Veamos ahora lo que el Presidente de Santander dijo a la Asamblea del Estado en relación con este mismo punto, en el informe que le dirigió con fecha 20 de junio de 1859, documento que se halla publicado en el número 76 de la Gaceta de Santander.

"El vecino Estado de Boyacá se constituyó desde el principio de la rebelión en el asilo seguro a donde los rebeldes escapados de los campos de guerra, acudían a rehacerse conservando sus armas y trabajando pacíficamente y sin que nadie les inquiete en sus preparativos para intentar, como ya ha tenido lugar, una invasión al Estado y la reacción consiguiente a sus planes; o ya, país de tránsito, por el cual, tanto al principiarse la campaña y en vísperas del combate de Güepsa, como recientemente en la marcha de los rebeldes sobre San Gil, han tenido éstos paso franco, no obstante que el espíritu de la legislación de Boyacá, por lo que hace a orden público, no tolera la presencia en su territorio de gentes armadas, so pena de ser juzgadas como sediciosas, previas ciertas formalidades. Y no se ha limitado a aquello simplemente el espíritu de hostilidad contra el Gobierno y los defensores de la legitimidad en Santander, sino que, al iniciarse la rebelión, el primer corifeo de ella pudo a mansalva conducir armas y soldados desde una capital de Departamento, en Boyacá, sin que autoridad alguna hubiese pedido cuenta de tales procedimientos al que fue su autor.

Contra el paso franco de las fuerzas rebeldes por territorio de aquel Estado, contra la hostilidad armada que desde ese mismo territorio hicieron los rebeldes refugiados en él y de que fueron víctimas ciudadanos de Santander y contra algunos otros hechos más escandalosos y violatorios, si cabe, que se consumaron entonces, reclamó para ante el Gobierno de Boyacá mi antecesor, Señor Azuero, apoyando su reclamo con comprobantes de incontestable autenticidad. Ignoro cómo se diera satisfacción a tan justas reclamaciones, y aún parece que nada se obtuvo; ni siquiera la contestación prescrita por la cortesanía oficial. No sucedió así con el Senado de la Confederación, al que igualmente se dirigió el señor Azuero, dando cuenta de lo que sucedía y con tácita solicitud de un pronto remedio a los males que tales procedimientos aparejaban. Aquella Cámara sometió el asunto a la investigación de una comisión nombrada al efecto, comisión respetable por el carácter de los Senadores que la constituían y la que, en su informe, publicado por la prensa, hizo notar el vacío que en la Constitución y leyes nacionales existía para casos de la naturaleza del que se le presentaba, y terminó improbando de una manera enérgica la conducta del Gobierno boyacense. Posteriormente, y habiéndose agravado la situación a ese respecto, puesto que el Gobierno se ha visto obligado a guardar la línea divisoria con Boyacá con fuerza armada, a efecto de contener a los rebeldes invasores y dar seguridad a los ciudadanos pacíficos frecuentemente amenazados por los primeros desde su seguro asilo, he resuelto dirigirme al Poder Ejecutivo nacional, encargado especialmente de velar por la conservación del orden en la Con federación, exponiendo minuciosamente lo que sucede. Aguardo saber cuál sea la contestación que dé el Presidente federal, uno de cuyos primordiales deberes conforme a la Constitución es el de guardar, y hacer que se guarde el orden público en la Confederación: sabrá entonces Santander si se puede contar con que sus hermanos, mediante la obligatoria intervención del Gobierno general, le garanticen, por lo que a ellos toca, su reposo interior, estorbando que se le invada y promueva guerra, o si rehusándosele lo que hasta las potencias berberiscas concederían, tendrá que darse seguridad a balazos y mantenerse en pie de guerra sacrificando sus recursos y agotando su vida industrial y de progreso, a trueque de conservar su dignidad e impedir que se les supedite y envilezca por la ambición de algunos de sus malos hijos, apoyada en sus miras por entidades extrañas".

Mas la prueba irrefragable de las aludidas complicidades vinieron a suministrarla dos meses después las cartas cogidas a los vencidos en la Concepción, que corren publicadas en Los Debates de Bucaramanga y en El Comercio de Bogotá. Por ellas se supo que los señores Joaquín Peralta y Blas Hernández, como agentes de los revolucionarios en Bogota, estaban en correspondencia con el Prefecto de Tundama, que era el intermediario para enviar recursos a los rebeldes de Santander, después de haber tolerado o de no haber impedido la primera expedición del Coronel Márquez sobre aquel Estado; y que el individuo destinado a reemplazar al señor Leonardo Canal en la Intendencia del Norte hacía enganches en Bogotá para auxiliar la rebelión de Santander ⁽¹⁾

Así, pues, cuando ya se había dado por terminada la guerra en el Estado, una nueva invasión, procedente también de Boyacá, y compuesta de novecientos hombres al mando de los Coroneles Márquez y Corona, tuvo lugar a mediados de agosto del mismo año.

Ocupada que fue por los invasores la plaza de La Concepción, el Jefe de las fuerzas legitimistas, Coronel Santos Gutiérrez, los atacó allí sin demora, y se trabó el más sangriento combate de cuantos se libraron en aquella desastrosa guerra. Todos los Jefes del gobierno, con la sola excepción del doctor Poción Soto, recibieron heridas más o menos graves al tomar a viva fuerza los cuarteles y atrincheramientos del enemigo; y quedó muerto el Coronel Márquez, el principal caudillo de la fuerza rebelde.

Los Coroneles Melchor Corona y Eusebio Mendoza, y los señores Leonardo, Ezequiel, Pedro León y Manuel Francisco Canal, Salustiano Ortiz, Pedro Salas, Juan de Dios Ramón y Presbítero Andrés Blanco, quedaron prisioneros, junto con trescientos más entre oficiales y soldados. El número de muertos y heridos excedió de doscientos, y todo el parque del enemigo cayó en poder del vencedor.

Fue un hecho generalmente reconocido, y denunciado por la prensa liberal, el que de la revolución de Santander se hizo con el mismo armamento que había sido distribuido el año de 1857 por agentes del Gobierno de la Confederación entre varios conservadores de Santander. Sobre este particular dijo el Presidente a la Asamblea del Estado estas precisas palabras, cuya misma concisión demuestra que aquel era un hecho notorio en Santander.

"Contaban los rebeldes, dice el mensaje antes citado, con las armas profusamente repartidas entre ellos desde 1857, por los Agentes del Gobierno de la Confederación". ( Gaceta de Santander, número 76).

¿Se hizo este reparto en previsión de lo que iba a suceder?

Nadie podría afirmarlo, por falta de pruebas, que sólo una infidencia o la casualidad podían suministrar; pero la distribución de armas de la Nación entre individuos particulares desafectos al Gobierno del Estado, fue un acto sospechoso, que dio pie al Presidente de Santander para formular la acusación que aparece en las siguientes líneas del memorado documento:

"Casi ningunas han sido las relaciones habidas entre el Gobierno del Estado y el de la Confederación durante la azarosa época de la rebelión y en los días transcurridos después del restablecimiento del orden; ni las que han existido han podido ser cordiales y cónsonas con el sistema político que, sancionando la federación, ha hecho de la entidad del Estado y de la nacional dos fuerzas que jamás pueden chocar y que por el contrario deben marchar unidas en pos de un bien común. Bastaría recordar para explicar esta disidencia, que las armas con las cuales Santander ha visto inundado en sangre su suelo, y en difícil trance la existencia de sus instituciones y de las autoridades erigidas para hacerlas respetar y administrar con ellas la cosa pública, fueron puestas en manos de los enemigos de esas mismas instituciones y de esas mismas autoridades, y de una manera inconsulta si no con criminal intención, por los Agentes del Gobierno nacional. Posteriormente la opinión pública, que en muy raros casos se equivoca en sus apreciaciones, ha señalado al Presidente de la Confederación como el oculto, pero principal promotor de la infame revuelta que tantos sacrificios de sangre, de dinero y de créditos ha costado a Santander. Es lo cierto, sin entrar en enojosas y estériles inquisiciones sobre la materia, que casi todos los altos empleados de la Confederación residentes en el Estado han tomado parte activa en la revuelta, los unos con las armas en la mano, como el Intendente de Hacienda señor Leonardo Canal, y los otros de una manera embozada, pero no menos eficaz, como el Administrador de la Aduana de Cúcuta, quien posteriormente ha sido llamado a juicio por tal motivo y por las autoridades judiciales de aquella ciudad, con poder al efecto. Sábese igualmente que un Coronel de la Confederación ha sido el primer caudillo de los rebeldes; y si el ciudadano Presidente de la Confederación, a tiempo que proponía al Congreso federal misiones gravosas y sobre todo estériles (pues que el Gobierno del Estado jamás habría querido ni podido aceptar transacciones con los rebeldes), hubiera deseado atajar los males que afligían al Estado, habría llamado al servicio al referido Coronel, puesto que tal acto le era potestativo, quitando con tal medida a la causa de la rebelión su primero y único caudillo. En atención a tales antecedentes, y en presencia de las pruebas de cierta naturaleza aducidas por la opinión pública en el juicio moral abierto al Presidente de la Confederación por su conducta en nuestros asuntos internos, el Gobierno del Estado se ha limitado a meras exposiciones de todo lo que, teniendo relación con el Poder Ejecutivo Nacional, afecta al Estado, sin solicitar medida alguna, una vez que aquellas solicitudes no habrían de tener un eco favorable en las decisiones del Gobierno federal".

Sin acoger como indudable la opinión que "señaló al Presidente de la Confederación como oculto pero principal promotor de la revolución de Santander", creo que le corresponde parte de la responsabilidad en aquel desastrozo atamiento. Esta responsabilidad podría deducirse, a falta de otras pruebas, de la misma defensa que el Presidente hizo de su conducta oficial en el Mensaje que dirigió al Congreso de 1860.

Para que se pueda pueda juzgar de la exactitud de este concepto, insertaré enseguida, anticipando fechas, aquel documento en la parte que trata de la revolución de Santander.

"SANTANDER. Este Estado, como el del Magdalena, ha sido organizado y regido por instituciones basadas en las teorías radicales; y su marcha ha debido por esto llamar de una manera especial la atención pública. Yo, que he juzgado que el principal beneficio de la federación ha de ser que, practicándose a un tiempo en diferentes Estados las doctrinas opuestas que dividen los ánimos, del ensayo comparativo resulte el conocimiento general de lo que realmente es verdadero y bueno, sin que haya que hacer en toda la República el costoso experimento, miraba con singular satisfacción y deseaba más que todos, la marcha pacífica del régimen de Santander paralelamente con el de otros Estados regidos por instituciones opuestas.

"Así, he sentido profundamente el alzamiento que allí tuvo lugar en el mes de marzo último, tanto por los inmensos males que toda guerra civil trae consigo, como por el precedente funesto que él establecía en los Estados de ocurrir a las vías de hecho para cambiar el Gobierno, por el descrédito que toda revuelta trae sobre la República entera, por la perturbación que aquel movimiento podía ocasionar en la marcha pacífica de los demás Estados, y por los gastos y perjuicios que debía causar a la Confederación, obligando al Gobierno general a aumentar la fuerza pública, cuanto porque él interrumpía la práctica pacífica de las doctrinas radicales, en la cual, después de la insurrección, ha retrocedido notablemente la Legislatura del Estado, tal vez antes de tiempo.

"La elección de Diputados para la Asamblea constituyente de aquel Estado no se hizo por círculos como en todos los demás, sino votando cada elector por todos los Diputados que debían formar dicha Asamblea, encargándose la Legislatura de la provincia de Pamplona de hacer el escrutinio de las votaciones. Esto dio por resultado que uno de los dos partidos que pretenden tener allí la mayoría quedó excluido de la Constituyente; originándose quejas y cargos contra los procedimientos empleados, yendo hasta el punto de poner en duda la legitimidad de la Asamblea. Así fue que, desde el primer paso dado en la existencia de aquel Estado, hubo un principio de disgusto que tendía a preparar una catástrofe.

"Las instituciones radicales no fueron del agrado del partido excluido de la Constituyente; y se les hizo una fuerte oposición por la imprenta, atribuyéndoles, entre otros defectos, que sacrificaban la seguridad de las personas y de las propiedades; que centralizando el Gobierno destruían el Poder Municipal; y que organizando el sistema electoral como lo había sido por la Constituyente, los que fueron excluidos de ésta lo serían a perpetuidad de toda participación en el ejercicio de los Poderes Públicos. No obstante, la paz se conservó hasta febrero de 1859, en que una insurrección a mano armada ocupó en pocos días una gran parte del Estado. El encargado del Gobierno obró con actividad y energía, v pereció desgraciadamente combatiendo por su causa. La derrota de los sublevados en Güepsa reanimó a los sostenedores del gobierno, que después de varios encuentros quedaron dueños del Estado. Los vencidos huyeron a Boyacá y a Venezuela, y después de algunas semanas entraron de nuevo a Santander. Un combate sangriento ocurrido en La Concepción el 29 de agosto, dejó en el campo muertos o prisioneros a los principales jefes de la insurrección, y ésta terminó allí.

"La gravedad de estos acontecimientos, la manera con que se ha querido explotarlos, y su influencia en la marcha de la Confederación, me obligan a detenerme un poco sobre ellos.

"Desde los primeros actos de la Asamblea Constituyente se mostró disgusto en una parte de la población del Estado, y cada día se multiplicaban las quejas; pero como los representantes de ese disgusto eran propietarios y los hombres pacíficos e industriosos de los campos, gente antipática a las vías de hecho y poco hábil para conspirar, los rumores de una rebelión que circulaban no merecieron crédito. Cuando algunos hechos públicos me persuadieron de que esos rumores podían ser fundados, no teniendo nada que hacer oficialmente Para impedir una sublevación contra el Gobierno del Estado, escribí privadamente a varios sujetos respetables de los que hacían la oposición, y que juzgué más influyentes, improbando el alzamiento anunciado y procurando demostrar los resultados funestos que él tendría, con el fin de inducirlos a que pusieran en acción su influencia para evitarlo. No alcanzaron mis cartas el éxito que buscaba, y la rebelión estalló estando reunido el Congreso.

"Tres objetos me propuse entonces: 1° manifestar que el Gobierno general condenaba las vías de hecho contra los Gobiernos de los Estados; 2° persuadir que, aunque los miembros del Gobierno de ese Estado hicieran al Poder Ejecutivo federal una oposición sistemática y ardiente, éste no miraba a aquel Gobierno como enemigo, sino que se interesaba en su conservación; y 3° evitar los combates y el derramamiento de sangre, estableciendo el precedente de que las luchas intestinas de los Estados se terminasen pacíficamente por avenimiento.

"Para lo primero se presentó por el secretario de Gobierno un proyecto de ley al Congreso, prohibiendo a los militares de la Confederación tomar parte en las sublevaciones contra los Gobiernos de los Estados, y sancionando esta prohibición con la pérdida del empleo y de la pensión. Para lo segundo dispuse que se dieran al señor Murillo, como apoderado del gobierno de Santander, cincuenta fusiles que pedía. Aquel Gobierno debía tener a su disposición armas de la Confederación en número más que suficiente para defenderse: porque partidarios suyos habían arrebatado por la fuerza el parque que de San José conducía el Comandante Rueda, sin que hubiera sido dable recuperar ni un fusil; y porque el Gobernador había recogido las armas que, para evitar un lance semejante, había depositado en varios propietarios el comandante Mogollón. Así, las armas dadas al apoderado del Gobierno de Santander no eran tanto un auxilio, cuanto la manifestación de las disposiciones benévolas del Poder Ejecutivo federal hacia los Gobiernos de los Estados que se les mostraban hostiles.

"Para alcanzar la pacificación, que era lo más importante y urgente, nombré una comisión, que, mediando entre los beligerantes, evitase conflictos sangrientos y procurase a la contienda una terminación razonable. Los nombrados fueron sujetos que por su carácter, precedentes, imparcialidad y posición enteramente independiente de la influencia del Presidente de la Confederación, no podían ser tachados por nadie.

"No dudé que el congreso se asociaría gustoso a un pensamiento semejante, y solicité su cooperación para dar más respetabilidad a la misión; pero no sucedió así. Los Diputados que veían en las instituciones de Santander el tipo de la libertad, se indignaron de que se buscase un término pacífico al alzamiento, juzgando que el atentado debía expiarse con la sangre de los insurrectos. Los que no tenían la misma opinión de aquel régimen pensaron que, no pudiendo el Gobierno general satisfacer los deseos de los que se creían oprimidos, debían dejarlos en libertad para buscar su satisfacción por el medio que juzgasen conveniente. Unos y otros, con pocas excepciones, opinaron que el Poder Ejecutivo federal, al pretender por medio de una misión de paz cortar la guerra y procurar la reconciliación, entraba en la vía de las usurpaciones y contrariaba el sistema federal, y negaron su cooperación. Sin entrar en el examen de esas opiniones, debo manifestaros que las desgracias ocurridas y los males que el país ha experimentado en el curso de esa guerra funesta, y a virtud de ella han corroborado mi concepto sobre la conveniencia del paso improbado.

"La conducta de las Cámaras en este negocio hizo que los comisionados se negasen a aceptar la misión, juzgándola ya desautorizada. Pero como yo estaba profundamente penetrado del deseo de cortar una guerra civil desastrosa, y de la convicción de que convenía a la paz y a la marcha legal de la Confederación el evitar que se estableciese el precedente de quitar y poner gobiernos a balazos, persistí en mi pensamiento e hice nuevos nombramientos para llevar a efecto la misión de paz; pero fue en vano, porque los nuevamente nombrados se excusaron por el mismo motivo que los primeros. Cuando encargado del Gobierno del Estado el señor Azuero, se juzgó por algunos que la contienda podía terminarse pacíficamente, escribí al sujeto que me pareció mejor colocado para influir eficazmente en tal sentido, esforzándome para inducirlo a procurar aquel bien. Y más tarde, cuando equilibradas las fuerzas de los contendientes, el triunfo del Gobierno pareció muy dudoso, y un Senador afecto a este quiso buscar una terminación pacífica, escribí también en igual sentido a quien se me indicó que convendría que lo hiciese para alcanzar aquel fin.

"Un alzamiento promovido y sostenido no por gente baldía que busca en él medros pecuniarios, sino por propietarios Y labradores pacíficos para quienes la guerra es un azote destructor, que no puede ser apetecido sino cuando se juzga indispensable para alcanzar la paz y seguridad, envuelve en sí un cargo grave contra las instituciones y los gobernantes. Estos y sus copartidarios han juzgado que podían declinar la responsabilidad moral que sobre ellos pesa, imputando al Gobierno federal, sin fundamento ni prueba alguna, que había fomentado una rebelión, que él más que todos deplora, y que acaso ha sido el único en toda la Confederación que ha procurado activamente impedirla o cortarla. Para compeler a los que tal imputación hacían a exhibir las pruebas de ella, el Poder Ejecutivo ha requerido al Procurador general para que se someta a juicio al Gobernador de Santander, que oficialmente propagó aquella calumnia.

"Durante la lucha civil de Santander los vencidos de uno y otro bando pasaron al territorio de Boyacá, como antes he dicho, y de allí volvieron armados o desarmados al teatro de la contienda. Esto dio ocasión a que el Gobierno de Santander pretendiese que el de Boyacá desarmase a los refugiados, los alejase del límite de su jurisdicción, los confinase, y no permitiese que volvieran a Santander, suponiendo para ello que entre los Estados de la Confederación rigen las prácticas del Derecho internacional, respecto de asilados.

"El Gobernador de Boyacá no rechazó esas pretensiones, y se prestó a desarmar y disolver las partidas de gente armada que pasaron de Santander a Boyacá, sin que su acción fuese bastante eficaz para impedir que por diferentes puntos de la extensa línea divisoria de los Estados entrasen a Santander hombres, armas y municiones a sostener la guerra por uno y otro partido.

"Quejóse por esto el Gobernador de Santander, suponiendo que aquello implicaba protección a los insurrectos por parte del gobierno de Boyacá, y amenazando tomar con las armas satisfacción del supuesto agravio. Quejábase también el Gobernador de Boyacá de que el territorio de su mando había sido violado por partidas armadas al servicio del Gobierno vecino, cometiendo en él diversos atentados. El Gobierno general, por resolución de 14 de julio, requirió a los Gobiernos de los dos Estados para que se abstuviesen de todo acto de hostilidad del uno contra el otro; para que dictasen providencias eficaces a fin de evitar que individuos vecinos o residentes en uno de los dos Estados entrasen en armas con objeto hostil en el otro; para que no se formasen reuniones de gente armada en las fronteras de los Estados, o en sus inmediaciones, que amenazasen la seguridad individual o el orden público en el Estado vecino; para que se juzgase y castigase a los individuos que, violando las leyes y las disposiciones dirigidas a mantener la paz entre los pueblos de la Confederación, turbasen o comprometiesen ésta; y finalmente, para que hiciesen cesar todo armamento y toda actitud belicosa que, mirándose como una amenaza, indujese al Estado vecino a tomar igual actitud, poniendo así en peligro la paz, y obligando a imponer a los pueblos exacciones que producen disgusto público y comprometen el orden. Advirtió también a los dos gobiernos, que si alguno de ellos, desatendiendo el requerimiento, ejecutaba alguna agresión contra el otro, sería considerado como infractor de la paz, y responsable de los daños y gastos que esto ocasione; y que el Gobierno general haría uso de las fuerzas de la Confederación para desarmarlo y reducirlo a la paz.

"Oído el informe del Gobernador de Boyacá sobre las quejas elevadas por el de Santander, se dictó la resolución de 3 de agosto, inserta en el número 2.418 de la Gaceta Oficial', y habiendo hecho sobre ella varias observaciones una comisión nombrada por la Legislatura de Santander, se dictó la resolución de 11 del mismo mes, que fue publicada en el número 2.420 de la misma Gaceta. En esos documentos están examinados atentamente todos los puntos sobre que se había suscitado queja, y resuelto lo que el Poder Ejecutivo ha juzgado conforme a las leyes vigentes y a los principios en que está basado el Gobierno establecido.

"El artículo 12 de la Constitución federal, disponiendo que es obligatorio para las autoridades de cada Estado, entregar a las de aquel en que se haya cometido un delito, la persona o personas que se reclamen, y contra las cuales se haya librado orden de prisión; que lo es asimismo auxiliar los despachos o exhortes dirigidos por la autoridad de otro Estado', ha establecido el modo de proceder en los casos ocurridos entre Santander y Boyacá. Si las autoridades del primero hubieran procesado a los insurrectos que habían pasado a Boyacá, y pedido entrega con arreglo a la ley, el Gobierno de Boyacá los habría aprehendido y puesto a su disposición, como repetidas veces manifestó que estaba dispuesto a hacerlo; y así habría cesado todo motivo de queja y toda dificultad en la materia. Pero la legislación Penal de Santander excluía del catálogo de los delitos el acto de derribar por vías de hecho el Gobierno del Estado; y aunque después se ha procesado a los insurrectos, procediendo por analogía, según se expresa en los documentos oficiales de aquel Estado, como si hubieran cometido el delito de resistencia a la autoridad, parece que se tenía escrúpulo en intentar los sumarios, porque para decretar la prisión se necesitaba el veredicto previo de un Jurado, y se dudaba que éste lo diese.

"Resultó de aquí que, no queriendo o no pudiendo el Gobierno de Santander proceder conforme a las leyes generales vigentes. y sintiendo los inconvenientes de que los habitantes del Estado que huían al vecino volviesen de él a continuar sus hostilidades, pretendiera que el de Boyacá violase la Constitución y las leyes, atropellando las garantías individuales, para sacarlo de aquella dificultad. Las autoridades de Boyacá no podían procesar a los refugiados, que no habían cometido delito ninguno en su territorio, y que estaban en posesión de todos los derechos y garantías que tanto la Constitución y las leyes generales, como las del Estado, otorgan a sus habitantes, según las cuales pueden entrar y salir libremente del Estado, por donde y cuando quieran, residir en el punto que a bien tengan, y mantener en su poder las armas que juzguen conveniente, sin que la sospecha de que pueden hacer mal uso de esas armas, o moverse en cierta dirección con intento culpable, sea razón suficiente para desarmarlos y confiscarlos.

"De algunos años atrás se populariza la teoría de que los Gobiernos deben estar desarmados y armados los ciudadanos, de manera que éstos puedan sin dificultad derribar a aquellos cuando lo juzguen conveniente. Esto se ha presentado como una garantía preciosa para la libertad, y podría serlo si todos los ciudadanos se armaran y todos se creyeran igualmente obligados a tomar parte activa en el mantenimiento o en la caída del Gobierno; pero estas condiciones están muy distantes de la realidad. La gente vaga y turbulenta se arma y se combina para obrar, mientras que la gran masa de la población, solícitamente ocupada en sus quehaceres industriales, no tiene tiempo ni voluntad para ocuparse en política; prefiere tener un arado a tener un fusil, y una azada a una lanza. En consecuencia, aquella teoría en el actual estado de las cosas, propende a entregar el Poder público a las pandillas que se organicen y se armen para derribar y establecer Gobiernos. La doctrina de que hablo be penetrado bastante en nuestra legislación y es muy digno de notarse que sus más ardientes defensores hayan pretendido hacer caso de guerra la práctica legal de esta teoría en un Estado vecino".

Queda trascrita íntegramente, como la lealtad lo exige, la defensa hecha ante el Congreso por el Presidente Ospina, de los cargos que el Gobierno de Santander y la prensa liberal le hicieron, con motivo de su conducta oficial, en lo relativo a la guerra civil que por espacio de ocho meses se hizo sentir, con todos sus horrores, en aquella importante sección de la República.

Juzgue el lector, en vista de esa extensa exposición, si fue o no sincero el interés que allí se manifiesta en favor de la marcha pacífica del Gobierno de Santander. Por mi parte me limitaré a hacer sobre tan delicado punto las siguientes observaciones.

Desde que el Presidente se atrevió a afirmar "que eran los propietarios y los labradores pacíficos de Santander" los que se habían alzado en armas contra el Gobierno del Estado, dejó ver claramente de qué parte habían estado, en su concepto, la razón y la justicia; y cuál de los dos bandos contendientes había sido acreedor, por consiguiente, a las simpatías del Jefe de la Nación.

Como la causa del descontento que originó la guerra no fue otra, ajuicio del mismo magistrado, que la de "atribuírseles a las instituciones vigentes, entre otros defectos, el de que sacrificaban la seguridad de las personas y de las propiedades", nada menos que de un mal corazón se necesitaba para "mirar con singular satisfacción la marcha pacífica" de tan monstruoso régimen, y para desear la estabilidad o conservación de él. Porque causa de aficción, que no de júbilo, debía ser para todo buen ciudadano el espectáculo de un pueblo que soportaba pacientemente tan espantosa opresión.

Y no importa que sólo se tratara, como lo dice el Mensaje, de un ensayo comparativo, por medio de la práctica simultánea en varios Estados de la Confederación, de las doctrinas opuestas que dividen los ánimos en el país"; pues que sería verdadero acto de demencia el de ensayar, por un día que fuese, y mucho más el de prolongar indefinidamente, el ensayo de un régimen semisalvaje, como el que se suponía existente en Santander. Bastaba, en todo caso, y aún sobraba, el período de quince meses que contaba de existencia ese abominable sistema político cuando estalló la revolución para que todo hombre de buenos sentimientos, por más aficionado que fuese a experimentos de esta clase, deseara ardientemente la cesación del que ahora nos ocupa. Así, pues, lo del profundo sentimiento con que vio el Presidente interrumpida "la práctica pacífica de las instituciones radicales en Santander" es un acierto que implica la más flagrante inconsecuencia.

Sin embargo, el Presidente se muestra de tal modo imperturbable a este respecto, que, aludiendo a la reforma constitucional decretada por la Asamblea de Santander a raíz de la revolución de 1859, no vacila en decir que esa Corporación retrocedió "talvez antes de tiempo".

Claro es, por tanto, y manifiesto hasta la evidencia, que el Presidente Ospina deseaba o aparentaba desear (esta última suposición es la menos desfavorable para él) la continuación de un régimen político que, a su juicio, se hallaba en pugna abierta con las ideas y los intereses de la más sana y respetable porción de la sociedad.

Veamos, si no, lo que en otro lugar dice acerca de esa misma revolución:

"Un alzamiento promovido y sostenido, no por gente baldía que busca en él medros pecuniarios, sino por propietarios y labradores pacíficos, para quienes la guerra es un azote destructor, que no puede ser apetecida sino cuando se juzga indispensable para alcanzar paz y seguridad, envuelve en sí un cargo grave contra las instituciones y los gobernantes". ¡Y ese era, sin embargo, el régimen gubernativo cuya indefinida duración deseaba el Presidente, a manera de ensayo!

La vivisección es un método experimental, del que la ciencia ha sacado gran provecho; pero sólo se practica en animales.

Que la revolución de Santander se hizo con armas pertenecientes a la Nación, fue un hecho cuya evidencia nadie de buena fe pudo negar; porque si bien es cierto que la libertad del comercio de armas y municiones contaba ya para entonces cerca de un año de decretada, nadie se atrevía a decir que a Santander se hubiera introducido un solo fusil en uso de esa libertad.

Por su parte, el Poder Ejecutivo tenía conocimiento de que "algunas de dichas armas (las pertenecientes a la Nación) habían sido depositadas en poder de varios propietarios, por el agente a quien el Gobierno general había encargado de recogerlas en Santander" (el Comandante Mogollón).

Y aunque el Presidente añade, a raíz de esta ingenua confesión, que esas armas, todas, fueron recogidas por el Gobierno del Estado, esta aserción del Presidente, desprovista como está de pormenores relativos a los nombres de los depositarios, y al número de armas que cada uno de ellos hubiera recibido y entregado, deja campo para sospechar que los aludidos propietarios, o enemigos del Gobierno de Santander, -que a tanto equivale esa palabra en el tecnicismo político del Presidente- si llegaron a entregar algunas armas, no fue indudablemente el mayor número de las que habían recibido, y menos la totalidad. Ello es que al Gobierno de Santander lo encontró desarmado la revolución; y que al rendir los rebeldes las armas con que le hicieron la guerra, dejaron en poder de él la prueba material de que esas armas procedían de los parques de la Nación.

Ahora bien, el Presidente de la Confederación tenía no sólo la facultad natural, sino también el deber legal de exigir la devolución de esas armas, de quienquiera que las tuviese. Y tan cierto es que tenía esa facultad, que de ella hizo uso en esta ocasión, bien que no en contra de los rebeldes, sino de los amigos del Gobierno de Santander.

En el número 225 de El Tiempo, correspondiente al 19 de abril de 1859, se encuentran los comprobantes de que en la mañana del día 3 de ese mes, fueron tomadas por orden del Gobernador de Cundinamarca, a la salida de la capital, tres cargas de fusiles que el ciudadano Manuel Murillo Toro había comprado por cuenta del Gobierno de Santander Y que remitía a Puente Nacional. El lector puede informarse por esos mismos documentos oficiales, de que el Gobernador de Cundinamarca procedió en aquel caso con expresa autorización del Ejecutivo Nacional; de que los fusiles fueron tomados por presumirse que pertenecían al Gobierno; de que éste, suponiéndolo así, los hizo ingresar en el Parque

nacional; de que el señor Murillo solicitó del Secretario de Gobierno la devolución de ellos, y de que este funcionario se denegó a devolverlos, por resolución dictada el 18 del mismo mes de abril.

Y sin embargo de lo reciente de este acto oficial, cuya justificación se hizo con la cita de disposiciones legales preventivas, el Presidente no tuvo embarazo en decir al Congreso "que no teniendo nada que hacer oficialmente para impedir la sublevación contra el Gobierno de Santander, escribió privadamente a varios sujetos respetables de los que hacían la oposición, improbando el alzamiento".

Fue así, pues, arrebatando de manos de los amigos del Gobierno de Santander las armas con que ellos trataban de auxiliarlo, y absteniéndose de hacer otro tanto respecto de las que se hallaban en poder de los rebeldes; fue así, por modo tan singular, como el Presidente de la Confederación puso de manifiesto ante el país la sinceridad del deseo que lo animaba "de que no se interrumpiese la práctica pacífica de las doctrinas radicales en Santander!".

Si al primer aviso recibido por el Presidente, de que en aquel Estado se preparaba un alzamiento contra el Gobierno seccional, en vez de escribir cartas particulares para desaprobar tal proyecto, hubiera exigido de los presuntos revolucionarios la entrega de las armas de la Nación, so pena de emplear la fuerza pública para tomarlas; si tal hubiese sido el procedimiento del Poder Ejecutivo, la guerra civil que estalló en Santander y que, al decir del mismo Presidente, enardeció las pasiones de partido y turbó la confianza que en todas partes dominaba sobre la marcha pacífica de la Confederación"; esa funesta y asoladora guerra no habría tenido lugar; y en ese caso, como parece insinuarlo el mismo autor del Mensaje en las palabras trascritas, la marcha política del país, bajo un régimen constitucional del agrado de la mayoría, no se habría interrumpido, y el Gobierno entonces existente no se habría visto arrastrado al abismo por el torrente revolucionario de 1860... ¡Misterios del destino!

Se ha visto en una de las anteriores páginas cuál fue la conducta del Gobierno de Boyacá en lo relativo a la guerra de Santander; conducta en que resalta la convivencia de algunos de los agentes del Gobierno de aquel Estado con los rebeldes de Santander, y la culpable tolerancia de parte de algunos otros de tales agentes. Y sin embargo, la sola medida dictada por el Poder Ejecutivo nacional en presencia de tan grande escándalo, consistió en "requerir a los Gobiernos de los dos Estados para que se abstuviesen de todo acto de hostilidad del uno contra el otro, so pena de considerarlos infractores de la paz, si desatendían el citado requerimiento, y de declararlos responsables de los daños y gastos que aquella ocasionase; advirtiéndoles que el Gobierno haría uso en tal evento de la fuerza de la Confederación para reducirlos a la paz".

El Gobierno de Santander, que apenas se bastaba para repeler las agresiones armadas que tenían por punto de partida el territorio del vecino Estado, fue considerado por esta resolución como presunto agresor. De este modo colocó el Presidente en una misma categoría al ofendido y al ofensor, e hizo recaer de igual modo sobre el culpable que sobre el inocente, el rigor de una intimación oficial. En mala hora vino tan injusta determinación a la mente del Jefe del Gobierno; pues ella colmó la medida de la indignación pública en Santander, y contribuyó a generar los acontecimientos que se desarrollaron después.

Ah! Procedimientos como éstos fueron, sin duda, los que arrancaron al Libertador esta dolorosa exclamación: "no hay buena fe en América".

Espero, sin embargo, que no se verá en cuanto he dicho ni en lo que adelante diré sobre la conducta política del Presidente de la Confederación Granadina, ningún sentimiento de malevolencia ni nada que revele pasión política.

Lo único que en este caso me he propuesto -además de rendir homenaje a la verdad histórica, no sólo respecto de los acontecimientos sino también de los hombres que han hecho en ellos principal papel- es hacer notar a qué extremos puede conducir el espíritu de partido, aún a las personas más honorables y más altamente colocadas.

Que el señor Ospina fue un hombre eminente por sus talentos políticos y literarios; que tanto en la prensa como en el parlamento luchó sin tregua ni descanso y con brillo incontestable en servicio de su partido, y que se distinguió, además por la austeridad de sus costumbres, son hechos que nadie se atreverá a negar; pero tampoco habrá quien desconozca, ni aún entre los que fueron fervientes admiradores suyos, que en los más críticos momentos de su vida pública llevó su inflexibilidad política hasta una deplorable extremidad, y que el sentimiento de benevolencia que templa o que suaviza las medidas de rigor, que gana las voluntades y predispone al perdón, no llegó a manifestarse en ninguno de los actos que, con relación a sus adversarios políticos, ejecutó en uso del poder; como si el espíritu dogmático, de suyo intransigente, y el principio de autoridad, personificado en aquel carácter romano, hubiesen destruído en él todo impulso de magnanimidad.

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