Corría el año de 1868. El 1° de abril había tomado posesión de la presidencia de la República el General Santos Gutiérrez, a virtud de una elección verdaderamente popular.

La situación política era de calma, pero de calma relativa, pues que apenas acababa de extinguirse el fragor de la última tormenta.

El golpe de muerte asestado a las instituciones patrias el 29 de abril del año anterior, había acercado a conservadores y liberales republicanos, con el propósito de aunar sus esfuerzos para restablecer por las armas el imperio de la legitimidad; de manera que, sin el afortunado golpe militar del 23 de mayo, huestes republicanas organizadas por los dos grandes partidos habrían vuelto a vivaquear en un mismo campamento y a la sombra del pabellón constitucional, como en 1854.

El simple amago de inteligencia entre esos opuestos bandos, favoreció de modo especial la candidatura conservadora del doctor Ignacio Gutiérrez Vergara para Gobernador de Cundinamarca, la cual no sólo tuvo el asentimiento de muchos y muy notables liberales, sino también el apoyo efectivo de algunos de ellos.

Esa circunstancia fue parte, además, para que el Presidente, General Gutiérrez, siguiendo el impulso de su generoso carácter, llamase uno en pos de otro a la Secretaría del Tesoro a los dos personajes conservadores que desempeñaban las gobernaciones de Antioquia y Cundinamarca, señores Pedro Justo Berrío e Ignacio Gutiérrez Vergara, quienes se excusaron de aceptar los respectivos nombramientos.

Ahora, el hecho de haberse ofrecido éstos a los dos únicos conservadores que para aceptarlos habrían tenido que dejar una posición oficial independiente y de mayor influencia política que la que se les brindaba en el gobierno federal, prueba de modo inequívoco que aquel paso se dio con cierta vacilación. Y no era ciertamente el caso para menos. Salvo situaciones excepcionales, como la de 1855, en que, a virtud del mancomunado esfuerzo de los dos grandes partidos doctrinarios, se acababa de echar por tierra una dictadura militar; o el caso nunca visto hasta ahora entre nosotros, de una transacción entre el Gobierno y el partido oposicionista; salvo esas especiales situaciones, y quizá alguna otra que por el momento no me ocurre, pero que no era la de 1868, los ministerios mixtos son meros expedientes, simples paliativos de una mala situación política, e inadecuados, por tanto, para allanar graves dificultades en el Gobierno. Por el contrario, en los pocos casos prácticos que aquí han ocurrido, esas combinaciones políticas han dado resultados desfavorables, ya al uno, ya al otro de los dos partidos en ellas interesados, y a veces a ambos.

Por haber tenido yo ocasión, en el trascurso de mi carrera pública, de meditar mucho sobre este problema de gobierno, estoy en capacidad de hablar de él con menos temor de incurrir en desacierto del que he tenido al tratar otros puntos semejantes.

Con excepción de los principios fundamentales del gobierno republicano, o sea de sus esenciales condiciones de popular, representativo, alternativo y responsable -condiciones respecto de las cuales no había existido hasta 1886 ni la más leve discrepancia en el credo político de nuestros partidos- con excepción de esos principios tutelares, en casi todos los demás puntos de la política, en no pocos de la administración, y aún en lo relativo a la inteligencia práctica o al desarrollo en las leyes de los dogmas de libertad, igualdad y seguridad personal, ha habido siempre notable diferencia entre los partidos, pues precisamente es ésta su razón de ser.

Ahora bien, para que el jefe o representante de cualquiera de esas colectividades, una vez elevado al primer puesto oficial de la Nación, pueda poner en práctica el programa político a que ha debido su elección, preciso es que se rodee de individuos adictos a ese mismo programa, so pena de tropezar a cada paso con obstáculos más o menos graves para su puntual cumplimiento.

Así lo reconoció el más grande de los caudillos que ha tenido el Nuevo Continente, ⁽¹⁾ cuando en ocasión solemne se expresó en estos términos: "Mientras yo tenga el honor de dirigir los asuntos políticos, no concederé a sabiendas ningún empleo importante a hombres cuyas doctrinas políticas sean contrarias al fin general del Gobierno; porque eso, en mi concepto, sería una especie de suicidio político". Y nótese que estas palabras las dijo después de haber experimentado los disgustos y embarazos que le ocasionó la simultánea presencia en el gobierno que presidía de hombres eminentes por su patriotismo, su talento y sus servicios, pero contrarios en ideas políticas: Hamilton y Jefferson.

No hace muchos días que, leyendo el editorial de un periódico de Bogotá, tropecé con un pasaje que me llamó mucho la atención, por haber visto expuesto allí lo que pudiera llamarse ideal de un gobernante, dicho con una concisión y claridad difíciles de igualar.

Es el biógrafo de Balmaceda, quien, al hablar de la política seguida en el gobierno por este ilustre magistrado, hace observar que "en el mandatario público se reunen dos caracteres y dos líneas de conducta: administrador -dice- debe separarse de las pasiones políticas y fijar su atención únicamente en la aplicación de las leyes; jefe de la entidad política, no puede olvidar que es hombre de partido y que éste le elevó al poder para realizar sus ideales".

Además, bajo el régimen constitucional que imperó en Colombia hasta 1886, ninguna necesidad hubo de combinaciones políticas como la de que ahora trato. La colectividad conservadora, que era la que constituía el bando oposicionista, desde la inauguración de aquel régimen, tuvo constante participación en el manejo de los negocios públicos, tanto en los gobiernos seccionales como en el federal, hasta que se rebeló en 1876. En manos de ese partido estuvo por largo tiempo el gobierno de dos importantes Estados -Antioquia y Tolima- los cuales le daban representación en los Congresos; la tuvo también en las Asambleas legislativas de los Estados, en sus Tribunales de Justicia, en las oficinas seccionales, en los Jurados electorales, en las oficinas federales, en la Instrucción Pública, especialmente en las escuelas universitarias y en las Corporaciones municipales. En la dirección de la Instrucción pública nacional, vimos a Mallarino, y a Pardo y a Narváez a la cabeza de las Escuelas de Medicina e Ingeniería. Con esto y la libertad absoluta de la prensa, unido al goce más o menos efectivo en la práctica, pero nunca suspendido ni atropellado oficialmente en tiempo de paz, de las más amplias garantías individuales, estuvo siempre ese partido en capacidad de llegar por legítimos caminos a la posesión del poder federal; y a nada más, como tampoco a nada menos, tiene derecho, en mi concepto, un partido vencido en leal contienda, como lo había sido el conservador en 1860.

Así se vio en aquel tiempo -llamado de anarquía por los modernos regeneradores- un equilibrio político proporcionado a la fuerza efectiva de cada uno de los partidos; el cual, si bien solía resentirse de nuestra falta de verdaderas costumbres republicanas y de la exageración a que se llevó el principio federal, tendía visiblemente a establecer en nuestro país prácticas gubernativas protectoras del derecho, y a hacer efectivo el principio democrático del gobierno de todos y para todos.

Volviendo a los ministerios mixtos, réstame observar que, fuera del caso ocurrido en 1855, en que un ministerio de esta clase correspondió satisfactoriamente a las necesidades de una situación política, de 1840 en adelante no ha habido otro que no haya sido un mero expediente, si se exceptúa el llamamiento del doctor Florentino González a la Secretaría de Hacienda, hecho por el General Mosquera en su primera administración; llamamiento que no fue motivado por ningún plan político, como no fuese el de demostrar prácticamente la conveniencia de separarse alguna vez de la común regla en punto a formación de ministerios, para el solo efecto de iniciar determinadas reformas administrativas, cuya gestión en los Congresos y cuyo planteamiento por el Ejecutivo exigían aptitudes especiales.

Y sin embargo de haber sido tan manifiestamente patriótico el motivo que llevó al doctor González a la Secretaría de Hacienda, y tan ajeno a los intereses de partido, no dejó por ello de afectar desfavorablemente los de ambas parcialidades, así: los del partido liberal, porque comprometió la posición política del más caracterizado de sus jefes, no obstante la salvedad que él tuvo cuidado de hacer al aceptar el nombramiento en estos significativos términos: "mis principios son conocidos, mi fe está escrita"; y los del bando conservador, porque, según lo afirma el eminente publicista don José Eusebio Caro en su Historia del 7 de marzo, ese nombramiento fue causa de la división de aquel bando y de su consiguiente caída en 1849.

Como prueba de lo difícil que ha sido siempre este paso para nuestros gobernantes, recordaré el nombramiento que hizo el Presidente López en el General José Acevedo, conservador moderado y de notorias aptitudes para Secretario de Relaciones Exteriores, y la dura necesidad en que se vio de retirarlo, a causa del profundo disgusto con que fue recibido por la mayoría del partido liberal.

Antes de posesionarse por segunda vez el doctor Rafael Núñez de la presidencia de la República, anunció desde Cartagena, en correspondencia particular, el propósito de venir a observar en el gobierno una política ampliamente conciliadora; y después de haber declarado en su discurso de posesión que era "liberal irrevocable", llamó a formar parte del ministerio, compuesto en aquel tiempo de solo cuatro Secretarios, a los señores General Eustorgio Salgar y doctor Napoleón Borrero, quienes aunque habían apoyado la primera candidatura presidencial del señor Núñez, conservaban su puesto en las filas.

La presencia de estos liberales en el gobierno, lo mismo que la del General Santos Acosta, que entró después de haberse retirado los dos primeros, sólo duró el tiempo necesario para que cayeran en la cuenta de que el Presidente, cediendo a la tentación del directorio conservador, había resuelto volverle definitivamente la espalda al partido liberal, para entrar de lleno, con su nuevo incondicional aliado, en la amplia vía de la Regeneración. ⁽¹⁾

Y comoquiera que esos nombramientos fueron recibidos como prenda del liberalismo del señor Núñez, produjeron el efecto de enervar la oposición en la prensa y en las Cámaras legislativas, en momentos quizá decisivos para la suerte del partido liberal; así como también contribuyeron a infundir en los Presidentes de Antioquia y Tolima, engañosa y quizá funesta confianza en la lealtad política del señor Núñez.

Ocasión vendrá luego de examinar si los señores Salgar, Acosta y Borrero, al aceptar los referidos nombramientos sin haber tenido con el Presidente las explicaciones que la conducta de éste en su primera administración y la falsía genial de su carácter hacían indispensables, procedieron o no con ligereza indisculpable. Por ahora basta a mi propósito hacer notar que la entrada de esos ciudadanos en el Gobierno estuvo muy lejos de favorecer los intereses del partido que representaban.

Volveré a tratar de los Ministerios mixtos.

El llamamiento hecho por el General Santander al señor Rafael Mosquera, y en reemplazo suyo al señor Lino de Pombo, a una de las Secretarías de Estado, puede citarse como un caso análogo al de 1855, por cuanto fue precedido, lo mismo que éste, de una reacción anti dictatorial, en la que tomaron parte conservadores muy notables en unión del partido liberal. Hay, además, otra circunstancia justificativa de tales nombramientos, cual es la de que esa misma fracción conservadora prestó su apoyo franco a la candidatura del General Santander.

Debido indudablemente a las especiales condiciones de carácter, de patriotismo e ilustración del señor Pombo, el General Santander no tuvo acaso, o al menos se ignora que lo tuviese, motivo para arrepentirse de haber hecho aquel nombramiento; pero sí lo había tenido antes respecto del Ministerio del año de 1826, según se ve en reciente publicación del doctor José Camacho Carrizosa, hecha en el Repertorio Colombiano, y titulada Hombres y partidos, publicación en la cual se encuentra el siguiente pasaje, a las páginas 422 y 423.

"Bolívar sólo aceptó la presidencia entonces por dos días: el 23 y el 24 de Noviembre. El único acto de importancia que ejecutó, fue asumir el uso de las facultades extraordinarias para seguir a Venezuela investido de ellas. Santander quedó ejerciendo el poder como Vicepresidente, conservando el mismo Ministerio, que en realidad era más adicto a la persona de Bolívar que a la política del General Santander, y cuya conducta puede juzgarse por el siguiente concepto de carta de Santander al doctor Soto, fechada en Roma a 12 de Diciembre de 1830, la cual, yunto con otras que tampoco han sido hasta hoy publicadas, insertaremos más adelante, por la luz que arrojan sobre los acontecimientos de aquella época. Dice así:

"Erré en vivir persuadido de que Bolívar trabajaba para Colombia y para su propia gloria; erré en elegir Ministros débiles que el día del combate arrojaron la espada y desertaron al enemigo".

Este histórico acontecimiento me trae a la memoria otro, en cierto modo semejante, que ocurrió bajo la administración del doctor Santiago Pérez.

No era el caso de un Ministerio mixto, pues que todos los miembros del Gabinete pertenecían a una misma comunidad política; pero habiendo estallado en las filas de ese partido, con motivo del próximo debate electoral, una honda división que tuvo eco simpático en algunos de los miembros del Ministerio, ella dio lugar a un grave conflicto.

Fue el caso de que, habiendo formado el Presidente Pérez el sincero propósito de abstenerse de toda participación en la lucha electoral de 1875, el Secretario de Guerra y Marina, General Santodomingo Vila, de acuerdo con el Comandante de la Guardia Colombiana, General Solón Wilches, aprovechando esa actitud neutral del Presidente, se permitió hacer firmar por los jefes y oficiales del ejército, manifestaciones de adhesión a favor de una de las dos candidaturas liberales que habían sido lanzadas a la discusión pública.

Burlada así la voluntad del Presidente, y ofendida su dignidad de Magistrado, exigió del Secretario disidente la renuncia del puesto que le había confiado; y como éste se denegase a presentarla, el Presidente declaró vacante el puesto.

El General Santodomingo Vila no se limitó "a arrojar la espada y desertar al enemigo", como lo hicieron los Ministros a que alude el General Santander, sino que la desenvainó contra el Gobierno de que acababa de hacer parte.

Y si un incidente de tanta gravedad pudo ocurrir entre copartidarios ¿qué no deberá temerse que suceda entre individuos de diversa comunión política?

Desde luego no tengo para que referirme a simples divergencias sobre cuestiones administrativas, nada extraordinarias por cierto, y que si bien suelen dar lugar a cambios parciales en el Ministerio, no tienen trascendencia bastante para producir peligrosas agitaciones en los partidos. De esos cambios ofrece tan numerosos ejemplos la breve historia de nuestra vida política, que pocas administraciones podrán gloriarse de no haberlos experimentado.

Debido probablemente al estado de guerra en que me tocó gobernar la República, esto es, a la mayor de las contrariedades que pueden sobrevenirle al Jefe de una Nación, y que, como toda gran calamidad, parece destinada a excluír contrariedades relativamente pequeñas; debido tal vez a esa circunstancia, no hube de pasar por la pena de ver separarse del Ministerio a ninguno de mis Secretarios por causa de desacuerdo en lo relativo a la política o a la administración. Los que dejaron su puesto, lo hicieron por motivos ajenos a toda desavenencia de carácter oficial, o a falta de armonía en sus relaciones personales con el Jefe del Gobierno.

Un solo caso de discrepancia ocurrió entre el Presidente Y uno de sus Secretarios -el de lo Interior y Relaciones Exteriores, doctor Manuel Ancízar-; pero debido al gran fondo de patriotismo y a la genial deferencia de este eminente ciudadano, no dio aquello lugar a ningún conflicto político ni llegó a afectar en lo mínimo las buenas relaciones personales entre el Secretario y el Presidente.

Tratábase del arreglo sobre enseñanza de religión católica en las escuelas públicas, patrióticamente iniciado por el Ilustrísimo Arzobispo de Bogotá, señor Arbeláez, desde el día siguiente a la inauguración del nuevo Gobierno.

Tanto el Secretario de lo Interior como el Presidente, abundábamos en deseos de celebrar tal arreglo, considerándolo como medio de devolver la tranquilidad a las conciencias -alterada sin fundamento, pero indudablemente alterada- y como medio de conjurar la revolución, que so pretexto de la enseñanza laica se predicaba sin embozo en los distintos lugares de la República, por donde peregrinaba en propaganda bélica y como representante de su partido el señor Manuel Briceño, después General.

Debidamente autorizado por el Presidente, y con las instrucciones del caso, el Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores procedió a celebrar conferencias con el señor Arzobispo; y pasados algunos días me presentó, como resultado de ellas, un proyecto de arreglo del cual tuve la pena de desaprobar rotundamente la parte que, en mi opinión, implicaba renuncia o abdicación de facultades por parte del gobierno.

Ante esta declaración del Presidente, el señor Ancízar permaneció impasible, como si un gran caudal de patriotismo ahogase en él todo movimiento de amor propio; y después de haber reconocido explícitamente la justicia de mis observaciones y de haber visto censurada su conducta en un periódico conservador de la capital; tuvo la franqueza, -y aún la modestia, puede decirse- de dar explicaciones acerca de ella en un artículo que se halla publicado en la sección editorial del número 1975 del Diario de Cundinamarca. Como este documento, verdaderamente histórico, contiene la relación fiel de lo que ocurrió en el curso de las negociaciones con el señor Arzobispo, creo conveniente y oportuno transcribirlo a continuación. Es como sigue:

ARREGLOS SOBRE ESCUELAS

Es genial en algunos hombres
Juzgar de los otros por lo que de
sí mismos sienten.

ARREGLOS SOBRE ESCUELAS ha intitulado El Tradicionista su editorial del número 510, publicado el 7 del corriente; y prescindiendo, por ahora, de la destemplanza de lenguaje que lo distingue, me ceñiré a narrar lo que pasó en esa mal apreciada negociación.

En la visita de cortesía que el 2 de abril hizo al nuevo presidente el señor Arzobispo, expresó en su discurso de felicitación sus patrióticos deseos de que fuesen allanadas las dificultades que en materia religiosa pudieran ofrecerse; deseos que con palabras cordiales ratificó en la conversación privada que siguió a este acto, con referencia a la enseñanza en las escuelas públicas. El Presidente le contestó abundando en iguales sentimientos de conciliación, y aceptando la benévola iniciativa del señor Arzobispo en tratar de este asunto llana y amigablemente.

Consecuencia natural de esto fue que a los pocos días comenzasen mis conferencias privadas con el señor Arzobispo, en las que discutimos cuál sería el medio más aceptable para llegar a un avenimiento que alejara, por lo menos de la Arquidiócesis, las envenenadas cuestiones que, so pretexto de escuelas ateas, traían exasperados los ánimos en el -Estado del Cauca hasta el punto de temerse una catástrofe, y empezaban a conmoverlos en otras partes con apariencias de no menos desastrosos resultados. Un vehemente y sincero deseo de asegurar la paz y evitar que la República se deshonrase con la más bárbara de las guerras civiles, animó estas conferencias, que con interrupciones más o menos largas provenientes, sin duda, de los quehaceres del señor Arzobispo, no de mi voluntad, nos ocuparon hasta fines de Junio.

Conviene notar que la mayor de estas interrupciones sucedió precisamente en los días de aquel mes en que estuvo alarmada Bogotá por los significativos movimientos de ciertas gentes, que acopiaban elementos de guerra y manifestaban de diversas maneras el propósito de llevarla a efecto, y que si desistieron fue porque se convencieron de que no contaban con auxiliares de afuera, ni con la esperada y fomentada conmoción del Cauca. Calmado el entusiasmo bélico de los agitadores, el señor Arzobispo, insistiendo en su patriótico anhelo, expresó su deseo de que se reanudaran los interrumpidos arreglos, porque habiendo dado cuenta de ellos a Roma, quedaría desairado si no se consumaban según lo tenía anunciado, Y en una posición crítica que quería evitar en beneficio de esta sociedad cuyos intereses no podían serle extraños.

Si por parte del señor Arzobispo había un interés de dignidad, además del patriótico, en que los arreglos tuvieran término, por parte del Gobierno lo había en quitar a los agitadores el pretexto religioso que hacían valer para cohonestar su mala obra: ni al uno ni al otro convenía diferir este asunto, por más que así lo imagine el señor Caro fundado únicamente en la malicia de sus conjeturas.

Accedió una vez más el Presidente, y al cabo se formularon proyectos de notas, que son las que publica El Tradicionista, inclusive el proyecto de circular del señor Arzobispo, que me leyó, y de todo lo cual ofrecí dar cuenta al Presidente. Así lo hice; y éste, a la primera lectura, declaró perentoriamente que la circular era de todo punto inaceptable por cuanto encomendaba a los párrocos una inspección sobre las escuelas, sus textos y métodos, que no era posible conceder, cuando de lo que se trataba era únicamente de los medios de facilitar la enseñanza religiosa: borró también en mi proyecto de contestación las frases que El Tradicionista pone en bastardilla, y me encargó que significara al señor Arzobispo que con aquella circular todo arreglo era imposible, que no se publicaría ninguno de esos documentos, sino una breve circular mía recordando a los Directores de escuelas lo que ya se les había prevenido en punto a la efectiva enseñanza religiosa, y que en la alocución que preparaba mencionaría esto como un acto espontáneo del Gobierno.

Dos días después tuvo lugar mi última entrevista con el señor Arzobispo: le expuse en términos claro la decisión del Presidente, insistiendo en decirle que al Poder Ejecutivo no solo no le era lícito aceptar, pero ni aún darse por entendido de la circular a los párrocos. Larga y penosa fue esta conferencia: todo parecía frustrado; pero al fin convinimos en que el señor Arzobispo aceptaría pura y simplemente los arreglos formulados por él en su nota del 1° de junio, admitidos por mí en los términos de mi respuesta del 6, y reproducidos en la nota que había de pasar al Director general de Instrucción Pública para que la circulara. Allí mismo redacté el proyecto de aceptación, tal como lo publica El Tradicionista con la fecha 1° de julio, menos el final que escribí así: "Siempre que los Directores de las escuelas sean de la satisfacción de los párrocos o ministros"; frase que fue rechazada por el Presidente, lo que motivó su determinación de invitar al señor Arzobispo a una entrevista que pusiera punto a estas dificultades, que parecían interminables.

La entrevista tuvo lugar el 1° de julio a las cuatro y media de la tarde. Eran las siete cuando recibí un billete llamándome. Al entrar al gabinete, una exclamación del señor Arzobispo me dio a entender que toda nuestra labor era perdida: la frase rechazada por el Presidente en el proyecto de aceptación de los arreglos era el escollo en que se estrellaban. Entonces me ocurrió mudarla en otra que haría posible el acuerdo, y propuse ésta:

"Siempre que los Directores cumplan con los deberes que por la circular del gobierno se les impone", y quedó adoptada; como también quedó adoptada por el señor Arzobispo la modificación de mi nota del 6 de junio, suprimiendo las palabras que pone en bastardilla y entre manecillas. El Tradicionista, y que el Presidente manifestó que borraba por inexactas las primeras y por inconvenientes las otras.

Terminó la entrevista cerca de las ocho: se devolvió al señor Arzobispo el borrador de su proyecto de circular a los párrocos para significar que ni aún en borrador era aceptable; y se convino en que la alocución no se publicaría sino junto con los documentos del arreglo enmendados según queda dicho y reducidos a lo que apareció en el Diario Oficial.

Tal es la historia fiel de estas negociaciones: en ellas ni la suma paciencia ni la mutua sinceridad faltaron: no se perdió nunca de vista el interés de la República en que la paz no fuese interrumpida dejando propagar escrúpulos religiosos, que si de buena fe se tenían por muchos, para otros no eran sino un pretexto para llevar a efecto sus intentos revolucionarios; ni se ocultó la situación peligrosísima que los intrigantes de partido labraban al clero católico arrastrándolo al inseguro terreno de la política militante. No: cuando cosas tan graves están en juego no se representan farsas, ni cabe usar sutilezas de tinterillo, que el señor Caro describe como pocos maestros en el arte podrían hacerlo.

Debo declarar que en el señor Arzobispo encontré siempre un inalterable propósito de bien público, y la ingenuidad Y cortesanía que cuadran a su elevado carácter.

El señor M. A. Caro puede preguntarle si en nuestras dilatadas e íntimas conversaciones descubrió en mí algo de la falsía que el católico señor me imputa: cualquiera que no lo conozca creería que él no ha tratado nunca con hombres de bien, pues tan fácil e inclinado se muestra a no ver en los otros sino ruines trapaceros.

Lo que sí sorprende en un sujeto de tanto saber es su ignorancia del lenguaje de buena sociedad, de que es una muestra aquella frase: "El señor Ancízar... publica FALSIFICADA su nota de contestación". Ya he dicho cómo se modificó esa nota: el señor Caro sabrá de dónde la obtuvo sin las supresiones convenidas, que él restablece para sacar a lucir la mejor palabra de su culto estilo.

M. ANC1ZAR

Espero que no se extrañará este avance cronológico en el curso regular de estas Memorias. El deseo de reforzar con citas históricas el fondo de mi argumentación contra los llamados Ministerios mixtos o de conciliación entre bandos políticos esencialmente antagónicos, fue lo que me trajo, de un salto, al año de 75; y como de éste al de 76 sólo hay un paso, no he podido resistir a la tentación de salvar tan corta distancia, y entrar por un momento en el palacio de San Carlos, donde llevé vida de prisionero por espacio de dos años.

Queda, pues, históricamente demostrado, si mi juicio no me engaña, que, salvo situaciones excepcionales, el problema político de los llamados Ministerios mixtos se resuelve siempre de uno de estos dos modos: o el miembro de la oposición llamado a ocupar un puesto en el Ministerio pretende inclinar la balanza política del lado del partido a que pertenece -caso en el cual su presencia en el gabinete se hace embarazosa para la marcha expedita del Gobierno, y viene a ser por tanto insostenible-; o se amolda dócilmente a la política predominante en el Ministerio, y entonces se anula para su propio partido. Resultados: el Gobierno nada habrá ganado con haber llamado al Ministerio a un miembro de la oposición; y ésta no sólo habrá dejado de ganar, sino que perderá alguno o algunos de sus personajes, quienes o quedan anulados o se pasan al campo enemigo.

¿Quién puede asegurar que la apostasía política del doctor Florentino González no hubiera tenido su primer origen en el profundo disgusto que debió de sentir al observar que sus copartidarios, olvidando en un solo día servicios de más de treinta años, prestados con brillo a la causa liberal, y relevantes pruebas de firmeza y de valor civil, hubieran dudado de su lealtad política en el primer momento de prueba?

Por desgracia el posterior cambio político de quien había sido nuestro Casimiro Periére, vino a dar la razón a cuantos desconfiaron de él. Y comoquiera que ese caso de defección no ha sido único ni aún raro entre nosotros, preciso es reconocer la razón que tienen los partidos para mostrarse celosos de sus hombres hasta el punto de pretender que no den lugar ni a sospechas, como lo exigía César de su mujer.

La elección de Gobernador de Cundinamarca, de que hablé antes, dio origen al suceso político más grave de cuantos tuvieron lugar durante la administración del General Gutiérrez; suceso que la historia ha simbolizado en dos fechas: 9 y 10 de Octubre.

La indisputable popularidad con que fue elegido para ese puesto el doctor Gutiérrez Vergara no bastó a inspirarle confianza en la solidez de su gobierno, porque tenía al frente un partido de oposición no conforme con su reciente caída, la que atribuía a una transitoria división en sus propias filas; y porque, sintiéndose fuerte por el número y por la virilidad, disponía además de la influencia que deja tras sí el prolongado ejercicio del poder.

Esa situación del nuevo Gobernador, muy semejante a la en que se hallaba por ese mismo tiempo el Presidente del Tolima -copartidario de aquel- y que es común a todos los gobiernos resultantes del triunfo pacífico de un partido de oposición; esa situación, digo, era excepcionalmente difícil en Cundinamarca, porque a la divergencia de opiniones políticas entre el Gobierno seccional y el de la Unión, se agregaba la circunstancia de tener ambos una residencia común.

El obligado contraste de estas dos entidades era ocasionado a choques imprevistos y a mutuas desconfianzas, que debían traer por consecuencia un estado de permanente intranquilidad en Cundinamarca.

Comprendiéndolo así los jefes de los dos gobiernos, y sintiendo la necesidad de inspirar confianza en la paz, tuvieron especial cuidado de cultivar relaciones personales un tanto cordiales y de emplear en el tratamiento oficial las más delicadas formas de cortesía; pero, a la sombra de estas manifestaciones los partidos se preparaban activamente para medir sus fuerzas en la próxima lucha electoral.

En previsión de una contienda armada, el Gobernador Gutiérrez solicitó y obtuvo del gobierno conservador de Antioquia un auxilio de mil fusiles, que distribuyó entre las poblaciones que le eran más adictas, "dejando así desarmada la autoridad y armado el espíritu de facción", como lo dijo el periódico La Paz en su número del 13 de Octubre de aquel año.

Coincidió con este reparto del parque la organización casi militar que se dio al Estado, con el nombramiento de jefes departamentales en individuos que habían figurado en alta posición en el extinguido ejército vencido en 1560, y que sólo pensaban en vengar su derrota.

Estos preparativos bélicos, lejos de intimidar al partido liberal, fueron poderoso estímulo para que redoblara sus esfuerzos a fin de obtener, como obtuvo, triunfo completo en la elección de diputados a la Asamblea legislativa, corporación que asumía, según la Constitución vigente, la casi totalidad del poder seccional.

Prevenidos así los ánimos, la lucha entre el Gobernador y la Asamblea comenzó el día mismo de la instalación de ésta.

Como el medio más certero de anular la influencia oficial del Ejecutivo en la próxima elección de Gobernador, la Asamblea dictó una ley por la cual se disponía que para el nombramiento de alcaldes de distrito debía sujetarse el Gobernador a una terna que le presentarían los Designados para ejercer el Poder Ejecutivo del Estado, empleados cuyo nombramiento correspondía a la misma Asamblea, es decir, a la mayoría liberal que había en ella. Comprendiendo el Gobernador la trascendencia de aquella medida, empeñó todas sus fuerzas para combatirla en el seno de la Asamblea, por conducto de su Secretario de Gobierno doctor Carlos Holguín; y, viéndose al fin vencido, le impartió la sanción ejecutiva, en obedecimiento a un precepto constitucional; mas no le dio publicidad sin acompañarla de un manifiesto en -que, después de hacer alarde de tan sencillo acto de sumisión a la suprema ley, se presentó como víctima de la pasión política de sus adversarios de la Asamblea, y se ofreció al sacrificio "en aras del deber". "Hace más de medio siglo -dijo el señor Gutiérrez Vergara, al comenzar su manifiesto- que se ensaya en la América Latina el sistema republicano, y más por falta de lealtad en su práctica que por ignorancia del mismo sistema, él lleva tras sí una huella de sangre. Nuestra historia da testimonio de ello, y antes que la anarquía nos devore, obstruyendo más el camino de la civilización y la prosperidad con nuevas víctimas, preciso es salirle al encuentro con valor y probidad. Si en esto hubiere un sacrificio, ni honrado ni republicano será quien deje de ofrecerlo en las aras del deber".

Después de referirse al acto espontáneo de su elección, dándolo como obra de todo el partido conservador y de una parte del liberal, continúa así:

"Sean cuales fueren las causas y los medios que a su turno hayan elevado después al partido que se denomina ‘liberal’ a Cuerpo Legislativo del Estado, ello es que allí tiene la mayoría; que esta mayoría se ha reconocido legítima desde que el gran Jurado electoral declaró que lo era, y que como tal se la acata y reputa, como lo he hecho en mi calidad de Gobernador del Estado.

"La razón legal y no la pasión política es, por otra parte, el principio fundamental de orden y de gobierno a que tiene que someterse la conducta del Magistrado. Una vez aceptado un hecho como legítimo tienen que reconocerse sus consecuencias, y la conciencia del deber hace abstracción de las personas para fallar en el juicio psicológico de las ideas y de las obligaciones".

Difícil sería interpretar con más fidelidad, y exponer con claridad y concisión mayores, la verdadera doctrina republicana; y puesto que la ocasión se ofrece, no vacilo en aprovecharla para manifestar que todos los documentos que en aquel tiempo salieron de la pluma de este distinguido repúblico honran su talento de escritor; y que el citado manifiesto honraría algo que vale más que el talento, honraría el espíritu republicano de su autor, si la conducta que observó en seguida no le hubiera exhibido en abierta contradicción con la doctrina que acababa de exponer. El había dicho, en efecto, que la falta de lealtad al sistema republicano, más que la ignorancia del mismo sistema, era la causa de nuestros disturbios y de nuestras sangrientas querellas; y sin embargo, como si se hubiese propuesto demostrar con su propio ejemplo la exactitud de lo que acababa de decir, eludió primero, por medio de un decreto, los efectos de la citada Ley de 22 de Agosto sobre nombramiento de alcaldes, y acabó por declararse francamente en rebeldía contra las instituciones que había jurado sostener.

Por lo demás, en otra parte del mismo manifiesto reveló el mismo señor Gutiérrez Vergara el motivo que podría determinarle a incurrir en tan deplorable inconsecuencia.

"Si sanciono la ley -dijo- cumplo con el precepto constitucional que así me lo ordena, después de haber hecho mis observaciones sobre ella; pero tengo que mandar con la convicción de su inconstitucionalidad y con las trabas que se me oponen para gobernar, echando además sobre mí la animadversión de un gran número de mis amigos, que esperan y confían en que tengo la firmeza de oponer la violencia a la violencia que se hace a la suprema ley por uno de los poderes llamados a cumplirla, aunque de este choque brote un lago de sangre que pueda inundar el Estado y la República". ⁽¹⁾ No hay duda de que sin agentes de su confianza no podía el Gobernador asumir la responsabilidad inherente al puesto que ocupaba; pero entre apelar a la violencia o separarse del gobierno, el camino era claro para quien, como el señor Gutiérrez, había hecho ostentación de verdadero republicanismo.

Sin embargo, él optó por la violencia, no contra la violencia, como equivocadamente lo afirmó, sino contra un acto emanado de autoridad que él mismo acababa de reconocer como legítima. Siempre la falta de lógica, a que tan singular y acertadamente atribuyó el doctor Francisco Soto la pérdida de la República!

He dicho que el Gobernador eludió artificiosamente el mandato legislativo sobre nombramientos de alcaldes; porque ese y no otro tuvo que ser el objeto con que dictó, después de clausuradas las sesiones de la Asamblea, su célebre Decreto de 22 de Agosto, en que declaró que los alcaldes de distrito no tendrían en adelante otro carácter que el de empleados municipales, y que las funciones del orden político serían ejercidas por otros empleados de libre nombramiento del Gobernador, llamados agentes de policía. Este subterfugio oficial, que tan mal se aviene con la alteza de carácter del señor Gutiérrez Vergara, y que probablemente fue obra de su Secretario Holguín, parecía calculado para exacerbar al partido oposicionista, a fin de lanzarlo por el camino de la resistencia armada. Y en efecto, tan pronto como apareció publicado el decreto, el partido liberal asumió una actitud correspondiente a la provocación que se le hacía, nombrando un directorio del que hicieron parte los Designados para ejercer el Poder Ejecutivo, y cuyo Presidente fue el mismo ciudadano que lo había sido de la última Asamblea legislativa.

El Procurador del Estado protestó asimismo enérgicamente contra el citado decreto ejecutivo, por considerarlo inconstitucional, y ordenó a sus subalternos que resistieran su cumplimiento; con lo cual se creó una situación que distaba muy poco de la de guerra.

En seguida el Directorio expidió dos circulares que revelaban el propósito de resistir, por cuantos medios estuvieran a su alcance, la ejecución de aquel decreto, y de aguardar con la serenidad propia de quien se cree seguro en su derecho, a que el partido liberal se lanzara en la guerra, con lo cual el Gobernador se habría puesto en situación más favorable; pero resolvió tomar la delantera, y por eso se perdió. En efecto, el 9 de Octubre apareció fijado en las esquinas un decreto del Gobernador, por el cual convocaba éste una Asamblea constituyente y derogaba dos de las leyes expedidas por la última Asamblea legislativa; lo que equivalía a asumir la dictadura. Este golpe inesperado produjo en el ánimo de los habitantes de la capital el alarma que es de suponerse; y el Gobierno general, juzgando en peligro su propia seguridad, convocó a palacio una junta de liberales notables, entre ellos el doctor Murillo, expresidente de la República. De conformidad con la opinión de esa junta y con la de los Secretarios del Despacho ejecutivo, resolvió en la tarde del día nueve poner término al conflicto, desconociendo y reduciendo a prisión al Gobernador de Cundinamarca; prisión que se ejecutó por la Guardia Colombiana, sin derramamiento de sangre, en la madrugada del 10 de Octubre. Cinco días después, y cuando ya el respectivo Designado había asumido las funciones de Gobernador en reemplazo del señor Gutiérrez, el Procurador General de la Nación solicitó de la Corte Suprema que, en uso de la autorización que le conferían el artículo 71 de la Constitución Nacional y el 9°- de la ley orgánica del Poder Judicial de la Unión, llamara a juicio de responsabilidad al Gobernador Gutiérrez, por el hecho 'de haber destruído el gobierno republicano establecido en Cundinamarca, violando de ese modo el inciso 1°-, artículo 8°- de la Constitución nacional", que dispone lo siguiente:

"Los Estados se comprometen:

1° A organizarse conforme a los principios del gobierno popular, electivo, representativo, alternativo y responsable".

Y para demostrar que el referido Gobernador era responsable ante los poderes federales por esa violación, citaba el Procurador otras disposiciones constitucionales, de las cuales se deducía que las autoridades de cada uno de los Estados "tenían el deber de cumplir y hacer que se cumplieran la Constitución y las leyes de los mismos, bajo estricta responsabilidad, que les exigirían los altos poderes federales".

Sin desconocer la Corte que los Gobernadores de los Estados eran responsables ante ella, en todos los casos en que infringieran la Constitución y las leyes nacionales, declaró que no era éste el caso que el Procurador había sometido a su jurisdicción; por cuanto, a juicio de la Corte, un solo funcionario no podía ser responsable del cambio efectuado en la organización requerida en los miembros constitutivos de la Unión podía, en ningún caso, ser delito en la acepción jurídica de la palabra. "Será una falta -añade la Corte- un acto de secesión, un caso de desunión o motivo de guerra civil, mas no de juicio criminal y de castigo a determinada persona. Son los Estados -continúa- los llamados a organizarse conforme a los principios del gobierno popular, etc.; y ni puede admitirse que un individuo tenga por sí solo poder bastante para cambiar de una plumada el régimen constitucional adoptado por la mayoría, ni puede exigirse a uno solo responsabilidad por el hecho que sería, por la aquiescencia o la complicidad, el crimen de todos".

La Corte declaró, en conclusión, que en el asunto de que se trataba sólo habría lugar a una de dos responsabilidades: o la del Gobernador ante el Estado, si éste no prohijaba el abuso cometido por aquél, o a la del Estado ante la Nación, si, sucedía lo contrario.

Por anárquica que fuera esta doctrina de la Corte, ella consultaba, a mi entender, más fielmente que la desarrollada por el Presidente, el principio de la soberanía de los Estados, que era la base cardinal de la Constitución de Rionegro. La corte se fundó, además, en que no de otro modo había sido universalmente interpretado el espíritu de ese Código en casos análogos, ocurridos anteriormente; lo cual era de toda evidencia.

Dando por sentado que el autor de este auto fue el magistrado doctor Murillo, observaré de paso que aquí se puso una vez más de relieve el rasgo predominante del carácter político de este ilustre personaje, rasgo en el cual pocos de nuestros hombres públicos le han igualado: el valor de sus propias convicciones. Ya lo habíamos visto desafiar ciertas preocupaciones sociales cuando lanzó en El Tiempo su famoso editorial titulado Fotografía social y empirismo penal; y ahora le vemos afrontar la cólera de un gran número de sus copartidarios, y en especial la del General Gutiérrez. Sabido es que éste nunca le perdonó al doctor Murillo ese auto de la Corte, en su opinión tan contrario al concepto emitido por el mismo Murillo en la junta consultiva que se reunió en palacio la tarde del 9 de octubre, a saber: que debía procederse sin tardanza a desconocer al gobernador de Cundinamarca. Carácter moral de una sola pieza, el General Gutiérrez no pudo darse cuenta de la diferencia que puede haber entre el político y el juez, entre la razón de Estado y la razón legal.

En más de un pasaje de los escritos que en aquella época publicó para su defensa el señor Gutiérrez Vergara, se descubre como impresión dominante en él, la de que la popularidad con que había sido elegido Gobernador, era título bastante Para oponerse al querer de la Asamblea, y aun para desconocerla. Esto mismo aconteció al Presidente Mosquera con relación al Congreso de 1867; y a pesar de que el ejemplo estaba tan cercano y de que el señor Gutiérrez Vergara había sido de los primeros en desconocer la validez de semejante título, no por ello dejó de incurrir en la misma falta así se demostró una vez más la exactitud del proverbio de "ver la paja en el ojo ajeno...".

Lástima da ver el talento -dice un historiador- luchando con lo imposible; e imposible era realmente que estando todavía frescos los laureles de Segovia, de Tunja y Bogotá, el partido vencedor en esas tres grandes jornadas se dejase arrebatar por artificiosos medios - como el ensayado en el decreto de 22 de agosto- o por vacilantes golpes de autoridad -como el del 9 de octubre- la posesión del poder público en Cundinamarca, transitoriamente perdida por él, y recobrada luego con el triunfo obtenido en la elección de diputados a la última Asamblea.

Hubo, pues, seguedad y obstinación de parte del Gobernador Gutiérrez, al insistir en el descabellado propósito de usurpar el Poder legislativo para convocar una Convención y derogar ciertas leyes; seguedad y obstinación tanto mayores cuanto habiendo consultado el punto con el Presidente de la Unión, éste le contestó en los términos siguientes:

"No me diga usted más, señor don Ignacio; eso sería en resumen, proclamarse usted dictador, cosa que ni armados ni desarmados se les puede proponer a los cundinamarqueses, y cosa a la cual ninguno puede imaginarse que me presté jamás yo. Conque es inútil que me diga usted más de semejante plan.

"Usted, pues, aunque lo diga el periódico citado ⁽¹⁾ no me ha hecho a mí árbitro de la situación. Si tal cosa hubiese sucedido, yo le habría dicho a usted: revoque su Decreto de 22 de agosto próximo pasado sobre la organización de la administración ejecutiva, el cual ha anarquizado y puede revolver a Cundinamarca; y si no puede hacerlo, sepárese de la Gobernación; esta es la única manera como puede usted salvar la situación, en mi concepto".

Aquella declaración y este consejo debieron hacerle comprender al Gobernador lo que podía esperar del Jefe de la Nación en caso de un conflicto como el que intentaba provocar.

Cierto es que el Presidente le manifestó en ésta como en otras ocasiones, que "obraría siempre de acuerdo con sus deberes constitucionales y legales"; manifestación en que se funda el principal cargo que le hizo el Gobernador; pero conocidas como eran de éste las opiniones particulares del primero, en lo relativo a la cuestión que se agitaba, y vista la imponente actitud asumida por el partido liberal de Cundinamarca, la más sencilla previsión bastaba para que el Gobernador comprendiese cuál sería la conducta del primer Magistrado de la Nación ante un conflicto que le habría de colocar en la alternativa de ceder a las exigencias de una situación que se imponía, o de dar lugar a una complicación en extremo peligrosa.

Quejóse también el señor Gutiérrez Vergara de que, habiendo sido consultado el Presidente en la noche del día 9 por el Secretario de Gobierno de Cundinamarca, doctor Carlos Holguín, sobre el modo como debería proveerse al mantenimiento del orden en la capital durante esa misma noche, el Presidente le hubiera contestado en términos que parecían calculados para infundirle engañosa confianza, a saber: "Ya he dispuesto que después de las nueve nadie salga de los cuarteles de la Nación. Hagan ustedes otro tanto en San Francisco, y así pasaremos esta noche". ⁽¹⁾

Asediado el Presidente en tan críticos momentos por las investigadoras preguntas del señor Holguín, ¿pudo éste imaginarse que, aún en el caso de que a esa hora (entre seis y siete de la noche) hubiese tomado ya el Presidente la resolución de intervenir con la fuerza armada, habría de incurrir en la candidez de anunciarle al Secretario que al amanecer del día siguiente rodearía el cuartel de San Francisco con los batallones de la Guardia?

Esa respuesta dada al señor Holguín y comunicada directamente al Gobernador, por conducto del Comandante Emilio Murillo, es la que el señor Gutiérrez Vergara llamó en uno de sus manifiestos (colección de documentos citada) "el narcótico oficial" que le propinó el Presidente, y bajo cuya influencia pudo pasar esa noche entregado a un. tranquilo sueño. Sin poner en duda la veracidad del señor Gutiérrez Vergara, preciso es hacer notar que sobrados motivos tenía él para no abrigar tan absoluta confianza. En efecto, él había oído, a las doce de ese mismo día, de boca de un amigo suyo, que lo era también del General Gutiérrez -el doctor José Segundo Peña- la siguiente revelación:

"El Presidente me ha manifestado estimarlo mucho a usted personalmente; y en cuanto a lo oficial, usted sabe que él ha tratado de conciliar las diferencias de usted y la Asamblea, hasta el punto de haberse levantado contra él una terrible oposición liberal, como usted lo ve" (me permito subrayar ésta y algunas otras frases).

"El lo ha dicho"; al primero que altere el orden en Cundinamarca lo atacaré como a perturbador del orden público; y el General Gutiérrez es hombre que hace lo que dice. El no había aceptado la indicación de la Convención; ¿cómo cree usted que procederá con estos decretos, en una situación tan grave como la de hoy? ⁽¹⁾

Así, pues, si algo pudo explicar la ciega confianza de que habla el señor Gutiérrez Vergara no fue seguramente la contestación aludida, sino la ausencia del Secretario de Gobierno del cuartel de San Francisco durante aquella temerosa noche.

En efecto, habiendo salido éste de allí en comisión del Gobernador a tratar con el Presidente sobre el mencionado asunto de la policía de la ciudad, e indudablemente también con el objeto de husmear lo que a esas horas pasara en las altas regiones del Gobierno, sucedió que en vez de volver a ocupar su puesto al lado del Gobernador, le dirigió una carta tranquilizadora, y se fue a pasar la noche en la Legación francesa.

¿Se engañó también el señor Holguín? Punto es éste cuya averiguación poco interesará a la historia; y como, además, se refiere a un acto psicológico, cualquiera interpretación que de él se hiciera sería aventurada.

Me limitaré, pues, a transcribir lo que el mismo señor Holguín dijo a ese respecto en el número 224 de La Prensa, refiriendo un incidente que contribuirá a ilustrar el juicio del lector; es el siguiente:

En la primera conferencia que sobre el asunto de la policía de la ciudad tuvo el día 9 el señor Holguín con el General Gutiérrez, éste, según la relación hecha por el mismo señor Holguín en el citado artículo de La Prensa, se expresó así:

"Yo bien querría hacer algo, pero no puedo. No tengo camino legal ninguno para mezclarme en estos asuntos. Vea usted, hoy no tengo con quien entenderme oficialmente en Cundinamarca: don Ignacio ha roto los títulos de Gobernador con la expedición del decreto que me mandó esta mañana. Hoy no es sino un Jefe rodeado de un poco de gente armada en San Francisco"; o lo que es lo mismo, agregaré yo, un rebelde.

¿Pudo el Presidente decir algo más significativo, no solo para persona tan avisada como el señor Holguín, sino para cualquiera otra?

Oigamos ahora a este señor:

"Sin el menor temor de equivocarse -dice en el citado artículo aseguraríamos que entonces (es decir en el momento de la última entrevista) el General Gutiérrez no estaba todavía resuelto a intervenir. Quién sabe si no era presa en esos momentos de alguna coacción moral de esas que los partidos imponen a sus hombres ⁽¹⁾ en nombre de alguna suprema injusticia. Quién sabe si esas gentes ⁽²⁾ que había en su cuarto empeñadas en un caluroso debate, no estaban allí reunidas para arrancarle la palabra de que faltaría a su deber, e hilando sutilezas teológicas (curiosa es esta frase en boca del católico señor Holguín!) para tranquilizarle la conciencia".

Ahora, si esta previsión no fue de aquellas que suelen tenerse ex post facto, ella contradice o infirma la aserción del señor Holguín sobre la seguridad que dice haber tenido "hasta ese momento" de que el General Gutiérrez no estaba todavía resuelto a intervenir; y la infirma, porque tal previsión implica duda, y la duda es incompatible con la certidumbre absoluta

Temiendo acaso el señor Holguín -y ésta es mera conjetura- incurrir en la nota de candoroso, que estaba muy lejos de merecer, desvirtuó la afirmación que había hecho para explicar honrosamente su ausencia de San Francisco en la hora del peligro.

Pasando ahora a tratar de la conducta del Presidente, observaré que como el desarme y prisión del Gobernador fueron ordenados con manifiesta violación de la ley de orden público, hubo de invocarse en defensa de tales actos la disposición constitucional que imponía al Ejecutivo el deber de velar por el orden público; se razonó extensamente sobre el principio de que el encargo principal de los gobiernos es el de dar seguridad; y se alegó, por último, el estado de sitio a que, según frase oficial, había quedado reducido el gobierno federal "en su propia residencia". Para hacer más patente esa situación, se agregó que las fuerzas organizadas por el señor Gutiérrez Vergara estaban bajo las órdenes inmediatas de los más caracterizados enemigos de las instituciones nacionales. ⁽¹⁾

Todo esto, y algo más, se dijo por la prensa y se alegó en la Cámara de Representantes, con motivo de la acusación intentada en ella contra el Presidente Gutiérrez, acusación que fue desechada por la mayoría de dicha Cámara.

Aún suponiendo infundado -como yo me atrevo a creer que lo era- el temor de que el Gobierno General, apoyado como estaba en la Guardia Colombiana, fuera atacado por las fuerzas revolucionarias de Cundinamarca, es indudable que en la situación en que se vio colocado, después de haber sido inútil su papel de conciliador, no le quedaba al Presidente otro camino que el que adoptó, como no fuera el de permanecer pasivo espectador de una lucha armada entre los partidos beligerantes de Cundinamarca, que hubiera tenido por teatro la misma capital; y en ese caso habría corrido el riesgo de no poder impedir que una parte al menos de la fuerza nacional hubiera terciado en la contienda, y de ver, por consiguiente, desconocida su autoridad. Se recordará, en efecto, que el día 9 corrió el rumor en la ciudad de que con el apoyo de alguno o algunos cuerpos de la guardia se le haría al Presidente un 23 de mayo, cosa muy posible en tan extraordinaria situación. Cuando, en circunstancias imprevistas, el dilema que se presenta es el de "ser o no ser", tanto los individuos como las colectividades adoptan sin vacilar el primer medio de defensa que les viene a la mano.

Queda, pues, demostrado una vez más, que no sólo hubo imprudencia sino temeridad de parte del Gobernador de Cundinamarca, en colocar al Presidente de la Unión en la alternativa de violar la ley o de dar margen a una profunda división en su partido, que hubiera comprometido la paz general; corriendo además el riesgo, remoto sí, pero no imposible, de verse expulsado de la casa de Gobierno por sus mismos copartidarios, en nombre de la salvación común.

A pesar del respeto que me inspiró el señor Gutiérrez Vergara, y. de las simpatías que despertó en mí su afable trato, no vacilo en manifestar que, a mi juicio, obró con poca cordura en su calidad de Gobernador, sometiendo al Presidente de la Unión a tan terrible prueba. Actos de abnegación o de valor civil, que en alguna especial situación puedan equivaler a un suicidio político, de nadie es prudente aguardarlos.

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