Empiezan en 1848, año en que, concluidos mis estudios de jurisprudencia, y nombrado juez parroquial de la Catedral por un Cabildo abierto, numeroso y compuesto de hombres notables en la política y en el foro, empecé a tomar parte en la cosa pública.

Regía la Constitución reaccionaria de 1843. Había dominado en el país el partido conservador desde 1837.. Era presidente de la república el general Tomás C. de Mosquera, y principiaba a notarse el movimiento de las ideas políticas precursor de las grandes reformas llevadas a cabo en los ocho años siguientes de 1849 a 1857.

Este movimiento tomó repentinamente fuerza inesperada con la noticia de la caída de la monarquía de los Orleans en Francia, el 24 de febrero de 1848; acontecimiento cuya influencia en la mente de nuestro país ruede juzgarse por el hecho que paso a referir:

Paseaba en compañía de otros amigos una tarde a principios del mes de mayo, en el atrio de la Catedral, cuando notamos un movimiento extraordinario de cotillos hacia el extremo sur, en la galería que entonces se prolongaba desde las ventanillas de la Casa de Correos; acababa de llegar y empezaba a repartirse el del norte ^|1 . Entre las personas que paseaban en aquel lugar se encontraba el señor Mariano Ospina acompañado de los señores Leopoldo Borda y Nepomuceno Jiménez Mora, y al recibir ellos la noticia que causaba esa agitación, el señor Ospina, fuera de si, corrió hacia la puerta de la torre del norte de la iglesia, diciendo que era necesario echar a vuelo las campanas en celebración de tan fausto acontecimiento. El campanero no estaba allí, la puerta estaba cerrada y el señor Ospina insistía en forzarla con el intento expresado, lo que al fin no pudo lograr. Sin duda se habían despertado en él súbitamente las ideas que veinte años antes habían dominado en su alma de adolescente.

La atmósfera política empezaba a cargarse de electricidad por otras causas que venían preparándose lentamente desde años atrás, las cuales enumeraré rápidamente.

La primera de ellas era el exceso de reacción autoritaria entronizada a consecuencia de la guerra civil de 1839 a 1842. Entonces habían entrado a dominar el país los restos del partido boliviano vencido en 1831, y renacido las tradiciones de la dictadura de 1828 a 1830. Aunque no de un modo expreso en la Constitución de 1843, sí en los actos de los Congresos de 1841 a 1843, habían aparecido deseos de venganza y de retaliación, expresados en las leyes de “Medidas de seguridad”, satisfechos en los destierros, confinamientos y patíbulos de esa época luctuosa. Esos hechos habían causado vivo desagrado en la juventud sostenedora del gobierno y de la legitimidad, la cual empezaba a separarse de la organización política que administraba los intereses públicos.

Como de ordinario sucede, los partidos exclusivistas y perseguidores acaban por aplicar ese sistema a sus propios partidarios y con ello por dividirse en fracciones. Ese espectáculo presentaba el partido ministerial desde 1844. En la elección presidencial de este año sólo figuraba éste, pero con tres candidatos representantes de las mismas ideas, si bien rodeados de partidarios que parecían pertenecientes a partidos diversos a juzgar por la manera como atacaban a los sustentantes de las otras candidaturas. Mosquera, Cuervo y Borrero en este año; Pombo, Gómez (Diego Fernando) y Cuervo, candidatos en la elección de vicepresidente en 1846, eran síntomas del fraccionamiento que existía en las fi­las ministeriales.

En 1845 entró a la presidencia de la república el general Tomás C. de Mosquera, personaje que hasta entonces sólo se había hecho conocer por su espíritu inquieto, esencialmente banderizo, por el principio que en 1826 había dado en Guayaquil a la era de pronunciamientos en favor de la dictadura del general Bolívar, sostenido con mal éxito por las armas en 1828; héchose notable en 1835 y 1836 en la Cámara de Representantes por ideas que entonces se tenían por descabelladas sobre crédito público, y no menos por sus intrigas en favor de la elección de su hermano, el señor doctor Manuel José Mosquera, al puesto de arzobispo de Santafé a quien (al general Mosquera) una parte de la opinión del país hacía responsable de haber soplado la hoguera de la guerra civil en 1840 por sus procedimientos como secretario de guerra de la administración del doctor Márquez, en especial por haber renovado impolíticamente, en momentos delicados para la paz pública, el proceso por el asesinato del Mariscal de Ayacucho, y distinguídose, lo que antes no se esperara, como jefe hábil en la guerra durante las campañas de 1841 y 1842, especialmente en la del norte en 1841, por el triunfo de Tescua sobre el ejército revolucionario del general Carmona, organizado en las provincias de Cartagena y Santa Marta, que se juzgaba irresistible en esos momentos. El prestigio alcanzado por este triunfo le había valido el alto puesto que entraba a ocupar.

La familia Mosquera había llegado en ese año a una situación especial en la vida de este país republicano; fenómeno histórico digno de mención especial por su semejanza con otros del mismo género que fueron el origen de dinastías en el antiguo mundo y una causa incesante de disturbios en las repúblicas italianas de la edad media. Esta familia, enlazada en España con otras de la aristocracia, no se había distinguido durante la guerra de la independencia; pero cuando el desenlace de ésta llegaba a su término con las batallas de Boyacá, Tenerife, Pitayó y Carabobo, el general Bolívar recibía, a su paso por Popayán en 1822, una hospitalidad cordial en casa del jefe de la familia, el señor José María Mosquera. Los dos hijos mayores de éste, don Joaquín y don Tomás C., llenos de admiración y de simpatía por el joven héroe que encabezaba la causa popular, tomaron servicio en las huestes republicanas que se dirigían al sur a completar la nacionalidad colombiana con la independencia del Ecuador y afirmaría contribuyendo a la del Perú y Bolivia. Don Joaquín recibía el nombramiento de enviado extraordinario cerca de los gobiernos recién constituidos de Chile, Perú y la Argentina, y don Tomás C., primero en calidad de edecán del Libertador, y después como jefe subalterno de las fuerzas encargadas de ocupar para Colombia la provincia de Barbacoas; puestos en que uno y otro prestaron importantes servicios a la república.

En 1830, don Joaquín alcanzaba el honor de ser nombrado presidente de Colombia por el Congreso Admirable, en competencia con el señor Eusebio María Canabal, a quien el Libertador favorecía con su prefe­rencia; mas, como se sabe, sus funciones duraron poco’ más de dos meses, derrocado como fue su gobierno por la insurrección del batallón |Callao y la dictadura ejercida luego hasta mayo de 1831 por el general Rafael Urdaneta.

Restablecido el imperio de la república, disuelta Colombia y erigido lo que se llamó el “Estado de la Nueva Granada” ^|2 , | en 1835 fue elevado el mismo señor Mosquera a la vicepresidencia de la república, cuyo destino sirvió hasta 1837.

Además, esta familia se había enlazado con la de Herrán por medio de la hija del general Mosquera. la señorita Amalia, en 1841, con el que entonces era presidente de la república, general Pedro Alcántara Herrán; de suerte que en ese tiempo aquella familia tenía un expresidente de Colombia, un vicepresidente de la Nueva Granada, un arzobispo de Santa fe, un expresidente de la misma república, y le sucedía en la primera magistratura el suegro y hermano de los dos primeros.

Esta situación no dejaba dé ser extraña en un país cuya primera condición al constituirse en nación independiente en 1821 había sido que “nunca sería el patrimonio de ninguna familia ni persona” ^|3 | y en efecto causaba zozobra a los sentimientos republicanos, que hacía poco, en 1843, habían visto sostenida en las columnas del casi único periódico que entonces veía la luz en la capital, la conveniencia de retroceder a la monarquía como medio de asegurar la paz y el orden conmovidos recientemente.

Empero, la administración del general Mosquera no dio fuerza a estas desconfianzas en sus tres primeros anos. Este personaje empezó aquí la carrera pública que después había de hacerlo notable en la historia de la evolución política de Colombia. Rodeándose primero de los hombres que hablan figurado en la oposición al general Santander, en 1832 a 1837 y después en la administración del doctor Márquez, pronto se separó de ellos y constituyó su ministerio con hombres nuevos dispuestos a entrar en un camino distinto del de represión y estancamiento que había imperado en los últimos años. Al período del general Mosquera debemos los siguientes progresos:

La adopción del sistema métrico francés de pesos y medidas, en reemplazo de la anarquía y confusión que nos habían sido impuestas por la metrópoli española. Todavía estamos lejos de ver los efectos de aquel sistema trascendental, pues aún subsiste la costumbre de contar por docenas y por yardas, varas y libras, en lugar de decenas, metros y kilos, el número y el peso de varios objetos; el empleo de la hanega (que tiene diverso valor en cada región) y de la fanegada en lugar de la hectárea en la medida superficial de la tierra, y el de leguas y millas para expresar las distancias en lugar de kilómetros y miriámetros; pero algún día llegaremos a la uniformidad en esta materia.

El principio de arreglo de nuestra circulación monetaria, una de las cosas más confusas y anárquicas que podían verse en una nacionalidad que aspiraba a la civilización.

Nuestras monedas en ese tiempo se componían de la siguiente mezcla incoherente:

El peso columnario español de 925 milésimos, en las de plata, la moneda más perfecta de las empleadas en ese tiempo.

La peseta sevillana, moneda acuñada especialmente para la circulación de América, cuyo peso no era exactamente equivalente al resto de las monedas españolas.

Las monedas emitidas fuera de Bogotá y Popayán por el gobierno español y por los gobiernos republi­canos durante la guerra de la independencia, las principales de las cuales eran las siguientes:

La |macuquina, acuñada por orden del virrey Montalvo en Santa Marta desde 1812 hasta 1820 y por vanos de los gobiernos republicanos, como el del general Santander en Casanare, en 1818 y 1819.

Las de 600, 666 y 700 milésimos, acuñadas en la casa de moneda de Bogotá por orden del general Nariño, don Manuel Bernardo Alvarez y el gobierno federal desde 1811 hasta 1816. La acuñación de estas monedas subsistió hasta 1834 cuando la administración del general Santander volvió al sistema español, que tenía por patrón el peso columnario español y sus divisiones.

La moneda de 0,8 a la ley de 0,900 | mandada sellar por la ley de 1846.

Los |cuartillos de león empleados durante el gobierno español y que siguió emitiendo la república hasta 1846, si no estamos equivocados.

Las diferencias en la finura y el peso de estas diversas monedas se prestaban a la falsificación, de suerte que el mercado estaba lleno de monedas falsas de muy difícil conocimiento por el pueblo ignorante. La |macuquina se componía de piezas de forma irregular sin otra marca que rayas cruzadas, sin cordón, de manera que con facilidad podían ser roídas y alterado su peso. No se sabe cuál era su valor real, pero indudablemente en la reacuñación que se efectuó después dieron una pérdida notable al tesoro público.

Las monedas de oro, que nunca hasta este día han sido entre nosotros medio circulante, excepto entre los jugadores y los galleros, eran menos complicadas’ y se reducían a:

Las onzas españolas a la ley de 0,9 16.

Las colombianas viejas, llamadas onzas |patriotas. |

Las granadinas, a la ley de 0,900.

Y sus divisiones en medias, cuartas, etc., de a $ 8,. $4, $2.50 y $2

Estas monedas eran recogidas por las personas que tenían hábitos de atesorar, por los jugadores o por los exportadores al extranjero, pues la exportación de oro’ en polvo o en barras está prohibida hasta 1850.

La administración del general Mosquera, por medio de sus secretarios de hacienda, señores Lino de Pombo, primero, y Florentino González, después, fue autora de las leyes de 1846 y 1847 en que se restablecieron los siguientes principios:

Primero.—La ley de 0,900 tanto en las monedas  de plata como en las de oro.

Segundo.—La relación de 15 1/2 a 1 | entre el valor del oro y el de la plata.

Con anterioridad a esta reforma la relación era de 12 y aún de 10 a 1, pues la onza de oro de 26¾ gramos a la ley de 0,916 se cambiaba por $ 16 de 8/10, o sea por monedas que tenían 20 o 24 gramos de plata a las leyes de o,600 hasta 0,900.

La mejora y conservación del camino de Ibagué a Cartago, al través del paso del Quindío en la cordi­llera Central, principiada en la administración del general Herrán, y vigorosamente continuada en la del general Mosquera, será otro título de honor a la de éste.

No menos lo será la expedición de una ley sobre apertura y conservación de caminos, definiendo las entidades políticas a cuyo cargo quedaría este servicio en lo por venir. En virtud de esta ley, que asignaba para esta tarea fondos precisos, fueron mejorados los de varias partes del país, entre ellos el de Cali a Buenaventura, y acometida la apertura del de |Siete |v |ueltas, o sea laque emprendió en 1827 el señor Juan Bernardo Elbers de Guarumo a Bogotá y trazó en 1847 el ingeniero señor Poncet.

La contratación de hombres científicos como los señores Lewy y Eboli para dirigir las operaciones de en­sayo y aleación de metales en las casas de moneda de Bogotá y Popayán, al propio tiempo que para la enseñanza de química en los colegios de estas dos ciudades; la de los señores doctor Rampon y Bergeron para las de medicina y matemáticas en la Universidad de Bogotá, y la de los ingenieros Tracy, Poncet y Zavasky, el segundo destinado a explorar y trazar la ruta comercial de la capital de la república con el río Magdalena, y tercero la que debía unir a Cali en el valle del Cauca con el puerto de Buenaventura en el mar Pacífico

La fundación del Colegio Militar bajo la dirección del entonces coronel Codazzi.

El fomento decidido de la navegación por vapor en el río Magdalena, por medio de subsidios liberales a las empresas que con este objeto se formaban en Cartagena y Santa Marta; bien que la aclimatación de este gran progreso en las aguas de nuestra arteria principal se debió más que a esta medida a la abolición del monopolio del tabaco, llevada a cabo después en la administración del general López, en 1849.

En cambio, la enemistad personal que, probablemente desde la adolescencia, existía entre los generales Mosquera y Obando, la que tuvo mucha parte en la prolongación de la guerra civil de 1840 a 1842, y que había subsistido en toda su fuerza durante los años de 1842 a 1846, en los cuales la misión diplomática del primero a las repúblicas del Pacífico casi habla tenido por objeto solicitar la extradición del segundo y perseguirlo en su reputación y en la simpatía con que había sido recibido en Lima, ejerció influencia en sus actos como presidente de la república. En 1846, uno | de los motivos alegados para la declaratoria de guerra al Ecuador habla sido la negativa del gobierno de este país a prohibir la residencia del proscrito granadino, en el caso de que quisiese pasar en su territorio algún tiempo de su destierro. La consideración de que ese enemigo pudiese continuar la lucha volviendo al territorio granadino, obró sin duda en su ánimo para mantener un pie de fuerza superior al que requería el estado pacífico de las opiniones y el aniquilamiento en que había quedado el partido liberal; con lo cual el tesoro público no había convalecido lo que era de desear.

En 1847 el general Obando, acusado en 1831 y 1841, en momentos de fuerte lucha política, del asesinato del general Sucre, había solicitado desde Lima, lugar de su destierro, del Congreso de la Nueva Granada, permiso para regresar al país, únicamente a someterse de nuevo a un juicio en que, con presencia suya, fuesen examinados sus hechos con relación a aquel suceso.  Esta solicitud fue enviada al doctor Salvador Camacho, padre del autor de estas líneas, entonces miembro del senado y persona notada por la firmeza dé sus opiniones liberales. Apenas se tuvo noticia de este hecho, el doctor Camacho fue asediado por miembros notables de la administración Mosquera para que no pre­sentase esta solicitud al congreso; no obstante que sus opiniones lo mantenían alejado de los puestos públicos, le fue ofrecida la dirección de la Casa de Moneda, y al que esto escribe, que apenas había concluido sus estudios en los colegios, se le hicieron por persona muy caracterizada, indicaciones en el sentido de que también obtendría una buena colocación. Rechazadas es­tas proposiciones y presentada al congreso de 1848 es­ta solicitud, fue negada por el senado a solicitud del gobierno y por los votos de todos los amigos del ministerio.

Este hecho tiene una importancia que no podrá negarse cuando se considere la cuestión histórica relativa al autor del crimen de Berruecos.

Probablemente, esa enemistad mortal fue causa de que mirase con menos horror de lo que debía las maquinaciones que el general Flóres, ese renegado de la causa americana, derrocado en 1845 de su dominación en el Ecuador, llevaba a cabo en España para restablecer en el nuevo mundo la dominación colonial que tantos esfuerzos había costado a nuestros padres destruir. Flores había sido su compañero de 1826 a 1829 en la tarea de sostener la dictadura del Libertador en estas regiones, su aliado en los combates de 1841 para destruir la influencia del general Obando en el sur de la Nueva Granada, y estos recuerdos, unidos a la frialdad con que vio las empresas de la reina Cristina, secundada activamente por Flores, para levantar un trono en el Ecuador al duque de Rianzares, fueron causa de que la opinión republicana se alarmase seriamente en 1848 y contribuyese a la reorganización del partido liberal.

Detenida por el gobierno de la Gran Bretaña la expedición que en 1847 tocó en sus puertos para completar sus preparativos, el general Flores vino a las Antillas y después a Venezuela, en donde fue recibido con simpatía en lugar del horror que debiera haber inspirado. Díjose entonces que el objeto de su venida ese país era formar un plan en que los generales Páez y Mosquera unidos a él debían derrocar las instituciones republicanas en los tres países que formaron la antigua Colombia para traer un príncipe europeo que reemplazase con la monarquía el gobierno de estas antiguas colonias; es decir, se sospechó que podía existir la continuación de los planes que en los últimos días de Bolívar habían causado tanta inquietud en esta parte de la América. La expedición española llamada |científica del almirante Pinzón a Chile y el Perú, y la expedición francesa sobre Méjico, que catorce años más tarde pusieron en peligro las formas democráticas en toda la América española, no son acontecimientos que quitan su fuerza a las sospechas de que se viene tratando.

Dos periódicos liberales de Bogotá, |El Aviso y La América, que reprodujeron estas sospechas emitidas por uno de Quito, fueron acusados como culpables del delito de calumnia contra el primer magistrado dé la nación: la sesión del jurado de imprenta fue muy animada por la energía con que se defendieron los acusados señores José María Vergara Tenorio y Ricardo Vanegas, jóvenes talentosos, instruidos y valientes, y por la elocuencia con que por primera vez se presentó delante del público el señor Carlos Martín, recién salido de los claustros de San Bartolomé. Aunque, con una sola excepción, los jueces pertenecientes al partido ministerial, los acusados fueron absueltos. La abolición fue celebrada con vivas a la libertad de imprenta de un concurso numeroso reunido en la plaza principal de la ciudad que con impaciencia esperaba el fallo. Acertó a pasar por la plaza de regreso para el palacio el general Mosquera, quien en compañía del secretario de hacienda, señor José Eusebio Caro, había salido a pasear, oyó los vivas y supo el motivo de ellos. Saliendo fuera de razón, llegó a su residencia, que apenas distaba una cuadra del teatro de estos sucesos, y poniéndose al frente de la guardia que custodiaba el palacio, bajó al cuartel de San Agustín con el designio de dispersar a balazos la reunión de ciudadanos que festejaba pacíficamente el triunfo obtenido, y según se dijo, con el designio de hacer fusilar a los redactores de los periódicos acusados. Detenido en sus arrebatos por la interposición de varias personas respetables, volvió a su residencia, al parecer tranquilo; mas a los tres días hizo prender a los oradores del jurado y a algunos jóvenes que habían figurado conspicuamente en la celebración del fallo, haciéndolos acusar como perturbadores de la paz pública, Sin embargo quince días después mandó poner en libertad a todos los que pudieran ser responsables y expidió un decreto de amnistía por los últimos acontecimientos, decreto que generalmente fue interpretado como una amnistía más para sus propios actos que para los hechos inofensivos de los acusados.

Al propio tiempo que esto pasaba en Bogotá, el general Flores residía en Panamá, adonde se le había permitido desembarcar y permanecer por más de un mes y de donde seguramente desengañado de la posibilidad de sus planes y también informado de la ley que discutía el congreso prohibiendo su residencia entre nosotros, se dirigió a Guatemala.

Todos estos sucesos unidos a ciertas corrientes de las ideas, resultado probablemente de la impresión en que se las había querido mantener desde 1838 hasta entonces, producían un movimiento favorable a los cambios en el orden político. La influencia de la Compañía de Jesús encontraba resistencias serias aun en las mismas personas afiliadas en el partido conservador. La cámara de representantes, compuesta de ministeriales en sus tres cuartas partes, aprobaba en tres debates en 184... un proyecto por el cual se privaba a los jesuitas de la dirección de los colegios oficiales y se ordenaba el Poder Ejecutivo no reconocerlos en su carácter de corporación. En la discusión de este proyecto dio a conocer Julio Arboleda sus grandes dotes de orador, en un discurso en contra de esa institución, con una elocuencia tal como nunca después volvimos a oírla en el curso de su brillante carrera. En 1848 el señor general José María Mantilla presentaba en la cámara de representantes un proyecto por el cual se señalaba renta fija a los miembros del clero católico, pagada del Tesoro Nacional, en reemplazo de los derechos de estola y la participación en la renta de diezmos y primicias, los cuales se declaraban abolidos y ese proyecto, que hoy acaso suscitaría escándalo, era ardorosamente defendido por el señor Mariano Ospina. El monopolio del tabaco, en fin, que en ese período formaba la renta más pingüe del Tesoro, era rigurosamente atacado, y en 1848 caía a impulsos de la opinión popular en un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras, que el Poder Ejecutivo, aunque contrario en ideas, no se atrevió a objetar, temeroso del efecto que sus objeciones pudieran producir en la votación para presidente de la república que debía tener lugar en agosto próximo.