Primeros trabajos de la nueva administración.—Venta por mayor de las existencias de tabaco de Ambalema.—Contrato de almacenes de sal con el señor Miguel S. Uribe.—Pago de intereses de la deuda exterior.—Discusión sobre el estado del tesoro público al principiar la nueva administración.

El fin del monopolio del tabaco trajo consigo una .operación ocasionada a fuertes censuras en la prensa en 1849 y a discusión en la cámara de representantes en 1850. Conforme a la ley de desestanco la siembra de tabaco debería ser libre desde el 1 ^|0 de enero de 1850 y el comercio del artículo, es decir, la venta por mayor y por menor, desde el 1° | ^| de septiembre del mismo año. En 31 | de diciembre de 1849 quedaría en los estancos de todos los pueblos de la república una existencia que, aumentada con el producto de las siembras hechas por cuenta del gobierno hasta esta última fecha, se calculaba que pasaría de doscientas mil arrobas: de ellas algo más de ciento cincuenta mil en Ambalema y en los pueblos que surtían del de esta procedencia. Vendida esa cantidad en competencia con el producto de las siembras libres, sin poderse calcular el precio a que se pudiera realizar en los distintos lugares, se daría origen a fraudes por parte de los empleados, y en todo caso a pérdidas considerables Para el tesoro público, que ya había avanzado el costo de producción  los de empaque y transporte a los pueblos consumidores. En el mismo caso se encontraban los contratistas de producción, dueños de casi todas las tierras de la vecindad de Ambalema, en donde se cultivaba el articulo, pues, o no podrían hacer siembras en1850, o tendrían que vender las que hiciesen en ese año bajo la competencia de las del gobierno: para salir de esta dificultad propusieron comprar las existencias sobrantes del estanco en dondequiera que estuvieren a principal y gastos más 50 por 100 sobre el principal; proposición que juzgando la dirección de ventas equitativa y conveniente para ambas partes, aceptó con aprobación del poder ejecutivo. Así se salvaba un valor de más de $300.000, se evitaba confusión en el manejo de la renta, desmoralización de empleados, y pérdidas para los cosecheros; pero la oposición ciega que en esos días encontraba cualquier acto del gobierno interpretó las cosas de un modo distinto. Se dijo que con esa venta se trasfería el monopolio del gobierno a la poderosa casa de Montoya, Sáenz & Cía.; que los precios del tabaco subirían enormemente, con perjuicio de los consumidores; que el poder Ejecutivo no tenía facultades para celebrar esa clase de contratos; que con esta venta se imposibilitaba el poder ejecutivo para pagar las deudas en especie que gravaban a la factoría de Ambalema a favor de los señores Wilson, Schloss, de Francisco Martín y Powlls, Illingworth y Co.

Afortunadamente, la buena reputación del presidente, sus secretarios y los empleados de la dirección de rentas (el doctor Manuel Ancízar desempeñaba entonces esas funciones), que intervinieron en el contrato, no permitía la más ligera duda acerca de la pureza de su conducta, contra la cual no se hizo acusación alguna directa ni embozada.

El contrato, sin embargo, prestó materia para una acusación contra ellos en la cámara de representantes de 1850; pero con los datos que se suministraron sobre los pormenores de la operación —entre ellos el de que todos los acreedores en especie de la factoría habían sido previamente pagados con las existencias mismas, a pesar de ser el monto de esas deudas una suma de $ 130.000 y sólo $ 7-50 | el precio de cada quintal de la mejor calidad, con que debían pagarse— la defensa del contrato fue tan clara y concluyente que, el mismo general Joaquín Posada, el primero que había de nunciado como onerosa e ilegal la negociación, fue también el primero en declararse satisfecho de ella. Por una gran mayoría, casi unanimidad, fue desechada la acusación.

Otro asunto que dio abundante materia a publicaciones y a un reñido pleito ante los tribunales, fue el contrato sobre “almacenes de sal de Zipaquirá en varias provincias de la república”, celebrado por el doctor Florentino González durante su ministerio en la administración Mosquera, con el señor Miguel Saturnino Uribe. Allí se había concedido privilegio a este señor para ser el único que pudiese llevar sal de Zipaquirá a las expresadas provincias, se le otorgaba derecho para intervenir en la administración de los almacenes de sal que deberían establecerse en Cartago y Manizales y una participación de cuarenta por 100 en las utilidades que se obtuviesen de esta operación. No encontró el nuevo gobierno compatibles esas concesiones con la libertad de comercio interior ni justificada la participación que en los productos de la renta de salinas se concedía a un particular. Movido por reclamos de la opinión pública, y principalmente de los Vecinos de Ibagué y Ambalema, a quienes se privaba de una industria de que habían estado en posesión, el poder ejecutivo mandó someter la legalidad de esos. contratos al juicio de la Corte Suprema, tribunal que en dos instancias los declaró nulos.

La parte de la renta de salinas así cedida a un particular no debía ser de poca consideración. Según los. datos publicados en la memoria de hacienda de 1850, las utilidades del contratista en sólo tres almacenes, en Honda, Popayán y Piedecuesta, en los primeros ocho meses del año económico de 1848 a 1849, faltando los datos relativos a los de Cartago y Manizales, ascendieron a $  4.523. El señor Uribe defendió lo que creía ser su derecho con un tesón y actividad admirables; pero todavía “había jueces en Berlín”.

Merece mención este incidente como la iniciación de abusos cometidos en época reciente en la que las contribuciones públicas, y principalmente las que recaen sobre un artículo de primera necesidad, como la sal, son materia de vergonzosas especulaciones en los Estados de la costa. No se miraba entonces esa explotación de los impuestos públicos con la frialdad con que en el día se le lleva a cabo.

Tampoco se miraba el crédito exterior de la república con el desprecio en que desde 1880 ha caído entre nosotros. La administración Mosquera se había encontrado en imposibilidad para satisfacer cumplidamente los dividendos vencidos durante su período, probablemente a causa de los gastos impendidos en el fomento de la navegación a vapor en el río Magdalena, la construcción proyectada de caminos carreteros de Guarumo, sobre el río Magdalena, a Bogotá, y de Cali al Pacífico, y la desgraciada obra del Capitolio Nacional, principiada en 1846 con tan vastas proporciones que sólo Dios sabe cuándo podrá verse terminada.

En 1849 | tampoco había medios de satisfacer al contado los dividendos vencidos y no pagados; pero el secretario de hacienda propuso al congreso, y éste aprobó. la emisión de billetes admisible en 143/4, | Unidades de los derechos de importación; forma de pago que nuestros acreedores aceptaron. En esta virtud se pagaron cerca de $ 450.000 correspondientes a los intereses de cinco semestres de la deuda exterior, que entonces sólo ganaba 1 1/4 y 1 | 1\2 por 100 anual, incluyendo, por supuesto, los del año de 49 en curso y los de febrero de 1850.

A pesar de las notorias circunstancias aflictivas del tesoro público fue este asunto de mucha discusión. Una muy respetable comisión conservadora del congreso, compuesta de los señores Juan de Francisco Martín, Ignacio Gutiérrez Vergara y José Ignacio de Márquez, ensayó, en repetidos informes y publicaciones, probar que en 19 de abril de 1849 había un |superávit considerable en las cajas nacionales. Por más que esta pretensión haya de parecer absurda en la historia de un país pobre; sin contribuciones bien organizadas; nacido en medio de los despilfarros de la guerra de independencia; abrumado siempre con una deuda interior y exterior inmensa; deseoso de mejorar rápidamente su condición por medio de obras, raras veces bien meditadas, y las más producto de ilusiones dela ignorancia; en guerra civil casi permanente; el hecho es que esa pretensión del |superávit ha sido muy frecuente en nuestras administraciones, y es uno de los síntomas de ese espíritu de partido furioso, intransigente, que entre nosotros llega hasta la demencia y aun | al idiotismo en ocasiones.

En 1849, en una época en que las rentas nacionales no llegaban a tres millones de pesos, cuando acababa de hacerse una rebaja de casi veinticinco por ciento en la tarifa de aduanas y de declararse libres de derechos de importación los efectos extranjeros que se importasen en el Istmo de Panamá, de gastarse sumas considerables en la reacuñación de monedas de baja ley, y en otros objetos, bien meditados unos, muy poco meditados otros (como el Capitolio y el camino de Siete Vueltas del Magdalena hacia Bogotá), era casi risible que se quisiera sostener la existencia de un |superávit, y esto por personas respetables, dos de las cuales habían ocupado altos puestos en el gobierno del país y el otro debía ser en breve candidato a la vicepresidencia. Ese |superávit se fundaba en puras suposiciones, pues la cuenta del presupuesto y del tesoro correspondiente al año de 1847 a 1848 aún no estaba formada, y la de 1848 a 1849 se encontraba en el primer año de la vigencia. Al formarse la cuenta de 1847 a 1848, cuenta formada por empleados conservadores, los señores Juan de Ujueta y Francisco Javier Caro, se encontró que arrojaba un saldo de gastos |reconocidos y |no pagados de $ 409.027,87, y en la de 1848 a 1849 se halló también que los recaudos efectivos apenas habían subido a $2.528.845,60, en tanto que el presupuesto dc rentas del mismo año montaba a $ 3.378.193,80; es decir, que en esa sola comparación se notaba un déficit de $ 849.348,20.

Estas diferencias o apreciaciones equivocadas nada significan, pero revelan un sentimiento hostil que no se detiene en la falta de respeto a la verdad; sentimiento que, si así domina a hombres eminentes, descubre cuáles serían las pasiones de la masa del partido. No significa esta apreciación que la otra parte de la nación, los liberales, estuviesen exentos de esa enfermedad, pues viviendo en la misma atmósfera y sometidos. a iguales influencias, debían estar animados también de poca buena voluntad para sus adversarios; la hago para mostrar en uno de sus desagradables y perniciosos aspectos esa aspereza del espíritu de partido, que no dulcifica en nada las ideas religiosas ni la educación ni la convicción de solidaridad entre todos los hijos de una misma patria; aspereza que, a mi ver, es uno de los más fecundos orígenes de nuestros males, que se muestra en todas las clases sociales, principalmente quizá en el clero católico.