Como un mes después de la ocupación de la ciudad de Bogotá por el ejército federalista, el general Mosquera convocó una junta de liberales notables que, en número de cuarenta, más o menos, se reunió en la casa que ocupaba aquél. En ella expuso el general Mosquera la situación de la república en lo relativo a la lucha armada entre los partidos. Los Estados del Cauca y de Santander habían caído en poder de los conservadores, dirigidos en el sur por el señor Julio Arboleda y en el norte por el señor Leonardo Canal. El de Antioquia permanecía gobernado por el señor Rafael María Giraldo. En el del Tolima, de reciente creación, los señores Pedro Rivera y Agustín Uribe se habían apoderado de la ciudad de Neiva y hecho prisioneras a las autoridades creadas por la revolución. El Estado de Boyacá no estaba tranquilo y el gobierno liberal se sostenía difícilmente; de suerte que el partido federalista estaba reducido al los Estados de Cundinamarca, Boyacá, el norte del Tolima y los de Bolívar y Magdalena. El de Panamá permanecía neutral en la contienda, en virtud de un arreglo que, al efecto, había celebrado con el gobernador, señor Santiago de la Guardia, el doctor Manuel Murillo a su paso por allí, en viaje a Europa y los Estados Unidos, adonde iba encargado de representar a Colombia.

El general Mosquera manifestó que el objeto de la reunión era oír las opiniones de los liberales presentes sobre las medidas que convenía adoptar en la actual emergencia, y que él, por su parte, exponía la conveniencia de suprimir las órdenes monásticas, y de ocupar sus bienes, lo mismo que los de todas las corporaciones religiosas, para vender las tierras por lotes y reconocer a sus antiguos propietarios la renta que producían en intereses al 5 por 100 anual a cargo del tesoro público.

Los concurrentes, en su mayor parte comerciantes y propietarios acomodados, recelosos de que el verdadero objeto de la reunión fuese pedirles empréstitos voluntarios o forzosos, guardaron silencio, y excitado por ellos uno de los presentes (el autor de estas líneas), manifestó que, concurriendo en las ideas expresadas por el general Mosquera, la última de las cuales, combinada con una expedición de billetes admisibles en rentas y contribuciones nacionales, daría los recursos que la guerra civil exigía, sin necesidad de extorsiones a las clases pobres ni de medidas violentas a propósito para anarquizar el país y enajenar a la revolución las simpatías de las masas; pero que la medida más urgente en los actuales momentos era la convocatoria de una convención que reorganizase el gobierno e hiciese cesar la incertidumbre acerca del término que pudieran tener los sucesos de la guerra. En mi mente abrigaba yo el temor de que el general Mosquera quisiese prorrogar el ejercicio de los poderes absolutos por tiempo indefinido, como lo había pretendido el general Bolívar de 1827 a 1830, y todos los tiranuelos militares como Carrera en Guatemala, Santa Ana en Méjico, Rosas en Buenos Aires y Guzmán Blanco en Venezuela.

La indicación fue recibida con poco placer por el general Mosquera y con sorpresa por la generalidad de los concurrentes, pero el primero ofreció que la convocatoria se haría para un día muy próximo. En efecto, pocos días después fue publicado un decreto que fijaba el mes de diciembre de 1861 para la instalación, mas sin determinar el lugar en donde debería verificarse. Ese decreto disponía que cada Estado debería elegir un número de diputados igual al de senadores y representantes que le correspondían conforme al censo de 1860.

Las operaciones militares no permitieron seguramente que se hiciesen las elecciones en la época señalada ni en los primeros meses de 1862; mas en julio de éste año la gobernación de Cundinamarca invitó a las de los otros Estados para que las hiciesen y en éste se dio el ejemplo de hacerlas, con lo cual las del Tolima, ya dominado desde octubre de 1861 por los liberales, y los de Boyacá y Santander, Bolívar, Panamá y Magdalena siguiesen la misma línea de conducta. El Cauca y Antioquia procedieron a hacerlo luego que la victoria de Santa Bárbara, en septiembre del mismo año, condujo a la ocupación de sus territorios por las armas federales.

No tengo datos precisos sobre la manera como se verificaran en otros lugares, mas en Cundinamarca y el Cauca fueron una muera farsa. En el primero de éstos acababa de organizarse lo que se llamó el |círculo sapista. y la falsificación de los registros eleccionarios fue escandalosa. Los directores de ese círculo aparecieron en los escrutinios de la asamblea con mayoría de más de 30.000 votos, cuando a las urnas apenas habrían concurrido dos o tres mil sufragantes. Recuerdo que el registro de Guasca, distrito parroquial que el día de la elección estaba ocupado por la guerrilla conservadora del mismo nombre y en el cual no pudo haber el más pequeño simulacro de elecciones, daba más de 700 votos a los candidatos del círculo.

Me figuro que otro tanto ocurrió en el Cauca, pues allí aparecieron nombrados, el general Mosquera, sus secretarios y hasta el venezolano señor Antonio Leocadio Guzmán, quien representaba ahora con el general Mosquera el mismo papel que en 1827 había desempeñado cuando el general Bolívar pretendía obtener una dictadura vitalicia en el Perú, Bolivia y en la Gran Colombia.

Otro tanto ocurrió en Panamá en la segunda elección allí. La primera, hecha durante la gobernación dcl señor Santiago de la Guardia, había sido regular; pero habiendo sido derrocado este gobierno por una insurrección militar encabezada por el señor Peregrino Santa Coloma, el general Mosquera dispuso que se hicieran nuevas elecciones, en las que,  como era natural, fueron excluidos los que no eran adeptos de aquél, y nombrados, con excepción de los señores Justo Arosemena, Buenaventura Correoso y Gabriel Neira (elegidos también en la primera votación), personas oscuras cuyo nombre no volvió a sonar después en la política de esa sección.

El general Mosquera, nombrado miembro de la Convención, asumía las funciones a un tiempo de pre­sidente provisorio de la república, supremo director de la guerra y presidente de los Estados del Cauca, Antioquia y Tolima.

Los elegidos para la Convención eran todos liberales, como era de esperarse. En Antioquia eran todos hombres respetables que habían figurado en la política: no eran comerciantes ni grandes propietarios, casi todos eran abogados. En Bolívar sucedió lo mismo. En Boyacá habían sido elegidos algunos jefes militares prominentes y abogados respetables. En el Cauca, los hombres que habían acompañado al general Mosquera en el curso de la guerra. En Cundinamarca, algunos hombres distinguidos, como los doctores Zaldúa, Ancizar, Lleras y los jefes principales del círculo sapista, como los doctores Ramón Gómez, Francisco de P. Matéus, Daniel Aldana. El autor de estas líneas concurrió como tercer suplente; por excusa de los señores Justo Briceño (gobernador del estado), Alejo Morales, jefe de las fuerzas que habían sostenido la lucha contra las guerrillas, y Tomás Cuenca, secretario de hacienda del estado. En el Magdalena, los señores José María y Manuel Louis Herrera, Luis Capella Toledo, Agustín Núñez y otros relacionados con el general Manuel Louis Herrera que había sido jefe de las fuerzas del estado. En Panamá ya he dicho que en la segunda elección fueron excluidos algunos hombres notables que habían venido en la primera, entre ellos el señor Rafael Núñez, que había sido secretario del Tesoro pocos meses antes y de quien el general Mosquera no estaba satisfecho después, no sé por cual motivo, pues el señor Núñez era por carácter muy cauto en sus relaciones con los hombres influyentes de la situación. La diputación de Santander era toda muy respetable, y en ella figuraban en primera línea los señores Aquileo Parra, Felipe Zapata, Foción, Soto, Gabriel Vargas Santos. La del Tolima era igualmente notable y venía encabezada por el ilustre veterano José Hilario López: en ella venían además el doctor Bernardo Herrera, el general Liborio Durán y el doctor Manuel Antonio Villoria, entre otros.

El distrito federal de Bogotá había enviado a los generales Eustorgio Salgar y Wenceslao Ibáñez y al doctor Juan Agustín Uricoechea.

El personal de la convención era pues muy bueno:  pero nada compensaba la ausencia de representación del partido conservador: defecto casi inevitable en los cuerpos representativos que siguen a una guerra civil, pues sólo los vencedores, es decir, la mitad de la nación, viene a imponer sus leyes, en lo general sus cóleras o venganzas, a todo el país. Eso se había visto en 1832, 1843 y, en parte, en 1852. La representación de las minorías, por medio de instituciones especiales, es muy de desear en estos casos. Quizás, sin embargo, sería preferible retardar la reunión de las convenciones a tres o cuatro años después de la guerra, manteniendo entretanto el régimen anterior a ella.

Faltaba saber el lugar en donde debían de tener lugar las sesiones de la convención. Bogotá era lugar antipático al general Mosquera: como lo ha sido siempre a todos los dictadores, desde Bolívar hasta Núñez; Cartagena, ciudad en que se pensó algún tiempo, tenía el defecto, para  el general Mosquera, de la influencia personal del general Juan José Nieto, que podía no ser muy favorable a las miradas de aquél; en Ocaña, era de temer que predominaran las ideas políticas del estado de Santander, Poco favorables al ejercicio de poderes omnímodos; Medellín era considerado como un foco de sentimientos conservadores; Panamá, por los temores de insalubridad de su clima y su posición excéntrica, no era lugar deseable para el que pensaba sostener su mirada sobre toda la nación. En Ríonegro creyó encontrar el general Mosquera un centro liberal y un pueblo muy adicto a su persona, y quizás por eso fue el designado por éste a última hora. Allí había además un caserío muy decente, sociedad culta de antiguas familias acomodadas, clima suave perfectamente sano y víveres y recursos abundantes. La convocatoria sé había hecho para el 1° de febrero, y el 2, no sólo había |quorum, sino que estaban presentes casi todos los miembros. El número’ total era de 63.

El general Mosquera estaba establecido allí hacia cerca de un mes con una división veterana mandada por los generales Fernando Sánchez y Mendoza Llanos, enteramente adictos a su persona, y los jefes de los cuerpos eran los coroneles Díaz y Lara, venezolano el último, igualmente adictos. El pueblo ríonegrero, liberal siempre, era ahora entusiasta admirador del jefe de la revolución, y miraba con cierta desconfianza no disfrazada a los diputados que, se decía, no eran sumisos a la voluntad del supremo director. El 3 de febrero se reunió la junta preparatoria bajo la presidencia del venerable doctor Antonio’ Mendoza, el más anciano de los miembros presentes, y el 4 fue fijado para la instalación definitiva.

Entre tanto, un grupo de diputados, cuyo núcleo se componía de la diputación de Santander y de los señores Rafael Núñez, José Araújo, Camilo Echeverri y el autor de estas memorias, que habían hecho juntos el viaje de Bogotá a Ríonegro, convocó a una reunión durante la noche del 3 para acordar una acción común en los primeros trabajos de la corporación. Los puntos principales allí convenidos fueron los siguientes:

1° Que el general Mosquera no debía ser elegido presidente de la convención, como señal de la independencia de la asamblea.

2° Que debía tratar de organizarse durante las sesiones un ejecutivo plural, de manera que no hubiera personalidad alguna que pudiera ejercer influencia decisiva en la dirección de los negocios públicos.

3° Que debería tratar de obtenerse la separación de la fuerza militar a una distancia conveniente del lugar de las sesiones.

4° Que uno de los primeros actos debía ser la amnistía general y el restablecimiento de las garantías individuales en toda la nación.

Que al general Mosquera debía tratársele con mucha atención; pero notificársele de algún modo di­simulado que, por lo pronto, era mejor que él se retirase de participación en el gobierno. Al efecto, se determinó que sé le ofrecería una pensión de diez mil pesos anuales y un voto de gracias lisonjero por sus servicios.

En ejecución del punto primero se aceptó la candidatura del doctor Francisco Javier Zaldúa, para presidente; la del señor Eustorgio Salgar, para vicepresidente; y la del doctor Clímaco Gómez, para secretario de la convención, a fin de asegurar independencia en la comisión de la mesa. Con este objeto se habían llamado a la reunión tres o cuatro individuos de los que aún no habían dejado traslucir sus opiniones decididamente favorables al general Mosquera.

Los proyectos relativos a la organización de un ejecutivo plural y a la amnistía y restablecimiento de las garantías, venían trabajados desde Bogotá.

El día 4 estuvieron puntuales en su asistencia todos los miembros: el general Mosquera se presentó a las 11 | escoltado por doce o diez y seis hombres que, se notó, traían armas debajo de las ruanas. En la puerta del salón se encontró con Camacho Roldán, diputado a quien atribuía ciertas medidas dictadas por la gobernación de Cundinamarca, que parecían contrariar sus planes de organización política, y a dos pasos de distancia se detuvo fijando en él una mirada amenazadora; cuando se creyó que esa escena se tornaría en algo desagradable, el general abrió los brazos y se dirigió a él estrechándolo con efusión amistosa ^|1 . En seguida le tomó del brazo, y entrando al salón, tomó asiento a su lado.

—Me vinieron a acompañar algunos hombres armados, me dijo, porque creyeron que ustedes los gólgotas querían asesinarme hoy; pero ya veo que estaban engañados.

|—Y | ¿por qué lo habíamos de asesinar a usted? le contesté. Usted ha prestado y puede seguir prestando muy útiles servicios al país, sobre todo si hay una oposición que lo detenga dentro de ciertos límites necesarios; en lo que sus oposicionistas sirven al interés publico y son de utilidad incontestable para usted.

Rióse de buen humor, y cambiando rápidamente la conversación:

—Quién cree usted que resultará elegido presidente de la convención? me preguntó.

—No sé, le respondí. Dicen que usted es uno de los candidatos.

—¿Y ustedes a quién tienen?

—Al doctor Francisco Javier Zaldúa.

—Ya verá cómo yo soy elegido.

El general pasaba la vista por todas las hileras de diputados como contando los que reputaba partidarios suyos. Cuando el escrutinio empezó, encargóme que contara los votos por él, ofreciendo que él contaría los favorables al doctor Zaldúa. Cuando sólo faltaban dos Votos había empate. Entonces pareció alarmarse y atendió con mucho cuidado. Las boletas dieron e! nombre del doctor Zaldúa: el general se levantó entonces sin decir una palabra y fue a buscar otro asiento muy lejos del mío.

En la votación para vicepresidente ambos partidos habían escogido al general Salgar, a quien el general Mosquera hacía demostraciones especiales de aprecio.

El doctor Clímaco Gómez fue elegido secretario con los mismos votos que el doctor Zaldúa, en competencia con el señor Carlos Sáenz, que desempeñaba el des­tino de oficial mayor en la secretaría de guerra.

Según se vio, en estas votaciones la convención tenía 28 diputados dispuestos a seguir, casi ciegamente las aguas del general Mosquera; 28 a quienes no animaba esta disposición y que velan con desconfianza sus pretensiones, y cinco vacilantes que no se inclinaban decididamente a ninguno de los dos bandos. Entre los primeros, los más notables eran los generales Julián Trujillo, Santos Acosta, Ramón Santo Domingo Vila, Antonio González Carazo, Buenaventura Correa, Fernando Sánchez, José María Herrera, Ezequiel Hurtado, Gabriel Sarmiento Daniel Aldana y los doctores José María Rojas Garrido, Andrés Cerón, Ramón Gómez y Antonio Leocadio Guzmán; entre los segundos los generales José Hilario López, Sántos Gutiérrez, Aníbal Currea, Wenceslao Ibáñez y Gabriel Vargas Santos, y los Señores Francisco Javier Zaldúa, Justo Arosemena, Antonio Mendoza, Nicolás F. Villa, Camilo A. Echeverri Benjamín Noguera, Rafael Núñez, Aquileo Parra, Felipe Zapata, Foción Soto, José Araújo |, Estanislao Silva, Marcelino Gutiérrez, Pedro Cortés H., Antonio Ferro, Bernardo Herrera y Manuel A. Villoria. Los vacilantes eran los doctores Manuel Ancizar, Agustín Núñez, Eusebio Otálora, Felipe Santiago Paz y algún otro. El doctor Lorenzo María Lleras era a veces complaciente con las ideas del círculo mosquerista, pero en las cuestiones graves se le contaba siempre entre los miembros de la oposición liberal. El general Eustorgio Salgar profesaba también gran deferencia por el general Mosquera, pero pertenecía decididamente al círculo opuesto.

Leyó el presidente provisorio su mensaje a la convención, documento pesado y largo, cuya lectura propuso alguien suspender, pero esa prohibición fue retirada en vista de la susceptibilidad herida del autor, quien la atribuyó a desprecio. En seguida presentó un proyecto de constitución y pidió se le considerase inmediatamente en primer debate. Así se hizo, se le aprobó y pasó en comisión al doctor Lleras. Entonces el señor Justo Arosemena presentó otro calcado sobre la constitución Suiza, con ejecutivo plural de poca duración y cantones semiindependientes. Pasó en primer debate, en comisión también al doctor Lleras.

Entonces se propuso el de organización provisoria con ejecutivo plural, el cual pasó también a segundo debate. El general Mosquera, sorprendido con esta idea, la apoyó sin embargo, agregando que la convención no tenía facultades para dar nueva organización al país, mientras subsistiese el pacto provisorio de 1861, el cual debía ser respetado a todo trance. Según se vio, el general Mosquera quería limitar a muy poca cosa las facultades de la convención, ya que su proyecto de constitución parecía haber sido recibido con poco favor.

La sesión terminó dejando la impresión de que sería necesaria una lucha muy seria con el general Mosquera y sus partidarios, apoyados por el cuerpo de ejército que ocupaba el estado de Antioquia.

El general Mosquera había ejercido un poder absoluto desde que principió la lucha armada, en mayo de 1860, en el estado del Cauca primero, en los del Tolima, Cundinamarca y Antioquia, luego que sus territorios fueron ocupados por los ejércitos federales. En Boyacá y Santander no era muy grande su influencia, contrapesada por el prestigio de otros hombres, como los generales Gutiérrez, Reyes, Salgar y un resto del antiguo partido gólgota, que con los señores Foción Soto, Aquileo Parra, Antonio María Padilla, etc., profesaban ideas republicanas de mucha austeridad. El estado de Panamá, en donde no ha sido nunca notable el movimiento republicano de los estados del interior, estaba sometido ya por un movimiento de cuartel:  los de Bolívar y Magdalena, en donde las tradiciones militares implantadas por la guarnición durante la colonia, y después por el general Montilla, que continuó esa educación de los pueblos, en los diez años de su mando en ese departamento, parecía más fácil no encontrar resistencias. Se juzgaba que en el alma de un hombre acostumbrado por tres años de supremacía militar a prescindir de las leyes, y cuyos precedentes no revelaban tendencia alguna de imitación a las virtudes de Washington, sino más bien al carácter imperioso, lleno de ambición, de Bolívar, no estaría dispuesto a desprenderse del ejercicio de esa autoridad. En qué forma se proponía conservarla no era conocido: pero que sería un obstáculo considerable al funcionamiento de instituciones republicanas sencillas y modestas no era dudado por nadie.

Los puntos principales que se preveían como materia de lucha en la convención, eran los siguientes:

Organización del ejecutivo en cuanto se refería a facultades y duración del período de los funcionarios.

Conservación y disminución considerable del gran pie de fuerza armada permanente que la prolongación de la guerra civil había obligado a organizar.

Cuestiones de rentas, contribuciones y empréstitos que son el elemento principal de toda dominación arbitraria.

Pretensiones a la reconstitución de la antigua Colombia por medio de intrigas o de la fuerza, si fuese necesario, aprovechando la situación semianárquica de Venezuela y la opresión en que mantenía el señor García Moreno a los pueblos del Ecuador; asunto de que se ocupaba incesantemente el señor Antonio Leocadio Guzmán.

Línea de política que adoptaría el general Mosquera, ya favoreciendo a los conservadores vencidos para hacerlos favorables a sus planes, o bien despertando. sus cóleras, para hacerse más necesario a los liberales.

La cuestión religiosa. En especial era éste uno de los asuntos más graves. Desterrados o confinados varios obispos, sometido el clero a la necesidad de prestar, como condición previa al ejercicio de su ministerio, un juramento de obediencia a la constitución y leyes de la república y los decretos del Poder Ejecutivo, amenazados de destierros y confinamientos sin procedimiento judicial por parte de las autoridades nacionales y locales, en caso de desobediencia, muchos sacerdotes habían cerrado sus iglesias, rehusado administrar sacramentos a los fieles y celebrar en público el culto católico; y todo esto creaba constantemente un motivo de desagrado y un peligro permanente para La paz:  pública.

Diez años antes se había presentado un conflicto semejante durante la administración del general José Hilario López. Una ley expedida en 1845, siendo presidente de la república el general Mosquera y arzobispo de Bogotá el señor doctor Manuel José Mosquera, ley no reclamada entonces por el clero católico, sometía a éste a confinamientos, destierros y ocupación de sus temporalidades por simple decreto del Poder Ejecutivo en caso de desobediencia a las leyes. El mismo señor arzobispo Mosquera había protestado en 1852 la ley que atribuía a los cabildos el nombramiento de los curas de las parroquias, que se hacía antes por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna del Capítulo Catedral de cada diócesis, y esta resistencia imitada luego por los obispos de Cartagena y Popayán, había obligado al congreso y al Poder Ejecutivo a imponer destierro a estos prelados. Estos habían lanzado, al salir del país, un mandamiento a los curas de sus diócesis para que cerrasen los templos y suspendiesen la administración del culto, lo que había creado una situación muy desagradable y peligrosa. En 1853, con asentimiento de los miembros conservadores del congreso y de los vicarios capitulares que por entonces reemplazaban a los obispos desterrados, se había expedido la ley de 24 de junio, sobre separación de la Iglesia y del Estado. Esta ley envolvía una reforma inmensa. El gobierno civil renunciaba, por ella, a toda intervención en asuntos religiosos, retiraba toda protección especial al culto católico, inhabilitaba a los sacerdotes para toda participación en funciones civiles, principalmente en lo relativo a matrimonios y el registro civil, incapacitaba a la Iglesia Católica para la adquisición de bienes inmuebles y consignaba el mandamiento de que, dentro de veinticinco años, es decir, en 1878, los bienes pertenecientes a los conventos, parroquias, cofradías y fundaciones católicas en general pertenecerían a los vecinos católicos de las parroquias, los cuales, por medio de los cabildos, podrían disponer de ellos como lo tuviesen a bien.

En consecuencia quedaba suprimido el patronato que la república ejercía como herencia de la monarquía española, y la religión católica privada de los privilegios, exenciones y fueros de que había gozado por concesión de las instituciones que unían la Iglesia al Estado.

En este estado las cosas, el general Mosquera dictó. un decreto de tuición por el cual quedaba de nuevo sometida la Iglesia, no sólo a la vigilancia, sino a la dependencia del poder civil en varios puntos importantes. Desde hacía doce siglos el mundo grecoromano había reconocido dos organizaciones diversas con autoridad sobre los pueblos: primero el emperador y el Papa, y después, restringida la potestad de aquél, y fundadas las nuevas nacionalidades que surgieron de la invasión de los bárbaros y las ruinas del imperio romano, había quedado solo en pie la silla pontificia con pretensiones a imponerse sobre toda la Europa semicivilizada y sobre los pueblos asiáticos a donde se había propagado el cristianismo. Esas pretensiones y esa autoridad, reconocidas por la España católica, habían pasado los mares, y extendídose por todas las colonias de ésta y de Portugal en América. La revolución de 1810 había roto los lazos que unían estas colonias a la metrópoli española, pero no los que los pueblos reconocían a la autoridad del Supremo Pontífice. Hubo tendencias visibles hacia la emancipación de esta última dependencia, en la ley de patronato de 1824, en la de 1852 sobre nombramientos de curas, en la separación de la Iglesia y el Estado de 1853, en la del establecimiento del matrimonio civil y en la de 1855 sobre  ; pero estas tentativas no habían desarraigado la reverencia que nuestro sexo femenino y gran parte de nuestra población masculina profesan a la unidad del catolicismo.

Los decretos sobre tuición del general Mosquera  creaban una nueva dificultad. Por una parte se restablecía el ejercicio del patronato sobre la Iglesia Católica, y por la otra se prescindía de la intervención de la silla apostólica en los asuntos administrativos del culto católico. El gobierno quedaba en lucha con las creencias de una gran parte, si no la mayoría de los ciudadanos, y la paz y el sosiego públicos en riesgo inminente. Era fácil prever que esa situación conduciría a soluciones inesperadas, y a ellas tenía que proveer la convención de algún modo.

Los procedimientos de ésta en su primera sesión hablan causado vivo despecho en el círculo militar que rodeaba al general Mosquera. Desde que salimos de nuestras casas para trasladarnos a Ríonegro, comprendíamos, los que no éramos favorables a la política de aquél, que tendríamos que sostener una posición peligrosa, que la disolución violenta de la convención era muy de temer y que sería necesario arrostrar peligros personales; en consecuencia, no salíamos a la calle sin un revólver en el bolsillo, sobre todo los que teníamos la experiencia del congreso de 1854, en el que habíamos vivido permanentemente amenazados. El tercer día de las sesiones al salir del local el que esto escribe, iba en compañía del doctor Rafael Núñez, y al poco rato notó que eran seguidos del general Mendoza Llanos y del comandante Francisco Piñeres. El primero de éstos se expresaba en términos groseros contra los |gólgotas, y aunque contenido por el segundo, con quien mantenía yo buenas relaciones de amistad, se acercó a nosotros diciendo que nos iba a dar de patadas. En este propósito seguramente, se acercó hasta un paso de distancia, cuando yo saqué el revolver del bolsillo, y amartillándolo me volví hacia él apuntándole, pero sin proferir una sola palabra. El general Mendoza Llanos retrocedió entonces sorprendido, y ya le fue fácil al señor Piñeres arrastrarlo en otra dirección. Durante algunos días fue imposible salir de noche a la calle, porque sabíamos que había soldados disfrazados de paisanos con encargo de apalear a algunos diputados y aun parece que alguno lo fue, mas no me acuerdo quién. Hecha la proposición de que la fuerza armada fuese retirada a cinco leguas de distancia de Ríonegro, fue aprobada; pero los batallones fueron alojados el uno en Marinilla a una legua de distancia y el otro en la Ceja, a menos de idos, lo que no era obstáculo para que con frecuencia se les trajese a pasar revista en Ríonegro, siempre que en la convención se discutía alguna cuestión importante. Se nos refería que el general Mosquera en sus conversaciones hablaba de disolver la convención y de fusilar tres, ora cinco, ya siete y hasta trece diputados. Los nombres preferidos por él para estos actos políticos eran: el general José Hilario López, el general Gutiérrez, el doctor Antonio Ferro, el doctor ZaIldúa, el doctor Bernardo Herrera, los señores Aquileo Parra, Felipe Zapata y Foción Soto, el señor Santiago Izquierdo, el doctor Camilo Echeverri y el autor de estas líneas, el cual tenía el honor de figurar en todas las combinaciones ^|2. En una palabra, la situación de los independientes era azarosa en extremo, faltos por entonces del apoyo del pueblo ríonegrero.

En estas circunstancias llegó el segundo debate del proyecto que creaba un ejecutivo plural. El gen eral’ Mosquera se opuso a él violentamente, con la objeción extraña de que la convención no tenía facultades para reformar el pacto provisorio de la unión, mientras la asamblea de plenipotenciarios que lo había expedido no autorizase reformas en él. Al fin después de un debate acalorado, se convino en que la diputación de cada estado nombraría un plenipotenciario, y que la reunión de éstos consideraría el asunto y daría sus poderes a la convención! Pasábamos así por las horcas caudinas, pero no hubo mayoría para arrostrar las cóleras de un caudillo hasta entonces omnipotente.

La asamblea de plenipotenciarios, así convocada se reunió y delegó sus poderes, con lo cual la convención pudo continuar la discusión de los proyectos pendientes. El que creaba el ejecutivo plural fue adoptado.

Se había convenido entre los independientes que el consejo de ministros sería presidido por el gobierno, con el objeto de crear con esta medida un aliciente para que el general Mosquera prefiriese este puesto; pero él siempre prefirió el de guerra, que era el más importante, y a la satisfacción de este deseo contribuyeron los diputados del Tolima que temían la influencia que el ministro presidente tuviese en los casos de empate en que su voto debía ser decisivo. En ejecución de esa ley provisional fueron elegidos, el general Salgar, para la cartera de gobierno; el general José Hilario López, para la de relaciones exteriores; el general Julián Trujillo para la de hacienda; el general Mosquera para la de guerra, y para La del tesoro, que debía tener su residencia en Bogotá, el doctor Froilán Largacha. El general Mosquera conservaba así el mando del ejército, y por medio de sus amigos, admiradores incondicionales los señores Trujillo y Largacha, la disposición de los fondos nacionales.

El proyecto de pensión al general Mosquera no dio resultado por lo pronto, si bien lo dio un año después. Al discutirse en primer debate Lejos de mostrarse agradecido, el agraciado lo recibió con desprecio aparente: dijo que él había nacido sobre montes de oro y gozado de amplios bienes de fortuna. Aunque pocos años antes habla venido prófugo de Nueva York, por descalabros de la suerte, dio a entender que no necesitaba de esas miserias. Un año después pedía sus pensiones vencidas y por vencer, para vivir en Europa, adonde debla ir a representar la república con un poco más de esplendor que el escaso de sus emolumentos en la legación.

Se trató en seguida del restablecimiento de las garantías individuales y de la amnistía, condiciones reputadas necesarias para que la obra de la convención fuese mirada con simpatía y mereciese respeto de toda la nación; mas aquí también se encontró la resistencia de los partidarios de una autoridad sin contrapeso. En el primer día de la discusión el doctor Rojas Garrido quiso volver a la compañía de sus amigos los gólgotas y sostuvo animosamente, aun despertando la cólera del que hasta ahora había sido supremo director, el restablecimiento de las libertades individuales; lilas al día siguiente, ignoro la causa de ese cambio radical de opiniones, su voto fue adverso. Díjose allí que era debido a grandes amenazas de ese hombre temible. La resistencia a esa medida tenía por objeto en el pensamiento del general Mosquera emplear medios vigorosos para llevar a efecto sus decretos de tuición contra el clero católico.

Como ya se ha dicho, los votos de la convención eran 28 contra 28 y 5 vacilantes. Cuando por causa de enfermedad (lo cual fue frecuente en Ríonegro por obra de la sal impura del Retiro de que allí se hace uso, y de algunas fiebres intermitentes determinadas por las frecuentes varadas del vapor entre Honda y Nare y por el malísimo estado del camino de tierra), faltaban uno o dos de los vocales, las votaciones se ganaban o se perdían inesperadamente.

Llegó el segundo debate de los proyectos de la constitución. El doctor Lorenzo María Lleras no aceptó como base de discusión el proyecto absolutista del general Mosquera ni el de constitución Suiza del señor Arosemena, sino que presentó un tercer proyecto, que tampoco mereció la aprobación de unos y otros. El general Mosquera, aprovechando ese instante de anarquía, propuso que los tres proyectos pasasen en comisión a los señores Ramón Gómez y general Salgar, mas esta proposición fue modificada en el sentido de que la comisión fuese nombrada por mayoría absoluta de la convención. En la elección fueron nombrados los doctores Zaldúa y Camacho Roldán por uno o dos votos de mayoría. Se vio pues que el proyecto del general Mosquera no tenía probabilidades de ser adoptado. Por sus frecuentes achaques el doctor Zaldúa encargó a Camacho Roldán el trabajo de la comisión, agregando a ésta el talentoso y modesto joven doctor Manuel Antonio Villoria, diputado del Tolima.

En estos días llegó la noticia de la capitulación de las últimas fuerzas conservadoras, mandadas por el señor Leonardo Canal, en Pasto, el 4 de febrero, al ejército del norte, entonces bajo las órdenes del general Gabriel Reyes. Con este acto quedó restablecida la | paz en toda la república.