La provisión de destinos- remociones.—El general Herrán.— El señor José Eusebio Caro.—El doctor Márquez.

El asunto que, según mis recuerdos, dio no poco en qué pensar a la administración López, fue la provisión de las gobernaciones de las provincias. En un país extenso y variado como el nuestro, es difícil el conocimiento de los intereses peculiares de cada localidad, y más difícil el de los hombres a propósito para administrarlos. Las relaciones de los departamentos con la capital, muy escasas hoy, a pesar del telégrafo, de un periodismo abundante en aquellos y de la frecuencia de los correos, lo eran mucho más ahora cincuenta años. Ni el general López ni sus secretarios tenían relaciones suficientes para hacer elecciones acertadas, y la prescripción legal que en otro tiempo ordenaba elegir los gobernadores a propuesta en terna o senaria de las cámaras de provincia, había sido suprimida hacía algunos años para dar más libertad al presidente en sus nombramientos. Lo cierto es que más de la mitad de los hechos por primera vez fueron rehusados, principalmente por haber recaído en personas que no podían trasladarse con sus familias a lugares distantes de su residencia habitual.

Las gobernaciones principales fueron provistas así: Antioquia, el doctor Jorge Gutiérrez de Lara; Cartagena, Tunja, el doctor Pedro Cortés y en seguida el doctor Patrocinio Cuéllar; Cauca . . . . . . . | Bogotá, el doctor Vicente Lombana; Santa Marta, el doctor Manuel Cañarete; Panamá, . . . . . . Socorro, el doctor Salvador Camacho, y por excusa de éste, el coronel Pablo Durán; Mariquita. . . . . . . . .; Neiva . . . . . . .Popayán. . . . . . . .                

El asalto de los destinos públicos en los diversos ramos de la administración, el número de los solicitantes y las intrigas puestas en juego para obtenerlos, fue en seguida una de las grandes dificultades. Hacía doce años que los liberales no participaban de este patrimonio: no había precepto alguno legal que diese una regla de conducta en su provisión, como la hay hoy en los Estados Unidos, en donde desde 1882 se creó una comisión encargada de examinar las aptitudes de los solicitantes, someter a éstos a un examen preciso, se sujetaron a reglas fijas los nombramientos, y se quita al presidente el derecho para remover libremente, antes de la expiración del período para que fueron nombrados los titulares. Ese es un asunto grave en el que las restricciones que se impongan al presidente en el nombramiento y emoción de los empleados, lejos de ser un inconveniente para éste, son un grande alivio en el ejercicio de esta función delicada. En las universidades y aun en los colegios privados debieran darse algunos cursos relativos a las funciones de los empleados públicos que habilitasen para desempeñarlos y facilitasen así la tarea de la administración pública; pero entre nosotros todavía este es asunto de favoritismo y ‘de explotación por los más intrigantes y más audaces en sus pretensiones.

La presión de los solicitantes de destinos, por una parte, y el deseo natural de tener amigos a su rededor, por otra, forzaron al gobierno a empezar la tarea de las remociones de los puestos públicos a personas que habían estado sirviéndolos durante largos períodos y para quienes esa separación debía ser un trance muy duro. Las remociones fueron entonces la señal de una reagravación terrible de los sentimientos oposicionistas. Los más notables entre los así separados de sus puestos fueron: el señor general Herrán, de la legación de los Estados Unidos; el doctor José Ignacio Márquez, del rectorado del Colegio de San Bartolomé; el señor José Eusebio Caro, jefe de la oficina de contabilidad general; los doctores Ignacio Gutierrez y Venancio Restrepo, de la dirección y subdirección de ventas; el señor Lino de Pombo, de la presidencia del tribunal de cuentas; el señor Antonio González Manrique, de la administración de salinas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa; el señor Antonio Rodríguez Torices, de la administración de la aduana de Cartagena; los señores José de D. Ucrós y Pedro P. Prías, del mando de un batallón el primero, y del regimiento de caballería el segundo, de la guarnición de Bogotá. Los removidos eran personas honorables, inteligentes y buenos servidores del país; esto no puede negarse, pero tampoco puede decirse que mereciese improbación indignada el hecho de separarlos, porque evidentemente el veredicto eleccionario había mostrado que el país deseaba un cambio en ‘las instituciones y en la manera de gobernar, cosa inconciliable con la existencia de esos señores en los principales puestos de la administración: se veía claramente venir una revolución y no era prudente conservar en los puestos de más confianza, como la guarnición de la capital, a los jefes militares que simpatizaban más con la causa revolucionaria que con la del gobierno. Era difícil sí, reemplazar dignamente a estos distinguidos personajes; pero lo fueron, a pesar de la creencia que reinaba en las mentes conservadoras de que en las filas liberales no habla hombres instruidos y capaces de servir al país. El concepto que a cada paso repetía su periodismo. El general Herrán, en particular, que por su carácter sereno, su conocimiento de los negocios y sus buenas relaciones en Washington con los miembros del gobierno, especialmente con el general Cass, entonces secretario de relaciones exteriores de la Unión Americana, parecía necesario para llevar a buen término la negociación del ferrocarril de Panamá. Afortunadamente las vacilaciones en que por esos días se vio detenida la compañía empresaria entre la construcción de un camino provisional de tablones y el de rieles de hierro servido por vapor y las dificultades que en un principio suscitó la competencia de otra empresa que se proponía establecer el tránsito interoceánico por la vía de Nicaragua, hicieron menos importante la presencia del general Herrán en la legación, la cual fue desempeñada satisfactoriamente en 1849 y 1850 por el señor Rafael Rivas. El contrato definitivo para la ejecución de esta obra fue al fin celebrado en Bogotá en 1850 entre el señor Victoriano de D. Paredes, secretario entonces de relaciones exteriores y mejoras internas y el señor John L. Stephens, vicepresidente de la compañía americana, y en él fueron allanadas todas las dificultades que por parte de esta república se oponían a la rápida ejecución de las obras; pero una gran parte del honor de este contrato, probablemente el mejor que ha celebrado nuestro país para la ejecución de una obra grandiosa, corresponde al señor general Herrán, que fue quien lo inició.

La ¡emoción, o más bien el reemplazo del doctor Márquez del rectorado del Colegio de San Bartolomé pues hacía tres años que lo desempeñaba— fue ocasionada por quejas de la mayoría de los estudiantes contra la real o supuesta falta de imparcialidad de aquél en relación con las opiniones políticas de los alumnos. Se quejaban éstos de que en los exámenes solía poner bolas negras a los que mostraban opiniones políticas distintas de las suyas, aunque fuesen buenos estudiantes ^|1 . La mayoría, casi la totalidad de éstos eran liberales, lo que daba lugar con frecuencia a manifestaciones deplorables de severidad por una parte y de algo de insubordinación por la otra. Fue reemplazado por el doctor Vicente Lombana, médico y abogado muy distinguido, célebre por su espíritu chistoso y sarcástico, y popular entre los jóvenes; pero la separación de aquél ocupó por algún tiempo, con censuras apasionadas, las columnas de los periódicos de oposición.

La del señor José Eusebio Caro llamó más la atención, tanto por la labor delicada que en esos momentos tenía el puesto de jefe de la oficina de contabilidad —hasta el punto de creerse de buena fe entre sus copartidarios que nadie podría desempeñar esas funciones sino él —como porque esa medida lo lanzó a hacer una oposición ciega al gobierno en |La Civilización, periódico que inmediatamente fundó y en el que con el doctor Mariano Ospina, que tomó a su cargo |El Día, fueron los más violentos artesanos de la pasión revolucionaria que al fin estalló.

En 1847, a la entrada del doctor Florentino González a la secretaría de hacienda, se dio una ley reorganizando la administración de la hacienda nacional. Allí se dividió la república en grandes distritos, semejantes a los departamentos militares de la antigua Colombia, y en cada uno de ellos se estableció un intendente y una administración general comprensiva de varias provincias. De esta suerte, el mecanismo de la recaudación de las rentas, el pago de los gastos y la contabilidad de estas operaciones debía pasar por las siguientes ruedas: en los distritos parroquiales los administradores de correos, expendedores de tabacos y de papel sellado, estanqueros de aguardiente, y en ocasiones, cobradores de diezmos; en la capital de las provincias una administración de hacienda encargada de vigilar las operaciones de las parroquias y de centralizar sus cuentas; en las capitales de departamentos de hacienda una administración general y una intendencia; en la capital de la república, en fin la secretaría general, dividida en dirección general de rentas (tabacos, salinas, aguardientes, papel sellado y correos). Dirección general de impuestos (aduanas, diezmos, quintos de oro, amonedación, hipotecas, registros y peajes, etc.) dirección general del tesoro (encargada del ramo de pagos, distribución de fondos, etc.) tesorería general y dirección general de correos y administración de la casa de moneda. Esto aparte de oficinas especiales como administraciones de salinas, factorías de tabaco, almacenes de depósito y distribución de este artículo, casas de moneda, oficinas de quintos y fundición de oros, oficinas de registro y anotación de hipotecas. etc. Esta organización, copiada de la complicadísima de la monarquía francesa, comprendía además la introducción del sistema de partida doble en la contabilidad, y  del admirable sistema de los presupuestos de rentas y gastos fundado por la Revolución Francesa en 1789, que, a la verdad, parece ser lo más perfecto que se conoce en los grandes países constitucionales modernos.

Se creía, pues, que el señor Caro era el único hombre en la república capaz de llevar adelante estas reformas, para cuyo trabajo se había creado el auxilio de otro contador general. Pronto se vio que sí había otro hombre de inteligencia más sencilla y clara que resolvió con facilidad los complicados problemas de la administración de hacienda nacional: el señor José María Plata.

El señor Caro, según nos parece, descendía de una antigua familia española radicada en La Habana, que a fines del siglo XVIII o a principios del XIX había venido a establecerse entre nosotros y había tomado parte notable en los comienzos de nuestra revolución. Si no estoy equivocado en mis recuerdos de lecturas, el abuelo del señor José Eusebio Caro fue uno de los primeros agentes enviados a Europa por la Junta Revolucionaria de Bogotá en busca de apoyos para la independencia. Nació en Ocaña, estado de Santander, en 1817; se educó en Bogotá e hizo sus estudios de jurisprudencia en el Colegio de San Bartolomé. Como la mayor parte de los hombres que sobresalen en la política tanto en América como en España, fueron poéticos sus primeros ensayos en que dio a conocer sus talentos. En 1840 tomó servicio en los ejércitos en defensa del gobierno del doctor Márquez, y en 1841 y 1842 | fundó y sostuvo |El Granadino, periódico destinado  a defender las ideas conservadoras que primaban en esos años al vencimiento de la revolución liberal. 1843 a 1846 fue miembro de la cámara de repre­sentantes por elección de la provincia de Bogotá, y en los años siguientes, hasta 1849, sirvió varios destinos de hacienda, en los que mostró talentos y conocimientos superiores, principalmente en desarrollo de las reformas sobre introducción del sistema francés de administración de hacienda e introducción del método de partida doble en la contabilidad de las rentas y gastos nacionales en el tiempo en que el doctor Florentino González desempeñó la secretaría del ramo. Separado de este puesto, se consagró a hacer oposición violenta, sin tasa ni medida, a la administración y a los hombres que la defendían sin ahorrar en esta tarea la injuria y la calumnia, en términos que un jurado conservador admitió la acusación de calumnia que contra él dirigió un tal Camilo Rodríguez, hombre de mala fama por cierto. El señor Caro no quiso someterse a las consecuencias del juicio y huyó al extranjero. En los Estados Unidos hizo su residencia hasta 1853, año en que regresando al país murió de fiebre amarilla en Santa Marta, a la temprana edad de treinta y seis años.

Era de más que mediana estatura, formas robustas, cara llena, cabello negro abundante, algo encorvado, aire pensativo y fisonomía dura, con poca expresión, a lo que contribuía un defecto en uno de sus ojos. No era orador: faltábale facilidad para dar salida a sus pensamientos, y sus ademanes eran poco elegantes. Era pensador y escritor antes que todo; pero su temprana muerte le impidió producir obras que indudablemente habrían realzado su reputación y sido útiles al país. Sus escritos de polémica política le harán poco honor cuando haya pasado el recuerdo de las pasiones que los inspiraron. Deja su colección de poesías, en una de las cuales se puede observar que sus convicciones verdaderas eran de mejor ley que sus arranques de cólera de partido. Dice así:

Oh prenda de mi amor, dulce hijo mío! |
Cuando en edad y para el bien crecieres,
(Y en el gran Padre Universal confío
Vivirás para el bien lo que vivieres),

Serio entonces quizá, meditabundo, |
De ardor de ciencia y juventud llevado,
Quieras curioso, visitando el mundo
Juzgar lo que los hombres han fundado.  

Do puedas admirar instituciones
Que abrigan al inválido, al desnudo,
Que amansan al demente sin prisiones
Que hacen al ciego ver y hablar al mudo:

|Do vieres protegido al inocente,. |
Castigado al perverso con cariño, | |
|Respetado al anciano inteligente, |
Asegurado el porvenir del niño:

Allí do hallares libertad y ciencia, |
Misericordia, caridad, justicia,
Dominando del pueblo la conciencia,
De la industria calmado la codicia:  

|Allí do res petándose a sí mismo |
Vieres al hombre amar a sus hermanos,
Podrás clamar: “Honor al cristianismo,
Q |ue estos no pueden ser sino cristianos!” |

El señor José María Plata, que le sucedió en la dirección de la contabilidad general, era desconocido en la Política hasta entonces. Había sido un comerciante muy inteligente y allegado en esta profesión un caudal que se decía muy considerable, perdido todo en la gran catástrofe de la quiebra de Landínez en diciembre de 1841 | Perseguido por acreedores desapiadados, había tenido que emigrar a Venezuela para escapar a la prisión por deudas, vigente entonces en todo su vigor... A su regreso en 1848 |—0 1849— fue llamado por el doctor Murillo al puesto que ocupaba el señor Caro. El nuevo secretario de hacienda tenía muy pocos conocimientos en ese ramo de negocios, y sobre todo ninguna práctica; pero la cooperación del señor Plata fue decisiva. En primer lugar se propuso al congreso un proyecto que fue aceptado y convertido en ley (2 | de junio de 1849), por el cual fueron suprimidas las in­tendencias y las administraciones departamentales de hacienda, poniendo las funciones de las primeras a cargo de los gobernadores de provincia y las de las segundas a las de los administradores de correos de la capital de éstas. Se conservó, por supuesto, la introducción de la partida doble en las cuentas, y al efecto en ese mismo año fueron expedidos los reglamentos. instrucciones detalladas y modelos de la forma en que debieran extenderse todas las operaciones; tanto por parte de los recaudadores de rentas y pagadores de gastos, como por la de los ordenadores, es decir, de los secretarios de estado, de los gobernadores y demás agentes delegatorios del Poder Ejecutivo nacional.

Esto, sin embargo, fue solamente el principio de la reforma: la obra radical y permanente en esta mate­ria se llevó a cabo, como luego veremos, en 1850. Los reglamentos e instrucciones en estos negocios fueron tan sencillos y claros que las dificultades desaparecieron, y lo que se creía privilegio exclusivo de un solo hombre fue convertido en una noción popular. Tales fueron los principios de una carrera pública que hubiera llegado a los más altos puestos si no la hubiese cortado la muerte de una manera prematura en los momentos en que estaba llamado a prestar servicios más importantes. Baste decir, por ahora, que de la contaduría general pasó el señor Plata a la gobernación de la provincia de Bogotá, luego a la secretaría de lo interior y relaciones exteriores, más tarde a la de hacienda, y no se sabe en cuál de ellos desplegó más talentos y espíritu más sereno en medio de las dificultades, como después veremos.

Era de mediana estatura, fornido de miembros, expresión simpática, siempre moderada y serena, algo miope, jovial y chistoso en su conversación, firme en sus convicciones, valiente en los peligros y tan moderado y culto siempre en sus palabras, que nunca llegó a tener una discusión ligeramente apasionada con nadie, excepto con el doctor Manuel Murillo, con quien al cabo llegaron a pasar de una amistad estrecha a relaciones menos que cordiales. En medio de las violentas pasiones de esos días, siempre se mantuvo’ sereno y frío en las cámaras y en las discusiones del periodismo, de suerte que por este aspecto era la antítesis más completa del señor Caro José Eusebio).

La remoción del señor Pombo de la presidencia de la corte general de cuentas fue la más dolorosa y pro­bablemente la menos justificada de todas. La distinguida inteligencia de este patriota, su moderación y espíritu de justicia eran notorios. Ignoro las causas de esa medida. No así la del señor Ignacio Gutiérrez, quien teniendo talentos, conocimientos en el ramo de hacienda y práctica de largos años, tenía convicciones muy arraigadas en contra de las reformas que dominaban el pensamiento de la administración. En vez de ser un auxiliar útil hubiera sido un obstáculo para llevarlas a cabo.

Las remociones no fueron tan generales como se decía. En la secretaría de hacienda quedaron en sus puestos los señores Telésforo Sánchez Rendón, director general de impuestos; el señor José María Franco Pinzón, administrador general del tesoro; el doctor Francisco P. López Aldana, director del crédito público, y el subsecretario de hacienda, señor Rafael de Porras. En la de gobierno fueron conservados el doctor Isidro Arroyo y el señor Domingo Maldonado, jefes de sección, y así en otras varias oficinas.

Para allanar la dificultad que presentaban las remociones, el congreso de 1849 dictó una ley igualando el período de todos los empleados de libre nombramiento y ¡emoción del Poder Ejecutivo con el presidente mismo; de manera que en el mes de junio siguiente a la posesión de éste, debían hacerse nombramientos sin necesidad de causar ofensa a los que los habían desempeñado.

El sistema de exámenes y aprobación necesaria en los aspirantes a destinos públicos, y la prohibición de remover (excepto por causas justas examinadas por el Poder Judicial durante el período legal, a los titulares, daría a la vez que condiciones de mejor servicio público, una garantía contra los abusos del espíritu de partido en los magistrados superiores.