil y aventurado que es fundar establecimientos de agricultura cuando se tienen que llevar trabajadores de lugares lejanos. Si tuviera efecto la fundación de las colonias, estas dificultades desaparecerían: los capitales, contando con brazos seguros, vendrían en apoyo de los trabajadores, Y cada grupo de población sería no muy tarde el centro de valiosas plantaciones.

Por otra parte, hay un grande interés nacional que exige urgentemente la colonización de ciertas porciones de territorio.

La República, con títulos evidentes, ha disputado con dos naciones limítrofes el dominio de vastos territorios habitados por indígenas; mas, en realidad, nada se ha hecho hasta hoy para asegurar su posesión.

El Brasil, con superior previsión e inteligencia, ha empezado a fomentar colonizaciones en las tierras que nosotros defendemos con documentos; pero la verdad es que las cuestiones de límites serán resueltas no por los diplomáticos sino por los colonizadores. La nación que primero colonice los terrenos que están en litigio se hará dueña de ellos. Y así parece que debe de ser, pues no se conciliaría con los sentimientos de justicia que el titulado dueño de grandes porciones de territorio que, con culpable indolencia, ha dejado en absoluto abandono, fuera, después de que ellos hubieran adquirido valor por la inteligencia e industria ajenas, a disfrutar su dominio, fundado en los derechos que le dieran algunos viejos pergaminos.

!Cuánto mejor sería que el ejército, encargado de defender con las armas nuestras fronteras, empezase desde ahora a mantenerlas con los instrumentos del trabajo pacífico! Nuestros oficiales encontrarían en estas empresas los medios de acreditar el vigor de que son capaces, y de adquirir grados, posición y fortuna. Siempre se dará con más general aplauso, y se llevará con más honor el grado que se confiera al oficial que ha abierto a la producción nacional cien hectáreas de baldíos, que al que ha destruído en el campo de nuestras guerras civiles a otros tantos enemigos.

En desarrollo de las ideas indicadas, vuestra comisión ha formulado el adjunto proyecto de ley, y os propone lo siguiente:

‘Suspéndase la discusión del proyecto que concede un auxilio para la civilización de los indígenas guajiros, y considérese el que presenta la Comisión’.

Ciudadanos Senadores.
Bogotá, marzo 18 de 1870.

AQUILEO PARRA"

Debo referir aquí un incidente de mi vida pública, que, si bien al parecer es de poca entidad, tuvo cierta trascendencia política de mal efecto, no precisamente con relación a mí sino al partido liberal.

Como Presidente de la Asamblea Legislativa de Santander, en sus sesiones de aquel año (1870), me tocó dar posesión al General Wilches de la Presidencia del Estado. No había mediado hasta entonces entre los dos, ni llegó a crearse después, ningún vínculo de amistad personal, pero sí existía el de confraternidad política y el de paisanaje, si no tan caro este último entre santandereanos como lo es entre antioqueños, por ejemplo, sí bastante apreciado. Yo estimaba al General Wilches como a un esforzado y valeroso campeón del liberalismo, y él no debía de tener de mí mal concepto.

Pocos días después de haberse encargado de la Presidencia le fue remitido, para su sanción, un proyecto de ley presentado por mí a la Asamblea, en el que se cedía a la Nación, para que la administrase por su cuenta, una sección territorial de Santander, conocida después con el nombre de Territorio nacional de Bolívar. El Presidente tuvo a bien devolver el proyecto con observaciones, que fueron combatidas por mí en la Asamblea; y esta corporación, en la que el General Wilches contaba con numerosos amigos, declaró infundadas las objeciones por unanimidad de votos.

Pocos días después tuve ocasión de observar cierto desabrimiento en el trato particular del General Wilches; circunstancia que, habiendo sido notada por varias personas de la ciudad del Socorro, fue generalmente atribuída a una mala impresión que diz que le había causado al Presidente no sé qué pasaje de mi discurso.

No habiendo encontrado yo en éste nada que pudiera servir de fundamento a tal suposición, juzgué benévolamente que la derrota parlamentaria era lo que había herido la susceptibilidad del Presidente.

Mas, habiendo observado en el transcurso del tiempo, que la inquina de este personaje político no daba muestras de ceder, hube de pensar -y esa es todavía hoy mi opiIliónque el verdadero motivo de la displicencia, y aún antagonismo del General Wilches para conmigo, provenía de un concepto equivocado. Los diputados del Departamento de Vélez no le habían favorecido con sus votos en aquella elección para Presidente, y él atribuyó tal vez a influencia mía el resultado de la votación.

Tanto por el motivo antes apuntado, cuanto por el interés que tengo de dejar bien establecida y comprobada la uniformidad de mis ideas en materia de gobierno, transcribo a continuación el mencionado discurso.

Es como sigue:

"Señor Presidente.
Os felicito por la elección popular que conserva en vuestras manos las riendas del Gobierno del Estado, por un período constitucional.

Este es un honor de que os han hecho digno vuestra firme adhesión a los principios liberales, y vuestro bizarro comportamiento como soldado de la federación; pero no es una recompensa.

En las Repúblicas, esta clase de elecciones, ciertamente honoríficas por cuanto atestiguan la confianza del pueblo, y son comúnmente un reconocimiento explícito de idoneidad y patriotismo, no implican prerrogativas de ninguna especie, e imponen, por el contrario, verdaderos sacrificios: son una pesada carga echada sobre los hombros de aquel a quien se considera con fuerzas para llevarla, en virtud del derecho que tiene la sociedad para exigir de cada uno de sus individuos, servicios proporcionados a sus respectivas capacidades.

La opinión ocasionalmente admitida en nuestro país, de que los puestos públicos están destinados a recompensar servicios de cualquiera naturaleza, sobre ser errónea, sería altamente perniciosa para la sociedad; porque falseando la justa noción que los elegidos del pueblo deben tener acerca de sus deberes, relajaría el ejercicio de las funciones públicas, convirtiendo en sinecuras los más importantes puestos oficiales; y porque, rebajando el ideal de las verdaderas recompensas, que solo consisten en la estimación pública, pervertiría el sentimiento moral de dignidad en los pueblos, y los prepararía para la servidumbre. Por eso es por lo que la historia de nuestro país nos presenta como las épocas de mayor peligro para la libertad, aquellas que han seguido inmediatamente a los períodos revolucionarios. Entonces, servidores eminentes se han creído con derecho al poder; y los pueblos, por un sentimiento extraviado de gratitud, se han considerado, a su vez, en la obligación moral de conferírselo.

Afortunadamente para Colombia estos tiempos van pasando, quizá para no volver; y ni el más susceptible patriotismo encontrará hoy tal vez motivos de aprehensión a este respecto. Para que la altivez propia de nuestro carácter pueda ser dominada hasta ese punto; para que el pueblo colombiano llegue a ese grado de abatimiento moral, se necesitan grandes calamidades; una guerra doméstica como la pasada, de que Dios quiera preservar para siempre a Colombia!

Así, pues, estos conceptos pueden muy bien carecer de aplicación en la actualidad; pero ellos, como todos los que forman la doctrina liberal republicana, deben ser preconizados con frecuencia, repetidos sin descanso, especialmente en ocasiones como la presente en que, aún la palabra del más oscuro ciudadano, puede alcanzar alguna resonancia.

De no ser para esto, no comprendería yo el objeto de estas solemnidades, que convertidas en vanas y ostentosas ceremonias, contrastarían con la sencillez de nuestras costumbres y nos alejarían más cada día de la austeridad republicana.

Pero la ocasión me impone también el deber de deciros algo que tenga especial relación con el programa administrativo, que como Presidente del Estado debéis formular y cumplir; y antes de hacerlo, debo declararos que no abrigo otra pretensión que la de armonizar con la costumbre establecida a este respecto, correspondiendo al propio tiempo a mis humildes precedentes de franqueza y de lealtad.

Siendo la paz pública la primera de todas las necesidades, su conservación y afianzamiento es, por el mismo hecho, vuestro primer deber. Pero a este respecto, en vuestro Mensaje a la Asamblea emitisteis un concepto que es, por sí solo, un programa entero, del que la opinión pública del Estado se habrá apresurado a tomar nota. Dijisteis en aquel solemne documento: ‘Con un pequeño esfuerzo del buen sentido Y la justa y perseverante tolerancia del Gobierno, se habrá fundado perdurablemente la paz y el progreso que tanto se anhela’.

Este oportuno y juicioso pensamiento, seguido por vos con la lealtad que os distingue, sostenido por la fe que acompaña a toda convicción verdadera, y aplicado especial, cuidadosa e inflexiblemente al ejercicio del sufragio popular, en cuya libertad y moralidad descansa el orden social en los países democráticos; este pensamiento practicado así, atraerá sobre vos, no lo dudeis, toda la honra y toda la reputación a que aspiráis.

Sin tolerancia no hay vida civil posible: predicarla sin descanso y practicarla con buen criterio moral, hasta incrustarla en las costumbres populares, es trabajar del modo más eficaz y directo por la consolidación de la paz, el afianzamiento de las instituciones republicanas y el progreso social.

Después de esto y del fiel cumplimiento de las leyes, la protección asidua e inteligente a la instrucción pública, el estímulo a toda industria naciente, y el impulso a ciertas mejoras materiales, deben fijar vuestra atención.

En esta tarea nada podríais hacer sin el concurso del Poder legislativo; pero la Corporación que lo representa actualmente está animada de las mismas patrióticas intenciones que han dominado en todas las Asambleas de Santander; y ella, al ofreceros por mi conducto su leal cooperación, espera con entera confianza que la parte que os corresponde en la dirección de la cosa pública, será desempeñada dignamente.

Ella es de grande importancia; pues sin buenos ejecutores, de nada o de muy poco sirven las mejores leyes. Aptitudes y probidad, son las dotes que preferentemente debeis buscar en los agentes que, conforme a la Constitución y a la ley, tenéis el deber de nombrar.

Por lo demás, vuestro carácter y la popularidad de que estáis investido, permiten esperar que gobernaréis sin recelos ni desconfianzas de ninguna especie. Una política amplia Y liberal es la que mejor se aviene con la índole, generosa Y las costumbres realmente democráticas del pueblo que os ha elegido; costumbres quizás más extendidas y arraigadas en esta que en otras secciones de Colombia a causa de la unidad de la raza, que, como bien sabéis, constituye uno de los primeros elementos de la paz social. Esta feliz circunstancia, y la sensatez y dignidad que distingue en Santander aún a las masas populares, no degradadas y envilecidas como en otras partes, facilitan un tanto la tarea del gobernante.

Nada, pues, debe inquietaros al aceptar el Poder y asumir la responsabilidad inherente a él. Las simpatías que habéis tenido la fortuna de inspirar en todas las clases de la sociedad, os acompañarán para fortalecer vuestro ánimo en los momentos difíciles, si desgraciadamente se os llegaren a presentar; y yo espero que al terminar vuestro período administrativo, recogeréis el mismo aplauso que han merecido vuestros distinguidos predecesores; y que entre las voces que se levanten para felicitaros pueda resonar, aunque débil, entusiasta cual la que más, la del ciudadano que ha tenido la honra de poner en vuestras manos el bastón presidencial.

He dicho".

A la jornada del 10 de Octubre de 1868 no se siguió un período de completa paz, como era de esperarse, sino sólo un estado de relativa confianza en la conservación del orden general, debida a la actitud pacífica del partido conservador, sin que fueran parte a disminuir esa confianza los movimientos revolucionarios de Cundinamarca y Boyacá (1870 y 1871), porque ninguno de ellos tuvo en mira introducir alteración alguna en el régimen político existente, sino un simple cambio en el personal gubernativo; de donde resultaba que el desenlace de la contienda, cualquiera que fuese, no podía afectar de modo alguno el orden federal.

El triunfo de la revolución de Cundinamarca, definitivamente alcanzado en menos de setenta y dos horas, fue un acontecimiento raro en la historia de nuestras luchas domésticas, en las que se ha peleado siempre con la obstinación propia de toda guerra entre hermanos, y del valor de nuestra raza. Tan rápido desenlace reveló la existencia de una de estas tres causas, o de todas juntas, a saber: suma negligencia de los encargados de velar por la conservación del orden público; carencia absoluta de opinión; o falta de valor Y de energía para afrontar virilmente el conflicto. En todo caso, la extrema facilidad con que fue derribado aquel Gobierno, presidido como estaba por un distinguido patriota, que gozaba de generales simpatías en Cundinamarca, el General Justo Briceño, fue una demostración práctica de que el principio de la legitimidad había perdido todo su prestigio, a causa indudablemente de la frecuencia con que habían venido cambiándose, por vías de hecho, los Gobiernos seccionales, de manera de haberse convertido ya éste en un espectáculo con el cual se iba familiarizando la Nación ^(1).

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