Expulsión de los jesuitas.—El cólera en Bogotá.—Candidaturas.. a la vicepresidencia de la república.

Una ley de 1843 había autorizado al presidente de la república para contratar en Europa sacerdotes misioneros católicos destinados a catequizar nuestras tribus salvajes de los territorios de Casanare, San Martín y el Caquetá. La administración del general Herrán. cuya alma directriz era entonces el doctor Mariano-Ospina, dio instrucción para, hacer venir sacerdotes de la Compañía de Jesús, y los encargó de ejercer su ministerio en las ciudades principales de la república  (Bogotá, Popayán y Medellín), poniendo a su cargo la enseñanza en los colegios que en ellas sostenía el gobierno. Esta medida suscitó inmediatamente una oposición violenta, no sólo en las filas liberales, sino entre algunos hombres notables de los conservadores. Se comprendió que los salvajes a quienes se quería catequizar, no eran los de los bosques desiertos sino los de las ciudades; no para reducirlos al cristianismo, sino para inspirarles opiniones políticas contrarias a la república, tomadas del programa de reacción contra las ideas liberales que empezaban a propagarse en Europa a principios del siglo XVI, por el célebre soldado, después fraile, Ignacio de Loyola. Desde 1844 fue presentado y pasó a la cámara de representantes, conservadora en sus tres cuartas partes, un proyecto de expulsión de estos sacerdotes, a quienes se reputaba como un tizón que haría más quemante la llama de la discordia de partido. Habiendo encallado este proyecto en el senado, la discusión de este mismo asunto se renovó en los años de 1845 a 1848: pero con igual resultado; y en 1849 se formó la opinión de que el problema debería resolverse por simple decreto ejecutivo en ejecución de la real cédula de 1767 que suprimió la Compañía de Jesús y prohibió la residencia de sus miembros en los dominios de España e Indias.

Ni el general López ni sus ministros, si se exceptúa al señor Paredes, sentían entusiasmo por este procedimiento; pero la opinión se levantó en el periodismo liberal con tanta fuerza y unanimidad, que al fin se vieron obligados a someterse a los dictados de ese tirano, como lo llaman algunos, de ese árbitro supremo de las democracias, como lo consideran otros. El general Herrera había renunciado pocos días antes, y este paso se atribuyó a disentimiento con sus colegas en ese asunto; pero yo puedo afirmar que no era ese el motivo, porque le oí en esos días, antes y después del 18 de mayo. expresarse en sentido decididamente favorable a la expulsión. Además, no habiendo sido admitida su renuncia, firmó el decreto y continuó prestando sus importantes servicios a la administración. El doctor Zaldúa sí, aunque no lo dijo: su renuncia intempestiva de la secretaría de gobierno dio a entender que su concepto no era favorable a aquella medida. Tampoco fue favorable la opinión del señor José María Plata, quien sucedió en el puesto al señor Zaldúa, pues él sí lo expresó con franqueza a sus amigos. El señor Plata disentía de todo lo que era o podía parecer acto de violencia o de intolerancia. El presidente mismo declaró en la alocución que con este motivo publicó, que “por mucho tiempo había vacilado en la adopción de esta medida por consideraciones derivadas del espíritu de tolerancia y de seguridad de la civilización moderna y de las instituciones democráticas’; pero. agrega, “estas consideraciones han debido ceder, delante del mandamiento de la ley vigente (la cédula de Carlos III), y de la persuasión de que todavía nuestra naciente civilización e industria, y nuestras instituciones, no tienen la fuerza bastante para luchar con ventaja en la regeneración social con la influencia corruptora de las doctrinas del jesuitismo”.

La salida de los padres jesuitas se verificó sin disturbio ni resistencia alguna. Unos doscientos hombres de la Sociedad Popular fundada por ellos mismos rodeaba el Colegio de San Bartolomé a tiempo que una comisión de tres personas, conocidas por su desafección a la Compañía, entró a las doce del día sin escolta ni precauciones de ningún género a notificarles el decreto de expulsión. Cumplida esta formalidad, la comisión tomó a salir por en medio del grupo de simpatizadores, que no permitieron otras manifestaciones sino malas miradas y tal vez frases coléricas, pero en voz baja, apenas perceptible. En la madrugada del 24 de mayo salieron sin acompañamiento alguno y sin provocar en todo el camino hasta Santa Marta acto alguno de entusiasmo en su favor. Para su salida recibieron recursos abundantes suministrados por una colecta voluntaria entre los amigos del gobierno, pues éste no disponía para ello de partida alguna en el presupuesto de gastos. Probablemente llevaron también crecidos fondos suministrados por sus partidarios conservadores, pues durante los seis años de su residencia en el país recibieron legados de consideración por parte de algunas señoras ancianas, indudablemente parroquianas de confesionario. Otro tanto sucedió en Popayán y Medellín: eran considerados más como instrumento de partido político que como miembros de sacerdocio cristiano.

Este es el punto de vista desde el cual consideré yo este acto notable. Por su origen y el objeto de su institución, la comunidad de los jesuitas no es, propia­mente hablando, un establecimiento religioso sino uno de propaganda política; de predicación de las ideas reaccionarias dominantes en España en los tiempos de Felipe II; en resumen, esa comunidad es una sociedad política de carácter permanente, en lucha con los gobiernos libres y las ideas de la renovación social. Así lo muestra su historia de tres siglos, en los que, íntimamente ligada con todos los gobiernos tiránicos, ha sido— expulsada de todos los países regidos por libres instituciones, o en los períodos en que los pueblos esclavizados bregaban por mejorar su condición social.

La introducción de la Compañía de Jesús como instrumento de partido había sido muy mal mirada en todo el país, y una parte no despreciable del conservador participaba de esta repugnancia, como lo prueba el hecho de haber sido aprobado el proyecto de su expulsión en la cámara de representantes desde 1844, a pesar de la mayoría considerable que aquel partido, tuvo en ella hasta 1850. La agregación de un elemento extranjero a nuestras discordias, y de un elemento español, especialmente antipático a nuestros sentimientos nacionales, estaba, y aún está llamado, a despertar cóleras perjudiciales a la buena marcha del país. Como educadores de la juventud tampoco se les podía justificar. La educación monástica, dirigida por principios contrarios a la espontaneidad y dignidad que se busca en el carácter republicano, es incompatible con la tendencia de nuestras instituciones y con el ideal político hacia el que convergen nuestras aspiraciones. Además, ellos no poseen ni pueden poseer la superioridad científica que puede obtenerse con otros profesores, como se ha observado con la importación de maestros alemanes, franceses y americanos. La tendencia inevitable de la educación jesuítica hacia la intolerancia religiosa por una parte, y hacia el espíritu de dogmatismo y de negación de la autoridad de la razón humana, por otra, son absolutamente inaceptables. La experiencia de nuestro país en los dos períodos en que han sido dueños de los primeros de nuestros establecimientos de educación (1843 a 1850 y 1886 a 1898) está muy lejos de darles buen crédito en el particular, pues se han exhibido, con algunas raras excepciones, como maestros chabacanos e inferiores en todo sentido. Debo, sin embargo, expresar que entre los jesuitas del año de 1843 vino el padre Gil, quizás el mejor orador sagrado que ha subido a la cátedra en Bogotá. Entre los que he alcanzado a oír, Saavedra carecía de unción, Aguilar se dejaba arrastrar por su genio fogoso a frases poco sagradas y expresión colérica en sus peroraciones; pero Gil se mantenía sereno y dulce, sabía dominar su voz en tonos suaves y mantenía hasta el fin su expresión simpática. También vino en ese año el padre García, a quien tuve ocasión de conocer y tratar en la sala de coléricos del hospital de San Juan de Dios, en abril de 1850. sacerdote humilde que me pareció animado de una caridad verdadera y ejercía su ministerio con los moribundos de una manera especialmente dulce y consoladora. Parece que los de la introducción de 1886 han sido inferiores a los de 1843. Excusado es decir que yo participé. y participo aún, de la opinión contraria a la existencia de esa comunidad entre nosotros. pues juzgo que no se la debe permitir en ningún país libre.

Por el mismo tiempo (1849 y 1850) tomó un grande incremento en Bogotá y en algunas pocas de las principales poblaciones de la república (Cartagena, Cali, Panamá), otra asociación que puede asemejarse, en parte, a la de los jesuitas: quiero hablar de la masonería. En Bogotá fue fundada, en 1846 o 1847, por algunos ciudadanos españoles pertenecientes a la compañía dramática que dirigía el señor Fournier: los señores Francisco González, José Belaval, Peix y otros cuyos nombres no recuerdo, con el concurso de algunos sujetos notables, venezolanos en su mayor parte, como los tres señores Echeverría, Hernández, Brachio, Delgado y otros. Muy pronto se incorporaron en ella muchas personas distinguidas de Bogotá, como los señores José Caicedo Rojas, Rafael E. Santander, Carlos-Martín, José María Samper, José María Vergara Tenorio, Patricio y Bernardo Pardo, Aparicio Escobar,. Fernando Conde, José María Plata, Manuel Ancízar, Manuel Murillo y otros muchos que sería largo nombrar; pero todas personas honorables y de buenas costumbres. Yo me incorporé en esa asociación en 1849. atraído por la idea de que su objeto era únicamente reforzar el sentimiento de la fraternidad entre todos sus miembros y la. práctica de la caridad y la benevolencia con todos los hombres. Sabía que en los pasados. siglos, esas asociaciones secretas habían trabajado por la emancipación de las clases oprimidas y por la reforma de los abusos que la feudalidad había introducido en las relaciones sociales,  no tenía, como no tengo conocimiento; de que hubiesen producido trastornos ni conspiraciones contra el orden social. Al entrar en ella comprendí que su origen entre nosotros era más antiguo, probablemente desde la guerra de la independencia, pues los militares de esa época generales José Hilario López y Valerio Francisco Barriga y los entonces coroneles Enrique Weir, Rafael Mendoza, Manuel A. López, José Maria Melo y otros de los que habían hecho la campaña de Venezuela, de 1820 a 1822, resultaron ser masones antiguos. Algo oí entonces de que la primera introducción de la masonería ha­bía tenido lugar durante las conferencias de Santa Ana, en 1820, a las cuales se debió el fin de la guerra a muerte en vigor desde 1813.

Puedo decir que, aparte de buena sociedad, dos cenas con que se celebraba cii el año la fiesta del patrono de la asociación, y la limosna que invariablemente se recogía para los pobres en todas las sesiones y se repartía en secreto, sin ruido ni ostentación, nada observé que no pudiera practicarse a la luz del día, ni nada distinto de una sociabilidad más estrecha, destinada a mantener mejores sentimientos entre los diversos grupos de hombres que pueblan la tierra. Puedo agregar que esta asociación es mirada con respeto en los países más civilizados, y que en una de nuestras guerras civiles, más de una vez debí la vida en trances apurados a la protección que esta fraternidad me dispensó. Esta es toda la experiencia que tengo de la masonería, institución que miro con simpatía y agradecimiento.

Muy distinta era, sin embargo, la opinión de alguna parte de la sociedad bogotana, inspirada por el clero y principalmente por los jesuitas. Se creía, y aun por personas de quienes pudiera esperarse mejor criterio, que sus reuniones servían de teatro a escenas crapulosas e indecentes, y no era duro de creer, para personas de buen juicio, que allí se profesaban doctrinas inmorales y ateas por gentes perfectamente honorables, que en la vida común sólo eran acreedoras a la estimación y el respeto de todos. Es uno de los misterios de la naturaleza humana, que los compromisos secretos, si bien expuestos a ser interpretados con malevolencia, son de más obligatorio cumplimiento a los ojos de la generalidad de las gentes que los compromisos contraídos en publicidad.

Agregaré que el auxilio más notable por su cuantía, enviado a los clérigos de Cartagena, en 1850, fue el de la logia |Estrella del Tequendama, de Bogotá.

He dicho ya que el cólera subió a la altiplanicie de Bogotá en abril y mayo de 1850. Los periódicos de ese año mencionan el hecho de una manera rápida y sin dar atención al suceso, no obstante que en los primeros veinte días se presentó con una gravedad extremada, en términos que los cien primeros atacados fueron todos víctimas del mal. La observación notable que puede hacerse en el particular, es la falta absoluta de interés público y de espíritu de asociación que nos quedó como legado de las costumbres españolas. Desde julio y agosto de 1849 se habían visto los estragos del azote en Cartagena y Barranquilla, se sabía que estaba subiendo lentamente el río Magdalena, y que desde enero y febrero había hecho sus primeras víctimas en Honda y Ambalema. A pesar de todo, cuando llegó el mal a esta ciudad no había un local preparado para recibir a los enfermos. Fue preciso habilitar precipitadamente para el efecto una sala en el hospital de San Juan de Dios, en el centro de la ciudad. en un sitio favorable para la propagación del mal en. toda la población. Pocos meses antes, en medio del tenor que produjeron las noticias de Cartagena, se había formado una junta de sanidad y abierto una suscripción para limpiar la ciudad y fundar hospitales; pero con excepción de la limpieza de los muladares en las orillas de los ríos de San Francisco y San Agustín, nada más se hizo, ¡y todo el gasto sé redujo a menos de $ 1.5001 a población lo esperaba todo de las autoridades, según se observa en los pueblos sujetos a gobiernos centralizados y autoritarios, y las autoridades sin recurso ni ayuda de la espontaneidad de los ciudadanos tampoco pueden nada. Esta falta de espíritu público, esta carencia de sentimientos de solidaridad, es Uno de nuestros defectos nacionales, al que es un deber de todos, pero principalmente de los periodistas, buscar corrección.

Entretanto, los trabajos del Congreso seguían mostrando la índole de la idea liberal.

Por primera vez se permitió la excarcelación bajo de fianza a los procesados por delitos de menor gravedad, con lo cual se atenuó considerablemente el ataque a la libertad de los procesados, en el caso de inocencia, y también la de los criminales mismos, para no recargables la pena con una prisión prolongada durante el juicio.

Se autorizó a la cámara provincial de Panamá para establecer el juicio por jurados, pero quedando a voluntad de los procesados la elección entre este procedimiento y el ordinario por jueces de derecho. Muestra de la desconfianza que se abrigaba de esta institución, sólo conocida hasta entonces en los juicios de imprenta.

La memoria del general Santander, muerto hacía diez años, no había merecido hasta entonces un solo recuerdo de gratitud. El congreso de 1850 expidió la ley en virtud de la cual la antigua plaza de San Francisco cambió su nombre por el de |Plaza de Santander, en recuerdo de que en el ángulo noroeste de ella pasó sus últimos años en una modesta casa construida a sus expensas. La estatua de bronce, que la misma ley mandó levantar allí, sólo hasta 1879 fue erigida. Sensible es, sí, que esa estatua, sin belleza alguna, no exprese el carácter noble y republicano del personaje a quien se desea recordar.

El mismo congreso honró la memoria de Acevedo, el |Tribuno del pueblo, que tan importante papel representó en el movimiento popular del 20 de julio de 1810; del general Fábrega, que encabezó el impulso revolucionario de la importante sección del istmo de Panamá en 1821; y saludó al general Soublette, vencido Y expatriado en Venezuela, con manifestaciones de respeto y gratitud, a su entrada a buscar asilo en esta tierra que había presenciado sus servicios durante la gran lucha de la independencia.

Mandó establecer escuelas de artes y oficios, en donde además se enseñarla la mecánica industrial en to­dos los colegios nacionales. Iniciativa en extremo útil y democrática que ha sido completamente descuidada.

Concedió derecho a los esclavos para variar de amo, a cuyo efecto se impuso a éstos la obligación de librarles boleta de venta valedera por tres días, con expresión del valor del esclavo y teniendo éste derecho para hacer modificar su avalúo, en el caso de parecer excesivo, por la junta de manumisión. Aún no había mayoría en las cámaras para decretar la abolición pura y simple de la esclavitud.

Continuó el movimiento hacia la desmembración de las grandes provincias. Las dos del Istmo, Panamá y Veraguas, fueron divididas en cuatro, por la creación de las nuevas de Azuero, compuestas de los cantones de los Santos y Parita de la antigua Panamá y la de Chiriquí, entonces llamada Fábrega, formada de los cantones de Chiriquí y Bocas del Toro. La de Santa Marta, fue dividida en las dos de Santa Marta, formada de las poblaciones del litoral del Atlántico y del Magdalena, y la de Valledupar de los territorios interiores del alto Ranchería, el valle del mismo nombre y el de Chiriguaná, sobre el río César. La de Pamplona lo fue en las tres de Pamplona, Santander y Soto, reducidas la primera a los cantones montañosos de Pamplona, Málaga y Concepción, situados sobre las dos faldas de la cordillera Oriental; la segunda compuesta de los valles del Zulia, del Pámplonita y de las ramas superiores del Catatumbo todos tres tributarios del lago de Maracaibo; y la tercera de los valles de Girón, Bucaramanga y Piedecuesta, en la parte alta del río Lebrija, dependientes del Magdalena.

Investigando las causas que dieron lugar a esa idea de división de entidades administrativas de antigua composición, no encuentro sino la de que pueblos aletargados durante la colonia, trastornados durante la guerra de la independencia que debió despertar ambiciones de progreso y de cambio, al observar que durante el centralismo había corrientes políticas sensibles en las capitales de provincia, que no alcanzaba’! a llegar a los cantones distantes, quisieron aprovechar de las nuevas facultades concedidas a las cámaras provinciales por la ley de 3 de junio de 1848, sobre régimen municipal, asumiendo el carácter de provincias. Sólo así puede explicarse que, pueblos al parecer muertos para la vida política, hubiesen pasado repentinamente al nombre pomposo de |ciudades, como Chocontá, Guaduas, La Mesa, Piedecuesta, Los Santos, etc. La ley de descentralización aumentó el entusiasmo, y era un espectáculo digno de contemplarse la seriedad con que se tomaba a pechos la nueva organización administrativa y la difusión general de ideas políticas, pues hasta pueblos pequeños quisieron darse constitución, estableciendo en ella los principios de gobierno comunal a que resolvían someterse y los objetos de servicio público a que se pensaba dar atención preferente: las escuelas, los caminos parroquiales, el cementerio, hospitales, la mejora de las calles, el establecimiento de alamedas y paseos públicos, sobre todo el servicio de aguas para el aseo de la población y de alguna perfectamente pura para el consumo de los habitantes. Ese entusiasmo pasó como un fuego de artificio. El grito destemplado de la guerra civil apagó muy pronto las voces del patriotismo; pero algún día Volverá a sentirse esa animación,.

En materia de caminos carreteros también quiso este congreso no iniciar, sino continuar la marcha emprendida durante los dos últimos años de la administración Mosquera. Concedió privilegio exclusivo por Cincuenta años al doctor Manuel María Zaldúa para abrir y mantener a sus expensas un camino carretero entre Vélez y el puerto de San Fernando, sobre el río Carare, y navegación por vapor en buques de no menos de cien cargas de capacidad hasta el Magdalena en aquel río. Igual concesión se hizo a los señores Vicente Borrero & Cía. para abrir un camino carretero desde Cali hasta el puerto de la Buenaventura. En ambos casos se procedía con cierta ligereza, pues se autorizaba que la vía tuviese pendientes de |diez por | |ciento, poco carreteras a la verdad, y en materia de solidez, para que pudiese prestar servicio económico,. sólo se exigía que el piso fuese “seco y firme en toda estación, terraplenado con ligero realce hacia la línea media”. Por su parte los empresarios no parecían tener idea clara del capital necesario para la obra, pues se contentaban con peajes módicos y un auxilio en tierras baldías, de muy poco valor entonces como hoy todavía. Los privilegios así concedidos no dieron resultado alguno.

Fue aprobado, como ya había dicho, el contrato final sobre ejecución del ferrocarril de Panamá.

Dio motivo a conversaciones, censuras y calumnias. un incidente que por primera vez se presentaba en la. marcha de los partidos.

Al entrar al poder el liberal en 1849, resultó que las. imprentas estaban todas o casi todas en poder de conservadores. La administración, fuertemente combatida. por la prensa, no tenía medios de defenderse. Un liberal muy patriota, el doctor Antonio María Pradilla, resolvió invertir su fortuna en la compra de la casa e imprenta que, con ayuda oficial, había montado en 1848 el doctor Manuel Ancízar, en donde se publicaba |El Neogranadino, el órgano de publicidad más respetable en sus días. Sin embargo, los recursos del doctor Pradilla no bastaban y para hacer los últimos pagos se encontró en tales dificultades que resolvió vender la imprenta. Reuniendo la escasa suscripción de algunos amigos y su escaso peculio, a sumas prestadas.

a los señores Ezequiel Rojas y Manuel Abello, el doctor Manuel Murillo, que por entonces se reputaba la persona más importante del ministerio, asumió la responsabilidad de comprarla; pero con la resolución de venderla al gobierno para el servicio de las impresiones oficiales, lo que al fin se hizo, sin que en todas estas transacciones hubiese ganancia y sí pérdidas para todos los que intervinieron en ellas. La prensa conservadora, con todo, denunció esas operaciones como fraudulentas contra el Tesoro público y como especulaciones desvergonzadas. El congreso de 1850 expidió una ley que autorizaba al Poder Ejecutivo para comprar la imprenta para las impresiones oficiales, y las dificultades quedaron allanadas.

No considero muy correcta la operación aun cuando estoy convencido de que en ella no hubo ganancia alguna ilícita para los que la llevaron a cabo; y antes tengo motivo para pensar que les ocasionó algún quebranto; pero juzgo que no deben mezclarse así los intereses de partido, con los de la nación. Y soy de concepto, además, que no es conforme con buenos principios de administración pública obtener por medio de imprenta propia, sino por contrato en subasta pública, las impresiones oficiales, pues el manejo de propiedades del Estado, como el de casa ajena cuyo propietario no es visible, está expuesto siempre a abandono y destrucción rápida.

Como llevo dicho, las mayorías del congreso no permitían a los liberales desarrollar todo su programa. Hubo discusiones acaloradas sobre diversos puntos de éste: sobre libertad de imprenta, libertad de esclavos, desafuero eclesiástico, renta fija a los curas de las parroquias, reforma de la constitución; pero no pudo llegarse a ninguna solución notable. Las sesiones llegaban a su termino y los miembros del congreso se ocuparon en designar candidatos para la Vicepresjdencia de la república. Dos nombres fueron dados a luz:  el del señor José de Obaldía, por parte de los liberales, y el del señor Juan Defrancisco Martín, por la de los conservadores.

El señor Obaldia, senador por la provincia de Panamá, era liberal de antigua fecha: desde 1828 y 1839 había combatido en el Istmo de Panamá la dictadura de Bolívar; en 1837 había concurrido a la cámara de representantes,  y sostenido valerosamente discusiones a que dio origen en ese año la elección de presidente de la república; en 1849 había sido uno de los más conspicuos defensores de la candidatura del general López y se había hecho notable como orador, quizá el primero entre los liberales. Frisaba en los cincuenta años, su estatura era mediana con marcada tendencia a la obesidad, su cara ancha, ojos salientes y orejas grandes no daban atractivo a su fisonomía en estado de quietud; pero en la conversación se animaban sus facciones y le daban aspecto simpático. El órgano de la voz era magnífico con timbres metálicos y sonoros que se hacían oír a largas distancias: se expresaba con mucha claridad y poseía una afluencia muy notable en el discurso. No era elocuente, pero sí un razonador de mucha fuerza, a quien podía oírse con agrado horas enteras. No era muy ortodoxo su liberalismo, hasta el punto de que apenas lanzada su candidatura se pensó en abandonarla por haber atacado y votado negativamente en el senado un proyecto sobre libertad de imprenta presentado por el secretario de gobierno, doctor Zaldúa, en el que se limitaba la responsabilidad de los escritores públicos a la injuria y a la calumnia. El señor Obaldía confesó su pecado y prometió enmendarse, con lo cual logró calmar la opinión enojada de sus partidarios. Como es sabido, desde 1855 abandonó  las banderas del liberalismo y vivió en comunión con­servadora desde entonces hasta su muerte, en 1881 (?).

No conocí al señor Defrancisco Martín. Oí decir que había sido un gran negociante en Cartagena, intimo amigo del general Montilla, el jefe militar de aquella plaza durante diez años, y que por sus compromisos en sostenimiento de la dictadura del general Bolívar desde 1847 hasta 1831, había emigrado a Europa y establecídose en Paris, de donde no regresó hasta 1847, durante la secretaría de hacienda del doctor Florentino González. En este año aparece en nuestra historia financiera haciendo un préstamo de gran consideración al tesoro; que debía pagarse, como se pagó, en tabaco de exportación, en 1849 y 1850. En estos dos años figuró como senador por aquella provincia, y como miembro de la comisión dc hacienda, suscribió largos informes tratando de probar que la administración del general López habla encontrado un gran superávit en las cajas del tesoro. Su gran riqueza y relaciones tradicionales con el partido de reacción contra las instituciones republicanas parecen haber sido los títulos con que se le escogió como candidato a la vicepresidencia. Después, no vuelve a aparecer su nombre en nuestros anales.

Las elecciones tuvieron lugar en el mes de agosto y el resultado del voto de 1.600 electores, fue:

Señor Obaldía, poco más o menos                  900 | |

Señor Defrancisco Martín no alcanzó a            700

La votación se dividió casi por igual en las provincias de Bogotá, Tunja, Tundama, Cartagena, Mompós, Popayán, Chocó.

La opinión liberal tuvo grandes mayorías en las del Socorro, Vélez, Santander (Cúcuta), Pamplona Soto, Santa Marta, Valledupar, Neiva, Mariquita, Casanare y las de Panamá, Veraguas, Azuero y Chiriquí.

La conservadora triunfó en Antioquia, Cauca, Buenaventura, Pasto y Túquerres.

Es de notar que en la ciudad de Bogotá tuvo mayoría el señor Defrancisco Martín, y casi en todas las poblaciones en que había guarnición militar. Todavía en este tiempo no hacía las elecciones el ejército permanente, corno sucede de 1880 para acá. El señor Obaldía resultó electo popularmente.