Como Presidente de la Asamblea legislativa de Santander tuve la honra de poner en posesión de la primera Magistratura del Estado, para el período constitucional de 1864 a 1866, a uno de los más conspicuos y virtuosos ciudadanos que aquella importante sección de Colombia cuenta en el número de sus hijos: el doctor José María Villamizar Gallardo.

En este acto solemne dirigí la palabra al nuevo Magistrado en estos términos:

Señor Presidente:

Acabáis de hacer una promesa solemne: la de cumplir fiel y exactamente con los deberes que el honor, el patriotismo, la Constitución y las leyes imponen al Presidente de Santander.

Bien comprendo, señor, que a vuesta ilustración no ha podido ocultarse la gravedad de este compromiso, ni la inmensa responsabilidad que envuelve; y que, aunque joven, no os falta experiencia y madurez.

Sin embargo, al cumplir con el honroso deber che dirigiros la palabra a nombre de esta respetable Asamblea, no debo limitarme a felicitaros por vuestra elevación al primer puesto público del Estado. Las simples congratulaciones son siempre estériles, y a veces perjudiciales; y la actual situación del país, si no inspira grandes temores, ni da lugar a serias desconfianzas, a lo menos no autoriza para que nos entreguemos a expansiones entusiastas.

Verdad es que en Santander, como en todo el territorio de Colombia, se disfruta de paz; y que, reconstituída esta nación sobre bases mas homogéneas y en armonía con los principios de la ciencia política moderna, parece hallarse en plenitud de seguir sin grandes tropiezos el camino que debe conducirla hacia un brillante porvenir. Pero si se considera que ha sido a través de la más obstinada y sangrienta de nuestras luchas domésticas como se ha llegado a este resultado: que los hábitos y las preocupaciones sobre que, en parte, descansaba el antiguo régimen, si bien han cedido al empuje revolucionario, no pueden considerarse desarraigados o destruídos; si se considera que se han vulnerado grandes intereses, contrariado aspiraciones vehementes, y lo que es más aún, exagerado pasiones y engendrado odios profundos, habrá de convenirse en que, de la política más o menos ilustrada e imparcial, más o menos recta y conciliadora que guíe a los encargados del poder público, legisladores y mandatarios, dependerá casi exclusivamente que la presente situación sea el principio de una era de tranquilidad y de progreso, o quede, por el contrario, reducida a los estrechos límites de una tregua, proporcionada a la extenuación y el cansancio producido por la guerra.

Y ved aquí, señor, ligeramente bosquejado el principal motivo de la gran responsabilidad que acabáis de asumir!

Merced a circunstancias que no sería fácil determinar con precisión, pero que, sin jactancia, pudiéramos explicar por un mayor grado de desarrollo moral en las masas populares; por antiguos y bien sostenidos hábitos de trabajo; y por una mayor uniformidad en principios e ideas políticas, es lo cierto que Santander se encuentra, con relación a los demás Estados de la Unión, en condiciones muy favorables para afianzar la paz interior, consolidar las nuevas instituciones, y entrar resueltamente en la vía del progreso material.

Las importantes empresas sobre caminos, agricultura y comercio que empiezan a acometerse, y que han logrado fiar ya la expectación pública, lo prueban suficientemente; y ellas, como todo trabajo productivo, constituyen, después de la libertad, el primer elemento de orden en todo país civilizado.

La organización fiscal que se ha dado el Estado, si no satisface las más exquisitas y elevadas aspiraciones de la escuela liberal, con el buen servicio público nos ha traído la confianza, y la confianza, señor, sobre ser por sí sola un bienestar presente, funda la esperanza más firme de paz y prosperidad para lo porvenir.

La situación del Estado es, pues, harto consoladora; pero de ellas deriva indudablemente, en punto a conservación del orden interior, un mayor grado de responsabilidad delante de los demás Estados sus hermanos; responsabilidad que debe preocupar a su Gobierno y que debe hacerlo tanto más circunspecto y previsor. Me refiero, señor, a la que proviene de la unión y solidaridad en que se halla constituído. Porque, sin entrar en más detalles a este respecto, ¿quién puede asegurar que Santander no tenga hoy en sus manos la balanza del orden general una vez que por su especial situación, y por el crédito y fuerza relativas de que goza, puede influir de una manera indirecta pero segura en la buena marcha de los demás Estados colombianos? ¿Quién puede responder de que, perturbado aquí el orden, no se rompa el equilibrio general?

Meditad sobre esto, señor.

Nuestra Constitución expedida en 1862, cuando el estruendo de la guerra aún se hacía oír en el Estado, parece, sin embargo, no resentirse de tan crítica situación. En ella se consagran todas las libertades y derechos inmanentes del hombre; y si uno de estos derechos, el de sufragio, quedó restringido a los que saben leer y escribir, no fue seguramente porque se quisiera menoscabar un derecho, ni incrustar en nuestras instituciones algún principio oligárquico; pensóse únicamente en poner el remedio que de pronto era posible a escandalosos abusos que minaban por sus cimientos el edificio republicano, dejando la elección de los más altos funcionarios a merced de atrevidos fabricantes de votos. Tal restricción era, además, imperiosamente reclamada por la opinión pública; y esta sola habría sido razón bastante para establecerla.

Pero tiempo vendrá, y no muy tarde, en que el sufragio universal sea la base cierta y fundamental de nuestro sistema político. Corresponde entretanto al Gobierno y a la prensa liberal del país trabajar asiduamente por acercar el día en que el ejercicio de tan precioso derecho no pueda ya convertirse en una farsa inmoral, y sea, por el contrario, una importante y facunda realidad.

El espíritu de oposición y reforma, característico de nuestra raza, y aguijón indispensable para toda sociedad que no esté condenada a vivir estacionaria, tiene entre nosotros todo el campo de acción que le corresponde en un país libre; pero debería ilustrársele para que, acertando a distinguir con entera precisión aquellos puntos de legislación o de gobierno sobre que debe ejercitarse con provecho público, corresponde mejor a su objeto; y también para que, acostumbrándose a no traspasar los límites que la razón y el patriotismo le señalan, no venga a ser nunca un motivo fundado de alarma y desconfianzas.

A este propósito convendría hacer un estudio más atento de nuestras necesidades y de los medios de satisfacerlas, evitando así el que, como sucede comúnmente, se busque el remedio donde es más difícil encontrarlo, y se inculpe a las instituciones como origen de males que son causados las más de las veces por la mala inteligencia y peor ejecución que suele dárseles.

La educación política y religiosa que por espacio de tres siglos se ha dado a nuestros pueblos, acostumbrándolos a esperarlo todo de arriba, ya sea en forma de mandato 0 de milagro, pero sin intervención de esfuerzo alguno de su parte, es seguramente la que ha producido ese insólito desprecio conque comúnmente mira el reconocimiento de sus derechos políticos; y de ahí la abdicación estúpida de sus más preciosas facultades: de ahí esa indolencia y egoísmo, dominantes en nuestra sociedad, y que, si han sido un obstáculo para el establecimiento de la República central, lo son mucho mayor para la práctica del Gobierno propio. Es así como puede explicarse la ineficacia de nuestras leyes sobre descentralización; como también el hecho consiguiente de que, en varios Distritos, sin embargo de encontrarse un número suficiente de hombres honrados, laboriosos y aptos para el desempeño de los destinos públicos, se hallen éstos en manos de aventureros que esquilman y desmoralizan las poblaciones.

Y vese luego a aquellos hombres, comúnmente acomodados propietarios, pero egoístas e indiferentes por la cosa pública, darse a la tarea de exhaltar quejas inútiles, y de atribuír al personal de los empleados públicos, a las pasiones políticas, o a las instituciones mismas, la causa de su malestar; sin percibirse de que, como ya he manifestado, estas instituciones que tanto vituperan, no tienen quizá otro defecto que el de no ser bien comprendidas y practicadas.

Hoy disponen los Distritos de todo el poder que necesitan para promover su mejoramiento moral y material; pero para que las leyes que se han dado y puedan darse con esto objeto no sean letra muerta, es preciso inculcar en los pueblos el convencimiento de que sin la activa y eficaz cooperación de los ciudadanos, las mejores leyes son papeles, como dijo con tanta profundidad el Libertador.

Las Repúblicas, ha dicho Montesquieu, deben tener por fundamento la virtud; y sin preocuparnos de la exactitud más o menos rigurosa de tan autorizado pensamiento, podemos, sí, asegurar que la indiferencia y el egoísmo son dos grandes enemigos de la democracia.

Pero los funcionarios públicos también tienen por su parte deberes de que hasta ahora han prescindido casi generalmente. Hase creí do que con la observancia de ciertas prácticas rutineras, y con un trabajo mecánico en las oficinas, llenan cumplidamente su deber; y pocos se han percibido de que la confianza pública de que están investidos exige de ellos, no sólo el empleo de la mayor parte de su tiempo, sino también el de sus luces y hasta el de su influencia personal en servicio de la comunidad.

A fin de imprimir mayor vigor y actividad en el servicio público, ha sido presentado y cursa en la Asamblea un proyecto de ley adicional a lo orgánica del régimen político, que seguramente tendréis el honor de aprobar.

He concluido, señor, las breves pero francas apreciaciones que me había prometido haceros en esta ocasión; y sólo me resta, después de aseguraros la deferencia con que serán oídas por la Asamblea las indicaciones que tengáis a bien hacerle, expresar la complacencia de que me siento poseído 31 instalar en la silla presidencial a un ciudadano que, hallándose por sus servicios y aptitudes al nivel de los hombres más distinguidos de Santander, los excede a todos modestia".

Entre los actos legislativos de la Asamblea de aquel año, merece especial mención el que destinó fondos, para reorganizar los antiguos colegios de Pamplona y Vélez, de Manera de ponerlos al nivel de los mejores establecimientos de su clase en la capital de la República, dotando a cada uno de ellos con un gabinete de física, y con los instrumentos necesarios para que el estudio de las matemáticas, especialmente el de la astronomía, se hiciese con el mayor provecho posible.

Habiéndome confiado el Presidente la delicada misión de elegir en Bogotá el personal de empleados para el Colegio de Vélez, y de ofrecer los correspondientes nombramientos, tuve la fortuna de encontrar en los señores doctor Secundino Alvarez M., don Lorenzo Codazzi y don Luis Lleras tres institutores modelos. ⁽¹⁾

Un año después de abierto el colegio de varones, las señoras esposa y madre del señor Codazzi fundaron un colegio de señoritas, que vino a ser, en todo el tiempo de su funcionamiento, el mejor ornato de aquella antigua capital de provincia.

Creo no equivocarme al decir que la existencia, desgraciadamente corta, de esos dos planteles de enseñanza secundaria, formará época en los anales de la instrucción pública de la ciudad que fundó Martín Galeano; y que tanto los caballeros mencionados como las matronas fundadoras del colegio de señoritas, son recordados allí con respeto y gratitud.

En 1865 fui elegido Senador Plenipotenciario por el Estado de Santander; y en respuesta al oficio en que se me comunicó el nombramiento, dirigí al Presidente de la Asamblea Legislativa una comunicación, que fue publicada en la Gaceta de Santander, junto con la nota que se verá al pie, y de la cual copio los pasos siguientes:

"Por el correo que llegó ayer a esta ciudad recibí vuestra nota de 26 de Septiembre próximo pasado, en que me comunicáis la elección hecha en mí para Senador Plenipotenciario principal por el Estado, según la declaratoria que en sesión de 19 del mismo mes hizo la Asamblea que presidís.

"Muy honroso y satisfactorio me sería representar al Estado en aquel alto puesto, que, aunque superior a mis limitadas facultades, no lo es a la buena voluntad ni al decidido interés que he tenido siempre de prestar mis servicios al Estado, cuandoquiera que me sean exigidos o que puedan ser oportunos; pero una vez que esta elección ha sido sindicada de fraudulenta, yo debo rehusarla en el interés mismo del Estado, y por propia dignidad.

"También debo dar las gracias a los ciudadanos del Estado que me honraron con sus votos, y muy especialmente a los dignos y patriotas hijos de este departamento, de quienes he recibido tan repetidas muestras de confianza, que estimo en alto grado, y de las que deseo conservarme siempre digno.

"Servíos, ciudadano Presidente, poner en conocimiento de la Asamblea mi renuncia del puesto de Senador Plenipotenciario por el Estado, y aceptad las seguridades de mi respeto y consideración.

"Vélez, Octubre 3 de 1865.

"AQUILEO PARRA ".

"Asamblea Legislativa - Socorro, 11 de Octubre de 1865

"Se dio cuenta a la Asamblea de la presente nota en esta fecha, y se acordó mandarla publicar inmediatamente, difiriendo resolver otra cosa hasta el 18 de los corrientes.

" El Secretario, Próspero C. Azuero ".

La Asamblea se negó a admitir mi renuncia, fundándose en que del examen de los registros electorales no resultaba ni el menor indicio de fraude.

Al dar ese paso sólo tuve en mira -como la renuncia misma lo indica- contribuír con mi modesto ejemplo a la moralización del sufragio; ejemplo que fue seguido algún tiempo después por el doctor Eusebio Morales, quien, por análogo motivo, renunció en cierta ocasión un nombramiento de diputado a la Cámara de Representantes.

Estos actos fueron aplaudidos en Santander, donde, a favor de una ilustrada y severa sanción, se procuraba establecer y consolidar las verdaderas prácticas republicanas, hasta cuando vino el flagelo de la Regeneración fundamental, que va haciendo desaparecer hasta la memoria de esas prácticas!

Conforme a lo dispuesto en la Constitución de 1863, el Congreso debía reunirse el 1°. de Febrero de cada año, y el período administrativo -que era de dos años- empezaba el 1°. de Abril. De modo que entre la reunión del Cuerpo legislativo y la posesión del Presidente electo mediaba un lapso de sesenta días, que, a causa de la expectativa de reformas que pudiera iniciar la nueva Administración, era un tiempo casi perdido para las tareas legislativas.

Este obligado aplazamiento, que ocurría de dos en dos años, se prolongó de modo extraordinario en 1866, por que el nuevo Presidente, General Tomás C. de Mosquera, que se hallaba ausente del país cuando se declaró su elección, no se encargó del mando hasta fines de mayo del mismo año. Ese período parlamentario de cerca de cuatro meses, fue, pues, de calma política, apenas interrumpida momentáneamente por la elección de primer Designado para ejercer el Poder Ejecutivo. Para este puesto se presentaron dos candidaturas: la del doctor Manuel Murillo, que cesaba en el ejercicio de la Presidencia de la Unión, y la del doctor José María Rojas Garrido, que ocupaba el empleo de Presidente de la Suprema Corte de Justicia; y se decidió a favor del último por una mayoría de cuatro votos.

Al triunfo de la candidatura del doctor Rojas, lanzada y sostenida por la fracción liberal mosquerista del Congreso, contribuyó un incidente ajeno a la política, y que por ello vale la pena de ser referido.

Con intervalo de algunos meses, la Asamblea Legislativa del Estado de Bolívar había concedido dos privilegios que parecían excluírse: uno a favor del súbdito inglés `V. F. Kelly, "para la construcción de un camino de carriles de hierro, que pusiese en comunicación la ciudad de Cartagena con cualquier punto de la ribera occidental del río Magdalena"; y otro a favor de indeterminada persona o compañía, para construír un camino de igual clase al anterior entre la ciudad de Barranquilla y el puerto de Sabanilla.

Esta última vía de comunicación, más corta que la primera, practicable a menor costo y llamada a prestar igual servicio en lo relativo al comercio de importación y exportación, no sólo del litoral atlántico sino también del interior de Colombia, pareció destinada a competir ventajosamente con la primera, y aun quizá a frustrar su ejecución: motivo por el cual un respetable ciudadano, vecino de Cartagena, solicitó de la Suprema Corte Federal la suspensión de la ley que concedió el segundo de dichos privilegios. La Corte accedió a lo solicitado fundándose en que, por este último acto legislativo, se vulneraban derechos adquiridos en virtud del primero; y las Diputaciones de Bolívar -partidarias como eran casi en su totalidad del ferrocarril de Cartagena- acogieron con entusiasmo la candidatura del Presidente de la Corte, doctor Rojas Garrido, y se interesaron a tal punto en el triunfo de ella, que, hallándose enfermo uno de sus más distinguidos miembros, el doctor Benjamín Noguera, se hizo trasladar en silla de manos al salón del Congreso para darle su voto firmado al doctor Rojas Garrido.

El Senado, por su parte, de acuerdo con el dictamen de la Suprema Corte, declaró nula la citada ley, por dieciséis votos contra siete, nominalmente emitidos. Entre estos últimos se contó el mío; y tanto por haber sido ese el único asunto que se discutió con calor en el Senado antes de la posesión del nuevo Presidente, como porque mi voto discrepó el fallo de la Corte y del concepto de la mayoría del Senado, y también para dar más clara idea del fondo de la cuestión, insertaré aquí, tomándolo del acta respectiva (Diario Oficial número 602) el extracto del discurso que, en apoyo de la opinión de la minoría, pronuncié ante el Senado en la sesión del 28 de marzo, y que es como sigue:

……….. "Replicando al ciudadano Ruiz, el ciudadano, Parra manifestó:

"Que una vez que se hacía el cargo a la minoría de, que rehusaba tratar la cuestión en otro terreno que 110 fuera el de averiguar si se estaba o no en el caso de que el Senado hiciera uso de la atribución constitucional de anular los actos legislativos de los Estados, y sin embargo de que él consideraba que este es ciertamente el aspecto más importante de la cuestión; por complacer al ciudadano Ruiz iba a decir algo en demostración de que los dos privilegios en cuestión no se oponen el uno al otro, y que con el segundo no se violan los derechos concedidos por el primero. A este efecto sentó como base de su razonamiento el principio de que, para averiguar el verdadero sentido del privilegio concedido al señor Kelly, esto es, la mayor o menor latitud que pueda darse a sus disposiciones, debía considerarse éste en todo su conjunto y no tomarse aisladamente ninguna de sus disposiciones: considerar en globo el objeto que se propuso la Asamblea de Bolívar al expedirlo; definir este objeto lo más claramante posible, y deducir si efectivamente dicho privilegio abrazaba la línea designada para el segundo privilegio. Que, en su concepto, la Asamblea de Bolívar, al expedir el primer privilegio, sólo tuvo en mira el establecer una línea de carriles de hierro que, empezando en la ciudad de Cartagena, terminara en cualquier punto de la ribera occidental del Magdalena que se halle dentro del territorio del Estado: que esto es lo que dice claramante el artículo 1°. del privilegio; y que esto era todo lo que se podía pretender, porque esto sólo llenaba el objeto principal de la empresa, cual es el de abrir una vía de comunicación que haga de Cartagena el puerto más importante de la República, brindando mayores facilidades que cualquiera otro para el comercio de importación y exportación, no del Estado de Bolívar mismo, sino de todo el interior del país. Que a la disposición contenida en el artículo 3°. del privilegio, por la cual se autoriza al señor Kelly para trazar líneas distintas en todo el Estado, que estén en comunicación con la línea principal, no podía dársele otra interpretación recta y genuina, que la de la facultad de establecer ramificaciones, líneas accesorias y dependientes de la principal, que tuvieran por objeto buscar los diferentes centros de producción agrícola y de consumo de efectos extranjeros; pero siempre con el propósito claro e incuestionable de que el tráfico que se hiciera por esas líneas accesorias, tuviera por centro la línea principal del ferrocarril, y consiguientemente la ciudad de Cartagena. Que, en su concepto, esto, y nada más, es lo que se ha pretendido con el privilegio de Kelly; pues considera moral y económicamente imposible, por ser un contrasentido manifiesto, el que la Asamblea de Bolívar, habida consideración al estado de nuestra industria, se hubiera imaginado siquiera que el camino de carriles de hierro que debía partir de la ciudad de Cartagena, puerto de mar en el Atlántico, hubiera de terminar en Sabanilla, puerto de mar también en el Atlántico. Que el ferrocarril de Barranquilla a Sabanilla debe considerarse como una línea principal que, lejos de poder ser continuación de la otra, la excluye, o por lo menos, la reemplaza en su mayor parte; viniendo a ser tan principal como la otra pues cumple el mismo objeto que ella, cual es el de transportar mercancías de uno de nuestros puertos principales en el Atlántico a un punto del río Magdalena en que puedan ser trasbordados a los buques de vapor, y viceversa. De todo lo cual dedujo en la ley de privilegio en favor del señor Kelly, no privaba al Estado del derecho de conceder privilegio para construír otra línea de carriles de hierro distinta de la anterior, y tan principal como ella, para poner en comunicación la ciudad de Barranquilla con el puerto de Sabanilla.

"Pero que, en gracia de discusión, concedía que fuera ciertamente incompatible el segundo privilegio con el primero; Y que iba a averiguar si correspondía al Senado, usando de una atribución constitucional, hacer cesar semejante conflicto, anulando uno de los actos legislativos que lo produjo; o si, por el contrario, era una atribución exclusiva del Poder Judicial del Estado decidir de la validez o nulidad del contrato a que dio lugar la segunda ley de privilegio, aplicando la legislación civil del Estado en la parte correspondiente.

"Que para esto era preciso empezar por definir lo que es una ley de privilegio; y la definió diciendo que no era otra cosa que la iniciación de un contrato y su ratificación anticipada, para el caso en que hubiera quien lo aceptara; y que, a diferencia de las demás leyes, ésta no causa derecho ni produce obligaciones para nadie más que para el que voluntariamente quiera aceptarlas; no pudiendo, por tanto, considerarse jamás como un acto por el cual puedan ser violadas las garantías individuales de la manera prevista por la Constitución. Que no siendo más que un contrato entre el Gobierno y un particular, puede ser nulo por cualquier motivo, y en el caso presente pudiera serlo, por ejemplo, porque se enajenaba una cosa de que no se tenía legalmente derecho de disponer; pero que la validez o nulidad de este contrato correspondía decretarla al Tribunal del Estado; sin que importe nada el que el Gobierno sea una de las partes contratantes, pues en la condición de tal no tenía más derechos ni privilegios que cualquier individuo particular.

"Agregó que la Constitución y las leyes no debían interpretarse de manera que condujeran a un contrasentido; y que en el caso presente era lo que iba a suceder, pues por sostener la garantía de la propiedad, que no estaba violada de una manera inapelable dentro del Estado mismo, se vulneraba otra garantía no menos preciosa, cual es la que tiene todo individuo (y en este caso el Gobierno del Estado también la tiene como parte contratante) de no ser sentenciado sin ser oído y vencido en juicio. Que el Senado, aprobando la proposición que se discutía, no hacía otra cosa que dictar un sentencia definitiva, y arrebatar a alguna de las partes los medios de defensa que le dan las leyes.

"Terminó manifestando que esa tendencia de parte de los poderes federales a usurpar los derechos de los Estados, era la que había inspirado la malhadada ley de elecciones de 1859, que, a su turno, había producido la sangrienta reacción que, puede decirse, apenas acaba de pasar".

Con fecha 18 de Abril solicitó del Senado de Plenipotenciarios el encargado del Poder Ejecutivo la aprobación de los siguientes ascensos militares: el de General efectivo al Coronel Andrés Cerón, y los de Coroneles a los Tenientes Coroneles Marcelino Gutiérrez A. y Lino Ruiz.

El estado de completa paz en que se hallaba la República, y la circunstancia de estar ocupando un puesto en la Suprema Corte Federal, como Magistrados en propiedad, los doctores Gutiérrez A. y Cerón, fueron consideraciones que obraron poderosamente en mi ánimo para decidirme a votar contra tales ascensos. Mas, teniendo en cuenta que entre los favorecidos se hallaba un amigo mío, el doctor Marcelino Gutiérrez A., pensé por el momento abstenerme de votar, y me salí del salón. Por primera vez iba yo a rehuír la responsabilidad de un voto, o sea a prevaricar a medias, según la rigurosa expresión del doctor Ezequiel Rojas; y esta consideración me hizo vacilar en la puerta del salón, a tiempo que el General Santos Acosta, al pasar cerca de mí, me preguntó si no entraba a votar. Esta indirecta excitación puso término a la perplejidad en que me hallaba, y volví a ocupar mi asiento. Era el momento en que el Secretario del Senado, señor Aureliano González, repartía las balotas para la votación; y yo, siguiendo una mala costumbre, le dejé conocer mi voto sacando únicamente la bola negra.

Interesado, como parecía estarlo, el Secretario en que los ascensos fuesen unánimemente aprobados, se hizo de la vista gorda y no recogió mi voto con lo cual logró, por el momento, el resultado que deseaba. Esto era indiferente para mí; pero, deseando que no pasase inadvertida del Senado la omisión del Secretario, me dirigí a él en voz alta, mostrando en público mi balota negra, y le supliqué que se sirviera recogerla, ya que de nada podía servirme. Al oír esto el General Acosta, que presidía la sesión, me excitó a que reclamara, y como yo me hubiese denegado a ello, resolvió de oficio, conforme al reglamento, que se repitiera la votación por haberse dejado de recibir el voto de un Senador que se hallaba presente.

Quién habría de pensarlo! Muchos de los votos blancos anteriormente emitidos se cambiaron en negros, y el resultado de este nuevo escrutinio fue la desaprobación de los ascensos. La sesión se levantó un momento después, porque varios Senadores abandonaron su asiento. En la del siguiente día se volvieron a considerar los malaventurados ascensos, y fueron aprobados por uno o dos votos de mayoría. En el interés de que no quedase pública constancia de lo ocurrido en la sesión precedente, dejó de publicarse el acta de ella, cosa que ahora sólo he venido a notar.

Por lo demás, ese voto negro me costó, como era natural que sucediese, la pérdida de la amistad del doctor Marcelino Gutiérrez; y sin que hasta hoy pueda yo decir que este distinguido servidor de la causa liberal se hubiese tornado enemigo mío, quiero aprovechar el recuerdo de aquel incidente, tanto más desagradable para mí cuanto, según toda probabilidad, los ascensos fueron propuestos al Senado sin previo conocimiento de los agraciados: quiero aprovechar, digo, esta ocasión, para manifestar que las antipatías y odiosidades de que en el curso de mi vida he sido y soy objeto, han provenido -sin excepción que ahora recuerde- ya de simples diferencias políticas, o de una rigidez quizá excesiva en el modo de desempeñar funciones públicas.

El día primero de mayo fui elegido Presidente del Senado en competencia con el ilustrado, discreto y simpático orador doctor Manuel de Jesús Quijano, mediante un segundo escrutinio en que fui favorecido con los votos de los Senadores de Antioquia señores doctor Manuel María Mallarino, General Joaquín Posada Gutiérrez y N. Alvarez.

Como ya se tenía en perspectiva la posesión del nuevo Presidente de la República para dentro de pocos días, esa elección fue materia de divergencias entre la mayoría liberal mosquerista del Senado, y a esa circunstancia debí en parte el triunfo de mi candidatura.

El General Mosquera había manifestado públicamente desde Londres el propósito de venir a ocupar su puesto de Senador por el Estado del Cauca, antes de posesionarse de la presidencia de la República; pretensión verdaderamente insólita, que pugnaba abiertamente con la índole de las instituciones políticas de aquella época, y contra la cual obraba, además, la circunstancia de que, no habiéndose sancionado hasta entonces la ley sobre posesión de empleados, podía considerarse como virtualmente investido de sus funciones oficiales el Presidente electo desde el día en que pisase el suelo de la capital, después de haber principiado su período administrativo. Comprendiéndolo así, y deseando evitar un conflicto, supliqué al Senador Largacha, a tiempo de irse para Facatativá a encontrar al General Mosquera, que le significase el embarazo en que, por las razones antes dichas, me encontraría, como Presidente del Senado, para recibirle la promesa reglamentaria. ⁽¹⁾

No tuve para qué averiguar si el doctor Largacha había cumplido o no el referido encargo, porque una hora o dos después de haber llegado el General Mosquera a Bogotá, me comunicó por conducto de un oficial de órdenes que al día siguiente tomaría posesión de la presidencia. Y en efecto, a las doce del citado día (20 de Mayo), ante una numerosa concurrencia reunida en la Catedral, prestó el General Mosquera la promesa de estilo. En seguida le dirigí la palabra en estos términos:

"Señor Presidente:

Este es la cuarta vez que venís a prestar ante el Cuerpo Soberano de la Nación, la promesa de cumplir los deberes que ella impone a su primer mandatario en la Constitución y la ley.

Tan alta distinción sólo vos la habéis obtenido; y sea que vuestros servicios al país hayan sido prestados con una oportunidad y un éxito feliz nada comunes; sea que vuestra despreocupada y joven inteligencia os haya permitido marchar en la corriente del progreso sin quedaros atrás; o sea, en fin, que, mimado de la fortuna, no hayáis experimentado sus cambios y adversidades; es de todos modos un hecho singular, y que debe complaceros, el de que, al través de una larga carrera pública, vuestro nombre se haya preservado de ese eclipse total por que han pasado la mayor parte de nuestros hombres públicos. Muchos de éstos, cargados de merecimientos y llenos de aptitudes y de voluntad para el bien, no pudiendo resistir la prueba de nuestros cambios y revoluciones, han quedado relegados a un completo olvido, del que sólo volverán a salir el día en que la imparcial historia vaya a desenterrar sus nombres, confundidos entre el polvo de las generaciones!.

Pero vos, señor, habéis formado una rara excepción; y lo que ha sido esta última vez, vuestra elección se ha hecho con una popularidad tan incontestable como espléndida. Mi deber es, por tanto, felicitaros, felicitando también a la Nación; Y lo hago sinceramente, porque el voto casi unánime de los Estados que forman la nación colombiana, me está significando que vos sois el llamado por la Providencia a regir los destinos del país en esta ocasión.

Sed, pues, bienvenido! y que esta popularidad, así como es el primer título que tenéis a la confianza y al respeto de vuestros conciudadanos, sea también el vínculo que más extrechamente os ligue al deber de servir a la Nación de la única manera como ella quiere y debe ser servida: obedeciendo sus mandatos y ejecutando lealmente su voluntad.

El Código fundamental de la Unión, del que vais a ser el primer guardián, representa, como bien sabéis, la labor de muchos años, y es el fruto de una larga y costosísima experiencia para la Nación. De reforma en reforma, y de revolución en revolución, ella ha llegado por fin a adquirir el convencimiento de que los trastornos y agitaciones de que ha sido víctima desde su nacimiento hasta hoy, han tenido origen en la conducta aviesa, parcial y banderiza de los encargados del poder. La República sabe ya muy bien que el espíritu revolucionario no encuentra alimento en la índole eminentemente moral y pacífica de las poblaciones, sino en esa política falaz, calificada de hábil por el espíritu de partido, y que consiste en interpretar la Constitución o la ley en sentido de dar ensanche a las facultades del Poder Ejecutivo, y en poner la autoridad pública al servicio de un bando político o de una ambición personal. De aquí esa tendencia a restringir las facultades del Poder Ejecutivo, y a ensanchar proporcionalmente, exagerándolas quizá, las atribuciones del Congreso, y en especial las del Senado, como que estas corporaciones, en su calidad de poderes plurales, jamás han inspirado desconfianza a esta Nación, sobrado celosa de sus libertades.

Pero vos, señor, que fuisteis uno de los más activos colaboradores en la expedición de ese Código fundamental, y que si gozáis de gran prestigio en la Nación, lo debéis principalmente a haberos opuesto de un modo tan eficaz como lo hicisteis a la reacción que tuvo por objeto ligar los destinos del país a los intereses o a los destinos de un partido; vos sois el que menos puede incurrir en tan funesto error, sobre todo si calculáis, por el aplauso recibido, el enojo y la indignación que despertaríais si cayeseis en inconsecuencia!...

Además, y es muy justo reconocerlo, el jefe de la ilustrada administración que empezó en 1845 y terminó en 1849, no es el que pude inspirar temores de parcialidad y de falta de acierto en la dirección de los negocios públicos.

Aun a juicio de los contemporáneos, aquella administración fue fecunda en bienes para el país, y pasará a la historia como un período de respeto paré la industria y de tregua para el odio encarnizado de los partidos. ¿Y sabéis señor, por qué esa administración está reputada como una de las unas ilustradas y liberales que ha tenido la Nación y por qué ha venido a reflejar mayor brillo sobre vuestro nombre?

Voy a deciroslo:

No fue la libertad de cierta industria monopolizada por el fisco: no el impulso eficaz y poderoso que recibieron las mejoras materiales en todo el país: no el perfeccionamiento de los sistemas monetarios y de contabilidad para la hacienda pública; no, no fue nada de esto, ni, todo eso junto; fue algo más trascendental y singular: fue el hecho de haber iniciado, como iniciasteis, una política verdaderamente nacional. Entonces comprendisteis que el Presidente de la República no es, ni debe ser, el jefe de un bando político cualquiera, sino el Jefe de la Nación: no el representante de los intereses transitorios y a las veces egoístas de un partido, sino de los intereses grandes y permanentes de la sociedad. ¡Que el período administrativo de 1845 a 1849, sea pues el faro que os guíe en la nueva senda que vais a seguir!

La situación actual de la República es bien consoladora. Las nuevas instituciones, planteadas ya en todos los Estados, van recibiendo la aceptación, aun de sus más porfiados adversarios; la paz es una realidad; y los partidos en que se halla dividida la Nación, merced al trascurso del tiempo y a la política ilustrada de la última administración, han depuesto en parte la saña y el rencor que los agitaba hace dos años. La industria en general, y sobre todo la agrícola, que es en este país la base de todas las industrias, recibe incremento diario: las vías de comunicación se mejoran o se aumentan; la inmigración toca por fin a nuestras puertas, Y los medios de adquirir crecen y se multiplican, cesando en proporción la empleomanía, que tanto ha contribuído a fomentar la ojeriza y la envidia de los partidos. La guerra, que es el fantasma aterrador de todas las clases de la sociedad, parece haber concluído definitivamente, pues su última aparición de Octubre la dejó ver raquítica e impotente no habiéndose manifestado ya como el supremo esfuerzo de todo un partido, sino como el fruto de la demencia de unos pocos desgraciados; mientras que, por el contrario, la paz ha venido a ser el pensamiento dominante de todos los espíritus, y la aspiración común de los corazones colombianos.

La situación no puede ser, pues, más lisonjera ni prometedora en el sentido de la paz y del progreso; y si tenemos en cuenta, aparte de la alta moralidad de nuestro pueblo, que las ruedas de esta grande pero sencilla máquina que se llama el gobierno federal, habrán de seguir girando cada una dentro de la órbita que les ha fijado la Constitución, sin embarazarse ni ofenderse las unas a las otras, podemos asegurar que la era de las revoluciones está definitivamente cerrada en esta tierra, o que la lógica no tiene aplicación entre nosotros y que la sociedad está enferma de incurable y periódica locura.

Así, pues, si por la parte que os corresponde, prometéis cooperar y cooperáis en efecto, como nadie debe dudarlo, a la conservación de la paz, ella será de hoy más un hecho irrevocable que, haciendo la dicha de esta Nación, os franqueará el último escalón de la gloria!

Antes de concluír debo suplicaros que disimuléis mi franqueza. En una ocasión, no tan solemne como la presente, pero sí análoga y no menos grata para mí, hube de expresar, a propósito de la rectitud e imparcialidad de los gobernantes, conceptos idénticos a los que acabo de emitir. Entonces me dirigía al Presidente de Santander; ahora al de los Estados Unidos de Colombia; pero en ambos casos mis ideas han sido unas, como una ha sido también mi franqueza para manifestarlas; porque la franqueza es en estas ocasiones el primer deber del ciudadano.

En resumen, señor Presidente, no olvidéis que se os ha elegido para que, obedeciendo, vos el primero, la Constitución y la ley, las hagáis cumplir y obedecer: esto es lo que acabáis de prometer ante el Congreso; y la Nación espera de vuestro honor que lo cumpliréis.

He concluido".

Habiéndose sometido, pocos días después, a la sanción ejecutiva un proyecto de ley "que ordenaba la devolución de las dotes a las monjas exclaustradas", el Presidente lo devolvió con las observaciones que aparecen en el Mensaje de 28 de Mayo, publicado en el número 651 del Diario Oficial. La Cámara de Representantes, en sesión de esa misma fecha, declaró infundadas dichas objeciones, y el Senado debía considerarlas el 30 del mismo mes.

La sesión de este día se anunció borrascosa desde la víspera. Numerosos grupos de artesanos recorrieron por la noche las calles de la ciudad a los gritos de ¡Viva el gran General! ¡Abajo los radicales! Cuando se abrió la sesión, la barra estaba íntegramente ocupada por individuos pertenecientes a los gremios obreros, que desde temprano se habían instalado en aquella estrecha localidad. Al tomarse en consideración las objeciones, el Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, doctor José María Rojas Garrido, hizo uso de la palabra para sostenerlas; y como en el curso de su vehemente peroración hubiese dejado escapar frases alusivas a la actitud de la barra, con la intención sin duda de hacer notar que las opiniones del Gobierno tenían en ella valiosísimo apoyo, el Presidente del Senado, levantando la voz hasta dominar los estrepitosos aplausos de la multitud allí reunida, interrumpió en su discurso al orador con un llamamiento al orden. Las referidas manifestaciones asumieron entonces carácter amenazante, y en vista de ello, dos distinguidos Senadores, los Generales Santos Acosta y Rafael Mendoza, solicitaron a una voz del Presidente que pidiera el auxilio de la fuerza pública. El momento era verdaderamente crítico. El local del Senado (antigua sala De profundis del convento de Santo Domingo) sólo tenía una puerta de salida, que estaba ocupada por la compacta multitud; de manera que el portador de la comunicación en que se hubiese pedido el auxilio de la fuerza, habría tenido que abrirse paso a través de esa barrera impenetrable, con lo cual podía haberse provocado un conflicto. En consideración a esto, el Presidente declaró que no apelaría al recurso de la fuerza, por estar persuadido de que la barra no iría en sus manifestaciones de adhesión a la política del Presidente de la República hasta el criminal extremo de violar el santuario de las leyes.

"Veo en la barra -añadió el Presidente- una multitud de ciudadanos exaltados por la pasión política, pero no una horda de salvajes".

A esta manifestación del Presidente la barra se calmó; y habiéndosele devuelto al Secretario el uso de la palabra, continuó éste su discurso sin haber podido reanudar el hilo de su anterior peroración (cosa rara en tan experimentado lidiador); por lo cual dio distinto giro a sus ideas, y terminó de modo imprevisto la segunda parte del discurso.

Las objeciones se declararon fundadas, como era de esperarse de la composición del Senado, en el que había una mayoría gobiernista. El escándalo consistente en haber llevado a la barra una multitud sediciosa, no pudo tener otro objeto que el de hacer ostentación de una popularidad poco envidiable e ir preparando el terreno para el golpe de Estado de que hablaré después. Yo pedí enseguida la palabra, y después de deplorar amargamente el resultado de la votación, propuse la clausura inmediata de las sesiones del Congreso. (Acta de la mencionada sesión).

Al siguiente día apareció fijado en la esquina de la casa de la antigua imprenta de El Neogranadino un anónimo impreso, que entre otros insultos contenía éste: "Aquileo Parra y Felipillo Zapatita son unos pillos de playa y anzuelo".

El tal Felipillo, que es un lince, y que leía juntamente conmigo el referido anónimo, creyó descubrir en la construcción de alguna frase de pluma del doctor Rojas Garrido. Bien pudo aquel amigo equivocarse en este ,juicio, pero yo sí creo estar en lo cierto al pensar que el doctor Rojas no me perdonó nunca los inesperados campanillazos, que le obligaron a suspender su discurso cuando empezaba a producir en la barra el mayor efecto.

Aquel mismo día me encontré en el atrio de La Catedral con un personaje político muy joven por la edad, pero viejo por la ciencia, por la madurez de juicio y por el respeto que sabía inspirar; joven con cuya prematura muerte perdió Colombia una de sus más bellas esperanzas: el doctor Tomás Cuenca. Al tenderme la mano, me dijo sonriendo:

- ¡Cómo se conoce que usted no se hurtó ni el sorbo de las vinajeras!.

- ¿Por qué así, doctor?

- Porque ahora se lo habrían sacado a usted a la cara.

Efectivamente, según supe luego, el Representante por Santander, señor Camilo Vanegas, único de aquella Diputación que formaba en las filas mosqueristas, y que era mi convecino en la ciudad de Vélez, había sido puesto en confesión para averiguarle, no sus propios pecados, sino los míos. Aunque este simpático joven hubiera sabido algo malo de mí, no lo habría dicho, porque me profesaba especial cariño, y porque era un caballero.

El Senado, por su parte, dio voto de aprobación a mi comportamiento en la sesión del 30, reeligiéndome su Presidente para el período inmediato.

El proyecto de ley que he hablado había pasado en el Senado por considerable mayoría de votos, según mis propios recuerdos, pues las votaciones se hicieron en forma ordinaria. El Mensaje con que el Poder Ejecutivo lo devolvió a las Cámaras no contenía, porque no podía contener, razón alguna de peso contra tan justa disposición; de manera que el acto de declarar fundadas las objeciones no sólo significaba un cambio de opinión de parte de algunos senadores en lo relativo a determinado proyecto, sino que ponía de manifiesto la existencia de una mayoría decididamente gobiernista. Esto debió de desalentar, y desalentó por un momento a la minoría, según pudo observarse en al sesión del 7 de junio, en que fue presentado el proyecto de ley por la cual se aprobaba el contrato de empréstito de 7 1/2 millones de pesos, celebrado sin autorización del Poder Ejecutivo por el Ministro de la República en Londres, General Tomás C. de Mosquera, con la casa de Robinson y Fleming, de aquella ciudad. Al abrirse el primer debate de este proyecto, el Senador Posada Gutiérrez propuso: "Pídase a la Secretaría de Relaciones Exteriores la autorización e instrucciones que el Poder Ejecutivo tuviese nuestro Ministro en Inglaterra para contratar el empréstito de £ 1.500,000, de cuya aprobación se ocupa el Senado". Nada más correcto en el fondo y en la forma, nada más congruente con el espíritu de la Constitución y. de la ley que esta proposición del Senador Posada; y sin embargo, no tuvo más voto que el de su autor.... Yo presidía la sesión; Y al notar la especie de azoramiento que experimentó el respetable Senador cuando vio que nadie la acompañaba en la votación, pedí en alta voz al Secretario que se sirviera hacer constar mi voto afirmativo a la proposición que acababa de negarse.

Pocos momentos después, con un motivo cualquiera, tomó la palabra el Senador Posada y empezó su discurso en estos términos:

"Siento que el señor Presidente me haya privado del honor de ser yo el único que hubiera votado esa proposición..."

Como manifestación de desahogo y de severa reconvención, por una parte, al mismo tiempo que como expresión de agradecimiento, por otra, nada conozco más delicado ni elocuente que las anteriores palabras.

Diré ahora, para concluír, que quien se prometa encontrar en el acta de la sesión del 30 de mayo rastro alguno, o la más ligera huella de lo que con carácter de extraordinario ocurrió aquel día, se llevará un chasco; pues parece como si el Secretario hubiese tenido especial cuidado de omitir la relación de esos incidentes; de manera que si no vivieran varios ciudadanos que como miembros del Senado concurrieron a esa sesión, me habría visto yo en grande embarazo para referir los hechos que dejo apuntados.

Esto en cuanto a pormenores de lo ocurrido en la sesión, que respecto del tumulto en la barra y el objeto de él, la indicada omisión del Secretario del Senado fue completamente suplida por el Fiscal de la Cámara de Representantes, en el pasaje siguiente de su acusación contra el Presidente Mosquera ante el Senado de 1867:

"Las Cámaras, a solicitud del Ilustrísimo señor Arzobispo de Bogotá, habían adoptado, casi sin discusión, y con el voto de algunos diputados ministeriales, un proyecto de ley devolviendo sus dotes a las monjas exclaustradas. La opinión pública, lejos de preocuparse por la adopción de este proyecto, lo favoreció indudablemente con su espontánea simpatía. El Presidente lo objetó, y la Cámara de Representantes declaró infundadas sus objeciones. Esta resolución de la Cámara lastimó la susceptibilidad presidencial. Un Representante, dócil a las indicaciones del Ministerio, propuso el 29 de marzo que se reconsiderarán las objeciones del

poder Ejecutivo, y la Cámara insistió en su primitiva determinación. La ira del Presidente llegó a su colmo y salvó el umbral de palacio. Por la noche, una multitud de individuos, notables por su audacia, recorrió las calles de la alarmada capital a los gritos de ¡Muera el Congreso! ¡Viva el Presidente por diez años! El Presidente oye esos gritos traidores, y exclama con visible satisfacción: "El pueblo está de buen humor".

"El Senado debía considerar el 30 de marzo las objeciones del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que había servido para manifestaciones tan funestas. La turba se dio cita, al disolverse, para el día siguiente en la barra del Senado.

"Los tumultuarios de la víspera no olvidaron sus propósitos, y el 30 de marzo tomaron puestos, los primeros, en la barra del Senado.

"A propuesta del Senador Largacha, futuro Secretario del Tesoro, se acordó llamar a dos Secretarios de Estado a la discusión de las objeciones.

"Todos recuerdan ruborizados la historia de esa sesión.

"Los oradores independientes fueron interrumpidos e insultados por la barra; y el digno Presidente del Senado intentó vanamente hacer guardar el orden. El secretario del Interior y Relaciones Exteriores alentó a los amotinados concediéndoles el derecho de hacer coacción a la primera y más alta corporación de la República. El Senado declaró fundada las objeciones del Poder Ejecutivo... El país no podía engañarse acerca de la significación de los sucesos del 30 de marzo, que apreció en toda su alarmante gravedad. El Presidente había escogido un asunto de escasa importancia para hacer ostentación de fuerza, y mostrar al Cuerpo legislativo cuán estéril sería su resistencia en las cuestiones trascendentales que debían ser sometidas a su consideración. Por eso un honorable Senador propuso la clausura de las sesiones".

El contrato de empréstito fue, sin duda, el asunto más grave Y el más calurosamente debatido de cuantos se trataron en el Congreso de aquel año; pero como yo me separé del Senado, para atender a un compromiso comercial, cuando apenas se empezaba a discutir ese importante negocio, dejaré para otro lugar la relación del curso que él tuvo en las Cámaras.

___________