Me hallaba en la hacienda de El Trapichito, de vuelta dé las sesiones del Congreso, cuando se presentó allí el doctor Ricardo de la Parra, con el objeto de invitarme para que lo acompañase al Socorro, adonde se dirigía en misión de paz, cerca del Presidente del Estado, doctor Antonio María Pradilla, que era su hermano político, y uno de mis más queridos amigos.

Sin vacilar acepté la simpática invitación y me dispuse a partir sin pedir explicación alguna. Mas cuando ya habíamos andado buen trecho del camino, pregunté a mi compañero cuál era la misión especial que había recibido, y de quién o quiénes.

-No vengo en representación de nadie, me contestó con enfática entonación; vengo por mi propia cuenta a hacer "una atmósfera de paz" en Santander, y necesito para ello la ayuda de usted.

¡Medrados estaríamos dije para mí, si yo no pudiera hacer por mi parte algo más positivo; y seguimos adelante.

Nuestra primera entrevista con el Presidente Pradilla dio lugar a una escena cuya penosa impresión no se ha borrado aún de mi memoria.

El doctor Parra inició la conferencia en perfecta calma; pero, a medida que hablaba, se exaltaba en tal grado, que terminó su discurso de un modo asaz patético... pidiendo la paz "por el amor de Dios", como si en manos del Presidente Pradilla. hubiese estado el decretarla!

Qué alma tan noble era aquella, pero al mismo tiempo ¡cuán sencilla! Difícilmente se encontrará otro hombre de espíritu superior, tan desprovisto como él de sentido práctico.

Luego que se retiró el doctor Parra, entramos el Presidente y yo a tratar el asunto con la serenidad que él exigía; y al cabo de corta conferencia, nos pusimos de acuerdo en los términos de un proyecto de nota oficial del mismo Presidente del Estado al de la Confederación, en que resueltamente le manifestara que si el Gobierno federal, manteniéndose dentro de los límites de la Constitución, declaraba que reconocía la inviolabilidad del territorio de Santander mientras no se turbase en él la paz general, el Gobierno del Estado reduciría la fuerza pública al pie de paz, y se abstendría de tomar parte en la revolución.

Esta nota no debía de ser entregada sin consultarla previamente con una junta compuesta de determinados liberales de la capital, consulta que me encargué yo de hacer. Como no había tiempo de perder, ese mismo día salí del Socorro en compañía del infatigable doctor Parra.

Sabido es que el Presidente de la Confederación hizo sigilosamente sus preparativos de invasión a Santander, y que se abstuvo, por consiguiente, de hacer al Gobierno del Estado la menor notificación de guerra, antes de pisar el territorio de éste, por lo cual fuimos sorprendidos el doctor Parra y yo cuando, al llegar a Puente Nacional, tuvimos noticia de que el Presidente, a la cabeza del ejército invasor, entraba ese mismo día a la ciudad de Moniquira.

Aunque era esto motivo suficiente para desistir del proyectado viaje, resolvimos llevarlo a cabo, en atención a que esa última tentativa, ya bien adelantada en favor de la paz, habría de contribuir a poner más en relieve la injusticia del ataque a Santander. El doctor Parra se dirigió al lugar donde se hallaba el Presidente Ospina, con el cual tenía relaciones personales; y después de haber sacado de la Secretaría de Gobierno un pasaporte para mí, regresó a Puente Nacional. Yo continué aceleradamente, aunque ya sin ninguna esperanza de buen éxito, mi viaje a Bogotá.

Al llegar a la capital dirigí una invitación para conferenciar en casa sobre la misión que llevaba, a los doctores Manuel Murillo, Lorenzo María Lleras, Rafael Núñez y Salvador Camacho Roldán, que eran las personas que se designaron al efecto en el Socorro. Una vez reunidos en mi casa, se impusieron del contenido de la referida nota y le impartieron su aprobación. En seguida el doctor Murillo hizo presente que, habiendo partido el día anterior el General Herrán a ponerse a la cabeza del ejército invasor, la última esperanza de paz, fincada hasta entonces en las disposiciones conciliatorias que animaban a este influyente personaje, se había desvanecido.

Convínose, no obstante, en que los doctores Camacho Roldán y Núñez irían conmigo al campamento del ejército de la Confederación a poner en manos del Presidente la precitada comunicación. Más, al siguiente día volvió a casa el doctor Núñez a manifestarme que tanto él como el doctor Camacho habían desistido del proyectado viaje, por haberse persuadido, después de madura reflexión, de que sería completamente inútil. Ellos habían formado resolución, según me lo manifestaron, de no tomar parte en la revolución, mientras que yo, en mi calidad de santandereano, persuadido como el que más, de lo injusto del ataque que se dirigía contra el Estado de mi nacimiento, me consideraba obligado a tomar puesto entre los defensores de su Gobierno, por lo cual me puse inmediatamente en marcha para el teatro de la guerra.

Pero antes de entrar en la relación de la campaña haré una importante explicación.

Se ha visto ya cómo la minoría liberal del Congreso, con el redactor de El Tiempo a la cabeza, había trabajado hasta última hora para detener el movimiento revolucionario que encabezaba el Gobernador del Cauca, con apoyo de un gran número de liberales de ése y de otros Estados. Es el caso exponer ahora las razones que tuvieron los ciudadanos que formaban esa minoría para mantenerse, como se mantuvieron, en el terreno de la paz, aún después de decretada la separación del Estado del Cauca, y hasta cuando se llevó a efecto la invasión de Santander.

Sin dejar de reconocer que el acto reformatorio de la ley de elecciones de 1859, expedido por el Congreso de 1860, no consultaba rigurosamente la equidad, según puede observarse a la simple lectura de sus disposiciones, arriba transcritas, nadie se atrevería hoy a sostener que, después de obtenida esa reforma, la causa justificativa de la guerra quedaba en pie.

Una gran masa de opinión conservadora se oponía ostensible y enérgicamente a la política antifederalista del Poder Ejecutivo y de la mayoría del Congreso, de manera que podía esperarse, con bastante fundamento, para el año siguiente, el triunfo pacífico de esta reacción constitucional. Prueba de ello fue la reclamación que seis de los ocho Estados que formaban la Confederación, habían dirigido al Congreso de 1860 en contra de la citada Ley de 1859, por conducto de sus respectivas Asambleas.

Bajo la liberal Constitución de 1858, que era la que regía entonces, la libertad de imprenta era un derecho efectivo, invulnerable e invulnerado.

El régimen federal, aunque conculcado por la ley de orden público de 1860, y adulterado por la política del Gobierno general, dejaba todavía ancho campo a los Estados para contrarrestar la acción absorbente del poder central, gracias a la estructura de aquel sistema político, la más adecuada para defender las libertades públicas.

Por último, al período presidencial del señor Ospina no le restaba ya un año cabal, y el candidato adoptado unánimemente por el partido conservador para el siguiente período constitucional era el General Pedro Alcántara Herrán.

Pero se preguntará: ¿Qué podía esperar de este futuro gobernante la causa federal?

Las opiniones manifiestas del candidato y la conducta que hasta entonces había observado como General en Jefe del Ejército, responden satisfactoriamente a ésta pregunta.

Federalista decidido y partidario, por lo tanto, de un sistema electoral que consultase la autonomía de los Estados; propagador sincero de una política conciliadora, como la que él mismo acababa de plantear con el reconocimiento del Gobierno de Bolívar, surgido de una revolución liberal; interesado como el que más en la expedición de una amnistía para conjurar la guerra; admirador entusiasta de las prácticas federativas de la Unión Americana -país en que había residido largos años;- este benemérito servidor de la patria benévolo Por carácter y altamente respetable, se presentaba como mediador entre los dos bandos, prontos a lanzarse en fratricida lucha.

Tal era, en resumen, la situación política del país hasta mediados de Julio de 1860, o sea hasta dos meses después de que el Gobernador del Cauca había dictado su célebre Decreto de 8 de mayo de aquel mismo año.

Por otra parte, a los ciudadanos que compusieron la minoría, tantas veces citados, no les inspiraba confianza el General Mosquera como caudillo de la revolución, porque veían en él un futuro dictador. Nadie, al menos, habría podido decir de este prestigioso Jefe, representante el más caracterizado del autoritarismo personal, después del Libertador, lo que el historiador Macaulay dice de Hampden: "que siendo capaz de alcanzar el triunfo, fuera al mismo tiempo incapaz de abusar de él". Su progresista y tolerante administración de 1845 a 49, no había logrado borrar el recuerdo de los patíbulos de 1840, ni aquel entusiasmo servil, rayano en frenesí, con que apoyó la dictadura de Bolívar en 1827 y 28.

Ahora, que esa conducta de los liberales que formaron la minoría parlamentaria podía dar origen a una funesta división en las filas del mismo partido, era indudablemente un riesgo que iba a correrse; pero hay dos cosas que no deben sacrificarse en aras de ese ídolo que se llama el interés de partido, y son el honor y la conciencia.

Después de que el Presidente de la Confederación publicó su proclama de 25 de junio y se encaminó a Santander con su ejército, el doctor Pradilla, Presidente del Estado, dirigió, a su turno, la siguiente proclama:

"Conciudadanos: El Presidente de la Confederación, infiel a sus juramentos de primer Magistrado de la República, pero fiel a sus odios insensatos de partido, que son los que han guiado su política en los dos últimos años de su oprobiosa administración, ha invadido nuestro territorio, desconocido nuestras leyes y derrocado a su paso las autoridades legítimamente constituídas. El Gobierno del Estado, que no ha dado otro motivo para la guerra que el haberlo vencido antes en la persona de sus tenientes, se preparaba no obstante para rechazar la invasión que creía segura aun cuando fuera injustificable, pero creía también que el pudor velaría los actos hostiles del Presidente de la Confederación y que él mismo que había negado constantemente haber tenido participación en las rebeliones vencidas en el Estado, no sería bastante torpe ni suficientemente audaz para despojarse de la careta que lo cubría. Se había engañado: el mismo funcionario dirige hoy en persona las huestes invasoras y excita a los pueblos al desconocimiento del Gobierno, esparciendo por todas partes su cortejo de guerrilleros y de malhechores a que proclamen nuevas autoridades y difundan el espanto y el terror en las poblaciones.

La guerra está declarada; pero para honor del Estado, sin que haya precedido a ella ni el más leve motivo de parte de las autoridades que pudiera excusar ante la Nación al empleado que la declara. El Presidente de la Confederación no ha alcanzado a comprender que si el éxito favorable de una batalla pudiera lisonjearle sus pasiones del momento, el haber evitado la guerra obrando con la honradez y circunspección que el puesto que ocupa demanda lo habría rehabilitado en la consideración de sus compatriotas, ha desatendido completamente su primer deber, cual es el de conservar la paz, y lamentablemente extraviado ha venido a buscar en oscuros pronunciamientos de pueblo la satisfacción que debiera hacer consistir en merecer la estimación de los granadinos. Compadezcamos al hombre y deploremos la suerte de la Patria!

Compatriotas armados. Habéis tomado las armas presurosos al primer llamamiento de la autoridad: vuestro patriotismo es igual a vuestro valor. En vuestras manos coloco con orgullo Y con confianza la bandera de SANTANDER, que simboliza el derecho y la victoria: no olvidéis lo que esa bandera significa en la Confederación granadina y lo que se tiene derecho a esperar de los hombres que la enarbolan. Vais a combatir con enemigos a quienes estais acostumbrados a vencer y en cuyos oídos debe resonar aún el cañón de Güepsa. La Concepción y Las Porqueras; y vais a combatir no solamente en defensa del Estado sino en defensa de la República: la suerte de la Confederación está en vuestras manos, y la América toda os observa.

Conciudadanos todos, a las armas.
Piedecuesta, 20 de julio de 1860.

ANTONIO MARIA PRADILLA -El Secretario, Narciso Cadena".