A pesar de la exaltación del debate político, el país deba señales de las tendencias que caracterizaban este cambio en la dominación de los partidos.

Todos los días aparecían en las publicaciones oficiales noticias de la fundación de colegios, ya sostenidos por rentas municipales, ora por esfuerzo privado con auxilio de suscripciones públicas. En las gacetas oficiales del año puede verse una señal del espíritu que animaba a las poblaciones, llenas de júbilo al ver que había una escuela más o un nuevo colegio, y la decisión con que el pueblo auxiliaba, con pequeñas suscripciones, la fundación de estos establecimientos.

No menor idea da de las tendencias que bullían en la mente del pueblo, el entusiasmo con que en todas partes se celebraba todo suceso fausto, con la manumisión de esclavos; en parte, no pequeña, emancipados liberalmente por sus amos; con el producto de suscripciones, en otras, cediendo a favor del manumitido la suma que debía pagar la junta de manumisión, o concediendo ésta sin pago actual, sino con largo plazo a los fondos de este ramo para la solución del avalúo Las manumisiones extraordinarias ejecutadas en los años de 1850 y 1851 no bajaron de 1500, a pesar de que, por mala recaudación de los impuestos destinados a este fin, el producido anual no pasaba de lo necesario para pagar la libertad de sesenta o setenta esclavos.

La fundación de sociedades democráticas era otra de las corrientes de la época. En su origen era debido este movimiento al deseo de fraternizar las diversas. clases de la sociedad, de levantar a los desvalidos a la idea de la igualdad y al reconocimiento práctico de los derechos de ciudadano libre, a la fundación de escuelas nocturnas para enseñar a leer y escribir, a desarrollar el espíritu de asociación en el trabajo y de sociabilidad en las costumbres domésticas. Consideradas bajo ese aspecto nada podía ser más civilizador, más útil en un pueblo mantenido siempre en la reclusión del individualismo más completo. Por desgracia, el espíritu de partido exaltado de esos días, convirtió esas sociedades en un foco de discusión política que, en las provincias del Cauca y Buenaventura principalmente, condujo a excesos lamentables: no en el resto de la república; pero el descrédito de las sociedades caucanas condujo al de todas las demás, y la conciencia nacional desaprobó esas instituciones que, sin ser contrarias por la autoridad ni por ley, pusieron término a su funcionamiento.

Mucho se pensó entonces, por las municipalidades y asociaciones particulares, en abrir caminos e introducir mejoras desconocidas en el país.

En Medellín se formó una sociedad por acciones con el intento de reunir un millón de pesos, para invertirlos en la compra y colonización de tres millones de hectáreas de tierras baldías entre el río Atrato, el golfo de Urabá y el mar Pacífico, en la previsión de que abriéndose en un futuro no muy distante, al través de ese territorio, el canal interoceánico, las tierras tomarían un valor inmenso. La colonización misma seria un atractivo para la empresa interoceánica.

El doctor Ricardo de la Parra, tan amigo del progreso, fue el primero en solicitar privilegio para introducir telégrafos eléctricos. Una compañía formada en Barranquilla lo pidió para abrir "el canal de la Piña", que debía poner en comunicación una de las bocas del Magdalena con el puerto de Sabanilla, entonces todavía con fondo suficiente para admitir buques con veinte pies de calado. El general José María Obando quiso organizar una compañía que, con privilegio otorgado por el congreso, abriese un. camino de herradura de Popayán al mar Pacífico; empresa que hasta el presente año de 1899, parece haberse llevado a cabo por otros empresarios. La ciudad de Cartagena quiso desde entonces abrir paso a su bahía por la entrada de Bocagrande para evitar la gran vuelta que tienen que dar los buques por la de Bocachica, proyecto que ocupó por muchos años el pensamiento de los hijos de esa ciudad. Los señores Manuel Cárdenas y Florentino González obtuvieron concesión para comunicar el río Atrato con el mar Pacífico por medio del río Napipí, cerca a la desembocadura del Atrato en el golfo de Urabá; proyecto a que puso término la desgraciada muerte del señor Cárdenas, ahogado en su viaje de regreso a Colombia, en el incendio del vapor |Amazonas. La desaparición de este distinguido hombre de estado fue vivamente sentida, principalmente porque siendo amigo íntimo del general Obando, de quien fue compañero de destierro en el Perú, hubiera podido dar mejor dirección a las ideas y conducta de éste. Los señores Ricardo de la Parra y Benjamín Blagge celebraron también un contrato para poner en comunicación los ríos Atrato y San Juan en la parte alta de aquél, con capacidad suficiente para buques de vapor o de vela de |doscientas toneladas a lo menos. Se concibe, pues, que sólo se pensaba en mejorar el antiguo canal de |Raspadura, abierto, dice una leyenda, en el siglo pasado, por un cura de Nóvita, y por el cual pasaban canoas de uno a otro río, y por consiguiente, de uno a otro océano. Alguien indicó entonces que valía más que un gobierno mismo tomase la iniciativa de realizar esta relativamente pequeña empresa, pero que sería el principio de una .grande obra, cuyo costo no podría pasar de tres millones de pesos. Esa entrada en un camino de ideas de engrandecimiento nacional, quizá hubiera sido un calmante poderoso para las pasiones mezquinas que primaban en la política del país. Tras del canal de Raspadura habría podido venir luego el de Napipí o el de Truandó, en el que la República hubiera podido tener una intervención más considerable que la que tiene hoy en el de Panamá.

No es necesario decirlo: ninguno de esos proyectos se llevó a cabo, no tanto por culpa de la instabilidad del orden público, cuanto porque ninguno de ellos estaba sostenido por estudios serios y cálculos verdaderos. Había tan sólo en todos ellos la expresión de undeseo ardiente por hacer algo que fuese progreso, el impulso que la libertad comunica a las amias para levantar la condición del hombre a situaciones más inmediatas al cumplimiento de su misión sobré la tierra. En parte si, los trastornos llevaron a otras regiones el pensamiento popular, desalentaron el espíritu de adelantamiento, comprimieron los nobles instintos que empezaban a abrirse camino al través de tantas dificultades.

El congreso sin embargo, continuaba dando cumplimiento al programa liberal con la expedición de dos leyes importantes: la que declaró absolutamente libre la expresión del pensamiento por medio de la imprenta; y la que permitió redimir en el Tesoro Nacional los censos que gravaban las fincas raíces, a la sola voluntad del censuatario ^|1 . |

La libertad de imprenta, con solo responsabilidad por injuria o calumnia, había sido propuesta desde 1849 y 1850 por el secretario de gobierno, doctor Francisco J. Zaldúa, y negada, no sólo con los votos conservadores sino con el de algunos liberales; pero en 1851, después de brillantes discusiones, en una de las.. cuales se levantó el doctor Murillo, a la más alta elocuencia que le oímos en el curso de su carrera parlamentaria, fue al fin aceptada con gran mayoría. Las opiniones adversas alegaban: 1° | Que la vida privada no es el dominio de la discusión pública sino un retiro sagrado que, como la propiedad particular, como el santuario del hogar doméstico, hace parte de las. libertades individuales que la sociedad debe mantener inmunes; 2°Que los abusos en esta materia obligarían al hombre a hacerse justicia por sí mismo, lo que sería una fuente de riñas y escándalos perturbadores del sosiego público. La frase de Franklin: "libertad de imprenta, libertad de garrote", fue citada como una verdad inconcusa.

Los partidarios, de la libertad absoluta sostenían: 1°Que la represión de la injuria y la calumnia sólo serviría para hacer que los escritores mordaces fuesen más disimulados en su lenguaje con el empleo de frases de doble sentido para eludir el castigo; 2°Que la libertad con excepciones deja abierta la puerta a los ataques a la libertad, pues en las épocas de represión arbitraria nada sería tan fácil como erigir en injuria o calumnia toda expresión por inocente que fuese; 3° Que la publicidad de la imprenta es una sanción eficaz contra las malas costumbres y contra ciertos actos inmorales que la justicia no puede perseguir por falta de pruebas directas; 4° Que la imprenta puede considerarse ya como uno de los órganos del pensamiento, el cual en lugar de restringirse, debe alentarse por todos los medios posibles, como la gran facultad que distingue al hombre de los brutos y lo levanta a una posición cada día más alta en el orden físico como en el orden moral; 5° | En fin, que la libertad absoluta contribuye más a calmar los excesos del lenguaje, que no la represión. Este efecto pudo observarse en nuestro país luego que se publicó la ley. La ley fue, sin embargo, objetada por el presidente de la república, con la firma del señor Plata, secretario de gobierno, pues los secretarios Murillo y Paredes no pudieron vencer la resistencia del general López, indignado por las acusaciones calumniosas de embriaguez y participación o complicidad en la compañía de ladrones entonces sometida a juicio. Las objeciones fueron declaradas infundadas, y el proyecto pasó a ser ley. Este acto, en medio del desenfreno de la prensa conservadora, no puede menos de dar una idea favorable a la sinceridad de convicción de los legisladores que la expidieron, no menos que del espíritu tolerante en el partido dueño del poder público. La experiencia de esta medida en los treinta y cinco años que duró en vigor, desde 1851 hasta 1855 confirmó la esperanza de los que la expidieron, en que ella calmaría los furores del lenguaje de los escritores públicos. Confirmada en las constituciones de 1853, 1858 y 1863, parecía ser un progreso definitivamente adquirido en nuestras instituciones hasta 1885, en que el doctor Núñez, que había contribuido a su expedición, puso en planta durante su omnipotencia un sistema abiertamente contrario a la libertad.

La redención de censos sobre propiedad raíz en el Tesoro público, había sido propuesta por el doctor Florentino González en 1847, pero sólo había sido admitida con el consentimiento de los censualistas, lo cual equivalía a hacerla imposible en la mayor parte de los casos; de suerte que las redenciones ejecutadas en los cuatro años anteriores habían sido insignificantes. Propuesta ahora por el secretario de Hacienda, señor Murillo -como medida llamada a fortificar el derecho de propiedad raíz, a la vez que como recurso rentístico para hacer frente a los gastos que imponía la guerra civil- se permitió la . consignación de los capitales redimidos, mitad en dinero sonante y la otra mitad en órdenes de pago a cargo de la Tesorería General, en circulación por falta de fondos para Cubrirlas. Además, para la redención de un capital impuesto al seis por ciento, bastaba la consignación de la mitad de él, de suerte que la operación equivalía para el censuatario a colocar su dinero al doce por ciento El censo redimido se reconocía en documentos de rentas sobre el tesoro al 6/100, con cupones representantes de los intereses en un semestre, admisibles en pago de todas las contribuciones nacionales; de suerte que el censualista quedaba perfectamente seguro en cuanto al cobro de su renta. En estos términos la operación se hizo fácil y las redenciones produjeron inmediatamente recursos importantes al tesoro. Hasta 31de agosto de 1852, | daba cuenta al congreso el secretario de hacienda, señor Juan Nepomuceno Gómez, de que la suma emitida por reconocimientos de censos, "monta hasta la cantidad de $ 214.738,58", y agrega: "pero esta suma debe ser mucho mayor si se. atiende a que varias gobernaciones no han dado cuenta de las redenciones hechas en sus respectivas provincias".

Las fincas así redimidas de los gravámenes que las oprimían eran ya propiedad entera de su poseedor; podían enajenarse sin la dificultad de que apareciesen deudas por réditos de años anteriores; podían mejorarse y pasar de la condición de casas viejas, abandonadas y casi en ruina, a fincas cómodas y productivas de renta segura para sus dueños. El aspecto de las ciudades empezó a transformarse, y de viejas ciudades españolas llenas de suciedad y miseria, empezaron a mostrar apariencia de pueblos nuevos republicanos.

Dos actos merecen mención especial entre los de la legislatura de 1851. El de gratitud y resarcimiento parcial de sus grandes servicios a la Legión Británica durante la guerra de la independencia, y el de indemnización al señor Juan Bernardo Elbers de los perjuicios que le ocasionó el acto arbitrario del general Bolívar en 1829, | que lo despojó del privilegio para la introducción de buques de vapor en el río Magdalena, que le había concedido el congreso de 1823.

Aparte de la ley de agradecimiento, expedida por el congreso constituyente de Cúcuta en 1821, | a Lord Holand, O'Connell y al general Wilson, los actos de esa legión heroica hablan quedado casi olvidados por la nueva generación. Su concurso en Boyacá, su heroísmo en Carabobo, su valeroso comportamiento en Pichincha; sus huesos regados desde las bocas del Orinoco hasta el volcán que domina la ciudad de Quito, no eran ya recordados por los antes colonos, ahora ciudadanos libres. El congreso mandó pagar sueldo integro a los restos de esa famosa legión establecidos en el país con sus familias. Recuerdo delicado, indicante de la gratitud de los que sentían los beneficios. de la libertad.

El otro acto de justicia y de lealtad a los grandes. servidores de la república, fue el de autorizar al poder ejecutivo para contratar con el señor Elbers la parte de indemnización correspondiente a la Nueva Granada por los perjuicios sufridos por éste a virtud de la arbitraria revocatoria del privilegio por veinte años para navegar por vapor en el río Magdalena, concedido por una ley de 1823.

La navegación de este río se hacía en botes y champanes que empleaban a la subida tres, cuatro y seis meses desde Santa Marta o Barranquilla hasta Honda. con fletes crecidísimos, como puede suponerse, y con sufrimientos tales para los pasajeros, que casi no se emprendía un viaje de Bogotá a la costa o hasta Jamaica, sin haber hecho testamento y confesión general. El comercio era, por lo demás, insignificante entre la costa yel interior. Entre bajada y subida del río probablemente no pasaba de diez mil cargas -o mil doscientas toneladas- la circulación anual.

Se comprenderá, pues, que los lazos de unión entre las provincias de la costa y las del interior eran muy pocos y estaban expuestos a romperse el día menos pensado. La |idea de nacionalidad se funda en relaciones frecuentes, en intereses comunes, en servicios recíprocos, no en meras declaratorias escritas en las constituciones, y cuando es idea se sostiene en comercio frecuente, en recuerdos de comunidad en horas solemnes, en la gratitud de servicios pasados y en la esperanza de favores futuros, nace ese otro sentimiento que se llama |patriotismo. La comunicación frecuente entre los hombres es, pues, un vínculo de nacionalidad común, y eso fue lo que el señor Elbers nos trajo con la navegación a vapor en el Magdalena.

En un principio esta navegación encontraba todos los obstáculos imaginables. Era desconocido el lecho del río, su profundidad, la fuerza de la corriente; faltaba combustible pronto en sus orillas; no había carpinteros de ribera ni mecánicos, ni astilleros para las reparaciones del casco del buque. No es, pues, de extrañar, que en un principio se varasen los vapores y que a las veces sus viajes fuesen tan lentos como los de los champanes. Los dos primeros vehículos introducidos al río en 1824 y 1825, el |Santander y el |Gran Bolivar, debieron de costar más de cien mil pesos; las reparaciones y los gastos de tripulación, en tiempos en que el producto de los fletes era menos que nulo, debieron absorber en cuatro años una suma talvez mayor; el capital del empresario, considerablemente mermado con los subsidios generosos que había hecho en 1820 y 1821 a la escuadrilla y fuerzas de tierra durante el sitio de Cartagena contra los españoles, subsidios mal indemnizados, debía encontrarse ya en grandes dificultades. En esas circunstancias se presentó repentinamente la revocatoria del privilegio en 1829, sin alegarse motivos razonables y sin facultades en el presidente para derogar por sí y ante sí una ley del congreso. Este acto debió de causar, si no la ruina, a lo menos perjuicios enormes, que la declaratoria de la Corte Suprema restableciéndolo tres o cuatro años después en el goce de sus derechos, no podía conjurar. Las administraciones ejecutivas del doctor Márquez, el general Herrán, el general Mosquera, favorables a la dictadura del general Bolívar, de quien habían sido agentes inmediatos, habían rehusado toda idea de indemnización.

El congreso de 1851 la decretó, no como debía ser, de una manera generosa, sino de acuerdo con las tris­tes y casi irrisorias proposiciones del mismo señor Elbers. Según ellas, éste se comprometía a establecer la producción de tabaco en grande escala, en tierras desiertas entonces, en el cantón de Simití, provincia de Mompós; y por cada mil quintales de tabaco producidos allí y exportados, debía abonársele en las aduanas la suma de doce mil pesos en derechos de importación. La indemnización total, a razón de quince mil pesos anuales en diez años, se fijó en $ 154.000.

El señor Elbers se trasladó a esas soledades a dar cumplimiento a su contrato. No tanto quería él indemnizarse de sus pérdidas cuanto prestar al país este último servicio: el de aclimatar la industria del tabaco en las grandes llanuras que, al terminar las dos cordilleras Central y Occidental, se prolongan desde la confluencia del Cauca y el Magdalena hasta el litoral del Atlántico:  llanuras en donde, algunos años después se propagó la grande industria que tuvo por centro la población de El Carmen. Debía de frisar ya el señor Elbers, muy cerca de los setenta años, y a esa edad acometía la empresa de fundar colonias en el despoblado y en terrenos insalubres! Alí murió, quizá de hambre, pero en todo caso solo, sin recursos, en algún caney de sus recién establecidos cosecheros. Entiendo que no alcanzó a indemnizarse de los primeros cinco mil pesos.

En conversación particular me había referido este venerable anciano, que al salir de Prusia, su patria de nacimiento, para venir a buscar otra en el Nuevo Mundo, que se anunciaba como el asilo de la libertad, había traído quinientos mil pesos en moneda columnaria española, suma que había producido la venta de todas sus propiedades. Toda esa riqueza, enorme en esos tiempos, fue consagrada, primero a auxiliar los ejércitos patriotas entre 1820 y 1821, y el resto después a la introducción de buques de vapor en nuestra arteria principal. ¡Y ese hombre no había merecido un solo recuerdo de justicia en los veintidós años corridos desde 1829!

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